Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha

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Sumario

Exposici髇 de Motivos

I

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley.

La igualdad real entre mujeres y hombres es el objetivo principal de la presente Ley y la m醲ima preocupaci髇 de los poderes p鷅licos es hacer efectivo este principio.

Las iniciativas para erradicar definitivamente la discriminaci髇 hacia las mujeres han sido numerosas dentro del marco de la Organizaci髇 de Naciones Unidas, destacando la Convenci髇 para la Eliminaci髇 de todas las Formas de Discriminaci髇 contra la Mujeres de 1979 y las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, siendo la de Pek韓 de 1995, la que estableci� m醩 claramente el principio de transversalidad de g閚ero como estrategia para hacer efectivo el principio de igualdad.

Dentro del marco de la Uni髇 Europea, la Ley ha de tener en cuenta el acervo comunitario ya que tanto los tratados, como las directivas, las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia han configurado una extensa doctrina sobre la igualdad entre hombres y mujeres, de aplicaci髇 en Espa馻.

De modo especial cabe hacer referencia a las directivas: 2002/73/CE de reforma de la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formaci髇 y a la promoci髇 profesional de las condiciones de trabajo; 96/97/CEE relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de trato en reg韒enes profesionales aut髇omos y de seguridad social; 97/80/CE sobre la inversi髇 de la carga de la prueba en los casos de discriminaci髇 por raz髇 de sexo; la directiva 2004/113/CE sobre aplicaci髇 del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupaci髇.

Las resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que forman parte del acervo comunitario, tambi閚 deber醤 ser tenidas en cuenta.

Son relevantes las sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, entre otras, el Caso Defrenne III (1977) que fue concluyente al afirmar que el principio de la igualdad de trato entre hombre y mujer en materia de empleo, y correlativamente la ausencia de toda discriminaci髇 directa o indirecta fundada sobre el sexo, es parte integrante de los derechos fundamentales.

II

La aprobaci髇, por el Parlamento Espa駉l, de la Ley Org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye el armaz髇 jur韉ico de la igualdad de g閚ero.

El Tribunal Constitucional ha reconocido constitucionalidad a las medidas de acci髇 positiva establecidas en la Ley Org醤ica 3/2007.

Una parte de la Ley Org醤ica 3/2007 es legislaci髇 b醩ica, es decir, regula los m韓imos que tienen que ser garantizados a todas las personas con independencia de donde residan. La naturaleza de legislaci髇 b醩ica de una buena parte de su articulado faculta a las comunidades aut髇omas a la ampliaci髇 de los derechos reconocidos. Es una medida potestativa, pero, como en todas las que afectan a los derechos de las personas, Castilla-La Mancha no puede conformarse con los m韓imos y, por ello, desarrolla y ampl韆 estos derechos b醩icos hasta el l韒ite de sus competencias estatutarias.

III

Castilla-La Mancha ha promovido pol韙icas antidiscriminatorias y leyes a favor de la igualdad real de mujeres y hombres.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desarrollado distintos instrumentos pol韙icos en aras a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Los cuatro Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, el Plan Integrado de Empleo que prev� una reserva para la contrataci髇 de mujeres igual o superior al 60 por ciento, junto con la constituci髇 del Consejo de las Mujeres de Castilla-La Mancha, est醤 contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la regi髇.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado leyes dirigidas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres entre las que podemos citar las siguientes:

• - La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevenci髇 de Malos Tratos y de Protecci髇 a las Mujeres Maltratadas, fue la primera ley de medidas integrales contra la violencia de g閚ero en la relaci髇 de pareja.
• - La Ley 16/2001, de 29 de diciembre, del Defensor del Pueblo incorpor� la Adjunt韆 de Igualdad y la Oficina de los Derechos de la Mujer, siendo esta ley pionera en Espa馻 de la creaci髇 de una instituci髇 garante de la igualdad de g閚ero.
• - La Ley 11/2002, de 27 de junio, de modificaci髇 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, incorpor� la paridad electoral, lo que signific� un balance equilibrado de mujeres y hombres en la composici髇 de las Cortes.
• - La Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creaci髇 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha signific� la creaci髇 de un organismo aut髇omo y especializado en el conocimiento de la situaci髇 de las mujeres y el impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la evaluaci髇 de la eficacia de las medidas aplicadas. La modificaci髇 de esta norma (Ley 5/2008, de 12 de junio), supuso un nuevo impulso a las pol韙icas de igualdad y afrontar los nuevos retos de incorporar el principio de transversalidad en todas las pol韙icas del Gobierno Regional.

Todas estas leyes han sido bien recibidas por la ciudadan韆 y est醤 siendo 鷗iles para profundizar en los principios democr醫icos y el avance social de la regi髇.

Las evaluaciones de los tres primeros Planes de Igualdad, los Informes anuales sobre la aplicaci髇 de la Ley 5/2001 y la evaluaci髇 constante de la eficacia de las medidas que se adoptan para la implantaci髇 efectiva de la igualdad, permiten tener una radiograf韆 social que pone de manifiesto el car醕ter estructural que tiene la desigualdad de g閚ero y la naturaleza estructurante de la discriminaci髇 por raz髇 de sexo, que no s髄o condiciona el presente sino que es determinante en el futuro a corto y medio plazo.

Los distintos roles que, hist髍icamente, han asumido las mujeres y los hombres se han sedimentado en la actual sociedad que, aunque tolera que las mujeres participen de la vida p鷅lica (cultural, econ髆ica, pol韙ica, etc.), contin鷄 asign醤doles el deber de la reproducci髇 social (cuidado de las personas dependientes -menores, enfermas, discapacitadas y de edad avanzada- y del entorno dom閟tico). Ello, unido a la falta de corresponsabilidad masculina en el cuidado de la familia y las tareas dom閟ticas, conduce a la doble o triple jornada de las mujeres que quieren ejercer su estatuto de ciudadan韆.

A pesar de los esfuerzos realizados y de los progresos conseguidos, persisten los estereotipos masculino y femenino que perpet鷄n la desigualdad y que siguen soportando las mujeres en la educaci髇, en el trabajo, en la salud, en la familia, en la econom韆 y en la cultura.

IV

La aprobaci髇 de la Ley que se propone se fundamenta en el art韈ulo 9.2 de la Constituci髇 Espa駉la y en el Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha, el cual, en su art韈ulo 4.3 establece:

獿a Junta de Comunidades propiciar� la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporaci髇 de 閟ta a la vida social y superando cualquier discriminaci髇 laboral, cultural, econ髆ica o pol韙ica�.

Esta Ley est� fundamentada en la Constituci髇 Espa駉la de 1978, en el Estatuto de Autonom韆, en los diversos tratados internacionales ratificados por Espa馻 y en aquellas normas de 醡bito estatal que regulan la igualdad y no discriminaci髇 por raz髇 de sexo.

As� mismo, las resoluciones del Tribunal Constitucional servir醤 para fundamentar las medidas que recoger� esta Ley.

Entre otras cabe hacer menci髇 de las Sentencias 22/1981, de 2 de julio, 49/1982, de 14 de junio; 88/2005, de 18 de abril; y la del Pleno 190/2005, de 7 de julio, que consolidan la doctrina de la constitucionalidad del tratamiento desigual frente a situaciones desiguales.

La Sentencia 53/1985, de 11 de abril, que resolvi� el Recurso previo de inconstitucionalidad n.� 800/1983, contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Org醤ica de reforma del art韈ulo 417 bis del C骴igo Penal en la que ante el conflicto entre el nasciturus y la mujer, se consider� que el nasciturus constituye un bien jur韉ico digno de protecci髇, aun cuando en ocasiones este bien constitucionalmente protegido puede entrar en colisi髇 con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significaci髇.

Asimismo, cabe tener en cuenta la Sentencia 166/1988, de 26 de septiembre, que obliga a la parte empresarial a acreditar que la extinci髇 de la relaci髇 laboral no se produce de forma discriminatoria en contra de la mujer por raz髇 de su sexo, y la Sentencia 145/1991, de 1 de julio, que ampl韆 la noci髇 de discriminaci髇 para distinguir entre la discriminaci髇 directa y la indirecta, que es aquella que ante normas, criterios o pr醕ticas aparentemente neutras, pone a personas de un sexo ante una desventaja particular con respecto a personas de otro sexo.

La Sentencia 224/1999, de 13 de diciembre, que otorg� amparo a una mujer v韈tima de acoso sexual en el trabajo, considera que se ha vulnerado el derecho a la intimidad personal de la trabajadora del art韈ulo 18.1 de la Constituci髇, indicando que las recomendaciones y resoluciones de organismos como el Parlamento Europeo han de ser aplicadas para interpretar el derecho nacional.

Asimismo, cabe apreciar las fundamentaciones de las Sentencias 161/2004, de 4 de octubre; 17/2003, de 30 de enero; y 10/2001, de 29 de enero, que han supuesto una rev醠ida para la no discriminaci髇 de mujeres embarazas o por causa de la maternidad.

Por 鷏timo, hay que tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional aprobada en el Pleno de 29 de enero de 2008, que desestima el recurso 12/2008 de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley Org醤ica 3/2007, de 22 de marzo.

V

Una ley de igualdad de g閚ero ha de contener derechos subjetivos y colectivos, obligaciones, medidas activas para implementar la igualdad, medidas contra la discriminaci髇 por raz髇 de sexo, procedimientos garantistas y refuerzo de las instituciones de promoci髇 de la igualdad.

En este punto se hace necesario clarificar la diferencia entre los dos tipos de medidas que se enuncian:

• - Las medidas activas son aquellas dirigidas a implementar la igualdad en aquellas 醨eas donde las mujeres est醤 infrarepresentadas o que, debido a la estructura socio-familiar, se encuentran con obst醕ulos que les dificultan para acceder a las mismas oportunidades que los hombres.
• - Las medidas contra la discriminaci髇 por raz髇 de sexo son aquellas destinadas a prevenir y evitar que se produzcan situaciones injustas que s髄o las mujeres sufren por el hecho de serlo, sancionando, dentro del marco competencial de la Comunidad Aut髇oma, los actos u omisiones discriminatorios directos e indirectos.

En aquellas materias en las que Castilla-La Mancha no tiene competencias exclusivas, la promoci髇 de la igualdad se realizar� a trav閟 de la mediaci髇 con los interlocutores sociales, la colaboraci髇 con las asociaciones de mujeres y el fomento de pol韙icas p鷅licas para la igualdad en los 醡bitos p鷅lico y privado, mediante protocolos y pactos, que la ley debe prever en su articulado.

Otro aspecto destacable y que cobra especial relevancia es la concepci髇 de las mujeres v韈timas de trata, prostituidas con fines de explotaci髇 y comercio sexual, como una forma m醩 de violencia hacia las mujeres, considerando que estas pr醕ticas atentan contra la dignidad de las personas y son una vulneraci髇 de los derechos humanos. Por tanto, ser醤 beneficiarias de todos los derechos que establece la Ley 5/2001 de Prevenci髇 de Malos Tratos y de Protecci髇 a las Mujeres Maltratadas.

VI

La Ley de Castilla-La Mancha de Igualdad entre Mujeres y Hombres est� estructurada del siguiente modo:

• El T韙ulo Preliminar establece el objeto, los fines, 醡bito de aplicaci髇 y los principios generales de actuaci髇 de las administraciones p鷅licas en el territorio de Castilla-La Mancha, as� como, las instituciones para el impulso de la Ley.
• El T韙ulo I, Derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminaci髇 por raz髇 de sexo, reconoce los derechos b醩icos que se derivan del derecho fundamental recogido en el art韈ulo 14 de la Constituci髇 y del Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha. En este mismo sentido, garantiza derechos a sectores de mujeres, como j髒enes, mayores de 65 a駉s, viudas, con discapacidades diferentes, mujeres que viven en el medio rural, inmigrantes, prostituidas, as� como la representaci髇 equilibrada y a la corresponsabilidad familiar y dom閟tica.
• El T韙ulo II, Medidas activas para implantar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres, incorpora las medidas de acci髇 positiva que desarrollan la legislaci髇 b醩ica de la Ley Org醤ica 3/2007. Este t韙ulo se divide en cuatro cap韙ulos que regulan la igualdad de oportunidades en la educaci髇 universitaria y no universitaria, en el empleo p鷅lico y privado, en la salud y bienestar social y en los medios de comunicaci髇.
• El T韙ulo III contempla medidas contra la discriminaci髇 por raz髇 de sexo, diferentes de las contenidas en el t韙ulo anterior, ya que cualquier discriminaci髇 comporta una vulneraci髇 del art韈ulo 14 de la Constituci髇 Espa駉la, y por tanto, las medidas aqu� previstas son preventivas, de reparaci髇 cuando la discriminaci髇 ya ha tenido lugar y de sanci髇, en funci髇 de las competencias auton髆icas. Las principales medidas se refieren a la prevenci髇 del acoso sexual, acoso por raz髇 de sexo y la discriminaci髇 retributiva.
• El T韙ulo IV, Garant韆 del derecho a la igualdad y a la no discriminaci髇 por raz髇 de sexo, contempla las competencias del Defensor del Pueblo para que incorpore en su informe anual, remitido a las Cortes Regionales, un cap韙ulo espec韋ico dedicado a las quejas y reclamaciones en materia de igualdad de trato y oportunidades y no discriminaci髇 por raz髇 de sexo. Igualmente, la Adjunt韆 de Igualdad realizar� informes monogr醘icos o especiales sobre igualdad de g閚ero y no discriminaci髇 por raz髇 de sexo.
• El T韙ulo V, Entidades no gubernamentales colaboradoras para la implantaci髇 de la igualdad, aborda la funci髇 colaboradora de las entidades no gubernamentales para hacer efectivo el principio de igualdad, incorporando a las asociaciones de mujeres en los 髍ganos de consulta, participaci髇 y asesoramiento de las administraciones p鷅licas. Al tiempo, su participaci髇 cobra un papel relevante para facilitar pactos y acuerdos con organizaciones sindicales y empresariales. Se da rango de entidades colaboradoras a los colegios y asociaciones profesionales que tengan entre sus actividades la promoci髇 de la igualdad de g閚ero y que en sus juntas directivas tengan una composici髇 equilibrada de mujeres y hombres.
• Por 鷏timo, la Ley incluye una disposici髇 adicional 鷑ica, una disposici髇 derogatoria 鷑ica y seis disposiciones finales.