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• INTRODUCCION
• Artículo 1  Objeto
• Artículo 2  Ejercicio de las funciones por el personal técnico habilitado
• Artículo 3  Ámbito funcional de las actuaciones comprobatorias
• Artículo 4  Requisitos de acceso a la habilitación
• Artículo 5  Procedimiento de habilitación
• Artículo 6  Habilitación de oficio
• Artículo 7  Duración de la habilitación
• Artículo 8  Pérdida de efectos de la habilitación específica
• Artículo 9  Retribución
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera  Integración en sistemas de actuación prioritaria
  • Segunda  Régimen Retributivo
  • Tercera  Resolución de las primeras solicitudes de habilitación tras la entrada en vigor del Decreto
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera  Suscripción de póliza de seguro
  • Segunda  Habilitación para el desarrollo y ejecución
  • Tercera  Entrada en vigor
• ANEXO . CONTENIDO DEL DOCUMENTO OFICIAL ACREDITATIVO DE LOS TÉCNICOS HABILITADOS

Artículo 1 Objeto

El presente Decreto regula el régimen de habilitación de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, en orden al desempeño de funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con la capacidad de requerimiento a las empresas de adopción de medidas para la subsanación de las deficiencias observadas, a que se refiere el artículo 43 de dicha Ley.

Artículo 2 Ejercicio de las funciones por el personal técnico habilitado

1.- El personal técnico que cuente con la habilitación prevista en este Decreto ejercerá las funciones de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las tareas de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con capacidad de requerimiento al empresario, para la corrección de las deficiencias observadas. La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte del citado personal técnico, se desarrollará conforme al contenido de los programas que se establezcan por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para su integración en el correspondiente plan de acción en materia de Seguridad y Salud Laboral.

2.- Las funciones de comprobación y control de las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se ejercerá de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social , aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales.

3.- El personal técnico habilitado puede desarrollar también las funciones en materia de promoción en la prevención de riesgos laborales, asesoramiento y asistencia técnica e información y formación, que les son propias como personal técnico en prevención de riesgos laborales.

Artículo 3 Ámbito funcional de las actuaciones comprobatorias

Las funciones de comprobación y control en las empresas y centros de trabajo, estarán referidas a las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud, conforme al artículo 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y serán las siguientes:

• 1.- Las características de los locales e instalaciones, así como las de los equipos, herramientas, productos o sustancias existentes en el centro de trabajo.
• 2.- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
• 3.- Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores.
• 4.- Las características y utilización de los equipos de protección, tanto colectiva como individual.
• 5.- La realización de los reconocimientos médicos y su adecuación a los protocolos sanitarios específicos de vigilancia de la salud, establecidos en el artículo 37.3 c) del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
• 6.- La adaptación de los puestos de trabajo a las exigencias de naturaleza ergonómica.

Artículo 4 Requisitos de acceso a la habilitación

Para optar a la habilitación, que permita ejercer las funciones previstas en el artículo 2 de este Decreto, será necesario:

• 1.- Ser funcionario público en activo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o en su caso destinado con carácter definitivo en la misma, que ejerza labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, con una experiencia acreditada en tales labores de al menos dos años en puestos de trabajo dependientes de la Dirección General competente en materia de prevención de riesgos laborales.
• 2.- Pertenecer a los cuerpos de los grupos A1 o A2, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León siguientes:
  • - Cuerpo Facultativo Superior -Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
  • - Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas -Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

  Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que no estando integrados en Cuerpos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, estén destinados con carácter definitivo en la misma, deberán estar asimilados a alguno de los Cuerpos-Escalas a los que se refiere el párrafo anterior.

• 3.- Contar con la titulación universitaria y la formación mínima prevista en el artículo 37.2 y 3 del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para poder ejercer las funciones de nivel superior en las especialidades y disciplinas preventivas en que estén acreditados a que se refiere dicho reglamento, o haber sido convalidados para el ejercicio de tales funciones de nivel superior, conforme a la disposición adicional quinta del mismo reglamento.
• 4.- Estar adscrito a una Unidad de Seguridad y Salud Laboral de cualquiera de las Oficinas Territoriales de Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.
• 5.- Haber realizado actividades formativas dirigidas al personal que pretenda contar con la habilitación regulada en este Decreto, y cuyo contenido se refiriese fundamentalmente a aspectos jurídicos relacionados con la normativa aplicable, el régimen de responsabilidades y las obligaciones de los empresarios sometidos a actuaciones de comprobación y control, las reformas operadas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, el alcance y desarrollo de las actuaciones de dichos técnicos, así como el procedimiento sancionador que puede iniciarse como consecuencia de sus actuaciones.

Artículo 5 Procedimiento de habilitación

1.- El procedimiento se iniciará mediante la presentación ante la Dirección General competente en materia de prevención de riesgos laborales de la solicitud de habilitación.

A la misma se acompañará acreditación de la experiencia profesional y de la realización de las actividades formativas previstas en el artículo anterior, así como de las titulaciones académicas o profesionales que se posean y de la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales.

2.- La solicitud de habilitación, se presentará entre el 1 y el 15 de noviembre de cada año.

Véase la Disposición Adicional 3.ª «Resolución de las primeras solicitudes de habilitación tras la entrada en vigor del Decreto» de la presente norma.

Véase la disposición adicional del D [CASTILLA Y LEÓN] 4/2014, de 6 febrero, por el que se modifica el Decreto 14/2010, de 25 de marzo, por el que se regula la habilitación de funcionarios públicos para el ejercicio de las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo en Castilla y León («B.O.C.L.» 10 febrero).

3.- La Dirección General competente en materia de prevención de riesgos laborales, considerando las necesidades de orden funcional existentes, según la programación y planificación establecidos por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, resolverá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la terminación del plazo para la presentación de solicitudes, en relación con las solicitudes de habilitación presentadas, en función de criterios de experiencia, cualificación y capacitación profesionales, y en relación con el contenido material y técnico de las actuaciones de comprobación a desarrollar en el ámbito territorial propio de cada una de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral.

Transcurrido el plazo indicado con anterioridad, sin que se haya dictado la correspondiente resolución, se entenderán desestimadas por silencio administrativo las solicitudes de habilitación correspondientes.

4.- Una vez dictada Resolución por la que, en su caso, se conceda la oportuna habilitación, la Dirección General competente en materia de prevención de riesgos laborales, extenderá el correspondiente documento oficial, según modelo que consta en el Anexo de este Decreto.

5.- Contra las resoluciones dictadas expresamente podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería competente en materia de prevención de riesgos laborales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

En el caso de desestimación por silencio administrativo el plazo para la interposición del recurso será de tres meses a contar desde el día siguiente al de la terminación del plazo previsto en el apartado 3 de este artículo.

Artículo 6 Habilitación de oficio

...

Artículo 7 Duración de la habilitación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la habilitación específica tendrá una duración de dos años naturales a contar a partir del 1 de enero del año siguiente al de la resolución a la que se refiere el apartado 3 del artículo 5 de este Decreto, pudiendo prorrogarse por nuevos períodos de idéntica extensión, previa solicitud al efecto, la cual habrá de cursarse entre el 1 y 15 de noviembre del año en el que expire el plazo para el que se confirió la habilitación precedente.

El procedimiento de la prórroga será el mismo que el establecido para la habilitación inicial.

Véase la Disposición Adicional 3.ª «Resolución de las primeras solicitudes de habilitación tras la entrada en vigor del Decreto» de la presente norma.

Artículo 8 Pérdida de efectos de la habilitación específica

1.- La habilitación específica quedará sin efecto en los siguientes supuestos:

• a) Por el transcurso del período de vigencia de la habilitación, y en su caso del de la/s prórroga/s de la misma.
• b) Cuando no concurran o se hayan alterado los requisitos y la aptitud para el desempeño de las actuaciones y funciones comprobatorias encomendadas.
• c) Cuando se incumplan las obligaciones previstas en el artículo 63 del Real Decreto 138/2000, 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• d) Cuando el funcionario no realice las tareas o actividades para las que fue específicamente habilitado o las ejecute de forma inadecuada o no ajustada a la programación aprobada, y a las instrucciones, criterios o directrices fijadas.
• e) Por renuncia expresa y motivada del funcionario habilitado.

2.- Salvo en el primer supuesto contemplado en el apartado anterior, en cuyo caso la pérdida de efectos será automática una vez transcurrido el periodo de vigencia, en todos los demás supuestos previstos en tal apartado la pérdida de efectos de la habilitación específica se producirá mediante resolución motivada de la Dirección General competente en materia de prevención de riesgos laborales, previa audiencia del interesado.

La resolución de pérdida de efectos de la habilitación conferida, comporta la devolución automática del documento oficial acreditativo de la condición de técnico habilitado.

3.- Contra la resolución de pérdida de efectos de la habilitación cabe recurso de alzada ante la Viceconsejería competente en materia de prevención de riesgos laborales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de tal resolución al interesado.

Artículo 9 Retribución

El ejercicio de funciones de comprobación por el personal funcionario objeto de la habilitación específica a la que se refiere el presente decreto, podrá suponer el devengo y la percepción del complemento de productividad de los técnicos habilitados por el ejercicio de las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo de Castilla y León. Ello estará condicionado a su previsión en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para cada ejercicio

Artículo 9 redactado por el número dos del artículo único del D [CASTILLA Y LEÓN] 4/2014, de 6 febrero, por el que se modifica el Decreto 14/2010, de 25 de marzo, por el que se regula la habilitación de funcionarios públicos para el ejercicio de las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo en Castilla y León («B.O.C.L.» 10 febrero).Vigencia: 11 febrero 2014

Primera Integración en sistemas de actuación prioritaria

El personal funcionario técnico habilitado se integrará y participará en los sistemas que pudieran establecerse, en relación con las comunicaciones de los accidentes de trabajo cuya gravedad y consecuencias determinen la priorización de las actuaciones técnicas correspondientes y el análisis e investigación de sus causas.

Segunda Régimen Retributivo

El complemento de productividad de los técnicos habilitados por el ejercicio de las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo de Castilla y León, se establece como una cuantía global máxima adicional a las bases medias de productividad y su importe será de 476,34 euros mensuales sin perjuicio de su actualización en base a lo que anualmente se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Disposición adicional segunda redactada por el número tres del artículo único del D [CASTILLA Y LEÓN] 4/2014, de 6 febrero, por el que se modifica el Decreto 14/2010, de 25 de marzo, por el que se regula la habilitación de funcionarios públicos para el ejercicio de las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo en Castilla y León («B.O.C.L.» 10 febrero).Vigencia: 11 febrero 2014

Tercera Resolución de las primeras solicitudes de habilitación tras la entrada en vigor del Decreto

La solicitud de habilitación inicial, subsiguiente a la aprobación del presente Decreto, se realizará en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, no siendo por tanto de aplicación para tal supuesto el plazo general establecido en el apartado 2 del artículo 5, de la misma forma que tampoco será de aplicación el plazo general de duración de la habilitación contenida en el artículo 7, el cual se extenderá, en tal supuesto, hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la resolución.

Primera Suscripción de póliza de seguro

La Junta de Castilla y León suscribirá una póliza de seguro, cuya garantía principal se extienda a la cobertura de la responsabilidad civil que pueda ser exigida con ocasión del desarrollo de las actuaciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, en el ejercicio de la referida habilitación específica.

Tal póliza incluirá como garantías complementarias, la defensa jurídica y la constitución de fianzas.

Segunda Habilitación para el desarrollo y ejecución

Se faculta al Consejero competente en materia de prevención de riesgos laborales para dictar las órdenes de desarrollo y ejecución de este Decreto.

Tercera Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».