Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento administrativo sancionador con sujeción al ámbito de aplicación que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como cauce formal de actos en que se concreta el ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que la tengan expresamente atribuida por disposición legal o reglamentaria.

2. Este procedimiento será de aplicación con carácter general para la determinación de responsabilidades derivadas de las distintas materias con contenido sancionador sujetas a la competencia de los órganos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en tanto en cuanto por normas específicas no se regule un procedimiento sancionador especial.

3. Lo dispuesto en este Decreto no será de aplicación al ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de quienes estén vinculadas a ella por una relación contractual.

Artículo 2 Infracciones y sanciones

La tipificación de las infracciones y la especificación y graduación de las sanciones que les sean de aplicación serán las que vengan establecidas en las diferentes leyes y demás disposiciones de carácter general de ámbito autonómico o estatal que las contengan; respetando siempre los diferentes títulos competenciales y la distribución constitucional y estatutaria de éstos.

Artículo 3 Principios generales

1. Será de aplicación a los procedimientos sancionadores tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura lo dispuesto en el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento y siempre con la debida separación entre la fase instructora y la resolutoria o sancionadora, que estarán encomendadas a órganos distintos.

Artículo 4 Tramitación de los expedientes sancionadores

Para la determinación de las infracciones cometidas y para la imposición de las correspondientes sanciones se actuará conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las singularidades que se establecen en este Reglamento General, siempre que otras normas no contengan un procedimiento sancionador propio, sometido a criterios de especialidad por la materia.

Artículo 5 Información reservada

1. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador, podrá acordar la apertura de una información reservada con anterioridad a la iniciación del expediente, a fin de conocer las circunstancias concretas del caso y resolver sobre la procedencia de su incoación.

2. La información reservada tendrá carácter confidencial y su duración no superará los quince días, salvo que se acuerde expresamente su prórroga por otros quince.

3. La información reservada no implica la iniciación del procedimiento sancionador, que tampoco será iniciado por las actuaciones de inspección o control, levantamiento de actas y otros documentos que se extiendan relativos a los hechos en cuestión.

Artículo 6 Responsabilidades penales

1. En cualquier momento del procedimiento en que el instructor aprecie que la falta presuntamente cometida pudiera ser constitutiva de delito o de falta penal, lo pondrá en conocimiento del órgano que acordó la incoación del expediente sancionador quien dará traslado de estos hechos al Ministerio Fiscal y acordará la suspensión de la tramitación del expediente hasta conocer la decisión judicial definitiva adoptada.

2. La sanción penal excluirá a la administrativa cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. A tal efecto, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador solicitará confirmación al Juez o Tribunal correspondiente acerca de su pronunciamiento.

3. Los hechos probados jurisdiccionalmente vinculan a la Administración, por eso, una vez recaída la decisión judicial penal, el órgano competente para incoar acordará bien la suspensión o bien la continuación del procedimiento sancionador, según proceda.

4. Las medidas provisionales adoptadas por los órganos administrativos deben ser compatibles con las que, en su caso, adopten los órganos jurisdiccionales penales.

Artículo 7 Iniciación del procedimiento sancionador

1. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La iniciación requerirá acuerdo motivado y expreso en el que se harán constar las siguientes circunstancias:

• a) Persona o personas presuntamente responsables.
• b) Concreción de los hechos y circunstancias de la infracción.
• c) Tipificación de la infracción.
• d) Sanción o sanciones que pudieran imponerse.
• e) Organo encargado de instruir el procedimiento y cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, se nombrará también un Secretario.
• f) Organo competente para la resolución del procedimiento.
• g) Medidas provisionales que, en su caso, se adopten.

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se notificará al presunto responsable de la infracción y a los demás interesados si los hubiere conforme a los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, dicho acuerdo podrá hacerse público cuando razones de interés público apreciadas por el órgano competente para incoar así lo aconsejen, ajustándose a lo previsto en el artículo 60 de la citada Ley.

Artículo 8 Medidas provisionales

1. Se podrá proceder, mediante acuerdo motivado del órgano competente para incoar el procedimiento sancionador, a la adopción de las medidas de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

2. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Artículo 9 Organo Instructor y sus actuaciones

1. El Instructor del procedimiento sancionador deberá tener la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y estará sujeto a los motivos de abstención y recusación a que se refieren los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si se hubiera nombrado Secretario éste también deberá tener la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y observará los mismos motivos de abstención y recusación.

2. El Instructor podrá solicitar los antecedentes, informes y medios materiales y personales necesarios y será responsable directo de la tramitación del procedimiento.

3. Si encontrase obstáculos que impidan, dificulten, retrasen o produzcan anomalías en la tramitación del expediente, lo pondrá en conocimiento del órgano que lo nombró para que sean removidos.

4. En un plazo no superior a un mes, contado a partir de la iniciación del procedimiento sancionador, el Instructor formulará un pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, la falta presuntamente cometida y las sanciones que pudieran ser de aplicación conforme a la normativa que las tipifique y las delimite. El Instructor, por causas justificadas, podrá solicitar la ampliación del plazo previsto para formular el pliego de cargos.

Artículo 10 Alegaciones

El pliego de cargos se notificará al presunto responsable de la infracción y a los demás interesados, concediéndoles un plazo de diez días para contestarlo y para que aduzcan las alegaciones y aporten los datos, documentos u otros elementos de juicio que consideren pertinentes así como para que propongan las pruebas que estimen convenientes, con indicación de los medios de que pretendan valerse.

Artículo 11 Pruebas

1. El Instructor ordenará la práctica de cuantas actuaciones sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos, y en particular de cuantas pruebas puedan conducir al esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.

2. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin hacerlo, el Instructor, si fuera necesario, acordará la apertura de un período de pruebas por un plazo no superior a treinta disconforme a lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y se practicarán según lo previsto en el artículo 81 del mismo texto.

3. El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que fueran improcedentes, debiendo motivar tal denegación.

4. En todos los procedimientos sancionadores se respetará la presunción de inocencia en los términos del artículo 137 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Las pruebas que deban practicarse con intervención de los órganos encargados de la instrucción requerirán la intervención del Instructor, sin que pueda ser suplido por el Secretario.

Artículo 12 Informes

1. El Instructor solicitará los dictámenes o informes previos que sean precisos para la resolución del expediente, citando el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos, debiendo concretar los extremos acerca de los que se solicitan.

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o la ampliación del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo distinto.

Artículo 13 Audiencia de los interesados

Instruido el procedimiento sancionador e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso, a sus representantes, en la forma y plazos previstos en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14 Propuesta de resolución

1. Concluido el trámite de audiencia el Instructor formulará propuesta de resolución en la que se describirán los hechos, la infracción o infracciones que constituyen con arreglo a las leyes y reglamentos, la persona o personas responsables, las circunstancias que determinan o modifican dicha responsabilidad, la sanción que corresponde y las demás medidas que resulten de aplicación; o bien se propondrá la declaración de inexistencia de infracción o de responsabilidad.

2. La propuesta de resolución se notificará a los interesados que podrán formular alegaciones en el plazo de diez días.

3. Transcurrido dicho plazo, el Instructor remitirá el expediente, incluida la propuesta de resolución y las alegaciones que se hubieren presentado, al órgano competente para resolver.

4. Si como consecuencia de la instrucción se modificase la determinación inicial de los hechos, la calificación de la falta o las sanciones que pudieran corresponder, se notificará tal circunstancia al inculpado en la propuesta de resolución.

Artículo 15 Resolución

1. El plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores será de seis meses contados a partir del día en que se inicia el expediente sancionador, ampliable, como máximo, por otros seis mediante acuerdo motivado contra el que no cabrá recurso alguno.

2. Se entenderán caducados los procedimientos sancionadores y se procederá al archivo de las actuaciones a los treinta días desde el vencimiento del plazo en que debieron quedar resueltos de forma expresa, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento.

3. En la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, deberá determinarse con precisión la falta que se estime cometida, señalando los preceptos donde aparezca recogida, la persona responsable y la sanción que se impone; o bien la declaración de inexistencia de infracción o de responsabilidad. La resolución habrá de ser adoptada y firmada por el órgano administrativo que tenga expresamente atribuida la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin que pueda delegarse en órgano distinto.

La resolución deberá ser notificada al inculpado, con mención de los recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos.

También se notificará la resolución de los expedientes sancionadores a los órganos que ordenaron su incoación y a los que cursaron la petición razonada de que se iniciasen.

Si el procedimiento se inició como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la misma.

Artículo 16 Daños y perjuicios

1. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador podrá además declarar:

• * La exigencia de que el infractor reponga a su estado original la situación alterada por la infracción.
• * La cuantía de los daños y perjuicios causados a la Administración.

2. El importe de los daños y perjuicios causados a terceros será determinado en la misma resolución conforme a lo establecido en las normas y disposiciones que resulten de aplicación.

3. La ejecución y recaudación de la indemnización ocasionada por los daños y perjuicios causados a la Administración se realizará por los cauces previstos para las multas o sanciones pecuniarias. De igual forma se procederá cuando la Administración realice, por cuenta de los interesados, la reposición de la situación alterada.

Artículo 17 Publicación de las resoluciones

La autoridad que resuelva el expediente sancionador podrá acordar la publicación de las sanciones impuestas de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con indicación de los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas sancionadas, así como de la índole o naturaleza de la infracción.

Artículo 18 Ejecutividad y eficacia de las sanciones

La ejecutividad y eficacia de las resoluciones sancionadoras se ajustará a lo establecido en los artículos 56, 57 y 138.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.