Art韈ulo 139 Principios de la responsabilidad

1. Los particulares tendr醤 derecho a ser indemnizados por las Administraciones P鷅licas correspondientes, de toda lesi髇 que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi髇 sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p鷅licos.

2. En todo caso, el da駉 alegado habr� de ser efectivo, evaluable econ髆icamente e individualizado con relaci髇 a una persona o grupo de personas

3. Las Administraciones P鷅licas indemnizar醤 a los particulares por la aplicaci髇 de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que 閟tos no tengan el deber jur韉ico de soportar, cuando as� se establezcan en los propios actos legislativos y en los t閞minos que especifiquen dichos actos.

4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administraci髇 de Justicia se regir� por la Ley Org醤ica del Poder Judicial.

5. El Consejo de Ministros fijar� el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitaci髇 de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitar� por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

N鷐ero 5 del art韈ulo 139 introducido por el art韈ulo noveno de Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaci髇 procesal para la implantaci髇 de la nueva Oficina judicial (獴.O.E.� 4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010

Art韈ulo 140 Responsabilidad concurrente de las Administraciones p鷅licas

1. Cuando de la gesti髇 dimanante de f髍mulas conjuntas de actuaci髇 entre varias Administraciones p鷅licas se derive responsabilidad en los t閞minos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responder醤 de forma solidaria. El instrumento jur韉ico regulador de la actuaci髇 conjunta podr� determinar la distribuci髇 de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones p鷅licas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producci髇 del da駉, la responsabilidad se fijar� para cada Administraci髇 atendiendo a los criterios de competencia, inter閟 p鷅lico tutelado e intensidad de la intervenci髇. La responsabilidad ser� solidaria cuando no sea posible dicha determinaci髇.

Art韈ulo 140 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Art韈ulo 141 Indemnizaci髇

1. S髄o ser醤 indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de da駉s que 閟te no tenga el deber jur韉ico de soportar de acuerdo con la Ley. No ser醤 indemnizables los da駉s que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar seg鷑 el estado de los conocimientos de la ciencia o de la t閏nica existentes en el momento de producci髇 de aqu閘los, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econ髆icas que las leyes puedan establecer para estos casos.

2. La indemnizaci髇 se calcular� con arreglo a los criterios de valoraci髇 establecidos en la legislaci髇 de expropiaci髇 forzosa, legislaci髇 fiscal y dem醩 normas aplicables, ponder醤dose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La cuant韆 de la indemnizaci髇 se calcular� con referencia al d韆 en que la lesi髇 efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualizaci髇 a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al 韓dice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estad韘tica, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnizaci髇 fijada, los cuales se exigir醤 con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

4. La indemnizaci髇 procedente podr� sustituirse por una compensaci髇 en especie o ser abonada mediante pagos peri骴icos, cuando resulte m醩 adecuado para lograr la reparaci髇 debida y convenga al inter閟 p鷅lico, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Art韈ulo 141 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Art韈ulo 142 Procedimientos de responsabilidad patrimonial

1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones P鷅licas se iniciar醤 de oficio o por reclamaci髇 de los interesados.

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolver醤, por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley as� lo dispone o por los 髍ganos correspondientes de las Comunidades Aut髇omas o de las Entidades que integran la Administraci髇 Local. Cuando su norma de creaci髇 as� lo determine, la reclamaci髇 se resolver� por los 髍ganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho P鷅lico a que se refiere el art韈ulo 2.2 de esta Ley.

3. Para la determinaci髇 de la responsabilidad patrimonial se establecer� reglamentariamente un procedimiento general con inclusi髇 de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el art韈ulo 143 de esta Ley. En el procedimiento general ser� preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del 髍gano consultivo de la Comunidad Aut髇oma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuant韆 igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislaci髇 auton髆ica.

Inciso final del n鷐ero 3 del art韈ulo 142 introducido conforme establece la disposici髇 final cuadrag閟ima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom韆 Sostenible (獴.O.E.� 5 marzo).Vigencia: 6 marzo 2011

4. La anulaci髇 en v韆 administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnizaci髇, pero si la resoluci髇 o disposici髇 impugnada lo fuese por raz髇 de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribir� al a駉 de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicaci髇 lo dispuesto en el punto 5.

5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al a駉 de producido el hecho o el acto que motive la indemnizaci髇 o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de da駉s, de car醕ter f韘ico o ps韖uico, a las personas el plazo empezar� a computarse desde la curaci髇 o la determinaci髇 del alcance de las secuelas.

6. La resoluci髇 administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relaci髇, p鷅lica o privada, de que derive, pone fin a la v韆 administrativa.

7. Si no recae resoluci髇 expresa se podr� entender desestimada la solicitud de indemnizaci髇.

Art韈ulo 143 Procedimiento abreviado

1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequ韛ocos la relaci髇 de causalidad entre el funcionamiento del servicio p鷅lico y la lesi髇, as� como la valoraci髇 del da駉 y el c醠culo de la cuant韆 de la indemnizaci髇, el 髍gano competente podr� acordar la sustanciaci髇 de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnizaci髇 en el plazo de treinta d韆s.

2. En todo caso, los 髍ganos competentes podr醤 acordar o proponer que se siga el procedimiento general.

3. Si no recae resoluci髇 expresa se podr� entender desestimada la solicitud de indemnizaci髇.

Art韈ulo 144 Responsabilidad de derecho privado

Cuando las Administraciones p鷅licas act鷈n en relaciones de derecho privado, responder醤 directamente de los da駉s y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, consider醤dose la actuaci髇 del mismo actos propios de la Administraci髇 bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigir� de conformidad con lo previsto en los art韈ulos 139 y siguientes de esta Ley.

Art韈ulo 144 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Art韈ulo 145 Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones P鷅licas

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Cap韙ulo I de este T韙ulo, los particulares exigir醤 directamente a la Administraci髇 P鷅lica correspondiente las indemnizaciones por los da駉s y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administraci髇 correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigir� de oficio de sus autoridades y dem醩 personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucci髇 del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderar醤, entre otros, los siguientes criterios: el resultado da駉so producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas y su relaci髇 con la producci髇 del resultado da駉so.

3. Asimismo, la Administraci髇 instruir� igual procedimiento a las autoridades y dem醩 personal a su servicio por los da駉s y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. La resoluci髇 declaratoria de responsabilidad pondr� fin a la v韆 administrativa.

5. Lo dispuesto en los p醨rafos anteriores, se entender� sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Art韈ulo 145 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Art韈ulo 146 Responsabilidad penal

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas, as� como la responsabilidad civil derivada del delito se exigir� de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas no suspender� los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinaci髇 de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijaci髇 de la responsabilidad patrimonial.

Art韈ulo 146 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Primera Organos Colegiados de Gobierno

Las disposiciones del Cap韙ulo II del T韙ulo II de la presente Ley no ser醤 de aplicaci髇 al Pleno y, en su caso, Comisi髇 de Gobierno de las Entidades Locales, a los Organos Colegiados del Gobierno de la Naci髇 y a los Organos de Gobierno de las Comunidades Aut髇omas.

Segunda Informatizaci髇 de registros

La incorporaci髇 a soporte inform醫ico de los registros a que se refiere el art韈ulo 38.3 de esta Ley, ser� efectiva atendiendo al grado de desarrollo de los medios t閏nicos de que dispongan.

Disposici髇 adicional segunda redactada por el n鷐ero dos del art韈ulo 27 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p鷅lico y cancelaci髇 de deudas con empresas y aut髇omos contra韉as por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci髇 y de simplificaci髇 administrativa (獴.O.E.� 7 julio).Vigencia: 7 julio 2011

Tercera Adecuaci髇 de procedimientos

Reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevar� a efecto la adecuaci髇 a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con espec韋ica menci髇 de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resoluci髇 expresa produzca.

Cuarta Tasas del procedimiento

Las tasas que generen las actuaciones del procedimiento administrativo se exigir醤 de acuerdo con lo que disponga la norma que las regule.

Quinta Procedimientos administrativos en materia tributaria

1. Los procedimientos tributarios y la aplicaci髇 de los tributos se regir醤 por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garant韆s de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las dem醩 normas dictadas en su desarrollo y aplicaci髇. En defecto de norma tributaria aplicable, regir醤 supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.

En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos m醲imos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, as� como, en su caso, los efectos de la falta de resoluci髇 ser醤 los previstos en la normativa tributaria.

2. La revisi髇 de actos en v韆 administrativa en materia tributaria se ajustar� a lo dispuesto en los art韈ulos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicaci髇 de la misma.

Disposici髇 adicional quinta redactada por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Sexta Actos de Seguridad Social y Desempleo

1. La impugnaci髇 de los actos de la Seguridad Social y Desempleo, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 2.� del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril , as� como su revisi髇 de oficio, se regir醤 por lo dispuesto en dicha Ley.

2. Los actos de gesti髇 recaudatoria de la Seguridad Social se regir醤 por lo dispuesto en su normativa espec韋ica.

S閜tima Procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para la extensi髇 de actas de liquidaci髇 de cuotas de la Seguridad Social

Los procedimientos administrativos para la imposici髇 de sanciones por infracciones en el orden social y para la extensi髇 de actas de liquidaci髇 de cuotas de la Seguridad Social se regir醤 por su normativa espec韋ica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley.

Octava Procedimientos disciplinarios

Los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones P鷅licas respecto del personal a su servicio y de quienes est閚 vinculados a ellas por una relaci髇 contractual se regir醤 por su normativa espec韋ica, no si閚doles de aplicaci髇 la presente Ley.

Disposici髇 adicional octava bis Procedimiento sancionador en materia de tr醘ico y seguridad vial

Los procedimientos administrativos para la imposici髇 de sanciones por infracciones en materia de tr醘ico, circulaci髇 de veh韈ulos a motor y seguridad vial, se regir醤 por lo dispuesto en su legislaci髇 espec韋ica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.

Disposici髇 adicional octava bis introducida por la disposici髇 final primera de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tr醘ico, Circulaci髇 de Veh韈ulos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora (獴.O.E.� 24 noviembre).Vigencia: 24 mayo 2010

Novena

...

Disposici髇 adicional novena derogada por Ley 6/1997, 14 abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 15 abril).

D閏ima

El art韈ulo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, queda redactado de la siguiente forma:

T閚gase en cuenta que la Ley Reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha sido derogada por la letra a) de la disposici髇 derogatoria segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa (獴.O.E.� 14 julio).

Und閏ima Procedimientos administrativos instados ante misiones diplom醫icas y oficinas consulares

Los procedimientos instados ante las Misiones Diplom醫icas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regir醤 por su normativa espec韋ica, que se adecuar� a los compromisos internacionales asumidos por Espa馻 y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplic醤dose supletoriamente la presente Ley.

Disposici髇 adicional und閏ima redactada por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Duod閏ima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o auton髆icos, as� como de las dem醩 entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los da駉s y perjuicios causados por o con ocasi髇 de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguir醤 la tramitaci髇 administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisi髇 jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso.

Disposici髇 adicional duod閏ima introducida por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Decimotercera R間imen de suscripci髇 de convenios de colaboraci髇

En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos p鷅licos vinculados o dependientes, podr醤 celebrar los convenios previstos en el art韈ulo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los tr醡ites establecidos, entre los que se incluir� necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. El r間imen de suscripci髇 de los mismos y, en su caso, de su autorizaci髇, as� como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustar� al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Disposici髇 adicional decimotercera introducida por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Decimocuarta Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla

Lo dispuesto en el T韙ulo I de esta Ley sobre las relaciones entre la Administraci髇 General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas ser� de aplicaci髇 a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.

Disposici髇 adicional decimocuarta introducida por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Decimoquinta

En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, y a los efectos del art韈ulo 42.3.b) de esta Ley, se entiende por registro del 髍gano competente para la tramitaci髇 de una solicitud, cualquiera de los registros del Ministerio competente para iniciar la tramitaci髇 de la misma.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuya tramitaci髇 y resoluci髇 corresponda a 髍ganos integrados en el Organo Central del Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa y Cuarteles Generales de los Ej閞citos, el plazo para resolver y notificar se contar� desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los registros de los citados 髍ganos.

Disposici髇 adicional decimoquinta introducida por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Decimosexta Administraci髇 de los Territorios Hist髍icos del Pa韘 Vasco

En la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, a efectos de lo dispuesto en el art韈ulo segundo, se entender� por Administraciones p鷅licas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes, as� como las Juntas Generales de los Territorios Hist髍icos en cuanto dicten actos y disposiciones en materia de personal y gesti髇 patrimonial sujetos al derecho p鷅lico.

Disposici髇 adicional decimosexta introducida por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Decimos閜tima

1. Para el ejercicio de la funci髇 consultiva en cuanto garant韆 del inter閟 general y de la legalidad objetiva las Comunidades Aut髇omas, los Entes Forales se organizar醤 conforme a lo establecido en esta disposici髇.

2. La Administraci髇 consultiva podr� articularse mediante 髍ganos espec韋icos dotados de autonom韆 org醤ica y funcional con respecto a la Administraci髇 activa, o a trav閟 de los servicios jur韉icos de esta 鷏tima.

En tal caso, dichos servicios no podr醤 estar sujetos a dependencia jer醨quica ya sea org醤ica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicaci髇 de los 髍ganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garant韆s de forma colegiada.

3. La presente disposici髇 tiene car醕ter b醩ico de acuerdo con el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇.

Disposici髇 adicional decimos閜tima introducida por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).

Decimoctava Presentaci髇 telem醫ica de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administraci髇 General del Estado y sus Organismos P鷅licos

...

Decimonovena Procedimientos administrativos regulados en la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, modificada por la Ley Org醤ica 8/2000, de 22 de diciembre

Los procedimientos regulados en la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, modificada por la Ley Org醤ica 8/2000, de 22 de diciembre, se regir醤 por su normativa espec韋ica, aplic醤dose supletoriamente la presente ley.

Disposici髇 adicional decimonovena introducida por el art韈ulo cuarto de la L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (獴.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 diciembre 2003

Vig閟ima R間imen jur韉ico de los consorcios

1. Los estatutos de cada consorcio determinar醤 la Administraci髇 p鷅lica a la que estar� adscrito, as� como su r間imen org醤ico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.

2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situaci髇 en el primer d韆 del ejercicio presupuestario, el consorcio quedar� adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administraci髇 p鷅lica que:

• a) Disponga de la mayor韆 de votos en los 髍ganos de gobierno.
• b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayor韆 de los miembros de los 髍ganos ejecutivos.
• c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayor韆 de los miembros del personal directivo.
• d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.
• e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayor韆 de los miembros del 髍gano de gobierno.
• f) Financie en m醩 de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportaci髇 del fondo patrimonial como la financiaci髇 concedida cada a駉.
• g) Ostente el mayor porcentaje de participaci髇 en el fondo patrimonial.
• h) Tenga mayor n鷐ero de habitantes o extensi髇 territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto est醤 orientados a la prestaci髇 de servicios, a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin 醤imo de lucro, en todo caso el consorcio estar� adscrito a la Administraci髇 p鷅lica que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. Los consorcios estar醤 sujetos al r間imen de presupuestaci髇, contabilidad y control de la Administraci髇 p鷅lica a la que est閚 adscritos, sin perjuicio de su sujeci髇 a lo previsto en la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevar� a cabo una auditor韆 de las cuentas anuales que ser� responsabilidad del 髍gano de control de la Administraci髇 a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deber醤 formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administraci髇 p鷅lica de adscripci髇.

5. EI personal al servicio de los consorcios podr� ser funcionario o laboral y habr� de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su r間imen jur韉ico ser� el de la Administraci髇 P鷅lica de adscripci髇 y sus retribuciones en ning鷑 caso podr醤 superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aqu閘la.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atenci髇 a la singularidad de las funciones a desempe馻r, el Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas u 髍gano competente de la Administraci髇 a la que se adscriba el consorcio, podr� autorizar la contrataci髇 directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

N鷐ero 5 de la disposici髇 adicional vig閟ima redactado por la disposici髇 final segunda de la L.O. 6/2015, de 12 de junio, de modificaci髇 de la L.O. 8/1980, de 22 de septiembre, de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas y de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (獴.O.E.� 13 junio).Vigencia: 14 junio 2015

Disposici髇 adicional vig閟ima introducida por la Disposici髇 final segunda de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local (獴.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2013

T閚gase en cuenta que, conforme establece la Disposici髇 adicional decimocuarta de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local (獴.O.E.� 30 diciembre), lo previsto en esta disposici髇 adicional vig閟ima no resultar� de aplicaci髇 a los consorcios, constituidos antes del 31 de diciembre de 2013 que: - no tengan la consideraci髇 de Administraci髇 P鷅lica a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, - est閚 participados por Entidades Locales y entidades privadas, - no est閚 incursos en p閞didas durante dos ejercicios consecutivos - y no reciban ni hayan recibido subvenciones de las Administraciones P鷅licas en los cinco ejercicios anteriores al de entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, con independencia de las aportaciones a las que est閚 obligados los entes consorciados. Estos consorcios, en tanto se mantengan todas las condiciones mencionadas, se regir醤 por lo previsto en sus respectivos Estatutos.

Vig閟ima primera Notificaci髇 por medio de anuncio publicado en el "Bolet韓 Oficial del Estado"

1. La Agencia Estatal Bolet韓 Oficial del Estado pondr� a disposici髇 de las diversas Administraciones P鷅licas un sistema automatizado de remisi髇 y gesti髇 telem醫ica para la publicaci髇 de los anuncios de notificaci髇 en el "Bolet韓 Oficial del Estado" previstos en el art韈ulo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposici髇 adicional. Dicho sistema, que cumplir� con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizar� la celeridad en la publicaci髇 de los anuncios, su correcta y fiel inserci髇, as� como la identificaci髇 del 髍gano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa espec韋ica, de concurrir los supuestos previstos en el art韈ulo 59.5 de esta Ley, la pr醕tica de la notificaci髇 se har�, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el "Bolet韓 Oficial del Estado", sin perjuicio de que previamente y con car醕ter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa espec韋ica.

3. La publicaci髇 en el "Bolet韓 Oficial del Estado" de los anuncios a que se refieren los dos p醨rafos anteriores se efectuar� sin contraprestaci髇 econ髆ica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.

Disposici髇 adicional vig閟ima primera introducida por el n鷐ero dos del art韈ulo 25 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalizaci髇 del Sector P鷅lico y otras medidas de reforma administrativa (獴.O.E.� 17 septiembre). V閍se la disposici髇 transitoria tercera de la presente Ley.Vigencia: 1 junio 2015 Efectos / Aplicaci髇: 1 junio 2015

Primera Corporaciones de Derecho p鷅lico

Las Corporaciones de Derecho P鷅lico representativas de intereses econ髆icos y profesionales ajustar醤 su actuaci髇 a su legislaci髇 espec韋ica. En tanto no se complete esta legislaci髇 les ser醤 de aplicaci髇 las prescripciones de esta Ley en lo que proceda.

Segunda R間imen Transitorio de los Procedimientos

1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les ser� de aplicaci髇 la misma, rigi閚dose por la normativa anterior.

2. Los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuaci髇 contemplado en la disposici髇 adicional tercera se regir醤 por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicaci髇, salvo que con anterioridad a la expiraci髇 de tal plazo haya entrado en vigor la normativa de adecuaci髇 correspondiente, en cuyo caso, los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regular醤 por la citada normativa.

3. A los procedimientos iniciados con posterioridad al t閞mino del plazo a que se refiere la disposici髇 adicional tercera les ser� de aplicaci髇, en todo caso, lo dispuesto en la presente Ley.

Tercera R間imen transitorio de la notificaci髇 por medio de anuncios

Lo dispuesto en el apartado 5 del art韈ulo 59 y en la Disposici髇 adicional vig閟ima primera resultar� de aplicaci髇 a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.

Disposici髇 transitoria tercera introducida por el n鷐ero tres del art韈ulo 25 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalizaci髇 del Sector P鷅lico y otras medidas de reforma administrativa (獴.O.E.� 17 septiembre).Vigencia: 18 septiembre 2014

Disposici髇 derogatoria

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

• a) De la Ley de R間imen Jur韉ico de la Administraci髇 del Estado, de 26 de julio de 1957: los puntos 3 y 5 del art韈ulo 22, los art韈ulos 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.
• b) De la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958: el T韙ulo Preliminar, los Cap韙ulos primero, segundo y cuarto del T韙ulo Primero, el T韙ulo Segundo, los art韈ulos 29 y 30, el art韈ulo 34, en sus puntos 2 y 3, el art韈ulo 35, los Cap韙ulos segundo, tercero, cuarto y quinto del T韙ulo Tercero, el T韙ulo Cuarto, el T韙ulo Quinto y los Cap韙ulos segundo y tercero del T韙ulo Sexto.
• c) De la Ley Reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956: los art韈ulos 52, 53, 54 y 55.

3. Se declaran expresamente en vigor las normas, cualquiera que sea su rango, que regulen procedimientos de las Administraciones P鷅licas en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

4. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deber醤 entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aqu閘las.

Disposici髇 final Desarrollo y entrada en vigor de la Ley

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicaci髇 y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

La presente Ley entrar� en vigor tres meses despu閟 de su publicaci髇 en el "Bolet韓 Oficial del Estado".

Disposici髇 final redactada por Ley 4/1999, 13 enero, de modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 14 enero).