Ley 10/2009, de 30 de noviembre de 2009, de Creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia y Modernización de las Concesiones de Transporte Público Regular Permanente de Viajeros por Carretera

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Sumario

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 10/2009, de 30 de noviembre de 2009, de Creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia y Modernización de las Concesiones de Transporte Público Regular Permanente de Viajeros por Carretera.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Preámbulo

El derecho a la movilidad es una necesidad de imprescindible cobertura por las administraciones públicas en la sociedad moderna, que se concreta en la exigencia de mantenimiento de una red de transporte público de calidad.

En este sentido, la Unión Europea reconoce de manera específica el derecho de los ciudadanos a un transporte seguro, eficaz y de calidad en el Libro Blanco de los Transportes.

En línea con esta política comunitaria, el Gobierno español ha establecido recientemente la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009, donde se da carta de naturaleza a la potenciación del transporte público como una obligación de las Administraciones Públicas, promoviendo todo tipo de actuaciones encaminadas a la generación de una alternativa de movilidad al transporte privado que pueda considerarse realmente sostenible.

En concordancia con estas iniciativas normativas, la Región de Murcia, para la oportuna cobertura de sus necesidades en la materia, se ha dotado a través de la Ley 3/2006, de 8 de mayo, de un instrumento específico como es la Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia, con la finalidad de llevar a cabo la modernización y mejora de la red de transporte público y su adaptación a los requerimientos actuales de los usuarios.

El período de tiempo transcurrido desde la constitución de la Entidad Pública del Transporte y la experiencia obtenida desde esa fecha permiten a esta Entidad encontrarse en óptimas condiciones para el desarrollo y la implementación de políticas integrales de fomento del transporte público que faciliten el paso de los servicios existentes hacia una nueva red conjunta con una mayor calidad objetiva y, además, permitan un riguroso control y la máxima transparencia en la aplicación de los fondos públicos.

En consecuencia, la Región de Murcia cuenta con el instrumento adecuado y se encuentra en el marco temporal y normativo preciso para proceder a la modernización y homogeneización de las vigentes concesiones de transporte público de viajeros por carretera que componen la red, de manera que, por un lado, la Administración tenga un exacto control sobre el servicio efectivamente prestado y sus costes, y, por otro, pueda llevar a cabo las actuaciones de gestión que adecuen dicha red a las necesidades de los usuarios.

Para conseguir ese doble objetivo de control y modernización de las concesiones, la presente ley, en primer lugar, instituye el Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia, que estará constituido por los servicios de transporte de viajeros sobre los que ejerce sus competencias la Entidad Pública de Transportes.

Este Sistema Integrado tiene como finalidad la integración y coordinación de todos los modos y servicios de transporte, facilitando al viajero una movilidad sin interrupciones que supere las diferentes competencias administrativas y con la máxima calidad que la actual tecnología de transportes puede ofrecer.

Con el fin de establecer los términos en que tales servicios se incorporan al Sistema Integrado, se crea la figura de los contratos/programa, instrumento que, en la práctica, viene siendo de común utilización en el sector de los transportes, aunque hasta la fecha no haya sido objeto de regulación. Así, los contratos/programa deberán fijar en detalle las condiciones de prestación de los servicios de transporte y las obligaciones asumidas tanto por la Administración como por los operadores, constituyendo la base contractual que permita el efectivo control por parte de la Entidad Pública del Transporte de la correcta provisión de la oferta de transporte público de los concesionarios, así como el punto de partida para la adaptación de las condiciones de prestación de los servicios a la evolución progresiva de las necesidades reales de movilidad de la población.

En cuanto al objetivo tendente a la modernización de las concesiones, y en pos del incremento de calidad requerido por la creciente competencia del transporte privado, la presente ley recoge los parámetros de mejora que se exigen a las concesiones actuales para su continuidad, que habrán de ser a su vez desarrollados con exhaustividad en los contratos/programa para su adecuada puesta en marcha por parte de los concesionarios. Estos parámetros se concentran en la mejora de los elementos fundamentales de calidad que se exponen a continuación.

En primer lugar, la ley prevé la introducción y utilización de los denominados Sistemas Inteligentes de Transporte, con una serie de claros objetivos, como son: favorecer la coordinación entre modos y empresas de transporte, con políticas de integración tarifaria que simplifiquen la actual oferta dispersa de tarifas y títulos de viaje; mejorar la eficiencia en la explotación de los servicios y en el control sobre los costes de los mismos, de manera que exista la máxima transparencia en la gestión de los recursos públicos aplicados; y facilitar a los potenciales usuarios el acceso inmediato a la información necesaria para desarrollar su trayecto de la manera más adecuada a sus necesidades.

Para la consecución de los objetivos expuestos, la ley propone múltiples actuaciones: facilitar los datos de oferta de transporte público a los potenciales usuarios en tiempo real -a través del suministro de información en las propias paradas de autobús y en Internet, como herramienta más poderosa-; introducir títulos tarifarios integrados y unificados que sean válidos en toda la Región de Murcia; promover la gestión eficiente de los servicios por parte de los concesionarios; favorecer la implementación de la tecnología más moderna disponible, como las tarjetas sin contacto recargables en los vehículos, con transbordo despenalizado entre modos y empresas, para simplificar la movilidad diaria y mejorar la velocidad comercial de la red; y permitir a la Entidad Pública del Transporte el control de la oferta y la demanda en tiempo real, permitiendo así la cuantificación de los resultados de las políticas públicas en el sector. Especialmente importante deviene la introducción de títulos integrados con transbordo despenalizado, que permitirán a los viajeros la utilización de la totalidad de los servicios de la red de transporte público como un conjunto único, superando las habituales trabas impuestas por las diferentes titularidades competenciales. Así, esta homogeneización de los sistemas de cancelación en toda la Región habrá de suponer a los usuarios una clara mejora en la calidad del desplazamiento y un ahorro económico efectivo sobre el total de etapas de su viaje.

Es de significar, además, que esta previsión de innovaciones tecnológicas incluidas en los Sistemas Inteligentes de Transporte permitirá hacer efectiva en mayor medida la aplicación de la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el ámbito del transporte de viajeros.

Como segundo parámetro de modernización concesional, la presente ley impone la renovación del material móvil adscrito a la prestación de los servicios públicos, como medio directo de asegurar el confort del usuario, mejorar las emisiones de los vehículos, proporcionar una mejor imagen y aumentar la seguridad del tráfico. Esta mejora se cuantifica de manera expresa en referencia a la media de la red concesional de Murcia para que sus resultados alcancen a todo el territorio de la Comunidad.

En tercer lugar, se exige aumentar el porcentaje de vehículos accesibles existentes hasta la fecha a personas con discapacidad, movilidad reducida o con deficiencias visuales o auditivas, como medio de proteger su derecho a la movilidad sin restricciones, superando incluso lo previsto en la Ley estatal 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

En cuarto lugar, en relación con las más recientes políticas europeas referidas a la sostenibilidad medioambiental, se determinan los indicadores mínimos de utilización de biocombustibles a emplear en los vehículos que prestan los servicios concesionales.

En quinto lugar, se establece como requisito la adopción de una identidad corporativa única, que será definida por la Entidad del Transporte Público, a incorporar a la flota adscrita a la red de transporte público de Murcia, tanto en los vehículos como en todos los soportes que tengan presencia pública, para redundar en la imagen de red conjunta y coordinada.

Además, la presente ley fija como nuevo requisito concesional el desarrollo de su explotación de acuerdo a protocolos objetivos de calidad que respondan a la más reciente normativa en la materia, como es la UNE EN 13816, específica del transporte de viajeros. Su certificación deviene, así, obligatoria, respondiendo en consecuencia los servicios a criterios homogéneos de calidad.

En sexto lugar, se promoverá el máximo respeto de la legislación laboral vigente, la formación de los profesionales del sector y la igualdad de oportunidades en el empleo.

Con el fin de hacer viable la introducción de las sustanciales mejoras que se han detallado anteriormente, la presente ley establece una ampliación de los plazos de las actuales concesiones, que se ciñe a los períodos fijados en la normativa europea de próxima entrada en vigor. No obstante lo anterior, la presente ley exige que las inversiones a realizar en la explotación concesional para afrontar las mejoras expuestas -previa cuantificación detallada en los contratos/programa sean expresamente asumidas por los concesionarios como contraprestación por la ampliación del plazo concesional, de manera que no puedan ser repercutidas finalmente sobre los usuarios a través de las tarifas.

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