Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 82, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Previa consulta al Comit� de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Los art韈ulos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 玪a Carta�), el art韈ulo 6 del Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ( CEDH), el art韈ulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos (en lo sucesivo, 玡l Pacto�) y el art韈ulo 11 de la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos consagran la presunci髇 de inocencia y el derecho a un juicio justo.
• (2) La Uni髇 se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Seg鷑 las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los d韆s 15 y 16 de octubre de 1999, y en particular su punto 33, un mejor reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones judiciales y la necesaria aproximaci髇 de las legislaciones facilitar韆n la cooperaci髇 entre autoridades competentes y la protecci髇 judicial de los derechos individuales. El principio de reconocimiento mutuo debe convertirse, por lo tanto, en la piedra angular de la cooperaci髇 judicial en materia civil y penal en la Uni髇.
• (3) Con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), la cooperaci髇 judicial en materia penal en la Uni髇 debe basarse en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones judiciales.
• (4) La aplicaci髇 de dicho principio parte de la premisa de que los Estados miembros conf韆n en los sistemas judiciales penales de los dem醩 Estados miembros. El alcance del principio de reconocimiento mutuo depende de una serie de par醡etros entre los que se incluyen mecanismos de protecci髇 de los derechos de las personas sospechosas o acusadas y la definici髇 de las normas m韓imas comunes necesarias para facilitar la aplicaci髇 de dicho principio.
• (5) Aunque los Estados miembros son parte del CEDH y del Pacto, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por s� sola, esta circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas de justicia penal de los dem醩 Estados miembros.
• (6) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adopt� una Resoluci髇 relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos y acusados en los procesos penales (3) (en lo sucesivo, 玡l plan de trabajo�). Desde una perspectiva gradual, el plan de trabajo insta a adoptar medidas que promuevan los siguientes derechos: traducci髇 e interpretaci髇 (medida A); informaci髇 sobre los derechos y los cargos (medida B); asesoramiento jur韉ico y justicia gratuita (medida C); comunicaci髇 con familiares, empleadores y autoridades consulares (medida D); y salvaguardias especiales para acusados o sospechosos que sean vulnerables (medida E).
• (7) El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogi� favorablemente el plan de trabajo y lo incorpor� al Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (4) (punto 2.4). El Consejo Europeo destac� que el plan de trabajo no era exhaustivo y pidi� a la Comisi髇 que examinara nuevos aspectos de los derechos procesales m韓imos de los sospechosos y acusados, y que estudiara la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunci髇 de inocencia, a fin de fomentar una mejor cooperaci髇 en ese 醡bito.
• (8) Sobre la base del plan de trabajo se han adoptado hasta la fecha tres medidas sobre los derechos procesales en el proceso penal, a saber, las Directivas 2010/64/UE (5) , 2012/13/UE (6) y 2013/48/UE (7) del Parlamento Europeo y del Consejo.
• (9) La finalidad de la presente Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas m韓imas comunes relativas a determinados aspectos de la presunci髇 de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio.
• (10) Mediante el establecimiento de normas m韓imas comunes sobre la protecci髇 de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas m韓imas comunes pueden suprimir tambi閚 los obst醕ulos a la libre circulaci髇 de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.
• (11) La presente Directiva 鷑icamente debe aplicarse al proceso penal tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 玡l Tribunal de Justicia�), sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva no debe aplicarse ni a los procedimientos civiles ni a los administrativos, en particular a aquellos procedimientos administrativos que puedan dar lugar a sanciones, como los procedimientos en materia de competencia, comercio, servicios financieros, infracciones de tr醘ico, tributos o recargos tributarios, ni a las investigaciones que las autoridades administrativas efect鷈n en relaci髇 con tales procedimientos.
• (12) La presente Directiva debe aplicarse a las personas f韘icas sospechosas o acusadas en un proceso penal. Debe aplicarse desde el momento en que una persona sea sospechosa o est� acusada de haber cometido una infracci髇 penal, o una presunta infracci髇 penal, y, por lo tanto, incluso antes de que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante notificaci髇 oficial u otra v韆, su condici髇 de sospechosa o acusada. La presente Directiva debe aplicarse en cualquier fase del proceso penal hasta que adquiera firmeza la resoluci髇 final sobre si el sospechoso o acusado ha cometido la infracci髇 penal. El 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva no debe incluir las acciones ni los recursos judiciales que solo puedan ejercitarse o interponerse una vez que la resoluci髇 de que se trate sea firme, incluidos los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• (13) La presente Directiva reconoce diferentes necesidades y grados de protecci髇 con respecto a determinados aspectos de la presunci髇 de inocencia de las personas f韘icas y jur韉icas. Por lo que respecta a las personas f韘icas, dicha protecci髇 se refleja en jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que los derechos que dimanan de la presunci髇 de inocencia no amparan a las personas jur韉icas en id閚tica medida que a las personas f韘icas.
• (14) En el estado actual de desarrollo del Derecho nacional y de la jurisprudencia tanto nacional como de la Uni髇, resulta prematuro legislar a escala de la Uni髇 en materia de presunci髇 de inocencia de las personas jur韉icas. Por consiguiente, la presente Directiva no debe aplicarse a las personas jur韉icas. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicaci髇 de la presunci髇 de inocencia a las personas jur韉icas, tal como se establece, en particular, en el CEDH y la interpretan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia.
• (15) La presunci髇 de inocencia de las personas jur韉icas debe ampararse en las garant韆s legales y jurisprudencia existentes, cuya evoluci髇 determinar� la necesidad de una intervenci髇 de la Uni髇.
• (16) Se vulnerar韆 la presunci髇 de inocencia si las declaraciones p鷅licas de las autoridades p鷅licas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opini髇 de que esa persona es culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el escrito de acusaci髇, y sin perjuicio de las resoluciones judiciales como resultado de las cuales adquiere eficacia una condena suspendida, siempre y cuando se respete el derecho de defensa. Se entiende, asimismo, sin perjuicio de las resoluciones preliminares de car醕ter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en sospechas o pruebas de cargo, como las resoluciones relativas a la prisi髇 preventiva, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable. Antes de adoptar una resoluci髇 preliminar de car醕ter procesal, la autoridad competente debe comprobar previamente que existen suficientes pruebas de cargo contra el sospechoso o acusado que justifiquen la resoluci髇 de que se trate, y la resoluci髇 podr韆 contener una referencia a dichas pruebas.
• (17) Por 玠eclaraciones p鷅licas efectuadas por las autoridades p鷅licas� debe entenderse cualquier declaraci髇 que se refiera a una infracci髇 penal y que emane de una autoridad que participa en el proceso penal relativo a esa infracci髇 penal, como por ejemplo las autoridades judiciales, la polic韆 y otras autoridades con funciones policiales u otra autoridad p鷅lica, como ministros y otros cargos p鷅licos, bien que sin perjuicio del Derecho nacional en materia de inmunidad.
• (18) La obligaci髇 de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables no debe impedir que las autoridades p鷅licas divulguen informaci髇 sobre el proceso penal cuando sea estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigaci髇 penal, como por ejemplo cuando se hace p鷅lica una grabaci髇 de im醙enes y se pide al p鷅lico que ayude a identificar al presunto autor de la infracci髇 penal, o con el inter閟 p鷅lico, como por ejemplo cuando, por razones de seguridad, se facilita informaci髇 a los habitantes de una zona afectada por una presunta infracci髇 penal contra el medio ambiente, o cuando el ministerio fiscal u otra autoridad competente facilita informaci髇 objetiva sobre el estado de la causa penal con el fin de evitar alteraciones del orden p鷅lico. El recurso a este tipo de motivos deber韆 limitarse a situaciones en las que resulte razonable y proporcionado, teniendo en cuenta todos los intereses. En cualquier caso, la forma y el contexto en que se divulgue la informaci髇 no deben crear la impresi髇 de que la persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido probada con arreglo a la ley.
• (19) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que, cuando faciliten informaci髇 a los medios de comunicaci髇, las autoridades p鷅licas no se refieran a los sospechosos o acusados como culpables mientras no se haya probado con arreglo a la ley la culpabilidad de esas personas. A tal fin, los Estados miembros deben informar a las autoridades p鷅licas de la importancia de tener debidamente en cuenta la presunci髇 de inocencia cuando faciliten o divulguen informaci髇 a los medios de comunicaci髇. Ello se entiende sin perjuicio del Derecho nacional en materia de protecci髇 de la libertad de prensa y otros medios de comunicaci髇.
• (20) Las autoridades competentes deben abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los 髍ganos jurisdiccionales o el p鷅lico, mediante el uso de medios de coerci髇 f韘ica como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, a menos que esos medios sean necesarios en casos espec韋icos, ya sea por motivos de seguridad, por ejemplo para impedir que los sospechosos o acusados se autolesionen o lesionen a otras personas o causen da駉s materiales, o para impedir que los sospechosos o acusados se fuguen o entren en contacto con terceras personas, como testigos o v韈timas. La posibilidad de aplicar medios de coerci髇 f韘ica no implica que las autoridades competentes deban adoptar una decisi髇 formal sobre el uso de tales medios.
• (21) Cuando resulte viable, las autoridades competentes tampoco deben presentar a los sospechosos o acusados ante los 髍ganos jurisdiccionales o el p鷅lico vistiendo indumentaria de prisi髇, para evitar dar la impresi髇 de que esas personas son culpables.
• (22) La carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusaci髇, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. Se vulnerar韆 la presunci髇 de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusaci髇 a la defensa, sin perjuicio de las posibles potestades de proposici髇 de prueba de oficio del 髍gano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilizaci髇 de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado. Dichas presunciones deben mantenerse dentro de unos l韒ites razonables, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa, y los medios empleados deben guardar una proporci髇 razonable con el objetivo leg韙imo que se pretende alcanzar. Dichas presunciones deben ser iuris tantum y, en cualquier caso, solo deben poder utilizarse respetando el derecho de defensa.
• (23) En algunos Estados miembros no solo la acusaci髇, sino tambi閚 los jueces y tribunales competentes, se encargan de buscar pruebas tanto inculpatorias como exculpatorias. Aquellos Estados miembros que no cuenten con un procedimiento contradictorio deben poder mantener su sistema actual, siempre que se respete la presente Directiva y otras disposiciones aplicables del Derecho de la Uni髇 e internacional.
• (24) El derecho a guardar silencio es un aspecto importante de la presunci髇 de inocencia y debe servir como protecci髇 frente a la autoinculpaci髇.
• (25) El derecho a no declarar contra s� mismo es tambi閚 un aspecto importante de la presunci髇 de inocencia. No se debe forzar a los sospechosos y acusados, cuando se les solicite que declaren o que respondan a preguntas, a que aporten pruebas o documentos o a que faciliten informaci髇 que pueda resultar autoinculpatoria.
• (26) El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra s� mismo deben aplicarse a los aspectos relacionados con la infracci髇 penal de cuya comisi髇 es sospechosa o acusada una persona y no, por ejemplo, a las cuestiones relacionadas con su identificaci髇.
• (27) El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra s� mismo implican que las autoridades competentes no deben obligar a los sospechosos o acusados a facilitar informaci髇 si estos no desean hacerlo. A fin de determinar si se ha vulnerado el derecho a guardar silencio o el derecho a no declarar contra s� mismo, debe tenerse en cuenta la interpretaci髇 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del derecho a un juicio justo en virtud del CEDH.
• (28) El ejercicio del derecho a guardar silencio o del derecho a no declarar contra s� mismo no debe utilizarse en contra de un sospechoso o acusado y no debe considerarse por s� mismo como prueba de que el interesado haya cometido la infracci髇 penal en cuesti髇. Ello debe entenderse sin perjuicio de las normas nacionales relativas a la valoraci髇 de la prueba por parte de los jueces o tribunales, siempre que se respete el derecho de defensa.
• (29) El ejercicio del derecho a no declarar contra s� mismo no debe impedir a las autoridades competentes recabar las pruebas que puedan obtenerse legalmente del sospechoso o acusado mediante el ejercicio leg韙imo de poderes coercitivos, y que tengan una existencia independiente de la voluntad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el material obtenido con arreglo a una orden judicial, el material respecto del que exista una obligaci髇 legal de retenci髇 o entrega a petici髇 de la autoridad, como las muestras de aliento, sangre, orina y tejidos corporales para el an醠isis del ADN.
• (30) El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra s� mismo no debe limitar la facultad de los Estados miembros de disponer que, para infracciones leves como las de tr醘ico de menor gravedad, la tramitaci髇 del procedimiento, o de ciertas etapas de este, pueda tener lugar por escrito o sin interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de las autoridades competentes en relaci髇 con la infracci髇 penal de que se trate, siempre que se respete el derecho a un juicio justo.
• (31) Los Estados miembros deben examinar la posibilidad de que, cuando los sospechosos o acusados reciben informaci髇 sobre sus derechos con arreglo al art韈ulo 3 de la Directiva 2012/13/UE, se les proporcione igualmente informaci髇 relativa al derecho a no declarar contra s� mismo, seg鷑 se establezca en el Derecho nacional de conformidad con la presente Directiva.
• (32) Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de garantizar que, cuando los sospechosos o acusados reciben una declaraci髇 de derechos de acuerdo con el art韈ulo 4 de la Directiva 2012/13/UE, dicha declaraci髇 contenga tambi閚 informaci髇 relativa al derecho a no declarar contra s� mismo, seg鷑 se establezca en el Derecho nacional de conformidad con la presente Directiva.
• (33) El derecho a un juicio justo es uno de los principios b醩icos de una sociedad democr醫ica. El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio se basa en ese derecho y debe garantizarse en toda la Uni髇.
• (34) Si, por razones ajenas a su voluntad, los sospechosos o acusados no pueden estar presentes en el juicio, deben tener la posibilidad de solicitar una nueva fecha para el juicio dentro del plazo previsto por el Derecho nacional.
• (35) El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio no es absoluto. En determinadas circunstancias, los sospechosos y acusados han de poder renunciar a ese derecho, de manera expresa o t醕ita, pero siempre inequ韛oca.
• (36) En determinadas circunstancias, debe poder pronunciarse una resoluci髇 de condena o absoluci髇 de un sospechoso o acusado, aun cuando la persona interesada no se encuentre presente en el juicio. Este puede ser el caso si el sospechoso o acusado no comparece personalmente, pese a haber sido informado oportunamente del juicio y de las consecuencias de su incomparecencia. El hecho de que se haya informado del juicio al sospechoso o acusado se debe entender como una citaci髇 a comparecer personalmente o, de otro modo, como una comunicaci髇 de informaci髇 oficial a esa persona acerca de la fecha y el lugar de celebraci髇 del juicio de tal manera que se le permita tener conocimiento del juicio. El hecho de que se informe al sospechoso o acusado de las consecuencias de la incomparecencia se debe entender, en particular, en el sentido de que dicha persona ha sido informada de que puede pronunciarse una resoluci髇 sin que haya comparecido en el juicio.
• (37) Tambi閚 debe poder celebrarse un juicio que pueda dar lugar a una resoluci髇 de condena o absoluci髇 de un sospechoso o acusado en su ausencia, cuando este haya sido informado del juicio y haya encomendado a un letrado, designado o bien por el sospechoso o acusado o bien por el Estado, su defensa en el juicio, y dicho letrado haya defendido en el juicio los intereses del sospechoso o acusado.
• (38) A los efectos de considerar si el modo en que se notifica la informaci髇 es suficiente para garantizar que la persona tenga conocimiento del juicio, tambi閚 debe prestarse especial atenci髇, en su caso, a la diligencia de las autoridades p鷅licas en informar a la persona interesada, por una parte, y a la diligencia de la persona interesada en recibir la informaci髇 que se le remite, por otra.
• (39) Si los Estados miembros tienen establecida la posibilidad de celebrar juicio en ausencia del sospechoso o acusado, pero no se cumplen las condiciones para adoptar una resoluci髇 en ausencia de un determinado sospechoso o acusado, porque este no ha podido ser localizado pese a haberse invertido en ello esfuerzos razonables, por ejemplo porque la persona ha huido o se ha fugado, debe ser posible no obstante adoptar tal resoluci髇 en ausencia del sospechoso o acusado y que se ejecute dicha resoluci髇. En tal caso, los Estados miembros deben garantizar que, cuando los sospechosos o acusados sean informados de la resoluci髇, en particular cuando se les detenga, se les informe adem醩 de la posibilidad de impugnarla y del derecho a un nuevo juicio o a interponer otro tipo de recurso. Dicha informaci髇 debe facilitarse por escrito. Tambi閚 puede facilitarse oralmente, a condici髇 de que quede registrado con arreglo al procedimiento previsto en el Derecho nacional el hecho de haberse proporcionado la informaci髇.
• (40) Hay que permitir que las autoridades competentes de los Estados miembros excluyan temporalmente del juicio a un sospechoso o acusado, cuando sea con el fin de asegurar el curso adecuado del proceso penal. As� ocurrir韆, por ejemplo, si el sospechoso o acusado perturbase la vista y tuviese que ser desalojado de la sala por orden del juez, o si la presencia de un sospechoso o acusado impidiese la audiencia adecuada de un testigo.
• (41) El derecho a estar presente en el juicio puede ejercerse solamente si se celebran una o m醩 vistas. Ello significa que el derecho a estar presente en el juicio no se puede aplicar cuando las normas nacionales de procedimiento aplicables no prevean la celebraci髇 de ninguna vista. Dichas normas nacionales deben ser conformes con la Carta y el CEDH, de acuerdo con la interpretaci髇 del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular con respecto al derecho a un juicio justo. Este es el caso, por ejemplo, cuando el procedimiento se tramita de forma simplificada, total o parcialmente despu閟 de un procedimiento escrito o un procedimiento que no prevea la celebraci髇 de ninguna vista.
• (42) Los Estados miembros deben garantizar que, en la aplicaci髇 de la presente Directiva, en especial con respecto al derecho a estar presente en el juicio y el derecho a un nuevo juicio, se toman en consideraci髇 las necesidades espec韋icas de las personas vulnerables. Con arreglo a la Recomendaci髇, de 27 de noviembre de 2013, de la Comisi髇, relativa a las garant韆s procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales (8) , debe entenderse como acusados o sospechosos vulnerables, todos los acusados o sospechosos que no puedan comprender o participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condici髇 mental o f韘ica, o a cualquier discapacidad que puedan tener.
• (43) Los menores son vulnerables y deben recibir un grado espec韋ico de protecci髇. Por lo tanto, deben establecerse garant韆s procesales espec韋icas por lo que se refiere a algunos de los derechos establecidos en la presente Directiva.
• (44) El principio de eficacia del Derecho de la Uni髇 exige que los Estados miembros implanten v韆s de recurso adecuadas y eficaces en caso de vulneraci髇 de alg鷑 derecho otorgado a las personas f韘icas por el Derecho de la Uni髇. Toda v韆 de recurso eficaz, de la que se pueda disponer en caso de vulneraci髇 de alguno de los derechos establecidos en la presente Directiva, debe surtir, en la medida de lo posible, el efecto de colocar a los sospechosos o acusados en la misma situaci髇 en que se hubiesen encontrado de no haberse producido tal vulneraci髇, con miras a proteger el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa.
• (45) Al valorar las declaraciones de los sospechosos o acusados o las pruebas obtenidas vulnerando el derecho a guardar silencio o el derecho a no declarar contra s� mismo, los jueces y tribunales deben respetar el derecho de defensa y la equidad del proceso. En este contexto, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conforme a la cual la admisi髇 de declaraciones obtenidas como resultado de tortura u otros malos tratos infringiendo el art韈ulo 3 del CEDH, como prueba para determinar los hechos pertinentes en un proceso penal privar韆 autom醫icamente de equidad a todo el proceso. A tenor de la Convenci髇 de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cualquier declaraci髇 que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura no puede ser invocada como prueba en ning鷑 procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaraci髇.
• (46) Con el fin de supervisar y evaluar la eficacia de la presente Directiva, es preciso que los Estados miembros env韊n a la Comisi髇 los datos disponibles sobre la aplicaci髇 de los derechos que en ella se establecen. Esos datos pueden incluir la informaci髇 registrada por las autoridades policiales y judiciales en relaci髇 con los recursos interpuestos por vulneraci髇 de cualquiera de los aspectos de la presunci髇 de inocencia regulados en la presente Directiva o del derecho a estar presente en el juicio.
• (47) La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta y el CEDH, incluidos la prohibici髇 de la tortura y del trato inhumano o degradante, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integraci髇 de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, la presunci髇 de inocencia y el derecho de defensa. Debe tenerse especialmente en cuenta el art韈ulo 6 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE), seg鷑 el cual la Uni髇 reconoce los derechos, libertades y principios definidos en la Carta, y en virtud del cual los derechos fundamentales, garantizados por el CEDH y resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, deben constituir principios generales del Derecho de la Uni髇.
• (48) Dado que la presente Directiva fija normas m韓imas, los Estados miembros deben poder ampliar los derechos en ella establecidos para proporcionar un mayor grado de protecci髇. El grado de protecci髇 que establezcan los Estados miembros nunca debe ser inferior al previsto en la Carta o en el CEDH, seg鷑 la interpretaci髇 del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• (49) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, fijar un conjunto de normas m韓imas comunes acerca de determinados aspectos de la presunci髇 de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a su dimensi髇 y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (50) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopci髇 de la presente Directiva, y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicaci髇.
• (51) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci髇.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO 1

OBJETO Y 罬BITO DE APLICACI覰

CAP蚑ULO 2

PRESUNCI覰 DE INOCENCIA

CAP蚑ULO 3

DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO

CAP蚑ULO 4

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES