Atención norma derogada, ver regulación posterior

Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1781/200

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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I.  OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
  • Artículo 1  Objeto
  • Artículo 2  Ámbito de aplicación
  • Artículo 3  Definiciones
• CAPÍTULO II.  OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE PAGO
  • SECCIÓN 1.  Obligaciones del prestador de servicios de pago del ordenante
    • Artículo 4  Información que acompaña a las transferencias de fondos
    • Artículo 5  Transferencias de fondos dentro de la Unión
    • Artículo 6  Transferencias de fondos al exterior de la Unión
  • SECCIÓN 2.  Obligaciones para el prestador de servicios de pagos del beneficiario
    • Artículo 7  Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario
    • Artículo 8  Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario
    • Artículo 9  Análisis y comunicación de operaciones sospechosas
  • SECCIÓN 3.  Obligaciones de los prestadores de servicios de pago intermediarios
    • Artículo 10  Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario con la transferencia
    • Artículo 11  Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario
    • Artículo 12  Transferencias de fondos a las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario
    • Artículo 13  Análisis y comunicación de operaciones sospechosas
• CAPÍTULO III.  INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS
  • Artículo 14  Suministro de información
  • Artículo 15  Protección de datos
  • Artículo 16  Conservación de registros
• CAPÍTULO IV.  SANCIONES Y SUPERVISIÓN
  • Artículo 17  Sanciones y medidas administrativas
  • Artículo 18  Disposiciones específicas
  • Artículo 19  Publicación de las sanciones y medidas
  • Artículo 20  Aplicación de las sanciones y medidas por las autoridades competentes
  • Artículo 21  Comunicación de infracciones
  • Artículo 22  Supervisión
• CAPÍTULO V.  PODERES DE EJECUCIÓN
  • Artículo 23  Procedimiento de comité
• CAPÍTULO VI.  EXCEPCIONES
  • Artículo 24  Acuerdos con países o territorios que no formen parte del territorio de la Unión
  • Artículo 25  Directrices
• CAPÍTULO VII.  DISPOSICIONES FINALES
  • Artículo 26  Derogación del Reglamento (CE) nº 1781/2006
  • Artículo 27  Entrada en vigor
• ANEXO . TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento establece normas sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos, en cualquier moneda, en lo referente a los ordenantes y beneficiarios de las mismas, a efectos de la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo cuando al menos uno de los prestadores de servicios de pago participantes en esa transferencia de fondos esté establecido en la Unión.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las transferencias de fondos, en cualquier moneda, enviadas o recibidas por un prestador de servicios de pago o un prestador de servicios de pago intermediario establecido en la Unión.

2. El presente Reglamento no se aplicará a los servicios mencionados en el artículo 3, letras a) a m) y o), de la Directiva 2007/64/CE.

3. El presente Reglamento no se aplicará a las transferencias de fondos efectuadas utilizando una tarjeta de pago, un instrumento de dinero electrónico o un teléfono móvil, u otro dispositivo digital o informático de prepago o postpago de características similares, a condición de que:

• a) la tarjeta, el instrumento o el dispositivo se utilice exclusivamente para el pago de bienes o servicios, y
• b) el número de esa tarjeta, instrumento o dispositivo se indique en todas las transferencias que se deriven de la operación.

No obstante, se aplicará el presente Reglamento cuando se utilice una tarjeta de pago, un instrumento de dinero electrónico o un teléfono móvil u otro dispositivo digital o informático de prepago o postpago de características similares para efectuar una transferencia de fondos entre particulares.

4. El presente Reglamento no se aplicará a las personas cuya única actividad sea la conversión de documentos en papel en datos electrónicos y que actúen en virtud de un contrato celebrado con un prestador de servicios de pago ni a aquellas personas cuya única actividad consista en poner a disposición de los prestadores de servicios de pago sistemas de mensajería u otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos, o sistemas de compensación y liquidación.

El presente Reglamento no se aplicará a las transferencias de fondos:

• a) consistentes en que el ordenante retire dinero en efectivo de su propia cuenta;
• b) que transfieran fondos a una autoridad pública en concepto de pago de impuestos, multas u otros gravámenes dentro de un Estado miembro;
• c) la transferencia de fondos en la que tanto el ordenante como el beneficiario sean prestadores de servicios de pago que actúen por cuenta propia;
• d) que se realicen mediante el intercambio de imágenes de cheques, incluidos los cheques truncados.

5. Un Estado miembro podrá decidir no aplicar el presente Reglamento a las transferencias de fondos dentro de su territorio a la cuenta de un beneficiario que permita exclusivamente el pago del suministro de bienes o servicios si se cumplen todas las condiciones siguientes:

• a) el prestador de servicios de pago del beneficiario está sujeto a la Directiva (UE) 2015/849;
• b) el prestador de servicios de pago del beneficiario puede rastrear el origen, a través de dicho beneficiario y mediante un identificador único de operación, de la transferencia de fondos desde la persona que tiene un acuerdo con el beneficiario para el suministro de bienes o servicios;
• c) el importe de la transferencia no supera los 1 000 EUR.

Artículo 3 Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

• 1) «financiación del terrorismo»: la financiación del terrorismo tal como se define en el artículo 1, apartado 5, de la Directiva (UE) 2015/849;
• 2) «blanqueo de capitales»: las actividades de blanqueo de capitales a que se refiere el artículo 1, apartados 3 y 4, de la Directiva (UE) 2015/849;
• 3) «ordenante»: la persona titular de una cuenta de pago que autoriza una transferencia de fondos a partir de dicha cuenta o, en caso de que no exista una cuenta de pago, que da una orden de transferencia de fondos;
• 4) «beneficiario»: toda persona que sea el destinatario previsto de la transferencia de fondos;
• 5) «prestador de servicios de pago»: las categorías de prestadores de servicios de pago a que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE, aquellas personas físicas o jurídicas que se acojan a la exención mencionada en su artículo 26, y las personas jurídicas que se acojan a la exención del artículo 9 de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) que presten servicios de transferencia de fondos;
• 6) «prestador de servicios de pago intermediario»: todo prestador de servicios de pago, que no sea el prestador de servicios de pago del ordenante ni el del beneficiario, y que reciba y transmita una transferencia de fondos por cuenta del prestador de servicios de pago del ordenante o del beneficiario o de otro prestador de servicios de pago intermediario;
• 7) «cuenta de pago»: una cuenta de pago tal como se define en el artículo 4, punto 14, de la Directiva 2007/64/CE;
• 8) «fondos»: los fondos tal como se definen en el artículo 4, punto 15, de la Directiva 2007/64/CE;
• 9) «transferencia de fondos»: toda transacción efectuada al menos parcialmente por medios electrónicos por cuenta de un ordenante a través de un prestador de servicios de pago, con objeto de poner fondos a disposición de un beneficiario a través de un prestador de servicios de pago, con independencia de que el ordenante y el beneficiario sean la misma persona y de que el prestador de servicios de pago del ordenante y el del beneficiario sea el mismo, incluyendo:
  • a) las transferencias de crédito, tal y como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) nº 260/2012;
  • b) los adeudos domiciliados, tal y como se definen en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) nº 260/2012;
  • c) los envíos de dinero, tal y como se definen en el artículo 4, punto 13, de la Directiva 2007/64/CE, sean nacionales o transfronterizos;
  • d) las transferencias llevadas a cabo utilizando una tarjeta de pago, un instrumento de dinero electrónico o un teléfono móvil u otro dispositivo digital o informático, de prepago o postpago, de características similares;
• 10) «transferencia por lotes»: varias transferencias de fondos individuales que se agrupan para su transmisión;
• 11) «identificador único de operación»: una combinación de letras, números o símbolos determinada por el prestador de servicios de pago, con arreglo a los protocolos de los sistemas de pago y liquidación o de los sistemas de mensajería utilizados para realizar la transferencia de fondos, que permite rastrear la operación hasta identificar al ordenante y al beneficiario;
• 12) «transferencia entre particulares»: toda operación de transferencia de fondos que tenga lugar entre personas físicas que, como consumidores, actúen con fines distintos de los comerciales, empresariales o profesionales.

Artículo 4 Información que acompaña a las transferencias de fondos

1. El prestador de servicios de pago del ordenante se asegurará de que las transferencias de fondos vayan acompañadas de la siguiente información sobre el ordenante:

• a) el nombre del ordenante;
• b) el número de cuenta de pago del ordenante, y
• c) la dirección, el número del documento oficial de identidad, el número de identificación de cliente o la fecha y lugar de nacimiento del ordenante.

2. El prestador de servicios de pago del ordenante se asegurará de que las transferencias de fondos vayan acompañadas de la siguiente información sobre el beneficiario:

• a) el nombre del beneficiario, y
• b) el número de cuenta de pago del beneficiario.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra b), y en el apartado 2, letra b), en caso de transferencias que no se hagan desde o hacia una cuenta de pago, el prestador de servicios de pago del ordenante garantizará que la transferencia de fondos vaya acompañada de un identificador único de operación, en lugar del número o los números de la cuenta de pago.

4. Antes de transferir fondos, el prestador de servicios de pago del ordenante verificará la exactitud de la información a que se refiere el apartado 1 por medio de documentos, datos o información obtenidos de una fuente fiable e independiente.

5. Se considerará que la verificación a que se hace referencia en el apartado 4 ha tenido lugar cuando:

• a) la identidad del ordenante haya sido verificada de conformidad con el artículo 13 de la Directiva (UE) 2015/849 y la información recopilada en dicha verificación se haya almacenado con arreglo a lo establecido en el artículo 40 de esa Directiva, o
• b) sean aplicables al ordenante las disposiciones del artículo 14, apartado 5, de la Directiva (UE) 2015/849.

6. Sin perjuicio de las excepciones previstas en los artículos 5 y 6, el prestador de servicios de pago del ordenante no ejecutará transferencia de fondos alguna sin antes garantizar el pleno cumplimiento del presente artículo.

Artículo 5 Transferencias de fondos dentro de la Unión

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 1 y 2, cuando todos los prestadores de servicios de pago participantes en la cadena de pago estén establecidos en la Unión, las transferencias de fondos irán acompañadas al menos del número de cuenta de pago tanto del ordenante como del beneficiario o, cuando sea de aplicación el artículo 4, apartado 3, del identificador único de operación, sin perjuicio de los requisitos de información establecidos en el Reglamento (UE) nº 260/2012, cuando proceda.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando así lo solicite el prestador de servicios de pago del beneficiario o el prestador de servicios de pago intermediario, el prestador de servicios de pago del ordenante facilitará, en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de esa petición, lo siguiente:

• a) con respecto a las transferencias de fondos superiores a 1 000 EUR, se lleven a cabo en una transacción única o en varias transacciones que se consideren vinculadas, la información sobre el ordenante o el beneficiario conforme al artículo 4;
• b) con respecto a las transferencias de fondos de 1 000 EUR o menos y que no se consideren vinculadas a otras transferencias de fondos que, junto con la transferencia en cuestión, superen los 1 000 EUR, como mínimo:
  • i) los nombres del ordenante y del beneficiario, y
  • ii) los números de cuenta de pago del ordenante y del beneficiario o, cuando sea de aplicación el artículo 4, apartado 3, el identificador único de la operación.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, en el caso de las transferencias de fondos mencionadas en el apartado 2, letra b), del presente artículo, el prestador de servicios de pago del ordenante no estará obligado a verificar la información relativa al ordenante, salvo cuando el prestador de servicios de pago del ordenante:

• a) haya recibido los fondos que haya que transferir en efectivo o en dinero electrónico anónimo, o
• b) tenga motivos razonables para sospechar que se trata de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Artículo 6 Transferencias de fondos al exterior de la Unión

1. En el caso de las transferencias por lotes procedentes de un solo ordenante en las que los prestadores de servicios de pago de los beneficiarios estén establecidos fuera de la Unión, el artículo 4, apartado 1, no será aplicable a las transferencias individuales que formen parte del lote, a condición de que el fichero correspondiente a la transferencia por lotes contenga la información mencionada en dicho artículo 4, apartados 1, 2 y 3, de que esa información haya sido comprobada de conformidad con sus apartados 4 y 5, y de que las transferencias individuales lleven el número de cuenta de pago del ordenante o, cuando sea de aplicación el artículo 4, apartado 3, el identificador único de la operación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y, cuando proceda, sin perjuicio de la información exigida de conformidad con el Reglamento (UE) nº 260/2012, en su caso, cuando el prestador de servicios de pago del beneficiario esté establecido fuera de la Unión, las transferencias de fondos que no excedan los 1 000 EUR y que no parezcan estar relacionadas con otras transferencias de fondos que, junto con dicha transferencia, sobrepasen los 1 000 EUR, irán acompañadas de al menos:

• a) los nombres del ordenante del beneficiario, y
• b) los números de cuenta de pago del ordenante y del beneficiario, o, cuando sea de aplicación el artículo 4, apartado 3, el identificador único de operación.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, el prestador de servicios de pago del ordenante no estará obligado a verificar la información relativa al ordenante a que se refiere el presente apartado, salvo cuando el prestador de servicios de pago del ordenante:

  • a) haya recibido los fondos que haya que transferir en efectivo o en dinero electrónico anónimo, o
  • b) tenga motivos razonables para sospechar que se trata de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Artículo 7 Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario

1. El prestador de servicios de pago del beneficiario deberá implantar procedimientos eficaces para detectar, en lo que respecta a la información sobre el ordenante y el beneficiario, si los campos relativos a la información sobre el ordenante y beneficiario del sistema de mensajería o de pagos y liquidación utilizado para efectuar la transferencia de fondos han sido completados mediante caracteres o entradas admisibles, de conformidad con los protocolos de dicho sistema.

2. Dicho prestador deberá implantar procedimientos eficaces, que comprendan, cuando proceda, la supervisión a posteriori o en tiempo real, para detectar la falta de la siguiente información sobre el ordenante o el beneficiario:

• a) en relación con las transferencias de fondos en las que el prestador de servicios de pago del ordenante esté establecido en la Unión, la información a que se refiere el artículo 5;
• b) en relación con las transferencias de fondos en las que el prestador de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2;
• c) en relación con las transferencias por lotes en las que el prestador de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2, sobre dicha transferencia por lotes.

3. En el caso de transferencias de fondos que excedan los 1 000 EUR, cuando se lleven a cabo en una sola transferencia, o en varias que se consideren vinculadas, antes de abono en la cuenta de pago del beneficiario o de poner los fondos a disposición del beneficiario, el prestador de servicios de pago del beneficiario comprobará la exactitud de la información del beneficiario a que se refiere el apartado 2 del presente artículo basada en documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes, sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos 69 y 70 de la Directiva 2007/64/CE.

4. En el caso de las transferencias de fondos que no excedan los 1 000 EUR que no parezcan estar relacionadas con otras transferencias de fondos que, junto con dicha transferencia, sobrepasen los 1 000 EUR, el prestador de servicios de pago del beneficiario no estará obligado a verificar la exactitud de la información relativa al beneficiario, salvo cuando:

• a) efectúe el pago de los fondos en efectivo o en dinero electrónico anónimo, o
• b) tenga motivos razonables para sospechar que se trata de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

5. La verificación a que se hace referencia en los apartados 3 y 4 se considerará que ha tenido lugar cuando:

• a) la identidad del beneficiario haya sido verificada, de conformidad con el artículo 13 de la Directiva (UE) 2015/849 y la información recopilada en virtud de dicha verificación se haya almacenado de conformidad con el artículo 40 de esa Directiva, o
• b) sean aplicables al beneficiario las disposiciones del artículo 14, apartado 5, de la Directiva (UE) 2015/849.

Artículo 8 Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario

1. El prestador de servicios de pago del beneficiario implantará procedimientos eficaces basados en el riesgo, incluido el procedimiento de análisis de riesgos a que se hace referencia en el artículo 13 de la Directiva (UE) 2015/849, para determinar cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o suspenderse una transferencia de fondos que no contenga la información requerida completa sobre el ordenante y el beneficiario, así como para que se tomen las consiguientes medidas que deban adoptarse.

Cuando, al recibir transferencias de fondos, el prestador de servicios de pago del beneficiario constata que falta la información a que se refiere el artículo 4, apartados 1 o 2, el artículo 5, apartado 1, o el artículo 6, o que esta es incompleta o no se ha completado mediante los caracteres o entradas admisibles de conformidad con los protocolos del sistema de mensajería o de pagos y liquidación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, deberá, en función de un análisis de riesgos, bien rechazar la transferencia, bien pedir la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, antes o después de abonar la cuenta de pago del beneficiario o de poner los fondos a disposición del mismo.

2. Cuando, de forma reiterada, un prestador de servicios de pago no facilite cualquiera de los elementos de la información requerida sobre el ordenante o el beneficiario, el prestador de servicios de pago del beneficiario tomará medidas que pueden ir desde, inicialmente, emitir una advertencia y fijar un plazo, antes de rechazar toda futura transferencia de fondos de dicho prestador de servicios de pago, hasta restringir o poner fin a la relación comercial con ese prestador de servicios de pago.

El prestador de servicios de pago del beneficiario informará de ese incumplimiento y de las medidas adoptadas a la autoridad competente responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Artículo 9 Análisis y comunicación de operaciones sospechosas

El prestador de servicios de pago del beneficiario tomará en cuenta que la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, constituyen factores para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.

Artículo 10 Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario con la transferencia

Los prestadores de servicios de pago intermediarios se asegurarán de que toda la información recibida sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a una transferencia de fondos se conserve con la misma.

Artículo 11 Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario

1. El prestador de servicios de pago intermediario deberá implantar procedimientos eficaces para detectar si los campos con la información sobre el ordenante y el beneficiario del sistema de mensajería o de pagos y liquidación utilizado para efectuar la transferencia de fondos han sido cumplimentados utilizando los caracteres o entradas admisibles de acuerdo con los protocolos de dicho sistema.

2. El prestador de servicios de pago intermediario deberá implantar procedimientos eficaces, que comprendan mecanismos de seguimiento a posteriori o, cuando proceda, en tiempo real, para detectar la falta de la siguiente información sobre el ordenante o el beneficiario:

• a) en relación con las transferencias de fondos en las que los prestadores de servicios de pago del ordenante y el beneficiario estén establecidos en la Unión, la información a que se refiere el artículo 5;
• b) en relación con las transferencias de fondos en las que el prestador de servicios de pago del ordenante o del beneficiario esté establecido fuera de la Unión, la información completa sobre el ordenante y el beneficiario a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2;
• c) en relación con las transferencias por lotes en las que el prestador de servicios de pago del ordenante o del beneficiario esté establecido fuera de la Unión, la información a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2, sobre dicha transferencia por lotes.

Artículo 12 Transferencias de fondos a las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario

1. El prestador de servicios de pago intermediario establecerá procedimientos eficaces, basados en el riesgo, para determinar cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o suspenderse una transferencia de fondos que no contenga la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, así como para tomar las medidas consiguientes que deban adoptarse.

Cuando, al recibir una transferencia de fondos, el prestador de servicios de pago intermediario constate que la información a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2, el artículo 5, apartado 1, o el artículo 6, falta o no se ha cumplimentado empleando los caracteres o entradas admisibles en el marco de los protocolos del sistema de mensajería o de pagos y liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, rechazará la transferencia o pedirá la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, antes o después de la transmisión de la transferencia de fondos, en función de un análisis de riesgos.

2. Cuando, de forma reiterada, un prestador de servicios de pago no facilite la información requerida sobre el ordenante o el beneficiario, el prestador de servicios de pago intermediario tomará medidas que pueden ir desde, inicialmente, emitir una advertencia y fijar unos plazos, antes de o bien rechazar cualquier futura transferencia de fondos de dicho prestador de servicios de pago, o bien restringir o poner fin a su relación comercial con ese prestador de servicios de pago.

El prestador de servicios de pago intermediario informará de ese incumplimiento y de las medidas adoptadas a la autoridad competente responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Artículo 13 Análisis y comunicación de operaciones sospechosas

El prestador de servicios de pago intermediario tomará en cuenta la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la UIF de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.

Artículo 14 Suministro de información

Los prestadores de servicios de pago responderán plenamente y sin demora, inclusive mediante un punto central de contacto de conformidad con el artículo 45, apartado 9, de la Directiva (UE) 2015/849, en caso de que se haya designado dicho punto de contacto y de conformidad con los requisitos de procedimiento establecidos en el Derecho nacional del Estado miembro en el que estén establecidos, exclusivamente a las indagaciones de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de dicho Estado miembro en lo relativo a la información exigida por el presente Reglamento.

Artículo 15 Protección de datos

1. El tratamiento de datos personales con arreglo al presente Reglamento estará sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) . Los datos personales tratados en virtud del presente Reglamento por la Comisión o por la ABE estarán sujetos al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) .

Número 1 del artículo 15 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2020, por el apartado 1) del artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos («D.O.U.E.L.» 27 diciembre). Vigencia: 1 enero 2020 Efectos / Aplicación: 1 enero 2020

2. Los datos personales serán tratados por los prestadores de servicios de pago, al amparo del presente Reglamento, solo con fines de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y no serán objeto de tratamiento ulterior de manera incompatible con los citados fines. Quedará prohibido el tratamiento de datos personales sobre la base del presente Reglamento para fines comerciales.

3. Los prestadores de servicios de pago facilitarán a los nuevos clientes la información requerida en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE antes de entablar una relación de negocios o de efectuar una transacción ocasional. Dicha información contendrá en particular un aviso general sobre las obligaciones legales de los prestadores de servicios de pago en virtud del presente Reglamento a la hora de tratar datos personales a fines de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

4. Los prestadores de servicios de pago garantizarán el respeto de la confidencialidad de los datos objeto de tratamiento.

Artículo 16 Conservación de registros

1. La información sobre el ordenante o el beneficiario no se conservará durante más tiempo del estrictamente necesario. Los prestadores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario conservarán durante un período de cinco años la información a que se refieren los artículos 4 a 7.

2. Una vez transcurrido el período de conservación a que se refiere el apartado 1, los prestadores de servicios de pago garantizarán que se eliminen los datos personales, salvo disposición en contrario del Derecho nacional que deberá especificar en qué circunstancias los prestadores de servicios de pago podrán o deberán conservar ulteriormente los datos. Los Estados miembros podrán autorizar o exigir un plazo mayor de conservación únicamente después de haber procedido a una evaluación minuciosa de la necesidad y la proporcionalidad de dicha prórroga y si ello está justificado a fines de prevención, detección o investigación del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo. La ampliación del plazo de conservación no podrá exceder de cinco años adicionales.

3. Cuando, el 25 de junio de 2015, haya pendientes en un Estado miembro procedimientos judiciales relacionados con la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de presuntas actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, y obren en poder de un prestador de servicios de pago información o documentos relacionados con esos procedimientos pendientes, el prestador de servicios de pago podrá conservar dicha información o documentos de conformidad con la legislación nacional durante un período de cinco años a partir del 25 de junio de 2015. Los Estados miembros podrán, sin perjuicio del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los procedimientos judiciales en curso, permitir o requerir la conservación de la información o los documentos durante un período adicional de cinco años, siempre que se haya establecido la necesidad y la proporcionalidad de dicha medida para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de presuntas actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Artículo 17 Sanciones y medidas administrativas

1. Sin perjuicio de la facultad de prever e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecerán las normas en materia de sanciones y medidas administrativas aplicables en caso de infracción de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones y medidas previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias, y deberán ser coherentes con las establecidas de conformidad con el capítulo VI, sección 4, de la Directiva (UE) 2015/849.

Los Estados miembros pueden decidir no establecer normas sobre sanciones y medidas administrativas para el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento que ya sea objeto de sanción penal con arreglo a su Derecho penal interno. En ese caso, los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones pertinentes de su normativa penal.

2. Los Estados miembros velarán por que, cuando se apliquen obligaciones a los prestadores de servicios de pago, en caso de infracción de las disposiciones del presente Reglamento, puedan aplicarse sanciones o medidas sin perjuicio de la aplicación de la legislación nacional, a los miembros del órgano de administración o a cualquier otra persona física que en virtud del Derecho nacional sea responsable de la infracción.

3. A más tardar el 26 de junio de 2017, los Estados miembros notificarán las normas a que se refiere el apartado 1 a la Comisión y al Comité Mixto de las AES. Los Estados miembros notificarán sin demora indebida a la Comisión y a la ABE cualquier modificación ulterior de las mismas.

Número 3 del artículo 17 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2020, por el apartado 2) del artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos («D.O.U.E.L.» 27 diciembre). Vigencia: 1 enero 2020 Efectos / Aplicación: 1 enero 2020

4. De conformidad con el artículo 58, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849, las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión e investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. Al ejercer sus facultades de imposición de sanciones y medidas administrativas, las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que dichas sanciones o medidas administrativas producen los resultados deseados, y coordinarán su actuación cuando aborden casos transfronterizos.

5. Los Estados miembros garantizarán que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones mencionadas en el artículo 18, cuando estas infracciones sean cometidas en su beneficio por cualquier persona que, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:

• a) un poder de representación de dicha persona jurídica;
• b) una autoridad para adoptar decisiones en su nombre, o
• c) una autoridad para ejercer el control en su seno.

6. Los Estados miembros se asegurarán también de que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la ausencia de supervisión o control por parte de una persona a que se refiere el apartado 5 del presente artículo haya hecho posible la comisión, por una persona bajo su autoridad, y en beneficio de dicha persona jurídica, de alguna de las infracciones a las que se hace referencia en el artículo 18.

7. Las autoridades competentes ejercerán sus facultades para imponer sanciones y medidas administrativas de conformidad con el presente Reglamento, de cualquiera de las siguientes maneras:

• a) directamente;
• b) en colaboración con otras autoridades;
• c) bajo su responsabilidad, delegando en esas otras autoridades;
• d) mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.

Al ejercer sus facultades para imponer sanciones y medidas administrativas, las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que dichas sanciones o medidas administrativas ofrezcan los resultados deseados, y coordinarán su actuación cuando aborden casos transfronterizos.

Artículo 18 Disposiciones específicas

Los Estados miembros garantizarán que sus sanciones y medidas administrativas incluyan, como mínimo, las establecidas en el artículo 59, apartados 2 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849, en caso de los siguientes incumplimientos del presente Reglamento:

• a) el incumplimiento repetido o sistemático por parte de los prestadores de servicios de pago de incluir la información requerida del ordenante o del beneficiario, en violación de los artículos 4, 5 o 6;
• b) el incumplimiento repetido, sistemático o grave por parte de los prestadores de servicios de pago de la obligación de conservar la información conforme al artículo 16;
• c) el incumplimiento por parte de los prestadores de servicios de pago de la obligación de implantar políticas y procedimientos eficaces, basados en el riesgo, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 8 o 12;
• d) el incumplimiento grave por parte de un prestador de servicios de pago intermediario de los artículos 11 o 12.

Artículo 19 Publicación de las sanciones y medidas

De conformidad con el artículo 60, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849, las autoridades competentes publicarán sin demora injustificada las sanciones y medidas administrativas impuestas en los casos a que se refieren los artículos 17 y 18 del presente Reglamento, incluyendo en particular información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de las personas responsables del mismo, si resulta necesario y proporcionado tras una evaluación caso por caso.

Artículo 20 Aplicación de las sanciones y medidas por las autoridades competentes

1. A la hora de determinar el tipo de sanciones o medidas administrativas y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas las que figuran en el artículo 60, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849.

2. En lo que respecta a medidas y sanciones administrativas impuestas de conformidad con el presente Reglamento, se aplicará el artículo 62 de la Directiva (UE) 2015/849.

Artículo 21 Comunicación de infracciones

1. Los Estados miembros establecerán mecanismos eficaces para alentar la comunicación de incumplimientos del presente Reglamento a las autoridades competentes.

Estos mecanismos incluirán, como mínimo, los contemplados en el artículo 61, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849.

2. Los prestadores de servicios de pago, en cooperación con las autoridades competentes, implantarán los procedimientos internos adecuados para que sus empleados o aquellas personas que ocupen una posición similar, comuniquen las infracciones a nivel interno a través de un canal seguro, independiente, específico y anónimo, proporcional al tipo y al tamaño del prestador de servicios de pago de que se trate.

Artículo 22 Supervisión

1. Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que supervisen de forma efectiva y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, y fomentar mediante mecanismos eficaces la comunicación de infracciones de las disposiciones del presente Reglamento a las autoridades competentes.

2. Una vez efectuada la notificación con arreglo al artículo 17, apartado 3, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del capítulo IV, en particular en relación con los casos transfronterizos.

Número 2 del artículo 22 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2020, por el apartado 3) del artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos («D.O.U.E.L.» 27 diciembre). Vigencia: 1 enero 2020 Efectos / Aplicación: 1 enero 2020

Artículo 23 Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo («el Comité»). Dicho comité será un comité a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Artículo 24 Acuerdos con países o territorios que no formen parte del territorio de la Unión

1. La Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro a celebrar acuerdos con un tercer país o con un territorio que no forme parte del ámbito territorial del TUE y del TFUE con arreglo al artículo 355 del TFUE («el país o el territorio en cuestión»), que prevean excepciones al presente Reglamento, con el fin de permitir que las transferencias de fondos entre ese país o territorio y el Estado miembro correspondiente sean tratadas como transferencias de fondos realizadas en ese Estado miembro.

Estos acuerdos solo podrán autorizarse si se cumplen todas las condiciones siguientes:

• a) que el país o el territorio en cuestión comparta una unión monetaria con el Estado miembro de que se trate, forme parte de la zona monetaria de ese Estado miembro o haya firmado un convenio monetario con la Unión representada por un Estado miembro;
• b) que los prestadores de servicios de pago del país o territorio en cuestión participen, directa o indirectamente, en los sistemas de pago y liquidación de dicho Estado miembro, y
• c) que el país o el territorio en cuestión exija que los prestadores de servicios de pago bajo su jurisdicción apliquen las mismas normas que se establecen en el presente Reglamento.

2. Todo Estado miembro que desee celebrar un acuerdo según lo mencionado en el apartado 1 enviará una petición a la Comisión y le facilitará toda la información necesaria para valorar la petición.

3. Cuando la Comisión reciba una petición de un Estado miembro, las transferencias de fondos entre ese Estado miembro y el país o territorio correspondiente se tratarán provisionalmente como transferencias de fondos realizadas en ese Estado miembro hasta que se alcance una decisión de conformidad con el presente artículo.

4. Si, en el plazo de dos meses desde el momento en que reciba la petición, la Comisión considera que no cuenta con toda la información necesaria para valorar la petición, se pondrá en contacto con el Estado miembro de que se trate y especificará la información adicional que necesita.

5. En el plazo de un mes desde que reciba toda la información que considere necesaria para valorar la petición, la Comisión se lo notificará debidamente al Estado miembro solicitante y transmitirá copias de la petición a los demás Estados miembros.

6. En el plazo de tres meses desde la notificación mencionada en el apartado 5 del presente artículo, la Comisión decidirá, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 23, apartado 2, si autoriza al Estado miembro correspondiente a celebrar el acuerdo objeto de la solicitud.

La Comisión adoptará, en cualquier caso, la decisión a que se refiere el párrafo primero en el plazo de dieciocho meses a contar desde el momento en que reciba la petición.

7. A más tardar el 26 de marzo de 2017, los Estados miembros que hayan sido autorizados a celebrar acuerdos con un país o un territorio en cuestión por la Decisión de Ejecución 2012/43/UE de la Comisión (22) , la Decisión 2010/259/UE de la Comisión (23) , la Decisión 2009/853/CE de la Comisión (24) o la Decisión 2008/982/CE de la Comisión (25) , deberán facilitar a la Comisión toda la información actualizada necesaria para la evaluación de la condición estipulada en el apartado 1, párrafo segundo, letra c).

Dentro de los tres meses siguientes a la recepción de dicha información, la Comisión examinará la información proporcionada para garantizar que el país o territorio de que se trate exige que los prestadores de servicios de pago bajo su jurisdicción aplican las mismas normas que las que establece el presente Reglamento. Si la Comisión considera tras dicho examen que ya no se cumple la condición estipulada en el apartado 1, párrafo segundo, letra c), derogará la Decisión o la Decisión de Ejecución de la Comisión correspondientes.

Artículo 25 Directrices

A más tardar el 26 de junio de 2017, las AES emitirán directrices destinadas a las autoridades competentes y los prestadores de servicios de pago, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 , sobre las medidas a adoptar de conformidad con el presente Reglamento, en particular en lo relativo a la aplicación de sus artículos 7, 8, 11 y 12. A partir del 1 de enero de 2020, la ABE, emitirán, si procede, tales directrices

Artículo 25 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2020, por el apartado 4) del artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos («D.O.U.E.L.» 27 diciembre). Vigencia: 1 enero 2020 Efectos / Aplicación: 1 enero 2020

Artículo 26 Derogación del Reglamento (CE) nº 1781/2006

Queda derogado el Reglamento (CE) nº 1781/2006.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 27 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será de aplicación a partir del 26 de junio de 2017.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.