• Expandir / Contraer índice sistemático
• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• Artículo 1  Objeto de la Ley
• Artículo 2  Suspensión de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística vigentes y de su ejecución
• Artículo 3  Suspensión de la aprobación de los Planes Generales de Ordenación y Normas Subsidiarias
• Artículo 4  Suspensión de la tramitación del Planeamiento Urbanístico de Desarrollo
• Artículo 5  Ámbito temporal de aplicación de las medidas cautelares
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera  Régimen especial para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro
  • Segunda  Planes Parciales no ejecutados
  • Tercera  Comunicación de acuerdos de contenido territorial y urbanístico
  • Cuarta  Caducidad de las autorizaciones previas
  • Quinta  Caducidad de licencias urbanísticas
  • Sexta  Modificación del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única  Suspensión de las autorizaciones previas
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera  Elaboración de las Directrices de Ordenación General y del Turismo
  • Segunda  Desarrollo reglamentario
  • Tercera  Extinción de las medidas cautelares de suspensión
  • Cuarta  Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto de la Ley

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Artículo 2 Suspensión de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística vigentes y de su ejecución

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Artículo 3 Suspensión de la aprobación de los Planes Generales de Ordenación y Normas Subsidiarias

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Artículo 4 Suspensión de la tramitación del Planeamiento Urbanístico de Desarrollo

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Artículo 5 Ámbito temporal de aplicación de las medidas cautelares

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Primera Régimen especial para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro

1. En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, en tanto no se aprueben sus Planes Insulares de Ordenación adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, los cabildos insulares podrán formular y tramitar un Plan Territorial Especial, de ámbito insular, que podrá contener normas de aplicación directa, normas directivas y recomendaciones, y que tendrá por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo turístico, determinando la localización y categorización de la oferta alojativa, previsiones que deberán justificarse debidamente en relación con las características económicas, sociales y territoriales de la isla.

2. La aprobación inicial del Plan corresponderá al cabildo, sin requerir la previa tramitación de avance de planeamiento, debiendo ser sometido a información pública y simultáneo trámite de audiencia a los ayuntamientos, por plazo de un mes. La aprobación provisional corresponderá igualmente al cabildo insular, que remitirá el Plan al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que deberá emitirse en el plazo de un mes.

3. La documentación preceptiva para la formulación de estos Planes Territoriales Especiales será la que exige para los Planes Especiales el Real Decreto 2.187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

4. Estos Planes tendrán vigencia hasta la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación correspondiente adaptado a las Directrices de Ordenación General y del Turismo y, en todo caso, por un plazo máximo de dos años contados desde la publicación de estos Planes Territoriales, sin perjuicio de las determinaciones que, con respecto a los mismos, puedan establecer las Directrices.

5. La entrada en vigor de los Planes Territoriales Especiales excluirá a la respectiva isla de la aplicación de las medidas cautelares previstas en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Ley.

6. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el Gobierno de Canarias presentará en el Parlamento, en el plazo de dos meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, un proyecto de ley que establezca las excepciones y contenidos legales que permitan instaurar en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico, pudiendo establecer la temporalidad y sistema de seguimiento, así como fijar límites y ritmos al crecimiento en las modalidades y tipos de establecimientos alojativos que se determinen. Dentro del modelo territorial y de desarrollo económico para estas islas, el planeamiento identificará los ámbitos insulares para el desarrollo turístico convencional en núcleos y las previsiones de un modelo específico para posibilitar la realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario.

Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CANARIAS] 6/2002, 12 junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma («B.O.I.C.» 1 julio), establece lo siguiente: «Los Planes Territoriales Especiales previstos en la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, deberán incorporar las previsiones que se establecen para el planeamiento insular en los artículos 4, 5, 7 y 8 del presente texto legal, y tendrán el carácter de instrumentos de ordenación territorial insular de la actividad turística en tanto no se encuentre adaptado el respectivo Plan Insular de Ordenación».

Segunda Planes Parciales no ejecutados

Queda extinguida la eficacia de los Planes Parciales con destino total o parcialmente turístico, aprobados definitivamente con anterioridad a la vigencia de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y para los que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se den alguna de las siguientes circunstancias:

• - No se hubiera aprobado el proyecto de reparcelación.
• - No se haya obtenido la aprobación definitiva de las bases y estatutos de la junta de compensación, cuando sea de aplicación este sistema y subsiguiente aprobación del proyecto de compensación.
• - No se hubieran materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al ayuntamiento.
• - No se hubiera aprobado por la Administración competente el proyecto de urbanización del ámbito que abarca el Plan Parcial o, en su caso, de la etapa que corresponda.

Tercera Comunicación de acuerdos de contenido territorial y urbanístico

1. Para la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del acuerdo de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística será preciso acreditar, de modo fehaciente, la presentación oficial en la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación del territorio, del acuerdo administrativo de aprobación de dicho instrumento acompañado de la documentación y normativa íntegras del planeamiento, debidamente diligenciadas.

La eficacia de los acuerdos de aprobación definitiva del planeamiento y su normativa quedará demorada hasta la completa publicación en los diarios oficiales previstos en la normativa aplicable.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificado por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, los cabildos insulares deberán remitir a la consejería competente en materia de turismo, certificación literal de las resoluciones de los procedimientos de otorgamiento de las autorizaciones previas previstas en el artículo 24 de dicha norma legal.

3. Los ayuntamientos, a través de sus Secretarios, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 142 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, deberán remitir a la consejería competente en materia de turismo y al cabildo insular respectivo, simultáneamente con el acto de notificación a los interesados, copia exacta de las licencias urbanísticas que se otorguen para uso turístico-alojativo y de las licencias para uso residencial concedidas en las urbanizaciones turísticas.

Cuarta Caducidad de las autorizaciones previas

La eficacia de las autorizaciones previas reguladas en el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que se otorguen para el ejercicio de actividades turísticas alojativas se extinguirán por el transcurso de un año, contado desde la notificación de la resolución de otorgamiento, sin que se haya solicitado la correspondiente licencia urbanística, así como por el hecho del no comienzo o terminación de las obras dentro, respectivamente, de uno y dos años siguientes al otorgamiento de la licencia, o en los de prórroga de dichos plazos de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 169 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, sin perjuicio de la prórroga de la eficacia de la autorización previa dispuesta por el cabildo insular correspondiente a petición de los interesados.

Quinta Caducidad de licencias urbanísticas

1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedará extinguida la eficacia de las licencias urbanísticas para la construcción o modificación de establecimientos turísticos alojativos, otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuando se hallaren incursas en situación de caducidad, sin necesidad de declaración expresa.

2. Los mismos efectos extintivos de las licencias serán de aplicación, cuando, no hallándose incursas en dicha situación de caducidad, no se acredite por el promotor en el plazo de un mes ante la consejería competente en materia de turismo, que las obras ya estaban iniciadas el 1 de enero de 2001 y tuvieran ejecutada la totalidad de la estructura o al menos el 10% del importe de la edificación, sin incluir acopios, o se acredite alternativamente que las obras fueron iniciadas con anterioridad a la misma fecha, no se han interrumpido y permanecen en construcción en el momento de aprobación de esta Ley. Los extremos anteriores se acreditarán mediante certificación técnica del director de las obras, copia diligenciada del proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia urbanística, copia compulsada de la misma y acta notarial acreditativa del estado de ejecución de las obras.

Tras las comprobaciones técnicas pertinentes, la citada consejería notificará a los cabildos insulares y ayuntamientos correspondientes la relación de licencias a las que no resultaran de aplicación los efectos extintivos previstos en la presente disposición.

3. La extinción de la eficacia de las licencias conllevará en su caso, la paralización de las correspondientes obras y la inaplicabilidad de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

Sexta Modificación del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias

Se modifica el artículo 16 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que quedaría del siguiente tenor:

«Artículo 16 Directrices de Ordenación: procedimiento

1. La iniciativa para la elaboración de las Directrices de Ordenación corresponderá al Consejo de Gobierno a propuesta de:

• a) La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo, cuando afecten a la competencia de dos o más Consejerías y, en todo caso, las de carácter general; y
• b) La Consejería competente por razón de la materia en los restantes casos.

  El acuerdo de iniciación del procedimiento fijará los objetivos, plazos y criterios para la elaboración de las Directrices.

2. Corresponde al Consejero que hubiera tomado la iniciativa, cuando los trabajos de redacción hayan alcanzado un grado suficiente de concreción, someter un avance de Directrices a un trámite de información ciudadana y simultáneamente a otro de consulta con las administraciones públicas afectadas, de conformidad con las previsiones del artículo 11.2 de esta Ley.

3. La Consejería elaboradora del avance, previo estudio de las alegaciones y propuestas, propondrá al Gobierno un texto de Directrices para su consideración y aprobación inicial si procede.

4. El texto aprobado inicialmente será sometido, a su vez, a información pública y a consulta de las administraciones públicas y como resultado de este proceso participativo se procederá a la elaboración de un texto final provisional de las Directrices, que se someterá a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

5. El Gobierno remitirá al Parlamento, el texto final provisional, para su debate conforme al procedimiento establecido para los programas del Gobierno en el Reglamento de la Cámara.

6. El Gobierno procederá a la elaboración y aprobación del texto final de las Directrices, teniendo en cuenta en su redacción el contenido de las resoluciones aprobadas por el Parlamento en el debate a que se refiere el párrafo anterior sobre el contenido del texto provisional final de las Directrices, de forma que se asegure la congruencia del conjunto del instrumento de ordenación.

7. El Gobierno remitirá finalmente al Parlamento, para su trámite reglamentario un Proyecto de Ley de artículo único, que deberá acompañar como anexo el texto final de las Directrices de Ordenación.»

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única Suspensión de las autorizaciones previas

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Primera Elaboración de las Directrices de Ordenación General y del Turismo

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Segunda Desarrollo reglamentario

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Tercera Extinción de las medidas cautelares de suspensión

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Cuarta Entrada en vigor

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