Sumario

El Presidente de la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi髇 de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del art韈ulo 30. Dos, del Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente Ley:

Pre醡bulo

La publicaci髇 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18 de noviembre), obliga a las Comunidades Aut髇omas a adaptar su regulaci髇 a los preceptos que, con car醕ter de b醩icos, en la misma se incluyen. La Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia tiene regulada la materia en unos pocos art韈ulos del actual Texto Refundido de la Ley de Hacienda, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de 2 de diciembre. Dicha regulaci髇, que hasta ahora se ha demostrado escasa, pero suficiente, para cubrir las necesidades de disciplina de su actividad subvencional, deviene con la nueva ley en totalmente insuficiente y necesitada de adaptaci髇.

La referida adaptaci髇 puede conseguirse mediante la modificaci髇 del texto vigente, manteni閚dolo como parte integrante de la norma general de la Comunidad en materia de hacienda p鷅lica, o bien, mediante la elaboraci髇 de un texto independiente, que d� cumplida satisfacci髇 a las nuevas demandas creadas. Entre esas dos opciones, la m醩 adecuada es la segunda, si se tiene en cuenta que el prop髎ito ha de llevar a la confecci髇 de un texto que no tenga el car醕ter 玬inimalista� del que gozaba el hasta ahora vigente, sino que, asumida la tarea, resulta conveniente dotar a la Comunidad de una norma con rango suficiente que d� cumplida respuesta a todos y cada uno de los aspectos que se consideran fundamentales en la regulaci髇 de esta parcela de su actividad econ髆ico financiera.

El r間imen que se dise馻 en la ley de subvenciones de la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia es, como no puede ser de otro modo, respetuoso con la normativa b醩ica estatal en la materia, pero a la vez, intenta completar aquellos aspectos necesitados de concreci髇 y para los cuales su competencia de desarrollo legislativo le permite hacer previsiones que lo enriquecen, optando en caso de disyuntiva, por establecer las normas que se entienden m醩 adecuadas en funci髇 del espec韋ico inter閟 protegido por cada una. De ah� que, unas veces, se configure un r間imen m醩 garantista para los posibles beneficiarios de subvenciones, cuando son sus derechos los directamente afectados, y otras, se decante por un reforzamiento de las potestades administrativas, cuando de proteger los caudales p鷅licos se trate. Todo ello se deriva del ejercicio de competencias propias de la Comunidad Aut髇oma asumidas a trav閟 del Estatuto de Autonom韆, concretamente, la contemplada en el art韈ulo 10, apartado uno, n鷐ero 11 y la del apartado 29 de ese mismo precepto.

Por 鷏timo, se estima que esta norma ha de convertirse en el patr髇 de conducta a seguir en el manejo de los caudales p鷅licos que se dirigen a favorecer las actividades de los particulares que, en mayor o menor medida, se estiman dignos de protecci髇 y por lo tanto, objeto de la actividad de fomento de nuestra Administraci髇 P鷅lica.