Sumario

PREÁMBULO

Es inaplazable la necesidad de la promulgación de la presente Ley de Adaptación del Régimen Jurídico del Personal de la Generalidad Valenciana a la naturaleza de los puestos que ocupa por la situación en que se encuentra la Función Pública de la Generalidad Valenciana: Alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras contratados laborales fijos desempeñando puestos de naturaleza funcionarial, sometidos a la inamovilidad con merma de sus expectativas en la carrera profesional; los Tribunales de Justicia, tanto de lo Contencioso-Administrativo como de lo Social, con el elevado volumen de demandas y reclamaciones que llegan a su ámbito jurisdiccional, dictan reiteradas sentencias para que por la Administración se adecue en sus actuaciones a la Ley, sin entrar en la valoración de normas reglamentarias órdenes e instrucciones con las que la Administración Pública ha pretendido dar soporte jurídico a sus actuaciones.

La Ley 10/1985, de 31 de julio de la Generalidad Valenciana, de la Función Pública Valenciana, establecía textualmente en su justificación: «La Ley ha optado, al regular las cuestiones relativas al personal al servicio de la Generalidad Valenciana, por un modelo de Función Pública ... Todo ello supone una opción hacia un régimen de derecho administrativo».

No obstante, se clasificaron como «laborales» aquellos puestos que en aplicación del artículo 3 en relación con el 16.3 de la citada Ley les hubiera correspondido ser funcionariales de Administración Especial. Por otra parte, el Consejo de la Generalidad Valenciana, con fecha 2 de junio de 1986, tomó un acuerdo para la conversión en personal laboral fijo de personas con contratos laborales temporales, interinos e interinas y personas con contratos administrativos.

La sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional, aparte de declarar inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 30/1984, fundamentalmente el referido a la exigencia de determinación por Ley de la naturaleza de los puestos de trabajo, reafirma el carácter funcionarial de la relación de los empleados y empleadas públicos con la Administración. El cumplimiento de la sentencia provoca la aprobación de la Ley estatal 23/1988, de 28 de julio, que establece los criterios para la determinación de la naturaleza funcionarial o laboral de los puestos de trabajo y que debería haberse aplicado directamente como derecho supletorio.

Este divorcio entre el ordenamiento jurídico de la Función Pública y actuación por parte de la Administración, subsiste hasta la publicación de la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1990, de 14 de noviembre, de adaptación de la Ley 10/1985, de 31 de julio, de la Función Pública Valenciana. Con dicha Ley se establecen expresamente los criterios diferenciadores de los puestos de trabajo según su naturaleza jurídica, incidiendo en el carácter funcionarial de la Administración Especial.

En la nueva Ley se incluye una disposición transitoria para que la Administración proceda a la integración del personal de la Generalidad Valenciana en el régimen administrativo funcionarial o laboral que le corresponda, según la naturaleza de los puestos que ocupe, como consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

El transcurso del tiempo sin instrumentar la aplicación de la mencionada disposición transitoria llevó a los gestores y gestoras de la Función Pública a desbloquear la situación de inmovilidad del personal laboral, al que, según la Ley, le corresponde ser funcionario o funcionaria, dándole acceso a los concursos de provisión de puestos de trabajo clasificados como funcionariales, apoyándose en el espíritu de la Ley y en el Decreto 245/1991 de relaciones de puestos de trabajo que se publica con el objetivo fundamental de dar soporte a la gestión administrativa.

Sin embargo, la condición de laborales concursando a puestos clasificados como funcionariales en los años 1993, 1994 y 1995 hace que se produzcan numerosas sentencias de anulación de concursos, con la consiguiente inseguridad del personal que participó en los mismos.

Una vez más la Ley de la Generalidad Valenciana 5/1994, de 24 de octubre, de Modificación Parcial y Urgente del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública, vuelve a referirse, en su disposición transitoria primera, a la integración del personal en el régimen funcionarial o laboral que le corresponda, insistiendo y aclarando la correspondiente transitoria en la Ley precedente 6/1990. Esta Ley fue precedida del «Decreto 154/1994 de 29 de julio, por el que se establecen las bases del proceso de adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza de sus puestos de trabajo, por desempeñar puestos clasificados como de naturaleza laboral». Posteriormente, por Orden de la Consejería de Administración Pública de 11 de abril de 1995, se convocaron pruebas específicas para materializar lo dispuesto en dicha Ley y Decreto.

Contra esta Orden se presentaron más de una veintena de recursos contencioso-administrativos procedentes de asociaciones, colectivos y funcionarios y funcionarias con carácter individual, y de nuevo se produjo un bloqueo del proceso, pues hubiera sido temerario seguir adelante, corriendo el riesgo de que con posterioridad a su compleja y costosa instrumentación, los Tribunales de Justicia pudieran anularlo.

Nos encontramos ante un colectivo que si bien tiene como denominador común la necesidad de integración en el régimen jurídico que le corresponda según Ley es heterogéneo en cuanto a los procedimientos de acceso a la Administración. Ha sido éste el motivo fundamental tanto en la demora por parte de la Administración del Consejo en abordar el llamado proceso de funcionarización, como de los recursos por parte de quienes se sienten comparativamente agraviados.

Hay que diferenciar cualitativamente cuatro grandes grupos, sin entrar en matizaciones o diferencias que existan entre los integrantes de alguno de ellos, pues nos llevaría a un casuismo esterilizador para la solución del problema.

En un primer grupo se integran aquellos y aquellas que superaron las pruebas selectivas previstas en el Decreto 69/1986 para el acceso a la Función Pública, con las mismas condiciones y exigencias de quienes las realizaron con posterioridad a que ese tipo de puestos de trabajo fueran clasificados como de naturaleza funcionarial.

Un acto administrativo, como es el clasificatorio, no puede desvirtuar la condición de funcionarios o funcionarias que en realidad les correspondía, conforme al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su ingreso en la Administración Pública.

Un segundo grupo lo conforman quienes realizaron prueba selectiva de acceso distinta de la exigible de acuerdo con lo previsto en el Decreto 69/1986.

En un tercer grupo se incluyen quienes no superaron prueba selectiva para adquirir la condición de empleado público o empleada pública como personal laboral fijo en la Administración.

El cuarto grupo está integrado por aquellos trabajadores y trabajadoras de la Generalidad Valenciana que ocupan puestos clasificados como de Administración General y que, por tanto, su adecuación como personal funcionario, requiere que adquieran la condición de generalistas.

Los conocimientos que corresponden a los mismos no son deducibles de ningún determinado título académico, ni de haber venido realizando funciones parciales dentro de lo que es la Administración General, en el concreto puesto de trabajo desempeñado, sino que se adquieren por el dominio de un amplio temario que les posibilita para la movilidad y polivalencia que exige la pertenencia al sector general de Administración.

Se trata así mismo en la presente Ley de la adecuación a sus puestos de trabajo del personal transferido de otras Administraciones Públicas y son integrados según sus circunstancias, en los grupos segundo, tercero y cuarto anteriormente descritos.

Por último, y para cerrar definitivamente la adecuación de la totalidad del personal a la naturaleza de los puestos que ocupa, se prevé la situación del personal funcionario que ocupa puestos clasificados de naturaleza laboral.

Capítulo aparte merece la explicación de utilizar una Ley para materializar el proceso de adecuación del personal de la Generalidad Valenciana a la naturaleza jurídica de los puestos que ocupa. En primer lugar, desde el punto de vista técnico-jurídico, nada repugna para que por Ley se desarrollen contenidos de otra Ley precedente, en concreto la Ley 10/1985, de la Función Pública Valenciana, determina en su artículo cuarto que el desarrollo en clases de la Administración Especial se hará por Ley. Asimismo, la ya reiteradamente citada sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio, determina que los criterios determinantes de la naturaleza jurídica de los puestos de trabajo han de establecerse por Ley.

Existen, por otra parte, indudables razones de eficacia, pues la experiencia ha demostrado que, en esta cuestión tan controvertida por las diferentes situaciones de tipo personal que se dan en el colectivo susceptible de transformación, los intentos de llevarla a cabo por norma de rango inferior han fracasado, pues las impugnaciones a que ha dado lugar han supuesto una vulnerabilidad que les ha hecho perder la garantía de su eficacia.

Y sobre todo, es exigible el rango de Ley porque la situación que se trata de resolver no sólo afecta a un numeroso colectivo de trabajadores y trabajadoras de la Generalidad Valenciana, y de un modo sustancial, a la organización de su Función Pública, pues siendo esto importante, lo es aún más el que esta situación perturbe la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, primordial razón de ser de la propia Administración Pública, por lo que corresponde a las Cortes Valencianas, como más alta y genuina representación de esa ciudadanía, solventar de modo definitivo y concluyente tan dilatado problema.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, que observen y hagan cumplir esta ley.