Sumario

Ley [LA RIOJA] 1/2002, 1 marzo, derogada por la disposici�n derogatoria �nica de Ley [LA RIOJA] 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja (�B.O.L.R.� 28 diciembre) el 17 de enero de 2010.

El Presidente de la Comunidad Aut�noma de La Rioja

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constituci�n y el Estatuto de Autonom�a, promulgo la siguiente Ley:

Exposici�n de motivos

El Estatuto de Autonom�a de La Rioja, desde su redacci�n originaria en 1982, ya preve�a como competencia exclusiva de esta Comunidad la de �asistencia y bienestar social� en su art�culo 8.1.18. Posteriormente, las diversas transferencias de competencias producidas en esta materia supusieron que las mismas se unificaran en un �nico departamento.

Fueron varias las normas que se dictaron, pero la primera vez que se estructur� y sistematiz� el �rea de los servicios sociales fue con la Ley 2/1990 de 10 de mayo.

Despu�s de diez a�os de vigencia, la vocaci�n de perdurabilidad con que toda Ley es aprobada puede verse cumplida por �sta de servicios sociales. Con esta afirmaci�n no se trata de establecer en diez a�os el tiempo razonable de vigencia de una Ley; de lo que se trata es de reconocer que los cambios �ltimamente producidos en materia de servicios sociales hacen que el texto de 1990 tenga que ser sometido a una revisi�n de tal intensidad que hacen aconsejable la aprobaci�n de una nueva Ley.

Efectivamente, es de resaltar en primer lugar que, como el Pre�mbulo ya reconoc�a, hab�a transferencias a�n pendientes de ser asumidas por la Comunidad.

Por Real Decreto 75/1998 se traspasa a la Comunidad Aut�noma de La Rioja funciones y servicios de la Seguridad Social, en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO). Ello ha supuesto la asunci�n de materias sobre determinados colectivos, en las que estaba actuando el Gobierno de La Rioja desarrollando pol�ticas p�blicas en materia de servicios sociales, lo que ha exigido un esfuerzo para la unificaci�n e integraci�n de conceptos, acciones y recursos.

En segundo lugar, la materia que se regula, caracterizada por su dinamismo y versatilidad, ha supuesto que determinados planteamientos te�ricos llevados a la Ley anterior hayan quedado superados.

Tal dinamismo ha supuesto la respuesta, tanto legal como reglamentaria, en materias propias del sector. Pueden ser citadas las relativas a Infancia (Ley 4/1998), Derechos y Deberes de las personas usuarias, autorizaciones, infracciones y sanciones e inspecci�n en el �mbito de los servicios sociales (Ley 5/1998); Voluntariado (Ley 7/1998), Registro de Entidades (Decreto 6/2000); Foro de integraci�n de los inmigrantes (Decreto 10/2000).

El t�tulo competencial que habilita a esta Comunidad Aut�noma para dotarse de la presente Ley ha de ser buscado en los mismos preceptos que la Ley anterior, si bien ahora con cita actualizada de las normas. En este sentido, y en primer lugar, puede ser citada la propia Constituci�n en sus enunciados gen�ricos (art�culos 1; 9.2.; 14; etc.) y espec�ficos dirigidos a sectores concretos como la familia, disminuidos, tercera edad, etc.(art�culos 39; 49; 50; etc.).

Tambi�n deben ser citados los mandatos de la Carta Social Europea firmada en Tur�n el 18 de octubre de 1961 y ratificada por Espa�a mediante Instrumento de 29 de abril de 1980 (BOE 26-6-1980); y su Protocolo Adicional firmado en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988 y ratificado por Espa�a mediante Instrumento de 7 de enero de 2000 (BOE 25-4-2000).

Por �ltimo, nuestro Estatuto de Autonom�a, en cuyo art�culo 8.1 se reconoce a esta Comunidad Aut�noma la competencia exclusiva en diversas materias, entre ellas la de �asistencia y servicios sociales� (apartado 30); �desarrollo comunitario. Promoci�n e integraci�n de los discapacitados, emigrantes, tercera edad y dem�s grupos sociales necesitados de especial protecci�n, incluida la creaci�n de centros de protecci�n, reinserci�n y rehabilitaci�n. Orientaci�n y planificaci�n familiar� (apartado 31); y �protecci�n y tutela de menores� (apartado 32).

Un recorrido no exhaustivo de esta Ley permite destacar los siguientes aspectos:

• 1. El T�tulo I, destinado a las disposiciones generales, establece de manera clara que los servicios sociales se ordenan en un sistema integrado y de responsabilidad p�blica, regido por los principios que igualmente se enuncian.
• 2. En el T�tulo II se establece la estructuraci�n del sistema en dos niveles, se�al�ndose las caracter�sticas, funciones y equipamientos de cada uno de ellos.

  La estructura territorial supone una innovaci�n. Los servicios sociales generales o comunitarios se estructuran en zonas b�sicas y en demarcaciones, cada una de ellas con sus propios equipamientos: Unidades de Trabajo Social o UTS, y Centros de Coordinaci�n de Servicios Sociales Comunitarios, respectivamente.

  Los servicios sociales especializados van dirigidos hacia necesidades espec�ficas de determinados grupos o sectores. La referencia legal de estos sectores ha sido adaptada a la realidad actual, acomodando la terminolog�a a las denominaciones com�nmente aceptadas en cada sector y realizando una nueva delimitaci�n del campo de actuaci�n.

• 3. Enlazando con lo anterior el T�tulo III realiza una nueva atribuci�n de competencias. La materia concerniente a los servicios sociales de primer nivel de atenci�n corresponde, en general, a las Entidades Locales. Esta generalidad se ve en parte quebrada en nuestra Comunidad. En efecto, la peculiaridad de ser Comunidad uniprovincial hace que, en ocasiones, la Comunidad tenga que prestar servicios del primer nivel ejerciendo las competencias que corresponden a las Diputaciones Provinciales seg�n prev� el art�culo 13 del Estatuto de Autonom�a. Por ello estos servicios prestados no por las Entidades Locales, sino por la propia Comunidad Aut�noma, se siguen denominando generales y se encuadran en el primer nivel de atenci�n.
• 4. El T�tulo IV se distribuye en 3 cap�tulos, dedicados, respectivamente, a la regulaci�n de la participaci�n ciudadana a trav�s de los �rganos colegiados constituidos para tal fin; la iniciativa privada en el �mbito de los servicios sociales, incluy�ndose como novedad la ordenaci�n de la misma a trav�s de los mecanismos de registro, autorizaci�n e inspecci�n, y por �ltimo el fomento del voluntariado.
• 5. Por �ltimo, en el T�tulo V, dedicado a la financiaci�n del sistema, se enumeran las fuentes de financiaci�n y se establece la obligaci�n de la Administraci�n competente en la prestaci�n de los servicios sociales de consignar en sus presupuestos las cantidades suficientes para el ejercicio de dicha competencia. Igualmente, se establecen los principios que deben regular el otorgamiento de subvenciones y la suscripci�n de convenios de colaboraci�n con las entidades que act�an en el sector.

  Finalmente, se introduce la figura del precio p�blico como medio de establecer la participaci�n de las personas usuarias en la financiaci�n de los servicios, recogiendo la experiencia acumulada en diversos �mbitos del sector, donde se ha manifestado como un medio id�neo para modular dicha aportaci�n en funci�n del coste del servicio y de la situaci�n socioecon�mica de las personas usuarias.