Sumario

La disposición adicional vigésima primera de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece que el Gobierno estudiará la situación de los afectados por el síndrome del aceite tóxico en orden a establecer una cobertura económica y social para aquellos que, tras percibir la correspondiente indemnización fijada judicialmente, se encuentren en situación de especial necesidad.

Tal puede ser el supuesto de los trabajadores que en su día debieron de cesar en el ejercicio de su actividad laboral por razón del indicado síndrome, sin que hayan podido reanudar dicha actividad con posterioridad ni, por tanto, encontrarse en situación de alta en el sistema de la Seguridad Social, lo que les dificulta o impide el acceso a las pensiones previstas dentro de la acción protectora de dicho sistema.

Por su parte, en el artículo 125.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se habilita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para determinar los casos que podrán ser asimilados a la situación de alta para determinadas contingencias, con el alcance y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

En uso de dicha habilitación, y para coadyuvar a la consecución de la cobertura económica y social a que se refiere la citada disposición adicional de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, por medio de la presente Orden se declaran en situación asimilada a la de alta, a efectos de las pensiones de jubilación, y de incapacidad permanente o muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes, a los trabajadores afectados por el síndrome del aceite tóxico.

En su virtud, he dispuesto:

DISPOSICIONES FINALES