�4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podr醤 reflejar en un 鷑ico documento el plan de prevenci髇 de riesgos laborales, la evaluaci髇 de riesgos y la planificaci髇 de la actividad preventiva.

Este documento ser� de extensi髇 reducida y f醕il comprensi髇, deber� estar plenamente adaptado a la actividad y tama駉 de la empresa y establecer� las medidas operativas pertinentes para realizar la integraci髇 de la prevenci髇 en la actividad de la empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en funci髇 del nivel de riesgos, as� como el plazo para su ejecuci髇.�

�1. El empresario podr� desarrollar personalmente la actividad de prevenci髇, con excepci髇 de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias:

• a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores.
• b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no est閚 incluidas en el anexo I.
• c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
• d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el cap韙ulo VI.�

�5. La empresa deber� elaborar anualmente y mantener a disposici髇 de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del comit� de seguridad y salud la memoria y programaci髇 anual del servicio de prevenci髇 a que se refiere el p醨rafo d) del apartado 2 del art韈ulo 39 de la Ley de Prevenci髇 de Riesgos Laborales.�

1. Podr醤 actuar como servicios de prevenci髇 ajenos las entidades especializadas que re鷑an los siguientes requisitos:

• a) Disponer de la organizaci髇, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempe駉 de su actividad.
• b) Constituir una garant韆 que cubra su eventual responsabilidad.
• c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuaci髇 como servicio de prevenci髇, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 22.
• d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones se馻ladas en el art韈ulo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, que hubieran concertado.

2. Para actuar como servicio de prevenci髇 ajeno, las entidades especializadas deber醤 ser objeto de acreditaci髇 por la administraci髇 laboral, previa aprobaci髇 de la administraci髇 sanitaria, en cuanto a los aspectos de car醕ter sanitario. La acreditaci髇 se dirigir� a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento mencionados en el apartado anterior.�

1. Las entidades especializadas que act鷈n como servicios de prevenci髇 ajenos deber醤 contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensi髇 y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar, el tipo de actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicaci髇 y tama駉 de los centros de trabajo en los que dicha prestaci髇 ha de desarrollarse, de acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de este real decreto.

2. En todo caso, dichas entidades deber醤:

• a) Contar con la acreditaci髇 de la autoridad laboral competente en las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonom韆 y psicosociolog韆 aplicada.
• b) Disponer como m韓imo de un t閏nico que cuente con la cualificaci髇 necesaria para el desempe駉 de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el cap韙ulo VI, por cada una de las especialidades o disciplinas preventivas se馻ladas en el p醨rafo anterior, salvo en el caso de la especialidad de medicina del trabajo que exigir� contar, al menos, con un m閐ico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa. Asimismo deber醤 disponer del personal necesario que tenga la capacitaci髇 requerida para desarrollar las funciones de los niveles b醩ico e intermedio previstas en el cap韙ulo VI, en funci髇 de las caracter韘ticas de las empresas cubiertas por el servicio.
  
  Los expertos en las especialidades mencionadas actuar醤 de forma coordinada, en particular en relaci髇 con las funciones relativas al dise駉 preventivo de los puestos de trabajo, la identificaci髇 y evaluaci髇 de los riesgos, los planes de prevenci髇 y los planes de formaci髇 de los trabajadores.
• c) Disponer en los 醡bitos territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, como m韓imo, de las instalaciones e instrumentaci髇 necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, an醠isis y evaluaciones habituales en la pr醕tica de las especialidades citadas, as� como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas b醩icas, en los t閞minos que determinen las disposiciones de desarrollo de este real decreto.

3. Sin perjuicio de la necesaria coordinaci髇 indicada en el apartado 2 de este art韈ulo, la actividad sanitaria contar� para el desarrollo de su funci髇 dentro del servicio de prevenci髇 con la estructura y medios adecuados a su naturaleza espec韋ica y la confidencialidad de los datos m閐icos personales.�

�2. Las entidades asumir醤 directamente el desarrollo de aqu閘las funciones se馻ladas en el art韈ulo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que hubieran concertado y contribuir醤 a la efectividad de la integraci髇 de las actividades de prevenci髇 en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jer醨quicos de la misma, sin perjuicio de que puedan:

• a) Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realizaci髇 de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.
• b) Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios materiales que estimen necesarios para prestar el servicio en condiciones y con un tiempo de respuesta adecuado, sin perjuicio de la obligaci髇 de contar con car醕ter permanente con los recursos instrumentales m韓imos a que se refiere el art韈ulo 18.�

1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de la actividad preventiva y deba desarrollarla a trav閟 de uno o varios servicios de prevenci髇 ajenos a la empresa, deber� concertar por escrito la prestaci髇. Dicho concierto consignar�, como m韓imo, los siguientes aspectos:

• a) Identificaci髇 de la entidad especializada que act鷄 como servicio de prevenci髇 ajeno a la empresa.
• b) Identificaci髇 de la empresa destinataria de la actividad, as� como de los centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando se trate de empresas que realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de construcci髇, incluir� expresamente la extensi髇 de las actividades concertadas al 醡bito de las obras en que intervenga la empresa.
• c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicaci髇 para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el art韈ulo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizar醤 para el desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Dichas actuaciones ser醤 desarrolladas de acuerdo con la planificaci髇 de la actividad preventiva y la programaci髇 anual propuestas por el servicio y aprobadas por la empresa.

  Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y as� se especifique en el concierto, 閟te deber� consignar:

  • 1.� Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de prevenci髇 ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las m醧uinas, equipos e instalaciones y la verificaci髇 de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificaci髇 e inspecci髇 establecidas por la normativa de seguridad industrial, as� como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protecci髇.
  • 2.� Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de prevenci髇 ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar mediciones al respecto, sin perjuicio de la inclusi髇 o no de estas mediciones en las condiciones econ髆icas del concierto.
  • 3.� Si se concierta la especialidad de ergonom韆 y psicosociolog韆 aplicada, el compromiso del servicio de prevenci髇 ajeno, de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa.
  • 4.� El compromiso del servicio de prevenci髇 ajeno de revisar la evaluaci髇 de riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jur韉ico, en particular, con ocasi髇 de los da駉s para la salud de los trabajadores que se hayan producido.
  • 5.� Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de trabajo sometidos a la normativa de seguridad y salud en obras de construcci髇, se especificar醤 las actuaciones a desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.
• d) La obligaci髇 del servicio de prevenci髇 de realizar, con la periodicidad que requieran los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoraci髇 de la implantaci髇 de las actividades preventivas derivadas de la evaluaci髇.
• e) La obligaci髇 del servicio de prevenci髇 de efectuar en la memoria anual de sus actividades en la empresa la valoraci髇 de la efectividad de la integraci髇 de la prevenci髇 de riesgos laborales en el sistema general de gesti髇 de la empresa a trav閟 de la implantaci髇 y aplicaci髇 del plan de prevenci髇 de riesgos laborales en relaci髇 con las actividades preventivas concertadas.
• f) El compromiso del servicio de prevenci髇 de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realizaci髇 de las actividades concertadas.
• g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevenci髇 ajeno los da駉s a la salud derivados del trabajo.
• h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevenci髇 ajeno las actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboraci髇 y coordinaci髇 de todos ellos.
• i) La duraci髇 del concierto.
• j) Las condiciones econ髆icas del concierto, con la expresa relaci髇 de las actividades o funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.
• k) La obligaci髇 del servicio de prevenci髇 ajeno de asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los 髍ganos de representaci髇 especializados, en los t閞minos establecidos en la normativa aplicable.
• l) Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que no quedan cubiertas por el concierto.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 28.2.b), las entidades especializadas que act鷈n como servicios de prevenci髇 deber醤 mantener a disposici髇 de las autoridades laborales y sanitarias competentes, una memoria anual en la que incluir醤 de forma separada las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho per韔do, indicando en cada caso la naturaleza de 閟tos.

Igualmente, deber醤 facilitar a las empresas para las que act鷈n como servicios de prevenci髇 la memoria y la programaci髇 anual a las que se refiere el apartado 2.d) del art韈ulo 39 de la Ley de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, a fin de que pueda ser conocida por el Comit� de Seguridad y Salud en los t閞minos previstos en el art韈ulo citado.�

1. Podr醤 constituirse servicios de prevenci髇 mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simult醤eamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los t閞minos previstos en el apartado 3 del art韈ulo 15 de esta disposici髇.

Por negociaci髇 colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el art韈ulo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisi髇 de las empresas afectadas, podr� acordarse, igualmente, la constituci髇 de servicios de prevenci髇 mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un pol韌ono industrial o 醨ea geogr醘ica limitada.

Las empresas que tengan obligaci髇 legal de disponer de un servicio de prevenci髇 propio no podr醤 formar parte de servicios de prevenci髇 mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque s� de los constituidos para empresas del mismo grupo.

2. En el acuerdo de constituci髇 del servicio mancomunado, que se deber� adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las empresas afectadas en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, deber醤 constar expresamente las condiciones m韓imas en que tal servicio de prevenci髇 debe desarrollarse.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho servicio de prevenci髇 debe desarrollarse deber醤 debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de cada uno de los comit閟 de seguridad y salud de las empresas afectadas.

Asimismo, el acuerdo de constituci髇 del servicio de prevenci髇 mancomunado deber� comunicarse con car醕ter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el supuesto de que dicha constituci髇 no haya sido decidida en el marco de la negociaci髇 colectiva.

3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jur韉ica diferenciada, tendr醤 la consideraci髇 de servicios propios de las empresas que los constituyan y habr醤 de contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deber醤 disponer de los recursos humanos m韓imos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevenci髇 ajenos de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recursos materiales, se tomar� como referencia los que se establecen para los servicios de prevenci髇 ajenos, con adecuaci髇 a la actividad de las empresas. La autoridad laboral podr� formular requerimientos sobre la adecuada dotaci髇 de medios humanos y materiales.

4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitar� a las empresas participantes.

5. El servicio de prevenci髇 mancomunado deber� tener a disposici髇 de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria la informaci髇 relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y forma de participaci髇 de las mismas.�

Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de prevenci髇 deber醤 formular solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los siguientes extremos:

• a) Nombre o denominaci髇 social, n鷐ero de identificaci髇 fiscal y c骴igo de cuenta de cotizaci髇 a la Seguridad Social.
• b) Aspectos de la actividad preventiva que pretende efectuar, especificando los tipos de actividad que tienen capacidad de desarrollar.
• c) 羗bito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, as� como previsi髇 del n鷐ero de empresas y volumen de trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad preventiva, en funci髇 de los recursos humanos y materiales previstos.
• d) Previsi髇 de dotaci髇 de personal para el desempe駉 de la actividad preventiva, debidamente justificada, que deber� ser efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios, y con indicaci髇 de su cualificaci髇 profesional y dedicaci髇, especificando su 醡bito territorial de prestaci髇 de servicios.
• e) Identificaci髇 de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva ubicaci髇.
• f) Compromiso de tener suscrita una p髄iza de seguro o garant韆 financiera equivalente que cubra su responsabilidad, por una cuant韆 m韓ima de 1.750.000 euros, efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios. El importe de la cobertura ser� anualmente actualizado en funci髇 de la evoluci髇 del 韓dice de precios al consumo, sin que la citada cuant韆 constituya el l韒ite de la responsabilidad del servicio.
• g) Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con otras entidades para la realizaci髇 de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.�

1. Ser� autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de acreditaci髇 formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de prevenci髇 el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma o de la Ciudad con Estatuto de Autonom韆 donde radiquen sus instalaciones principales. Esa misma autoridad laboral ser� competente para conocer, en su caso, de la revocaci髇 de la acreditaci髇.

2. La acreditaci髇 otorgada ser� 鷑ica y tendr� validez en todo el territorio espa駉l, conforme al procedimiento regulado a continuaci髇.�

1. Recibida la solicitud se馻lada en el art韈ulo 23, la autoridad laboral remitir� copia a la autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, a los fines previstos en el apartado 5 del art韈ulo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria comunicar� a la autoridad laboral su decisi髇 acerca de la aprobaci髇 del proyecto en cuanto a los requisitos de car醕ter sanitario.

2. Al mismo tiempo, la autoridad laboral competente solicitar� informe de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social y de los 髍ganos t閏nicos en materia preventiva de las comunidades aut髇omas o, en el caso de las ciudades con estatuto de autonom韆 de Ceuta y de Melilla, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, as� como aquellos otros que considere necesarios acerca de los aspectos no contemplados en el apartado anterior.

3. La autoridad laboral competente recabar� informe preceptivo de todas las comunidades aut髇omas en las que la entidad haya indicado que pretende desarrollar su actividad. La autoridad sanitaria competente har� lo mismo respecto de las autoridades sanitarias afectadas y en relaci髇 a la comprobaci髇 del cumplimiento de los requisitos sanitarios.

El informe de las autoridades laborales afectadas versar� sobre la suficiencia de los medios materiales y humanos de los que va a disponer la entidad solicitante y se manifestar� sobre la procedencia o improcedencia de la acreditaci髇.

4. Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas recabar醤, a su vez, informe de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social y de sus 髍ganos t閏nicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, as� como cuantos otros informes considere necesarios.

5. La autoridad laboral, a la vista de la decisi髇 de la autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictar� y notificar� la resoluci髇 en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del 髍gano administrativo competente para resolver, acreditando a la entidad o denegando la solicitud formulada. Dicho plazo se ampliar� a seis meses en el supuesto previsto en el apartado 3.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resoluci髇 expresa, la solicitud podr� entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con el art韈ulo 31.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales.

6. Proceder� dictar resoluci髇 estimatoria por parte de la autoridad laboral competente cuando se compruebe el cumplimiento de todos los extremos se馻lados en el art韈ulo 23.

La resoluci髇 estimatoria, que deber� especificar los 醡bitos de actividad de la entidad especializada, se notificar� a las autoridades laborales afectadas, inscribi閚dose tales datos en el Registro al que se refiere el art韈ulo 28.

7. Contra la resoluci髇 expresa o presunta de la autoridad laboral podr� interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 髍gano superior jer醨quico correspondiente.�

1. Las entidades especializadas deber醤 mantener, en todo momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevenci髇 establecidos en este real decreto y en sus disposiciones de desarrollo.

A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligaci髇, las entidades especializadas deber醤 comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variaci髇 que afecte a dichos requisitos de funcionamiento.

2. Las autoridades laboral y sanitaria podr醤 verificar, en el 醡bito de sus competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, comunicando a la autoridad laboral que concedi� la acreditaci髇 las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.

3. Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien directamente o a trav閟 de las comunicaciones se馻ladas en el apartado anterior, la autoridad laboral que concedi� la acreditaci髇 comprobara el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, podr� revocar total o parcialmente la acreditaci髇 otorgada conforme al procedimiento que se establece en el art韈ulo 27. La revocaci髇 o suspensi髇 parcial se entender� referida 鷑icamente al 醡bito territorial de actuaci髇 de la entidad especializada donde se hayan comprobado las deficiencias.

4. Asimismo, la acreditaci髇 podr� ser revocada por la autoridad laboral competente, como consecuencia de sanci髇 por infracci髇 grave o muy grave de las entidades especializadas que act鷈n como servicios de prevenci髇 ajenos, de acuerdo con el art韈ulo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En este caso, el procedimiento de revocaci髇 se iniciar� s髄o en virtud de la resoluci髇 administrativa firme que aprecie la existencia de infracci髇 grave o muy grave.�

1. La autoridad laboral competente iniciar� el expediente de revocaci髇 de la acreditaci髇 mediante acuerdo, que se notificar� a la entidad afectada y que contendr� los hechos comprobados y las irregularidades detectadas o bien el testimonio de la resoluci髇 sancionadora firme por infracci髇 grave o muy grave de las entidades especializadas que act鷈n como servicios de prevenci髇 ajenos, de acuerdo con art韈ulo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Las comprobaciones previas al inicio del expediente sobre el mantenimiento de los requisitos de funcionamiento exigibles al servicio de prevenci髇 ajeno podr醤 iniciarse de oficio por las autoridades laborales o sanitarias o en virtud de los informes emitidos por los 髍ganos especializados de participaci髇 y representaci髇 de los trabajadores en las empresas en materia de prevenci髇 de riesgos laborales.

3. Si la autoridad que lleve a cabo las comprobaciones fuera distinta a la autoridad laboral que acredit� al servicio de prevenci髇 ajeno, remitir� a 閟ta informe- propuesta con la exposici髇 de los hechos comprobados y las irregularidades detectadas.

4. En su caso, la autoridad laboral competente podr� recabar los informes que estime oportunos de las autoridades laborales y sanitarias correspondientes a los diversos 醡bitos de actuaci髇 territorial de la entidad especializada, que habr醤 de ser evacuados en el plazo de quince d韆s.

5. Tras las comprobaciones iniciales y los informes previstos, la autoridad laboral competente notificar� a la entidad especializada el acuerdo a que se refiere el apartado 1 y abrir� un plazo de quince d韆s para las alegaciones de la entidad.

6. Si con posterioridad a la fase de alegaciones se incorporaran nuevas actuaciones al expediente, se dar� nuevamente audiencia a la entidad especializada para que formule nuevas alegaciones, con vista a lo actuado, por plazo de diez d韆s, a cuyo t閞mino quedar� visto el expediente para resoluci髇.

7. La resoluci髇 se notificar� en el plazo m醲imo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇 del expediente de revocaci髇 conforme al apartado 1 y declarar� una de las siguientes opciones:

• a) El mantenimiento de la acreditaci髇.
• b) La suspensi髇 total o parcial de la acreditaci髇 cuando el expediente se haya iniciado por la circunstancia se馻lada en el apartado 3 del art韈ulo anterior.
• c) La revocaci髇 definitiva de la acreditaci髇 cuando el expediente se deba a la concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del art韈ulo anterior.

En el caso del p醨rafo b), la resoluci髇 habr� de fijar el plazo en el que la entidad debe reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que, en caso contrario, la acreditaci髇 quedar� definitivamente revocada. Si la entidad especializada notificara el cumplimiento de las citadas condiciones o requisitos dentro del plazo fijado en la resoluci髇, la autoridad laboral competente, previas las comprobaciones oportunas, dictar� nueva resoluci髇 en el plazo m醲imo de tres meses levantando la suspensi髇 acordada o revocando definitivamente la acreditaci髇.

8. La resoluci髇 se notificar� a la entidad especializada, al resto de autoridades laborales y sanitarias que hayan intervenido y al Registro establecido en el art韈ulo 28 donde se anotar�, en su caso, la revocaci髇 o suspensi髇 de la acreditaci髇 mediante el correspondiente asiento.

9. Si no hubiese reca韉o resoluci髇 transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo que inicia el expediente de revocaci髇 conforme al apartado 1, sin c髆puto de las interrupciones imputables a la entidad, se producir� la caducidad del expediente y se archivar醤 las actuaciones, de lo que se librar� testimonio a solicitud del interesado.

10. Asimismo, si no se hubiese notificado resoluci髇 expresa transcurridos tres meses desde la fecha de la comunicaci髇 por la entidad especializada a la autoridad laboral del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la resoluci髇 que suspendi� la acreditaci髇, se producir� la caducidad del procedimiento y la resoluci髇 en que se declare ordenar� el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el art韈ulo 92 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

11. Contra las resoluciones de la autoridad laboral cabr� la interposici髇 de recurso de alzada ante el 髍gano superior jer醨quico correspondiente en los plazos se馻lados en el art韈ulo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.�

1. En los 髍ganos competentes de las comunidades aut髇omas o de la Administraci髇 General del Estado, en el caso de las ciudades con estatuto de autonom韆 de Ceuta y de Melilla, se crear� un registro en el que ser醤 inscritas las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como servicios de prevenci髇, as� como las personas o entidades especializadas a las que se haya concedido autorizaci髇 para efectuar auditor韆s o evaluaciones de los sistemas de prevenci髇 de conformidad con lo establecido en el cap韙ulo V de esta disposici髇.

2. La configuraci髇 de los registros deber� permitir que, con independencia de la autoridad laboral competente que haya expedido la acreditaci髇:

• a) Los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevenci髇 ajenos o entidades auditoras.
• b) Las entidades especializadas puedan cumplir sus obligaciones de comunicaci髇 de datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento con las autoridades laborales competentes.
• c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo as� como los 髍ganos t閏nicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan tener acceso a toda la informaci髇 disponible sobre las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevenci髇 ajenos o entidades auditoras, al margen de la autoridad que haya expedido la acreditaci髇.

3. Los 髍ganos a los que se refiere el apartado 1, enviar醤 a la Direcci髇 General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigraci髇, en el plazo de ocho d韆s h醔iles, copia de todo asiento practicado en sus respectivos registros.

4. Los datos que obren en los Registros de las autoridades competentes se incorporar醤 a una base de datos cuya gesti髇 corresponder� a la Direcci髇 General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigraci髇.

La configuraci髇 de esta base de datos deber� permitir a las comunidades aut髇omas que sus respectivos registros cumplan las funciones que se le atribuyen en el apartado 2.

5. Las relaciones entre las autoridades laborales se regir醤 por el principio de cooperaci髇 y de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

6. La gesti髇 de los datos obrantes en los Registros se llevar� a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de datos de car醕ter personal. Los datos de car醕ter personal no podr醤 usarse para finalidades distintas de aqu閘las para las que tales datos hubieran sido recogidos.�

�3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no est閚 incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditor韆 por el limitado n鷐ero de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerar� que han cumplido la obligaci髇 de la auditor韆 cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificaci髇 sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma seg鷑 modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este art韈ulo.

La autoridad laboral registrar� y ordenar� seg鷑 las actividades de las empresas sus notificaciones y facilitar� una informaci髇 globalizada sobre las empresas afectadas a los 髍ganos de participaci髇 institucional en materia de seguridad y salud.�

�4. La primera auditor韆 del sistema de prevenci髇 de la empresa deber� llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificaci髇 de la actividad preventiva.

La auditor韆 deber� ser repetida cada cuatro a駉s, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo ser� de dos a駉s. Estos plazos de revisi髇 se ampliar醤 en dos a駉s en los supuestos en que la modalidad de organizaci髇 preventiva de la empresa haya sido acordada con la representaci髇 especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deber� repetirse cuando as� lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los 髍ganos t閏nicos en materia preventiva de las comunidades aut髇omas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la 鷏tima auditor韆.�

1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditor韆 del sistema de prevenci髇 habr醤 de contar con la autorizaci髇 de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud ante la misma, en la que se har醤 constar las previsiones se馻ladas en los p醨rafos a), c), d), e) y g) del art韈ulo 23.

2. La autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictar� resoluci髇 autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el Registro del 髍gano administrativo competente. Transcurrido dicho plazo sin que haya reca韉o resoluci髇 expresa, la solicitud podr� entenderse desestimada.

3. Ser� de aplicaci髇 a la autorizaci髇 lo previsto para la acreditaci髇 en los art韈ulos 24 y 25 as� como lo dispuesto en el art韈ulo 26 en relaci髇 con el mantenimiento de las condiciones de autorizaci髇 y la extinci髇, en su caso, de las autorizaciones otorgadas.�

�2. Para desempe馻r las funciones relacionadas en el apartado anterior ser� preciso contar con una titulaci髇 universitaria oficial y poseer una formaci髇 m韓ima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendr� una duraci髇 no inferior a seiscientas horas y una distribuci髇 horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.�

1. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigraci髇, previo informe de la Comisi髇 Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci髇 de lo establecido en el presente real decreto.

2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborar� y mantendr� actualizada una gu韆 orientativa, de car醕ter no vinculante, para la elaboraci髇 de un documento 鷑ico que contenga el plan de prevenci髇 de riesgos laborales, la evaluaci髇 de riesgos y la planificaci髇 de la actividad preventiva, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 5.3 de este Real Decreto.�

獷n las cooperativas de trabajo asociado se computar醤 a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores ser醤 computados de manera an醠oga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

• a) La duraci髇 de su v韓culo social.
• b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y
• c) A que hayan superado la situaci髇 de prueba o no.�

�3. En el libro de subcontrataci髇 se anotar� la persona responsable de la coordinaci髇 de seguridad y salud en la fase de ejecuci髇 de la obra as� como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecuci髇 de la obra.�

�1. La comunicaci髇 de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deber� ser previa al comienzo de los trabajos y se presentar� 鷑icamente por los empresarios que tengan la consideraci髇 de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.

La comunicaci髇 de apertura incluir� el plan de seguridad y salud al que se refiere el art韈ulo 7 del presente real decreto.�