Sumario

Véase Res [CATALUÑA] JUS/208/2011, 21 enero, por la que se aprueban los criterios generales que deben regir el Plan de inspección de fundaciones para el año 2011 («D.O.G.C.» 2 febrero).

El artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho de fundación para finalidades de interés general, lo que posibilita la creación de una persona jurídica de derecho privado y justifica unas funciones de supervisión por parte del poder público en la actividad del ente fundacional, con vistas a su tutela y control.

De conformidad con el artículo 118 del Estatuto de autonomía de Cataluña, la Generalidad de Cataluña ha asumido plenas competencias en materia de asociaciones y fundaciones.

De acuerdo con el artículo 336-2.1 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, el protectorado debe velar para que se cumplan las finalidades fundacionales, las disposiciones legales y los estatutos de las fundaciones, y para que se respete la voluntad fundacional. Esta función básica es desglosada en el artículo 336-2.2 en una serie de funciones específicas, las cuales se orientan a la consecución de la función general anteriormente referida. Concretamente, el apartado d) dispone que corresponde al protectorado la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y de los estatutos de las fundaciones, mediante la verificación de las cuentas anuales y del ejercicio de la potestad de inspección de acuerdo con la ley.

A este efecto, de conformidad con lo que establece la disposición transitoria cuarta de la Ley 4/2008, de 24 de abril, el protectorado puede inspeccionar, cuando lo considere necesario, los libros, los documentos y las actividades de las fundaciones. Son supuestos de inspección, entre otros:

• a) No presentar las cuentas anuales durante, al menos, dos ejercicios.
• b) Hacer operaciones sujetas a autorización previa sin haberla pedido.
• c) No responder, de manera reiterada, a los requerimientos del protectorado, o presentar una respuesta cuyo contenido sea insuficiente.
• d) Mantener una inactividad continuada.
• e) No destinar el porcentaje establecido por ley al cumplimiento de las finalidades fundacionales.
• f) Sufrir un deterioro de la masa patrimonial que incapacite la fundación para cumplir las finalidades fundacionales.
• g) Destinar recursos a gastos no relacionados con el objeto fundacional o desproporcionados con respecto al volumen de ingresos.

En este contexto, la función de inspección de las fundaciones por parte del protectorado constituye una herramienta fundamental con vistas a salvaguardar el interés general al que las fundaciones están afectas y a velar a fin de que sus recursos económicos sean aplicados al cumplimiento de las finalidades fundacionales, y también a fin de que las fundaciones cumplan las obligaciones previstas en la normativa vigente.

Y, en este sentido, la elaboración de planes anuales de inspección se manifiesta como un instrumento idóneo con vistas a hacer efectivos los principios de eficacia y de eficiencia en la actuación de la Administración pública. Asimismo, en la medida en que esta planificación de las actuaciones inspectoras se realiza de acuerdo con criterios objetivos y estos criterios son publicitados, el Plan de inspecciones no sólo se presenta como una herramienta orientada a la correcta gestión de los recursos humanos y económicos de los que dispone el protectorado, sino también como un instrumento orientado al servicio del principio de seguridad jurídica por lo que se refiere a la determinación de los ámbitos respecto de los que incidirán las actuaciones inspectoras. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la función de control del correcto ejercicio del derecho de fundación que corresponde al protectorado no se agota en las actuaciones respecto de las fundaciones en que concurran los presupuestos establecidos en el Plan, ya que estas actividades de comprobación o inspección se podrán ejercer siempre que el protectorado detecte de oficio la presunta comisión de irregularidades por parte de una fundación o cuando considere que existan indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados en una denuncia.

Con respecto a los criterios que deben regir el Plan de inspección para el ejercicio 2010, la experiencia adquirida por el protectorado en el ejercicio de sus funciones aconseja incidir en cuatro ámbitos de intervención: un primer ámbito, relativo a aquellas fundaciones que no hayan presentado cuentas ante el protectorado, al menos los dos últimos ejercicios; un segundo ámbito, que incidirá en aquellas fundaciones que no respondan, de manera reiterada, a los requerimientos del protectorado o presenten una respuesta cuyo contenido sea insuficiente; un tercer ámbito, para aquellas fundaciones que mantienen una inactividad continuada, y un cuarto ámbito, que incluirá un conjunto de fundaciones seleccionadas mediante mecanismos aleatorios entre todas las fundaciones inscritas.

En este punto, es necesario remarcar que, con respecto a los tres ámbitos de intervención referidos en primer lugar, el uso intensivo por parte del protectorado de medios informáticos posibilita la detección por parte de la propia aplicación informática de aquellas entidades en las que concurren las circunstancias que definen los respectivos ámbitos de intervención. Y, respecto del cuarto ámbito de intervención, su virtualidad reside en la consideración que afecta a todas las fundaciones inscritas, con independencia de que se encuentren o no en una situación de incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente o no hayan atendido los requerimientos que les haya dirigido el protectorado. La selección, en este caso, mediante sorteo dota de objetividad la determinación de las entidades susceptibles de ser objeto de una inspección.

De acuerdo con el artículo 3.7.d) del Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Generalidad de Cataluña, al Departamento de Justicia le corresponde el ejercicio de las atribuciones propias de la Administración de la Generalidad en el ámbito de fundaciones; y de conformidad con el artículo 6.1 del Decreto 166/2008, de 26 de agosto, de reestructuración parcial del Departamento de Justicia, a la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas le corresponde dirigir las funciones que la legislación vigente atribuye al Departamento de Justicia en materia, entre otras, de entidades jurídicas.

Por todo ello,

RESUELVO:

-1 Aprobar los criterios generales por los que se regirá el Plan de inspección de las fundaciones del año 2010 y que son los siguientes:

Serán susceptibles de ser objeto de un expediente de inspección las fundaciones en las que concurran alguna de las circunstancias siguientes:

• a) No haber presentado las cuentas anuales de al menos los dos últimos ejercicios.
• b) No haber respondido en el plazo fijado a las deficiencias observadas por el protectorado en el análisis de las cuentas anuales.
• c) Mantener una inactividad continuada.
• d) Que la última cifra del número de inscripción de la fundación sea coincidente con el número obtenido mediante un sorteo que se efectuará en presencia del secretario o secretaria general del Departamento de Justicia en la sede del Departamento, c. Pau Claris, 81, de Barcelona.

-2 Fijar la fecha del sorteo al que hace referencia la letra d) del punto anterior para el día 10 de febrero de 2010, a las 10 h.

-3 El sorteo es público, y de su resultado se dará publicidad mediante publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-4 Hacer pública esta Resolución mediante su inserción en el web del Departamento de Justicia http://www.gencat.cat/justicia y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.