Sumario

Ley [BALEARES] 22/2006, 19 diciembre, derogada por la letra d) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del DLeg. [BALEARES] 1/2014, 6 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos por el Estado (獴.O.I.B.� 7 junio), el 8 de junio de 2014.

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 27.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El nuevo sistema de financiaci髇 de las comunidades aut髇omas de r間imen com鷑, tras la modificaci髇 de la Ley Org醤ica de financiaci髇 de las comunidades aut髇omas (LOFCA), operada por la Ley Org醤ica 7/2001, de 27 de diciembre, e instrumentado a trav閟 del conjunto de medidas fiscales y administrativas establecidas por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, ha fijado un r間imen a trav閟 del cual las comunidades aut髇omas han podido hacer un uso meticuloso de las competencias normativas que les hab韆 atribuido el nuevo sistema de financiaci髇 auton髆ica vigente desde el 1 de enero de 2002, sobre elementos esenciales del impuesto sobre sucesiones y donaciones en los que el Estado y las comunidades aut髇omas comparten capacidad normativa (modificaci髇 de la tarifa, introducci髇 de mejoras o nuevas reducciones de la base imponible, modificaci髇 de las cuant韆s y coeficiente del patrimonio preexistente, creaci髇 de deducciones y bonificaciones de la cuota y regulaci髇 de los aspectos de la gesti髇 y liquidaci髇 del impuesto).

No obstante, el ejercicio reiterado y peri骴ico de esas competencias normativas sobre los tributos cedidos por parte de las comunidades aut髇omas, a trav閟 de las llamadas leyes de acompa馻miento -que en cada ejercicio se tramitan conjuntamente con la de los presupuestos generales-, ha provocado, de forma inevitable, su dispersi髇 legislativa. Esto hace peligrar la necesaria garant韆 del principio de seguridad jur韉ica, especialmente en un ordenamiento tan cambiante como el tributario, con consecuencias econ髆icas tan importantes para los ciudadanos contribuyentes. Consciente de todo ello, el legislador auton髆ico incluy� en la disposici髇 final primera de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, el mandato al Gobierno de las Illes Balears de presentar al Parlamento durante el a駉 2006 un proyecto de ley de reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Paralelamente, en los 鷏timos tiempos, se han hecho o韗 demandas de reforma profunda del impuesto tanto desde los 醡bitos doctrinales como ciudadanos. Algunas comunidades aut髇omas ya han iniciado procesos que, pese a las notorias diferencias en las soluciones utilizadas en cada caso, tienden en 鷏tima instancia a la eliminaci髇 de la tributaci髇 de las herencias entre c髇yuges, ascendentes y descendientes. No obstante, el alcance de la reforma que se lleva a cabo en virtud de esta ley se enmarca dentro de los l韒ites que impone el marco de competencias normativas que tiene hoy reconocida la comunidad aut髇oma de las Illes Balears desde la reforma de la LOFCA y la nueva Ley de cesi髇 de tributos de 2001. As�, dentro de estos l韒ites, preside la clara vocaci髇 de no suprimir el impuesto (cuyo establecimiento compete al Estado), pero s� de rebajar sustancialmente la carga fiscal del mismo a un n鷐ero significativo de contribuyentes, concretamente a aqu閘los que son m醩 pr髕imos al causante (descendientes y c髇yuge).

II

Pues bien, con el mandato del legislador balear, adem醩 de sistematizar la normativa vigente del impuesto, en el marco de los principios contenidos en las leyes reguladoras del sistema de financiaci髇 de las comunidades aut髇omas y de cesi髇 de los tributos del Estado, tambi閚 se pretende alcanzar otros objetivos de mayor importancia, como, principalmente, la reconducci髇 de la tributaci髇 que por dicho impuesto soportan actualmente los hijos y el c髇yuge del causante.

As�, en la mayor韆 de estos casos, es frecuente encontrar que la herencia a favor de hijos o c髇yuge, no s髄o no provoca m醩 riqueza disponible, sino que obliga a la enajenaci髇 de parte de los bienes heredados para pagar la carga fiscal a cuenta del impuesto. Adem醩 puede considerarse que no existen verdaderas manifestaciones de riqueza en las adquisiciones de bienes del patrimonio familiar dentro del n鷆leo familiar compuesto por los ascendientes, los descendientes y el c髇yuge. Aunque, si bien es verdad que en nuestro sistema de imposici髇 sobre la renta ya no se considera como unidad impositiva a la unidad familiar -ver sentencia del TC 45/1989, de 20 de febrero-, lo que supone que, a partir de una configuraci髇 individual de la capacidad econ髆ica, es posible gravar las transmisiones entre miembros de la familia, no es menos cierto que las relaciones de familia que regula el derecho civil inciden en la capacidad econ髆ica de sus miembros.

A lo anterior cabe a馻dir las exigencias de protecci髇 de la familia a que se refiere el art韈ulo 39.1 de la Constituci髇 Espa駉la (que abarca la protecci髇 econ髆ica de la misma), y la evidencia de que la necesidad de dotar de seguridad econ髆ica a los descendientes y a los ascendientes motiva las decisiones de ahorro, trabajo y acumulaci髇 de propiedad durante toda la vida del causante. La herencia constituye, pues, un instrumento esencial en la provisi髇 de dicha seguridad econ髆ica. Por todo ello, cabe entender, incluso, que no se respetan las exigencias de capacidad econ髆ica individual cuando se exige el impuesto a las adquisiciones hereditarias a favor de ascendientes, descendientes y c髇yuge.

De entre las posibilidades que ofrece al legislador auton髆ico el ordenamiento jur韉ico vigente -y una vez descartados otros instrumentos por razones t閏nicas o jur韉icas, seg鷑 los casos, tales como la modificaci髇 de los tramos y/o tipos de la escala de gravamen o la generalizaci髇 a los grupos I y II de una bonificaci髇 pr髕ima al cien por cien en la cuota del impuesto-, se ha optado por la configuraci髇 de una deducci髇 que permita la tributaci髇 a un tipo de gravamen fijo para dichos colectivos, sin perjuicio del mantenimiento de la bonificaci髇 del 99% para los sujetos pasivos integrados en el primero de dichos grupos.

As�, se considera que esta forma de tributaci髇 favorece y simplifica la gesti髇 del impuesto tanto para el contribuyente como para la administraci髇. Adem醩, se refuerza la seguridad jur韉ica en el contribuyente y la transparencia en la administraci髇, al conocer aqu閘, desde el devengo del impuesto, a cu醤to ascender� la carga fiscal por dicho impuesto, a fin de evitar, al mismo tiempo, las operaciones de ingenier韆 financiera que a menudo se dan en la transmisi髇 de la empresa familiar. Finalmente, puede constatarse como esta opci髇 no es desconocida en el 醡bito de la Uni髇 Europea, como alternativa 髉tima a la supresi髇 del impuesto. En efecto, algunos estados como B閘gica o Portugal y los pa韘es n髍dicos mantienen la tributaci髇 por este concepto, aunque a un tipo m韓imo, para evitar as� la p閞dida de recaudaci髇 en otros impuestos por raz髇 de subidas ficticias en las valoraciones de inmuebles.

Finalmente, se considera que esta ley de reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones debe tener en cuenta las peculiaridades propias del derecho civil de las Illes Balears. En este sentido, no puede olvidarse que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo de marcado car醕ter civilista, vinculado al derecho sucesorio. Sin embargo, la regulaci髇 estatal, dado su car醕ter generalista, no hace referencia a las particularidades propias de los distintos derechos forales, situaci髇 que, en el caso de las Illes Balears, se ve modulada por la riqueza de las normas sucesorias para cada una de las islas de Mallorca y Menorca, por un lado, y de Ibiza y Formentera, por otro. En consecuencia, una reforma tendente a cumplir los objetivos anteriormente enunciados no pod韆 dejar de lado el r間imen aplicable a algunas de estas instituciones peculiares, tales como la definici髇 o la donaci髇 universal, y el finiquito de leg韙ima o los pactos sucesorios, todo ello con las adaptaciones m韓imas e imprescindibles que se derivan del alcance de la presente ley y de las reformas en materia de filiaci髇 del C骴igo Civil a partir de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, las cuales justifican, asimismo, la desaparici髇 a lo largo del texto de las referencias espec韋icas a los adoptantes y adoptados, que, con car醕ter general, deben entenderse como ascendientes y descendientes, como as� se desprende tambi閚 de las reformas legales en este impuesto realizadas en los 鷏timos a駉s por otras comunidades aut髇omas.

III

La ley se estructura en cinco t韙ulos, una disposici髇 adicional, una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.

El primer t韙ulo, a su vez, se estructura en cuatro cap韙ulos, en atenci髇 al proceso de aplicaci髇 y liquidaci髇 del impuesto a partir de la base imponible (reducciones, tarifa y cuota 韓tegra, bonificaciones y deducciones, y cuota a ingresar).

El cap韙ulo I del t韙ulo I, el m醩 extenso en n鷐ero de art韈ulos, acomete la regulaci髇 de las reducciones aplicables a la base imponible en las adquisiciones por causa de muerte. As�, se recogen, por un lado, las hasta ahora vigentes -si bien mejorando su sistematizaci髇 y redacci髇 con el objeto de ganar en certeza y, por tanto, ofreciendo una mayor seguridad jur韉ica en su aplicaci髇-, y se crean, por otro lado, nuevas mejoras y reducciones. Adem醩, se actualizan los importes de algunas de ellas, como es el caso de las adquisiciones de la vivienda habitual o la percepci髇 de cantidades en virtud de seguros sobre la vida. De este modo, en el cap韙ulo I se establecen las reducciones que mejoran las del Estado, en los art韈ulos 2 (reducci髇 por parentesco), 3 (reducci髇 por minusval韆), 4 (reducci髇 por adquisici髇 de vivienda habitual), 5 (reducci髇 por seguros de vida), 6 (reducci髇 por adquisici髇 de bienes y derechos afectos a actividades econ髆icas), 7 (reducci髇 por la adquisici髇 de participaciones sociales), 9 (reducci髇 por adquisici髇 de bienes integrantes del patrimonio hist髍ico o cultural de las Illes Balears), 10 (reducci髇 por adquisici髇 de bienes integrantes del patrimonio hist髍ico espa駉l o del patrimonio hist髍ico o cultural de otras comunidades aut髇omas) y 11 (reducci髇 por transmisi髇 consecutiva de bienes). En el art韈ulo 12 se establece una reducci髇 auton髆ica en sentido estricto para las adquisiciones de determinados bienes y participaciones en 醨eas de suelo r鷖tico protegido y en espacios de relevancia ambiental. En el art韈ulo 8 se fijan las reglas espec韋icas de mantenimiento de la adquisici髇 que deben cumplir los herederos, tanto en las adquisiciones de bienes afectos a actividades econ髆icas y participaciones en entidades sociales, como en las adquisiciones de bienes integrantes del patrimonio hist髍ico o cultural del Estado, de las Illes Balears o de otras comunidades aut髇omas.

El cap韙ulo II, dedicado a la tarifa y a la cuota 韓tegra del impuesto, modifica, por un lado, los tramos de la escala del impuesto, redonde醤dolos al alza y, por otro, introduce el concepto de cuota 韓tegra corregida (t閏nicamente m醩 correcto que el de cuota tributaria a que se refiere la ley estatal del impuesto), entendida como aqu閘la que se obtiene tras aplicar a la cuota 韓tegra el coeficiente multiplicador que corresponda a cada sujeto pasivo en funci髇 de su parentesco con el causante y de su patrimonio preexistente. Tambi閚 se redondean al alza los tramos de patrimonio preexistente.

Los cap韙ulos III y IV, relativos a la determinaci髇 de la cuota a ingresar, especifican las bonificaciones y deducciones susceptibles de ser aplicadas con car醕ter general. Especial referencia merece el art韈ulo 19, que regula la deducci髇 auton髆ica por las adquisiciones a favor de sujetos incluidos en los grupos de parentesco I y II, y a trav閟 de la cual se pretende instrumentar la alternativa de tributaci髇 a tipo fijo anteriormente se馻lada.

IV

El segundo t韙ulo, relativo a las adquisiciones lucrativas entre vivos, sigue los mismos trazos que el t韙ulo primero por lo que se refiere al proceso de aplicaci髇 y liquidaci髇 del impuesto. De este titulo, adem醩, cabe destacar los siguientes beneficios fiscales: por un lado, las reducciones del 57% (contenidas en los art韈ulos 27, 29 y 30) por la adquisici髇, por parte de menores de 36 a駉s y, en su caso, discapacitados, de un inmueble destinado a vivienda habitual o de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, que sustituyen las bonificaciones en esta materia contenidas en los art韈ulos 15 y 16 de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de funci髇 p鷅lica. Por otro lado, la reducci髇 del 99% en las donaciones a patrimonios protegidos (art韈ulo 28) en los t閞minos regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci髇 del C骴igo Civil, de la Ley de enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad. Y, finalmente, la deducci髇 del art韈ulo 35 que da lugar, al igual que en las adquisiciones por causa de muerte, a la tributaci髇 por un tipo fijo y cuyos beneficiarios son tambi閚 los incluidos en los grupos de parentesco I y II. Con la primera de estas medidas, esto es, la reducci髇 del 57% en las donaciones que se acaban de indicar, se adaptan los beneficios fiscales en cuesti髇 a la din醡ica cuantitativa del impuesto que resulta de la nueva deducci髇 auton髆ica antes citada, y se extiende a las transmisiones lucrativas (entre vivos) uno de los beneficios fiscales ya previstos en la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, para las transmisiones onerosas de inmuebles sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur韉icos documentados, a los efectos de unificar en buena medida el gravamen de las adquisiciones entre vivos de la vivienda habitual, con independencia de que el t韙ulo de adquisici髇 sea oneroso o gratuito.

V

Los t韙ulos III y IV recogen la capacidad de las comunidades aut髇omas, reconocida tambi閚 por la Ley 21/2001 antes citada, de regular ciertos aspectos de gesti髇 y liquidaci髇 del impuesto sobre sucesiones y donaciones (art韈ulo 41.2). Con ello, la presente ley desvela su clara vocaci髇 de conseguir un texto relativamente completo que, dentro de las posibilidades normativas que permite el r間imen de cesi髇 vigente, facilite a los potenciales contribuyentes por dicho impuesto el conocimiento, a trav閟 de un 鷑ico cuerpo legal, de la deuda tributaria devengada.

En particular, el t韙ulo III (obligaciones formales) incorpora una relaci髇 de las principales obligaciones formales de este impuesto, sin perjuicio de que deban aplicarse las dem醩 aprobadas por la normativa estatal que no queden recogidas expresamente en la ley auton髆ica y no sean contradictorias con 閟ta. As�, adem醩 de reiterar la obligaci髇 de presentar la declaraci髇 o autoliquidaci髇 correspondiente, se introducen dos art韈ulos (art韈ulos 39 y 40) que recogen la obligaci髇 de presentar determinados documentos o datos espec韋icos en el caso de transmisiones por causa de muerte y en el caso de transmisiones lucrativas entre vivos, respectivamente. Asimismo, en el art韈ulo 41, dedicado a los plazos de presentaci髇, se establece, al igual que ya se hizo para las autoliquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur韉icos documentados, que en las adquisiciones lucrativas entre vivos el plazo de presentaci髇 sea tambi閚 de un mes, con car醕ter general, o de un mes y diez d韆s naturales en el caso de su presentaci髇 y pago telem醫ico. Tambi閚 se recogen, por remisi髇 a las leyes 11/2002 y 10/2003, ambas de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, las normas que establecen la obligaci髇 de informaci髇 y remisi髇 de 韓dices notariales y, en su caso, de los documentos autorizados por los notarios, incluso por v韆 telem醫ica (art韈ulo 43), que obliga a los registradores de la propiedad radicados en territorio de las Illes Balears (art韈ulo 44) a poner en conocimiento de la administraci髇 tributaria auton髆ica los actos y contratos que, presentados para inscripci髇 en sus registros, se hayan liquidado en otras comunidades aut髇omas.

Cabe destacar, adem醩, dentro de este t韙ulo, la regulaci髇 de la obligaci髇 de nombrar representante en el caso de sujetos pasivos no residentes (art韈ulo 42), figura 閟ta imprescindible a los efectos de las actuaciones que puedan llevarse a cabo como consecuencia de la presentaci髇 de declaraciones o autoliquidaciones ante la administraci髇 tributaria auton髆ica en los t閞minos que prev� el art韈ulo 70 del Reglamento del impuesto, aunque el rendimiento correspondiente deba atribuirse a la Administraci髇 del Estado.

El t韙ulo IV (normas de gesti髇 tributaria) establece, en su cap韙ulo I, determinadas normas referentes a la liquidaci髇 del impuesto. As�, por un lado, se prev� la posibilidad de que la competencia para la gesti髇 y liquidaci髇 del impuesto corresponda a un 髍gano o a una entidad, previendo as� el caso de que llegue a crearse una agencia tributaria balear. Por otro lado, teniendo en cuenta la complejidad liquidadora que afecta especialmente a las herencias, y en los t閞minos que permite la vigente Ley general tributaria, se establece un plazo espec韋ico de resoluci髇 en los procedimientos de gesti髇, que se fija en seis meses. Adem醩, se regulan tambi閚 las liquidaciones parciales a cuenta que pueden solicitar los contribuyentes a los efectos del cobro de seguros sobre la vida, cr閐itos del causante, haberes devengados y no percibidos por 閟te; retirar bienes, valores, efectos o dinero que se encuentren en dep髎ito y otros supuestos an醠ogos.

En cuanto a las normas relativas al pago del impuesto, que se recogen en el cap韙ulo II de este t韙ulo IV, cabe destacar la supresi髇 de la figura del presentador -como consecuencia de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional n鷐. 111/2006, de 5 de abril, por la cual se declara inconstitucional el apartado 2 del art韈ulo 36 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones-, as� como la regulaci髇 de determinados supuestos de aplazamiento y fraccionamiento. En relaci髇 a este 鷏timo aspecto, el art韈ulo 53 establece la posibilidad de que los 髍ganos de gesti髇 acuerden el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda por este impuesto, siempre que en el inventario de la herencia no haya efectivo o bienes, de f醕il realizaci髇, suficientes para el pago de dicha deuda. Asimismo, el art韈ulo 54 regula el fraccionamiento de la liquidaci髇 por los seguros que se perciban en forma de renta, punto en el cual no se introduce ninguna novedad respecto al r間imen vigente en la actualidad.

Los art韈ulos 50 (informaci髇 con car醕ter previo a la adquisici髇 o transmisi髇 de bienes inmuebles) y 51 (acuerdos previos de valoraci髇) potencian el deber de informaci髇 y asistencia a los obligados tributarios, de acuerdo con las posibilidades que a estos efectos ofrece la nueva Ley general tributaria. Con ello se incrementa la seguridad jur韉ica de los obligados tributarios en su relaci髇 con la administraci髇 tributaria auton髆ica, en aquellos casos en que esta administraci髇 realice valoraciones de bienes inmuebles, vincul醤dola durante un plazo de tres meses respecto de la informaci髇 suministrada.

VI

Finalmente la ley dedica el t韙ulo V al derecho civil de las Illes Balears, incorporando por primera vez en la normativa tributaria auton髆ica una referencia expl韈ita a las instituciones civiles propias de las Illes Balears en materia de sucesiones y donaciones -recogidas en el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, de Compilaci髇 del Derecho Civil de las Baleares. Asimismo, precisa las reglas esenciales a tener en cuenta a la hora de liquidar el impuesto, en los t閞minos que ya se han indicado anteriormente.

Para acabar, el texto se completa con una disposici髇 adicional 鷑ica, por la que se equiparan las parejas estables o de hecho reguladas en la Ley auton髆ica 18/2001, de 19 de diciembre, a los c髇yuges, con el alcance que se determina expresamente en esa misma disposici髇 adicional; y con una disposici髇 derogatoria y otras dos finales, a los efectos de recoger las normas que se derogan expresamente a la entrada en vigor de la presente ley.