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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1  Objeto
  • Artículo 2  Ámbito de aplicación
  • Artículo 3  Competencias
• CAPÍTULO II.  PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
  • Artículo 4  Iniciación del procedimiento
  • Artículo 5  Subsanación
  • Artículo 6  Instrucción
  • Artículo 7  Aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia
  • Artículo 8  Determinación del grado y nivel de dependencia
  • Artículo 9  Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia
  • Artículo 10  Revisión del grado o nivel de dependencia
• CAPÍTULO III.  PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN
  • Artículo 11  Elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención
  • Artículo 12  Aprobación
  • Artículo 13  Revisión
• CAPÍTULO IV.  MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
  • Artículo 14  Modificación y extinción de las prestaciones reconocidas
  • Artículo 15  Seguimiento del Programa Individual de Atención
  • Artículo 16  Control de las prestaciones, servicios y beneficios
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición Adicional Única  Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de la necesidad del concurso de otra persona
  • Segunda  Encuadramiento de las Comisiones Técnicas Insulares de elaboración del Programa Individual de Atención
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera  Conservación de trámites
  • Segunda  Centros y servicios privados que se hallen prestando servicios a personas a las que se reconozca en situación de dependencia
  • Tercera  Competencias del Servicio de Valoración y Coordinación de la Situación de Dependencia
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera  Habilitación normativa
  • Segunda  Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto

El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en el presente Decreto será aplicable, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, a las personas que tengan su residencia en la misma y que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 3 Competencias

Corresponde a la Dirección General competente en materia de servicios sociales la valoración de la situación de dependencia, la resolución de los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, la aprobación, en los términos acordados con el interesado, del Programa Individual de Atención, así como efectuar las correspondientes revisiones.

Artículo 4 Iniciación del procedimiento

1. Sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional Novena de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se iniciará a solicitud de la persona interesada o de quien ostente su representación.

2. La solicitud se formulará en el modelo normalizado aprobado por Orden de la Consejería competente en materia de asuntos sociales y se acompañará de la siguiente documentación:

• a) Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.E. del solicitante. En el supuesto de que el solicitante sea un menor de edad y carezca de D.N.I., su identidad se acreditará mediante el Libro de Familia.
• b) Acreditación de la representación del solicitante, en su caso, y fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.E. del representante.
• c) Documento emitido por el Ayuntamiento correspondiente que acredite la residencia en un municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias en el momento de presentar la solicitud.
• d) Documento/s emitido/s por los Ayuntamientos correspondientes que acrediten la residencia en territorio español durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de 5 años el período de residencia se exigirá a quien ejerza su guardia y custodia. En el supuesto de residentes que carezcan de la nacionalidad española, deberán presentar certificado emitido por el Ministerio del Interior que acredite el cumplimiento de los mismos períodos.
• e) Informe de salud, salvo las personas que tengan reconocido el complemento de la necesidad del concurso de otra persona a quienes se refiere la Disposición Adicional Primera del presente Decreto, emitido en modelo normalizado y suscrito por un profesional médico del Sistema Nacional de Salud, de las Entidades Gestoras de los regímenes especiales de la Seguridad Social, como MUFACE, MUGEJU, ISFAS e ISM, o de los Centros de atención sociosanitaria, que sean de titularidad de las Administraciones Públicas de Canarias.
• f) En su caso, copia compulsada de la resolución de reconocimiento del complemento de gran invalidez u otro documento que acredite que el solicitante es pensionista de gran invalidez.
• g) En su caso, copia compulsada de la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad. Cuando la resolución haya sido emitida por la Comunidad Autónoma de Canarias se recabará de oficio.

3. La solicitud, debidamente cumplimentada, irá dirigida a la Dirección General competente en materia de servicios sociales y podrá presentarse en los registros de ésta. Asimismo, podrá presentarse en cualquier oficina de registro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los Cabildos Insulares, así como por cualquiera de los restantes medios establecidos en la normativa general sobre procedimiento administrativo común.

4. Los interesados o quienes les representen, no estarán obligados a aportar información, datos o documentación que obren en poder de la Dirección General competente en materia de servicios sociales o que, de acuerdo con la legislación vigente, ésta pueda obtener por sus propios medios para cuya obtención se les requerirá autorización expresa.

Artículo 5 Subsanación

1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompaña de la documentación requerida, la Dirección General competente en materia de servicios sociales requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos requeridos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en la normativa general sobre procedimiento administrativo común.

2. Transcurrido el plazo de subsanación sin que ésta se haya producido, la Dirección General competente en materia de servicios sociales dictará resolución en los términos previstos en la normativa general sobre procedimiento administrativo común.

Artículo 6 Instrucción

1. La Dirección General competente en materia de servicios sociales realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la comprobación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución.

2. Si el procedimiento se paraliza por causa imputable a la persona interesada, se le advertirá de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que la persona interesada requerida realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Dirección General competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

Artículo 7 Aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia

1. Comprobado el cumplimiento de los requisitos, se comunicará a la persona solicitante el día y hora en que se acudirá a su domicilio o lugar de residencia para efectuar la aplicación del baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia o de la escala de valoración específica para los menores de tres años, aprobado por el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

2. De forma excepcional, la aplicación del baremo o escala de valoración específica podrá llevarse a cabo en instalaciones diferentes al domicilio o lugar de residencia de la persona solicitante.

3. Se producirá la caducidad del procedimiento, en los términos establecidos en la normativa general sobre procedimiento administrativo común, cuando, por causas imputables a la persona interesada, fuera imposible y se impidiera la aplicación del baremo o de la escala de valoración.

Artículo 8 Determinación del grado y nivel de dependencia

1. La valoración de la situación de dependencia corresponde al órgano de valoración.

2. El órgano de valoración estará constituido, al menos, por:

• - Titulados, al menos de grado medio, del área sanitaria y/o social para la aplicación del baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia o de la escala de valoración específica de dependencia para menores de tres años, así como para la confección de informe sobre las circunstancias del entorno en el que viva la persona interesada.
• - Equipo/s técnico/s de valoración compuesto/s por médico/a, psicólogo/a, trabajador/a social y titulado/a del área sanitaria o social responsable de la aplicación del baremo o escala de valoración específica, a efectos de emisión del dictamen de la situación de dependencia.

3. El órgano de valoración tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

• a) Aplicación del baremo o de la escala de valoración específica de la situación de dependencia, aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.
• b) Realización de la valoración teniendo en cuenta el informe de salud y las circunstancias del entorno, considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis prescritas.
• c) Solicitar, excepcionalmente, los informes complementarios o aclaratorios que considere convenientes, así como recabar de otros organismos los informes médicos, psicológicos o sociales pertinentes cuando el contenido de los antecedentes obrantes en el expediente o las especiales circunstancias de la persona interesada así lo aconsejen.
• d) Elaborar las propuestas de dictamen sobre el grado y nivel de dependencia de la persona interesada, con especificación, en su caso, de los servicios o prestaciones que la persona pueda requerir según el grado y nivel dictaminado.
• e) Prestar asistencia técnica y asesoramiento, si le es requerido, en los procedimientos contenciosos en que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de valoración de la situación de dependencia y de su grado y nivel.
• f) Aquellas otras funciones que legal o reglamentariamente les sean atribuidas.

4. El órgano de valoración podrá contar con el asesoramiento de los profesionales del Organismo autónomo competente en materia de sanidad.

5. Concluida la valoración de la situación de dependencia, el órgano de valoración elevará a la Dirección General competente en materia de servicios sociales dictamen, incluyendo el diagnóstico, la situación de dependencia con indicación del grado y nivel y los cuidados que la persona pueda requerir.

El dictamen del órgano de valoración propondrá, cuando proceda, en función de las circunstancias concurrentes, el plazo máximo en que deba efectuarse la primera revisión del grado y nivel de dependencia dictaminados.

Artículo 9 Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia

1. La Dirección General competente en materia de servicios sociales, a la vista del dictamen emitido por el órgano de valoración y a propuesta de la unidad administrativa responsable de tal Dirección General, dictará la correspondiente resolución, acordando, en su caso:

• a) El reconocimiento de la situación de dependencia de la persona solicitante, indicando el grado y nivel de dependencia que le corresponda y estableciendo, cuando proceda en función de las circunstancias concurrentes, el plazo máximo en que deba efectuarse la primera revisión del grado y nivel que se declare. En caso de precisar ulteriores revisiones, el plazo máximo para realizar las mismas se fijará en la última realizada.
• b) Los servicios o prestaciones que puedan corresponder a la persona conforme al grado y nivel de dependencia reconocido.

2. La resolución deberá dictarse y notificarse a la persona solicitante o a sus representantes legales, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo máximo de tres meses, que se computará a partir de la fecha de entrada de la solicitud en los registros de la Dirección General competente en materia de servicios sociales, todo ello sin perjuicio de los supuestos legales de suspensión de dicho plazo o del supuesto justificado de ampliación del mismo, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso.

Transcurrido el referido plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada, sin perjuicio de la obligación de la Dirección General competente en materia de servicios sociales de resolver expresamente.

3. La resolución de reconocimiento de la situación de dependencia tendrá validez en todo el territorio del Estado y su eficacia quedará demorada hasta la aprobación del correspondiente Programa Individual de Atención.

4. La resolución de reconocimiento de la situación de dependencia podrá ser recurrida en alzada ante el titular de la Viceconsejería competente en materia de asuntos sociales.

Artículo 10 Revisión del grado o nivel de dependencia

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el grado o nivel de dependencia será revisable por las siguientes causas:

• a) Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
• b) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.

2. El procedimiento de revisión se iniciará a instancia de la persona beneficiaria, de su representante legal, o de oficio por la Dirección General competente en materia de servicios sociales.

3. A la solicitud de revisión se acompañarán cuantos informes o documentos puedan tener incidencia para la resolución del procedimiento.

4. Promovida la revisión, serán aplicables, en lo que sea procedente, las normas establecidas en el presente Decreto para el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

Artículo 11 Elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención

1. Una vez notificada la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, y siempre que la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia deba producirse en el año en que se hubiera dictado dicha resolución, conforme al calendario establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se elaborará la propuesta de Programa Individual de Atención correspondiente a la persona beneficiaria.

2. A estos efectos la facultad de propuesta será asumida por parte de las unidades administrativas correspondientes de la Dirección General competente en materia de servicios sociales, tras efectuar un estudio y análisis del expediente, estableciendo mecanismos de colaboración con las distintas Administraciones Públicas competentes en la materia.

3. La Dirección General competente en materia de servicios sociales requerirá a la persona beneficiaria para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, presente la siguiente documentación:

• a) Declaración de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, referidas al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de efectividad del derecho, conforme al calendario establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En caso de que no estuviera obligado a presentarlas, certificado de retenciones de rendimientos percibidos, o, en su defecto, declaración responsable de ingresos y declaración sobre la titularidad de los bienes inmuebles, así como de los bienes muebles que reglamentariamente se determinen.
• b) En su caso, documentación acreditativa de las circunstancias personales y familiares alegadas por la persona interesada.

4. En caso de que la persona beneficiaria o su representante no aporte la referida documentación, la Dirección General competente en materia de servicios sociales le requerirá para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

5. En el procedimiento de elaboración del Programa Individual de Atención, la Dirección General competente en materia de servicios sociales solicitará informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia. Dicho informe se solicitará a las Administraciones Públicas que directa o indirectamente asuman competencias para la realización de los mismos.

Dichos informes deberán ser evacuados en el plazo máximo de diez (10) días contados a partir del siguiente a la recepción de la solicitud del mismo.

Cuando razones de cualquier índole no permitan a los servicios sociales la emisión del informe social necesario para la confección de la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA), dicho informe, con el contenido previsto, será emitido por personal propio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la Dirección General competente en materia de servicios sociales.

6. Durante la elaboración del Programa Individual de Atención, la persona beneficiaria y, si procede, su familia o entidades tutelares que le representen, participará mediante consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas en función de las disponibilidades de la red de centros y servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La unidad administrativa correspondiente elevará a la Dirección General competente en materia de servicios sociales la propuesta de Programa Individual de Atención, en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la notificación de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia.

Véase O [CANARIAS] 7 abril 2008, por la que se establecen los modelos normalizados de propuesta del Programa Individual de Atención, de informe social y del trámite de consulta que se han de utilizar en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia («B.O.I.C.» 15 abril).

Artículo 12 Aprobación

1. La Dirección General competente en materia de servicios sociales dictará, previas las comprobaciones que procedan, resolución por la que se aprueba el Programa Individual de Atención.

2. El Programa Individual de Atención tendrá el siguiente contenido:

• a) Datos y circunstancias personales y familiares de la persona en situación de dependencia.
• b) Servicio o servicios prescritos, con indicación de las condiciones específicas de la prestación de éste o éstos, así como de la participación que en el coste del mismo o los mismos pudiera corresponder a la persona en situación de dependencia según su capacidad económica.
• c) En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, prestación económica vinculada al servicio.
• d) Excepcionalmente, prestación económica para cuidados familiares, cuando la persona beneficiaria esté siendo atendida en su entorno familiar y se reúnan las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda, con indicación de las condiciones específicas de acceso a dicha prestación.
• e) En su caso, prestación económica de asistencia personal, con indicación de las condiciones específicas de acceso a dicha prestación.

3. La aprobación y notificación a la persona beneficiaria o a sus representantes legales del Programa Individual de Atención deberá producirse en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de notificación de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, salvo en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 del presente artículo.

4. Cuando el derecho de acceso a los servicios y prestaciones correspondientes, conforme al calendario establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, deba hacerse efectivo en año distinto a aquel en que se haya dictado la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, se aprobará la propuesta de Programa Individual de Atención en los tres meses anteriores al inicio de su año de implantación.

5. Asimismo, se dispondrá de un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente de la fecha en que por parte de la Dirección General competente se tenga conocimiento de dicho traslado, en el supuesto de que una persona beneficiaria de otra Comunidad Autónoma traslade su domicilio de forma permanente al territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6. La resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención podrá ser recurrida en alzada ante el titular de la Viceconsejería competente en materia de asuntos sociales.

Artículo 13 Revisión

1. El Programa Individual de Atención se revisará por la Dirección General competente en materia de servicios sociales:

• a) A solicitud de la persona interesada o de sus representantes legales.
• b) De oficio cuando las circunstancias lo aconsejen y, en todo caso, cada tres años.
• c) Como consecuencia del traslado de residencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Promovida la revisión, serán aplicables, en lo que sea procedente, las normas establecidas en el presente Decreto para el procedimiento de aprobación de los Programas Individuales de Atención.

Artículo 14 Modificación y extinción de las prestaciones reconocidas

1. Las prestaciones reconocidas podrán ser modificadas o extinguidas, en función de la situación personal del beneficiario, en los siguientes casos:

• a) Cuando se produzca variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento.
• b) Por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
• c) Por fallecimiento del beneficiario.

2. El procedimiento se iniciará de oficio o a solicitud de la persona beneficiaria o su representante y en él se deberá dar audiencia a la persona beneficiaria o a su representante.

3. La resolución será dictada por la Dirección General competente en materia de servicios sociales.

Artículo 15 Seguimiento del Programa Individual de Atención

La Dirección General competente en materia de servicios sociales será la responsable del seguimiento de la correcta aplicación del Programa Individual de Atención y contará con la colaboración de los servicios sanitarios.

Artículo 16 Control de las prestaciones, servicios y beneficios

La Dirección General competente en materia de servicios sociales velará por la correcta aplicación o utilización de los fondos públicos, prestaciones, servicios y cuantos beneficios se deriven del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Disposición Adicional Única Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de la necesidad del concurso de otra persona

A las personas que tengan reconocido el complemento de la necesidad del concurso de otra persona, determinado según el baremo del anexo 2 del Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, se les reconocerá el grado y nivel que les corresponda, en función de la puntuación específica otorgada por el Baremo de la Valoración de Dependencia (BVD) establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Segunda Encuadramiento de las Comisiones Técnicas Insulares de elaboración del Programa Individual de Atención

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Primera Conservación de trámites

Las actuaciones administrativas realizadas por la Dirección General competente en materia de servicios sociales desde la aprobación de los modelos normalizados para la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia por Orden de 25 de mayo de 2007, serán válidas siempre que se ajusten a la regulación establecida en el presente Decreto, o bien se proceda a su adaptación en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Segunda Centros y servicios privados que se hallen prestando servicios a personas a las que se reconozca en situación de dependencia

La Consejería competente en materia de asuntos sociales establecerá las condiciones y términos para que los centros y servicios privados no acreditados que, a la entrada en vigor del presente Decreto, se hallen prestando servicios a personas a las que se reconozca en situación de dependencia, puedan seguir prestándolos, determinando los períodos transitorios de adaptación a la normativa aplicable que se consideren adecuados.

Tercera Competencias del Servicio de Valoración y Coordinación de la Situación de Dependencia

En tanto no se lleve a cabo la creación efectiva de la Unidad de Programa Individual de Atención (PIA) dentro del Servicio de Valoración y Coordinación de la Situación de Dependencia, será este Servicio el que asuma las funciones para elevar propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) a la Dirección General competente en materia de servicios sociales.

Primera Habilitación normativa

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de asuntos sociales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Y en particular, se habilita al titular de la Consejería competente en materia de asuntos sociales para aprobar las disposiciones de carácter general necesarias que regulen la intensidad de protección de los servicios y las prestaciones económicas, su régimen de compatibilidad, así como el régimen de gestión de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; el Servicio de Ayuda a Domicilio; el régimen de acreditación y registro de Centros o Servicios para personas en situación de dependencia reconocida, así como las que determinen la capacidad económica del beneficiario y los criterios de participación de éste en los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Disposición final primera redactada por artículo único de D [CANARIAS] 101/2009, 21 julio, que modifica el D. 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia («B.O.I.C.» 28 julio).Vigencia: 28 julio 2009

Segunda Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.