Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenaci髇 del Litoral

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Sumario

T閚gase en cuenta, que conforme al n鷐ero 1 de la disposici髇 adicional primera de Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo de Cantabria (獴.O.C.� 22 julio), todas las referencias gen閞icas realizadas a la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de agosto de ordenaci髇 del territorio y r間imen urban韘tico del suelo, se entender醤 hechas a la presente爈ey, no obstante, las referencia realizadas en las disposiciones adicionales primera y cuarta; la disposici髇 transitoria segunda apartados 2 y 3 y la disposici髇 transitoria d閏ima se entender醤 hechas espec韋icamente a la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de agosto de ordenaci髇 del territorio y r間imen urban韘tico del suelo.LE0000734436

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenaci髇 del Litoral

PRE罬BULO

I

La Carta Europea de Ordenaci髇 del Territorio, adoptada en Torremolinos en 1983 por la Conferencia Europea de Ministros responsables de la Ordenaci髇 del Territorio (CEMAT), define la ordenaci髇 del territorio como la 玡xpresi髇 espacial de las pol韙icas econ髆ica, social, cultural y ecol骻ica de toda sociedad� y la considera una disciplina cient韋ica, una t閏nica administrativa y una pol韙ica concebida como enfoque interdisciplinar y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organizaci髇 f韘ica del espacio seg鷑 un concepto rector.

Como objetivos fundamentales de la ordenaci髇 del territorio, la Carta Europea establece los siguientes: el desarrollo socioecon髆ico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gesti髇 responsable de los recursos naturales y la protecci髇 del medio ambiente. L骻icamente el logro de los precitados fines 鷑icamente es posible alcanzarlo con base en una coordinaci髇 y articulaci髇 no s髄o a nivel nacional sino europeo.

El Plan de Ordenaci髇 del Litoral (POL) tiene como marco de referencia el documento de la Estrategia Territorial Europea (ETE), suscrito en Postdam en mayo de 1999 en el cual se establece que los instrumentos de ordenaci髇 del territorio de la Uni髇 Europea deben promover entre sus objetivos el fomento de la cohesi髇 econ髆ica y social, el desarrollo sostenible y el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales para as� obtener un territorio m醩 competitivo a escala europea.

Cantabria se encuentra entre las regiones con estructura urbana polic閚trica, con una elevada densidad de poblaci髇 rural y debe, conforme a la ETE, establecer un modelo territorial basado en una malla de poblaciones de distinto car醕ter en el que el territorio rural colabore de forma activa.

El modelo territorial del POL se apoya tambi閚 en los distintos documentos de Gesti髇 Integrada de las Zonas Costeras en los que se manifiesta la importancia de preservar los ecosistemas y territorios litorales y mantenerlos libres de las presiones urban韘ticas que han venido padeciendo en 閜ocas precedentes.

Como se馻l� el Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1991, de 4 de julio, por la que se resolvieron los recursos de inconstitucionalidad promovidos frente a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el concepto de territorio incluye al litoral y, por tanto, la ordenaci髇 del litoral forma parte del contenido de la competencia de ordenaci髇 del territorio.

Tal y como se ha se馻lado, la ordenaci髇 del territorio se puede definir como la expresi髇 espacial de la pol韙ica econ髆ica, social y ambiental de toda sociedad, suponiendo a la vez una disciplina cient韋ica, una t閏nica administrativa y una pol韙ica concebida como un enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organizaci髇 f韘ica del espacio. La Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1984, de 3 de julio, se馻la que la ordenaci髇 del territorio: 玹iene por objeto la actividad consistente en la delimitaci髇 de los diversos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio f韘ico territorial�.

Los objetivos espec韋icos de la Ordenaci髇 del Territorio son fundamentales y, pretenden alcanzar la articulaci髇 territorial de la Comunidad Aut髇oma y la distribuci髇 geogr醘ica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo econ髆ico, las potencialidades existentes en el territorio y la protecci髇 de la naturaleza; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesi髇 e integraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

A modo de conclusi髇 se puede se馻lar que la ordenaci髇 del territorio como t韙ulo competencial constituye fundamentalmente una competencia de coordinaci髇, que corresponde a las Comunidades Aut髇omas, si bien tiene como l韒ite el respeto a las competencias estatales y a la autonom韆 local constitucionalmente garantizada. La coordinaci髇 que pretende se proyecta sobre una cu醖ruple vertiente: las diferentes pol韙icas sectoriales de la propia Comunidad Aut髇oma, las pol韙icas del Estado con incidencia territorial y los objetivos auton髆icos de ordenaci髇 del territorio, la ordenaci髇 del territorio de la propia Comunidad y la correspondiente a otras lim韙rofes y, entre la ordenaci髇 del territorio y el planeamiento urban韘tico municipal.

La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenaci髇 Territorial y R間imen Urban韘tico del Suelo, como su propio nombre indica opt� por regular conjuntamente y en un 鷑ico texto las materias de ordenaci髇 del territorio y urbanismo, al tratarse de pol韙icas y reg韒enes del suelo 韓timamente conectados entre s�.

La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, contempla el planeamiento territorial con un car醕ter muy flexible en cuanto al 醡bito considerado -auton髆ico o comarcal- y en cuanto a los contenidos -sin apenas exigencias formales o determinaciones precisas-, pero incidiendo, por el contrario, en el procedimiento de elaboraci髇, en el que se da expresamente entrada a la participaci髇 de otras Administraciones, como expresi髇 de la doctrina constitucional acerca de la coordinaci髇 y colaboraci髇 competencial. As�, lo m醩 importante de la ordenaci髇 territorial no es tanto el resultado del Plan correspondiente sino, como se ha dicho con acierto, el procedimiento de su elaboraci髇 para aunar en 閘 y coordinar las pol韙icas territoriales de las distintas Administraciones P鷅licas presentes en el territorio.

De conformidad con la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, la ordenaci髇 del territorio se plasmar� fundamentalmente en tres instrumentos denominados Plan Regional de Ordenaci髇 Territorial, Normas Urban韘ticas Regionales y Proyectos Singulares de Inter閟 Regional. A ellos se debe a馻dir los Planes Especiales de desarrollo de los dos primeros y el Plan de Ordenaci髇 del Litoral previsto en la Disposici髇 Adicional Cuarta equiparado al Plan Regional de Ordenaci髇 Territorial. 蓅te 鷏timo tiene como funci髇 identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad Aut髇oma, fijar las directrices para la ordenaci髇 del territorio, establecer las prioridades de la acci髇 econ髆ica gubernamental en el 醡bito de las infraestructuras y definir el modelo territorial deseable a proporcionar a las dem醩 Administraciones p鷅licas para el ejercicio de sus competencias. Su 醡bito puede ser el de todo el territorio de la Comunidad Aut髇oma, no obstante, se podr醤 aprobar con la misma finalidad y procedimiento de elaboraci髇 planes comarcales de ordenaci髇 territorial.

El segundo instrumento de planificaci髇 territorial lo constituyen las Normas Urban韘ticas Regionales (NUR), las cuales tienen por objeto fijar pautas normativas en relaci髇 al uso del suelo y la edificaci髇 estableciendo tipolog韆s constructivas, vol鷐enes, alturas, distancias, revestidos, materiales y dem醩 circunstancias de dise駉, as� como medidas de conservaci髇 del medio ambiente.

El tercer instrumento de ordenaci髇 territorial viene configurado por los Proyectos Singulares de Inter閟 Regional que tienen por objeto regular la implantaci髇 de instalaciones industriales, grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de ubicarse en m醩 de un t閞mino municipal o que asent醤dose en uno s髄o trasciendan de dicho 醡bito por su incidencia econ髆ica, su magnitud o sus especiales caracter韘ticas.

En desarrollo del PROT o de las NUR el Gobierno puede aprobar Planes Especiales con la finalidad de concretar: el desarrollo de las infraestructuras b醩icas, la protecci髇 de zonas del litoral y de monta馻, el abastecimiento y saneamiento de aguas, la ordenaci髇 de residuos, el suministro de energ韆 y comunicaciones por cable, la protecci髇 del subsuelo, del paisaje, la riqueza etnogr醘ica, los recursos naturales y el medio rural.

El 鷏timo instrumento de ordenaci髇 territorial es el denominado Plan de Ordenaci髇 del Litoral que tiene por objeto la ordenaci髇 de la zona costera de la Comunidad de Cantabria con la finalidad principal de establecer y fijar los criterios y normas concretas para la protecci髇 de los elementos naturales, de las playas y del paisaje litoral. El citado instrumento no aparece en el T韙ulo I de la Ley sino en la Disposici髇 Adicional Cuarta lo que es plenamente coherente, dado que se pretendi� destacar un r間imen jur韉ico especial en un determinado 醡bito territorial.

La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, equipara el Plan de Ordenaci髇 del Litoral a todos los efectos al Plan de Ordenaci髇 Territorial que puede aprobarse en ausencia de 閟te y que, por tanto, puede ser tambi閚 desarrollado por Planes especiales. Se concreta en la Disposici髇 Adicional Cuarta el 醡bito del citado Plan, que ser� el de los municipios costeros excluyendo del mismo los suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente y aquellos otros que gocen ya de alg鷑 instrumento especial de protecci髇, precis醤dose tambi閚 los fines y contenidos de dicho Plan, que, en general, coinciden con los del Plan Regional de Ordenaci髇 Territorial al que, como se dice, suplen en una zona que por sus especiales caracter韘ticas y problemas comunes debe ser contemplada de inmediato con criterios homog閚eos y singulares.

Por todo lo anterior, el Gobierno de Cantabria en cumplimiento del mandato previsto en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, ha decidido acometer la elaboraci髇 del Plan de Ordenaci髇 del Litoral con la finalidad primordial de garantizar una protecci髇 efectiva e integral de la costa, pero junto a la citada protecci髇 y, dado el car醕ter coordinador de la materia de ordenaci髇 territorial, la presente Ley contempla una serie de disposiciones en 醡bitos sectoriales de marcada incidencia supramunicipal esencialmente en las materias de pol韙ica industrial y de pol韙ica de vivienda sometida a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica.

De este modo, el presente Plan contempla en primer lugar la protecci髇 efectiva e integral de la costa de Cantabria previendo para ello, una denominada 羠ea de Protecci髇 conformada por distintas categor韆s de protecci髇: costera, de riberas, intermareal, ecol骻ica, de inter閟 paisaj韘tico y litoral. En la citada 羠ea, el POL se comporta con todo su rigor normativo como norma imperativa, se馻lando el estricto r間imen jur韉ico de usos en cada categor韆, los cuales se superponen al planeamiento urban韘tico municipal desde el primer momento. Todo ello, sin perjuicio de otras limitaciones impuestas desde la legislaci髇 sectorial o el planeamiento urban韘tico municipal.

Junto a lo anterior, el presente Plan prev� una serie de criterios o directrices en la denominada 羠ea de Ordenaci髇 formada por las categor韆s de periurbana, modelo tradicional, ordenaci髇 ecol骻ico forestal y 醨ea no litoral. Ahora bien, el Plan exige en este 羠ea la intermediaci髇 del correspondiente Plan General de Ordenaci髇 Urbana de cada municipio que ser� el instrumento que fije, de forma espec韋ica, la ordenaci髇 integral del territorio correspondiente a cada t閞mino municipal contribuyendo a resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional e industrial, regulando, delimitando u orientando, seg鷑 los casos, las zonas de crecimiento, la utilizaci髇 del suelo y, clasificando el suelo de todo su 醡bito de aplicaci髇 para, en definitiva, establecer el r間imen jur韉ico correspondiente y definir los elementos fundamentales de la estructura general del territorio municipal.

De esta forma, el presente Plan es plenamente respetuoso con la garant韆 institucional de la autonom韆 local, entendida como el derecho de la comunidad local a participar en el gobierno y administraci髇 de cuantos asuntos le ata馿n, gradu醤dose la intensidad de esta participaci髇 en funci髇 de la relaci髇 existente entre los intereses locales y supralocales.

El POL en el 羠ea de Ordenaci髇, respetando sus criterios gen閞icos, deja plena libertad a los Ayuntamientos para que sean 閟tos, a trav閟 del ejercicio de la potestad de planeamiento urban韘tico, los que establezcan de forma definitiva el concreto r間imen de desarrollo de los asentamientos humanos que en un futuro pretendan contemplar. De esta forma, el presente Plan plasma de forma gen閞ica un modelo de litoral que refleja la visi髇 supramunicipal del territorio costero y que es fiel reflejo del objeto en que consiste el contenido planificador de la ordenaci髇 del territorio, tal y como lo ha consagrado la jurisprudencia constitucional, es decir, la fijaci髇 de los usos del suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio. Bas醤dose para ello en dos aspectos esenciales: uno el de sostenibilidad del territorio y, en segundo lugar, la denominada por esta Ley 玞apacidad de carga� entendida como la aptitud de un territorio para soportar un nivel de intensidad de usos sin que, en ning鷑 caso, se produzca un proceso de deterioro ambiental, social o cultural. Efectivamente, la ordenaci髇 urban韘tica del territorio municipal es tarea que principalmente corresponde a los municipios y, la intervenci髇 de la Administraci髇 Auton髆ica se justifica en el supuesto en que concurran intereses de car醕ter supramunicipal. En el presente Plan concurren intereses de car醕ter supramunicipal sobre los que la Comunidad Aut髇oma de Cantabria ha asumido competencias en materia medioambiental, de protecci髇 de la naturaleza, de car醕ter industrial o productivo, de planificaci髇 de la actividad econ髆ica y fomento del desarrollo y de vivienda, lo que supone la fijaci髇 de un modelo territorial litoral a suministrar a los treinta y siete municipios costeros respetando, en todo caso, su plena autonom韆 local.

Espec韋icamente en el 醡bito de la vivienda se contemplan una serie de reglas con el fin de garantizar el cumplimiento del principio rector de la pol韙ica, social y econ髆ica consistente en el derecho de todos los ciudadanos de acceder a una vivienda digna y adecuada consagrado en el art韈ulo 47 de la Constituci髇 Espa駉la, incumbiendo a los poderes p鷅licos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para su efectividad. El mencionado principio, de conformidad con el art韈ulo 53 de la Constituci髇, debe informar la legislaci髇 positiva. Igualmente pol韙icas activas en el 醡bito productivo y de la econom韆, a trav閟 de la figura de las denominadas Actuaciones Estrat間icas Integrales, delimitando reservas de suelo estrat間ico aptas para un futuro desarrollo industrial dado su emplazamiento y su f醕il adecuaci髇 a la citada finalidad y, con base, en una visi髇 supramunicipal del territorio de la Comunidad Aut髇oma. Actuaciones contempladas a lo largo del territorio de la Comunidad Aut髇oma y que indudablemente mejorar醤 el tejido productivo de la misma.

II

La sistem醫ica general de la Ley es convencional y se articula en torno a la cuesti髇 fundamental como es el establecimiento de un modelo territorial en el que se contemplan normas de protecci髇, criterios de ordenaci髇, actuaciones estrat間icas y propuestas de actuaci髇 concretas.

As�, la Ley se divide en nueve T韙ulos, parte final y tres Anexos. Un T韙ulo Preliminar, dedicado al objeto, 醡bito de aplicaci髇 y funciones, y otros ocho T韙ulos en los que se aborda, respectivamente, el modelo territorial, las normas de protecci髇, los criterios de ordenaci髇, las actuaciones integrales estrat間icas, los sistemas generales territoriales, el patrimonio p鷅lico litoral, el r間imen jur韉ico sancionador y las propuestas de actuaci髇.

En cuanto al T韙ulo Preliminar, adem醩 de precisar el objeto de la Ley, delimita el 醡bito de aplicaci髇 del Plan, en l韓ea con lo que ya establec韆 el apartado 5� de la Disposici髇 Adicional Cuarta de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, si bien, teniendo en cuenta que dicho 醡bito de aplicaci髇 depende de las previsiones de instrumentos ajenos de planificaci髇 medioambiental o urban韘tica, ha sido necesario introducir previsiones referidas a supuestos en los que, como consecuencia de la aprobaci髇 de aquellos instrumentos, el 醡bito de aplicaci髇 del Plan puede variar. Al mismo tiempo se articula un procedimiento para la actualizaci髇 del 醡bito.

Del mismo modo, se especifican las funciones del Plan de Ordenaci髇 del Litoral, de modo tributario a lo ordenado en la mencionada Disposici髇 Adicional Cuarta, si bien que, dada la equiparaci髇 de este instrumento con el Plan Regional de Ordenaci髇 del Territorio, se ha estimado oportuno introducir una serie de previsiones que cumplen funciones propias de este instrumento de ordenaci髇 territorial.

Asimismo, se recuerda que las limitaciones de uso impuestas en el presente Plan se dirigen a la protecci髇 y ordenaci髇 del litoral, dejando a salvo las que pudieran venir impuestas por la legislaci髇 sectorial para la protecci髇 del dominio p鷅lico o el planeamiento municipal.

Por 鷏timo, y teniendo en cuenta que en el territorio costero confluyen distintos t韙ulos competenciales correspondientes a diversas administraciones, y dada la 韓tima relaci髇 entre el urbanismo -competencia sustancialmente municipal- y la ordenaci髇 del territorio -competencia estrictamente auton髆ica- se articulan instrumentos de coordinaci髇 administrativa.

El T韙ulo I recoge el modelo territorial que se promueve desde el presente Plan. Con 閘 se pretende una adecuada ordenaci髇 de los usos sobre el territorio a fin de alcanzar el necesario equilibrio entre la localizaci髇 de las poblaciones y actividades en el territorio y su efectiva protecci髇, con el fin de lograr un desarrollo sostenible. Tres son los pilares sobre los que, de manera primordial, se asienta el modelo territorial propuesto: el primer pilar lo constituye el 羠ea de Protecci髇, que comprende los espacios que, en atenci髇 a sus singularidades o caracter韘ticas f韘icas y ambientales, relacionadas con los procesos y paisajes litorales, se consideran merecedores de una especial protecci髇. En la citada 羠ea se impone una regulaci髇 restrictiva, en la que los usos y actuaciones autorizables tienen car醕ter excepcional y tasado, sin que puedan transformar la naturaleza y vocaci髇 del suelo, ni lesionar de manera importante o sustancial el valor que fundament� su inclusi髇 dentro del 羠ea de Protecci髇. Constituye el n鷆leo duro de la Ley a trav閟 del cual la Comunidad Aut髇oma pretende preservar las bellezas naturales de los espacios de gran valor ambiental.

Dentro del 羠ea de Protecci髇 se distingue a su vez entre la Protecci髇 Ambiental, que recoge aquellos espacios cuyos valores intr韓secos exigen una adecuada protecci髇 y que a su vez comprende las categor韆s de Protecci髇 Costera (PC), Protecci髇 Intermareal (PI), Protecci髇 de Riberas (PR), Protecci髇 Ecol骻ica (PE) y las 羠eas de Inter閟 Paisaj韘tico (AIP). Junto a la Protecci髇 Ambiental, la categor韆 de Protecci髇 Litoral, engloba las rasas marinas y el espacio rural m醩 directamente asociado con la presencia del mar y que tambi閚 exige una limitaci髇 de usos para garantizar la integridad del borde costero.

El segundo pilar lo constituyen las directrices de ordenaci髇, cuyo desenvolvimiento exige la intermediaci髇 municipal a trav閟 del instrumento de ordenaci髇 urban韘tica por excelencia, esto es, el Plan General de Ordenaci髇 Urbana, y cuyo 醡bito espacial est� constituido por el 羠ea de Ordenaci髇. 蓅te comprende 醡bitos de organizaci髇 del modelo territorial en el que se hace compatible la protecci髇 de los valores litorales con el crecimiento mediante la adecuada identificaci髇 de aquellos valores y la gradaci髇 y zonificaci髇 de las figuras de ordenaci髇. Del mismo modo, y en atenci髇 a las afecciones existentes desde el punto de vista de la din醡ica litoral, dentro de este 羠ea se distingue un 羠ea Litoral de un 羠ea No Litoral.

El 羠ea Litoral abarca la franja de terreno existente entre el 羠ea de Protecci髇 y los relieves que delimitan el 醨ea de influencia marina as� como los territorios asociados a la din醡ica litoral y a la presencia del mar y de las r韆s, en la que se propone una ordenaci髇 que trata de compatibilizar el desarrollo social y econ髆ico con la protecci髇 ambiental y la preservaci髇 de las 醨eas que presentan riesgos o que no re鷑en las condiciones necesarias para la ocupaci髇. A tal fin se atiende al concepto de capacidad de carga del territorio, que se define como la aptitud de un 醨ea determinada para soportar un nivel de intensidad de usos sin que se produzca un proceso de deterioro ambiental, social o cultural.

Pues bien, en atenci髇 a la capacidad de carga del territorio, dentro del 羠ea Litoral se distinguen a su vez tres categor韆s: 羠ea Perirubana (AP), 羠ea de Modelo Tradicional (MT), y 羠ea de Ordenaci髇 Ecol骻ico-Forestal (OEF). Los desarrollos finales en las citadas 羠eas apelan al ejercicio de la competencia urban韘tica por los respectivos Ayuntamientos a trav閟 de su potestad de planeamiento urban韘tico municipal. Ser醤 los Ayuntamientos los que planifiquen el d髇de, c髆o y cu醤do de sus futuros desarrollos respetando los criterios y directrices generales que el POL prev� en virtud de la existencia de intereses supramunicipales.

Finalmente, el 羠ea No Litoral comprende el territorio de los municipios costeros no afectado por los fen髆enos f韘icos relacionados con la din醡ica litoral.

Junto al 羠ea de Protecci髇 y al 羠ea de Ordenaci髇, el tercer pilar del modelo territorial que recoge el presente Plan est� constituido por las Actuaciones Integrales Estrat間icas, concebidas estas como 醡bitos adecuados para el desarrollo de pol韙icas sectoriales estrat間icas de car醕ter territorial.

El Cap韙ulo II recoge un concepto fundamental para la planificaci髇 urban韘tica, cual es el de la capacidad de acogida, que es el m醲imo crecimiento urban韘tico que un territorio puede soportar atendiendo a las din醡icas de poblaci髇, actividad econ髆ica, disponibilidad de recursos, infraestructuras y equipamientos, todo ello conforme al modelo territorial propuesto, y que determina el umbral de crecimiento urban韘tico para cada n鷆leo de poblaci髇 de acuerdo con los par醡etros que se se馻lan. Por 鷏timo, el cap韙ulo se cierra introduciendo un tr醡ite para comprobar la adecuaci髇 de los instrumentos de planeamiento urban韘tico al modelo territorial que recoge la Ley, que se sit鷄 en momentos iniciales de la elaboraci髇 de aquellos, solap醤dose en el tiempo con otros informes sectoriales de car醕ter preceptivo, a fin de no entorpecer la ya de por s� compleja tramitaci髇 de tales instrumentos de planeamiento, y que permitir� subsanar en los momentos de gestaci髇 del plan, en su caso, aquellas contradicciones existentes con el modelo territorial propuesto. El citado tr醡ite denominado informe de impacto territorial en modo alguno constituye un control de oportunidad.

En el Cap韙ulo III se recogen una serie de criterios generales aplicables a todo el t閞mino municipal, algunos de ellos de gran importancia urban韘tica, como las normas que se dictan en relaci髇 con los espacios libres y dotaciones, y otros que son consecuencia de la equiparaci髇 del presente instrumento al Plan Regional de Ordenaci髇 del Territorio.

Bajo la r鷅rica Normas de Protecci髇, el T韙ulo II contiene las prescripciones de directa aplicaci髇 que se dictan para la preservaci髇 de los suelos m醩 sensibles desde un punto de vista medioambiental. Tales normas se dictan dejando a salvo, como no puede ser menos, las normas dictadas por el Estado para la protecci髇 del demanio mar韙imo-terrestre, y sin perjuicio de las mayores restricciones que el planeamiento municipal pudiera establecer.

No obstante, resulta primordial destacar la posibilidad que la Ley ofrece de incluir esos suelos en los procesos urban韘ticos mediante la ubicaci髇 de los espacios libres, tanto generales como locales, que por su naturaleza sean compatibles con los valores de la categor韆 de protecci髇 donde se pretendan implantar, o equipamientos deportivos descubiertos, si bien que 閟tos 鷏timos s髄o para las categor韆s de protecci髇 de Riberas y Litoral, en las que tales instalaciones se consideran compatibles con los valores a preservar. De esta manera, la Ley opta por un sistema de protecci髇 que no se limita a una mera clasificaci髇 de suelo, sino que, restringiendo los usos que pueden admitirse en esos espacios, permite que sus propietarios puedan incorporarse a los procesos de equidistribuci髇, de modo que no tenga por qu� ser una carga que ellos solos deban soportar la protecci髇 que pesa sobre sus terrenos.

Asimismo, ha de recalcarse como manifestaci髇 de la coordinaci髇 administrativa la unificaci髇 de autorizaciones que se refieran a usos, instalaciones y actividades que pretenden llevarse a cabo en la zona de servidumbre de protecci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, unific醤dose la autorizaci髇 que, con car醕ter previo a la licencia municipal, ven韆 exigida en los art韈ulos 112 y 113 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, con la que era preciso obtener para comprobar el respeto a los usos y limitaciones establecidas para la protecci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre. En estos casos, la competencia corresponde siempre al 髍gano auton髆ico, pues es la Comunidad Aut髇oma la que tiene estatutariamente atribuida la competencia, tal y como ha recordado el Tribunal Constitucional al enjuiciar la adecuaci髇 constitucional de la Ley de Costas.

La t閏nica legislativa utilizada ha permitido distinguir unos usos que para el Plan son permitidos, sin perjuicio, claro es, de las autorizaciones que otras leyes pudieran exigir para aquellos; los usos autorizables con car醕ter general en el 羠ea de Protecci髇; y, finalmente, los usos que pueden autorizarse en cada categor韆 de protecci髇.

El T韙ulo II se completa con una serie de disposiciones espec韋icas para las playas, que parten de la clasificaci髇 de las mismas en playas urbanas, periurbanas, semirrurales y rurales, atendiendo al entorno en el que se ubican, su accesibilidad y la intensidad de uso, y que pretende una mejor ordenaci髇 del entorno, de los accesos y de las instalaciones y servicios con que cada una de ellas debe contar.

El T韙ulo III ofrece los criterios de ordenaci髇 para el 羠ea de Ordenaci髇, cuya aplicabilidad requiere, en principio y con ciertas matizaciones, la adaptaci髇 del planeamiento urban韘tico al Plan de Ordenaci髇 del Litoral.

Al mismo tiempo se introducen criterios para la mejor articulaci髇 de pol韙icas sectoriales, como sustancialmente es la vivienda, con el prop髎ito de dar contenido concreto a uno de los principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica que consagra nuestra Constituci髇, y que, tal y como la Ley de Leyes ordena, debe inspirar la legislaci髇 positiva y la actuaci髇 de los poderes p鷅licos, cual es la de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, mediante la imposici髇 de un porcentaje m韓imo del total de viviendas previstas en el planeamiento urban韘tico, que habr� de destinarse a vivienda sujeta a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, y con el que se considera que es posible dar satisfacci髇 a tan perentoria necesidad, si bien que abriendo la posibilidad de que en atenci髇 a las peculiaridades del municipio, se reduzca ese porcentaje total por bastar un porcentaje inferior. No obstante, este porcentaje se eleva al 35 por ciento con car醕ter obligatorio para los sectores de suelo urbanizable que se delimiten en las 羠eas Periurbanas.

En cuanto a la ordenaci髇 prevista para el 羠ea de Modelo Tradicional, se establecen unas directrices de crecimiento urban韘tico que permiten un m醩 eficiente y racional uso del suelo, debiendo resaltarse la posibilidad, suprimida cautelarmente hasta ahora por la Disposici髇 Transitoria Novena de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de autorizar la vivienda unifamiliar aislada, con el fin de canalizar las necesidades de crecimiento de los peque駉s n鷆leos de poblaci髇 tradicionales preservando la ordenaci髇 tradicional, si bien que con una serie de requisitos de obligada observancia.

El T韙ulo concluye con normas para el 羠ea de Ordenaci髇 Ecol骻ico-Forestal y para el 羠ea No Litoral. En este 鷏timo, ser� el Plan General de Ordenaci髇 Urbana el que, de acuerdo con los criterios y metodolog韆 expuestos en esta Ley, y en atenci髇 a la capacidad de carga del territorio, establezca una zonificaci髇 y adecuada ordenaci髇 de los usos del suelo.

El T韙ulo IV est� dedicado al tercer pilar del modelo territorial que recoge el presente Plan de Ordenaci髇, y que se concreta en las Actuaciones Integrales Estrat間icas, concebidas como actuaciones a desarrollar en los 醡bitos delimitados en los anexos que, por el inter閟 de su desarrollo en el marco de pol韙icas sectoriales de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, vinculan al planeamiento municipal desde la entrada en vigor de la Ley. El car醕ter predominante de las actuaciones puede ser productivo, de reordenaci髇 o ambiental, si bien se contempla la posibilidad de llevar a cabo otras actuaciones integrales estrat間icas de car醕ter tur韘tico, deportivo o cultural.

Los Proyectos Singulares de Inter閟 Regional y los Planes Especiales se configuran como los instrumentos m醩 adecuados para el desarrollo de las Actuaciones Integrales Estrat間icas, si bien con una serie de particularidades respecto del r間imen general establecido en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, para estos instrumentos de ordenaci髇 territorial, que los hacen m醩 醙iles en su tramitaci髇 y pueden servir de manera m醩 eficaz a la pol韙ica sectorial en la que se incardinan.

No puede faltar en este instrumento de ordenaci髇 territorial una referencia, aunque sea de remisi髇, a las grandes infraestructuras que articulan el territorio litoral, cuales son los sistemas generales territoriales, a los que se alude en el T韙ulo V.

El T韙ulo VI contiene las previsiones necesarias para constituci髇 de un patrimonio p鷅lico litoral al servicio de todos los ciudadanos, que permite cumplir una doble funci髇: por un lado, incorporar al patrimonio colectivo los terrenos litorales m醩 fr醙iles, lo que garantiza una m醩 adecuada conservaci髇; por otro, compensar a los propietarios de esos suelos sujetos a un r間imen de limitaciones de uso tales que les puede impedir su incorporaci髇 a los procesos de crecimiento urban韘tico.

A tal fin se articulan varias posibilidades para incorporar los suelos litorales al patrimonio p鷅lico: en primer lugar, a trav閟 de la normal adquisici髇 de esos suelos por el procedimiento expropiatorio o a trav閟 del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. En segundo lugar, a trav閟 de las distintas t閏nicas de gesti髇 urban韘tica, que permiten la obtenci髇 de esos suelos a trav閟 de la cesi髇 obligatoria y gratuita de los mismos, en cumplimiento de los normales deberes urban韘ticos que conforman el r間imen de la propiedad.

El T韙ulo VII recoge el r間imen jur韉ico sancionador, tipificando como infracciones muy graves los actos de uso del suelo y la edificaci髇 en el 羠ea de Protecci髇 Ambiental sin los requisitos y autorizaciones exigidos legalmente, siendo graves tales infracciones si se cometen en los suelos de Protecci髇 Litoral salvo que, por la clasificaci髇 de suelo, merezcan calificarse como muy graves. Al mismo tiempo se precisa la Administraci髇 competente para la persecuci髇 de esas infracciones, recogiendo la particularidad de que se trate de infracciones en la zona de servidumbre de protecci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre.

El T韙ulo VIII agrupa las distintas propuestas de actuaci髇 que se articulan en el Plan, con el fin de conseguir un mejor conocimiento y disfrute del litoral, y que se concretan en una red de sendas y caminos, en la elaboraci髇 de estudios complementarios sobre el medio que permitan una mejor planificaci髇, en la puesta en pr醕tica de una estrategia de educaci髇 ambiental para la divulgaci髇 de la informaci髇 sobre el litoral y, finalmente, se prev� la creaci髇 de una red de custodia del territorio para una mejor conservaci髇 del mismo sobre la base de convenios con la propiedad.

La Ley se completa con tres disposiciones adicionales, en las que se contempla la situaci髇 de los propietarios de suelo que como consecuencia de la aprobaci髇 del Plan no puedan materializar los aprovechamientos que se les reconoc韆 en el planeamiento urban韘tico, permitiendo que los ayuntamientos puedan reconocerlos en otros 醡bitos; tambi閚 se prev� un Plan Especial de Infraestructuras del corredor Santander-Torrelavega, en atenci髇 a las peculiaridades de este espacio; y por 鷏timo se habilita a la Comisi髇 Regional de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo para aprobar criterios interpretativos para el c醠culo de la capacidad de acogida.

Las disposiciones transitorias tratan de compatibilizar la necesaria e inmediata protecci髇 de los espacios m醩 sensibles de la costa con la intervenci髇 municipal en la decisi髇 de su desarrollo urban韘tico de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley.

Tambi閚 se prev� un r間imen transitorio en la adaptaci髇 del planeamiento urban韘tico que busca compatibilizar las exigencias que, para la adaptaci髇 del planeamiento urban韘tico al Plan Regional de Ordenaci髇 del Territorio ya recoge la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, con los plazos que se establecen para adaptaci髇 a la citada Ley de la que trae causa.

Pero no est� entre los objetivos de la presente Ley la paralizaci髇 de la ejecuci髇 de los instrumentos de planeamiento urban韘tico, m醲ime cuando existe un grav韘imo problema de carest韆 de vivienda que es preciso atender de manera perentoria. Es por eso que se prev閚 posibilidades de desarrollo urban韘tico en municipios con planeamiento no adaptado al Plan de Ordenaci髇 del Litoral, siempre que no se distorsionen los criterios que en 閘 se recogen, y al mismo tiempo se admite la modificaci髇 puntual de los planeamientos urban韘ticos siempre con el condicionante de contemplar la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica.

Del mismo modo, se desplaza la competencia para la concesi髇 de autorizaciones en el 羠ea de Protecci髇 y para la persecuci髇 y sanci髇 de las infracciones en esos suelos a la Administraci髇 auton髆ica hasta que los ayuntamientos procedan a adaptar el planeamiento urban韘tico a la presente Ley. A ese momento tambi閚 se posterga el levantamiento de las medidas cautelares establecidas en la Disposici髇 Transitoria Novena de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio.

La Ley finaliza con las necesarias disposiciones derogatorias y finales. 蓅tas 鷏timas no s髄o precisan el momento de la entrada en vigor de esta norma, sino que imponen el plazo de un a駉 para iniciar la planificaci髇 de la reordenaci髇 del entorno de la Bah韆 de Santander, como medida para evitar la congelaci髇 del destino urban韘tico de los suelos afectados por la Actuaci髇 Integral Estrat間ica propuesta.

III

La Comunidad Aut髇oma basa sus t韙ulos competenciales de esta Ley en los art韈ulos 24.3, 24.14 y 25.7 del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, aprobado por Ley Org醤ica 8/1981, de 30 de diciembre (modificada por Leyes Org醤icas 7/1991, de 13 de marzo, 2/1994, de 24 de marzo y 11/1998, de 30 de diciembre), seg鷑 los cuales la Comunidad Aut髇oma tiene competencia exclusiva en la ordenaci髇 del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, en la planificaci髇 de la actividad econ髆ica y fomento del desarrollo de Cantabria; y de desarrollo legislativo y ejecuci髇 en materia de protecci髇 del medio ambiente y de los ecosistemas, competencias que ser醤 ejercidas en los t閞minos dispuestos en la Constituci髇 Espa駉la.