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Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un r間imen general de condicionalidad para la protecci髇 del presupuesto de la Uni髇

Ficha:
  • 觬ganoPARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNION EUROPEA
  • Publicado en DOUEL n鷐. 433I de 22 de Diciembre de 2020
  • Vigencia desde 11 de Enero de 2021
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
LE0000709984_20210111Ir a NormaDOUEL 21 Octubre 2021. Correcci髇 de errores Regl. 2020/2092 UE, Euratom, de 16 Dic. (r間imen general de condicionalidad para la protecci髇 del presupuesto de la Uni髇)
LE0000820790_20210111Ir a NormaDOUEL 5 Diciembre 2023. Correcci髇 de errores Regl. (UE, Euratom) 2020/2092 de 16 Dic. (sobre un r間imen general de condicionalidad para la protecci髇 del presupuesto de la Uni髇)
Reglamento (UE, Euratom)2020/2092, 16 diciembre rectificado por correcci髇 de errores (獶.O.U.E.L. 21 octubre 2021).LE0000709984_20210111Ir a Norma correctora
Reglamento (UE)2020/2092, 16 diciembre rectificado por correcci髇 de errores (獶.O.U.E.L. 5 diciembre 2023)LE0000820790_20210111Ir a Norma correctora
V閍nse las orientaciones para la aplicaci髇 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un r間imen general de condicionalidad para la protecci髇 del presupuesto de la Uni髇 (獶.O.U.E.C. 18 marzo 2022)LE0000722303_20220318Ir a Norma

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 322, apartado 1, letra a),

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energ韆 At髆ica, y en particular su art韈ulo 106 bis,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

  • (1) La Uni髇 se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minor韆s, consagrados en el art韈ulo 2 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE). Como se馻la el art韈ulo 2 del TUE, esos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminaci髇, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
  • (2) En sus conclusiones de 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo declar que los intereses financieros de la Uni髇 se han de proteger de conformidad con los principios generales asentados en los Tratados, en particular los valores establecidos en el art韈ulo 2 del TUE. Asimismo, subray la importancia de proteger los intereses financieros de la Uni髇 y destac la importancia de respetar el Estado de Derecho.
  • (3) El Estado de Derecho requiere que todos los poderes p鷅licos act鷈n dentro de los l韒ites establecidos por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y del respeto de los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta) y otros instrumentos aplicables, y bajo el control de 髍ganos jurisdiccionales independientes e imparciales. Exige, en particular, que se respeten (3) los principios de legalidad (4) , que implica un proceso legislativo transparente, responsable, democr醫ico y pluralista; de seguridad jur韉ica (5) ; de prohibici髇 de la arbitrariedad del poder ejecutivo (6) ; de tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a la justicia, por 髍ganos jurisdiccionales independientes e imparciales (7) , y de separaci髇 de poderes (8) .
  • (4) Los criterios de adhesi髇 establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y reforzados por el Consejo Europeo de Madrid en 1995 son las condiciones esenciales que debe cumplir un pa韘 candidato para convertirse en Estado miembro de la Uni髇. Dichos criterios est醤 establecidos actualmente en el art韈ulo 49 del TUE.
  • (5) Una vez que un pa韘 candidato se convierte en Estado miembro, se integra en una construcci髇 jur韉ica que se basa en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con todos los dem醩 Estados miembros, y reconoce que estos comparten con 閘, una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Uni髇, como se precisa en el art韈ulo 2 TUE. Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores y, por lo tanto, en el respeto del Derecho de la Uni髇 que los aplica (9) . La legislaci髇 y las pr醕ticas de los Estados miembros deben seguir respetando los valores comunes en los que se fundamenta la Uni髇.
  • (6) Aunque no existe una jerarqu韆 entre los valores de la Uni髇, el respeto del Estado de Derecho es esencial para la protecci髇 de los dem醩 valores fundamentales en los que se fundamenta la Uni髇, como la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. El respeto del Estado de Derecho est intr韓secamente vinculado al respeto de la democracia y de los derechos fundamentales. No puede haber democracia ni respeto de los derechos fundamentales sin respeto del Estado de Derecho, y viceversa.
  • (7) Siempre que los Estados miembros ejecuten el presupuesto de la Uni髇, incluidos los recursos asignados mediante el Instrumento de Recuperaci髇 de la Uni髇 Europea establecido de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (10) y mediante pr閟tamos y otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Uni髇, y cualquiera que sea su modo de ejecuci髇, el respeto del Estado de Derecho es una condici髇 previa esencial para cumplir el principio de buena gesti髇 financiera establecido en el art韈ulo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE).
  • (8) Los Estados miembros solo pueden garantizar la buena gesti髇 financiera si las autoridades p鷅licas act鷄n conforme a Derecho, si los casos de fraude, incluido el fraude fiscal, de evasi髇 fiscal, de corrupci髇, de conflictos de inter閟 y otros incumplimientos del Derecho son efectivamente perseguidos por los servicios encargados de la investigaci髇 y del ejercicio de la acci髇 penal, y si las decisiones arbitrarias o il韈itas de las autoridades p鷅licas, incluidas las autoridades policiales, son objeto de un control judicial efectivo por parte de 髍ganos jurisdiccionales independientes y del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea.
  • (9) La independencia y la imparcialidad de los jueces siempre deben estar garantizadas y los servicios encargados de la investigaci髇 y del ejercicio de la acci髇 penal deben poder desempe馻r adecuadamente sus funciones. Los jueces y los servicios encargados de la investigaci髇 y del ejercicio de la acci髇 penal deben tener a su disposici髇 los recursos financieros y humanos suficientes y los procedimientos que les permitan actuar de manera eficaz y en pleno respeto del derecho a un juicio justo e imparcial, incluido el respeto de los derechos de defensa. Las sentencias firmes deben ejecutarse de forma efectiva. Estas condiciones son necesarias como garant韆 m韓ima frente a decisiones il韈itas y arbitrarias de las autoridades p鷅licas que podr韆n perjudicar a los intereses financieros de la Uni髇.
  • (10) La independencia de los jueces presupone, en particular, que el 髍gano jurisdiccional en cuesti髇 est en condiciones de ejercer, tanto con arreglo a las normas aplicables como en la pr醕tica, sus funciones jurisdiccionales con plena autonom韆, sin estar sometido a ning鷑 v韓culo jer醨quico o de subordinaci髇 respecto a terceros y sin recibir 髍denes ni instrucciones de ning鷑 tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones. Las garant韆s de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composici髇 del 髍gano, as como al nombramiento, a la duraci髇 del mandato y a las causas de recusaci髇 y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda leg韙ima en el 醤imo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho 髍gano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio.
  • (11) El respeto del Estado de Derecho es esencial no solo para los ciudadanos de la Uni髇, sino tambi閚 para las iniciativas empresariales, la innovaci髇, la inversi髇, la cohesi髇 econ髆ica, social y territorial y el correcto funcionamiento del mercado interior, que prosperan m醩 cuando existe un marco jur韉ico e institucional s髄ido.
  • (12) El art韈ulo 19 del TUE, que es la expresi髇 concreta del valor del Estado de Derecho establecido en el art韈ulo 2 del TUE, obliga a los Estados miembros a proporcionar una tutela judicial efectiva en los 醡bitos cubiertos por el Derecho de la Uni髇, incluidos los referentes a la ejecuci髇 del presupuesto de la Uni髇. La existencia misma de un control judicial efectivo destinado a garantizar el cumplimiento del Derecho de la Uni髇 es inherente a un Estado de Derecho y requiere 髍ganos jurisdiccionales independientes (11) . Resulta primordial preservar la independencia de los 髍ganos jurisdiccionales, como lo confirma el art韈ulo 47, p醨rafo segundo, de la Carta (12) . Tal afirmaci髇 es especialmente cierta respecto del control judicial de la validez de las medidas, los contratos u otros instrumentos que den lugar a gastos o deuda p鷅licos, en el contexto, entre otros, de los procedimientos de contrataci髇 p鷅lica que tambi閚 pueden someterse al control de los 髍ganos jurisdiccionales.
  • (13) Existe por lo tanto una clara relaci髇 entre el respeto del Estado de Derecho y la ejecuci髇 eficiente del presupuesto de la Uni髇 de conformidad con el principio de buena gesti髇 financiera.
  • (14) La Uni髇 ha desarrollado diversos instrumentos y procesos que fomentan el Estado de Derecho y su aplicaci髇, como el apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil, el Mecanismo Europeo del Estado de Derecho y el cuadro de indicadores de la justicia en la UE, y que ofrecen una respuesta eficaz de las instituciones de la Uni髇 a las vulneraciones del Estado de Derecho mediante el procedimiento de incumplimiento y el procedimiento establecido en el art韈ulo 7 del TUE. El mecanismo establecido en el presente Reglamento complementa estos instrumentos protegiendo el presupuesto de la Uni髇 frente a las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que afectan a su buena gesti髇 financiera o a la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇.
  • (15) Las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho, en particular las que afectan al buen funcionamiento de las autoridades p鷅licas y al control judicial efectivo, pueden atentar gravemente contra los intereses financieros de la Uni髇. As sucede con las vulneraciones puntuales de los principios del Estado de Derecho y, m醩 a鷑, con las vulneraciones generalizadas o debidas a pr醕ticas u omisiones reiteradas por parte de las autoridades p鷅licas, o a medidas generales adoptadas por tales autoridades.
  • (16) La detecci髇 de las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho precisa una evaluaci髇 cualitativa exhaustiva por parte de la Comisi髇. Dicha evaluaci髇 debe ser objetiva, imparcial y justa, y debe tener en cuenta la informaci髇 pertinente procedente de fuentes disponibles e instituciones reconocidas, como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, los informes del Tribunal de Cuentas, el informe anual sobre el Estado de Derecho y el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de la Comisi髇, los informes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la Fiscal韆 Europea, seg鷑 corresponda, y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones y redes internacionales pertinentes, incluidos 髍ganos del Consejo de Europa como el Grupo de Estados contra la Corrupci髇 (GRECO) y la Comisi髇 de Venecia, en particular su lista de criterios relativos al Estado de Derecho, y las redes europeas de tribunales supremos y consejos del poder judicial. La Comisi髇 podr韆 consultar a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea y a la Comisi髇 de Venecia si ello fuera necesario a fin de efectuar una evaluaci髇 cualitativa exhaustiva.
  • (17) Las medidas contempladas en el presente Reglamento son necesarias, en particular, en los casos en que otros procedimientos establecidos en la legislaci髇 de la Uni髇 no permitan proteger el presupuesto de la Uni髇 de manera m醩 eficaz. La legislaci髇 financiera de la Uni髇 y las normas sectoriales y financieras aplicables ofrecen diversas posibilidades para proteger el presupuesto de la Uni髇, como las interrupciones, suspensiones o correcciones financieras vinculadas a irregularidades o a deficiencias graves en los sistemas de gesti髇 y control. Es preciso determinar las medidas que deben adoptarse en caso de vulneraciones de los principios del Estado de Derecho y el procedimiento que debe seguirse para la adopci髇 de tales medidas. Entre ellas se deben incluir la suspensi髇 de los pagos y de los compromisos, la suspensi髇 del desembolso de los tramos o el reembolso anticipado de pr閟tamos, la reducci髇 de la financiaci髇 prevista en compromisos existentes y la prohibici髇 de contraer nuevos compromisos con los beneficiarios o de suscribir nuevos acuerdos sobre pr閟tamos u otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Uni髇.
  • (18) El principio de proporcionalidad debe aplicarse al determinar las medidas que han de adoptarse, teniendo en cuenta en particular la gravedad de la situaci髇, el tiempo transcurrido desde el inicio de la actuaci髇 de que se trate, la duraci髇 y recurrencia de esta, la intenci髇 y el grado de colaboraci髇 del Estado miembro de que se trate para poner fin a las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho, as como los efectos en la buena gesti髇 financiera del presupuesto de la Uni髇 o los intereses financieros de la Uni髇.
  • (19) Es fundamental que los intereses leg韙imos de los destinatarios y beneficiarios finales queden adecuadamente protegidos al adoptarse las medidas en caso de vulneraciones de los principios del Estado de Derecho. Cuando la Comisi髇 considere la adopci髇 de medidas, debe tener en cuenta su posible repercusi髇 para los destinatarios y beneficiarios finales. Habida cuenta de que, en la gesti髇 compartida, los pagos de la Comisi髇 a los Estados miembros son jur韉icamente independientes de los pagos de las autoridades nacionales a los beneficiarios, no debe considerarse que las medidas adecuadas en virtud del presente Reglamento afecten a la disponibilidad de financiaci髇 para los pagos a los beneficiarios dentro de los plazos de pago establecidos en las normas sectoriales y financieras aplicables. Las decisiones adoptadas con arreglo al presente Reglamento y las obligaciones para con los destinatarios o beneficiarios finales establecidas en el presente Reglamento forman parte del Derecho de la Uni髇 aplicable con respecto a la ejecuci髇 de la financiaci髇 en r間imen de gesti髇 compartida. Los Estados miembros afectados por las medidas deben informar peri骴icamente a la Comisi髇 sobre el cumplimiento de sus obligaciones para con los destinatarios o beneficiarios finales. La presentaci髇 de informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de pago para con los beneficiarios establecidas en las normas sectoriales y financieras aplicables debe permitir a la Comisi髇 comprobar que las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento no afectan en modo alguno, directa o indirectamente, a los pagos que deban efectuarse con arreglo a las normas sectoriales y financieras aplicables.

    Para reforzar la protecci髇 de los destinatarios o beneficiarios finales, la Comisi髇 debe facilitar informaci髇 y orientaciones a trav閟 de un sitio web o un portal de internet, junto con las herramientas adecuadas para que se le informe sobre cualquier incumplimiento de la obligaci髇 legal por parte de las entidades p鷅licas y los Estados miembros de seguir efectuando los pagos una vez adoptadas las medidas sobre la base del presente Reglamento. La Comisi髇 debe realizar un seguimiento de dicha informaci髇 para comprobar si se han respetado las normas aplicables, en particular el art韈ulo 69, el art韈ulo 74, apartado 1, letra b), y el art韈ulo 104 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) . Cuando sea necesario, a fin de garantizar que cualquier importe adeudado por entidades p鷅licas o Estados miembros se abone efectivamente a los destinatarios o beneficiarios finales, la Comisi髇 debe recuperar los pagos efectuados o, en su caso, efectuar una correcci髇 financiera reduciendo la ayuda de la Uni髇 a un programa en consonancia con las normas sectoriales y financieras aplicables.

  • (20) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecuci髇 del presente Reglamento y habida cuenta de la importancia de los efectos financieros de las medidas adoptadas en virtud de este, deben conferirse al Consejo competencias de ejecuci髇, el cual ha de actuar sobre la base de una propuesta de la Comisi髇.
  • (21) Antes de proponer la adopci髇 de cualquier medida en virtud del presente Reglamento, la Comisi髇 debe notificar al Estado miembro de que se trate los motivos por los que considera que podr韆n haberse producido en 閘 vulneraciones de los principios del Estado de Derecho. La Comisi髇 debe informar sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de tal notificaci髇 y su contenido. El Estado miembro de que se trate debe tener la posibilidad de presentar sus observaciones, que la Comisi髇 y el Consejo deben tomar en consideraci髇.
  • (22) Al establecer plazos de conformidad con el presente Reglamento para el Estado miembro de que se trate, la Comisi髇 debe tener en cuenta, en particular, la cantidad de informaci髇 facilitada y solicitada, la complejidad de los hechos pertinentes y de su evaluaci髇, as como la capacidad administrativa de dicho Estado miembro.
  • (23) Si la Comisi髇, tras analizar las observaciones del Estado miembro de que se trate, considera que se cumplen las condiciones para la adopci髇 de medidas, debe presentar una propuesta de adopci髇 de medidas adecuadas al Consejo. En el plazo de un mes, que puede prorrogarse excepcionalmente dos meses adicionales como m醲imo, el Consejo debe pronunciarse mediante una decisi髇 de ejecuci髇 sobre la propuesta de la Comisi髇 de adopci髇 de medidas adecuadas. Con el fin de garantizar que el Consejo tome la decisi髇 en tales plazos, la Comisi髇 debe ejercer sus facultades con arreglo al art韈ulo 237 del TFUE y al Reglamento interno del Consejo (14) de la manera m醩 adecuada.
  • (24) Una vez adoptada cualquier medida de conformidad con el presente Reglamento, la Comisi髇 debe hacer un seguimiento peri骴ico de la situaci髇 en el Estado miembro de que se trate. La Comisi髇 debe volver a evaluar la situaci髇 cuando el Estado miembro de que se trate adopte nuevas medidas correctoras o, en cualquier caso, a m醩 tardar un a駉 despu閟 de la adopci髇 de las medidas.
  • (25) El Consejo debe, a propuesta de la Comisi髇, levantar las medidas que tengan efecto suspensivo si la situaci髇 conducente a su imposici髇 ha sido suficientemente subsanada.
  • (26) El procedimiento de adopci髇 y levantamiento de las medidas debe respetar los principios de objetividad, no discriminaci髇 e igualdad de trato de los Estados miembros y debe desarrollarse con arreglo a un planteamiento imparcial y basado en pruebas. Si, excepcionalmente, el Estado miembro de que se trate considera que se han producido vulneraciones graves de dichos principios, puede solicitar al presidente del Consejo Europeo que someta el asunto al siguiente Consejo Europeo. En tales circunstancias excepcionales, no debe adoptarse ninguna decisi髇 relativa a las medidas hasta que el Consejo Europeo haya deliberado al respecto. Este proceso no debe, en principio, demorarse m醩 de tres meses a partir del momento en que la Comisi髇 haya presentado su propuesta al Consejo.
  • (27) La Comisi髇 debe mantener informado al Parlamento Europeo de toda medida propuesta, adoptada y levantada con arreglo al presente Reglamento.
  • (28) La Comisi髇 debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicaci髇 del presente Reglamento. Al informar al Parlamento Europeo y al Consejo, la Comisi髇 debe considerar, adem醩 de la eficacia de las medidas adoptadas, la eficacia global del procedimiento establecido en el presente Reglamento y la complementariedad de este instrumento con otros.
  • (29) El presente Reglamento no debe afectar a la competencia de la Fiscal韆 Europea ni a las obligaciones de los Estados miembros que no participen en la cooperaci髇 reforzada establecida por el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (15) .

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Art韈ulo 1 Objeto

El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para la protecci髇 del presupuesto de la Uni髇 en caso de vulneraci髇 de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros.

Art韈ulo 2 Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entender por:

  • a) 獷stado de Derecho, el valor de la Uni髇 consagrado en el art韈ulo 2 del TUE. Comprende los principios de legalidad, que implica un proceso legislativo transparente, democr醫ico, pluralista y sujeto a rendici髇 de cuentas; de seguridad jur韉ica; de prohibici髇 de la arbitrariedad del poder ejecutivo; de tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a la justicia, por parte de 髍ganos jurisdiccionales independientes e imparciales, tambi閚 en lo que respecta a los derechos fundamentales; de separaci髇 de poderes, y de no discriminaci髇 e igualdad ante la ley. El Estado de Derecho se entender habida cuenta de los dem醩 valores y principios de la Uni髇 consagrados en el art韈ulo 2 del TUE;
  • b) 玡ntidad p鷅lica, toda autoridad p鷅lica en cualquier nivel de la administraci髇, incluidas las autoridades nacionales, regionales y locales, as como las organizaciones de los Estados miembros en el sentido del art韈ulo 2, punto 42, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) (en lo sucesivo, 玆eglamento Financiero).

Art韈ulo 3 Vulneraci髇 de los principios del Estado de Derecho

A los efectos del presente Reglamento se podr considerar indicio de vulneraci髇 de los principios del Estado de Derecho lo siguiente:

  • a) poner en peligro la independencia de los jueces;
  • b) no impedir, corregir o sancionar decisiones arbitrarias o il韈itas por parte de las autoridades p鷅licas, incluidas las autoridades policiales, retener recursos financieros y humanos que afecten a su buen funcionamiento, o no garantizar la ausencia de conflictos de inter閟;
  • c) limitar la disponibilidad y eficacia de las v韆s de recurso judicial, a trav閟, entre otros medios, de normas procesales restrictivas y de la no ejecuci髇 de las resoluciones judiciales, o limitar la investigaci髇, la persecuci髇 o sanci髇 efectivos de las infracciones del Derecho.

Art韈ulo 4 Condiciones para la adopci髇 de medidas

1. Se adoptar醤 medidas adecuadas cuando se determine de conformidad con el art韈ulo 6 que una vulneraci髇 de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro afecta o amenaza con afectar gravemente la buena gesti髇 financiera del presupuesto de la Uni髇 o la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇 de un modo suficientemente directo.

2. A los efectos del presente Reglamento, la vulneraci髇 de los principios del Estado de Derecho se referir a uno o varios de los aspectos siguientes:

  • a) el buen funcionamiento de las autoridades que ejecutan el presupuesto de la Uni髇, incluidos los pr閟tamos y otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Uni髇, en particular en el contexto de procedimientos de contrataci髇 p鷅lica o de subvenci髇;
  • b) el buen funcionamiento de las autoridades que realizan el control financiero, la supervisi髇 y las auditor韆s, y el buen funcionamiento de unos sistemas de gesti髇 financiera y rendici髇 de cuentas eficaces y transparentes;
  • c) el buen funcionamiento de los servicios de investigaci髇 y de la fiscal韆 en relaci髇 con la investigaci髇 y el ejercicio de la acci髇 penal por fraude, en particular por fraude fiscal, corrupci髇 u otras infracciones del Derecho de la Uni髇 relativas a la ejecuci髇 del presupuesto de la Uni髇 o a la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇;
  • d) el control judicial efectivo, por 髍ganos jurisdiccionales independientes, de las acciones u omisiones de las autoridades a que se refieren las letras a), b) y c);
  • e) la prevenci髇 y la sanci髇 del fraude, incluidos el fraude fiscal, la corrupci髇 u otras infracciones del Derecho de la Uni髇 relativas a la ejecuci髇 del presupuesto de la Uni髇 o a la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇, y la imposici髇 de sanciones eficaces y disuasorias a los beneficiarios por los 髍ganos jurisdiccionales o por las autoridades administrativas;
  • f) la recuperaci髇 de los fondos indebidamente pagados;
  • g) la cooperaci髇 eficaz y en tiempo oportuno con la OLAF y, a reserva de la participaci髇 del Estado miembro de que se trate, con la Fiscal韆 Europea en sus investigaciones o ejercicio de la acci髇 penal en virtud de los actos de la Uni髇 aplicables, de conformidad con el principio de cooperaci髇 leal;
  • h) otras situaciones o actuaciones de las autoridades que sean pertinentes para la buena gesti髇 financiera del presupuesto de la Uni髇 o para la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇.

Art韈ulo 5 Medidas para la protecci髇 del presupuesto de la Uni髇

1. Siempre que se cumplan las condiciones del art韈ulo 4 del presente Reglamento, podr醤 adoptarse de conformidad con el procedimiento establecido en el art韈ulo 6 del presente Reglamento una o varias de las siguientes medidas adecuadas:

  • a) en caso de que la Comisi髇 ejecute el presupuesto de la Uni髇 en r間imen de gesti髇 directa o indirecta con arreglo al art韈ulo 62, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento Financiero, y el beneficiario sea una entidad p鷅lica:
    • i) la suspensi髇 de los pagos o de la ejecuci髇 del compromiso jur韉ico o la resoluci髇 del compromiso jur韉ico con arreglo al art韈ulo 131, apartado 3, del Reglamento Financiero;
    • ii) la prohibici髇 de contraer nuevos compromisos jur韉icos;
    • iii) la suspensi髇 del desembolso total o parcial de los tramos o el reembolso anticipado de pr閟tamos garantizados por el presupuesto de la Uni髇;
    • iv) la suspensi髇 o reducci髇 de la ventaja econ髆ica obtenida en virtud de un instrumento garantizado por el presupuesto de la Uni髇;
    • v) la prohibici髇 de suscribir nuevos acuerdos sobre pr閟tamos u otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Uni髇;
  • b) en caso de que la Comisi髇 ejecute el presupuesto de la Uni髇 en r間imen de gesti髇 compartida con los Estados miembros con arreglo al art韈ulo 62, apartado 1, letra b), del Reglamento Financiero:
    • i) la suspensi髇 de la aprobaci髇 de uno o m醩 programas o su modificaci髇;
    • ii) la suspensi髇 de los compromisos;
    • iii) la reducci髇 de los compromisos, incluso mediante correcciones financieras o transferencias a otros programas de gasto;
    • iv) la reducci髇 de la prefinanciaci髇;
    • v) la interrupci髇 de los plazos de pago;
    • vi) la suspensi髇 de los pagos.

2. Salvo que se disponga de otro modo en la decisi髇 por la que se adopten las medidas, la imposici髇 de medidas adecuadas no afectar a las obligaciones de las entidades p鷅licas a que se refiere el apartado 1, letra a), o de los Estados miembros a que se refiere el apartado 1, letra b), de ejecutar el programa o el fondo afectado por la medida ni, en particular, a las obligaciones que tengan respecto de los destinatarios o beneficiarios finales, tampoco a la obligaci髇 de efectuar pagos con arreglo al presente Reglamento y a las normas sectoriales o financieras aplicables. Cuando ejecuten fondos de la Uni髇 en r間imen de gesti髇 compartida, los Estados miembros a los que afecten las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento informar醤 a la Comisi髇 sobre el cumplimiento de dichas obligaciones cada tres meses a partir de la adopci髇 de dichas medidas.

La Comisi髇 comprobar si se ha cumplido la normativa aplicable y, en caso necesario, adoptar todas las medidas adecuadas para proteger el presupuesto de la Uni髇, en consonancia con las normas sectoriales y financieras.

3. Las medidas adoptadas ser醤 proporcionadas. Se determinar醤 a la luz de las repercusiones reales o potenciales que tenga la vulneraci髇 de los principios del Estado de Derecho en la correcta gesti髇 financiera del presupuesto de la Uni髇 o en los intereses financieros de la Uni髇. Se tendr醤 debidamente en cuenta la naturaleza, la duraci髇, la gravedad y el alcance de la vulneraci髇 de los principios del Estado de Derecho. Las medidas se centrar醤, en la medida de lo posible, en las acciones de la Uni髇 que se vean afectadas por la vulneraci髇.

4. La Comisi髇 proporcionar a trav閟 de un sitio web o de un portal de internet informaci髇 y orientaciones para los destinatarios o beneficiarios finales sobre las obligaciones de los Estados miembros contempladas en el apartado 2. La Comisi髇 proporcionar asimismo, en el mismo sitio web o portal de internet, herramientas adecuadas para los destinatarios o beneficiarios finales con el fin de informar a la Comisi髇 sobre cualquier incumplimiento de esas obligaciones que, en opini髇 de los destinatarios o beneficiarios finales, les afecte directamente. El presente apartado se aplicar de modo que garantice la protecci髇 de los denunciantes de infracciones del Derecho de la Uni髇, en consonancia con los principios establecidos en la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) . La informaci髇 facilitada por los destinatarios o beneficiarios finales de conformidad con el presente apartado ir acompa馻da de la prueba de que el destinatario o beneficiario final de que se trate ha presentado una reclamaci髇 formal a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate.

5. Bas醤dose en la informaci髇 que faciliten los destinatarios o beneficiarios finales de conformidad con el apartado 4 del presente art韈ulo, la Comisi髇 har todo lo posible para garantizar que todo importe adeudado por entidades p鷅licas o Estados miembros en virtud del apartado 2 del presente art韈ulo se abone efectivamente a los destinatarios o beneficiarios finales, de conformidad, en particular, con el art韈ulo 69, el art韈ulo 74, apartado 1, letra b), y el art韈ulo 104 del Reglamento (UE) 2021/1060.

Art韈ulo 6 Procedimiento

1. Cuando la Comisi髇 constate que existen motivos razonables para considerar que se cumplen las condiciones del art韈ulo 4, remitir al Estado miembro de que se trate una notificaci髇 escrita en la que exponga los elementos objetivos y los motivos espec韋icos en los que base sus constataciones, a menos que considere que otros procedimientos establecidos en la legislaci髇 de la Uni髇 permitan proteger el presupuesto de la Uni髇 de manera m醩 eficaz. La Comisi髇 informar sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo sobre tal notificaci髇 y su contenido.

2. A la luz de la informaci髇 recibida con arreglo al apartado 1, el Parlamento Europeo podr invitar a la Comisi髇 a un di醠ogo estructurado sobre sus constataciones.

3. Al evaluar si se cumplen las condiciones del art韈ulo 4, la Comisi髇 tendr en cuenta informaci髇 pertinente procedente de fuentes disponibles, incluidas decisiones, conclusiones y recomendaciones de las instituciones de la Uni髇, otras organizaciones internacionales pertinentes y otras instituciones reconocidas.

4. La Comisi髇 podr solicitar toda la informaci髇 adicional que necesite para llevar a cabo la evaluaci髇 a que se refiere el apartado 3, tanto antes como despu閟 de haber remitido la notificaci髇 por escrito de conformidad con el apartado 1.

5. El Estado miembro de que se trate proporcionar la informaci髇 requerida y podr formular sus observaciones en relaci髇 con las constataciones incluidas en la notificaci髇 a que se refiere el apartado 1 en un plazo indicado por la Comisi髇, que no podr ser inferior a un mes ni superior a tres meses a partir de la fecha de notificaci髇 de las constataciones. En sus observaciones, el Estado miembro podr proponer la adopci髇 de medidas correctoras para abordar las constataciones incluidas en la notificaci髇 de la Comisi髇.

6. Al decidir si presenta una propuesta de decisi髇 de ejecuci髇 sobre las medidas adecuadas, la Comisi髇 tendr en cuenta la informaci髇 recibida y las observaciones formuladas por el Estado miembro de que se trate, as como la adecuaci髇 de las medidas correctoras propuestas. La Comisi髇 llevar a cabo su evaluaci髇 en el plazo indicativo de un mes a partir de la recepci髇 de la informaci髇 del Estado miembro de que se trate o de sus observaciones, o, de no recibir informaci髇 u observaciones, a partir del vencimiento del plazo fijado de conformidad con el apartado 5, y, en cualquier caso, en un plazo de tiempo razonable.

7. En caso de que la Comisi髇 tenga intenci髇 de presentar una propuesta con arreglo al apartado 9, antes de presentarla, dar al Estado miembro la oportunidad de presentar sus observaciones, en particular en cuanto a la proporcionalidad de las medidas previstas, en el plazo de un mes.

8. Al valorar la proporcionalidad de las medidas que se impongan, la Comisi髇 tendr en cuenta la informaci髇 y las orientaciones a que se refiere el apartado 3.

9. En caso de que la Comisi髇 considere que se cumplen las condiciones del art韈ulo 4 y que las eventuales medidas correctoras propuestas por el Estado miembro en virtud del apartado 5 no responden adecuadamente a las constataciones incluidas en su notificaci髇, presentar al Consejo una propuesta de decisi髇 de ejecuci髇 sobre las medidas adecuadas en el plazo de un mes a partir de la recepci髇 de las observaciones del Estado miembro o, de no haberse formulado observaciones, sin demora indebida y en todo caso en el plazo de un mes a partir del plazo fijado en el apartado 7. La propuesta expondr los motivos espec韋icos y las pruebas en que la Comisi髇 haya basado sus constataciones.

10. El Consejo adoptar la decisi髇 de ejecuci髇 a que se refiere el apartado 9 del presente art韈ulo en el plazo de un mes a partir de la recepci髇 de la propuesta de la Comisi髇. En casos excepcionales, el plazo de adopci髇 de dicha decisi髇 de ejecuci髇 podr prorrogarse por dos meses como m醲imo. A fin de garantizar una decisi髇 en tiempo oportuno, la Comisi髇 ejercer los derechos que le confiere el art韈ulo 237 del TFUE siempre que lo considere adecuado.

11. El Consejo, por mayor韆 cualificada, podr modificar la propuesta de la Comisi髇 y adoptar el texto modificado mediante una decisi髇 de ejecuci髇.

Art韈ulo 7 Levantamiento de las medidas

1. El Estado miembro de que se trate podr adoptar en todo momento nuevas medidas correctoras y presentar a la Comisi髇 una notificaci髇 escrita que incluya pruebas para demostrar que han dejado de cumplirse las condiciones del art韈ulo 4.

2. A petici髇 del Estado miembro de que se trate, o por propia iniciativa y a m醩 tardar un a駉 despu閟 de la adopci髇 de medidas por el Consejo, la Comisi髇 volver a evaluar la situaci髇 en el Estado miembro de que se trate teniendo en cuenta toda prueba aportada por este, as como la adecuaci髇 de cualquier nueva medida correctora adoptada por el Estado miembro de que se trate.

En caso de que la Comisi髇 considere que han dejado de cumplirse las condiciones del art韈ulo 4, presentar al Consejo una propuesta de decisi髇 de ejecuci髇 por la que se levanten las medidas adoptadas.

En caso de que la Comisi髇 considere que la situaci髇 que condujo a la adopci髇 de medidas ha sido parcialmente subsanada, presentar al Consejo una propuesta de decisi髇 de ejecuci髇 por la que se adapten las medidas adoptadas.

En caso de que la Comisi髇 considere que la situaci髇 que condujo a la adopci髇 de medidas no ha sido subsanada, dirigir al Estado miembro de que se trate una decisi髇 motivada e informar al Consejo al respecto.

Cuando el Estado miembro de que se trate presente una notificaci髇 escrita de conformidad con el apartado 1, la Comisi髇 presentar su propuesta o adoptar su decisi髇 en el plazo de un mes a partir de la recepci髇 de dicha notificaci髇. Este plazo podr prorrogarse en circunstancias debidamente justificadas, en cuyo caso la Comisi髇 informar sin demora al Estado miembro de que se trate de los motivos de la pr髍roga.

Se aplicar por analog韆 el procedimiento establecido en el art韈ulo 6, apartados 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11, seg鷑 corresponda.

3. En caso de que se levanten las medidas relativas a la suspensi髇 de la aprobaci髇 de uno o m醩 programas o sus modificaciones a que se refiere el art韈ulo 5, apartado 1, letra b), inciso i), o a la suspensi髇 de compromisos a que se refiere el art韈ulo 5, apartado 1, letra b), inciso ii), los importes correspondientes a los compromisos suspendidos se consignar醤 en el presupuesto de la Uni髇, a reserva de lo dispuesto en el art韈ulo 6 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 (18) . Los compromisos suspendidos del ejercicio n no podr醤 consignarse en el presupuesto despu閟 del ejercicio n+2.

Art韈ulo 8 Informaci髇 al Parlamento Europeo

La Comisi髇 informar inmediatamente al Parlamento Europeo de toda medida propuesta o adoptada o levantada con arreglo a los art韈ulos 5, 6 y 7.

Art韈ulo 9 Presentaci髇 de informes

La Comisi髇 informar a m醩 tardar el 12 de enero de 2024 al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicaci髇 del presente Reglamento, en particular en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas.

Art韈ulo 10 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrar en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea.

Ser aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

El presente Reglamento ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2020.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
D. M. SASSOLI
Por el Consejo
El Presidente
M. ROTH

(1)

DO C 291 de 17.8.2018, p. 1.

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(2)

Posici髇 del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019 (pendiente de publicaci髇 en el Diario Oficial) y posici髇 del Consejo en primera lectura de 14 de diciembre de 2020. Posici髇 del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2020 (pendiente de publicaci髇 en el Diario Oficial).

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(3)

Comunicaci髇 de la Comisi髇 玌n nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho [COM(2014)0158 final], anexo I.

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(4)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, PECLI:EU:C:2004:236, apartado 63.

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(5)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1981, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi y otros, Ditta Italo Orlandi & Figlio y Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Asuntos acumulados 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, apartado 10.

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(6)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst, asuntos acumulados 46/87 y 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, apartado 19.

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(7)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2018, Associa玢o Sindical dos Ju韟es Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, apartados 31 y 40 a 41. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, apartados 63-67.

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(8)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, apartado 36; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, apartado 35; y sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, apartado 58.

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(9)

Dictamen 2/13, EU:C:2014:2454, apartado 168.

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(10)

Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperaci髇 de la Uni髇 Europea para apoyar la recuperaci髇 tras la crisis de la COVID-19 (V閍se la p醙ina23 del presente Diario Oficial).

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(11)

Asunto C-64/16, apartados 32 a 36.

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(12)

Asunto C-64/16, apartados 40 y 41.

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(13)

Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesi髇, al Fondo de Transici髇 Justa y al Fondo Europeo Mar韙imo, de PESCA y de Acuicultura, as como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migraci髇 e Integraci髇, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gesti髇 de Fronteras y la Pol韙ica de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159).

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(14)

Decisi髇 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su Reglamento interno (DO L 325 de 11.12.2009, p. 35).

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(15)

Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperaci髇 reforzada para la creaci髇 de la Fiscal韆 Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

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(16)

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Uni髇, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014 y (UE) n. 283/2014 y la Decisi髇 n. 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

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(17)

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protecci髇 de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni髇 (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

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