Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears

Art韈ulo 100 Actuaciones sometidas a inspecci髇

Est醤 sometidas a la inspecci髇 y al control de las administraciones competentes en materia de servicios sociales todas las actuaciones que realicen las entidades p鷅licas y privadas que est閚 dentro del 醡bito de aplicaci髇 de esta ley.

Art韈ulo 101 Funciones b醩icas de la inspecci髇

Corresponde a las unidades y a los servicios que tengan atribuidas las competencias de inspecci髇 velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales para:

• a) Garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales.
• b) Asegurar la calidad de las prestaciones mediante la verificaci髇 del cumplimiento de las condiciones funcionales y materiales y de las actividades de las entidades, de los servicios y de los establecimientos de servicios sociales, as� como del cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y de supresi髇 de barreras arquitect髇icas, dentro del 醡bito de las competencias de los departamentos respectivos.
• c) Supervisar y garantizar la finalidad y la adecuada utilizaci髇 de los fondos p鷅licos concedidos a las personas f韘icas o jur韉icas y a las entidades p鷅licas o privadas que act鷄n en el 醡bito de los servicios sociales.

2. Asimismo, deben asumir, con criterios de oportunidad, las funciones siguientes:

• a) Asesorar e informar a las entidades, a las personas usuarias de los servicios sociales y a las personas que las representan legalmente sobre sus derechos y deberes.
• b) Colaborar con los 髍ganos y las entidades competentes en materia de servicios sociales de los diferentes 醡bitos territoriales, mediante la elaboraci髇 de informes o la aportaci髇 de datos, con el fin de mejorar la regulaci髇, la planificaci髇 o la gesti髇 de los servicios sociales.

Art韈ulo 102 Planificaci髇 y procedimiento de inspecci髇

1. La inspecci髇 de entidades, servicios y establecimientos de servicios sociales a que se refiere esta ley se realizar� preferentemente de acuerdo con la planificaci髇 que establezcan las administraciones competentes en materia de servicios sociales.

No obstante, las entidades, los servicios y los establecimientos de servicios sociales deben inspeccionarse peri骴icamente, y las actuaciones de inspecci髇 se inician de oficio, ya sea por iniciativa propia del 髍gano competente, por orden superior, por petici髇 razonada de otros 髍ganos o por denuncia.

2. Los planes incluir醤 la coordinaci髇 y la colaboraci髇 entre las unidades de inspecci髇 de las diversas administraciones p鷅licas de las Illes Balears.

3. Las actuaciones de inspecci髇 se adecuar醤 al procedimiento y a las reglas de actuaci髇 que se establezcan reglamentariamente.

Art韈ulo 103 El personal de inspecci髇

1. Ejerce la inspecci髇 personal funcionario debidamente acreditado, que ocupe puestos de trabajo que comporten el ejercicio de funciones de inspecci髇 y que est� adscrito a 髍ganos administrativos que tengan atribuida la competencia.

2. El personal de inspecci髇 debe tener los conocimientos y la titulaci髇 adecuados para llevar a cabo de manera eficaz los cometidos que tiene asignados, en los t閞minos que legal y reglamentariamente se determinen.

3. Las funciones de inspecci髇 no pueden ser ejercidas por personas que gestionen o tengan intereses econ髆icos en la entidad, los servicios o los establecimientos de servicios sociales que se inspeccionen, o sean propietarias de los mismos.

4. En el ejercicio de sus funciones, el personal de inspecci髇 tiene la consideraci髇 de agente de la autoridad y puede solicitar la colaboraci髇 de otras autoridades o de personal funcionario cuando sea preciso para desarrollar su actividad.

5. El personal funcionario de los servicios de inspecci髇 llevar� un documento acreditativo de su condici髇, que debe exhibir en el ejercicio de estas tareas.

6. Las personas que sean titulares, responsables o gestores de entidades, de servicios o de establecimientos de servicios sociales tienen el deber de colaborar con el personal de inspecci髇 y facilitarle el ejercicio de los cometidos que tiene asignados. En particular, est醤 obligadas a facilitar el examen de los documentos, de los libros y de los datos estad韘ticos que sean preceptivos reglamentariamente, y tambi閚 en el caso de que estos datos se traten inform醫icamente.

Tambi閚 suministrar醤 toda la informaci髇 necesaria para conocer el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales, sin perjuicio de lo que dispone el art韈ulo 124 de la presente ley.

7. Con el fin de garantizar los derechos de las personas usuarias, el personal de inspecci髇 est� facultado para acceder libremente en cualquier momento, despu閟 de identificarse y sin necesidad de notificaci髇 previa, a todas las entidades, los servicios y los establecimientos de servicios sociales sujetos a las prescripciones de esta ley, y tambi閚 para efectuar todo tipo de comprobaciones materiales, de calidad y contables. El personal de inspecci髇 tambi閚 puede acceder a todos los espacios de las entidades, los servicios o los establecimientos de servicios sociales, entrevistarse particularmente con las personas usuarias o las personas que las representan legalmente y realizar las actuaciones que sean necesarias para cumplir las funciones asignadas.

Art韈ulo 104 Deberes del personal de inspecci髇

1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de inspecci髇 observar� el deber de respeto y consideraci髇 debido a las personas interesadas y al p鷅lico en general, y tomar� las medidas necesarias para proteger la intimidad de los mismos.

2. El personal de inspecci髇 ejercer� sus funciones de manera que no se dificulte, m醩 all� de lo que sea necesario, el buen funcionamiento de los establecimientos y los servicios inspeccionados.

3. Si la inspecci髇 tiene conocimiento de hechos que pueden constituir o ser delito, falta o infracci髇 administrativa de otros 醡bitos competenciales, lo comunicar� al 髍gano competente y se estar� a lo que dispone el art韈ulo 123 de esta ley.

Art韈ulo 105 Actas de la inspecci髇

1. De cada actuaci髇 de inspecci髇, y una vez efectuadas las comprobaciones y las investigaciones oportunas, se extender� un acta en la que se har醤 constar, como m韓imo, los siguientes datos:

• a) El lugar, la fecha y la hora de las actuaciones.
• b) La identificaci髇 de la persona que realiza la inspecci髇.
• c) La identificaci髇 de la entidad, el servicio o el establecimiento de servicios sociales inspeccionado, y tambi閚 de la persona ante quien se efect鷄 la inspecci髇.
• d) La descripci髇 de los hechos, las manifestaciones y las circunstancias que se consideren relevantes y, en todo caso, de aquellos que puedan ser demostrativos de la comisi髇 de una infracci髇. En este 鷏timo caso, se indicar醤 las disposiciones y los preceptos supuestamente infringidos.
• e) La documentaci髇 o los elementos de juicio que se incorporan al acta o que recoge el personal de inspecci髇.
• f) La conformidad o disconformidad de la persona ante la cual se efect鷄 la inspecci髇, respecto del contenido del acta.

2. La inspecci髇 se efectuar�, siempre que sea posible, en presencia de la persona titular o responsable de la entidad, el servicio o el establecimiento de servicios sociales inspeccionado, a quien se solicitar� que firme el acta. Se dejar� constancia de la negativa a firmar, y se entregar� una copia del acta.

3. No obstante lo que dispone el punto anterior, el personal de inspecci髇 actuante puede mantener, con car醕ter reservado y sin la presencia de la persona que tenga que firmar el acta, las entrevistas que considere oportunas con las personas usuarias y el personal de los establecimientos o servicios inspeccionados.

4. Los hechos que directamente constate el personal de inspecci髇, que se formalicen en un acta, con observancia de los requisitos establecidos en este art韈ulo, se presumen ciertos y tendr醤 valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que puedan se馻lar o aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos o intereses.

Art韈ulo 106 Actas de advertencia

1. Cuando los hechos detectados consistan en deficiencias o incumplimientos de la normativa de los cuales no puedan derivarse da駉s o perjuicios para las personas interesadas, el personal de inspecci髇 puede formular el asesoramiento o las advertencias necesarias.

2. En este caso, se substituir� el acta a que se refiere el art韈ulo 105 anterior por un acta de advertencia en la que se dejar� constancia de lo siguiente:

• a) Las deficiencias o los incumplimientos de la normativa detectados.
• b) El asesoramiento o las advertencias formuladas.
• c) Las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias y el plazo en que se deben realizar.

Art韈ulo 107 Requerimientos a las entidades p鷅licas

1. Cuando el establecimiento o el servicio inspeccionado sea de titularidad p鷅lica, el personal de inspecci髇 actuante incluir� en el acta correspondiente un requerimiento formal de subsanaci髇 de deficiencias o de adecuaci髇 a la legalidad, que confirmar� el 髍gano competente de la Administraci髇 de las Illes Balears y se comunicar� a la entidad p鷅lica titular del establecimiento o servicio en el plazo de quince d韆s.

2. No se puede acordar la iniciaci髇 del procedimiento sancionador contra una entidad p鷅lica hasta que no se hayan comprobado las siguientes circunstancias:

• a) La recepci髇 del requerimiento por la autoridad o el personal funcionario competentes.
• b) La falta de ejecuci髇 de las actuaciones requeridas o la inexistencia o la insuficiencia de las razones alegadas para no atender el requerimiento.
• c) La finalizaci髇 del plazo fijado previamente para cumplir el requerimiento.

Art韈ulo 108 Procedimiento

El procedimiento sancionador que aplicar醤 los 髍ganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en materia de servicios sociales es el que establece la normativa del procedimiento sancionador aplicable en los 醡bitos de competencia de las administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears. Este procedimiento se aplicar� respetando los principios generales en materia sancionadora que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, y la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

Art韈ulo 109 Competencia

1. La competencia para imponer las sanciones que establece esta ley a las entidades corresponde, en el 醡bito del Gobierno de las Illes Balears, a la persona titular de la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, excepto en el supuesto de cierre definitivo del centro y sanci髇 econ髆ica superior a trescientos mil euros, que corresponde al Consejo de Gobierno.

2. Los consejos insulares determinar醤 reglamentariamente los 髍ganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora en el 醡bito de los servicios sociales.

3. La competencia para imponer las sanciones que establece esta ley a las personas usuarias o beneficiarias de una prestaci髇 corresponde a la persona titular del 髍gano administrativo que ha concedido la prestaci髇.

Art韈ulo 110 Actuaciones previas

1. Con car醕ter previo a la iniciaci髇 del expediente sancionador, el 髍gano competente para iniciarlo puede ordenar la apertura de un periodo de informaci髇 previa para aclarar los hechos, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia de iniciar o no el procedimiento.

2. La informaci髇 previa puede tener car醕ter reservado y su duraci髇 no puede ser superior a un mes, salvo acuerdo expreso de su pr髍roga por otro plazo determinado.

3. No se considerar� iniciado el procedimiento sancionador por las actuaciones de la inspecci髇, por las actas o los documentos en que se plasmen, por la verificaci髇 de an醠isis o controles de la Administraci髇, ni por las actuaciones previas a que hace referencia el punto anterior. El procedimiento se iniciar� mediante el acuerdo establecido en el art韈ulo 112 de esta ley.

Art韈ulo 111 Actuaciones en caso de riesgo inminente y medidas provisionales

1. Si en el transcurso de la inspecci髇 se aprecia razonablemente la existencia de riesgo inminente de da駉s o perjuicios graves para las personas usuarias, el personal de inspecci髇 actuante propondr� al 髍gano competente que adopte las medidas cautelares o de precauci髇 correspondientes, exigibles por razones de urgencia inaplazable.

2. En cualquiera caso, el personal de inspecci髇 puede ordenar a las personas que sean titulares o responsables de establecimientos de servicios sociales que adopten las medidas provisionales que sean razonablemente imprescindibles para salvaguardar la salud y la seguridad de las personas usuarias, que han de ser confirmadas o rectificadas por el 髍gano competente.

3. El 髍gano competente para resolver puede adoptar en cualquier momento, mediante un acuerdo motivado, las medidas de car醕ter provisional que sean adecuadas para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pueda dictarse, el cumplimiento de la finalidad del procedimiento y la defensa de los intereses generales; para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracci髇; y, en cualquier caso, para asegurar el cumplimiento de la legalidad.

4. Las medidas de car醕ter provisional pueden consistir en la suspensi髇 total o parcial de actividades; la clausura temporal de los centros, los servicios, los establecimientos o las instalaciones; la prestaci髇 de fianzas; o la suspensi髇 temporal de los servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad de las personas usuarias.

5. Las medidas provisionales se ajustar醤, en cualquier caso, tanto en intensidad como en proporcionalidad, a las necesidades y los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.

6. Previamente a la resoluci髇 que establezca las medidas provisionales, que debe dictarse en el plazo m醲imo de diez d韆s, se dar� audiencia a la persona interesada por un periodo m韓imo de cinco d韆s h醔iles, excepto que haya necesidad perentoria de adoptar esta decisi髇 sin este tr醡ite, lo cual tiene que ser apreciado motivadamente por el 髍gano competente. En este caso, se ratificar� la medida cautelar adoptada, igualmente en el plazo de diez d韆s, despu閟 de la audiencia a la persona interesada en el mismo plazo de cinco d韆s, a contar desde que se ha adoptado la medida.

Art韈ulo 112 Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio mediante un acuerdo del 髍gano competente, por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, a petici髇 razonada de otros 髍ganos o por denuncia.

2. El acuerdo de inicio se formalizar� con el contenido m韓imo siguiente:

• a) Identificaci髇 de la persona o personas presuntamente responsables.
• b) Los hechos que motiven la incoaci髇 del procedimiento expuestos sucintamente, la calificaci髇 provisional de los hechos con indicaci髇 de la infracci髇 o infracciones que se puedan haber cometido y las sanciones que les puedan corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucci髇.
• c) La persona que debe instruir y, si procede, la que debe ejercer de secretaria del procedimiento, con indicaci髇 expresa del r間imen de recusaci髇.
• d) El 髍gano competente para resolver el expediente y la norma que le atribuya la competencia, con indicaci髇 de la posibilidad de que la persona presuntamente responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos que establece el art韈ulo 114 de esta ley.
• e) Las medidas de car醕ter provisional que haya aprobado y/o ratificado el 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el procedimiento, de conformidad con el art韈ulo anterior.
• f) Indicaci髇 del derecho a formular alegaciones y del derecho de audiencia en el procedimiento, y tambi閚 los plazos para ejercerlo.
• g) Plazo m醲imo para resolver el procedimiento.

3. El acuerdo de inicio se comunicar� al 髍gano instructor, al cual se dar� traslado de todas las actuaciones que haya al respecto, y se notificar� a la persona denunciante, si procede, y a las personas interesadas, entendiendo en todo caso como tal a la persona presuntamente infractora.

4. En la notificaci髇 se advertir� a las personas interesadas de que si no presentan alegaciones sobre el contenido del acuerdo de inicio del procedimiento en el plazo previsto, este acuerdo puede ser considerado como propuesta de resoluci髇, siempre que contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada.

Art韈ulo 113 Alegaciones

1. Las personas interesadas disponen de un plazo de quince d韆s para presentar las alegaciones, los documentos o las informaciones que consideren adecuados y, si procede, proponer prueba indicando los medios de los cuales se valdr醤.

En la notificaci髇 del inicio del procedimiento se indicar� este plazo a las personas interesadas.

2. Despu閟 de realizar la notificaci髇 a que hace referencia el punto anterior, el 髍gano instructor del procedimiento efectuar� de oficio todas las actuaciones que sean necesarias para examinar los hechos y solicitar� los datos y las informaciones que sean relevantes para determinar, si procede, la existencia de hechos constitutivos de infracci髇.

3. Si, como consecuencia de la instrucci髇 del procedimiento, se modifica la determinaci髇 inicial de los hechos, su calificaci髇, las sanciones imponibles o las responsabilidades susceptibles de sanci髇, se notificar醤 al presunto infractor en la propuesta de resoluci髇.

Art韈ulo 114 Reconocimiento voluntario de la responsabilidad

Si la persona presuntamente infractora reconoce voluntariamente su responsabilidad, el 髍gano instructor elevar� el expediente al 髍gano competente para resolver el procedimiento, sin perjuicio de que pueda continuar la tramitaci髇 si hay indicios razonables de fraude o encubrimiento de otras personas o entidades o si la cuesti髇 suscitada por la incoaci髇 del procedimiento es de inter閟 general.

Art韈ulo 115 Prueba

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para presentarlas, el 髍gano instructor puede establecer la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta d韆s ni inferior a diez.

2. Se practicar醤 de oficio o se admitir醤 a propuesta de la persona presuntamente responsable todas las pruebas que sean adecuadas para determinar los hechos y las posibles responsabilidades, y s髄o se pueden rechazar las que se declaren improcedentes porque no pueden alterar, dada su relaci髇 con los hechos, la resoluci髇 final a favor de la persona presuntamente responsable.

3. Los hechos que constate el personal funcionario que tenga reconocida la condici髇 de autoridad y que se formalicen en un documento p鷅lico, observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan se馻lar o aportar la ciudadan韆.

4. Las pruebas t閏nicas y los an醠isis contradictorios o dirimentes que propongan las personas interesadas interrumpen el plazo para resolver el procedimiento, desde que se soliciten y mientras se realicen, y se incorporan sus resultados al expediente.

5. Cuando la valoraci髇 de las pruebas practicadas pueda constituir el elemento b醩ico de la decisi髇 que se tome en el procedimiento, porque se trata de una pieza imprescindible para la evaluaci髇 de los hechos, se incluir� en la propuesta de resoluci髇.

Art韈ulo 116 Propuesta de resoluci髇 y audiencia

1. Finalizada, si procede, la pr醕tica de la prueba, el 髍gano instructor del procedimiento formular� la propuesta de resoluci髇. Se har醤 constar motivadamente los hechos, con especificaci髇 de los que se consideren probados y su calificaci髇 jur韉ica exacta; se determinar� la infracci髇 que, si procede, constituyen, la persona o las personas que sean responsables y la sanci髇 que se propone imponer; y se pronunciar� sobre las medidas provisionales que se hayan adoptado a lo largo del procedimiento o bien se propondr� la declaraci髇 de que no hay infracci髇 o responsabilidad.

2. La propuesta de resoluci髇 se notificar� a las personas interesadas, con indicaci髇 de que el expediente est� a su disposici髇. La notificaci髇 se acompa馻r� de una relaci髇 de los documentos que figuran en el expediente a fin de que las personas interesadas puedan obtener copias de los que estimen convenientes.

Se les conceder� un plazo de quince d韆s para formular alegaciones y para presentar los documentos y las informaciones que consideren pertinentes ante el 髍gano instructor del procedimiento.

3. Excepto el supuesto que establece el art韈ulo 112.4 de esta ley, se pueden prescindir del tr醡ite de audiencia cuando no consten en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones ni pruebas que las aducidas, si procede, por la persona interesada.

4. La propuesta de resoluci髇 se trasladar� inmediatamente al 髍gano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, las alegaciones y las informaciones que consten en el expediente.

Art韈ulo 117 Actuaciones complementarias

1. Antes de dictar la resoluci髇, el 髍gano competente para resolver puede decidir, mediante acuerdo motivado, la realizaci髇 de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

2. El acuerdo de realizaci髇 de actuaciones complementarias se notificar� a las personas interesadas, las cuales disponen de un plazo de siete d韆s para formular las alegaciones que estimen oportunas. Las actuaciones complementarias se practicar醤 dentro de un plazo no superior a quince d韆s. El plazo para resolver el procedimiento se suspender� hasta que se acaben las actuaciones complementarias. No tienen la consideraci髇 de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resoluci髇 final del procedimiento.

Art韈ulo 118 Resoluci髇

1. El 髍gano competente dictar� la resoluci髇 una vez recibidos el expediente con la propuesta de resoluci髇, los escritos de alegaciones y, en su caso, las actuaciones complementarias.

2. La resoluci髇 debe ser motivada y decidir� todas las cuestiones que planteen las personas interesadas y todas aquellas derivadas del procedimiento.

3. En la resoluci髇 no se pueden aceptar hechos diferentes de los determinados en la fase de instrucci髇 del procedimiento, excepto los que resultan, en su caso, de aplicar lo que dispone el art韈ulo anterior, independientemente de la diferente valoraci髇 jur韉ica. No obstante, cuando el 髍gano competente para resolver considere que la infracci髇 reviste m醩 gravedad que la determinada en la propuesta de resoluci髇, se notificar� al presunto infractor para que presente las alegaciones que considere oportunas, para lo que dispone de un plazo de quince d韆s.

4. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, adem醩 de contener los elementos establecidos en la normativa b醩ica, incluir醤 la valoraci髇 de las pruebas practicadas y, especialmente, de las que constituyen los elementos b醩icos de la decisi髇, fijar醤 los hechos y, si procede, la persona o las personas responsables, la infracci髇 o las infracciones cometidas y la sanci髇 o las sanciones que se imponen, o bien la declaraci髇 de que no hay infracci髇 o responsabilidad, resolver sobre las medidas provisionales adoptadas, y los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente sean procedentes.

5. La resoluci髇 es ejecutiva cuando adquiere firmeza en la v韆 administrativa.

6. En la resoluci髇 se adoptar醤, si procede, las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

7. La imposici髇 de la sanci髇 no excluye la indemnizaci髇 eventual de da駉s y perjuicios que pueda corresponder a la persona o las personas sancionadas.

Art韈ulo 119 Plazo m醲imo para resolver y notificar el procedimiento

1. El plazo m醲imo para dictar y notificar la resoluci髇 expresa en el procedimiento sancionador es de un a駉 a contar desde la fecha de la resoluci髇 administrativa por la que se incoa el expediente.

2. El 髍gano competente para resolver, de oficio o a instancia del 髍gano instructor, puede aprobar, mediante una resoluci髇 administrativa motivada y por causa debidamente justificada, una ampliaci髇 del plazo m醲imo aplicable, que no exceda de la mitad de lo establecido inicialmente.

Art韈ulo 120 Procedimiento simplificado

1. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el supuesto en que el 髍gano competente para iniciar el procedimiento considere que hay elementos de juicio suficientes para calificar la infracci髇 de leve, se tramitar� el procedimiento simplificado que se regula en este art韈ulo.

2. La iniciaci髇 se produce por acuerdo del 髍gano competente, en el cual se especificar� el car醕ter simplificado del procedimiento y se comunicar� al 髍gano instructor correspondiente y, simult醤eamente, se notificar� a la persona interesada.

3. Dentro del plazo de quince d韆s a partir de la comunicaci髇 y notificaci髇 del acuerdo de iniciaci髇, el 髍gano instructor y las personas interesadas efectuar醤, respectivamente, las actuaciones preliminares, y aportar醤 las alegaciones, los documentos y las informaciones que estimen convenientes y, si procede, la proposici髇 y pr醕tica de la prueba.

4. Transcurrido este plazo, el 髍gano instructor formular� la propuesta de resoluci髇, de conformidad con el que dispone el art韈ulo 116 de esta ley o, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracci髇 grave o muy grave, decidir� que se contin鷈 tramitando por el procedimiento general, lo que ha de notificarse a las personas interesadas para que, en el plazo de diez d韆s, propongan prueba si lo consideran oportuno.

5. El procedimiento se remitir� al 髍gano competente para resolver, que dictar� la resoluci髇. El procedimiento se resolver� en el plazo m醲imo de seis meses desde que se inici�.

Art韈ulo 121 Reducci髇 de la sanci髇

1. La multa impuesta se reduce en un 30% de la cuant韆 cuando la persona infractora abone el resto de la multa y el importe total de las indemnizaciones que, en su caso, provengan de los da駉s y perjuicios que se le imputen, y ello en el plazo m醲imo de un mes a contar del d韆 siguiente en que se haya notificado la resoluci髇 en que se impone la sanci髇, y, adem醩, manifieste por escrito su conformidad con la sanci髇 impuesta y con la indemnizaci髇 reclamada.

2. La previsi髇 de reducci髇 de las sanciones no se aplica cuando la sanci髇 se impone por una infracci髇 muy grave.

Art韈ulo 122 Prescripci髇

1. Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescriben al cabo de cuatro a駉s; las graves, al cabo de tres a駉s; y las leves, al cabo de un a駉.

Dicho plazo comienza a contar desde la fecha en que se comete la infracci髇.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los cuatro a駉s; las graves, a los tres a駉s; y las leves, al a駉. Dicho plazo se comienza a contar desde el d韆 siguiente al que adquiera firmeza la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇.

Art韈ulo 123 Concurrencia con el orden jurisdiccional penal

1. Si las infracciones pueden ser constitutivas de delito o falta, el 髍gano competente lo comunicar� al Ministerio Fiscal o al 髍gano judicial que corresponda.

En este caso, si hay identidad de sujeto, hechos y fundamentos, se suspender� el procedimiento una vez que la autoridad judicial haya comunicado que se ha iniciado el proceso penal.

2. La comunicaci髇 al Ministerio Fiscal o al 髍gano judicial o el hecho de que 閟tos inicien las actuaciones no afecta al cumplimiento inmediato de las medidas cautelares adoptadas en los casos de grave riesgo para la seguridad o la salud de las personas usuarias. Las medidas cautelares adoptadas se ratificar醤 o revocar醤 por el 髍gano judicial competente tan pronto se inicien las actuaciones correspondientes, una vez o韉o el Ministerio Fiscal.

3. Una vez se haya dictado la resoluci髇 judicial, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento decidir� lo que sea procedente y lo comunicar� a las personas interesadas.

4. En todo caso, los hechos declarados probados por resoluci髇 judicial penal firme, vinculan a los 髍ganos administrativos respecto a los procedimientos sancionadores que sustancian.

Art韈ulo 124 Infracciones

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones o las omisiones de los diferentes sujetos responsables contrarias a la normativa legal o reglamentaria, tipificadas y sancionadas en este t韙ulo.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

3. Las infracciones y sanciones tipificadas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, se calificar醤 y sancionar醤 de acuerdo con lo que establece la mencionada ley. En aquello no regulado en la normativa espec韋ica de dependencia, se aplicar� lo que se dispone en este t韙ulo.

Art韈ulo 125 Sujetos responsables de la infracci髇

1. Son sujetos responsables de las infracciones que tipifica esta ley las personas f韘icas o jur韉icas que son titulares o gestionan los servicios o establecimientos sociales, y el personal de gesti髇 y directivo de 閟tos. Tambi閚 pueden ser responsables las personas que asuman las funciones de administraci髇, gerencia, direcci髇 o responsabilidad en alg鷑 醡bito concreto del servicio.

2. Las obligaciones que se imponen a diversas personas conjuntamente implican la responsabilidad solidaria de 閟tas. Si, una vez iniciado un procedimiento sancionador, cambia la titularidad del servicio, las personas f韘icas o jur韉icas que pasen a ser titulares o a ejercer las funciones a que se refiere el punto 1 en la prestaci髇 del servicio, responder醤 subsidiariamente.

3. Las personas titulares de los servicios cuya gesti髇 no realicen responder醤 subsidiariamente por las acciones y omisiones del personal gestor.

4. Son responsables de las infracciones que se tipifican en los art韈ulos 134, 135 y 136 de esta ley las personas usuarias de servicios p鷅licos o beneficiarias de prestaciones p鷅licas.

Art韈ulo 126 Obligaciones de las entidades

1. Las entidades titulares o de gesti髇 de servicios y establecimientos sociales y las personas responsables prestar醤 los servicios de acuerdo con los requerimientos exigidos y velar醤, en la prestaci髇 del servicio, por el respeto de los derechos de las personas usuarias y la aplicaci髇 de la normativa con la diligencia que exige la naturaleza de la actividad que se lleva a cabo, bien entendido de que el bien jur韉ico protegido es el inter閟 y el bienestar integral de la persona usuaria.

2. Las entidades titulares de servicios y establecimientos sociales comparecer醤, mediante las personas que son sus representantes o mediante las personas responsables de la prestaci髇 del servicio, en las oficinas de la Administraci髇 a requerimiento de la inspecci髇 de servicios sociales; facilitar醤 el ejercicio de la inspecci髇, y cumplir醤 los requerimientos de la Administraci髇 con relaci髇 al cumplimiento de la normativa y, en su caso, en los t閞minos acordados.

Art韈ulo 127 Infracciones leves

Las infracciones leves de las entidades son las siguientes:

• a) No disponer del libro de registro de personas usuarias de los servicios o no tenerlo debidamente actualizado de acuerdo con los requisitos exigidos por la normativa reguladora.
• b) Modificar sin autorizaci髇 o incumplir las condiciones que han motivado la autorizaci髇 administrativa de funcionamiento, si no se incumplen las condiciones materiales o funcionales legalmente exigibles.
• c) Incumplir la obligaci髇 legalmente establecida de formaci髇 del personal o de informaci髇 para el ejercicio de sus funciones respecto a la persona usuaria.
• d) Incumplir la normativa reguladora de las condiciones materiales y funcionales m韓imas que tienen que cumplir los servicios y los establecimientos, si el incumplimiento no pone en peligro la salud o seguridad de las personas usuarias y si esta ley no tipifica expresamente estas infracciones como graves o muy graves.
• e) No tener adaptados a la normativa vigente el reglamento de r間imen interno o el documento de contrato asistencial con la persona usuaria.
• f) No ajustar la informaci髇 publicada en el tabl髇 de anuncios a la realidad del funcionamiento del servicio o establecimiento, si no se causa un perjuicio grave a las personas usuarias.
• g) No tener actualizado o con el contenido requerido el expediente asistencial.
• h) Vulnerar los derechos legalmente reconocidos a las personas usuarias de servicios sociales y especialmente, respecto de las personas usuarias de los servicios sociales residenciales, los relativos a la disposici髇 y al conocimiento del reglamento interno del servicio, a la existencia de un sistema de recepci髇 y resoluci髇 de quejas y sugerencias, a la comunicaci髇 a la persona usuaria del precio del servicio y la contraprestaci髇 que tiene que satisfacer, y a la tenencia de objetos personales significativos para la persona usuaria.
• i) Actuar en el 醡bito de los servicios sociales sin disponer de la autorizaci髇 administrativa espec韋ica regulada en el art韈ulo 83 de esta ley.
• j) Cambiar la titularidad de los servicios sin autorizaci髇 administrativa previa.
• k) Impedir el ejercicio del derecho de participaci髇 c韛ica a los servicios sociales en los t閞minos establecidos en el t韙ulo IV de esta ley.
• l) No implantar o no ejecutar correctamente cualquiera de los programas de los servicios sociales comunitarios establecidos en esta ley, en los t閞minos que exijan las disposiciones que la desarrollen y la cartera de servicios sociales de 醡bito auton髆ico.
• m) No presentar la declaraci髇 responsable y/o la comunicaci髇, o la falsedad en cualquier dato, siempre que cumpla todos los requisitos necesarios que establece la normativa.LE0000436860_20140228 Letra m) del art韈ulo 127 introducida por el n鷐ero 9 del art韈ulo s閜timo de la L [BALEARES] 12/2010, 12 noviembre, de modificaci髇 de diversas leyes para la transposici髇 en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (獴.O.I.B.� 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2010

Art韈ulo 128 Infracciones graves

Son infracciones graves de las entidades las siguientes:

• a) No tener el programa individualizado de atenci髇 y de actividades, los protocolos de actuaci髇 o los registros preceptivos, incumplir su contenido o que 閟tos no se ajusten a la normativa vigente.
• b) No disponer de reglamento de r間imen interno o no aplicarlo, no haber suscrito el contrato asistencial con la persona usuaria o incumplir los pactos, o que 閟tos no se ajusten a la normativa.
• c) No mantener el establecimiento y el equipamiento en las condiciones debidas de higiene, salubridad y confort.
• d) No establecer los nutrientes y los valores cal髍icos necesarios en las comidas programadas por el personal responsable higi閚ico-sanitario o que 閟tos no se ajusten a la programaci髇 establecida.
• e) Incumplir o modificar el r間imen de precios sin cumplir el procedimiento adecuado.
• f) No tener tabl髇 de anuncios, tenerlo pero no ajustar la informaci髇 publicada a la realidad del funcionamiento del servicio o establecimiento, o publicar en 閘 informaci髇 que no se ajuste a la que establece la normativa.
• g) No tener el expediente asistencial de cada persona usuaria con el contenido requerido.
• h) Incumplir o modificar la normativa reguladora de acceso a los servicios.
• i) Superar el l韒ite de ocupaci髇 de personas usuarias en espacios de uso com鷑, actividades y convivencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa reguladora de las condiciones materiales m韓imas de los establecimientos.
• j) No comparecer en las oficinas de la Administraci髇 cuando lo solicite la inspecci髇 de servicios sociales con un requerimiento debidamente notificado o no aportar la documentaci髇 solicitada en el requerimiento, obstruyendo as� la tarea de inspecci髇 de la Administraci髇.
• k) Vulnerar el derecho de la persona usuaria a estar informada de los aspectos asistenciales y de salud y a tomar parte en los 髍ganos de participaci髇 democr醫ica, si los hay, o poner dificultades para el disfrute de los derechos reconocidos por esta ley, si no constituyen infracciones tipificadas como muy graves.
• l) Imponer dificultades injustificadas para el disfrute de los derechos reconocidos por las letras b), d), g), h), i), m) y o) del art韈ulo 9 de esta ley.
• m) No tener cuidado de la ropa y de los utensilios de uso personal de las personas usuarias.
• n) Incumplir el deber de confidencialidad de los datos personales, familiares o sociales de las personas destinatarias que est閚 en poder de los servicios sociales.
• o) Impedir el ejercicio de la libertad individual en el ingreso, la permanencia y la salida de un centro residencial, salvo lo que establece a este efecto la legislaci髇 vigente para las personas menores de edad y las imposibilitadas.
• p) No proporcionar a las personas usuarias de servicios residenciales una atenci髇 especializada e integral, de manera continuada y de acuerdo con sus necesidades espec韋icas.
• q) Incumplir los derechos de las personas usuarias de los servicios residenciales relativos al respeto a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al ejercicio de la pr醕tica religiosa, a la consideraci髇 del centro como el domicilio y al mantenimiento de la relaci髇 con su entorno familiar y social.
• r) Actuar en el 醡bito de los servicios sociales sin disponer de la autorizaci髇 administrativa previa necesaria para la modificaci髇 sustancial de los centros donde se tengan que prestar servicios sociales, o para el funcionamiento de los servicios mencionados, y tampoco de la autorizaci髇 para la modificaci髇 sustancial de las funciones y los objetivos de 閟tos, y en los casos en que as� est� establecido, sin la autorizaci髇 provisional regulada en el art韈ulo 79 de esta ley.
• s) Cesar en la prestaci髇 de un servicio social autorizado sin haber obtenido la autorizaci髇 administrativa previa correspondiente.
• t) Actuar como servicio social del sistema p鷅lico sin disponer de la acreditaci髇 necesaria.
• u) Falsear los datos necesarios para obtener las autorizaciones administrativas o la acreditaci髇, y en especial las relativas a la personalidad y al car醕ter social o mercantil de la entidad, las concernientes a las caracter韘ticas materiales, de equipamiento y de seguridad, y a las condiciones de edificaci髇, emplazamiento y acondicionamiento de los centros, y las relativas a los requisitos de titulaci髇 y ratios del personal de atenci髇 y direcci髇, y al cumplimiento de los est醤dares de calidad exigidos en cada caso.
• v) No someterse a las actuaciones de comprobaci髇 y evaluaci髇 de las condiciones de concesi髇 de las autorizaciones y de la acreditaci髇, impedirlas u obstaculizarlas siempre que no comporte infracci髇 muy grave.
• x) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos y de los est醤dares de calidad que tienen que cumplir los servicios para poder funcionar o estar acreditados.
• y) Dejar los servicios o el establecimiento sin el personal responsable que asegure que el servicio contin鷄 prest醤dose correctamente.
• z) No presentar la declaraci髇 responsable y/o no cumplir los requisitos necesarios establecidos en la normativa.LE0000436860_20140228 Letra z) del art韈ulo 128 introducida por el n鷐ero 10 del art韈ulo s閜timo de la L [BALEARES] 12/2010, 12 noviembre, de modificaci髇 de diversas leyes para la transposici髇 en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (獴.O.I.B.� 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2010

Art韈ulo 129 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves de las entidades las siguientes:

• a) Dejar los servicios o el establecimiento sin el personal responsable que asegure que el servicio contin鷄 prest醤dose correctamente, si eso supone perjuicios graves o muy graves a las personas usuarias.
• b) Incumplir los requerimientos de la Administraci髇 para la aplicaci髇 de las medidas correctoras impuestas, si eso comporta perjuicios graves para las personas usuarias.
• c) Incumplir la normativa reguladora de la cualificaci髇 y dedicaci髇 del personal o no garantizar la atenci髇 directa continuada, si eso supone perjuicios graves para las personas usuarias.
• d) Superar el l韒ite de ocupaci髇 de personas usuarias o de camas en un dormitorio, instalar camas u otros muebles para dormir en un espacio inadecuado para utilizar como dormitorio, o efectuar nuevos ingresos de personas residentes despu閟 de haberse notificado una resoluci髇 administrativa de cierre.
• e) No tener el establecimiento adecuado al grado de dependencia de las personas usuarias, u obstaculizarles la libertad de movimientos o el contacto con el exterior.
• f) Ejercer cualquier forma de presi髇 sobre las personas usuarias, familiares o denunciantes, con el fin de perjudicar la acci髇 inspectora.
• g) Prestar los servicios o cambiar su ubicaci髇 sin autorizaci髇 administrativa, o modificar su contenido con relaci髇 a la autorizaci髇, incumpliendo las condiciones materiales o funcionales.
• h) Prestar servicios sociales o de contenido similar a los incluidos en la tipolog韆 de servicios sociales ocultando su naturaleza para eludir la aplicaci髇 de la legislaci髇 vigente en la materia.
• i) Incumplir la normativa reguladora de las condiciones materiales y funcionales m韓imas que tienen que cumplir los servicios y los establecimientos, si el incumplimiento pone en peligro la salud o la seguridad de las personas usuarias.
• j) Tratar a las personas usuarias de manera discriminatoria o sin la consideraci髇 o el respeto debidos a su dignidad, intimidad o situaci髇 ps韖uica y f韘ica, ya sea de palabra, por acci髇 o por omisi髇.
• k) Imponer a las personas usuarias un horario totalmente inadecuado en cuanto al descanso o en las comidas de acuerdo con los est醤dares de vida socialmente admitidos.
• l) Imponer dificultados injustificadas a las personas usuarias para el disfrute de los derechos reconocidos por las letras a), e), f), j), k), l) y n) del art韈ulo 9 de esta ley.
• m) Incumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud y las dietas de las personas usuarias, en la organizaci髇 y la administraci髇 correcta de los medicamentos y en el acceso a los recursos sanitarios necesarios.
• n) Actuar con falta de transparencia y claridad en la administraci髇 y la custodia de los bienes de las personas usuarias, si, en raz髇 de su situaci髇 f韘ica o ps韖uica, los directores o las directoras, los administradores y las administradoras o las personas responsables act鷄n como personas guardadoras de hecho.
• o) Servir alimentos en cantidad insuficiente, o que no cumplan las condiciones higi閚icas, diet閠icas, nutritivas y de valor cal髍ico correctos, o sin tener un cuidado especial en las comidas trituradas.
• p) Obstaculizar la acci髇 de inspecci髇 de los servicios impidiendo el acceso al establecimiento, las dependencias y los documentos o poniendo trabas, y obstaculizar la comunicaci髇 libre con las personas usuarias, trabajadoras o responsables.
• q) Falsear datos a la inspecci髇 de servicios sociales.
• r) Prestar servicios sociales ocultando su naturaleza con el fin de eludir la aplicaci髇 de la legislaci髇 vigente en la materia.
• s) Someter a las personas usuarias de los servicios a cualquier tipo de inmovilizaci髇 o restricci髇 f韘ica o tratamiento farmacol骻ico sin prescripci髇 m閐ica y supervisi髇, excepto en el supuesto que haya peligro inminente para la seguridad f韘ica de la persona usuaria o de terceras personas.
• t) Someter a las personas usuarias de los servicios a maltratos f韘icos o ps韖uicos.
• u) Ejercer coacciones o amenazas y tambi閚 cualquier otra forma de presi髇 grave sobre el personal inspector, o las personas denunciantes, usuarias o familiares.
• v) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos m韓imos y de los est醤dares de calidad que tienen que cumplir los servicios para poder funcionar y continuar manteniendo en el tiempo las condiciones de concesi髇 de las autorizaciones administrativas o de la acreditaci髇, cuando el incumplimiento ponga en peligro la salud o la seguridad de las personas usuarias.

Art韈ulo 130 Sanciones administrativas

Las infracciones establecidas en el cap韙ulo anterior dan lugar a la imposici髇 de las sanciones siguientes:

• a) Infracciones leves: amonestaci髇 por escrito o multa de hasta 12.000 euros.
• b) Infracciones graves: multa de 12.001 euros a 60.000 euros.
• c) Infracciones muy graves: multa de 60.001 euros a 600.000 euros.

Art韈ulo 131 Multas coercitivas

1. En todos aquellos casos en los que la infracci髇 consista en la omisi髇 de alguna conducta o actuaci髇 exigible legalmente, la sanci髇 ir� acompa馻da de un requerimiento en que se detallen tanto las actuaciones concretas que debe realizar la persona infractora para la restituci髇 de la situaci髇 a las condiciones legalmente exigibles, como el plazo de que dispone para eso.

2. Si la infracci髇 que es objeto de un expediente supone un grave riesgo para la seguridad o la salud de la persona usuaria, el requerimiento a que se refiere el punto anterior puede efectuarse en cualquier momento del procedimiento.

Si se incumple, en el supuesto de que la subsanaci髇 pueda ser ejecutada por una persona diferente de la obligada, la Administraci髇 la ejecutar� subsidiariamente con cargo a la persona obligada.

3. Cuando la persona obligada no cumple dentro del plazo y en la forma procedente lo que establece el requerimiento correspondiente, el 髍gano competente para sancionar puede acordar la imposici髇 de multas coercitivas.

4. Las multas coercitivas pueden ser reiteradas por lapsos de tiempos no inferiores a un mes y la cuant韆 no puede exceder el 30% de la cuant韆 de la multa impuesta como sanci髇. Esta cuant韆 se fijar� teniendo en cuenta los criterios siguientes:

• a) El retraso en el cumplimiento de la obligaci髇 de enmendar la infracci髇.
• b) La existencia de intencionalidad o reiteraci髇 en el incumplimiento de las obligaciones.
• c) La naturaleza de los perjuicios causados.

5. En caso de impago, las multas coercitivas son exigibles por v韆 de apremio una vez transcurridos treinta d韆s h醔iles desde la notificaci髇.

6. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las sanciones que puedan imponerse.

Art韈ulo 132 Sanciones accesorias

1. En las infracciones muy graves tambi閚 pueden acumularse las sanciones siguientes:

• a) La inhabilitaci髇 para el ejercicio de las actividades previstas en esta ley durante los cinco a駉s siguientes, con la revocaci髇 consiguiente, si procede, de la autorizaci髇 administrativa correspondiente o de la acreditaci髇.
• b) La inhabilitaci髇 de los directores o las directoras de los centros como tales durante los cinco a駉s siguientes.
• c) La prohibici髇 de financiaci髇 p鷅lica por un periodo de entre uno y cinco a駉s.
• d) La suspensi髇 temporal, total o parcial del servicio por un periodo m醲imo de un a駉.
• e) El cese definitivo, total o parcial del servicio, que lleva impl韈ita la revocaci髇 de la autorizaci髇 administrativa correspondiente y, si procede, de la acreditaci髇.
• f) La inhabilitaci髇 para contratar con las administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears por un plazo de uno a cinco a駉s.
• g) La p閞dida de la acreditaci髇 concedida por un periodo de entre dos y cinco a駉s.

2. El 髍gano sancionador puede acordar que se d� publicidad a las sanciones impuestas, una vez que sean firmes en v韆 administrativa, mediante la publicaci髇 de los nombres de las personas f韘icas o jur韉icas responsables, con indicaci髇 expresa de las infracciones cometidas. Se publicar醤 en el Butllet� Oficial de les Illes Balears y en los medios de comunicaci髇 social que se consideren adecuados.

Art韈ulo 133 Graduaci髇 de las sanciones

1. Para la concreci髇 y la graduaci髇 de las sanciones que sea procedente imponer, se adecuar� debidamente la sanci髇 a la gravedad del hecho constitutivo de infracci髇, considerando especialmente los criterios siguientes:

• a) El grado de intencionalidad o negligencia en la comisi髇 de la infracci髇.
• b) Los perjuicios de cualquier orden que se hayan podido causar y la situaci髇 de riesgo creada o mantenida para personas y bienes, y su car醕ter permanente o transitorio.
• c) La reincidencia o reiteraci髇 en la comisi髇 de las infracciones.
• d) La trascendencia econ髆ica y social de la infracci髇.
• e) El cumplimiento por parte de la entidad infractora de la normativa infringida por iniciativa propia antes de iniciarse el procedimiento sancionador.
• f) Cualquier forma de discriminaci髇 que haya podido comportar la infracci髇.
• g) El incumplimiento reiterado de las advertencias o recomendaciones previas de la inspecci髇 de servicios sociales.

2. En los supuestos en los que el beneficio econ髆ico conseguido como consecuencia de la comisi髇 de la infracci髇 supere la cuant韆 de la sanci髇 establecida en esta ley, 閟ta se elevar� hasta la cuant韆 necesaria para que supere entre el 10% y el 25% del beneficio obtenido.

3. Si la infracci髇 cometida deriva del incumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, la resoluci髇 sancionadora puede incluir un pronunciamiento sobre el pago a las personas usuarias de una indemnizaci髇 por una cuant韆 equivalente al importe de las cuant韆s indebidamente percibidas.

4. Si se sanciona un establecimiento por falta de autorizaci髇 administrativa, la multa que, si procede, se imponga, puede incrementarse un 10% por cada persona usuaria que haya ingresado desde el inicio del expediente.

5. El objetivo de la sanci髇 ser� la correcci髇 de las distorsiones y de los perjuicios causados.

Art韈ulo 134 Infracciones leves

Son infracciones leves de las personas usuarias o beneficiarias de prestaciones las siguientes:

• a) No facilitar a la entidad o al 髍gano de la Administraci髇 correspondiente, los datos que les requieran.
• b) No comparecer en la fecha fijada ante el 髍gano gestor de la prestaci髇 cuando 閟te se lo requiera.
• c) Mostrar falta de consideraci髇 y de respeto hacia el personal del centro, las otras personas usuarias o las visitantes.
• d) Incumplir los preceptos del reglamento de r間imen interior cuyo incumplimiento no est� tipificado como falta grave o muy grave.

Art韈ulo 135 Infracciones graves

Son infracciones graves de las personas usuarias o beneficiarias de prestaciones las siguientes:

• a) Reincidir en la comisi髇 de infracciones leves.
• b) Falsear datos a la Administraci髇.
• c) No comunicar a la Administraci髇 los cambios o las alteraciones de las circunstancias o de los requisitos que determinaron la concesi髇 de la prestaci髇.
• d) Producir da駉s a las instalaciones del centro.
• e) Alterar gravemente la convivencia del centro.

Art韈ulo 136 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves de las personas usuarias o beneficiarias de prestaciones las siguientes:

• a) Reincidir en la comisi髇 de infracciones graves.
• b) Falsear datos a la Administraci髇 si la falsedad ha sido determinante para acceder a la prestaci髇.
• c) Tener un comportamiento inc韛ico o agresivo, de una manera continuada, que suponga un riesgo para el resto de las personas usuarias y para el personal y que haga inviable la convivencia en el centro.
• d) Incumplir los pactos del contrato asistencial.
• e) No destinar la prestaci髇 a la finalidad para la que se ha concedido.

Art韈ulo 137 Sanciones por infracciones de las personas usuarias

1. Las infracciones leves pueden sancionarse con una amonestaci髇 o una multa por un importe de hasta la mitad del indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples (IPREM).

2. Las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensi髇 de la condici髇 de persona usuaria o beneficiaria de la prestaci髇, o con el traslado a otro centro, por un periodo m醲imo de doce meses.

3. Las infracciones muy graves pueden sancionarse con la extinci髇 de la prestaci髇 o del servicio o con el traslado definitivo.

Art韈ulo 138 Finalidad del importe de las sanciones

1. La persona sancionada, a criterio del 髍gano sancionador, puede destinar el importe de las sanciones de car醕ter econ髆ico directamente a la mejora de los servicios que presta.

En este caso, ha de acreditar que ha subsanado todas las infracciones objeto de sanci髇 antes de que se dicte la resoluci髇 de sanci髇.

2. La Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears destinar� los ingresos derivados de la imposici髇 de las sanciones establecidas por esta ley a la mejora de la calidad y a la cobertura de la red de servicios sociales de atenci髇 p鷅lica.

3. Las otras administraciones p鷅licas competentes acordar醤 la finalidad de los ingresos derivados de la imposici髇 de sanciones a la finalidad que consideren m醩 adecuada.

Art韈ulo 139 Recursos

Contra las resoluciones que se dicten en los procedimientos sancionadores se pueden interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente sean procedentes.

Disposici髇 adicional primera Centros y servicios de titularidad p鷅lica

Los centros y servicios de titularidad p鷅lica cumplir醤 los requisitos establecidos de acuerdo con su tipolog韆, estar醤 en el Registro Unificado de Servicios Sociales, se acreditar醤 y se someter醤 a las actuaciones de la inspecci髇 tanto en caso de explotaci髇 directa como concertada mediante cualquier f髍mula se establezca legalmente.

Disposici髇 adicional segunda Consejo Insular de Formentera

El Consejo Insular de Formentera, con el acuerdo previo de su 髍gano de gobierno, y por razones de eficacia, puede unificar las funciones de planificaci髇, participaci髇, coordinaci髇 y consulta en un 鷑ico 髍gano, del cual ha de regular la composici髇, el n鷐ero de miembros, la organizaci髇 y el funcionamiento.

Disposici髇 adicional tercera

Mientras no se aprueben el plan estrat間ico de servicios sociales de las Illes Balears ni los planes sectoriales previstos en esta ley, el Consejo de Gobierno podr� aprobar, por la especial relevancia derivada de su proyecci髇 social, proyectos concretos de construcci髇, ampliaci髇 o modificaci髇 de centros vinculados a materias objeto de la normativa de aplicaci髇 en servicios sociales, cuya aprobaci髇 llevar� impl韈itas la declaraci髇 de utilidad p鷅lica y la necesidad de ocupaci髇 de los bienes, las instalaciones y los servicios que se hayan previsto en el proyecto, a los efectos de lo que prev� la legislaci髇 sobre expropiaci髇 forzosa.

Disposici髇 adicional cuarta Comunicaci髇 de datos personales entre los servicios sanitarios y sociales

1. Dado que los tratamientos de datos personales que suponen el acceso o la comunicaci髇 de grandes repositorios de datos entre m鷏tiples responsables del tratamiento son comunes en el actual entorno de digitalizaci髇 e interconectividad, y con la finalidad de garantizar la atenci髇 integral efectiva de las personas atendidas en el sistema p鷅lico de servicios sociales y al sistema sanitario de las Illes Balears, se faculta la comunicaci髇 de datos personales entre estos servicios p鷅licos, en los siguientes t閞minos:

• a) Se habilitan los servicios sociales para comunicar a los servicios de salud los datos personales relacionadas con las personas atendidas por ambos sistemas, de car醕ter identificador, de contacto y tambi閚 las relacionadas con los servicios sociales recibidos que puedan tener repercusi髇 en la salud y sean estrictamente necesarias para garantizar un proceso de atenci髇 integral e integrada de acuerdo con el art韈ulo 5 del RGPD. Pueden acceder a la informaci髇 de sus pacientes los profesionales sanitarios implicados en el diagn髎tico o tratamiento de la persona interesada, debidamente acreditados.
• b) Se habilitan los servicios de salud de las Illes Balears para comunicar a los servicios sociales los datos personales relacionados con las personas atendidas por ambos sistemas, de car醕ter identificador, de contacto y tambi閚 los datos personales de la historia cl韓ica que puedan tener afectaci髇 en la autonom韆 personal -por situaci髇 de dependencia o de discapacidad-, para detectar e intervenir en situaciones de riesgo social que puedan requerir la activaci髇 de prestaciones sociales y que necesiten informaci髇 sanitaria para hacerse efectivas, y con el fin de garantizar un proceso de atenci髇 integral e integrada, de acuerdo con el art韈ulo 5 del RGPD.
• c) Pueden acceder a la informaci髇 de sus pacientes los profesionales de los servicios sociales implicados en el seguimiento y la evaluaci髇 del ciudadano, debidamente acreditados.

2. No obstante, para evitar que se puedan producir brechas masivas de datos personales de alto riesgo para los derechos fundamentales, por el alto volumen de datos personales que son tratados, y por la interconexi髇 permanente entre el sistema p鷅lico de servicios sociales y el sistema sanitario de las Illes Balears, los responsables del tratamiento tienen que aplicar las medidas t閏nicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, y aplicar asimismo los principios b醩icos y los requisitos m韓imos necesarios para proteger de forma adecuada la informaci髇 tratada y los servicios prestados, con el fin de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservaci髇 de los datos, la informaci髇 y los servicios utilizados por medios electr髇icos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

LE0000921448_20240529Disposici髇 adicional cuarta introducida por el n鷐ero 2 del art韈ulo 43 del D Ley 3/2024, 24 mayo, de medidas urgentes de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativas de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears (獴.O.I.B.� 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2024

Disposici髇 transitoria primera Pervivencia de los reglamentos

Mientras no se dicten los reglamentos de desarrollo de esta ley en materia de centros y servicios, son de aplicaci髇 el Decreto 66/1999, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento regulador del Sistema Balear de Servicios Sociales, y el Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de definici髇 y regulaci髇 de las condiciones m韓imas de apertura y funcionamiento de los centros y servicios de personas mayores, modificado por el Decreto 10/2007, de 16 de febrero.

Disposici髇 transitoria segunda Expedientes sancionadores en tr醡ite

Los expedientes en tr醡ite en la fecha de entrada en vigor de esta ley contin鷄n su tramitaci髇 de acuerdo con la normativa vigente en el momento de iniciarse.

趎icamente respecto de los expedientes sancionadores, tiene que tenerse en cuenta la normativa m醩 beneficiosa para la persona infractora.

Disposici髇 transitoria tercera Pervivencia del Registro Central de Servicios Sociales

Hasta que no se cree el Registro Unificado, se apruebe su desarrollo reglamentario y se ponga en funcionamiento, se mantendr� como registro oficial el actual, que continuar� rigi閚dose por sus normas.

Las entidades, los centros y los servicios inscritos en el registro actual disponen de un a駉 para actualizar sus datos y acomodarse al Registro Unificado, una vez que entre en funcionamiento. Transcurrido este plazo, se anular醤 todos los datos e inscripciones no actualizados.

Disposici髇 derogatoria

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo que dispone esta ley, lo contradigan o sean incompatibles y, en especial, sin perjuicio de la disposici髇 transitoria primera y la disposici髇 final primera de esta ley:

• a) La Ley 9/1987, de 11 de febrero, de acci髇 social de las Illes Balears.LE0000016909_19870429
• b) La Ley 4/1999, de 31 de marzo, reguladora de la funci髇 inspectora y sancionadora en materia de servicios sociales de Illes Balears.
• c) El Decreto 66/1999, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento regulador del Sistema Balear de Servicios Sociales, exceptuando los t韙ulos relativos a centros y servicios, que permanecer醤 vigentes mientras no se dicten los reglamentos de desarrollo de esta ley.LE0000030556_19990616
• d) El Decreto 48/1997, de 7 de febrero, de creaci髇 del Consejo Social de personas mayores de las Illes Balears.LE0000060600_20001022
• e) El Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de definici髇 y regulaci髇 de las condiciones m韓imas de apertura y funcionamiento de los centros y servicios de personas mayores, modificado por el Decreto 10/2007, de 16 de febrero, exceptuando los t韙ulos relativos a centros y servicios, que permanecer醤 vigentes mientras no se dicten los reglamentos de desarrollo de esta ley.

Disposici髇 final primera Servicios sociales comunitarios b醩icos y espec韋icos de 醡bito suprainsular

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, y seg鷑 los tr醡ites y las consultas previos que establece esta ley, aprobar� el reglamento de principios generales y coordinaci髇 de los servicios sociales comunitarios b醩icos, titulaciones y ratios, y de la figura del profesional de referencia y su relaci髇 con las personas usuarias, en el plazo m醲imo de doce meses desde que entre en vigor esta ley.

Disposici髇 final segunda Servicios sociales comunitarios b醩icos y espec韋icos de 醡bito insular

Los consejos insulares, con los tr醡ites procedentes previos, aprobar� las normas reglamentarias de la estructura directiva y de apoyo t閏nico y administrativo, de los requerimientos t閏nicos y humanos de los servicios sociales comunitarios b醩icos y espec韋icos, titulaciones y ratios, as� como de la figura del profesional de referencia y su relaci髇 con las personas usuarias, en el plazo m醲imo de dieciocho meses desde que entre en vigor esta ley.

Disposici髇 final tercera Cartera b醩ica de servicios sociales de las Illes Balears

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, aprobar� dentro del plazo de dieciocho meses desde que entre en vigor esta ley la cartera b醩ica de servicios sociales de la Administraci髇 auton髆ica a que hace referencia el art韈ulo 26 de esta ley, previos los tr醡ites y las consultas establecidos.

V閍se D [BALEARES] 66/2016, 18 noviembre, por el que se aprueba la Cartera B醩ica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales (獴.O.I.B.� 19 noviembre).LE0000585585_20230528

Disposici髇 final cuarta Carteras b醩icas de servicios sociales de los consejos insulares

En el plazo de dos a駉s desde que entre en vigor esta ley, se aprobar� la cartera b醩ica de servicios sociales de los consejos insulares a que hace referencia el art韈ulo 27.1 de esta ley, con la excepci髇 del Consejo Insular de Formentera, que dispone de un plazo m醲imo de cuatro a駉s desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposici髇 final quinta Plan estrat間ico de las Illes Balears

El primer plan estrat間ico de servicios sociales de las Illes Balears ser� presentado por el consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales al Consejo de Gobierno para su aprobaci髇 en el plazo de dieciocho meses desde que se apruebe esta ley, y se presentar� al Parlamento inmediatamente para que se pronuncie sobre 閘. Incluir� preceptivamente el plan de calidad del Gobierno de las Illes Balears.

Disposici髇 final sexta 觬ganos de coordinaci髇

1. El Consejo de Coordinaci髇 de Bienestar Social, que regula el art韈ulo 44 de esta ley, tiene que constituirse en el plazo de ocho meses desde su entrada en vigor.

2. El Comit� de Evaluaci髇 de Necesidades de Servicios Sociales, que regula el art韈ulo 45 de esta ley, se constituir� en el plazo de ocho meses desde su entrada en vigor.

3. El Comit� de 蓆ica, que regula el art韈ulo 46 de esta ley, tiene que constituirse en el plazo de ocho meses desde su entrada en vigor.

Disposici髇 final s閜tima La Conferencia Sectorial

La Conferencia Sectorial, que establece el art韈ulo 47 de esta ley, tiene que constituirse en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.

Disposici髇 final octava Sistema Informativo

De acuerdo con los principios que establece el art韈ulo 49 de esta ley, en el plazo de veinticuatro meses desde que su entrada en vigor, se crear� el Sistema Informativo de Servicios Sociales.

Disposici髇 final novena El Consejo de Servicios Sociales de las Illes Balears

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, aprobar� por decreto el desarrollo reglamentario del Consejo de Servicios Sociales que regulan los art韈ulo 53 y siguientes de esta ley, en el plazo de dos a駉s desde su entrada en vigor, y se constituir� en el plazo de los tres meses siguientes. Mientras tanto, ejercer醤 las funciones de participaci髇 y consulta los 髍ganos que cre� la Ley 9/1987, de 11 de febrero, de acci髇 social de las Illes Balears.

Disposici髇 final d閏ima Autorizaciones de centros y servicios de 醡bito suprainsular

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, y con los tr醡ites y las consultas previos que establece esta ley, aprobar� en el plazo m醲imo de diez meses desde su entrada en vigor los reglamentos de principios generales, con el fin de desarrollar los requisitos y el procedimiento para la autorizaci髇 de los centros y servicios de servicios sociales en el 醡bito de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

Disposici髇 final und閏ima Autorizaciones de centros y servicios de 醡bito insular

El Gobierno y los consejos insulares, con los tr醡ites previos procedentes, tienen que aprobar en el plazo m醲imo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley las normas reglamentarias para fijar los requisitos y el procedimiento para la autorizaci髇 de los centros y servicios de servicios sociales de su 醡bito respectivo.

Disposici髇 final duod閏ima Registro Unificado de Servicios Sociales

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, y con los tr醡ites y las consultas previos que establece esta ley, tiene que aprobar el reglamento de principios generales y coordinaci髇 y el reglamento propio del Registro Unificado, secci髇 suprainsular, y desarrollar los requisitos y el procedimiento para la inscripci髇 de las entidades, los centros y los servicios de servicios sociales en el 醡bito suprainsular en el plazo m醲imo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposici髇 final decimotercera Registro Unificado de 醡bito insular

Los consejos insulares, con los tr醡ites previos procedentes, aprobar醤 las normas reglamentarias del Registro Unificado, secci髇 insular, para fijar los requisitos y el procedimiento para la inscripci髇 de las entidades, los centros y los servicios de servicios sociales de 醡bito insular en el plazo m醲imo de treinta meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposici髇 final decimocuarta Registro de autorizaciones espec韋icas

Las administraciones competentes del desarrollo reglamentario, tanto de los requisitos y el procedimiento de inscripci髇 como del Registro de entidades, centros y servicios, deben tener en cuenta las normas relativas a las autorizaciones espec韋icas reguladas en el art韈ulo 83 de la ley, y se deben incluirlas.

Disposici髇 final decimoquinta Acreditaci髇 de entidades de iniciativa privada

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, y con los tr醡ites y las consultas previos que establece esta ley, aprobar� el reglamento de principios generales, y el reglamento propio, y desarrollar� los requisitos y el procedimiento para la acreditaci髇 de las entidades de iniciativa privada, de 醡bito suprainsular, a que se refiere el cap韙ulo III del t韙ulo VII de la presente ley, en el plazo m醲imo de veinticuatro meses desde que entre en vigor esta ley.

Disposici髇 final decimosexta Acreditaci髇 de entidades de iniciativa privada de 醡bito insular

Los consejos insulares, con los tr醡ites previos procedentes, aprobar醤 las normas reglamentarias para fijar los requisitos y el procedimiento para la acreditaci髇 de las entidades de iniciativa privada de 醡bito insular a que se refiere el cap韙ulo III del t韙ulo VII de esta ley, en el plazo m醲imo de treinta meses desde que entre en vigor esta ley.

Disposici髇 final decimos閜tima Potestad reglamentaria

Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para desarrollar y aplicar esta ley, dentro del marco competencial que establece el Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears.

V閍se D [BALEARES] 9/2020, 7 febrero, de principios generales por el que se establecen los criterios de autorizaci髇 y acreditaci髇 del servicio de atenci髇 social a personas implicadas en un procedimiento judicial y del servicio de orientaci髇 y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias (獴.O.I.B.� 8 febrero).LE0000659436_20230528

Disposici髇 final decimoctava Entrada en vigor

Esta ley entrar� en vigor a los dos meses de su publicaci髇 en el Butllet� Oficial de les Illes Balears.