Sumario

El presidente de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

Ley de Cantabria 1/2011, de 28 de marzo, de Mediaci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria

PRE罬BULO

La mediaci髇 se define como una forma de resoluci髇 extrajudicial de conflictos entre personas, caracterizada por la intervenci髇 de una tercera persona, neutral e imparcial respecto de las partes en conflicto, que las auxilia en la b鷖queda de una soluci髇 satisfactoria para ellas, constituyendo una manifestaci髇 de los denominados mecanismos no judiciales de soluci髇 de controversias.

Esta instituci髇 es conocida y aplicada desde hace d閏adas en los pa韘es de tradici髇 anglosajona, siendo m醩 reciente su introducci髇 en los Estados continentales y en los de la Uni髇 Europea.

As�, en 1986, se dicta la primera Recomendaci髇 del Consejo de Ministros Europeo a los Estados miembros respecto a medidas para prevenir y reducir la carga de trabajo excesiva de los tribunales, en la que se establec韆, entre otras cosas, el objetivo de promover la soluci髇 amistosa de los conflictos.

En esta l韓ea y a d韆 de hoy, la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Uni髇 Europea, se馻la claramente que 玡l principio de acceso a la justicia es fundamental y con vistas a facilitar y mejorar el acceso a la justicia, el Consejo Europeo, en su reuni髇 de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, inst� a los Estados miembros a que instauraran procedimientos alternativos de car醕ter extrajudicial�.

Y si bien en el a駉 2000 el Consejo adopt� unas Conclusiones sobre modalidades alternativas de soluci髇 de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, 醡bito al que tambi閚 se redujo el Libro Verde sobre modalidades alternativas de soluci髇 de conflictos en el 醡bito del derecho civil y mercantil presentado por la Comisi髇 en abril de 2002, la Directiva de 2008 citada insiste en que 玡l objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la pol韙ica de la Uni髇 Europea encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, debe abarcar el acceso a m閠odos tanto judiciales como extrajudiciales de resoluci髇 de litigios. La presente Directiva debe contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de servicios de mediaci髇�, sin circunscribir su 醡bito.

El Estado Espa駉l, sensible a esa realidad social y normativa, ya en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, prev�, en su art韈ulo 414, dentro de la regulaci髇 del procedimiento ordinario, que la audiencia previa al juicio se lleve a efecto 玴ara intentar un acuerdo o transacci髇 de las partes que ponga fi n al proceso� y en el 770, dentro de los procesos de separaci髇 y divorcio, que 玪as partes de com鷑 acuerdo podr醤 solicitar la suspensi髇 del proceso (...) para someterse a mediaci髇�.

En esta misma l韓ea, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prev�, en un 醡bito tan poco propicio al principio dispositivo de las partes, la instituci髇 de la conformidad, no s髄o al inicio del juicio oral -art韈ulo 787 de la Ley-, sino incluso durante la instrucci髇 en el procedimiento para el enjuiciamiento r醦ido de determinados delitos -art韈ulo 800 del mismo texto legal-, afectando el posible acuerdo no s髄o a cuestiones civiles accesorias al delito sino tambi閚 a la propia pena a imponer al condenado.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, tampoco es ajena a esta posibilidad de finalizaci髇 convencional del procedimiento y as�, su art韈ulo 88, bajo la r鷅rica 玹erminaci髇 convencional� dispone que 玪as Administraciones P鷅licas podr醤 celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho p鷅lico como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jur韉ico ni versen sobre materias no susceptibles de transacci髇 y tengan por objeto satisfacer el inter閟 p鷅lico que tienen encomendado, con el alcance, efectos y r間imen jur韉ico espec韋ico que en cada caso prevea la disposici髇 que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideraci髇 de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con car醕ter previo, vinculante o no, a la resoluci髇 que les ponga fi n�.

El Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, tambi閚 prev� esa posibilidad de finalizaci髇 convencional del procedimiento cuando el art韈ulo 84, dentro de la regulaci髇 del Procedimiento Ordinario, establece, como primera misi髇 del acto de conciliaci髇 la de intentar la conciliaci髇 entre las partes, advirti閚dolas de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles y sin prejuzgar el contenido de la sentencia, a馻diendo que dicho acuerdo se llevar� a cabo por los tr醡ites de ejecuci髇 de las sentencias. Y, aunque estemos ante una instituci髇 diferente, el art韈ulo 63 del mismo cuerpo legal establece, como requisito previo para la tramitaci髇 del proceso, un intento de conciliaci髇 ante el servicio administrativo correspondiente o ante el 髍gano que asuma estas funciones con las excepciones que se馻la el art韈ulo 64. Y todo ello sin perjuicio de la mediaci髇 desarrollada especialmente en el 醡bito laboral por el 觬gano de Resoluci髇 Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA).

Esta legislaci髇 estatal y el propio anteproyecto de Ley de Mediaci髇 elaborado por el Estado de modo espec韋ico para este 醡bito y actualmente en tramitaci髇 da pie al juego de esta instituci髇 y as�, ha habido Comunidades Aut髇omas como las del Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y Le髇, Madrid, Pa韘 Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares o Canarias que, desde un punto de vista familiar, han contemplado esta instituci髇, al margen de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 que, en una versi髇 m醩 integral, exceden del 醡bito de la mediaci髇 familiar para dar cabida a la mediaci髇 en el 醡bito del derecho privado en su conjunto.

La presente Ley, en l韓ea con esta 鷏tima, pero tratando de superarla y dar un 醡bito absolutamente integral a esta instituci髇, al estar inspirada fundamentalmente en el deseo de fomentar la cultura del arreglo amistoso y de evitar el n鷐ero de asuntos que llegan a los 髍ganos judiciales de nuestra Comunidad Aut髇oma, se enmarca en la competencia auton髆ica plasmada en el art韈ulo 25.5 del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria. Y se enmarca en lo relativo al desarrollo legislativo en materia de ejercicio de profesiones tituladas como ser� la de mediador regulada por la presente Ley, sin poder incidir ni en materias procesales ni en cuestiones de Derecho Civil, reservadas ambas en el art韈ulo 149 de la Constituci髇 Espa駉la, al Estado.

Adem醩 y en lo que afecte a la mediaci髇 en el 醡bito familiar, se dicta la presente Ley al amparo del art韈ulo 24.22 y 23 del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, que atribuyen competencia a nuestra Comunidad Aut髇oma, respectivamente, en materia de 玜sistencia, bienestar social y desarrollo comunitario incluida la pol韙ica juvenil, para las personas mayores y de promoci髇 de la igualdad de la mujer� y de 玴rotecci髇 y tutela de menores�, en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 39 de la Constituci髇 Espa駉la, que dispone que �1. Los poderes p鷅licos aseguran la protecci髇 social, econ髆ica y jur韉ica de la familia. 2. Los poderes p鷅licos aseguran, asimismo, la protecci髇 integral de los hijos, iguales 閟tos ante la ley con independencia de su filiaci髇, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil�.

Y, finalmente, la presente Ley tiene su encaje en la competencia que reconoce a la Comunidad Aut髇oma el art韈ulo 24.32 del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, sobre 玴rocedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organizaci髇 propia�.

Y todo ello sin perjuicio de otros sistemas de mediaci髇 que ya se vienen desarrollando por otras instituciones en nuestra Comunidad Aut髇oma como la realizada en conflictos intergeneracionales o entre familias de menores en casos de tutela, por los Equipos de Evaluaci髇 e Intervenci髇 dependientes de la Consejer韆 de Empleo y Bienestar Social.

La Ley se articula en un t韙ulo preliminar, cuatro t韙ulos, una disposici髇 adicional, una disposici髇 transitoria y dos disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar se encarga de definir el objeto de la mediaci髇 destacando esa visi髇 general y omnicomprensiva de la misma, al amparo de lo que permiten tanto la legislaci髇 procesal antes relacionada, como la civil y la administrativa dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia y aplicable en nuestra Comunidad Aut髇oma.

Contempla, igualmente, los principios que han de informar el procedimiento de mediaci髇, tributarios de la Directiva Europea antes citada e, inspir醤dose en un principio de intervenci髇 de todos, reconoce la posibilidad de actuaci髇 concurrente tanto de la Comunidad Aut髇oma como de las entidades locales y de la denominada Administraci髇 corporativa representada por los colegios profesionales, as� como de las organizaciones y entidades sociales reconocidas como Centros Sociales de Mediaci髇 Familiar de Cantabria, registradas y autorizadas a tal fi n.

El T韙ulo I se refiere a las partes de la mediaci髇, reconociendo tal condici髇 a todos aquellos que tengan la disponibilidad sobre el objeto del procedimiento y estableciendo sus derechos y sus deberes.

El T韙ulo II se centra en la regulaci髇 de las personas mediadoras, condici髇 que se atribuye con un criterio amplio, si bien condicionada a su inscripci髇 en el Registro de Personas Mediadoras y que pueden ostentar, tambi閚, los grupos de personas.

El T韙ulo III contempla el procedimiento de mediaci髇, basado en un criterio antiformalista, pero fijando un plazo m醲imo de duraci髇 que se estima como suficiente para revelar las posibilidades de 閤ito de la instituci髇 en el caso concreto.

El T韙ulo IV regula la responsabilidad de los mediadores y de las personas que acuden al procedimiento de mediaci髇 por vulneraci髇 de los deberes que les incumben.

Por 鷏timo, la Disposici髇 Transitoria atiende a la necesidad sentida de reconocer la capacidad de aquellas personas que, con anterioridad a la promulgaci髇 de la presente Ley, hubieran venido realizando actuaciones de mediaci髇, previendo la posibilidad de que se les reconozca la condici髇 de mediadores en circunstancias especiales que se determinar醤 reglamentariamente.

Basado en todo ello, el consejero de Presidencia y Justicia ha elevado al Consejo de Gobierno de Cantabria el correspondiente anteproyecto de Ley con los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, Colegio de Psic髄ogos de Cantabria, Colegio de Notarios de Cantabria, Colegio de Graduados Sociales de Cantabria, Consejo Econ髆ico y Social de Cantabria, Colegio de Abogados de Cantabria, Asociaci髇 獵onsuelo Berg閟�, Asociaci髇 玀ediare� y las Secretar韆s Generales de las Consejer韆s del Gobierno de Cantabria.