• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• Art�culo 1
• Art�culo 2
• Art�culo 3
• Art�culo 4
• Art�culo 5
• Art�culo 6
• Art�culo 7
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICION FINAL
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICION TRANSITORIA
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • DISPOSICION ADICIONAL

Art�culo 1

Las funciones y competencias atribuidas actualmente a los Jurados Tributarios y a las Juntas Arbitrales de Aduanas, que se suprimen, se asignan a los Tribunales Econ�mico-Administrativos y a los �rganos gestores de la Administraci�n Tributaria en los t�rminos previstos en la presente Ley.

V�anse los art�culos 1, 20 a 23 y la Disposici�n Transitoria del R.D. 1547/1982, 9 julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 34/1980 de Reforma del Procedimiento Tributario (�B.O.E.� 16 julio).

Art�culo 2

1. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por la Administraci�n en materia tributaria, tanto si en ellas se suscitan cuestiones de hecho como de derecho, corresponder� a los Tribunales Econ�mico-Administrativos, que conservar�n, adem�s, las restantes competencias que tienen atribuidas por la Legislaci�n vigente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los procedimientos especiales de revisi�n y del recurso de reposici�n, regulados en el cap�tulo VIII del t�tulo III de la Ley General Tributaria.

3. Las resoluciones de los Tribunales Econ�mico-Administrativos podr�n ser objeto de recurso contencioso-administrativo con arreglo a las normas reguladoras de esta jurisdicci�n.

Art�culo 3

1. Las funciones que desempe�aban los Jurados Tributarios distintas de las que con arreglo al art�culo 2.� de esta Ley deben ser de la competencia de los Tribunales Econ�mico-Administrativos, se encomiendan a los �rganos gestores de la Administraci�n Tributaria en la forma que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de lo establecido en el art�culo siguiente. Los actos de �stos ser�n recurribles en v�a econ�mico-administrativa.

2. La competencia de las Juntas Arbitrales de Aduanas se asumir� por los Tribunales Econ�mico-Administrativos.

Art�culo 4

1. La determinaci�n de las bases tributarias corresponder� a la Administraci�n en r�gimen de estimaci�n directa.

2. No obstante, cuando los sujetos pasivos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuaci�n inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables o de presentaci�n de declaraciones de tal modo que a la Administraci�n le resulte imposible conocer los datos necesarios para la estimaci�n de la base imponible, los �rganos gestores competentes podr�n fijar dicha base imponible por cualquiera de los siguientes medios:

• a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles y que sean relevantes al efecto.
• b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, as� como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector econ�mico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares a comparar en t�rminos tributarios.
• c) Valorando los signos, �ndices o m�dulos que se den en los respectivos contribuyentes, seg�n los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o equivalentes.

3. En los supuestos a que se refiere el n�mero anterior, para la determinaci�n de la base imponible ser� preceptivo un acto administrativo previo que as� lo declare. Este acto ser� impugnable en v�a econ�mico-administrativa sin perjuicio de la pr�ctica de la correspondiente liquidaci�n cautelar.

4. La Administraci�n tambi�n podr� en cualquier caso establecer presunciones fundadas siempre que entre el hecho demostrado y el que se deduzca exista un enlace preciso y directo seg�n las reglas del criterio humano.

V�ase el apartado d) del art�culo 16 del R.D. 1547/1982, 9 julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 34/1980 de Reforma del Procedimiento Tributario (�B.O.E.� 16 julio).

5. La base determinada seg�n los apartados anteriores podr� enervarse por el contribuyente mediante la correspondiente prueba.

6. Lo dispuesto en este art�culo se entiende sin perjuicio del r�gimen de estimaci�n objetiva singular en los casos previstos por el ordenamiento tributario.

Art�culo 5

1. Quedan igualmente suprimidas las Juntas Mixtas actualmente existentes para la determinaci�n de los valores de los bienes r�sticos y urbanos.

2. Hasta la aprobaci�n de las nuevas normas reguladoras de las Haciendas locales, sus funciones ser�n asumidas por los Organos regulares de gesti�n de la Administraci�n tributaria y, en su caso, por los Consorcios que se creen, en aplicaci�n de lo establecido en la disposici�n adicional 2.� del Real Decreto-Ley 11/1979, de 20 de julio.

3. En los supuestos en que no existan Consorcios, la determinaci�n de los valores tipo en capital y renta, de los bienes y derechos calificados fiscalmente como de naturaleza r�stica y pecuaria se realizar� cada cinco a�os por una Junta Provincial, que estar� integrada por representantes de los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Administraci�n Local.

4. En los supuestos en que no existan Consorcios, en relaci�n con los bienes y derechos calificados fiscalmente, como de naturaleza urbana, los valores tipo de las construcciones y los valores b�sicos del suelo se fijar�n cada cinco a�os por una Junta Provincial de la que formar�n parte representantes de los Ministerios de Hacienda, Obras P�blicas y Urbanismo y de la Administraci�n Local.

5. En uno y otro caso, los valores tipo se expondr�n al p�blico y podr�n ser reclamados en v�a econ�mico-administrativa por los titulares de bienes o derechos comprendidos en la valoraci�n y por las dem�s personas naturales o jur�dicas legitimadas al efecto en sus respectivos textos reguladores, sin perjuicio de las reclamaciones que procedan al ser aplicados individualmente. En todo caso, los valores tendr�n efectividad desde la fecha de su aprobaci�n por la Junta.

Art�culo 6

Se autoriza al Gobierno para establecer en el plazo de seis meses el r�gimen de autoliquidaci�n en la Contribuci�n Territorial R�stica y Pecuaria y en la Contribuci�n Territorial Urbana, as� como para regular los procedimientos de gesti�n y pago de dichos tributos.

Art�culo 7

1. Se desconcentran en los Interventores de las Delegaciones de Hacienda y respecto al �mbito de �sta las siguientes competencias:

• a) La intervenci�n cr�tica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos de contenido econ�mico o movimiento de fondos o valores.
• b) La intervenci�n formal de la ordenaci�n del pago.
• c) La intervenci�n material del pago.

2. Las funciones que se desconcentran seg�n el n�mero anterior podr�n ser delegadas, con la conformidad del Interventor general de la Administraci�n del Estado, en favor de miembros del Cuerpo Especial de gesti�n de la Hacienda P�blica, especialidad de Contabilidad, en las Administraciones de Hacienda y en otras unidades de �mbito inferior a la provincia.

3. En todo caso, los Interventores de Hacienda podr�n avocar para s� cualquier acto o expediente que consideren oportuno.

DISPOSICION FINAL

El Gobierno y el Ministro de Hacienda, en el �mbito de sus respectivas competencias, dictar�n las disposiciones reglamentarias para la ejecuci�n de la presente Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

2. Queda derogado el n�mero 2 del art�culo 21 del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre.

DISPOSICION TRANSITORIA

1. Los expedientes que a la entrada en vigor de la presente Ley hubiesen sido declarados de la competencia de los Jurados Tributarios ser�n resueltos por �stos en el plazo m�ximo de un a�o, plazo durante el cual quedar�n subsistentes dichos organismos con efectos exclusivamente transitorios: transcurrido aqu�l, los expedientes ser�n remitidos a los Tribunales Econ�mico-Administrativos o a los �rganos de gesti�n tributaria, seg�n los casos.

2. Si los citados expedientes hiciesen referencia a tributos devengados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre medidas urgentes de reforma fiscal, los acuerdos que se dicten ser�n motivados e impugnables, en todo caso, en v�a contencioso-administrativa.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 ser� tambi�n de aplicaci�n a las Juntas Arbitrales de Aduanas.

DISPOSICION ADICIONAL

Quedan integrados en el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios los miembros de los Cuerpos de la Inspecci�n Financiera que no lo fueran en virtud del Real Decreto-Ley 40/1977, de 7 de septiembre, en el que constituir�n una Escala a extinguir, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 2 del Real Decreto 490/1978, de 2 de marzo.