Sumario

--> Ley [CATALU袮] 9/2009, 30 junio, derogada por la letra c) de la disposici髇 derogatoria primera de la Ley [CATALU袮] 11/2011, 29 diciembre, de reestructuraci髇 del sector p鷅lico para agilizar la actividad administrativa (獶.O.G.C.� 30 diciembre), el 31 de diciembre de 2011.

El Presidente de la Generalidad de Catalu馻

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 65 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

Pre醡bulo

I.

Catalu馻 es una sociedad emprendedora de base industrial, con un peso del sector industrial sobre el conjunto de la econom韆 de los m醩 elevados de Europa. En este contexto, es preciso tener en cuenta que la empresa industrial tiene, desde hace siglos, un papel clave en la vertebraci髇 de la econom韆 catalana y en la generaci髇 de efectos multiplicadores en el conjunto de la cadena de valor, lo cual ha impulsado el desarrollo de las dem醩 actividades productivas, la creaci髇 de puestos de trabajo, el aumento de la renta y, en definitiva, el bienestar de la ciudadan韆 de Catalu馻. Bajo el punto de vista estructural, la industria catalana puede describirse como fundamentalmente transformadora, diversificada, ligera, flexible y constituida principalmente por peque馻s y medianas empresas y, como pasa en las dem醩 econom韆s desarrolladas, se halla plenamente afectada por los intensos procesos de globalizaci髇, de cambio tecnol骻ico y de transformaci髇 sectorial desde actividades industriales tradicionales hacia nuevos sectores emergentes y de servicios relacionados con la producci髇, m醩 intensivos en conocimiento y de mayor valor a馻dido. Ante estos cambios estructurales, y en la medida en que la industria es el sector pionero en la innovaci髇 tecnol骻ica, la internacionalizaci髇, la racionalizaci髇 de procesos, el impulso de la calidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad en el trabajo, es preciso considerar que la actividad industrial asume un rol central y estrat間ico para Catalu馻 a la hora de avanzar decididamente en el cambio de modelo productivo y en el proceso de transici髇 hacia una econom韆 del conocimiento.

El crecimiento econ髆ico se apoya principalmente sobre la actividad empresarial y, por lo tanto, son las empresas las que deben liderar la transformaci髇 productiva de la econom韆 catalana mediante el desarrollo de sus productos, procesos y servicios, y la mejora constante de la capacidad para competir, para abrir nuevos mercados, para innovar y para aprovechar, de forma responsable, las nuevas oportunidades resultantes de los avances tecnol骻icos y de globalizaci髇. Por su parte, los poderes p鷅licos tienen la funci髇 de definir un entorno que facilite la actividad empresarial y actuar, ya sea en caso de necesidad justificada o bien para estimular y acompa馻r los cambios estructurales que inciden en los distintos sectores y territorios, poniendo a disposici髇 del tejido productivo catal醤 los instrumentos de apoyo empresarial y los mecanismos adecuados para llevar a cabo tales objetivos.

En este contexto, la funci髇 principal de la pol韙ica industrial es proporcionar el marco adecuado para la creaci髇 de empresas y para el desarrollo y la innovaci髇 empresariales, con la finalidad de que Catalu馻 se convierta en un referente europeo y mundial .y especialmente en el 醡bito del Mediterr醤eo. en cuanto a la inversi髇 productiva y la creaci髇 de empleo de calidad. Ante este reto, la Ley de pol韙ica industrial trata de ofrecer .en el marco de las competencias otorgadas por el Estatuto de autonom韆 de 2006 y de acuerdo con las directrices de la Uni髇 Europea y los objetivos recogidos por el Acuerdo estrat間ico por la internacionalizaci髇, la calidad del empleo y la competitividad de la econom韆 catalana, de 16 de febrero de 2005. una respuesta clara al tejido empresarial mediante la mejora de los mecanismos e instrumentos de planificaci髇 y apoyo y del entorno y las condiciones de competitividad en que las industrias catalanas y todas las empresas que se relacionan con ellas desarrollan su actividad.

II.

Esta ley de pol韙ica industrial se adecua al marco normativo comunitario y responde a los objetivos m醩 avanzados en materia de pol韙ica industrial formulados desde distintas instituciones de la Uni髇 Europea. El principal objetivo de las pol韙icas comunitarias en materia de industria, investigaci髇 y desarrollo tecnol骻ico es la mejora de la competitividad. El propio Tratado constitutivo de la Comunidad Europea incluye entre sus objetivos 玡l fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad� (art韈ulo 3.1.m). Para la mejora de la competitividad industrial, tal y como establece el art韈ulo 157.1 del Tratado, la acci髇 de los estados miembros, y en este caso se trata de Catalu馻, debe dirigirse a acelerar la adaptaci髇 de la industria a los cambios estructurales; fomentar un entorno favorable para la iniciativa y el desarrollo empresariales, en particular de las peque馻s y medianas empresas; promover la innovaci髇 mediante la investigaci髇 y el desarrollo tecnol骻ico, e incentivar la cooperaci髇 entre las empresas. Tanto en el 醡bito de la pol韙ica industrial como en el de la investigaci髇 y el desarrollo tecnol骻ico, desde el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se favorece la actuaci髇 de los estados miembros, y se respeta as� el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, las comunidades aut髇omas est醤 llamadas a actuar, en el 醡bito de sus competencias, para la consecuci髇 de los objetivos comunitarios. Con esta ley se pretende configurar el marco normativo de la pol韙ica industrial en Catalu馻 para garantizar el cumplimiento de dichos objetivos.

La pol韙ica industrial de la Uni髇 Europea se ha configurado alrededor de la llamada Estrategia de Lisboa, producto del Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo de 2000. La finalidad esencial es hacer de la Uni髇 Europea .la econom韆 basada en el conocimiento m醩 din醡ica y competitiva del mundo, capaz de crecer econ髆icamente de forma sostenible con m醩 y mejores puestos de trabajo y mayor cohesi髇 social.. El Consejo Europeo, el 22 y 23 de marzo de 2005, revis� la Estrategia de Lisboa, y enfatiz� la necesidad de concentrarse en el crecimiento y el empleo. Se estableci� que Europa deb韆 renovar las bases de su competitividad, aumentar el potencial de crecimiento y la productividad y reforzar la cohesi髇 social, apostando sobre todo por el conocimiento, la innovaci髇 y la valorizaci髇 del capital humano. De acuerdo con estas l韓eas orientadoras, las instituciones comunitarias han aprobado una gran cantidad de documentos que han inspirado la elaboraci髇 de la presente ley. Cabe destacar la Carta europea de las peque馻s empresas, aprobada por el Consejo Europeo de Feira, de 19 y 20 de junio de 2000, y el Libro verde de la Comisi髇: El esp韗itu empresarial en Europa, de 21 de enero de 2003, en la medida en que el propio art韈ulo 45.5 del Estatuto de autonom韆 establece que la Generalidad debe proteger la actividad de los emprendedores aut髇omos y de las peque馻s y medianas empresas. La presente ley se hace eco de las recomendaciones incluidas en estos documentos. Asimismo, con la finalidad de aclarar las nociones de empresa y, sobre todo, de microempresa, peque馻 empresa y mediana empresa, se incorporan a la Ley las definiciones de empresas recogidas por la Recomendaci髇 de la Comisi髇, de 6 de mayo de 2003, sobre la definici髇 de microempresas, peque馻s y medianas empresas.

La presente ley tambi閚 incorpora la filosof韆 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. As�, se dedica el art韈ulo 5 de la Ley al principio de libertad de ejercicio de las actividades industriales y de los servicios prestados a las empresas, con las especificidades propias del modelo catal醤 en determinadas actividades.

Esta ley se muestra tambi閚 muy sensible a las nuevas orientaciones que marcan la pol韙ica industrial en el marco de algunas instituciones comunitarias. En efecto, las interacciones entre la industria y los servicios tienen un reflejo muy oportuno en esta ley, que se hace eco de las propuestas que en su momento formul� el Comit� Econ髆ico y Social Europeo. En cualquier caso, tal como la propia Uni髇 Europea ha puesto de relieve mediante distintas comunicaciones, el fortalecimiento de la industria pasa necesariamente por llevar a cabo un enfoque m醩 integrado de la pol韙ica industrial, tarea que aborda este texto normativo.

En el 醡bito comunitario se entiende que la innovaci髇 es clave en la promoci髇 de la competitividad industrial. En consecuencia, la pol韙ica comunitaria de investigaci髇 y desarrollo tecnol骻ico est� 韓timamente vinculada a la actividad industrial. Tambi閚 en el 醡bito de Catalu馻 es preciso potenciar las pol韙icas de investigaci髇 y desarrollo tecnol骻ico para la generaci髇 de nuevo conocimiento, favorecer la aplicaci髇 de este conocimiento en la innovaci髇 industrial y potenciar directamente la capacidad innovadora de las empresas.

La Ley de pol韙ica industrial se sit鷄 en la l韓ea de los objetivos marcados por la Estrategia de Lisboa: la mejora de la competitividad mediante la innovaci髇 y la internacionalizaci髇 del tejido industrial catal醤, en un contexto de crecimiento sostenible, de equilibrio territorial, respeto al medio ambiente, mejora del empleo y profundizaci髇 de la cohesi髇 social. En este sentido, cabe destacar que esta norma constituye un paso adelante en la expresi髇 de la voluntad de los agentes sociales y econ髆icos y del Gobierno de impulsar la internacionalizaci髇, innovaci髇, competitividad y mejora de la productividad de las empresas y fomentar y favorecer la participaci髇 institucional, la concertaci髇 y el di醠ogo social, tal como recoge dicho Acuerdo estrat間ico por la internacionalizaci髇, la calidad del empleo y la competitividad de la econom韆 catalana, as� como la revisi髇 para el per韔do 2008-2011 y el nuevo impulso de dicho Acuerdo, firmado a 7 de julio de 2008.

Por lo tanto, la presente ley regula la pol韙ica relacionada con la actividad industrial .salvo el 醡bito relativo a la seguridad industrial. con un contenido inspirado en los principios comunitarios m醩 avanzados, y combina adecuadamente los objetivos propios de la industria .competitividad, innovaci髇, internacionalizaci髇, productividad, etc.. con los derivados de una dimensi髇 social .cohesi髇, calidad de empleo, etc.

III.

La Ley de pol韙ica industrial contribuye al desarrollo del Estatuto de autonom韆 en esta materia. El Estatuto de 2006 plantea el tratamiento de la materia de industria y la actividad empresarial a partir de una serie de presupuestos distintos de los del Estatuto de 1979. En cualquier caso, al igual que sucede en la Uni髇 Europea y en el sistema constitucional, el Estatuto recoge muchas materias que directa o indirectamente afectan al 醡bito de la industria.

El Estatuto de 1979 hab韆 asumido como competencia exclusiva de la Generalidad la materia de industria, a pesar de no ser objeto de un desarrollo legislativo espec韋ico por parte del Parlamento de Catalu馻. Pese a que la materia de industria ten韆 el calificativo de .exclusiva., tal y como aparec韆 recogida en el art韈ulo 12.1.2 del Estatuto de 1979, se somet韆 a una serie de l韒ites, en concreto, a las .bases y ordenaci髇 de la actividad econ髆ica general..

La Constituci髇 espa駉la no reconoce expresamente competencias a favor del Estado en materia de industria en la lista de competencias del art韈ulo 149.1. Sin embargo, hay varios apartados espec韋icos que tienen conexi髇 con la materia de industria o se ocupan de sectores espec韋icos de este 醡bito, como por ejemplo el r間imen minero y energ閠ico. Asimismo, hay un buen n鷐ero de apartados transversales o horizontales, especialmente el art韈ulo 149.1.13a y 15a, mediante los cuales el Estado regula .y, en su caso, ejecuta. algunos aspectos relativos a la materia de industria. La legislaci髇 del Estado en esta materia se ha materializado en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, que se basa en los apartados competenciales del art韈ulo 149.1.1a y 13a de la Constituci髇.

El Estatuto de autonom韆 de 2006 plantea el tratamiento de la materia de industria y la actividad empresarial de forma innovadora con respecto a su predecesor. Las competencias en materia de industria est醤 reguladas en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 139. La materia de industria tiene el car醕ter de competencia exclusiva, exceptuando lo establecido en el art韈ulo 139.2. En este 鷏timo caso, las competencias de planificaci髇 en materia de industria est醤 sujetas .� la planificaci髇 de la industria. que lleve a cabo el Estado, de modo que la competencia, en este caso, se transforma en compartida, pero se trata de la 鷑ica excepci髇 al car醕ter exclusivo de la competencia que establece el propio Estatuto. As� pues, con el nuevo Estatuto se ha ampliado el techo competencial en esta materia, particularmente .� pesar de que no exclusivamente. en cuanto a la regulaci髇 de la submateria llamada .seguridad industrial., pero esta regulaci髇, como ya se ha dicho, no es objeto de la presente ley. Por lo tanto, la competencia de la Generalidad en materia de industria ha pasado a ser una competencia 韓tegra y exclusiva, salvo lo establecido en el art韈ulo 139.2 del Estatuto, con el alcance que a las competencias exclusivas otorga el art韈ulo 110 de la norma institucional b醩ica de Catalu馻. Asimismo, el Estatuto establece competencias espec韋icas en materia de innovaci髇 tecnol骻ica (art韈ulo 158) y tambi閚 establece competencias en materia de proyecci髇 exterior e internacionalizaci髇, con el apoyo expreso de los art韈ulos 193 y 194, que se vinculan con la internacionalizaci髇 de la empresa catalana.

Cabe destacar otros preceptos del nuevo Estatuto de car醕ter relevante para la redacci髇 de esta ley. Entre los principios rectores del 醡bito socioecon髆ico se recogen algunos de gran relevancia en esta materia. El art韈ulo 45.5 establece que la Generalidad debe favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y el esp韗itu emprendedor teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa, la libre iniciativa y las condiciones de competencia, y debe proteger especialmente la econom韆 productiva, la actividad de los emprendedores aut髇omos y la de las peque馻s y medianas empresas. Asimismo, los apartados 6 y 7 del art韈ulo 45 requieren la participaci髇 de las organizaciones sindicales y empresariales, as� como la consulta de las organizaciones profesionales y las corporaciones de derecho p鷅lico representativas de intereses econ髆icos y profesionales y las entidades asociativas del tercer sector en la definici髇 de las pol韙icas p鷅licas que los afecten.

Adem醩, tambi閚 es preciso tener en cuenta lo establecido en el art韈ulo 53 del Estatuto. Este art韈ulo determina que los poderes p鷅licos .deben facilitar el conocimiento de la sociedad de la informaci髇 y deben impulsar el acceso a la comunicaci髇 y a las tecnolog韆s de la informaci髇, en condiciones de igualdad, en todos los 醡bitos de la vida social, incluido el laboral.. Asimismo, establece que los poderes p鷅licos deben garantizar la prestaci髇 de servicios mediante estas tecnolog韆s. Finalmente, con relaci髇 a la innovaci髇, el apartado 2 de dicho art韈ulo establece: .La Generalidad debe promover la formaci髇, la investigaci髇 y la innovaci髇 tecnol骻icas para que las oportunidades de progreso que ofrece la sociedad del conocimiento y de la informaci髇 contribuyan a la mejora del bienestar y la cohesi髇 sociales..

En consecuencia, la Ley de pol韙ica industrial contribuye a cumplir los mandatos que el Estatuto dirige a los poderes p鷅licos de Catalu馻 mediante los principios rectores de los art韈ulos 45 y 53.

IV.

La parte dispositiva de la presente ley se estructura en tres t韙ulos, y la parte final incluye una disposici髇 adicional, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales.

El t韙ulo I regula las disposiciones directivas de la Ley, donde se incluyen aspectos sustantivos de la concepci髇 en materia de pol韙ica industrial, incluidos los servicios dirigidos a la producci髇. Asimismo, establece las finalidades de este nuevo marco normativo, un aspecto de notable inter閟, ya que esta regulaci髇 se enmarca en los principios recogidos por la Estrategia de Lisboa del a駉 2000 y en la actualizaci髇 de estos principios que se llev� a cabo en el a駉 2005. Las finalidades perseguidas por esta ley tienen tanto una dimensi髇 econ髆ica .como la mejora de la competitividad y la productividad de la empresa catalana, el fomento de la innovaci髇 y el impulso de la internacionalizaci髇. como social .la cohesi髇 social, el trabajo de calidad y el desarrollo sostenible. La presente ley se basa en que la funci髇 principal de la pol韙ica industrial es proporcionar un marco id髇eo para el desarrollo y la innovaci髇 de la empresa catalana, con la finalidad de que Catalu馻 siga siendo un lugar atractivo de inversi髇 industrial y de creaci髇 de puestos de trabajo, tal como tradicionalmente ha sido.

Un aspecto relevante del presente marco normativo es el 醡bito de aplicaci髇. As�, esta ley incluye, adem醩 de la industria tradicionalmente considerada, tambi閚 los servicios no financieros dirigidos a la producci髇. Tal y como han expuesto determinadas instituciones comunitarias, actualmente es urgente el reconocimiento de los servicios prestados a las empresas como parte integrante de toda pol韙ica industrial, dado que estos servicios son una fuente de innovaci髇 y creaci髇 de empresas de alto valor a馻dido y de puestos de trabajo de calidad en una econom韆 del conocimiento.

Los servicios prestados a las empresas se definen tradicionalmente como un subgrupo del sector terciario de mercado. El criterio para esta definici髇 es el de la demanda a la que van dirigidos los servicios y, por lo tanto, no son servicios dirigidos a las personas para consumo final, sino fundamentalmente a las propias empresas, con independencia de su sector de actividad. Por ello es importante situar en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley de pol韙ica industrial no solo las actividades industriales, sino tambi閚 los servicios dirigidos a la producci髇, lo cual permite alinear la pol韙ica industrial catalana con las directrices europeas y desarrollar, al mismo tiempo, medidas de mejora de la competitividad de un colectivo empresarial que ocupa a m醩 de medio mill髇 de personas en Catalu馻. La presente ley, por lo tanto, parte de un 醡bito de aplicaci髇 que no 鷑icamente se limita a regular la actuaci髇 de la Administraci髇 p鷅lica con relaci髇 a las empresas y los establecimientos que desarrollan una actividad industrial en sentido estricto, sino que, en todo lo no previsto por la correspondiente legislaci髇 espec韋ica, tambi閚 se desarrolla sobre los servicios dirigidos a la producci髇 en el sentido expuesto, sin perjuicio de las competencias que en cada momento puedan ser atribuidas a los distintos departamentos de la Administraci髇 de la Generalidad.

El texto de la Ley incorpora, asimismo, una serie de definiciones b醩icas para determinar con la m醲ima claridad posible su 醡bito de aplicaci髇, as� como el criterio para identificar las distintas categor韆s de empresa, de acuerdo con lo establecido por la Recomendaci髇 de la Comisi髇 2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definici髇 de microempresas, peque馻s y medianas empresas, sin perjuicio de la autorizaci髇 al Gobierno para que en el marco y las condiciones que establece dicha Recomendaci髇 pueda modificar los l韒ites de los efectivos y los importes financieros que definen las categor韆s de empresas, una autorizaci髇 que se incluye en la parte final de la Ley, concretamente en su disposici髇 final cuarta.

Otro de los aspectos que cabe destacar de este t韙ulo I es que incluye, en el marco de la libertad de empresa, la declaraci髇 y la protecci髇 de la libertad de ejercicio de actividades industriales, que se configura siguiendo los esquemas actualmente establecidos en los pa韘es europeos y en la normativa comunitaria. Se prescinde del r間imen de autorizaci髇, salvo los mismos supuestos sectoriales que la Ley establece excepcionalmente, y se establece como regla general el sistema de previa comunicaci髇 en el inicio de la actividad industrial, que debe ser presentada con la informaci髇 correspondiente ante la Administraci髇.

Finalmente, se establecen una serie de l韓eas de actuaci髇 estrat間ica para todas las actuaciones p鷅licas en materia de pol韙ica industrial.

El t韙ulo II de la Ley regula la actuaci髇 administrativa en materia de industria y servicios dirigidos a la producci髇, en el marco de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 71 del Estatuto, la participaci髇 institucional mediante la creaci髇 del Consejo de Pol韙ica Industrial y el impulso de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇, y finalmente establece la regulaci髇 en materia de calidad industrial. Con relaci髇 a la actuaci髇 administrativa en materia de industria y servicios dirigidos a la producci髇, la Ley incluye una serie de principios de actuaci髇 de los poderes p鷅licos catalanes que se inspiran en la concepci髇 subsidiaria que debe impregnar este tipo de actuaciones, sin perjuicio de las obligaciones que tiene la Administraci髇 de velar por el cumplimiento de la legalidad y de la seguridad industrial con el fin de salvaguardar el inter閟 general. Asimismo, la Ley sigue el camino marcado por las instituciones comunitarias y por el Gobierno de la Generalidad y apuesta expl韈itamente por la simplificaci髇 de los tr醡ites legales y administrativos.

El cap韙ulo II, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto, reconoce la concertaci髇 entre el Gobierno y los agentes econ髆icos y sociales como el mecanismo central de definici髇, seguimiento y evaluaci髇 de la pol韙ica industrial en Catalu馻. En este sentido, dicho cap韙ulo regula la participaci髇 de las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y dem醩 organizaciones y corporaciones representativas de intereses econ髆icos y profesionales mediante la creaci髇 del Consejo de Pol韙ica Industrial de Catalu馻, que se configura como un 髍gano de car醕ter consultivo y de participaci髇 en las pol韙icas de industria, adscrito al departamento competente en esta materia.

El cap韙ulo III se ocupa de la pol韙ica de desarrollo industrial basada en la sociedad del conocimiento y en el impulso de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇, tanto por parte de la Administraci髇 como de las propias empresas.

Esta ley dedica tambi閚 un cap韙ulo, el IV, a la calidad industrial. Una pol韙ica industrial integral es un aspecto que justifica ampliamente su tratamiento en esta norma. En efecto, los instrumentos de la calidad industrial, principalmente la normalizaci髇 y la certificaci髇, sin perjuicio de su car醕ter voluntario, son factores que seguir醤 siendo muy importantes en el mercado de los productos industriales y especialmente en los servicios dirigidos a la producci髇, en un mercado con una competitividad muy intensa que tender� a crecer en el espacio econ髆ico europeo. Por ello, la continuidad de una pol韙ica de calidad industrial, que ya hace d閏adas que empez� en Catalu馻, es una necesidad objetiva de cualquier pol韙ica industrial que persiga los objetivos expuestos por esta ley. As�, se abordan principalmente cuestiones como por ejemplo las finalidades de la calidad industrial .韓timamente relacionadas con la competitividad, la seguridad y la calidad de los productos y los servicios. y las infraestructuras de calidad, constituidas por los agentes que intervienen en la seguridad industrial, a que se refiere la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial.

El t韙ulo III regula los instrumentos, las medidas y los programas de pol韙ica industrial, crea la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, que se convierte en el principal instrumento ejecutor de la pol韙ica industrial en Catalu馻, en cuanto a la puesta en marcha de pol韙icas de innovaci髇, as� como en la internacionalizaci髇 y promoci髇 de la empresa catalana, y, finalmente, crea el Ente de Coordinaci髇 y Gesti髇 de las Participaciones y Entidades P鷅licas Industriales de la Generalidad, un ente instrumental que se constituye para lograr la mejora de la eficacia y permitir la eficiencia en la gesti髇 de las entidades de distinta naturaleza jur韉ica que act鷄n en 醡bitos espec韋icos de la actividad industrial.

El cap韙ulo I de dicho t韙ulo regula los distintos instrumentos mediante los cuales la Administraci髇 de la Generalidad, y concretamente el departamento competente en materia de industria, debe llevar a cabo la pol韙ica industrial. As�, se establece que el departamento competente en materia de industria elabore un plan con las directrices de pol韙ica industrial, en el que deben incluirse, a su vez, distintos planes sectoriales. En el marco de este proceso de planificaci髇 y puesta en pr醕tica de la pol韙ica industrial es donde se introduce el importante papel de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, que es la entidad encargada de llevar a cabo la elaboraci髇 de planes estrat間icos y la ejecuci髇 de programas de actuaci髇 en el 醡bito de su competencia para cumplir varios objetivos, entre los que cabe destacar, a t韙ulo de ejemplo, los siguientes: el impulso y desarrollo tecnol骻ico; el fomento e impulso de la internacionalizaci髇 de la empresa catalana, con el fin de promocionar el comercio exterior; el fomento de la cooperaci髇 interempresarial; la potenciaci髇 del capital humano, el talento y la creatividad con la mejora de la calificaci髇 t閏nica y empresarial de los recursos humanos, y, entre otros, la introducci髇 de medidas que favorezcan la cohesi髇 social.

El cap韙ulo II regula la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, que puede calificarse como el instrumento nuclear en el desarrollo de la pol韙ica industrial de Catalu馻 en un futuro. A tal efecto, se crea dicha Agencia, como entidad de derecho p鷅lico sometida a derecho privado, que se adscribe al departamento competente en materia de industria y en cuyos 髍ganos de gobierno participan, no solo representantes de la Administraci髇 de la Generalidad, sino tambi閚 representantes de los agentes econ髆icos y sociales, de las corporaciones de derecho p鷅lico y de las instituciones, asociaciones y otros actores sociales que tengan relaci髇 directa con las pol韙icas p鷅licas en materia de apoyo a la empresa catalana. Se determinan, asimismo, cuales son las finalidades y funciones de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, que se sit鷄n principalmente en los campos ya citados de la innovaci髇, la internacionalizaci髇 y la mejora de los factores que inciden directamente en la productividad y la rentabilidad de la empresa catalana mediante la incorporaci髇 de nuevas tecnolog韆s, la definici髇 de estrategias, mejoras organizativas e instrumentos de la sociedad del conocimiento, as� como el favorecimiento de la optimizaci髇 de la gesti髇 de los recursos humanos y financieros de las empresas.

La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana tiene una estructura org醤ica que pretende diferenciar claramente la relaci髇 entre .髍gano principal. y .髍gano secundario.. Los 髍ganos principales son los de gobierno (el Consejo Rector, el Consejo de Administraci髇 y la Presidencia) y el 髍gano agente o de gesti髇 es el consejero delegado o consejera delegada, quien asume las funciones de la direcci髇 general de la Agencia. Asimismo, se prev閚 髍ganos de apoyo, y la posibilidad de que existan 髍ganos de asesoramiento y participaci髇, de acuerdo con lo que establezcan los respectivos estatutos de la Agencia.

La presente ley incluye tambi閚 la posibilidad de que los estatutos de la Agencia puedan prever la constituci髇 de un 醨ea especializada que tenga como objetivo ejecutar las pol韙icas del Gobierno en el 醡bito del fomento y la captaci髇 de inversiones en Catalu馻 en nuevas actividades empresariales estrat間icas que aporten tecnolog韆 y capacidad continua de innovaci髇, entre otras. En definitiva, se trata de que la Agencia desempe馿 las funciones que hasta el momento ejerc韆 la Agencia Catalana de Inversiones, que con motivo de la entrada en vigor de la presente ley desaparece, al producirse la disoluci髇 e integraci髇 del Cidem en la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana.

La Agencia dispone, seg鷑 lo determinado en la presente ley, de algunas singularidades en materia de r間imen econ髆ico, presupuestario, de contrataci髇, as� como de personal, con la apuesta por la configuraci髇 de un personal directivo profesional. La finalidad de estas singularidades es que la Agencia pueda desarrollar sus funciones tanto en el interior de Catalu馻 .con la apuesta por la innovaci髇 y la sociedad del conocimiento., como en los mercados internacionales .mediante la promoci髇 de la empresa catalana y la captaci髇 de inversiones en el territorio de Catalu馻. Estas funciones tan trascendentales de la Agencia, vinculadas a la creaci髇 de un marco institucional que debe fomentar la pol韙ica industrial y el desarrollo de la actividad empresarial, explican que excepcionalmente se haya dotado a la Agencia de un r間imen singular en algunas cuestiones. En este sentido, la puesta en funcionamiento de forma inmediata de la Agencia justifica la entrada en vigor de la presente Ley al d韆 siguiente de su publicaci髇.

V.

En coherencia con lo dispuesto en el Plan de Gobierno, la presente ley integra en la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana el Centro de Innovaci髇 y Desarrollo Empresarial de Catalu馻 (Cidem) y el Consorcio para la Promoci髇 Comercial de Catalu馻 (Copca). A tal efecto, se disuelven los dos organismos, sin perjuicio que, tal y como establecen las disposiciones transitorias y la disposici髇 derogatoria, estas entidades sigan en funcionamiento hasta la aprobaci髇 de los estatutos de la Agencia y la constituci髇 de sus 髍ganos de gobierno y gesti髇.

A fin de que la materia de industria se regule mediante un 鷑ico texto legal, se autoriza al Gobierno para que elabore un texto refundido de la presente ley y la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial. La refundici髇 en un 鷑ico texto con rango y fuerza de ley de las pol韙icas auton髆icas de industria debe garantizar la seguridad jur韉ica de las empresas catalanas. Finalmente, la Ley incluye la cl醬sula de habilitaci髇 de desarrollo reglamentario, que permitir� la plena entrada en vigor de la Ley, al eliminar su correspondiente r間imen transitorio.