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Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Le髇 han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 25.5 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY

LEY DE SALUD P贐LICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La Constituci髇 Espa駉la de 27 de diciembre de 1978, en su art韈ulo 43, reconoce el derecho de los ciudadanos a la protecci髇 de la salud, imponiendo a los poderes p鷅licos, de acuerdo con el r間imen de distribuci髇 de competencias, la obligaci髇 de organizar y tutelar la salud p鷅lica a trav閟 de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En desarrollo de esta previsi髇, el Estado ha promulgado diferentes textos normativos, con la finalidad de concretar el marco com鷑 b醩ico en el que las comunidades aut髇omas deben actuar para implementar los medios precisos que tiendan a garantizar a la poblaci髇 玼n estado de completo bienestar f韘ico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades�, en el que se materializa el derecho constitucionalmente reconocido, seg鷑 la definici髇 que sobre la salud se馻la la Organizaci髇 Mundial de la Salud en su carta fundacional.

De este modo, el 醡bito normativo estatal en la materia que es objeto de esta Ley est� constituido, principalmente, por la Ley Org醤ica 4/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la que se precisan algunas de las actuaciones a desarrollar por las administraciones competentes para garantizar el derecho a la salud colectiva, como la sanidad ambiental y la vigilancia sanitaria y, esencialmente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi髇 y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que delimita con car醕ter b醩ico los contenidos espec韋icos de la prestaciones del Sistema Nacional de Salud, entre las que se encuentra la salud p鷅lica y como actuaci髇 de 閟ta, la seguridad alimentaria.

II

Paralelamente al desarrollo legislativo del Estado, debe rese馻rse la constante evoluci髇 del derecho comunitario en esta materia, al configurarse la protecci髇 de la salud de la poblaci髇 de los territorios de la Uni髇 Europea como uno de los objetivos prioritarios de las pol韙icas de sanidad que se han desarrollado en los 鷏timos a駉s, de acuerdo con el art韈ulo 152 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Desde esta consideraci髇, el legislador europeo ha venido impulsando el establecimiento de un marco regulador com鷑 en el 醡bito de la salud p鷅lica a trav閟 de numerosas disposiciones normativas, entre las que cabe citar el Reglamento (CE) n.� 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, que regula distintos aspectos relacionados con la seguridad de los alimentos, el Reglamento (CE) n.� 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se crea un Centro Europeo para la Previsi髇 y el Control de las Enfermedades, y la Decisi髇 n.� 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se establece el segundo programa de acci髇 comunitaria en el 醡bito de la salud (2008-2013), cuyos contenidos deben insertarse en nuestro ordenamiento jur韉ico de forma expresa para favorecer su publicidad y conocimiento por todos los sectores implicados, sin perjuicio de la eficacia directa de alguna de estas normas.

III

Atendiendo al r間imen constitucional de distribuci髇 de competencias y al Estatuto de Autonom韆 de 1983, el primer precedente normativo de nuestra Comunidad Aut髇oma en el 醡bito sanitario es la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenaci髇 del Sistema Sanitario de Castilla y Le髇, que configur� el Sistema de Salud de esta Comunidad Aut髇oma y conten韆 la regulaci髇 general de las actividades sanitarias, considerando el nivel de competencias asumidas en el momento de su promulgaci髇.

Con posterioridad a dicha norma, se han dictado otras de especial incidencia en el derecho a la protecci髇 a la salud de los ciudadanos de Castilla y Le髇, como la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenaci髇 Farmac閡tica, que describe las acciones y mecanismos necesarios para la obtenci髇 de una atenci髇 farmac閡tica continua, integral y de calidad a la poblaci髇, y la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre los Derechos y Deberes de las Personas en Relaci髇 a la Salud, en la que se regula la informaci髇 epidemiol骻ica que las administraciones ofrecer醤 en relaci髇 con la salud individual y colectiva.

Dicho conjunto de normas, sin embargo, resulta insuficiente para dar respuesta a las nuevas necesidades que en este 醡bito corresponden a la Comunidad de Castilla y Le髇, derivados de la asunci髇 estatutaria de nuevas competencias, de la normativa de la Uni髇 Europea y estatal, de influencia decisiva en nuestro ordenamiento jur韉ico, como hemos precisado anteriormente, y, sobre todo, de la evoluci髇 y desarrollo tanto de la salud p鷅lica como de nuestra sociedad castellano y leonesa que, en su contexto nacional y europeo, demanda el m醲imo nivel de salud individual y colectiva.

Conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 74 de la Ley Org醤ica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonom韆, la Comunidad de Castilla y Le髇 ha asumido con car醕ter exclusivo, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud p鷅lica, la promoci髇 de la salud en todos los 醡bitos y la planificaci髇 de los recursos sanitarios p鷅licos y por tanto todas las relacionadas con la prestaci髇 de salud p鷅lica del Sistema P鷅lico de Salud, por lo que resulta preciso, a fin de dar eficacia a dicho compromiso estatutario, establecer el marco legal id髇eo para administrar eficazmente todos los servicios y recursos y reorganizar las actuaciones que comprende esta prestaci髇, conforme al contenido m韓imo y b醩ico establecido por la legislaci髇 estatal. Adem醩, es necesario rese馻r que tambi閚 han sido referentes para esta Ley los art韈ulos 13.2 y 16.16 del Estatuto de Autonom韆, en los que se consagra el derecho a la protecci髇 integral de la salud.

En consecuencia, la presente Ley tiene la voluntad de definir con precisi髇 el contenido de la prestaci髇 de salud p鷅lica del Sistema P鷅lico de Salud de Castilla y Le髇, que est� integrada por el conjunto de iniciativas, ciencias, habilidades y aptitudes organizadas por las autoridades sanitarias para preservar, proteger y promover la salud de la poblaci髇.

Si el consumo y la producci髇 de alimentos son esenciales para cualquier sociedad y tiene importantes repercusiones econ髆icas, sociales y medioambientales, para Castilla y Le髇 estas realidades tienen especial relevancia. Por ello, esta norma pretende resaltar la importancia que en el 醡bito de la salud p鷅lica ha adquirido la seguridad alimentaria, situ醤dola en el t韙ulo de la Ley y dedic醤dole un t韙ulo compartido con la sanidad ambiental, de especial repercusi髇 en los 鷏timos a駉s, as� como intensificar la integraci髇 de la seguridad alimentaria dentro del concepto de salud p鷅lica. As�, con la presente Ley se incardinan las especiales caracter韘ticas de la seguridad alimentaria, la de sus principales responsables y la importancia del sector alimentario de Castilla y Le髇 con las prestaciones del Sistema P鷅lico de Salud, los profesionales que las desarrollan y las actuaciones de intervenci髇 propias de la administraci髇 sanitaria.

Estas reflexiones imponen a nuestros poderes p鷅licos, como garantes de la salud p鷅lica, la obligaci髇 de reforzar la pol韙ica sobre la seguridad alimentaria con el objetivo final de la obtenci髇 de un elevado nivel de seguridad y de protecci髇 de la salud de la poblaci髇 en relaci髇 con los alimentos, y con la finalidad de garantizar la inocuidad de los mismos, independientemente de que se importen o se comercialicen desde Castilla y Le髇 al resto de Espa馻 o a los Estados Miembros de la Uni髇 Europea o a terceros pa韘es.

Con la presente Ley, por tanto, se configura la salud p鷅lica como valor social de primer orden, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonom韆; se garantizan las prestaciones de salud p鷅lica, como derecho individual y colectivo, que se desarrollar醤 proactivamente con equidad y orientadas a la disminuci髇 de las desigualdades ya sean territoriales, sociales, culturales y de g閚ero; se definen los 醡bitos funcionales y de actividad de las administraciones competentes y de los agentes implicados; y se salvaguardan jur韉icamente las actuaciones de control y limitativas que llevar醤 a cabo las autoridades sanitarias.

Es importante resaltar, aun cuando sea evidente, que los principios, los procesos de planificaci髇 sanitaria, los objetivos de calidad, formaci髇 e investigaci髇 y dem醩 materias reguladas en la nueva Ley de Ordenaci髇 del Sistema de Salud de Castilla y Le髇, son propios de la presente Ley, formando ambas Leyes un todo indivisible que permitir� asentar un sistema permanente de mejora de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el Sistema P鷅lico de Salud de Castilla y Le髇.

IV

Considerando estos postulados, la Ley est� compuesta por un total de 65 art韈ulos, distribuidos en seis t韙ulos, una disposici髇 adicional, una disposici髇 derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar, bajo la r鷅rica de 獶isposiciones generales�, delimita el 醡bito objetivo de la norma y proclama los principios generales que deben informar la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas, incorporando a nuestro ordenamiento jur韉ico los principios de protecci髇, promoci髇 y prevenci髇, de la atenci髇 integral de la salud p鷅lica, de la precauci髇 o cautela, del an醠isis de riesgos, de la transparencia y equidad en la gesti髇 de riesgos y recursos, de la aplicaci髇 de criterios de seguridad alimentaria a todos los procesos de elaboraci髇 de alimentos independientemente del destino de su comercializaci髇, de la formaci髇 de los profesionales sanitarios, de la investigaci髇 sanitaria y de la coordinaci髇 y colaboraci髇 entre administraciones.

En el T韙ulo I, dividido en dos cap韙ulos se regula 獿a Prestaci髇 de salud p鷅lica�. El Capitulo I, delimita el marco y contenido que comprender� esta prestaci髇 en el Sistema P鷅lico de Salud de Castilla y Le髇. De este modo se ha considerado oportuno relacionar el conjunto de actuaciones que la Comunidad Aut髇oma deber� implementar para la prevenci髇 de la enfermedad y la promoci髇 y protecci髇 de la salud de la poblaci髇.

La Ley ampl韆 el n鷐ero de actuaciones respecto a las contempladas por la Ley de Cohesi髇 y Calidad del Sistema Nacional de Salud, para dar cumplimiento a las exigencias estatutarias sobre el contenido del derecho a la protecci髇 de la salud de los ciudadanos de Castilla y Le髇, y fija las bases del r間imen funcional de las personas que van a ser consideradas, a los efectos de esta Ley, como profesionales de la prestaci髇 de salud p鷅lica.

As�, en este t韙ulo se da relevancia a los profesionales de la prestaci髇 de salud p鷅lica, personal de car醕ter sanitario con capacidad para realizar amplias y complejas funciones, entre las que se encuentran las actividades que, relacionadas con el control oficial, tienen su implicaci髇 en el T韙ulo IV de esta Ley. La diversidad de tareas que deben llevar a cabo estos profesionales, junto con la actualizaci髇 de conocimientos y el cumplimiento de objetivos, aseguraran una prestaci髇 sanitaria de calidad. Este t韙ulo asienta que todas las actuaciones de las prestaciones de salud p鷅lica, desde la promoci髇 de la salud hasta el control en laboratorios, est醤 globalizados en la disciplina de salud p鷅lica.

Se completa este T韙ulo, en el Cap韙ulo II, con la regulaci髇 de cada una de las actuaciones que tiene como objetivo delimitar el marco de cada una de ellas para la mejor organizaci髇 de los servicios y gesti髇 de los recursos p鷅licos.

El T韙ulo II, 玂rganizaci髇 de la salud p鷅lica y seguridad alimentaria�, en su Cap韙ulo I, organiza administrativa y territorialmente las prestaciones de salud p鷅lica y crea las demarcaciones sanitarias y el equipo de salud p鷅lica, con la finalidad de superar los obst醕ulos que la normativa hasta ahora vigente provoca en la gesti髇 eficaz de los recursos p鷅licos, potenciando la formaci髇 de equipos de profesionales que asegurar醤 un servicio moderno y de calidad en todo el territorio de Castilla y Le髇.

Asimismo se incorpora una relaci髇 de las competencias de la Administraci髇 de Castilla y Le髇 y se reconocen las de los Ayuntamientos, teniendo en cuenta los principios de eficacia y coordinaci髇 administrativa que deben presidir las relaciones entre las administraciones p鷅licas.

La existencia de distintos niveles administrativos con competencia en el 醡bito de la salud p鷅lica y seguridad alimentaria, supranacional, nacional, auton髆ico y local, exige disponer de unas redes de informaci髇 que mantengan interconectados a todos los estamentos implicados en el control oficial, redes que, si bien son importantes para la gesti髇 en situaciones de normalidad, se hacen mucho m醩 necesarios ante situaciones de emergencia o de crisis. Por ello, en el Cap韙ulo III, la Ley contempla la creaci髇 de redes de alerta para los incidentes y riesgos relacionados con salud p鷅lica y seguridad alimentaria con la finalidad de adoptar medidas especiales en situaciones en las que existe o puede existir un riesgo grave para la salud. Igualmente, la Ley faculta expresamente la creaci髇 de un gabinete de crisis ante situaciones no solventables mediante las medidas especiales, lo que permitir� disponer de procedimientos organizativos, convenientemente adaptados a la materia, que permitan ser m醩 eficaces en la gesti髇 de dichas situaciones.

V

En el T韙ulo III, bajo la denominaci髇 獶e la actuaci髇 de seguridad alimentaria y sanidad ambiental�, se incorporan a la realidad legislativa de Castilla y Le髇 los profundos cambios que se han producido en estas materias, al tiempo que permite abordar nuevos retos y asume las definiciones y conceptos de la normativa que emana de la Uni髇 Europea.

Las pol韙icas tradicionales de seguridad de los alimentos han sido objeto de revisi髇 como consecuencia de las distintas crisis alimentarias que pusieron en evidencia los puntos d閎iles de la seguridad sanitaria de determinados productos alimentarios, del gran dinamismo tecnol骻ico del sector agroalimentario, del libre comercio en la Uni髇 Europea y de los complejos procesos de producci髇 globalizados mundialmente. Por ello, las pol韙icas de seguridad alimentaria se han orientado hacia nuevos enfoques de control y cooperaci髇 entre sectores y hacia un nuevo planteamiento global e integrado sobre el control de la cadena alimentaria sustentado en s髄idas bases cient韋icas y t閏nicas.

Estos hechos han determinado que en esta Ley se instrumente el control alimentario como un proceso integral que abarca 玠e la granja a la mesa�. Superados los procedimientos tradicionales que estaban sustentados en un control de alimentos, especialmente en las 鷏timas fases de la cadena alimentaria, asentando a trav閟 del Comit� de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, las bases para una mejor coordinaci髇 del control oficial a lo largo de todos los procesos de obtenci髇 de alimentos. Esta realidad determina que, con esta Ley, se integren hacia un mismo fin aquellas referencias legislativas que tienen incidencia en distintos operadores de la cadena alimentaria, como es la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y Le髇, pionera en la concepci髇 integral de la sanidad animal desde su repercusi髇 en la salud p鷅lica y en las etapas posteriores a la producci髇 primaria.

La presente Ley redefine el marco de responsabilidades dentro del 醡bito de la seguridad alimentaria en coherencia con las orientaciones dimanadas de la Uni髇 Europea. La responsabilidad de la seguridad recae, en primer lugar sobre los operadores del sector, correspondiendo a las administraciones competentes el establecimiento de sistemas de control oficial que garanticen el cumplimiento de las obligaciones por parte de los primeros. La poblaci髇 consumidora, por su parte, tiene el derecho de ser informada de manera permanente y de asumir su responsabilidad en el almacenamiento y manipulaci髇 de los alimentos en su hogar.

Por ello, esta norma, que entiende que el concepto de seguridad alimentaria evoluciona en el tiempo y en el 醡bito de la realidad social y econ髆ica de los pueblos, no s髄o tiene como objetivo garantizar que los productos alimenticios que se ofrecen en los mercados cumplen las necesarias condiciones de inocuidad para la poblaci髇 consumidora sino que, m醩 all� de ello, trata de estimular en el conjunto del sector una cultura de excelencia en todas las etapas de la producci髇, la transformaci髇 y la distribuci髇, tanto de materias primas como productos elaborados, disminuyendo y controlando, desde la perspectiva de la salud de la poblaci髇, todo el abanico de posibles riesgos asociados al consumo de los alimentos. En este sentido la Ley permite incorporar aquellos retos y est醤dares que nuestra sociedad demande en un futuro en materia de seguridad alimentaria, como puedan ser la calidad alimentaria y nutricional.

La nueva pol韙ica de seguridad alimentaria que ha sido plasmada en la Ley y que es tambi閚 aplicable a la sanidad ambiental, se sustenta en el an醠isis de riesgo, entendido como un proceso formado por tres elementos interrelacionados: determinaci髇 o evaluaci髇 del riesgo, gesti髇 del riesgo y comunicaci髇 del riesgo.

La evaluaci髇 del riesgo es un proceso con fundamento cient韋ico caracterizado por su transparencia, excelencia e independencia. Estas caracter韘ticas de la evaluaci髇 han sido la g閚esis de los comit閟 cient韋icos que se crean en la presente norma.

Otro aspecto novedoso que recoge la Ley es el reflejado en el 醡bito de la sanidad ambiental, definida esta como el conjunto de actuaciones que realizan las administraciones sanitarias con el fin de proteger la salud de la poblaci髇 de los riesgos f韘icos, qu韒icos y biol骻icos del medio. La Ley regula, en este sentido, las responsabilidades de los titulares de establecimientos, instalaciones, servicios e industrias relacionadas con los factores ambientales, impulsa la implantaci髇 de los sistemas de autocontrol de las actividades de riesgo y mejora la informaci髇 a la poblaci髇 sobre los contaminantes con efectos perjudiciales para la salud.

La exposici髇 a diferentes factores f韘icos, qu韒icos y biol骻icos que est醤 presentes en el ambiente es causa de efectos sobre la salud de los ciudadanos, ya sea de manera puntual o de manera continuada. Los posibles peligros ambientales a los que cada individuo est� expuesto pueden ser m鷏tiples, y las circunstancias y duraci髇 de las exposiciones, dif韈iles de cuantificar.

En los 鷏timos a駉s, la sociedad ha experimentado cambios tecnol骻icos, industriales y de ocio que han originado la aparici髇 de nuevos tipos de instalaciones que, si bien han contribuido a mejorar el bienestar y la calidad de vida, tambi閚 han introducido situaciones potenciales de riesgo para la salud de los ciudadanos.

Las relaciones entre medio ambiente y salud son complejas, por lo que se hace necesario actuar abordando los principales problemas ambientales que puedan incidir en la salud de los ciudadanos, teniendo como base la prevenci髇.

Todo lo expuesto debe entenderse desde una concepci髇 de la sanidad ambiental que enfatiza los puntos comunes entre salud y desarrollo sostenible, se centra en los determinantes econ髆icos y ambientales de la salud y en los medios para orientar la inversi髇 econ髆ica hacia su compatibilidad con el uso sostenible de los recursos y la mejora de la protecci髇 de la salud.

Asimismo, deben mejorarse los sistemas de coordinaci髇, intervenci髇 y vigilancia del impacto de los determinantes ambientales en la salud, lo que ha originado la creaci髇 del Comit� de Vigilancia Sanitaria Ambiental.

VI

El T韙ulo IV regula en cuatro cap韙ulos, el r間imen administrativo de intervenci髇 de las autoridades sanitarias en las actividades, p鷅licas o privadas, que puedan provocar riesgos sobre la salud p鷅lica, insertando en el ordenamiento jur韉ico un marco estable que asegure a las administraciones p鷅licas desarrollar eficazmente las funciones de control oficial.

En su Cap韙ulo I se concreta qui閚es son autoridad sanitaria y se introduce en nuestro ordenamiento jur韉ico la condici髇 del agente de la autoridad sanitaria para los profesionales de salud p鷅lica que participan en las funciones de inspecci髇 y control oficial y vigilancia epidemiol骻ica. La Ley determina para qu� est醤 facultados los mencionados agentes en el ejercicio de sus funciones.

El T韙ulo enumera los mecanismos por los que las autoridades sanitarias verifican el cumplimiento de la normativa sanitaria por las entidades, empresas; las actividades de las que puede derivarse un riesgo para la salud p鷅lica y la seguridad alimentaria. Regula expresamente las diferentes medidas por las que las administraciones competentes pueden limitar el ejercicio de los derechos y libertades, tanto respecto a entidades, empresas y actividades incluidas en el 醡bito de esta Ley como frente a los individuos o grupos de personas, en caso de existencia o sospecha de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.

La prerrogativa de intervenci髇 ante situaciones que puedan suponer un riesgo para la salud con la necesaria inmediatez de respuesta que ello supone se encuentra amparada por el principio de precauci髇 o cautela, facultando a las autoridades sanitarias a la adopci髇 de medidas especiales rodeadas siempre de principios rectores y de los derechos y obligaciones correspondientes a las partes implicadas.

El T韙ulo V complementa el r間imen general de las infracciones previsto hasta ahora en m鷏tiples normas, como Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenaci髇 del Sistema Sanitario de Castilla y Le髇, o el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producci髇 agroalimentaria, entre otras.

En este sentido, se ha hecho un importante esfuerzo en orden a incluir en el cat醠ogo de infracciones hechos que hasta ahora quedaban fuera del 醡bito sancionador fruto de los requerimientos de la constante evoluci髇 de la salud p鷅lica y seguridad alimentaria, cuya normativa se ve frecuentemente modificada y ampliada. Todo ello presidido por el esp韗itu garantista de los intereses ciudadanos y la observancia de los principios generales del ordenamiento jur韉ico.

VII

De entre las disposiciones finales del texto resulta de especial menci髇, la Disposici髇 Final Primera, por la que se modifica la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenaci髇 del Sector Farmac閡tico de Castilla y Le髇 para dar respuesta a las necesidades y problemas surgidos despu閟 de casi una d閏ada de vigencia de la misma.