Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 14/2006, DE 24 DE OCTUBRE, DE FINANZAS DE CANTABRIA

Sumario:

PRE罬BULO

La Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputaci髇 Regional de Cantabria, antecedente inmediato de esta disposici髇 dictada sobre la base de lo dispuesto en el entonces art韈ulo 55 del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, supuso un indudable hito en la regulaci髇 de la materia econ髆ico-financiera de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria. La bondad de dicha disposici髇 no ha evitado sin embargo que el tiempo transcurrido desde su aprobaci髇 y los profundos cambios acaecidos en la realidad sobre la que se proyecta hayan ido erosionando su utilidad en el devenir de la gesti髇 presupuestaria administrativa.

Su sobrevenida falta de adecuaci髇 a las necesidades de la gesti髇 presupuestaria se ha ido solventando a trav閟 de modificaciones parciales de la norma, modificaciones que con el tiempo, sin embargo, se han revelado tambi閚 insuficientes. Como consecuencia de ello, en los 鷏timos a駉s ha sido pr醕tica frecuente la utilizaci髇 de la Ley de Presupuestos anual para regular cuestiones sustantivas sobre la materia.

Si estas razones constituyen motivo m醩 que suficiente para justificar la necesidad de una nueva Ley reguladora de la materia financiera del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, cabr韆, sin embargo, a馻dir alguna m醩.

Ocupan un evidente protagonismo en este sentido las exigencias derivadas de las leyes de estabilidad presupuestaria. En el proceso de consolidaci髇 fiscal, clave para el acceso de Espa馻 a la Uni髇 Econ髆ica y Monetaria en 1999, la pol韙ica presupuestaria ha desempe馻do un papel fundamental. Desde ese punto de vista se ha considerado que la estabilidad presupuestaria ha de ser el escenario permanente de las finanzas p鷅licas, exigencia aplicable a las Administraciones p鷅licas en su conjunto. Sobre esta base, la Ley Org醤ica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 18/2001, de 12 de diciembre), fue la encargada de trasladar esta exigencia al 醡bito de las Comunidades Aut髇omas, sin desconocer por ello que, sobre la base del principio de autonom韆 financiera, cada Comunidad dispone de libertad para adoptar las medidas necesarias para implementarla.

La referida Ley complementaria a la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha articulado tambi閚 los mecanismos jur韉icos de cooperaci髇 entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas en relaci髇 con los objetivos de estabilidad presupuestaria, estableciendo adem醩 los principios, las normas y los mecanismos aplicables para la consecuci髇 del referido objetivo y a los que la Comunidad Aut髇oma de Cantabria no puede permanecer indiferente.

Las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas se han visto igualmente incididas por la aprobaci髇 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A trav閟 de esta norma, tal y como se indica en su exposici髇 de motivos, se ha pretendido dar una cobertura jur韉ica adecuada a las formas de gesti髇 compartida y de flujos financieros entre ambas Administraciones. La indudable trascendencia de esta previsi髇 se acompa馻 de la a鷑 m醩 significativa entidad de las novedades introducidas por dicha Ley en materia financiera y presupuestaria. Se marca as� una tendencia y l韓ea de avance en cuestiones presupuestarias, que inevitablemente debe ser imitada por las Comunidades Aut髇omas, teniendo adem醩 en cuenta que, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 21.3 de la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas, los Presupuestos de las Comunidades Aut髇omas deben ser elaborados con criterios homog閚eos de forma que sea posible su consolidaci髇 con los Presupuestos Generales del Estado.

II

El t韙ulo I de la Ley se compone de dos cap韙ulos en los que se establecen su 醡bito de aplicaci髇 y el r間imen de los derechos y obligaciones de la Hacienda de Cantabria.

Siendo el objeto de la presente Ley la regulaci髇 del r間imen presupuestario, econ髆ico-financiero, de contabilidad, intervenci髇 y control financiero del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, sin perjuicio de las peculiaridades contenidas en normas especiales y de lo establecido en la normativa comunitaria, se impone como primera tarea la delimitaci髇 y definici髇 de dicho sector.

En sus vertientes administrativa, empresarial y fundacional, componen el sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma, los organismos aut髇omos dependientes de ella, otras entidades auton髆icas de Derecho p鷅lico con r間imen jur韉ico diferenciado, los consorcios participados por entidades del sector p鷅lico auton髆ico, las entidades p鷅licas empresariales dependientes de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma, las sociedades mercantiles auton髆icas y las fundaciones con aportaci髇 mayoritaria del sector p鷅lico auton髆ico. Adem醩, extiende sus efectos esta Ley sobre el r間imen presupuestario, econ髆ico-financiero y de control de los fondos carentes de personalidad jur韉ica cuya dotaci髇 se realice mayoritariamente desde los Presupuestos de la Comunidad Aut髇oma, as� como sobre los 髍ganos que, carentes de personalidad jur韉ica, posean dotaci髇 diferenciada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma, quedando, en todo caso, el r間imen de contabilidad y control de 閟tos 鷏timos sometido a lo establecido en las normas reguladoras de su creaci髇, organizaci髇 y funcionamiento.

Por su parte, componen la Hacienda P鷅lica auton髆ica el conjunto de derechos y deberes de contenido econ髆ico que sean de titularidad de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma y de sus organismos aut髇omos. En concreto, quedando los derechos de naturaleza privada al amparo de las normas y procedimientos de Derecho privado, se ocupa esta Ley tanto de la regulaci髇 de los derechos de naturaleza p鷅lica -abord醤dose cuestiones como la posibilidad de aplazar o fraccionar su pago, las prerrogativas aplicables en su gesti髇, las consecuencias que sobre ellos tiene la participaci髇 de la Hacienda auton髆ica en un procedimiento concursal o sus posibles v韆s de extinci髇-, como de las obligaciones. En relaci髇 con estas 鷏timas cabe se馻lar que se sigue en esta Ley la tradicional distinci髇 entre la fuente jur韉ica del gasto p鷅lico y la de las obligaciones, estableci閚dose como requisito de exigibilidad que deriven las mismas de la ejecuci髇 del Presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.

III

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma son objeto de regulaci髇 en el t韙ulo II de la Ley.

Resulta, en primer lugar, destacable la menci髇 recogida en el texto de la Ley a los principios y reglas aplicables tanto en la programaci髇 como en la gesti髇 presupuestaria. Junto a los cl醩icos principios de unidad, universalidad, anualidad, limitaci髇 o no afectaci髇 aplicables en el 醡bito de la gesti髇 presupuestaria, de acuerdo con las exigencias antes mencionadas en punto a la consecuci髇 del objetivo de estabilidad presupuestaria, se se馻lan como principios rectores de la programaci髇, al lado del de estabilidad presupuestaria, la plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignaci髇 y utilizaci髇 de los recursos p鷅licos.

En consecuencia, la programaci髇 presupuestaria se enmarcar� en los denominados escenarios presupuestarios plurianuales. Estos escenarios exigen que en la actividad de programaci髇 deban definirse los equilibrios presupuestarios b醩icos, la previsible evoluci髇 de los ingresos y los recursos asignables a las pol韙icas de gasto en funci髇 de sus correspondientes objetivos estrat間icos y los compromisos de gasto ya asumidos. La Consejer韆 competente en materia de Hacienda, como encargada de la confecci髇 de dichos escenarios, establecer� los centros gestores, las Consejer韆s y entidades del sector p鷅lico auton髆ico a los que se aplicar� la presupuestaci髇 plurianual, facilitando as� su implantaci髇 gradual. En todo caso, los mismos deber醤 ajustarse al objetivo de estabilidad presupuestaria que el Gobierno de la Comunidad Aut髇oma hubiera establecido para los tres ejercicios siguientes, en el marco de los acuerdos adoptados por el Consejo de Pol韙ica Fiscal y Financiera.

Regula la Ley a continuaci髇 el contenido, la elaboraci髇 y estructura de los Presupuestos, definidos como la expresi髇 cifrada, conjunta y sistem醫ica de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio -coincidente con el a駉 natural- por cada uno de los 髍ganos y entidades que forman parte del sector p鷅lico auton髆ico. El procedimiento por el que se regir� su elaboraci髇 habr� de ser establecido por orden de la Consejer韆 competente en materia de Hacienda, recogi閚dose en la Ley las normas a las que deber� ajustarse dicho procedimiento. Podr韆 destacarse, en este sentido, la obligada sujeci髇 a las directrices que en la distribuci髇 del gasto se fijen por la Consejer韆 competente en materia de Hacienda o la necesidad de que cada Consejer韆 u 髍gano con dotaci髇 diferenciada en los Presupuestos remita a la citada Consejer韆 sus correspondientes propuestas de gasto, ajustadas a las directrices de gasto se馻ladas y acompa馻das, para cada programa, de su correspondiente memoria de objetivos anuales fijados conforme al programa plurianual respectivo.

Por lo que respecta a los cr閐itos presupuestarios, se regulan los mismos respetando las cl醩icas limitaciones de su destino a la finalidad para la que se hubieran establecido, y de su importe a la cuant韆 para la que se hubieran autorizado, previ閚dose, salvo las excepciones se馻ladas, su vinculaci髇 a nivel de concepto. Se recogen, adem醩, de manera detallada, los requisitos que han de cumplirse en la asunci髇 de compromisos de gasto de car醕ter plurianual y se ordenan y sistematizan las distintas formas de acometer las modificaciones de cr閐itos, con expresa menci髇 a la atribuci髇 de competencias en este punto.

Como novedad, se incluye tambi閚 en este t韙ulo II un cap韙ulo espec韋ico dedicado al Presupuesto de las entidades p鷅licas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector p鷅lico auton髆ico. En el mismo se recoge, principalmente, la necesidad de que dichas entidades elaboren un presupuesto de explotaci髇 y capital constituido por la previsi髇 de la cuenta de resultados y del cuadro de financiaci髇 del correspondiente ejercicio y al que deber醤 acompa馻r, como anexo, la previsi髇 del balance de la entidad. Se a馻de a esta obligaci髇 la de elaborar tambi閚 un programa de actuaci髇 plurianual integrado por sus estados financieros y en el que se recojan las l韓eas estrat間icas y objetivos definidos para la entidad y los datos econ髆ico-financieros previstos para el ejercicio actual y los dos inmediatamente siguientes.

El 鷏timo cap韙ulo del t韙ulo II se dedica a la gesti髇 presupuestaria, tanto en materia de ingresos como de gastos, regul醤dose en el mismo cuestiones tales como los principios aplicables a la misma, las fases del procedimiento o la atribuci髇 de competencias en dicha materia.

IV

El t韙ulo III se ocupa de regular la Tesorer韆, el endeudamiento y las operaciones financieras de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

Los dos primeros cap韙ulos definen la Tesorer韆 y sus funciones, as� como los criterios que rigen su gesti髇. Merece destacarse en este 醡bito la introducci髇, tomando el modelo estatal, de la aprobaci髇 anual de un Presupuesto Monetario al que deber醤 ajustarse los pagos ordenados en cada momento, Presupuesto que constituye un instrumento destinado a conseguir una adecuada distribuci髇 temporal de los pagos, evitando ineficiencias en la distribuci髇 y gesti髇 de las disponibilidades l韖uidas.

El cap韙ulo III regula en detalle la Deuda de la Comunidad Aut髇oma, sometiendo su creaci髇 a autorizaci髇 legal previa. Esta exigencia se ve excepcionada cuando se trate de operaciones de endeudamiento por plazo inferior a un a駉 en la medida en que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario y no superen el cinco por ciento del estado de gastos del Presupuesto del ejercicio correspondiente, en cuyo caso podr醤 ser acordadas por el Consejo de Gobierno.

La exigencia de autorizaci髇 legal se ve acompa馻da de la obligaci髇, a cargo de quien sea titular de la Consejer韆 competente en materia de Hacienda, de remitir al Parlamento de Cantabria una memoria anual en la que exponga la pol韙ica de endeudamiento del ejercicio precedente, reflejando el saldo vivo de la Deuda de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria al t閞mino del mismo, as� como el correspondiente a los organismos, sociedades y dem醩 entidades del sector p鷅lico de Cantabria.

La Ley establece la obligaci髇 de habilitar en el programa de Deuda P鷅lica los cr閐itos derivados de ella, incluy閚dose como novedad los relativos a la calificaci髇 crediticia de la misma.

La autorizaci髇 para emitir Deuda a corto o largo plazo se hace respetando las previsiones de la Ley Org醤ica de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas, ciertamente limitativa en este 醡bito.

El cap韙ulo IV se ocupa del otorgamiento de avales por las entidades pertenecientes al sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, sometiendo tal facultad a la previa autorizaci髇 mediante norma con rango de Ley, salvo que se otorguen a favor de entidades pertenecientes al sector p鷅lico.

La Ley mantiene la exigencia, ya recogida en la norma a la que sustituye, de que la concesi髇 de avales a personas o entidades de car醕ter privado se supedite a su utilizaci髇 para financiar inversiones productivas en Cantabria.

El 鷏timo cap韙ulo se dedica a la regulaci髇 del endeudamiento y la gesti髇 de la tesorer韆 de los organismos aut髇omos, entidades p鷅licas empresariales, sociedades mercantiles y otros entes del sector p鷅lico auton髆ico.

La Ley proh韇e a organismos aut髇omos, entidades p鷅licas empresariales y dem醩 entes de Derecho p鷅lico realizar operaciones de endeudamiento salvo que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, ante la especial naturaleza de las condiciones y actividad a realizar por el organismo, autorice la suscripci髇 de dichas operaciones. En el caso de sociedades mercantiles y fundaciones p鷅licas la concertaci髇 de operaciones de endeudamiento a largo plazo requerir� autorizaci髇 previa de la Consejer韆 competente en materia de Hacienda, salvo que consoliden sus cuentas con las de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma, supuesto en el que se requerir� autorizaci髇 por norma con rango de Ley. Las referidas entidades podr醤 sin embargo, para atender necesidades transitorias de tesorer韆, formalizar operaciones a corto plazo que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario.

V

El t韙ulo IV se dedica a la regulaci髇 de la contabilidad del sector p鷅lico auton髆ico.

Se recogen de manera detallada en los cap韙ulos pertenecientes a dicho t韙ulo, los principios y fines de la contabilidad, las competencias en materia contable o los distintos sistemas de informaci髇 contable. En relaci髇 con estos 鷏timos, se establece la obligaci髇 de las entidades que conforman el sector p鷅lico auton髆ico de formular las cuentas anuales, correspondiendo a la Intervenci髇 General de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma confeccionar la Cuenta General de la Comunidad Aut髇oma para su remisi髇 al Tribunal de Cuentas.

Como actividades de informaci髇 contable se incluyen tambi閚 la obligaci髇 de remitir informaci髇 sobre la ejecuci髇 de los Presupuestos al Parlamento de Cantabria, as� como de publicar las operaciones de ejecuci髇 presupuestaria y dem醩 que se consideren de inter閟 general en el Bolet韓 Oficial de Cantabria. La novedad esencial que puede aqu� destacarse, en l韓ea con el reiterado objetivo de estabilidad presupuestaria, se centra, precisamente, en la obligaci髇 a cargo de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de realizar el seguimiento del cumplimiento del equilibrio financiero de las entidades integrantes del sector p鷅lico auton髆ico a las que resulte de aplicaci髇, as� como de los planes de saneamiento derivados de su incumplimiento. No debe olvidarse que las Comunidades Aut髇omas tienen el deber de suministrar al Estado la informaci髇 necesaria para la medici髇 del grado de realizaci髇 del objetivo de estabilidad presupuestaria con arreglo al procedimiento previsto en la Ley Org醤ica Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

VI

El t韙ulo V se refiere al control de la gesti髇 econ髆ico-financiera efectuado por la Intervenci髇 General de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria. Se regulan aqu� de manera pormenorizada los objetivos del control, su 醡bito de actuaci髇, los principios por los que ha de regirse, las prerrogativas, deberes y facultades del personal controlador, as� como los informes que han de emitirse con los resultados m醩 significativos de la ejecuci髇 del plan anual de control financiero permanente y de auditor韆s de cada ejercicio.

Precisamente el control financiero permanente y la auditor韆 suponen, junto con la funci髇 interventora, las tres modalidades de control con que la Intervenci髇 puede fiscalizar las actuaciones de gesti髇 econ髆ico-financiera llevadas a cabo por el sector p鷅lico auton髆ico. La definici髇 de cada una de ellas, as� como la descripci髇 del cauce procedimental por el que han de desarrollarse o de los efectos que producen, son objeto de especial atenci髇 por el legislador, residiendo la principal novedad de este t韙ulo, precisamente, en la pormenorizaci髇 de todas esas cuestiones. Nuevamente merece ser destacada, como novedad sustancial, la inclusi髇 de la referencia, tanto en el control financiero permanente como en las auditor韆s, al control y seguimiento de planes de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero.

VII

El t韙ulo VI cierra esta Ley con el tratamiento de las infracciones de la misma que puedan suponer un da駉 o un perjuicio a la Hacienda P鷅lica auton髆ica.

Se definen en dicho t韙ulo los hechos que pueden generar responsabilidad patrimonial, los tipos de responsabilidad, los supuestos de solidaridad y mancomunidad en la responsabilidad, as� como los 髍ganos y el procedimiento por los que se exigir� la misma o la consideraci髇 como derechos de la Hacienda P鷅lica o de la entidad respectiva de los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad.