Sumario

Ley [CATALUÑA] 6/1993, 15 julio, derogada por la disposición derogatoria del DLeg. [CATALUÑA] 1/2009, 21 julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos («D.O.G.C.» 28 julio) el 29 de julio de 2009.

I

La gestión de los residuos basada en un alto nivel de protección del medio ambiente constituye un objetivo prioritario en todo el mundo. Por ello, la ordenación de esta gestión pública es objeto de preocupación a nivel internacional y, muy especialmente, a nivel de la Comunidad Europea, como se pone de relieve en la Directiva 91/156/CE, de 18 de marzo, y en la Directiva 91/689/CE, de 12 de diciembre, que modifican la anterior normativa comunitaria sobre esta materia, atendiendo las experiencias adquiridas y la adaptación al progreso científico y técnico.

II

La gestión de los residuos que se generan en Cataluña no ha alcanzado todavía la totalidad de los objetivos propios de una política medioambiental dirigida a la protección del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida. Por ello, en el marco de la normativa, las políticas y las estrategias de la Comunidad Europea y de la legislación básica del Estado, la Generalidad de Cataluña, en el ámbito de sus competencias, debe intensificar su acción de ordenación, ejecución y gestión en esta materia. Y esta acción pública debe apoyarse en la participación y la decidida colaboración de los productores de residuos, de la gestión del sector privado y de los ciudadanos en general. Por ello, es necesario intensificar las acciones dirigidas a la información, sensibilización y concienciación social.

III

La presente Ley adopta la terminología y las definiciones de las directivas de la Comunidad Europea y asume los objetivos y enfoques así como la estrategia de las mismas, adaptados a las características, las peculiaridades y las condiciones políticas y socioeconómicas del territorio de Cataluña.

IV

La competencia para la gestión de los residuos es compartida entre la Generalidad de Cataluña y los entes locales que forman su organización territorial; por ello, la Ley establece la delimitación de las funciones propias de ambas instituciones públicas y el marco de las relaciones interadministrativas básicas. Aunque la gestión de los residuos municipales ha sido declarada servicio público de prestación obligatoria por la legislación de régimen local, la Generalidad de Cataluña, para alcanzar un adecuado nivel de protección del medio ambiente deberá velar por la prestación de las operaciones de eliminación de residuos, en los términos de la presente Ley, respetando las competencias locales.

V

Una gestión eficiente de los poderes públicos, además de velar por la valorización y la disposición responsable de los residuos, debe promover las acciones más idóneas dirigidas a reducir su producción. La reducción y la valorización, así como la comercialización de los residuos hacen indispensable la aplicación de las técnicas de recogida selectiva, reciclaje y reutilización como primeras materias. Debe cuidarse de que las operaciones de recogida, transporte, valoración, comercialización de residuos y las de disposición de desperdicios, se lleven a cabo con un alto nivel de protección del medio ambiente, y ello exige establecer los correspondientes mecanismos de autorización, de seguimiento y de control por parte de las administraciones competentes. En consecuencia, es conveniente establecer un sistema de asesoramiento y de asistencia científica y técnica a los órganos de las administraciones que tienen atribuidas las distintas competencias sobre los residuos.

VI

Para alcanzar sus objetivos, la presente Ley declara servicio público de titularidad de la Generalidad el tratamiento de los siguientes residuos especiales: Los frigoríficos y demás aparatos que contienen clorofluorocarburos, las pilas, los fluorescentes, las luces de vapor de mercurio y los aceites.

También se declara servicio público la eliminación de los residuos especiales en plantas externas.

La prestación de estos servicios públicos se llevará a cabo preferentemente por sistemas de gestión indirecta, es decir, por concesión, concierto u otros, como sistemas más adecuados por tratarse de una actividad económica.

En una segunda fase, la Generalidad podrá asumir el servicio de reciclaje de residuos no municipales en libre concurrencia con la iniciativa privada, así como las operaciones de tratamiento que permitan la valorización de las demás categorías de residuos, o bien favorezcan su tratamiento como fuente de energía o su eliminación.

La prestación de estos servicios devenga las tasas que garanticen su autofinanciación en aplicación del principio de «quien contamina paga».

VII

La atribución a los entes locales de un ámbito competencial propio de amplio alcance, en aplicación del principio de descentralización administrativa debe configurarse atendiendo la capacidad económico-financiera y de gestión de los entes locales de Cataluña y la circunstancia de tratarse de una función compartida. Por ello, debe instrumentarse en el campo de las relaciones interadministrativas, un sistema específico de cooperación económica de la Administración de la Generalidad con los entes locales, en el marco del plan director de inversiones locales de Cataluña.

VIII

Las nuevas políticas y estrategias sobre la gestión de los residuos que orientan la presente Ley exigen a la Administración de la Generalidad una ordenación integrada de los residuos, con independencia de su origen, naturaleza o destino. Al mismo tiempo es preciso destacar la posición relevante que tiene en la Ley el Programa de actuación de la Generalidad en la gestión de los residuos. Este programa general intensifica de forma muy notable la intervención de la Generalidad en la consecución del objetivo general de procurar una gestión de residuos plenamente adaptada a las exigencias de calidad medioambiental, de reducción y de valorización de las fracciones residuales aprovechables.

La Ley establece la integración de funciones en un solo órgano y mejora la acción pública de la Administración de la Generalidad mediante la acción de un ente responsable que pueda dar una respuesta ágil y eficiente a la compleja problemática de los residuos, que abarca desde actos de policía administrativa y de autorización y registro de actividades, hasta la promoción de obras e instalaciones, cualquiera que sea su sistema de gestión.

Por todo ello, la Ley transforma la actual Junta de Residuos en una Entidad pública acogida al Estatuto de la Empresa pública catalana regulada por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, y otorgándole todas las funciones que sobre ordenación y gestión de los residuos ostenta el Departamento de Medio Ambiente. Ello dota al nuevo ente de una potestad operativa, ya sea en régimen administrativo o privado, más cercana a los instrumentos de Empresa, acorde con el ejercicio de sus funciones.Téngase en cuenta que, conforme establece la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 15/2003, 13 junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos («D.O.G.C.» 1 julio), la Junta de Residuos pasa a denominarse Agencia de Residuos de Cataluña.

IX

La Ley propicia una política de gestión de los residuos basada en la colaboración de los productores y los gestores de residuos. Aun así, es necesario dotar a la Administración de la Generalidad y a los entes locales, según la distribución de competencias sobre esta materia, de los instrumentos coercitivos adecuados y proporcionados para poder garantizar el cumplimiento de las prescripciones legales y la corrección de las infracciones.

X

Atendiendo todas estas consideraciones, la Ley, en sus tres títulos y en sus disposiciones adicionales y finales, regula con carácter general la gestión de los residuos que se originan o bien se gestionan en el ámbito territorial de Cataluña, excluidos los radiactivos, los mineros, los agropecuarios que no se utilicen exclusivamente en la explotación agraria que los genera, los explosivos desclasificados, los que se gestionen como aguas residuales y los efluentes gaseosos emitidos a la atmósfera. Esta regulación parte de un amplio cuadro de definiciones adoptadas de las directivas comunitarias sobre esta materia, con el objetivo de instituir una terminología común que permita superar lo que hasta ahora ha sido un foco de conflicto en la delimitación competencial y en la determinación de responsabilidades, fijando los objetivos básicos de la protección de la salud de las personas y del medio ambiente, así como la preservación de la naturaleza.

En el título primero, la Ley ordena el conjunto de la acción pública necesaria para la consecución de estos objetivos, bajo los principios generales de reducción y valorización de los residuos y suficiencia de las instalaciones. Establece las obligaciones del productor, del poseedor y del gestor de residuos y ordena los principales instrumentos y técnicas a utilizar, con una especial regulación de las actuaciones de reciclaje, de tratamiento y de eliminación y de las tasas que devenga este servicio.

Regula asimismo las competencias y las funciones de los entes locales y los principales instrumentos de gestión de este ámbito y crea el Fondo de Gestión de Residuos como mecanismo específico de asistencia de los entes locales de Cataluña por la Administración de la Generalidad y de cooperación con los mismos.

En el título segundo, la Ley regula la Junta de Residuos y fija su naturaleza de Empresa pública; establece sus funciones, su composición -que garantiza la participación de los entes locales, de las Empresas, de los Sindicatos, del Consejo de Cámaras, de las Entidades ecologistas y del Gerente de la Junta de Saneamiento, para asegurar la necesaria coordinación entre la actuación de ambas Juntas-, y su organización, de carácter eminentemente gerencial y, finalmente, determina su patrimonio, sus recursos y su responsabilidad.Téngase en cuenta que, conforme establece la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 15/2003, 13 junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos («D.O.G.C.» 1 julio), la Junta de Residuos pasa a denominarse Agencia de Residuos de Cataluña.

En el título tercero, la Ley regula el régimen sancionador. Tipifica la infracciones, clasificadas en tres categorías: Muy graves, graves y leves, así como las sanciones que les corresponden.

La Ley establece los criterios para graduar estas sanciones, agrupados en dos apartados, los de carácter objetivo y los de carácter subjetivo, estableciéndose determinadas especialidades en los supuestos de afecciones a la salud o a la seguridad de las personas y en aquellos en que los beneficios de la infracción excedan el importe de la sanción imponible.

Se establece un límite para la aplicación de la reincidencia, consistente éste en no poder ser apreciada más que en el caso de las infracciones muy graves, ya que los supuestos de concurrencia en las infracciones graves y leves conllevan la elevación del grado de la infracción.

La Ley desarrolla con amplitud el sistema de adopción de medidas cautelares en supuestos de infracción con constatación de daños al medio ambiente.

La Ley regula la prescripción de las infracciones y de las sanciones con idénticos plazos, que son: a) Para las infracciones muy graves y las correspondientes sanciones, cuatro años; b) para las infracciones graves y las correspondientes sanciones, dos años, y c) para las infracciones leves y las correspondientes sanciones, seis meses.

Finalmente, la especialidad de la acción pública en esta materia recomienda establecer una ordenación legal de las funciones de inspección, que son reguladas en el capítulo X del mismo título tercero.

La aplicación de la Ley exige el establecimiento de una amplia gama de instalaciones y sistemas de gestión y, por ello, las disposiciones finales fijan los plazos de entrada en vigor de algunas de sus disposiciones.