Sumario

Con la finalidad de agilizar la tramitación de los procesos penales, el Parlamento aprobó la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. El apartado 4 de su Disposición Adicional Primera dispone que «en el plazo de seis meses, el Consejo General del Poder Judicial dictará los Reglamentos que para la ordenación de los señalamientos de juicios y el desarrollo de los servicios de guardia establecen los artículos 769.2, 800.3, 962.4 y 965.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Desarrollando la anterior previsión y por Acuerdo de fecha 26 de febrero de 2003, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial modificó el Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en lo relativo a los servicios de guardia. El artículo 47.6 del mencionado Reglamento dispone que «Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces en el ejercicio de sus normales atribuciones y con sujeción a los términos del presente Reglamento, podrán aprobar las normas complementarias que en materia de distribución de asuntos, régimen interno, cuadro de sustituciones u otras materias de su competencia, estimen procedentes». Asimismo, la Disposición Adicional Primera del citado Acuerdo dispone que «las Juntas de Jueces y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia adaptarán las normas de reparto a lo dispuesto en el presente Reglamento, a fin de que el contenido de las mismas permita la tramitación de los juicios rápidos y el enjuiciamiento inmediato de las faltas en el Juzgado de guardia».

La presente Instrucción contiene una serie de criterios destinados a facilitar la aplicación de los juicios rápidos por delito y el enjuiciamiento inmediato de las faltas previstos por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que sirven de complemento a la regulación de los servicios de guardia contenida en el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio. Dichos criterios deben ser contemplados por las Juntas de Jueces y las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia al cumplir su obligación de adaptar las normas de reparto a lo dispuesto en la mencionada Ley y en las disposiciones reglamentarias reguladoras de los servicios de guardia.

Por otra parte, esta Instrucción también se refiere a aquellos supuestos en los que no sea posible la tramitación del procedimiento de juicio rápido por delito, especialmente en los supuestos de violencia física o psíquica habitual del artículo 153 del Código Penal. En estos casos, es conveniente que se concentre en el mismo Juzgado la competencia para conocer de los procesos por infracciones penales cometidas por el mismo sujeto contra los integrantes del mismo núcleo familiar, en el mismo sentido en el que se pronunciaba el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre Violencia Doméstica, aprobado por el Pleno de 21 de marzo de 2001. La Guía Práctica de Actuación contra la Violencia Doméstica, que forma parte integrante del mencionado informe, afirma que «en defecto de Juzgado especializado, ha de procurarse la aprobación de normas de reparto que asignen la competencia para conocer del caso al Juzgado que primero conoció de agresiones anteriores cometidas por el mismo sujeto sobre los integrantes del mismo núcleo familiar, independientemente del estado procesal en que se encuentren».

El contenido de la presente Instrucción ha tenido muy en cuenta el resultado de los trabajos del Observatorio de Violencia Doméstica, constituido mediante Convenio firmado el día 26 de septiembre de 2002 por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que en su primera reunión adoptó el acuerdo de crear un Grupo de Expertos asesores en la materia.

El Observatorio ha recabado los acuerdos de las distintas Juntas de Jueces relativos a normas de reparto de asuntos sobre violencia doméstica, constatándose que solamente en algunas poblaciones se han adoptado normas específicas que sigan los criterios establecidos por la Guía Práctica de Actuación contra la Violencia Doméstica. Y se constata asimismo que, allí donde existen, su contenido resulta frecuentemente insuficiente para dar respuesta a una realidad tan compleja. Dentro de este panorama tan heterogéneo, resulta necesaria una Instrucción del Consejo General del Poder Judicial que posibilite, como afirma el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre Violencia Doméstica aprobado por el Pleno de 21 de marzo de 2001, «la aprobación de normas de reparto que resulten eficaces para combatir este fenómeno delictivo».

Por último, en esta Instrucción se contienen una serie de disposiciones necesarias para la optimización del proceso penal por hechos de violencia doméstica, tanto en relación con el registro del procedimiento mediante la correspondiente aplicación informática en el momento de su incoación, como relativas al establecimiento de un Registro Informatizado de Violencia Doméstica en cada Decanato. Estas medidas no solamente serán útiles con fines de explotación estadística, sino que también permitirán a los órganos judiciales conocer de forma ágil e inmediata la existencia de otros procesos penales contra el mismo agresor, facilitando de esta forma la acreditación de la habitualidad de la violencia y la rápida adopción de medidas de protección de la víctima por parte del Juzgado de guardia. Ello sin perjuicio de la futura creación, por disposición general, en el ámbito nacional de un Registro de Medidas en materia de violencia domestica, con el alcance y las funciones propias que se le asignen en la norma de creación.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 104.2 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su reunión del día 9 de abril de 2003, ha acordado aprobar la presente Instrucción:

Primero. Plazo para la adaptación de las normas de reparto.-

Con la finalidad de dar una respuesta eficaz a las infracciones penales de violencia doméstica, así como para facilitar la tramitación de los juicios rápidos por delito y el enjuiciamiento de las faltas en el Juzgado de guardia, las Juntas de Jueces y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia deberán adaptar las normas de reparto a lo dispuesto en la presente Instrucción antes del día 28 de abril de 2003.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia informarán al Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación de la presente disposición.

Segundo. Registro de asuntos.-

En el momento de la incoación de cualquier proceso penal por un delito o falta cometido contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal, el registro del procedimiento deberá realizarse utilizando la aplicación informática de gestión procesal correspondiente y de conformidad con lo dispuesto por la Comisión de Informática Judicial del Consejo General del Poder Judicial, quien deberá unificar los criterios de registro en esta materia en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Instrucción.

Tercero. Criterios sobre el reparto de asuntos.-

Las normas de reparto deberán atribuir el conocimiento de los procesos por delito contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal con sometimiento a los siguientes criterios:

• 1. Conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, el Juzgado de Guardia será el competente para la tramitación de los procedimientos del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para la celebración de los juicios de faltas de los artículos 962.1, 964.2 y 965.1,2.ª de la misma Ley.

  En aquellos casos en los que no sea posible la aplicación del anterior criterio, el Juzgado de Instrucción que, por hechos punibles dirigidos contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal, haya incoado un Sumario Ordinario por delito, un juicio de faltas, o bien Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado al amparo del artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o del articulo 798.2,1.º de la misma Ley, conocerá también del resto de procesos penales por delito o por falta que se incoen posteriormente por hechos imputables al mismo autor contra los integrantes del mismo núcleo familiar, y ello aunque en aquel primer proceso se haya dictado auto de archivo, de sobreseimiento o de apertura de juicio oral, o hubiere recaído sentencia condenatoria o absolutoria.

  A los anteriores efectos, el Juzgado de Instrucción que dicte el auto de incoación de Diligencias Previas, de juicio de faltas o de Sumario ordinario lo pondrá de forma urgente en conocimiento de la Oficina de Reparto, quien procederá a tomar la correspondiente nota, salvo que los asuntos contra el mismo autor hubiesen sido atribuidos previamente a otro Juzgado de Instrucción por aplicación de la norma contenida en el anterior párrafo. En este último supuesto, la Oficina de Reparto lo comunicará inmediatamente a aquel Juzgado para que lo remita a éste de forma urgente, y practicará las correspondientes anotaciones en sus libros.

• 2. Cada Juzgado, respecto a aquellos asuntos que le sean repartidos por aplicación del apartado anterior, incoará los procedimientos penales que resulten oportunos por aplicación de los artículos 300, 17 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• 3. El Juzgado de Guardia practicará los actos que resulten necesarios por aplicación del articulo 40 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, especialmente las que tienen como finalidad la protección de la víctima. También tramitará los procedimientos del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como los juicios de faltas de los artículos 962.1, 964.2 y 965.1,2.ª de la misma Ley.

Cuarto. Juicios de faltas en partidos judiciales con ocho o más Juzgados de Instrucción.-

En los partidos judiciales a los que se refieren los artículos 48, 53, 55 y 57 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio, las normas de reparto deberán atribuir el conocimiento de las faltas de los artículos 617 ó 620 del Código Penal, siempre que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el articulo 153 del mismo Código, con sometimiento a los siguientes criterios:

• 1. El atestado confeccionado de acuerdo con los artículos 962 ó 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberá ser entregado en el Juzgado de Instrucción constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas, a quien las normas de reparto deberán atribuir su enjuiciamiento.

  Una vez recibido el atestado, si el Juzgado constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas considera que los hechos son constitutivos de delito, dictará el correspondiente auto y remitirá el asunto al Juzgado de guardia ordinario.

  En cambio, si el Juzgado considera que los hechos son constitutivos de falta, procederá a celebrar el juicio de faltas en los términos del articulo 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando, una vez intentada la celebración inmediata de juicio, no sea posible su celebración, las normas de reparto deberán contemplar que el enjuiciamiento corresponda al mismo Juzgado que recibió el atestado en funciones de guardia de enjuiciamiento de faltas, quien deberá celebrar el juicio dentro del plazo al que se refiere el artículo 965.1,2.ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

• 2. Cuando exista denuncia del perjudicado presentada directamente ante el Juzgado de guardia ordinario o cuando tenga conocimiento de los hechos por otra vía, y si el mencionado Juzgado ordena la incoación de juicio faltas, remitirá urgentemente el proceso al Juzgado de Instrucción constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas, quien deberá actuar en la forma indicada en el último párrafo del apartado anterior.
• 3. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86.d) del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, el Juez Decano resolverá con carácter de urgencia las cuestiones sobre aplicación de las normas de reparto entre Juzgado de guardia ordinario y el Juzgado de guardia para el Enjuiciamiento de las Faltas.

Quinto. Juicios de faltas en los partidos judiciales con siete o menos Juzgados de Instrucción, o con dos o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.-

En los partidos judiciales a los que se refiere el articulo 58 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio, las normas de reparto deberán atribuir el conocimiento de las faltas de los artículos 617 ó 620 del Código Penal, siempre que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el articulo 153 del mismo Código, con sometimiento a los siguientes criterios:

• 1. Cuando el Juzgado de guardia incoe juicio de faltas al amparo de lo dispuesto por el artículo 963.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o por el articulo 964 de la misma Ley, procederá a celebrar el correspondiente juicio en el servicio de guardia de acuerdo con lo previsto en el articulo 58 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.
• 2. Cuando, una vez intentada la celebración de juicio durante el servicio de guardia, no sea posible su celebración, las normas de reparto deberán contemplar que el enjuiciamiento corresponda al mismo Juzgado que recibió el atestado en funciones de guardia, quien deberá celebrar el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 965.1,2.ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sexto. Los Registros Informáticos de Violencia Doméstica.

1. En cada Decanato existirá un Registro Informatizado de Violencia Doméstica en el que se anoten los siguientes datos recogidos de procesos penales por delitos o faltas cometidos contra las personas a las que se refiere el articulo 153 del Código Penal:

• a) Todos los repartos realizados al amparo de las normas especiales de reparto en materia de violencia doméstica que se aprueben de conformidad con la presente Instrucción. A tal efecto, la Oficina de Reparto deberá comunicar al Registro de Violencia Doméstica cada uno de los mencionados repartos.
• b) Todos los señalamientos de juicios rápidos realizados por los Juzgados de Instrucción al amparo del articulo 800.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• c) Todas las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal de conformidad con el artículo 802 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• d) Todas las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción que ordenen medidas cautelares y otras medidas de protección a la víctima, así como su levantamiento o modificación, y aquellas otras que puedan afectar a su seguridad, dictadas durante la fase de instrucción o intermedia en procesos por delito.
• e) Todas las sentencias de conformidad con la acusación dictadas por los Juzgados de Instrucción en procesos por delito al amparo del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• f) Todas las sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción en juicios por faltas tipificadas en los artículos 617 ó 620 del Código Penal.
• g) Todas las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales que puedan afectar a la seguridad de la víctima dictadas en ejecución de una sentencia condenatoria por delito cometido contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal. Esta disposición también resultará aplicable cuando el Juzgado de lo Penal ejecuta una sentencia de conformidad dictada al amparo del articulo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• h) Todas las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en recursos de apelación del articulo 800 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en recursos de apelación del articulo 976 de la misma Ley.

2. Los Juzgados de Instrucción, los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales remitirán inmediatamente al Registro de Violencia Doméstica las resoluciones enumeradas en el apartado anterior.

3. El Registro de Violencia Doméstica tendrá carácter reservado y deberá ser consultado, a los efectos de esta Instrucción, por los Juzgados o Tribunales penales. Asimismo podrá ser consultado por cualquier órgano jurisdiccional y por el Ministerio Fiscal. La consulta se realizará en todo caso mediante la remisión del oportuno oficio normalizado que será aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.

El acceso al Registro deberá ajustarse, en cualquier caso, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 85 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

4. La remisión de información al Registro de Violencia Doméstica respectivo deberá realizarse mediante documentos normalizados que serán aprobados por el Consejo General del Poder Judicial.

5. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia velarán por la creación de los correspondientes Registros de Violencia Doméstica de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados anteriores, e informarán al Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

6. A fin de facilitar la homogeneidad y comunicación entre los distintos registros informatizados, así como, en su caso, su integración en los sistemas informáticos de gestión procesal existentes en los órganos judiciales, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión de Informática Judicial, determinará los criterios de homogeneización y los requisitos funcionales y de seguridad que tales registros deban reunir.

Séptimo. Coordinación entre las Jurisdicciones Penal y Civil.-

Las Salas de Gobierno aprobarán los criterios necesarios para coordinar las Jurisdicciones Penal y Civil en el ámbito de la violencia doméstica.

Octavo. Protocolos de colaboración.-

Los protocolos de colaboración que se establezcan al amparo del articulo 47.4 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995, de 7 de junio, podrán referirse al ámbito específico de la violencia doméstica y en ellos podrán participar los organismos públicos encargados de los servicios sociales o de la salud de los ciudadanos.

Noveno. Revisión de su aplicación.-

La revisión a la que se refiere la Disposición Adicional Segunda del Acuerdo de fecha 26 de febrero de 2003 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que modifica el Reglamento 5/1995 en lo relativo a los servicios de guardia, también se extenderá a la aplicación de la presente Instrucción.

Décimo. Difusión y publicación.-

Comuníquese a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a los Jueces Decanos, y procédase a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y la notificación a la Agencia de Protección de Datos.

Undécimo. Entrada en vigor.-

Esta Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».