Sumario

L [BALEARES] 10/2000, 30 noviembre, suspendida, con carácter indefinido, por el artículo único de la Ley [BALEARES] 16/2012, 27 diciembre, por la que se suspenden la vigencia de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, y su funcionamiento («B.O.I.B.» 29 diciembre), el 30 de diciembre de 2012.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 9.2 de la Constitución Española señala como uno de los deberes de los poderes públicos el facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece en el artículo 9 que las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son propias, promoverán la libertad, la justicia y el progreso socioeconómico entre todos los ciudadanos de las Illes Balears, como principios de la Constitución, así como su participación en la vida política, cultural, económica y social.

El artículo 10.18 del mismo texto legal establece como competencia exclusiva de la comunidad autónoma el fomento del desarrollo económico de la comunidad, de acuerdo con las bases y la coordinación general de la actividad económica.

El artículo 11.8 del Estatuto atribuye a la comunidad autónoma en el marco de la legislación básica del Estado y, cuando corresponda, en los términos que ésta establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de ordenación y planificación de la actividad económica de la comunidad en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco del Estatuto.

Por otra parte, el artículo 42 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, introducido mediante la reforma realizada por la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, dispone que el Consejo Económico y Social de las Illes Balears es el órgano colegiado de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en materia económica y social, y deja la regulación de su composición, la designación de sus miembros, su organización y sus funciones a una ley posterior, y con esto se cumple lo que establece en la norma institucional básica de la comunidad. Por otra parte, la profunda imbricación entre el sistema productivo de Baleares y la problemática ecológica y ambiental, aconseja la incorporación de esta perspectiva a los criterios de composición del grupo III del Plan, de las comisiones de trabajo que en su momento se han de crear y, en definitiva, de los propios informes y trabajo del Consejo.

Es, pues, un deber de los poderes públicos facilitar instrumentos y reforzar, institucionalmente, las vías de comunicación y participación de los ciudadanos a través de las organizaciones y asociaciones representativas de intereses económicos y sociales.

Conscientes de ello, se crea, mediante esta ley, el Consejo Económico y Social de las Illes Balears como marco estable y permanente de comunicación y diálogo, tanto de los agentes económicos y sociales entre sí, como de éstos con la Administración autonómica, sin olvidar su configuración como órgano de consenso y refuerzo de la participación de estos agentes en la toma de decisiones. Responde, pues, a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales para que sus opiniones y planteamientos sean tenidos en cuenta a la hora de adoptar decisiones que puedan afectar a los intereses que les son propios.

La Ley atribuye al Consejo Económico y Social un conjunto de funciones que se adecuan a la finalidad y a los objetivos que al crearlo se persiguen, y se le dota de personalidad jurídica y organización propia y de un régimen de funcionamiento diferenciado, todo ello para garantizar la imparcialidad de este órgano en el ejercicio de sus funciones.

Las características básicas que informan sobre esta ley son: la independencia y la imparcialidad, la variedad y la pluralidad en relación con el origen de sus miembros, una función consultiva amplia, que se materializa mediante la emisión de dictámenes en relación con la actividad normativa del Gobierno en materia socioeconómica y laboral y, para acabar, una capacidad de autonomía y de organización amplias, que se concretan en la elaboración de su reglamento de organización y funcionamiento y en la previsión de un régimen presupuestario propio.

La regulación actual, en el marco expuesto anteriormente, supone la creación y la puesta en funcionamiento de un órgano consultivo, cuya máxima virtud reside en configurar una plataforma de encuentro y de diálogo con los agentes económicos y sociales que contribuya a la búsqueda de soluciones positivas para los intereses de toda la sociedad de las Illes Balears.