Sumario

Norma afectada por

DOUEL 5 Abril 2017. Correcci髇 de errores Directiva 2016/1919 UE, de 26 Oct. (asistencia jur韉ica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detenci髇)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 82, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Previa consulta al Comit� de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) El objetivo de la presente Directiva es garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado seg鷑 lo dispuesto en la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) ofreciendo la asistencia de un letrado, financiada por los Estados miembros, a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detenci髇 en virtud de la Decisi髇 Marco del Consejo 2002/584/JAI (4) (en lo sucesivo, 玴ersonas buscadas�).
• (2) Al establecer normas m韓imas comunes sobre el derecho de asistencia jur韉ica gratuita a los sospechosos, a los acusados y a las personas buscadas, la presente Directiva tiene como objetivo reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal.
• (3) El art韈ulo 47, apartado tercero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�); el art韈ulo 6, apartado 3, letra c), del Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, � CEDH�), y el art韈ulo 14, apartado 3, letra d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos (en lo sucesivo, � PIDCP�) consagran el derecho a la asistencia jur韉ica gratuita en los procesos penales, de conformidad con las condiciones indicadas en dichas disposiciones. La Carta tiene el mismo valor jur韉ico de los Tratados, y los Estados miembros son parte del CEDH y del PIDCP. Sin embargo, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por s� sola, esta circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas de justicia penal de los dem醩 Estados miembros.
• (4) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adopt� una Resoluci髇 relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (5) (en lo sucesivo, 玴lan de trabajo�). Desde una perspectiva gradual, el plan de trabajo insta a adoptar medidas relativas a los siguientes derechos: traducci髇 e interpretaci髇 (medida A); informaci髇 sobre los derechos e informaci髇 sobre los cargos (medida B); asesoramiento jur韉ico y, justicia gratuita (medida C); comunicaci髇 con los familiares, el empleador y las autoridades consulares (medida D); y salvaguardias especiales para sospechosos o acusados que sean vulnerables (medida E).
• (5) El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogi� favorablemente el plan de trabajo y lo incorpor� al Programa de Estocolmo (玌na Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano�) (6) (apartado 2.4). El Consejo Europeo destac� que el plan de trabajo no era exhaustivo e invit� a la Comisi髇 a examinar nuevos elementos de los derechos procesales m韓imos de los sospechosos y acusados, y a evaluar la necesidad de abordar otras cuestiones, como la presunci髇 de inocencia, para fomentar una mejor cooperaci髇 en dicho 醡bito.
• (6) Hasta la fecha se han adoptado, en virtud del plan de trabajo, cinco medidas sobre los derechos procesales en el proceso penal: las Directivas 2010/64/UE (7) , 2012/13/UE (8) , 2013/48/UE, (UE) 2016/343 (9) y (UE) 2016/800 (10) del Parlamento Europeo y del Consejo.
• (7) La presente Directiva se refiere a la segunda parte de la medida C del plan de trabajo, a saber, la justicia gratuita.
• (8) La asistencia jur韉ica gratuita debe cubrir los costes de la defensa de los sospechosos o acusados y de las personas buscadas. Cuando concedan la asistencia jur韉ica gratuita, las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder exigir que los sospechosos, los acusados o las personas buscadas paguen ellos mismos parte de los costes, en funci髇 de sus recursos econ髆icos.
• (9) Sin perjuicio del art韈ulo 6 de la Directiva (UE) 2016/800, la presente Directiva no se aplicar� cuando los sospechosos o acusados o las personas buscadas hayan renunciado a su derecho a la asistencia de letrado, con arreglo al art韈ulo 9 o al art韈ulo 10, apartado 3, respectivamente, de la Directiva 2013/48/UE, y no hayan revocado tal renuncia, o cuando los Estados miembros hayan aplicado las excepciones temporales previstas en el art韈ulo 3, apartados 5 o 6, de la Directiva 2013/48/UE, durante la vigencia de tales excepciones.
• (10) En caso de que una persona que inicialmente no fuese sospechoso ni acusado, por ejemplo un testigo, se convierta en sospechoso o acusado, debe tener derecho a no declarar contra s� mismo y a guardar silencio, de conformidad con el Derecho de la Uni髇 y el CEDH, seg鷑 la interpretaci髇 de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo 玊ribunal de Justicia�) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo 玊EDH�). Por tanto, la presente Directiva hace referencia expresa a la situaci髇 concreta en que esa persona se convierte en sospechoso o acusado, en el curso del interrogatorio por parte de la polic韆 u otras autoridades policiales en el contexto de un proceso penal. En caso de que, en el curso de tal interrogatorio, una persona que no sea sospechoso ni acusado se convierta en sospechoso o acusado, se ha de suspender de inmediato todo interrogatorio. No obstante, debe ser posible proseguir con el interrogatorio cuando se haya informado a la persona de que se trate de que se ha convertido en sospechoso o acusado y dicha persona puede ejercer plenamente los derechos que se otorgan en la presente Directiva.
• (11) En algunos Estados miembros, autoridades distintas de los 髍ganos jurisdiccionales con competencia en materia penal est醤 facultadas para imponer sanciones distintas de la privaci髇 de libertad en caso de infracciones relativamente leves. As� puede suceder, por ejemplo, con las infracciones, que se cometen en gran n鷐ero y de las que puede quedar constancia mediante un control de tr醘ico. En tales situaciones, no ser韆 razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. Por lo tanto, en los casos en que la normativa de un Estado miembro contemple que esas autoridades puedan imponer sanciones por infracciones leves, y exista el derecho de recurso o la posibilidad de que el asunto se remita de otro modo a un 髍gano jurisdiccional competente en materia penal, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos incoados ante un 髍gano jurisdiccional a ra韟 de dicho recurso o remisi髇.
• (12) En algunos Estados miembros se consideran infracciones penales ciertas infracciones leves, en particular infracciones leves de tr醘ico rodado, infracciones leves de ordenanzas municipales generales e infracciones leves del orden p鷅lico. En tales situaciones, no ser韆 razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. As� pues, en los casos en que, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, no puedan imponerse sanciones que conlleven privaci髇 de libertad para infracciones leves, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos incoados ante 髍ganos jurisdiccionales competentes en materia penal.
• (13) La aplicaci髇 de la presente Directiva a infracciones leves queda supeditada a las condiciones en ella establecidas. Los Estados miembros deben poder aplicar una evaluaci髇 de medios econ髆icos o una evaluaci髇 de m閞itos para decidir si se tiene que conceder la asistencia jur韉ica gratuita. Siempre que se respete el derecho a un juicio justo, ser� posible considerar no superada la evaluaci髇 de m閞itos en el caso de determinadas infracciones leves.
• (14) El 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva en relaci髇 con ciertas infracciones leves no debe ser 骲ice para que los Estados miembros respeten las obligaciones que hayan contra韉o en virtud del CEDH a fin de garantizar el derecho a un proceso equitativo, lo que incluye la obtenci髇 de asistencia letrada.
• (15) Siempre que se respete el derecho a un juicio justo, la siguientes situaciones no se consideran privaciones de libertad en el sentido de la presente Directiva: la identificaci髇 del sospechoso o acusado; la decisi髇 sobre la procedencia de iniciar una investigaci髇; la comprobaci髇 de la posesi髇 de armas u otras cuestiones de seguridad similares; los actos de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas que no sean los mencionados espec韋icamente en la presente Directiva, como los cacheos, los reconocimientos f韘icos, los an醠isis de sangre, de detecci髇 de alcohol u otros similares, o la obtenci髇 de fotograf韆s o de huellas dactilares, la presentaci髇 del sospechoso o acusado ante una autoridad competente de conformidad con el Derecho nacional.
• (16) La presente Directiva establece normas m韓imas. Los Estados miembros deben poder conceder la asistencia jur韉ica gratuita en situaciones que no est閚 contempladas en la presente Directiva, por ejemplo cuando se llevan a cabo actos de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas que no sean los mencionados espec韋icamente en la presente Directiva.
• (17) De conformidad con el art韈ulo 6, apartado 3, letra c), del CEDH, los sospechosos y acusados que carecen de medios suficientes para sufragar la asistencia jur韉ica, tienen derecho a ser asistidos gratuitamente cuando los intereses de la justicia lo exijan. Esta norma m韓ima permite a los Estados miembros aplicar una evaluaci髇 de medios econ髆icos, una evaluaci髇 de m閞itos, o ambas. La aplicaci髇 de estas evaluaciones no debe introducir limitaciones o excepciones a los derechos o garant韆s procesales reconocidos por la Carta y el CEDH, seg鷑 la interpretaci髇 del Tribunal de Justicia y del TEDH.
• (18) Los Estados miembros deben adoptar disposiciones pr醕ticas relativas a la prestaci髇 de la asistencia jur韉ica gratuita. Estas disposiciones pueden establecer que la asistencia jur韉ica gratuita se conceda previa solicitud del sospechoso, acusado o persona buscada. Habida cuenta en particular de las necesidades de las personas vulnerables, dicha solicitud no debe, sin embargo, considerarse un requisito sustantivo, para la concesi髇 de la asistencia jur韉ica gratuita.
• (19) Las autoridades competentes deben conceder la asistencia jur韉ica gratuita sin demora injustificada y, a m醩 tardar, antes del interrogatorio que efect鷈 la polic韆, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas espec韋icos a que se refiere la presente Directiva. Si las autoridades competentes no pudieran concederla con la debida antelaci髇, deben conceder al menos una asistencia jur韉ica gratuita de urgencia o provisional antes de que se lleven a cabo el interrogatorio o los actos de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas.
• (20) Dada la especificidad de la orden europea de detenci髇, la interpretaci髇 de las disposiciones de la presente Directiva que se refieran 鷑icamente a las personas buscadas debe tener en cuenta esta especificidad y no debe ir en modo alguno en perjuicio de la interpretaci髇 de las dem醩 disposiciones de la presente Directiva.
• (21) Las personas buscadas deben tener derecho a la asistencia jur韉ica gratuita en el Estado miembro de ejecuci髇. Adem醩, las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detenci髇 con miras a efectos de su persecuci髇 penal y que hayan ejercido su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor de conformidad con la Directiva 2013/48/UE, deben estar legitimadas para pedir la asistencia jur韉ica gratuita en dicho Estado miembro para los fines de dicho procedimiento en el Estado miembro de ejecuci髇, en la medida en que la asistencia jur韉ica gratuita sea necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 47 de la Carta. As� ocurrir韆 si el letrado del Estado miembro de ejecuci髇 no puede desarrollar su labor relativa a la ejecuci髇 de una orden europea de detenci髇 de modo eficaz y eficiente sin la asistencia de un letrado en el Estado miembro emisor. Las decisiones sobre la concesi髇 de la asistencia jur韉ica gratuita en el Estado miembro emisor deben ser adoptadas por una autoridad que sea competente para adoptar decisiones sobre la asistencia judicial gratuita en dicho Estado miembro con arreglo a criterios establecidos por dicho Estado miembro al aplicar la presente Directiva.
• (22) Para garantizar a las personas buscadas el acceso efectivo a la asistencia de letrado, los Estados miembros deben garantizar que las personas buscadas tengan derecho a la asistencia jur韉ica gratuita hasta su entrega, o, hasta que la decisi髇 de no proceder a la entrega sea firme.
• (23) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por el respeto del derecho fundamental a la asistencia jur韉ica gratuita establecido en la Carta y en el CEDH. Deben respetar asimismo los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jur韉ica en los sistemas de justicia penal.
• (24) Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho nacional sobre la presencia obligatoria de un letrado, la autoridad competente debe decidir sobre la concesi髇 o denegaci髇 de la asistencia jur韉ica gratuita sin demora injustificada. La autoridad competente debe ser una autoridad independiente que sea competente para adoptar decisiones relativas a la concesi髇 de asistencia jur韉ica gratuita o un 髍gano jurisdiccional, incluidos los de composici髇 unipersonal. En situaciones de urgencia, la intervenci髇 temporal de la polic韆 o la fiscal韆 tambi閚 han de ser posibles en la medida en que resulte necesario para conceder la asistencia jur韉ica gratuita en tiempo oportuno.
• (25) Cuando se haya concedido la asistencia jur韉ica gratuita a un sospechoso, acusado o persona buscada, una forma de garantizar su efectividad y calidad es facilitar la continuidad de su asistencia jur韉ica. A este respecto, los Estados miembros deben facilitar la continuidad de la asistencia jur韉ica durante el proceso penal as� como, en su caso, en el procedimiento de orden europea de detenci髇.
• (26) Debe proporcionarse formaci髇 adecuada al personal que participe en el proceso decisorio sobre la asistencia jur韉ica gratuita en los procesos penales y en el procedimiento de orden europea de detenci髇. Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organizaci髇 del sistema judicial en la Uni髇, los Estados miembros deben exigir que las personas encargadas de la formaci髇 de los jueces ofrezcan tal formaci髇 a los tribunales y jueces que tomen las decisiones de conceder la asistencia jur韉ica.
• (27) El principio de eficacia del Derecho de la Uni髇 exige que los Estados miembros implanten v韆s de recurso adecuadas y eficaces en caso de vulneraci髇 de alg鷑 derecho otorgado a las personas f韘icas por el Derecho de la Uni髇. Debe disponerse de una v韆 eficaz de recurso cuando el derecho a la asistencia jur韉ica gratuita se vea menoscabado, o la prestaci髇 de la asistencia jur韉ica gratuita se demore o deniegue total o parcialmente.
• (28) A fin de supervisar y evaluar la eficacia de la presente Directiva, es necesario que los Estados miembros recopilen los datos pertinentes, del conjunto de datos disponibles, sobre el ejercicio de los derechos establecidos en la misma. Estos datos deben incluir, cuando sea posible, el n鷐ero de solicitudes de asistencia jur韉ica gratuita en el marco de los procesos penales y del procedimiento de orden europea de detenci髇 cuando el Estado miembro en cuesti髇 act鷄 como Estado miembro emisor o de ejecuci髇, as� como el n鷐ero de casos en que se concedi� la asistencia y el n鷐ero de casos en que la solicitud de asistencia fue denegada. Tambi閚 deben recogerse, en la medida de lo posible, datos sobre los costes de prestaci髇 de la asistencia jur韉ica gratuita a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas.
• (29) La presente Directiva debe aplicarse a los sospechosos, acusados y personas buscadas, independientemente de su situaci髇 jur韉ica, ciudadan韆 o nacionalidad. Los Estados miembros deben respetar y garantizar los derechos establecidos en la presente Directiva, sin discriminaci髇 alguna por motivo alguno, como la raza, el color, el sexo, la orientaci髇 sexual, el idioma, la religi髇, la opini髇 pol韙ica o de otra 韓dole, la nacionalidad, el origen 閠nico o social, el patrimonio, la discapacidad o el nacimiento. La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta y el CEDH, incluidos la prohibici髇 de la tortura y del trato inhumano o degradante, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integraci髇 de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunci髇 de inocencia y los derechos de defensa. La aplicaci髇 de la presente Directiva debe llevarse a cabo de conformidad con estos derechos y principios
• (30) La presente Directiva establece normas m韓imas. Los Estados miembros deben poder ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva con el fin de proporcionar un nivel m醩 elevado de protecci髇. Este mayor nivel de protecci髇 no debe constituir un obst醕ulo para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que las normas m韓imas pretenden facilitar. El nivel de protecci髇 proporcionado por los Estados miembros no debe ser nunca inferior al de las normas establecidas en el CEDH, tal como las han interpretado el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• (31) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas m韓imas comunes relativas al derecho de los sospechosos, acusados y personas buscadas, a la asistencia jur韉ica gratuita en los procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor en el 醡bito de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
• (32) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda con respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), y sin perjuicio del art韈ulo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopci髇 de la presente Directiva, y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicaci髇.
• (33) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci髇.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: