Sumario

Ley [REGI覰 DE MURCIA] 1/2001, 24 abril, derogada por Disposici髇 derogatoria de Decreto Legislativo 1/2005, 10 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Regi髇 de Murcia (獴.O.R.M.� 9 diciembre) el 9 de enero de 2006.

El Presidente de la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi髇 de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 1/2001, de 24 de abril, 獶el Suelo de la Regi髇 de Murcia�.

Por consiguiente, al amparo del art韈ulo 30.Dos, del Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente Ley:

Exposici髇 de motivos

Uno

獿a evoluci髇 de las ciudades debe ser el resultado de la combinaci髇 de las distintas fuerzas sociales y de las acciones de los principales representantes de la vida c韛ica�, pregona la Nueva Carta de Atenas de 1998, corolario de la evoluci髇 en los 鷏timos cincuenta a駉s de las inquietudes en el desarrollo urban韘tico, que ha tenido diversas manifestaciones precedentes en el 醡bito de la Uni髇 Europea. Es obligaci髇 de los poderes p鷅licos dar cauce a dicha evoluci髇, estableciendo los marcos legislativos en los que se debe desarrollar la ordenaci髇 del territorio y la planificaci髇 urban韘tica, entendidos en el escenario de la globalidad y del desarrollo sostenible como, en definici髇 del informe Brundtland, 玪a satisfacci髇 de las necesidades de la presente generaci髇 sin poner en peligro la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan las suyas�.

El art韈ulo 10. Uno, 2 del Estatuto de Autonom韆 para la Regi髇 de Murcia, Ley Org醤ica 4/1982, de 9 de junio, seg鷑 redacci髇 de la Ley Org醤ica 1/1998, de 15 de junio, otorga a aqu閘la la competencia exclusiva en materia de ordenaci髇 del territorio y litoral, urbanismo y vivienda, se馻lando en el n鷐ero dos que, en ejercicio de estas competencias, corresponde a la Regi髇 la potestad legislativa, la reglamentaria y la funci髇 ejecutiva con respeto a la Constituci髇.

Dos

Hasta la fecha han sido varias las manifestaciones legislativas que la Comunidad Aut髇oma ha tenido en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo, si bien en todas las ocasiones, con car醕ter parcial y, en algunos casos, meramente de distribuci髇 competencial. Es llegado el momento de abordar en un solo cuerpo legal la regulaci髇 de toda la materia, una vez que ha quedado clarificado el 醡bito de actuaci髇, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre R間imen de Suelo y Valoraciones.

Desde la asunci髇 de competencias en esta materia se han aprobado por la Comunidad Aut髇oma distintos textos legislativos, algunos ya derogados, que han cumplido su funci髇 y han servido de marco de relaci髇 para regular actuaciones en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo, en conjunci髇 con la legislaci髇 estatal. La actual regulaci髇 auton髆ica de estas materias viene dada por las siguientes disposiciones: Ley 12/1986, de 20 de diciembre; de Medidas para la protecci髇 de la legalidad urban韘tica, Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenaci髇 y Protecci髇 del Territorio de la Regi髇; y la Ley 10/95, de 24 de abril, de Modificaci髇 de las Atribuciones de los 觬ganos de la Comunidad Aut髇oma en materia de urbanismo.

Estas disposiciones van a quedar derogadas por la presente Ley, salvo aquella parte de la Ley 4/1992 que se ocupa de los espacios protegidos y su regulaci髇 as� como el cat醠ogo de los distintos tipos de espacios clasificados en la Regi髇.

Tres

La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 trajo consigo la anulaci髇 de m醩 de doscientos art韈ulos del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana, y por ende, la derogaci髇 del sistema m醩 complicado sobre equidistribuci髇 de beneficios y cargas que ha existido, no s髄o en nuestro pa韘, sino tambi閚 en el Derecho comparado, al tiempo que recuperaba su vigencia el Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, Texto Refundido de la Modificaci髇 de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975, que a pesar de su car醕ter preconstitucional ha supuesto, en reconocimiento de la doctrina, el modelo m醩 adecuado para resolver los problemas derivados de la planificaci髇 urban韘tica. Buena prueba de ello es que gran parte de las legislaciones auton髆icas son tributarias de los conceptos de dicha Ley.

En comunidades aut髇omas que no ten韆n desarrollo legislativo completo, tras la citada sentencia del Tribunal Constitucional, la legislaci髇 urban韘tica ven韆 conformada por la aplicaci髇 del Texto Refundido de 1976 y los art韈ulos que quedaban vigentes del Texto Refundido de 1992 y la legislaci髇 auton髆ica antes citada. Fijado por la sentencia del Tribunal Constitucional el marco de actuaci髇 de la legislaci髇 estatal, se aprob� la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Reforma del R間imen del Suelo y Valoraciones, que establece el contenido b醩ico de la propiedad del suelo, y que ha supuesto la incorporaci髇 de un nuevo concepto en el r間imen y tipos de suelo, en una clara evoluci髇 y modernizaci髇 de nuestro Derecho, m醩 adecuado a las exigencias de liberalizaci髇 del mercado del suelo, que nos vienen impuestas por mor de la globalizaci髇 y de nuestra integraci髇 europea.

Cuatro

La justificaci髇, pues, de la conveniencia y oportunidad de esta Ley es m醩 que evidente, no s髄o por el marco legislativo de aplicaci髇, que debe acomodarse a las circunstancias actuales, sino tambi閚 por la necesidad de incorporar a la legislaci髇 los principios exigidos por la sociedad. Tales principios ponen especial 閚fasis en la relaci髇 entre urbanismo, cohesi髇 social, desarrollo sostenible y protecci髇 del medio ambiente y del patrimonio, y est醤 recogidos tanto en los t韙ulos XVII y XIX del Tratado de la Uni髇 Europea, como en la ya citada Nueva Carta de Atenas de 1998, en Desarrollo Sostenible de las Ciudades Europeas de 1996 y en Perspectiva Europea de Ordenaci髇 del Territorio de 1997.

Estos principios informan esta legislaci髇 de la Comunidad Aut髇oma, aunque no ser韆 justo dejar de mencionar otros documentos de los 鷏timos a駉s que, sin duda, han influido a la hora de establecer los principios en que se desarrolla esta materia y cuyas conclusiones tambi閚 tienen reflejo en el texto normativo, cuales son: el Informe de la Comisi髇 de Expertos sobre Urbanismo, el llamado Documento de Salamanca y el Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre Remedios Pol韙icos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el da駉 creado por los monopolios. Competencia en el mercado del Suelo.

Cinco

Como principios b醩icos inspiradores de la Ley, con independencia de los ya se馻lados, y en lo que se refiere a la instrumentaci髇 de los distintos institutos, hemos de se馻lar, en primer lugar, el reconocimiento de la autonom韆 municipal, otorg醤dole a los ayuntamientos las competencias en materia de urbanismo, quedando reservadas para la Comunidad Aut髇oma exclusivamente las que se refieren al control de legalidad y al inter閟 supramunicipal; manteniendo as� la doctrina fijada tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, haciendo desaparecer tambi閚 la distinci髇 entre ayuntamientos con m醩 o menos poblaci髇 a la hora del reconocimiento de sus facultades.

En segundo lugar, es una Ley que establece instrumentos y mecanismos, tanto de ordenaci髇 del territorio como de planeamiento urban韘tico municipal, que son flexibles y adaptables en cualquier momento a las circunstancias que el inter閟 p鷅lico demande. Frente a la rigidez del modelo establecido por la Ley 8/1990, se establece una mayor capacidad de adaptaci髇 de la pol韙ica urban韘tica y del planeamiento a las coyunturas econ髆icas; propugnando, al tiempo, una tramitaci髇 simple lo que sin duda redunda en una mayor seguridad jur韉ica, tanto para los propietarios de suelo como para las administraciones.

Se pone especial 閚fasis en los instrumentos de ordenaci髇 y de planificaci髇, y en la protecci髇 medioambiental y del patrimonio, puesto que la necesidad de crear una ciudad, un 醡bito de relaci髇 y convivencia m醩 sostenible, es uno de los mayores retos del siglo XXI. Respecto a las competencias medioambientales, se tiene especial cuidado en que los distintos instrumentos garanticen el respeto al medio f韘ico, al medio ambiente y al patrimonio hist髍ico y cultural de la sociedad murciana.

Trata al propio tiempo de solventar los problemas concretos que la Comunidad Aut髇oma de Murcia tiene y de acomodarse a las tensiones y tendencias leg韙imas de la poblaci髇.

Supone, en fin, una importante liberalizaci髇 del mercado de suelo y se incentiva expresamente la participaci髇 de la iniciativa privada en los modos de gesti髇 urban韘tica, impidiendo la posibilidad de monopolizar los suelos capaces de asumir el crecimiento urbano.

Seis

La Ley dispone de un t韙ulo preliminar en el que se relacionan el objeto, 醡bito, finalidades y competencias en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo, que alcanzan la globalidad, tanto de unas como de otras, que son necesarias para el eficaz ejercicio de la potestad otorgada en el Estatuto de Autonom韆.

Siete

El t韙ulo primero distribuye las competencias urban韘ticas y de ordenaci髇 del territorio; siendo la Comunidad Aut髇oma la que ejerce las relativas a esta 鷏tima materia y los ayuntamientos los que van a ejercer las mayores competencias urban韘ticas. Cabe destacar que, por primera vez, no se hace distinci髇 alguna de ayuntamientos en raz髇 a su superficie o poblaci髇 y que, con respeto al mandato constitucional, se residencian en ellos las competencias en materia urban韘tica, reserv醤dose 鷑icamente la Comunidad Aut髇oma las relativas al control de legalidad y al inter閟 supramunicipal, para aquellas actuaciones cuyo 醡bito o influencia sea mayor que el del municipio donde se ubiquen, o que, siendo municipales, tengan influencia en otro u otros municipios. Es, por tanto, una Ley de clara vocaci髇 municipalista.

En cuanto a los 髍ganos urban韘ticos y territoriales, destaca la creaci髇 de la Comisi髇 de Coordinaci髇 de Pol韙ica Territorial como 髍gano de colaboraci髇 y coordinaci髇 interadministrativa, que impulsar� la agilizaci髇 de los informes sectoriales en los instrumentos de ordenaci髇 y planeamiento urban韘tico; tambi閚 se crea el Consejo Social de Pol韙ica Territorial como 髍gano de car醕ter participativo de los agentes sociales y econ髆icos de la Regi髇.

Ocho

El t韙ulo segundo se dedica a la regulaci髇 del contenido y tramitaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 del territorio, entre los que figuran, como ordinarios, las Directrices y los Planes de Ordenaci髇 Territorial, junto con los Programas de Actuaci髇 Territorial, que de forma jerarquizada, van a establecer respectivamente los objetivos, la planificaci髇 y coordinaci髇 de actuaciones y la ejecuci髇 de las pol韙icas urban韘ticas y sectoriales con incidencia territorial, regional o comarcal. Vienen a sustituir a las figuras reguladas en la ya obsoleta Ley 4/1992, de Ordenaci髇 y Protecci髇 del Territorio de la Regi髇 de Murcia; debi閚dose destacar el car醕ter din醡ico y polivalente de las mismas, as� como el procedimiento de formulaci髇 y aprobaci髇 que regulan, que pretenden acercar los momentos de iniciaci髇 y entrada en vigor de los mismos y evitar as� las disfunciones que se pueden producir por la diferencia entre el momento analizado a la hora de la formulaci髇 y el momento de la aprobaci髇 y entrada en vigor, cuyas din醡icas sociales y econ髆icas no tienen necesariamente por qu� coincidir.

Adem醩, se regulan como instrumentos excepcionales, las Actuaciones de Inter閟 Regional, para aquellas iniciativas cuyas caracter韘ticas trasciendan el 醡bito municipal y hayan de beneficiar a la Regi髇 de Murcia en el 醡bito de los servicios p鷅licos, la econom韆, la conservaci髇 del medio ambiente o la mejora de la calidad de vida.

Como instrumentos complementarios se establece el Estudio de Impacto Territorial, que habr� de acompa馻r a los instrumentos de ordenaci髇 y planeamiento que la Ley se馻la y que, junto con el Estudio de Impacto Ambiental, valorar�, de forma objetiva, la incidencia que sobre la poblaci髇, la situaci髇 econ髆ica, el medio ambiente y las infraestructuras genera el instrumento al que acompa馻. Y, por otro lado, se crea el Sistema Territorial de referencia, para disponer de la informaci髇 global y sectorial necesaria para la mejor toma de decisiones en los correspondientes instrumentos de ordenaci髇.

Nueve

El t韙ulo tercero regula el r間imen urban韘tico de la propiedad del suelo, partiendo del nuevo r間imen acu馻do por la legislaci髇 estatal. Se divide el suelo en las tres clases b醩icas de urbano, no urbanizable y urbanizable y, de acuerdo con la legislaci髇 estatal, se desarrollan para adaptarlos a la realidad regional. Aun no siendo la Regi髇 de Murcia extensa en su territorio, s� ofrece peculiaridades en sus asentamientos tradicionales a los que la Ley no puede ser ajena, ya que la primera finalidad de una Ley con vocaci髇 de perdurabilidad es la regulaci髇 de las circunstancias y situaciones que son espec韋icas del territorio al que afectan.

En este sentido el texto contiene una espec韋ica regulaci髇 de la Huerta Tradicional de la Regi髇 de Murcia, adecuando su realidad a las diferentes clases y categor韆s de suelo previstas en esta Ley.

En el suelo urbano se establecen cuatro categor韆s y, junto al suelo urbano consolidado y sin consolidar, se definen las categor韆s de suelo urbano de n鷆leo rural, correspondiendo a aquellos asentamientos de poblaci髇 tradicional, vinculados al sector primario con relaciones de vida comunitaria y un m韓imo de infraestructuras, que son frecuentes en los municipios de la Regi髇. Y tambi閚 se crea el suelo urbano especial para aquellos terrenos que constituyan un asentamiento frente a camino p鷅lico tradicional, aun careciendo de alguno de los requisitos del suelo urbano com鷑.

En el suelo urbano se desarrolla tambi閚 el sistema estatal de derechos y deberes, y se establece la inexistencia de cesi髇 de aprovechamiento en los suelos urbanos consolidados, n鷆leos rural y especial y la posibilidad de que en el suelo urbano sin consolidar la cesi髇, que en principio se establece, pueda modularse en funci髇 de las cargas.

El suelo no urbanizable se trata con especial inter閟, desarrollando la doble categorizaci髇 de la Ley estatal. En este sentido, los suelos que est閚 sujetos a alg鷑 r間imen de especial protecci髇 por la legislaci髇 sectorial o porque el planeamiento justificadamente as� los clasifique, constituyen los dos tipos de suelo no urbanizable.

El suelo urbanizable se configura en la doble condici髇 de sectorizado y sin sectorizar, si bien no se establece ninguna preferencia entre ellos a la hora de su gesti髇, salvo la delimitaci髇 para su desarrollo posterior, que tambi閚 podr� ser modificada durante la vida del planeamiento. Las cesiones del aprovechamiento se generalizan en el 10 por ciento, gradu醤dose la participaci髇 p鷅lica en los costes de urbanizaci髇 de dicha cesi髇, en funci髇 de la iniciativa p鷅lica, concertada o privada de la actuaci髇. Para la adecuaci髇 a las necesidades y realidad regionales se fija la categor韆 de suelo urbanizable especial referida a los suelos de un entorno ambiental propio y con urbanizaci髇 parcial, para los que se establece un r間imen de protecci髇 ambiental a trav閟 de planeamiento de desarrollo especial.

En cuanto al r間imen de edificaci髇, se establece un r間imen excepcional para el suelo no urbanizable, previa autorizaci髇 en todo caso de la Comunidad Aut髇oma y con unos usos muy restringidos, incluyendo la posibilidad de vivienda vinculada, a la actividad principal del suelo de que se trate. Y para el suelo urbanizable, se establece la posibilidad de usos permitidos que precisar醤 autorizaci髇 municipal y otros usos excepcionales, que en todo caso necesitar醤 la previa autorizaci髇 de la Administraci髇 Regional; estableci閚dose asimismo la suspensi髇 de este r間imen transitorio cuando las circunstancias as� lo demanden.

Diez

El t韙ulo cuarto regula el planeamiento urban韘tico municipal, estableciendo el Plan General de Ordenaci髇 como instrumento 鷑ico de la ordenaci髇 global municipal, que tendr� mayor o menor contenido y desarrollo en funci髇 de las necesidades propias del t閞mino municipal.

Responde a criterios generalmente aceptados, tanto por la sociedad como por los profesionales y la Administraci髇, y trata de mejorar las deficiencias acusadas a lo largo de los 鷏timos a駉s.

Se pone especial 閚fasis en el desarrollo sostenible, fijando la obligatoriedad tambi閚 del sometimiento a Evaluaci髇 de Impacto Ambiental y protecci髇 del patrimonio hist髍ico y cultural; fijando unos niveles m韓imos de calidad urbana, junto con un r間imen de dotaciones de acuerdo con las necesidades concretas de cada sector.

Por lo que respecta a los criterios de aprovechamiento y cesiones del suelo urbanizable, se establecen cinco categor韆s en cuanto a los aprovechamientos, que dan lugar a un porcentaje de cesiones para zonas verdes y equipamientos que se incrementa conforme aumentan los 韓dices de aprovechamiento; cesiones, en cuanto a los equipamientos, que tienen el car醕ter de gen閞icas para que el plan de desarrollo fije los destinos necesarios para la mejor puesta en servicio del sector.

Los aprovechamientos, en los que como ya se ha dicho, se fija una cesi髇 del 10 por ciento a favor de la Administraci髇 actuante, se definen como de referencia con una doble finalidad; en primer lugar, para justificar la coherencia intr韓seca del planeamiento en la fijaci髇 de distintos aprovechamientos a distintos sectores y a distintos usos; y, en segundo lugar, para permitir una flexibilizaci髇 de hasta un 10 por ciento en el planeamiento concreto del sector con incidencia en el r間imen de cesiones.

Los sistemas generales se adscribir醤 o vincular醤 a los sectores, en cuyo caso, los propietarios obtendr醤 en ellos su aprovechamiento y, en el caso de no adscribirse a ning鷑 sector, su obtenci髇 considerada no preferente se har� por expropiaci髇 o por adscripci髇 posterior. De igual forma, no se establece una programaci髇 econ髆ica en tanto no se concreten los compromisos efectivos por parte de la Administraci髇 o de los particulares.

Se establece el Plan Parcial y los Planes Especiales como instrumentos gen閞icos de desarrollo, debiendo hacerse especial menci髇 a esta 鷏tima categor韆, ya que se catalogan hasta diez tipos distintos de planeamiento especial que van a tratar de desarrollar y dar cumplida satisfacci髇 a las necesidades peculiares de distintos usos y situaciones espec韋icas que se dan en la Regi髇 de Murcia; debiendo destacarse, entre ellos, junto a los de reforma interior y rehabilitaci髇, los de ordenaci髇 de n鷆leos rurales, los de ordenaci髇 de la fachada mar韙ima, los de adecuaci髇 urban韘tica y los de especial trascendencia tur韘tica.

En materia de procedimiento se ha apostado por la flexibilidad y la polivalencia, y son los ayuntamientos los que van a aprobar definitivamente la mayor parte de los instrumentos urban韘ticos, reserv醤dose la Comunidad Aut髇oma s髄o la aprobaci髇 definitiva de los Planes Generales, revisiones y modificaciones de los mismos que afectan a la estructura general y org醤ica del territorio; siendo de aprobaci髇 exclusivamente municipal todo el planeamiento de desarrollo y el planeamiento especial.

Once

El t韙ulo quinto se refiere a la gesti髇 urban韘tica y a los patrimonios p鷅licos de suelo. En cuanto a la gesti髇 urban韘tica se hace un amplio desarrollo de todas las posibilidades de gesti髇, tanto en actuaciones aisladas como en actuaciones integradas, recogiendo, entre las primeras, dos sistemas que han dado mucho juego en la ejecuci髇 del planeamiento a lo largo de los a駉s, como son la cesi髇 de viales y la normalizaci髇 de fincas.

Especial menci髇 merecen las actuaciones integradas, bien sean de iniciativa privada o de iniciativa p鷅lica. En ambas y con las excepciones y especificidades que la Ley determina, se establecen dos instrumentos en torno a los que pivota todo el sistema de gesti髇 de unidades de actuaci髇. Por un lado, el Programa de Actuaci髇, para establecer todo el r間imen de garant韆s, compromisos, inversiones y plazos a que se compromete el urbanizador de forma fehaciente y que tiene como finalidad la eficacia de tales determinaciones, queri閚dose conseguir con ello que no queden sin contenido real los compromisos ofrecidos y que han sido determinantes de la aprobaci髇 administrativa. As�, el Programa de Actuaci髇 podr� elaborarse tanto por la Administraci髇 como por los particulares y en varios momentos de la tramitaci髇 administrativa, incluso sin planeamiento, pudiendo tramitarse conjuntamente, tanto con instrumentos de planeamiento como de gesti髇.

El segundo instrumento es el proyecto de reparcelaci髇, que se utiliza, tanto en el sistema de compensaci髇 como en el de cooperaci髇 y concurrencia, en su caso, y que se ha acreditado a lo largo de los a駉s como el m醩 conveniente para garantizar la f韘ica equidistribuci髇 de los beneficios y cargas.

Se propicia la intervenci髇 de los particulares, ya que s髄o deber� actuar la Administraci髇 en casos especialmente dificultosos o ante la inexistencia de la iniciativa privada.

Los ayuntamientos, ante la inexistencia de iniciativa privada o en circunstancias de urgencia, podr醤 convocar concursos mediante el sistema de concurrencia en los que no har� falta ostentar la condici髇 de propietario del suelo, fijando unas condiciones especiales a trav閟 de la utilizaci髇 del ya referido Programa de Actuaci髇; cabe significar que es un sistema de iniciativa p鷅lica y que no depende de la voluntad exclusiva del que pretenda ser urbanizador, en aras a establecer un equilibrio con los derechos inherentes a la propiedad del suelo.

Se fijan tambi閚 los sistemas de expropiaci髇 y de ocupaci髇 directa, completando el espectro de actuaciones p鷅licas a semejanza de otras Comunidades Aut髇omas.

En cuanto a la intervenci髇 p鷅lica en el mercado del suelo se regulan, tanto los patrimonios p鷅licos de suelo, como los derechos de superficie y de tanteo y retracto, as� como el r間imen de edificaci髇 forzosa y el Registro Municipal de Solares, que deben ser instrumentos a potenciar en la gesti髇 municipal.

Doce

El t韙ulo sexto y 鷏timo se ocupa de la intervenci髇 administrativa y de la disciplina urban韘tica, regulando, por un lado, la licencia en sus distintas modalidades, como instrumento fundamental de control de los actos de edificaci髇 y uso del suelo, y estableciendo su coordinaci髇 con otras licencias y con las previas autorizaciones de otras administraciones.

Singular referencia merece el establecimiento de un expediente sancionador 鷑ico, en el que se incardinan tanto la suspensi髇 de actuaciones ilegales como el restablecimiento de la legalidad infringida con la sanci髇 econ髆ica que tales actuaciones merezca, poniendo especial 閚fasis en los controles por parte de la Administraci髇 y en el alcance de todos los sujetos e intervinientes en el proceso.

Trece

Las disposiciones adicionales transitorias, derogatoria y final contienen un exhaustivo tratamiento de los objetivos que le son propios; debi閚dose significar especialmente la adicional segunda que fija las normas, por otro lado ya establecidas en la Ley 10/1995, de distribuci髇 de competencias regionales en materia de urbanismo, a las que se han de someter los instrumentos de ordenaci髇 del territorio y planificaci髇 urban韘tica, en orden a la aplicaci髇 de la legislaci髇 medio ambiental.