Sumario

En nombre del Rey y como Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

En el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de aguas, previstas en los artículos 72 y 75.3 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y en ejercicio de la potestad tributaria que dicha norma le reconoce en su artículo 105, la presente Ley tiene por objeto la modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en lo que se refiere a lo establecido en su artículo 51.2 y en la Disposición Transitoria primera.

La Ley 6/2001, de 17 de mayo, estableció el canon de saneamiento, concebido como un impuesto de finalidad ecológica y con naturaleza de recurso tributario de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo producto se afecta a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración a que se refiere dicha ley.

La norma establece la aplicación del canon de saneamiento en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, si bien prevé la exención del impuesto para los usos de agua que viertan las aguas residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública y se realicen en entidades singulares de población que hayan de servir sus aguas residuales a una depuradora, asimismo de titularidad pública, exención que desaparece en el momento de la licitación del contrato de construcción de la instalación, abriéndose entonces un período de tiempo en el que estos usuarios disfrutan de una bonificación del 50% en la cuota tributaria que concluye con la entrada en funcionamiento de la depuradora (artículo 51.2.d, disposición adicional tercera y disposición transitoria primera, apartado 2).

La modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, viene motivada por la necesidad de adaptar los mecanismos legales existentes a las diversas situaciones producidas por una realidad económica diferente a aquella para la que el Plan Especial de Depuración y el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés fueron diseñados, lo que ha dado lugar a la revisión de determinados proyectos o la modificación de la planificación de las actuaciones previstas con las posibles variaciones de los contratos de concesión en determinadas zonas, derivadas de las mismas.

En tales circunstancias, la situación de las entidades de población afectadas pasa a ser similar a la que tenían antes de producirse la licitación del contrato de construcción de la depuradora, pese a lo cual, con la actual redacción de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, no se podrían beneficiar de la exención del artículo 51.2.d) de dicha ley, de modo que los usuarios de agua mantendrían su obligación de pagar el canon de saneamiento aunque ya no estuviesen en curso las actuaciones de construcción de la depuradora.

Se hace necesario, por tanto, introducir mecanismos legales que permitan dar a los usuarios de agua de las entidades de población que se encuentren en las situaciones descritas un tratamiento similar al que tienen los usuarios de entidades de población respecto de las que todavía no se ha licitado el contrato de construcción de la depuradora.

Esta regulación da respuesta a nuevas situaciones -exclusión de entidades de población de las actuaciones de depuración en curso- que se caracterizan por su temporalidad o transitoriedad, no por tener vocación de permanencia, motivo por el cual se articula mediante la redacción de una nueva disposición adicional undécima de la Ley 6/2001, de 17 de mayo.

Por otro lado, se introduce también una nueva exención que afecta a algunos usuarios de agua en determinadas circunstancias -exclusión de los servicios públicos de suministro, saneamiento y depuración e irrelevancia de la contaminación generada- que permiten considerar conveniente relevarlos de las obligaciones inherentes a la aplicación de un impuesto cuya razón de ser es la financiación de las actuaciones públicas en materia de prevención de contaminación, saneamiento y depuración, según pone de manifiesto la afectación del producto de la recaudación a estos fines que se establece en el artículo 50 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo.

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.