Sumario

El art韈ulo 35 del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, establece que corresponde a la Comunidad Aut髇oma la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci髇 de la ense馻nza en toda su extensi髇, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 27 de la Constituci髇 y leyes org醤icas que conforme al apartado 1 del art韈ulo 81 de ella lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el n鷐ero 30 del apartado 1 del art韈ulo 149 y de la alta inspecci髇 para su cumplimiento y garant韆.

La convivencia escolar adecuada es un requisito para un proceso educativo de calidad, siendo igualmente su resultado. Convivencia y aprendizaje son dos aspectos estrechamente ligados entre s�, que se condicionan mutuamente y que requieren que el respeto de derechos ajenos y el cumplimiento de obligaciones propias se constituyan en finalidad y en un verdadero reto de la educaci髇 actual en su compromiso para conseguir una sociedad mejor.

La existencia de conflictos en el 醡bito escolar provoca una especial preocupaci髇 en la comunidad educativa y en la sociedad en general, y exige una respuesta adecuada por parte de los poderes p鷅licos. Esta preocupaci髇 viene a reafirmar la profunda convicci髇 de que la educaci髇 en un sistema democr醫ico debe inculcar a los alumnos que el desarrollo de los derechos propios debe ir acompa馻do ineludiblemente del cumplimiento de los deberes hacia los dem醩.

La Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, configura la convivencia escolar como un principio y como un fin del sistema educativo, al recoger, como elementos que lo inspiran, la prevenci髇 del conflicto y su resoluci髇 pac韋ica. En este sentido modifica y precisa, entre otras, la Ley Org醤ica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educaci髇, en lo que respecta a los derechos y deberes del alumnado, regula los 髍ganos de gobierno, coordinaci髇 y direcci髇 de los centros educativos y sus competencias en el marco del r間imen disciplinario, asumiendo las medidas de sensibilizaci髇 e intervenci髇, en el 醡bito educativo, que se regularon por la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protecci髇 integral contra la violencia de g閚ero, en cuanto al respeto a los derechos y libertades fundamentales y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo que los consejos escolares cuenten entre sus competencias con la posibilidad de proponer medidas que favorezcan esta igualdad. En dicha Ley tambi閚 se recoge la voluntad de potenciar la resoluci髇 pac韋ica de conflictos que en otros 醡bitos del derecho y de la convivencia social se han desarrollado de forma efectiva mediante los procesos de mediaci髇.

En este marco legal, el presente Decreto establece la regulaci髇 propia de la Comunidad de Castilla y Le髇 en esta materia, tratando de adaptarse a una realidad escolar que ha superado las respuestas ofrecidas por el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre los derechos, deberes y normas de convivencia de los alumnos de centros sostenidos con fondos p鷅licos, norma hasta ahora aplicable en nuestra Comunidad Aut髇oma.

Sobre la base de los derechos y deberes que se reconocen a los alumnos, se afirma la responsabilidad que corresponde a toda la comunidad educativa en la mejora de la convivencia escolar, de conformidad con lo establecido en la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, cuando en su pre醡bulo se馻la que es preciso tener en cuenta que la responsabilidad del alumno en el 閤ito escolar no debe recaer exclusivamente sobre 閘 mismo, individualmente considerado, sino sobre sus familias, profesorado, centros docentes, administraci髇 educativa y, en definitiva, sobre la sociedad en su conjunto, responsable 鷏tima del funcionamiento y la calidad del sistema educativo.

As�, un eje fundamental de esta norma es la necesidad de implicaci髇 de las familias en el proceso educativo, que aparece recogida a lo largo de todo el texto, y que se concreta no solo en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, sino en su participaci髇 en medidas novedosas de correcci髇 de conductas perturbadoras de la convivencia. Al lado de la mediaci髇 escolar, que se contempla como medida de correcci髇 voluntaria para la soluci髇 de conflictos entre partes, se regulan los procesos de acuerdo reeducativo, donde los padres o tutores legales toman un protagonismo fundamental. Adem醩, estos dos tipos de medidas no s髄o pueden utilizarse como reacci髇 ante una conducta perturbadora, sino como estrategia para prevenir conflictos, reflejando de esta forma otro de los principios que informan este Decreto, el de prevenci髇.

Se concretan las funciones que la normativa vigente atribuye a los 髍ganos de gobierno de los centros, y se establecen las que corresponden a tutores docentes, profesorado, y a una figura que asume un protagonismo espec韋ico, el coordinador de convivencia. Asimismo se recogen dos instrumentos b醩icos para la convivencia: el plan de convivencia y el reglamento de r間imen interior del centro.

El refuerzo de la autoridad de los profesores constituye otro de los ejes de esta norma, plasmado en herramientas disciplinarias que estos pueden y deben utilizar en el mismo momento en el que tiene lugar una conducta perturbadora de la convivencia. Estas herramientas son las actuaciones correctoras inmediatas, que no prejuzgan ni la calificaci髇 de la conducta ni las medidas posteriores que se puedan adoptar, siendo el objetivo perseguido el cese inmediato de aqu閘la.

Por 鷏timo, y para aquellas conductas que perjudican gravemente la convivencia escolar, se configura un r間imen de infracciones y sanciones y un procedimiento sancionador claro y estructurado, que facilita su comprensi髇 por toda la comunidad educativa y agiliza su desarrollo.

En su virtud, la Junta de Castilla y Le髇, a propuesta del Consejero de Educaci髇, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y Le髇, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y Le髇, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en su reuni髇 de 17 de mayo de 2007

DISPONE