Artículo 34 Autoridad competente en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

La autoridad competente encargada de desarrollar las funciones previstas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental es:

• 1. En los daños a especies silvestres y sus hábitats, la dirección general competente en materia de protección de especies.
• 2. En los daños a las aguas, la dirección general competente en materia de recursos hídricos.
• 3. En los daños a la ribera de mar, la dirección general competente en materia de litoral.
• 4. En los daños al suelo, la dirección general competente en materia de suelos contaminados.

Artículo 35 Responsabilidad ambiental de las obras públicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional décima de la Ley 26/2007, de 23 de febrero, de Responsabilidad Medioambiental, en las obras públicas de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de sus entidades de derecho públicas vinculadas o dependientes, de las fundaciones del sector público autonómico, de los consorcios sujetos al ordenamiento autonómico y de las sociedades con capital mayoritariamente público, así como de los consells insulars y de sus entes integrados en el sector público, en cuanto ejercen competencias autonómicas, la autoridad competente no podrá exigir la adopción de las medidas previstas en la citada ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la evaluación de su impacto de acuerdo con la información existente, y se hayan cumplido las prescripciones establecidas en la declaración de impacto o en el informe ambiental, cuando la evaluación ambiental no sea exigible.

Artículo 36 Inexigibilidad de la garantía financiera obligatoria a las personas jurídico-públicas de las Illes Balears

El artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de febrero, de Responsabilidad Medioambiental no es de aplicación a la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares, ni a sus entidades de derecho públicas vinculadas o dependientes, a las fundaciones del sector público autonómico, los consorcios sujetos al ordenamiento autonómico y a las sociedades con capital mayoritariamente público.

Primera Procedimientos de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley

Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto-Ley se tramitarán de acuerdo con la legislación vigente en el momento de su inicio, el cual se entenderá producido con la entrada de la documentación ambiental al órgano sustantivo, salvo que el promotor solicite la aplicación de las nuevas determinaciones.

Segunda Procedimientos de evaluaciones ambientales estratégicas iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley

Los procedimientos de evaluación ambiental estratégica iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto-Ley se tramitarán de acuerdo con la legislación vigente en el momento de su inicio, siempre que haya finalizado la fase de consulta prevista en el artículo 89 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears.

Tercera Prórroga de los plazos de elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en tramitación

Los procedimientos de elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-Ley quedan prorrogados por el plazo de dos años, a contar desde la finalización del plazo derivado de la aplicación del apartado 4 del artículo 8 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas:

• 1. La Disposición Adicional decimosexta de la Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
• 2. Todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan, a este Decreto-Ley, lo contradigan, o sean incompatibles con lo dispuesto en este Decreto-Ley.

Disposición final Entrada en vigor

Este Decreto-Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears