Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia

Artículo 1 Objeto de la ley

1. La presente ley tiene por objeto la promoción del bienestar personal y social de los niños y los adolescentes y de las actuaciones de prevención, atención, protección y participación dirigidas a estas personas con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos, la asunción de sus responsabilidades y la consecución de su desarrollo integral.

2. La presente ley fija el marco en el que deben llevarse a cabo las actividades de participación y promoción de los derechos y del bienestar de los niños y los adolescentes, y las actividades para atenderlos y protegerlos en las situaciones de riesgo o de desamparo.

Artículo 2 Ámbito personal y territorial de aplicación de la ley

1. La presente ley se aplica a cualquier niño o adolescente domiciliado en Cataluña o que se encuentre en Cataluña eventualmente, sin perjuicio de las normas que resuelven los conflictos de leyes internacionales o interregionales.

2. A los efectos de la presente ley y de las disposiciones que la desarrollan, se entiende por niño la persona menor de doce años y por adolescente la persona con una edad comprendida entre los doce años y la mayoría de edad establecida por la ley.

3. Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley las personas mayores de edad que hayan sido tuteladas por el departamento competente en infancia y adolescencia en los términos establecidos por la ley.

Artículo 3 Responsabilidad ciudadana y pública

1. La obligación de velar por el respeto efectivo de los de los derechos de los niños y los adolescentes es una responsabilidad de la familia, de toda la ciudadanía y, muy particularmente, de todos los poderes públicos, que tienen también la obligación de defenderlos y promoverlos.

2. Las administraciones públicas deben desarrollar sus actividades de modo que los niños y los adolescentes sean considerados y reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, sin perjuicio de las limitaciones que derivan de la minoría de edad legal.

3. Las administraciones públicas deben ejercer las funciones y las competencias de promoción, de atención y de protección de los derechos de los niños y los adolescentes, a la vez que facilitan los canales de participación adecuados, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y la normativa sectorial de aplicación, en relación con cada situación que les afecte.

4. Los poderes públicos deben garantizar el respeto de los derechos de los niños y los adolescentes y deben adecuar sus actuaciones a la presente ley y a la normativa internacional sobre esta materia.

Artículo 4 Interpretación de las normas relativas a los niños y adolescentes

1. La interpretación de la presente ley, de las normas que la desarrollan y de las demás disposiciones de la Generalidad relativas a los niños y a los adolescentes debe hacerse de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Estado español, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, la Convención Europea de Derechos del Hombre, de 4 de noviembre 1950, los principios consagrados en la Carta Europea de los Derechos del Niño y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, la Constitución española, el Estatuto de autonomía de Cataluña, la Resolución 194/III, del Parlamento de Cataluña, sobre los derechos de la infancia, así como todas las resoluciones sobre niños y adolescentes aprobadas por el Parlamento de Cataluña.

2. Los poderes públicos deben interpretar y aplicar la presente ley garantizando la igualdad en la diferencia de los niños y los adolescentes de ambos sexos, para eliminar la discriminación sexista, por razón de origen, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, étnica o social, posición económica, condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, estado de salud, nacimiento, orientación sexual o cualquier otra condición personal propia o de sus progenitores o representantes legales.

Artículo 5 El interés superior del niño o el adolescente

1. El interés superior del niño o el adolescente debe ser el principio inspirador y fundamentador de las actuaciones públicas.

2. Las normas y las políticas públicas deben ser evaluadas desde la perspectiva de los niños y los adolescentes, para garantizar que incluyen los objetivos y las acciones pertinentes encaminados a satisfacer el interés superior de estas personas. Los niños y los adolescentes deben participar activamente en esta evaluación.

3. El interés superior del niño o el adolescente debe ser también el principio inspirador de todas las decisiones y actuaciones que le conciernen adoptadas y llevadas a cabo por los progenitores, por los titulares de la tutela o de la guarda, por las instituciones públicas o privadas encargadas de protegerle y asistirle o por la autoridad judicial o administrativa.

4. Para determinar el interés superior del niño o el adolescente deben atenderse sus necesidades y sus derechos, y debe tenerse en cuenta su opinión, sus anhelos y aspiraciones, así como su individualidad dentro del marco familiar y social.

Artículo 6 Desarrollo de las potencialidades personales

La crianza y formación de los niños y adolescentes debe garantizar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, de manera libre, integral y armónica, y debe potenciar en todo momento sus capacidades educativas y de aprendizaje, y procurarles el bienestar físico, psicológico y social.

Artículo 7 Derecho a ser escuchado

1. Los niños y los adolescentes, de acuerdo con sus capacidades evolutivas y con las competencias alcanzadas, y en cualquier caso a partir de los doce años, deben ser escuchados tanto en el ámbito familiar, escolar y social como en los procedimientos administrativos o judiciales en los que se encuentren directamente implicados y que conduzcan a una decisión que afecte a su entorno personal, familiar, social o patrimonial.

2. Los niños y los adolescentes pueden manifestar su opinión por sí mismos o mediante la persona que designen.

3. En el ejercicio del derecho a ser escuchado deben respetarse las condiciones de discreción, intimidad, seguridad, recepción de apoyo, libertad y adecuación de la situación.

Artículo 8 Protección contra los maltratos

1. Cualquier niño o adolescente debe ser protegido de cualquier forma de maltrato, incluyendo el maltrato físico, el psicológico, la negligencia, el trato indigno, la explotación laboral, la explotación y el abuso sexuales, la corrupción, la manipulación, el mal uso de su imagen y cualquier otra forma de abuso.

2. Los poderes públicos deben desarrollar actuaciones para prevenir, tanto en el ámbito individual como en el ámbito social, las formas más habituales de maltrato que se den en los distintos lugares y entornos sociodemográficos de Cataluña, incidiendo sobre las situaciones de riesgo, tal como están definidas por la presente ley.

3. La Administración responsable de un servicio público que atiende a niños o adolescentes, tanto en régimen ambulatorio como de internado, debe corregir de forma inmediata las situaciones en las que resulten perjudicadas las necesidades básicas de desarrollo personal o de educación del niño o adolescente.

Véase Acuerdo GOV/144/2023, 4 julio, por el que se pone en marcha un paquete de medidas de actuación dirigidas a combatir la violencia sexual contra niños y adolescentes en Cataluña («D.O.G.C.» 6 julio).LE0000767081_20230726

Artículo 9 No discriminación

1. Los poderes públicos deben garantizar el principio de igualdad y eliminar cualquier discriminación a niños o adolescentes por razón de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, estado de salud, nacimiento, orientación sexual o cualquier otra condición personal o de sus progenitores o representantes legales.

2. Los poderes públicos deben identificar de manera activa a los niños o adolescentes que, individualmente o en grupo, requieren la adopción de medidas protectoras especiales para reducir o eliminar factores de discriminación.

Artículo 10 Perspectiva de género y de diversidad funcional

1. Los poderes públicos deben introducir la perspectiva de género en el desarrollo y la evaluación de las medidas que adoptan en relación con los niños y los adolescentes, de modo que en todas las actuaciones y todos los programas dirigidos a ellos se tenga en cuenta que son chicos y chicas y que pueden tener necesidades iguales o específicas.

2. Los poderes públicos deben introducir la perspectiva de la diversidad funcional en el desarrollo y la evaluación de las medidas que adoptan en relación con los niños y los adolescentes, de modo que en todas las actuaciones y en todos los programas dirigidos a ellos se tengan en cuenta las distintas maneras en las que funciona su cuerpo y que pueden tener necesidades iguales o específicas.

Artículo 11 Ciudadanía activa

1. Los poderes públicos deben promover el derecho de los niños y los adolescentes a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática.

2. Los poderes públicos deben fomentar la solidaridad y la sensibilidad social para que se incremente la participación social de los niños y los adolescentes y se generen espacios sociales nuevos que dinamicen la participación responsable de este sector de la población y favorezcan la convivencia y la integración social en el ámbito vecinal y local.

Artículo 12 Respeto y apoyo a las responsabilidades parentales

1. Los padres y las madres tienen responsabilidades comunes en la educación y el desarrollo de los hijos menores de edad. Las políticas de atención y protección de los niños y los adolescentes deben incluir las actuaciones necesarias para la efectividad de sus derechos, teniendo en cuenta que el bienestar de los niños y los adolescentes está íntimamente relacionado con el de sus familias.

2. Los poderes públicos deben proporcionar la protección y la asistencia necesarias a las familias para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades.

Véase Res IFE/282/2022, 11 febrero, por la que se crea el Programa de impulso de la profesionalización y el despliegue de servicios de cuidado infantil en Cataluña («D.O.G.C.» 15 febrero).LE0000719450_20220216

3. Las necesidades de los niños y los adolescentes deben satisfacerse en el lugar donde viven y crecen, siempre que sea posible, y debe tenerse en cuenta, a su vez, su bienestar material y espiritual.

Artículo 13 Fomento y apoyo a la educación

1. Los niños y los adolescentes tienen derecho a recibir el máximo nivel de educación posible desde su nacimiento. En cualquier caso, los poderes públicos deben garantizar que cualquier niño o adolescente recibe la educación legalmente establecida como obligatoria.

2. Las administraciones públicas competentes deben promover servicios educativos que favorezcan la reorganización del tiempo personal, familiar y laboral de los progenitores o del titular o la titular de la tutela del niño o adolescente.

3. El sistema educativo debe ser un instrumento para compensar las desigualdades sociales y debe tener en cuenta el respeto a la propia identidad, al medio ambiente, a las diferencias funcionales como parte de la enriquecedora diversidad humana, a la igualdad entre los sexos teniendo presente la diferencia que supone la construcción de la identidad femenina y la identidad masculina, así como a los valores culturales de otros países, particularmente de aquellos de los que proviene el alumnado de cada escuela.

4. El derecho a la educación, incluidas las actividades extraescolares, deportivas, de tiempo libre y las actividades culturales de los niños y los adolescentes, debe prevalecer por encima de las prácticas culturales, la tradición y la religión, y sus manifestaciones; estas prácticas no pueden justificar en ningún caso una discriminación, limitación o exclusión de niños y adolescentes en el pleno ejercicio de este derecho.

Artículo 14 Fomento y apoyo a las relaciones intergeneracionales

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben promover y favorecer las relaciones intergeneracionales, procurando evitar que los distintos niveles de edad se aíslen en sí mismos y propiciando el voluntariado social de las personas de la tercera edad para colaborar en actividades con niños y adolescentes, así como el voluntariado social de los niños y los adolescentes para colaborar en actividades con personas de la tercera edad.

Artículo 15 Prioridad presupuestaria

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, deben dar prioridad en sus presupuestos a las actividades de atención, formación, promoción, reinserción, protección, integración, tiempo libre y prevención de los niños y los adolescentes.

2. Los poderes públicos deben adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para evitar que el contenido esencial de los derechos de los niños y los adolescentes quede afectado por la falta de recursos adaptados a sus necesidades.

3. Las prestaciones de servicios y económicas necesarias para cumplir las medidas de protección de los niños o los adolescentes en situación de riesgo o desamparo tienen el carácter de prestaciones garantizadas a los efectos establecidos por la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.

Artículo 16 Difusión de los derechos de los niños y los adolescentes

1. Los poderes públicos deben dar a conocer ampliamente, por medios eficaces y adecuados, los derechos de los niños y los adolescentes.

2. La difusión de los derechos de los niños y los adolescentes debe hacerse cerca de estos y, con la simultaneidad necesaria, cerca de los grupos de adultos que los tienen a su cuidado, así como de los profesionales que se dedican a ellos.

Artículo 17 Ejercicio de los derechos propios por los niños y adolescentes

1. Los niños y los adolescentes pueden ejercer y defender ellos mismos sus derechos, salvo que la ley limite este ejercicio. En cualquier caso, pueden hacerlo mediante sus representantes legales, siempre y cuando no tengan intereses contrapuestos a los propios.

2. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los niños y los adolescentes deben interpretarse siempre de modo restrictivo.

3. Los niños y los adolescentes, con el objeto de pedir información, asesoramiento, orientación o asistencia, pueden dirigirse personalmente a las administraciones públicas encargadas de su atención y protección, incluso sin el conocimiento de sus progenitores, tutores o guardadores, en particular si la comunicación con estos puede frustrar la finalidad que se pretende. Con el mismo objetivo también pueden dirigirse al Ministerio Fiscal, al Síndic de Greuges o a los defensores del pueblo o defensores locales de la ciudadanía.

4. Las administraciones locales, en función de su proximidad a la ciudadanía y de acuerdo con la legislación vigente, son el primer nivel de información y asesoramiento de los niños y los adolescentes que lo solicitan.

Artículo 18 Deberes y responsabilidades

1. Los niños y los adolescentes deben asumir los deberes y las responsabilidades que les corresponden de acuerdo con el reconocimiento de sus capacidades para participar activamente en todos los ámbitos de la vida.

2. A los efectos de lo establecido por el apartado 1, y sin perjuicio de lo establecido por la legislación civil respecto de los deberes del hijo o hija, los niños y los adolescentes deben respetarse a sí mismos, deben respetar a las personas con las que se relacionan y el entorno en el que se desenvuelven, y deben asistir a su centro educativo durante el período de enseñanza obligatoria.

Artículo 19 Conocimiento riguroso y divulgación de la realidad social

1. La información general y estadística sobre la situación social de los niños y los adolescentes en Cataluña debe estar a disposición de toda la ciudadanía de Cataluña, como base de las políticas de infancia, y debe asegurarse la desagregación de todos los datos por sexo, edad y diversidad funcional. Los estudios y los datos sobre el bienestar, las desigualdades y las situaciones de riesgo en Cataluña deben disponerse desagregadamente por territorios.

2. Los poderes públicos deben fomentar la realización y la divulgación de trabajos de investigación e informes sobre la situación de los niños y los adolescentes, como base de las políticas de infancia.

3. Los poderes públicos deben colaborar en la realización de los informes preceptivos que, destinados al Comité de los Derechos del Niño, elabora el Estado en relación con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Asimismo, deben difundir estos informes y las recomendaciones y las sugerencias que provengan de dicho Comité.

4. Los poderes públicos deben fomentar la colaboración entre las universidades y la iniciativa privada en la confección de estudios e informes sobre la situación social de los niños y los adolescentes en Cataluña, y en la aplicación de las políticas y los programas de atención y protección de los niños y los adolescentes.

Artículo 20 Evaluación

Los poderes públicos, a partir de los estudios y los informes, deben evaluar el resultado de las políticas aplicadas. Estos estudios e informes tienen carácter público.

Artículo 21 Planificación

1. El departamento competente en infancia y adolescencia debe elaborar, en colaboración con los demás departamentos implicados, y previa consulta a las entidades que intervienen en la promoción y la protección de los niños y los adolescentes, un plan de atención integral a niños y adolescentes que debe aprobar el Gobierno para establecer una coordinación adecuada de las actuaciones realizadas de los distintos niveles de intervención, muy especialmente en prevención de las situaciones de riesgo.

2. El plan de atención integral a los niños y adolescentes al que se refiere el apartado 1 tiene una duración cuatrienal, tiene la naturaleza de plan sectorial a los efectos de lo establecido por el artículo 38 de la Ley 12/2007, y debe formar parte del desarrollo del Plan estratégico de servicios sociales e impulsar las actuaciones preventivas de atención y protección de los niños y los adolescentes transversalmente en todos los ámbitos.

Artículo 22 Coordinación

1. El departamento competente en materia de protección de los niños y los adolescentes debe:

• a) Promover programas generales de actuación para cada uno de los distintos tipos de servicios especializados en infancia y adolescencia, con el fin de garantizar la homogeneidad de criterios entre estos servicios en todo el territorio.
• b) Coordinar los servicios especializados de atención a los niños y a los adolescentes que gestionan los entes locales por delegación, estableciendo las directrices y los procedimientos generales de actuación.
• c) Promover el establecimiento de protocolos de actuación entre las distintas administraciones, departamentos o servicios, que aseguren la actuación coordinada e integral de los mismos, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación, los servicios sociales y los cuerpos de seguridad.Véase Acuerdo [CATALUÑA] GOV/79/2016, 14 junio, por el que se aprueba el Protocolo de actuación, entre los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y de Enseñanza, de prevención, detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo («D.O.G.C.» 16 junio).LE0000577270_20160706

2. La Administración de la Generalidad, mediante los departamentos competentes, debe desempeñar un plan de atención integral para atender a las personas con problemas de salud mental. El plan debe establecer el modelo de atención integral en salud mental en la población infantil y adolescente vulnerable.

Artículo 23 Recursos y servicios

1. La Administración de la Generalidad, mediante el departamento competente en infancia y adolescencia, debe elaborar un mapa de recursos y servicios para prevenir las situaciones de riesgo social y la desprotección y para proteger a los niños y a los adolescentes. Este mapa de recursos y servicios debe formar parte del mapa de servicios sociales de Cataluña.

2. El mapa de recursos y servicios debe ofrecer el conjunto de información en un formato estandarizado y regular en el tiempo que permita conocer la dimensión, la territorialización y la evolución de la oferta y la cobertura en Cataluña de las prestaciones establecidas en la Cartera de servicios sociales.

3. Los entes locales, con el apoyo de la Generalidad, deben promover el establecimiento de recursos o servicios preventivos para los niños y los adolescentes y, especialmente, de centros abiertos.

4. Los municipios y el resto de entes locales, con colaboración de la Generalidad, deben promover, mediante los planes de actuación local previstos por la Ley de servicios sociales, los servicios residenciales y de acogimiento en consideración a la situación y las necesidades de los niños y los adolescentes de su territorio. En las revisiones o modificaciones del planeamiento urbanístico municipal pueden tenerse en cuenta las previsiones contenidas en estos planes.

5. Las entidades públicas, las entidades de iniciativa privada y especialmente las entidades de iniciativa social del ámbito del tercer sector social, de acuerdo con la legislación de servicios sociales, pueden promover el establecimiento de los recursos, los servicios y los equipamientos a los que se refiere el presente artículo mediante acuerdos y convenios con las correspondientes administraciones públicas, de conformidad con el mapa de recursos y servicios y la planificación local establecida.

6. Los entes locales deben facilitar el emplazamiento de los recursos preventivos y de los servicios residenciales y de acogida, mediante el ofrecimiento de suelo o de viviendas dotacionales de uso público, u otros medios, de acuerdo con el planeamiento urbanístico y la normativa vigente.

7. Las administracions deben favorecer a las entidades sociales y comunitarias que trabajan por los derechos y las oportunidades de los niños y adolescentes, y prestarles apoyo, especialmente en los territorios y entornos en los que se concentran las desigualdades y los indicadores de riesgo mayores.

Artículo 24 Actuación de las administraciones públicas

1. Las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas en relación con los niños y los adolescentes deben respetar los principios básicos establecidos por la presente ley y fomentar la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la igualdad, la responsabilidad y, en general, todos los valores democráticos.

2. Las administraciones implicadas deben colaborar y actuar coordinadamente. Especialmente en materia de protección de los niños y los adolescentes, los servicios públicos están obligados a facilitar la información requerida por el departamento competente en materia de protección de los niños y los adolescentes a fin de valorar cuál es la situación del niño o el adolescente, y a llevar a cabo las actuaciones de colaboración necesarias para su protección. Los datos que pueden ser cedidos entre administraciones sin consentimiento de la persona afectada son las económicas, laborales, sociales, educativas, de salud, policiales y penales de los menores y de sus progenitores, tutores o guardadores.

3. Los expedientes administrativos y los procedimientos judiciales que dan lugar a decisiones que afectan al niño o al adolescente deben tramitarse con carácter de urgencia y se les debe otorgar preferencia en el orden de tramitación, en los términos establecidos por la legislación procesal.

4. Las administraciones públicas deben velar porque todos los profesionales que atienden a niños y adolescentes tengan la formación y la cualificación específicas y adecuadas a las necesidades de los atendidos.

Artículo 25 Sistema de información y gestión en infancia y adolescencia

1. Se crea el sistema de información y gestión en infancia y adolescencia, en el marco del sistema de información social establecido por el artículo 42 de la Ley 12/2007 y con el objeto de garantizar la ordenación adecuada del sistema de protección y la coordinación administrativa. El sistema debe integrar todos los datos relativos a las actuaciones y medidas de intervención respecto de los niños o adolescentes, que deben servir de herramienta para la tramitación, comunicación e información de los entes públicos y las administraciones con competencia en la materia.

2. El sistema de información y gestión en infancia y adolescencia, que debe integrarse en el sistema de información social, tiene carácter administrativo y está gestionado por el departamento competente en materia de protección de los niños y los adolescentes.

3. En el acceso y la utilización del sistema de información y gestión en infancia y la adolescencia debe garantizarse siempre la privacidad de los datos personales constitucionalmente y legalmente protegidos, así como la seguridad de las comunicaciones en el intercambio de información entre los agentes del sistema sobre datos de carácter personal que sean necesarios para tramitar los procedimientos.

4. El departamento competente en materia de protección de los niños y los adolescentes debe establecer pautas generales obligatorias para la recogida de información cuantitativa y cualitativa que permita la confección de estadísticas e informes, con la garantía de que se respeta el anonimato de los datos personales que constan en los informes y de acuerdo con lo dispuesto por la legislación sobre protección de datos y otra normativa aplicable.

Artículo 26 Mesas territoriales de infancia

1. Las mesas territoriales de infancia son los órganos colegiados que se constituyen para coordinar, impulsar y promover las políticas de infancia en todo del territorio, mediante las distintas administraciones e instituciones implicadas. Las principales funciones de estos órganos son las siguientes:

• a) La coordinación de las distintas administraciones e instituciones en la promoción social de niños y adolescentes, así como de la detección y la intervención ante posibles situaciones de riesgo o desamparo, especialmente en cuanto a los maltratos infantiles.
• b) El desarrollo de los ejes del plan integral al que se refiere el artículo 21, y la promoción y la coordinación, en el correspondiente ámbito territorial, de la planificación local o comarcal de los recursos preventivos en la infancia y la adolescencia en colaboración con los entes locales.
• c) La coordinación de todos los agentes implicados para potenciar el trabajo en red, en especial en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad, el trabajo, la juventud y las mujeres que afectan a los niños y a los adolescentes del territorio.

2. Deben establecerse por reglamento el alcance territorial, la composición y el funcionamiento de las mesas territoriales de infancia, así como los de la mesa nacional de la infancia de Cataluña, que depende del departamento competente en infancia y adolescencia.

Artículo 27 Consejos de participación territorial y nacional de los niños y adolescentes

1. Las administraciones locales deben crear consejos de participación territorial para dar a los niños y a los adolescentes la oportunidad de favorecer la convivencia y la integración cultural en el ámbito vecinal y local.

2. Se crea el Consejo Nacional de los Niños y los Adolescentes de Catalunya, que depende del departamento competente en infancia y adolescencia.

3. La composición y las funciones de los consejos de participación territorial y del Consejo Nacional de los Niños y los Adolescentes de Cataluña deben establecerse por reglamento.

Véase el D [CATALUÑA] 200/2013, 23 julio, de los consejos de participación territorial y nacional de los niños y los adolescentes de Cataluña («D.O.G.C.» 25 julio).LE0000510512_20130726