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Real Decreto 868/2024, de 27 de agosto, por el que se acuerdan medidas, conforme al art韈ulo 373 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en relaci髇 con la Sociedad An髇ima Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca

Ficha:
  • 觬ganoMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
  • Publicado en BOE n鷐. 208 de 28 de Agosto de 2024
  • Vigencia desde 29 de Agosto de 2024
Versiones/revisiones:

Sumario

El art韈ulo 373 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, (LSC) dispone que 玞uando el Gobierno, a instancia de accionistas que representen, al menos, la quinta parte del capital social, o del personal de la empresa, juzgase conveniente para la econom韆 nacional o para el inter閟 social la continuaci髇 de la sociedad an髇ima, podr acordarlo as por real decreto, en que se concretar la forma en que 閟ta habr de subsistir y las compensaciones que, al ser expropiados de su derecho, han de recibir los accionistas, y que 玡n todo caso, el real decreto reservar a los accionistas, reunidos en junta general, el derecho a prorrogar la vida de la sociedad y a continuar la explotaci髇 de la empresa, siempre que el acuerdo se adopte dentro del plazo de tres meses, a contar de la publicaci髇 del real decreto.

Antecedentes

Primero. La sociedad p鷅lica Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, SA (Mercapalma en lo sucesivo), con NIF A07021751, es el mayor centro log韘tico de distribuci髇 mayorista y de comercializaci髇 de producto fresco del archipi閘ago balear. En las instalaciones se concentra la mayor oferta de empresas, actividades y productos relacionados con el sector de la alimentaci髇 de las islas. Constituye una central de compras para el sector minorista (tienda tradicional y/o especializada, supermercados, grandes superficies, mercados municipales y sobre todo del sector HORECA).

Seg鷑 su informaci髇 corporativa, su misi髇 es ser 玼na empresa p鷅lica de 醡bito insular, que ofrece espacios, infraestructuras y servicios para el desarrollo de la actividad de log韘tica y comercializaci髇 agroalimentaria especialmente de producto fresco, promoviendo la competitividad del mercado, en beneficio de la sociedad, y con unos resultados satisfactorios para nuestros grupos de inter閟. Sobre esta base, y como se indica en su p醙ina web (https://mercapalma.net/mercapalma/mercado/) 玈e nos ha declarado por el Ministerio de Interior (desde febrero de 2018) como Operador Cr韙ico del sector de la alimentaci髇 gestor de una Infraestructura Cr韙ica y que presenta un servicio esencial como es el abastecimiento de alimentos frescos a la ciudadan韆.

En concreto, y seg鷑 su Memoria 2022, 玡l principal cliente de las empresas instaladas en la Unidad Alimentaria es el sector HORECA, destinatario del 80 % del volumen de producto fresco comercializado en nuestras instalaciones. En 2022 se han comercializado 206.003 toneladas de alimentos frescos lo que representa un 12,4 % m醩 que en el a駉 anterior. Se ha incrementado, sobre todo, en el sector de las carnes (un 28 %) y en el sector de las frutas y hortalizas (un 12 %). Sin embargo, se ha reducido la comercializaci髇 de pescados y mariscos un 9,5 % (sobre todo en congelados) siendo la misma t髇ica que la experimentada en el resto del territorio nacional. Respecto a las frutas, verduras y hortalizas comercializadas por procedencias el 69 % tiene un origen nacional, el 25 % origen local y el 6 % restante es internacional. Hacer menci髇 que la comercializaci髇 de verduras, frutas y hortalizas de origen local comercializadas en 2022 ha sido de 45.207 toneladas, muy similar al volumen comercializado en 2021 por lo que se ha reducido su peso con respecto al volumen total comercializado en la Unidad Alimentaria. Hay que tener en cuenta que seg鷑 un estudio del Govern de les Illes Balears la autosuficiencia de las islas respecto a los productos alimenticios es s髄o del 15 % del total consumido por residentes y visitantes. En la actualidad s髄o somos autosuficientes en patatas y en frutos secos y tenemos una autosuficiencia alta en hortalizas y legumbres. Dentro de la red de Mercas, integrada por 24 Unidades Alimentarias repartidas por toda la geograf韆 nacional, Mercapalma ocupa el octavo puesto en cuanto a volumen de producto fresco comercializado en una comunidad aut髇oma que ocupa el 鷏timo puesto en cuanto a superficie y el puesto doceavo, de diecisiete, en cuanto a poblaci髇 (entendida como consumidores).

Segundo. La constituci髇 inicial de Mercapalma fue impulsada por la Empresa Nacional Mercasa, de conformidad con lo establecido en el Decreto 975/1966, de 7 de abril, por el que se autorizaba su creaci髇 para desarrollar el objeto social de la construcci髇 e instalaci髇 de mercados centrales, dotados de dep髎ito, tipificaci髇 y lonja, explotaci髇 y gesti髇 de los construidos e instalados, as como contribuir con su actuaci髇 al mejoramiento del ciclo de comercializaci髇 de los art韈ulos alimenticios, con facultades para la realizaci髇 de estos objetivos, no s髄o en forma directa, sino mediante la constituci髇 de sociedades mixtas con Corporaciones p鷅licas y con particulares. A tal efecto, la sociedad an髇ima Mercapalma se constituy por escritura p鷅lica del 22 de junio de 1968 por un per韔do de tiempo indefinido, siendo inicialmente sus accionistas Mercasa y una serie de accionistas privados.

Pese a que Mercapalma se cre sin intervenci髇 inicial del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en la escritura de constituci髇 se recog韆 el compromiso de Mercasa de ceder al Ayuntamiento de Palma de Mallorca un paquete de acciones, previa la tramitaci髇 de un expediente de municipalizaci髇 sujeto a la legislaci髇 de r間imen local. Una vez aprobado el expediente de municipalizaci髇 del servicio de Mercados Centrales Mayoristas, mediante escritura p鷅lica de 7 de junio de 1974 se procedi a la modificaci髇 de los estatutos sociales para proceder a la adaptaci髇 a lo dispuesto en la legislaci髇 local como empresa mixta. El capital social en ese momento estaba compuesto por acciones del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de Mercasa y de una serie de accionistas privados.

Conforme a la normativa de r間imen local existente en 1974, el otorgamiento a favor de Mercapalma de una concesi髇 administrativa del servicio municipal de mercados centrales por medio de una empresa mixta (con accionistas privados) estaba sometida a un plazo de cincuenta a駉s, a partir del 7 de junio de 1974. Adem醩, al ser gestionada por una empresa mixta, la legislaci髇 de r間imen local determinaba que, transcurrido ese plazo, revertir韆 al municipio el activo y el pasivo de la sociedad, reembols醤dose el importe de las acciones de propiedad no municipal, seg鷑 se establec韆 en la memoria financiera del expediente de municipalizaci髇.

Sin embargo, la inicial configuraci髇 como sociedad de gesti髇 mixta de Mercapalma, y de duraci髇 limitada ha ido desapareciendo por una serie de sucesivas reformas legales, en un proceso de transformaci髇 operado para la mayor韆 de las Mercas que forman parte de la red de Mercados Centrales de Abastecimiento, SA, S.M.E., M.P. (Mercasa).

De un lado, a partir de 2013, en el marco de la supresi髇 de la reserva municipal establecida en materia de 玬ataderos, mercados y lonjas centrales que conten韆 el art韈ulo 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R間imen Local (LBRL), art韈ulo heredero de la legislaci髇 precedente, reserva suprimida mediante la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local, que puso fin a la vigencia del marco normativo en que se constituy la sociedad de econom韆 mixta, que se acord con la anterior ley, en que las funciones de mercados se encontraban entre las susceptibles de declararse de monopolio municipal. Por lo tanto, conforme al art韈ulo 25.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se sigue configurando dicha materia como competencia propia de los municipios, que 閟tos pueden seguir prestando, aunque no se trate ya de un servicio p鷅lico obligatorio ni en forma de posible reserva municipal, todo ello sin perjuicio de sus funciones de supervisi髇 en materias de su competencia como salubridad o consumo, ajenas a esta cuesti髇.

De otro lado, por los cambios relevantes en la legislaci髇 local. Al momento de la adaptaci髇 de los estatutos de Mercapalma en 1974, la gesti髇 directa de un servicio p鷅lico municipal 鷑icamente pod韆 prestarse en forma de 玞) Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca 韓tegramente a la entidad local conforme al entonces art韈ulo 85.3.C) LBRRL. A partir de 2004, se procede a una sustancial modificaci髇 de ese r間imen jur韉ico. En primer lugar, el art韈ulo 85.2.A) de la LBRL, en la redacci髇 dada por el art韈ulo 1.1 de la Ley 52/2003, de 26 de diciembre, de medidas para la modernizaci髇 del Gobierno Local, permit韆, entre otras formas de gesti髇 directa de los servicios p鷅licos de competencia local, en su letra d) la constituci髇 de 玸ociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca 韓tegramente a la entidad local o a un ente p鷅lico de la misma. Y, finalmente, tras la reforma de dicho precepto introducida por la disposici髇 final primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P鷅lico, este apartado d) del art韈ulo 85.2.A) de la LRBRL estableci la siguiente modalidad de gesti髇 directa: 玠) Sociedad mercantil local, cuyo capital sea de titularidad p鷅lica.

Ese cambio normativo tuvo su reflejo en la Resoluci髇 de 29 de abril de 2009, aprobada por la Comisi髇 Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relaci髇 con el Informe de fiscalizaci髇 de las relaciones de la Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (BOE del 29 de junio de 2009), que acord instar al Gobierno a:

2. Instar a las Corporaciones Locales a que velen por que la prestaci髇 de los servicios de mercados y lonjas centrales se acomode a lo establecido en la ley de Bases de R間imen Local y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

(…)

4. Que, de acuerdo con las previsiones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P鷅lico, realice todas las actuaciones oportunas junto con los Ayuntamientos para la conversi髇 de las actuales empresas mixtas (Mercas) gestoras de los servicios p鷅licos de mercados mayoristas, de duraci髇 temporalmente limitada, en sociedades de duraci髇 indefinida, desapareciendo con ello la obligaci髇 de introducir en sus estatutos las previsiones dirigidas a la forma de amortizaci髇 del capital no municipal durante el plazo de gesti髇 del servicio, establecida para las empresas mixtas en el art韈ulo 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Tercero. Como resulta de la Memoria de Mercapalma de 2022, en consonancia con el nuevo marco regulatorio y el objetivo estrat間ico de disponer de un capital que fuera 100 % p鷅lico, desde junio de 2012 se iniciaron los tr醡ites para dejar de ser una empresa mixta. As se procedi en diciembre de 2012 a la expropiaci髇 de las acciones correspondientes a los accionistas privados, pasando desde ese momento a ser una empresa de capital 100 % p鷅lico, abandonando Mercapalma su inicial configuraci髇 de merca como empresa de econom韆 mixta (con desaparici髇 del capital privado en ella existente) para constituirse en empresa enteramente p鷅lica, participada exclusivamente por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca como accionista mayoritario (54,79 %) y por Mercasa como titular del porcentaje restante (45,21 %), para prestar el servicio municipal de mercado bajo la modalidad de gesti髇 directa.

Prueba de ello se encuentra en que, desde ese momento, Mercapalma ha pasado a liquidar el impuesto de sociedades invocando la bonificaci髇 prevista en el art韈ulo 34 de la legislaci髇 sobre el impuesto sobre sociedades (inicialmente el 34.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; y posteriormente la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades) que contempla una bonificaci髇 por prestaci髇 de servicios p鷅licos locales del 99 por ciento la parte de cuota 韓tegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestaci髇 de estos servicios … excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital 韓tegramente privado; bonificaci髇 que tambi閚 se aplica cuando los servicios referidos en el p醨rafo anterior se presten por entidades 韓tegramente dependientes del Estado (como es el caso de Mercasa).

En consecuencia, habiendo desaparecido la condici髇 de empresa de 玡conom韆 mixta por los cambios normativos indicados, y pasando a tener la condici髇 de una sociedad de titularidad p鷅lica que gestionaba directamente ese servicio, quedaba sin sentido la limitaci髇 del plazo m醲imo de duraci髇 de cincuenta a駉s previsto de aplicaci髇 a las empresas mixtas, que era la forma jur韉ica bajo la que se reg韆 en 1974.

Cuarto. Por escritura p鷅lica de 6 de noviembre de 2013 y previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, del 29 de julio de 2013, se procedi a la modificaci髇 de los estatutos sociales. De esta modificaci髇 interesa destacar:

  • I. En la definici髇 del objeto social recogida en el art韈ulo 2., se mantiene la menci髇 al Decreto 975/66, de 7 de abril, y al Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, en los que se contempla la actividad de los Mercas, lo que expresamente se desarrolla en las actividades 3. y 4. de las se馻ladas en el art韈ulo 2 de los estatutos.

    De esta manera, junto con las actividades propias de los mercados centrales mayoristas y las de mejora y modernizaci髇 de la distribuci髇, se mantienen las funciones propias de gestiones que, en materia de pol韙ica alimentaria, comercial y de mercado, le encomienden las Administraciones y entidades de las que es 玬edio propio, as como la mejora del ciclo de la comercializaci髇 de los productos alimenticios 玹eniendo en cuenta las directrices marcadas por las Administraciones P鷅licas.

  • II. Se deja constancia expresa de que se trata de una sociedad en que la titularidad del capital es 韓tegramente p鷅lica. As se recoge en los art韈ulos 1 (el capital social es 韓tegramente de titularidad p鷅lica); 7 (獿as participaciones de los socios en el capital social, que deber ser 韓tegramente de titularidad p鷅lica…); 11 (al limitar la posible venta de las acciones a 玹erceras personas jur韉icas del sector p鷅lico).
  • III. En la adaptaci髇 de los estatutos sociales pudo haberse acordado la transformaci髇 en sociedad de vigencia indefinida, y sin embargo, en este punto se mantuvo la redacci髇 original de constituci髇 en los t閞minos previstos para las sociedades mixtas del art韈ulo 111 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL), de modo que su art韈ulo 3 dispone que 玪a Sociedad se extinguir, transcurridos los cincuenta a駉s desde la fecha de la escritura por la que se adaptaron los Estatutos Sociales a las normas del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales sobre Empresas Mixtas o sea el 7 de junio del a駉 2024. Una vez expirado el periodo de duraci髇, revertir al Municipio de Palma de Mallorca el activo y el pasivo de la Sociedad y en condiciones de uso, todas las instalaciones, bienes y materiales integrantes del servicio. Esta reversi髇 se efectuar sin indemnizaci髇 alguna por parte del Ayuntamiento. Y, en sentido an醠ogo, el art韈ulo 36 de los Estatutos prev que 玪a Sociedad se disolver por las causas establecidas en el art韈ulo 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, as como por el transcurso de los 50 a駉s a los que se refiere el art韈ulo 3 de estos Estatutos.

Por consiguiente, el 7 de junio del a駉 2024, finalizado el plazo previsto en los mencionados art韈ulos, ha incurrido en causa legal de disoluci髇 por expiraci髇 de plazo.

Quinto. Mercapalma est participada por Mercasa, que, seg鷑 su propia informaci髇 institucional, 玣ue constituida como Empresa Nacional con forma de sociedad an髇ima por Decreto n.o 975/1966, de 7 de abril, bajo la denominaci髇 玀ercados Centrales de Abastecimiento, SA que todav韆 conserva, con la finalidad de canalizar la inversi髇 estatal prevista en el Plan de Desarrollo Econ髆ico y Social (apartado j) del n鷐ero 2 del cap韙ulo VI del Programa de Inversiones p鷅licas, dirigida a 玪a construcci髇 e instalaci髇 de mercados centrales, dotados de dep髎ito, tipificaci髇 y lonja, explotaci髇 y gesti髇 de los construidos e instalados, as como contribuir con su actuaci髇 al mejoramiento del ciclo de comercializaci髇 de los art韈ulos alimenticios, con facultades para la realizaci髇 de estos objetivos, no s髄o en forma directa sino mediante la constituci髇 de sociedades mixtas con Corporaciones p鷅licas y con particulares (Exposici髇 de motivos y art韈ulo 2 del Decreto 975/1966).

La creaci髇 de esta Empresa Nacional, hoy sociedad mercantil estatal, fue informada favorablemente por el Ministerio de Hacienda y la Comisar韆 del Plan de Desarrollo Econ髆ico y Social, tal como exig韆 el p醨rafo 4 de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, con una doble justificaci髇: 玡l mejoramiento del abastecimiento y su red de distribuci髇, lo que se consider un 玦mperativo de alto inter閟 nacional, e 玦mpedir y combatir las pr醕ticas restrictivas de la competencia, principios que siguen presidiendo la actuaci髇 de Mercasa, de acuerdo con su objeto social, definido por el art韈ulo 2 de sus Estatutos, en que se recogen extremos como 玪ograr el mejoramiento del abastecimiento p鷅lico, en orden a precios y calidades y de su red de distribuci髇, as como la exclusi髇 de pr醕ticas restrictivas de la competencia en el comercio al por mayor de productos alimenticios; 玞ontribuir con su actuaci髇 al mejoramiento en todos los 髍denes, del ciclo de comercializaci髇 de los art韈ulos alimenticios o 玴restar cualquier clase de asistencia t閏nica … (como) la de elaborar estudios y proyectos de todo tipo, incluidos los de obras; organizar cursos, conferencias y congresos; divulgar informaci髇; promover y gestionar Centros Comerciales y remodelar Mercados.

De acuerdo con los fines que le fueron encomendados 玥a impulsado hasta la fecha la constituci髇 de 24 sociedades mercantiles estatales, junto con los respectivos Ayuntamientos y, en menor media, algunos accionistas privados, y ha llevado a cabo a trav閟 de estas sociedades la construcci髇 de los correspondientes mercados centrales de abastecimiento de frutas y hortalizas, de carnes, de pescados y de flores, sociedades que gestionan los servicios p鷅licos prestados por los mercados mayoristas a su cargo.

En consecuencia, conforme a su informaci髇 corporativa, Mercasa coordina la red de mercas: 獿a superficie global de las 24 Mercas es de m醩 7,9 millones de metros cuadrados, de los que en torno a un mill髇 son superficie neta de Mercados y m醩 de 3 millones corresponden a las Zonas de Actividades Complementarias. En estas estructuras desarrollan su actividad m醩 de 3.200 empresas, que canalizan anualmente 8,9 millones de toneladas de frutas, verduras, pescados, mariscos, carnes y otros productos. Esta actividad econ髆ica, genera un valor de 22.800 millones de euros anuales, que representan aproximadamente un 1,56 % del PIB nacional. La Red de Mercas recibe diariamente m醩 de 80.000 personas que realizan sus actividades de abastecimiento, gener醤dose m醩 de 110.000 transacciones cada d韆. Sobre el volumen total de distribuci髇, 6,7 millones de toneladas corresponden a frutas y hortalizas; otras 621.700 toneladas a pescados y mariscos, 994.000 toneladas a carnes y 280.000 toneladas a otros productos de alimentaci髇 no perecederos. El resultado final de todo este trabajo, en el que colaboran m醩 de 30.000 personas –solo con empleos directos de las empresas que operan en la Red–, es proveer de alimentos frescos, saludables y de calidad a m醩 de 30 millones de personas.

Seg鷑 su Informe Anual 2022, tiene como misi髇: 玽ertebrar una red de empresas p鷅licas y de infraestructuras comerciales y log韘ticas para aportar valor a los clientes, accionistas y sociedad, fomentando con ello la eficiencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria, con apoyo de un equipo profesional comprometido, asegurando importantes sinergias que han permitido hacer frente a nuevos desaf韔s, como el ocurrido a partir de febrero de 2022 con la crisis inflacionaria.

Fundamentos jur韉ico-procesales

Primero. Mercasa ha solicitado, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administraci髇 de dicha entidad de fecha 5 de junio de 2024, iniciaci髇 de expediente administrativo para aplicaci髇 de la medida prevista en el art韈ulo 373 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto de la sociedad p鷅lica Mercapama, de la que Mercasa es accionista minoritario, instando la adopci髇 de las siguientes medidas:

  • 1. La modificaci髇 de los art韈ulos 3 y 36 de los estatutos de la sociedad a los efectos de eliminaci髇 del l韒ite temporal de la sociedad, fijando la duraci髇 indefinida de la sociedad y establecer su r間imen de liquidaci髇 conforme al r間imen ordinario de las sociedades de capital.
  • 2. Subsidiariamente, para el caso de que se aprecie la concurrencia de los presupuestos recogidos en el art韈ulo 373 LSC, pero se estime que la medida arriba propuesta puede no dar cumplimiento a tales intereses, se dispongan cuantas medidas sean procedentes de entre las amparadas por el citado art韈ulo.
  • 3. Que en cumplimiento del art韈ulo 373.2 LSC, se fije, como posibilidad de reactivaci髇 de la sociedad, la adopci髇 de un acuerdo en Junta General en los t閞minos.

El escrito, presentado en fecha 6 de junio de 2024, se ha recibido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, procedente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tiene car醕ter iniciador del procedimiento referido.

En 閘 se hace un repaso de la evoluci髇 de la configuraci髇 societaria a lo largo del tiempo y se se馻lan los reiterados intentos por parte de Mercasa de abordar el cambio estatutario para que la vigencia de Mercapalma fuera indefinida.

En particular, se indica que nada m醩 cambiarse el estatuto jur韉ico de Mercapalma en 2012, cuando pas de sociedad mixta a sociedad enteramente p鷅lica, 玠ado que los administradores consideraban la necesidad de adaptaci髇 de los Estatutos Sociales a la nueva situaci髇 creada tan pronto como el 27 de junio de 2014 玸e reuni el Consejo de administraci髇 de Mercapalma, adoptando, entre otros acuerdos y tras una pormenorizada exposici髇 de lo acontecido recogida en el Acta de la citada sesi髇 del 髍gano de administraci髇, la justificaci髇 de la modificaci髇 de los art韈ulos 3 y 36 de los Estatutos Sociales de tal modo que la duraci髇 ser韆 indefinida y las causas de disoluci髇 ser醤 las reguladas en el art韈ulo 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho acuerdo fue puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, mediante presentaci髇 de solicitud general ante el Registro del citado ente local, con fecha de entrada el 30 de junio de 2014, entrada n鷐. 63.023 y doc. n鷐ero 143.809, con el fin de que el Ayuntamiento iniciara sus tr醡ites internos para poder someter y aprobar dicha modificaci髇 estatutaria en la Junta General de Accionistas.

Continua el documento iniciador aseverando que 玠esde 2014, los administradores de Mercapalma han tra韉o al debate interno de la sociedad la necesidad de que por parte del Ayuntamiento de Palma se accediera a la modificaci髇 definitiva de los art韈ulos 3 y 36 de los estatutos, culmin醤dose estatutariamente lo que de facto ya se hab韆 producido desde el momento en que su accionariado paso a ser 100 % de titularidad p鷅lica. Desde el primer momento, los administradores han apoyado todas las iniciativas municipales para alcanzar el fin 鷏timo expuesto anteriormente, hasta el punto de que consta un informe de los Servicios Jur韉icos del Ayuntamiento de Palma de 8 de junio de 2014, 玦nformando favorablemente de la adaptaci髇 de la sociedad al nuevo modelo de gesti髇, debiendo para ello modificarse los art韈ulos 3 y 36, haciendo hincapi en la eliminaci髇 del l韒ite temporal de duraci髇 de la sociedad.

獳 mayor abundamiento –prosigue el documento–, la modificaci髇 de los estatutos nunca ha dejado de ser objeto de debate desde el 2013, tanto en el consejo de administraci髇, como en la Junta General de accionistas, No obstante, a pesar de ello, lo cierto es que la modificaci髇 de los art韈ulos 3 y 36, pese a figurar como punto del Orden del D韆 en diversas Juntas Generales, siempre se terminaba por no abordarlo, aun cuando se recogiese que dicha cuesti髇 no se trataba por acuerdo un醤ime de los socios, y eso era as porque desde el socio Ayuntamiento no terminaban de materializar la modificaci髇 estatutaria, de tal modo que en dichas Juntas Generales se solicitaba no abordar la cuesti髇, lo que Mercasa aceptaba en el entendimiento de que reg韆n plazos internos del socio Ayuntamiento pendientes de cumplir y que respetaba con dicha decisi髇.

獳dem醩, de tratar en distintas Juntas Generales la modificaci髇 estatutaria ya mencionada, es conveniente indicar que los administradores de la sociedad s abordaron la necesidad de dicha modificaci髇 estatutaria en numerosas ocasiones en sus sesiones, as como que medidas adoptar para tal fin, relatando a continuaci髇 las veintis閕s sesiones del Consejo y Comisi髇 Permanente ejecutiva en que se ha tratado esta cuesti髇 desde hace una d閏ada, infructuosamente: 26/10/2012, 14/12/2012, 29/01/2013, 03/06/2013, 27/06/2014, 02/12/2014, 08/10/2015, 04/04/2016, 17/01/2017, 22/05/2018, 25/10/2019, 03/07/2020, 05/10/2020, 19/11/2020, 26/03/2021, 09/04/2021, 18/06/2021, 28/07/2021, 08/10/2021, 11/02/2022, 22/09/2022, 18/10/2022, 10/02/2023, 04/04/2023, y 17/10/2023.

獷n definitiva, en dichas sesiones de los 髍ganos de gobierno, los administradores en sus distintas intervenciones evidencian su inter閟 por llevar a cabo todo lo que en su mano estuviera para la eliminaci髇 temporal de la sociedad, y someter la modificaci髇 de los art韈ulos 3 y 36 de los Estatutos Sociales a la Junta General y su aprobaci髇 final por el Pleno del Ayuntamiento para su materializaci髇 definitiva, sin obviar que los representantes del propio Ayuntamiento designados como consejeros de Mercapalma, ven韆n manifestando su conformidad a las modificaciones estatutarias indicadas, pese a lo cual nunca ha llegado a elevarse al Pleno del Ayuntamiento para su acuerdo, requisito al parecer necesario para su efectividad.

En cuanto a la concurrencia de los supuestos necesarios para instar este procedimiento, adem醩 de justificar los de legitimaci髇, realiza un amplio an醠isis de la concurrencia de razones de econom韆 nacional o inter閟 social.

As, dispone que 玡l Estado dise耋 y promovi la construcci髇 de los Mercados Centrales de Abastecimiento en Espa馻, a trav閟 de la Sociedad Estatal Mercasa, dotando a al pa韘 de uno de los mejores sistemas de distribuci髇 alimentaria del mundo, un referente a nivel internacional … El papel de Mercasa como nexo impulsor y vertebrador de la Red de Mercas, con un posicionamiento estrat間ico en la cadena de distribuci髇 de productos frescos, la configura como una herramienta clave para el inter閟 general en materia de pol韙ica alimentaria. Ejemplo de ello fue su liderazgo durante la crisis generada por la Pandemia covid-19, que le permiti garantizar el abastecimiento de productos frescos a toda la poblaci髇. Aunque originalmente la competencia en materia de mercados mayoristas correspond韆 a las entidades locales, de acuerdo con la configuraci髇 legal actual, ya no tiene sentido que dicha competencia se mantenga a nivel local, dado que el 醡bito de las mercas ha excedido ampliamente la misma. El desarrollo del modelo de Red de Mercas de Mercasa supera absolutamente el 醡bito de actuaci髇 local y, en muchas ocasiones, tambi閚 el regional. Tal es el caso de infraestructuras como Mercamadrid, con una zona de influencia de m醩 de 500 km y con una actividad redistribuidora al resto de Mercas de la Red; como Mercabarna, con vocaci髇 fundamentalmente exportadora, o Mercazaragoza, con una terminal ferro portuaria l韉er en Espa馻. El papel de la Red de Mercas es esencial para la comercializaci髇 de la producci髇 agraria, la especializaci髇, la calidad y la log韘tica. En lo que afecta al eslab髇 detallista, la Red de Mercas es la central de compras para el comercio detallista especializado, permitiendo al consumidor elegir entre varios formatos comerciales. El modelo estatal de Red de Mercas supone para la cadena alimentaria el mayor refuerzo a la eficiencia, de manera que los precios de los productos frescos se generan en condiciones de competencia y concurrencia, gracias a la concentraci髇 de agentes, a las sinergias y a las econom韆s de recinto que brindan a la cadena. En este sentido, es muy importante el valor que aporta la Red de Mercas a la formaci髇 de precios en la cadena alimentaria, poniendo a disposici髇 de todos los eslabones entre la producci髇 y el consumo, infraestructuras y servicios eficientes, seguros y sostenibles. Finalmente, las estructuras de la Red de Mercas garantizan la capacidad de elecci髇 del consumidor, con diversidad de productos y competencia de formatos comerciales. El modelo espa駉l de Mercasa-Mercas, contribuye al mantenimiento de h醔itos saludables de alimentaci髇, facilitando el acceso de toda la poblaci髇, con independencia del lugar en el que viva, a una amplia oferta de alimentos frescos… Actualmente, Mercapalma es reconocida como la empresa l韉er en la gesti髇 del parque empresarial alimentario m醩 importante de las Islas Baleares, con un 醨ea de influencia que abarca todo el archipi閘ago. Como tal, es una pieza fundamental de la cadena de distribuci髇 de alimentos en la regi髇. Proporciona las infraestructuras y servicios necesarios para productores, mayoristas, distribuidores y minoristas/detallistas del sector alimentario, as como del sector de hosteler韆, restauraci髇 y catering (HORECA). La continuidad de Mercasa en el accionariado de Mercapalma y la preservaci髇 del car醕ter estatal de la Red de Mercas, son aspectos cruciales para garantizar el abastecimiento eficiente y sostenible de alimentos frescos a poblaci髇, as como para mantener la estabilidad y el desarrollo del sector alimentario en Espa馻.

Del mismo modo, indica que el Ayuntamiento no ha dado raz髇 sobre las medidas a adoptar para garantizar la continuidad del servicio en las actuales condiciones, o sobre la situaci髇 de la plantilla, los operadores o los suministros, lo que resulta especialmente grave dado el conjunto de servicios sist閙icos asociados a la red de mercas.

Concluye su escrito se馻lando que conforme al citado art韈ulo 373 de la LSC 玪o que se viene a solicitar como posible medida a adoptar y que, a nuestro juicio, ser韆 bastante para garantizar la continuaci髇 de la sociedad, es que el citado real decreto acordara la modificaci髇 de los art韈ulos 3 y 36 de los estatutos de Mercapalma, eliminando el t閞mino fijado y, por tanto, la causa de disoluci髇 de pleno derecho, conllevando ello que la disoluci髇 y posterior liquidaci髇 de sociedad se reconduzca a las normas generales del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital lo que 玞umple a juicio de esta parte con los principios de proporcionalidad y m韓ima intervenci髇, en tanto deja indemnes los derechos de las partes, incluidos las del Ayuntamiento de Palma, al mantener su participaci髇 y los derechos pol韙icos y econ髆icos.

Segundo. Consta en el expediente la acreditaci髇 de la condici髇 de representante de Mercasa y de los poderes que tiene reconocidos el solicitante en dicho momento conforme a lo se馻lado en el art韈ulo 5.5 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas (LPACAP).

La solicitud re鷑e los requisitos previstos en el art韈ulo 373 LSC, por cuanto Mercasa es accionista de m醩 de una quinta parte del capital social, puesto que es titular del 49 % del accionariado, y el resto de requisitos all previstos, singularmente su solicitud con anterioridad a que llegara el plazo de finalizaci髇 de su vigencia.

La solicitud presentada re鷑e los requisitos del art韈ulo 66 de la LPACAP, as como los exigidos por la legislaci髇 espec韋ica aplicable, en concreto, por el art韈ulo 373.1LSC.

Tercero. El d韆 1 de julio de corrientes, el 髍gano instructor del procedimiento acus recibo de la solicitud presentada por Mercasa y la traslad a los interesados, acord醤dose su notificaci髇 a fin de que pudieran personarse en el expediente, formular o aportar cuantas alegaciones estimaran pertinentes y presentaran los documentos, informes, pruebas y justificantes que consideren procedentes en defensa de su derecho y para la mejor defensa de sus posiciones.

A estos efectos, se libr oficio a:

  • – Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
  • – Mercados Centrales de Abastecimiento, SA.
  • – Sociedad An髇ima Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca; que adem醩 deber dar traslado a la representaci髇 legal de sus trabajadores. Se solicitaba de esa parte la remisi髇 al 髍gano instructor de la remisi髇 a dicha representaci髇 legal de sus trabajadores.

De conformidad con el art韈ulo 4 LPACAP, se considera que los referidos sujetos ostentan la condici髇 de interesados en el procedimiento como titulares de derechos o intereses leg韙imos que pueden resultar afectados por la decisi髇 que en el procedimiento se adoptare, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 18.2 de esta misma ley, 玪os interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en 閘 tienen el deber de proporcion醨selos a la Administraci髇 actuante.

Se significaba expresamente, asimismo, en dicha notificaci髇 que cualquiera de los interesados pod韆 aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme al art韈ulo 76 de la LPACAP, en cualquier momento del procedimiento anterior al tr醡ite de audiencia, y que se tendr韆n en cuenta por el 髍gano competente al redactar la correspondiente propuesta de resoluci髇.

Asimismo, se les informaba del plazo m醲imo para resolver y notificar el real decreto que se adopte en el presente procedimiento y del sentido del silencio administrativo, as como de las formas de obtener informaci髇 sobre el estado de tramitaci髇 del mismo.

No se ha recibido ninguna alegaci髇 o documentaci髇 de ninguno de los interesados.

Cuarto. El d韆 2 de julio de 2024 se solicitaron los siguientes informes:

  • I. La Secretar韆 General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 considera, por medio de informe emitido por el Director General de Alimentaci髇 de 17 de julio de 2024, que 玽alora positivamente, desde el punto de vista del inter閟 social y econ髆ico, la continuaci髇 de la sociedad Mercapalma, as como su coordinaci髇 con el resto Mercas, a trav閟 de la participaci髇 de Mercasa en su estructura accionarial, quien desarrolla un papel relevante en la pol韙ica alimentaria nacional a trav閟 de la garant韆 de distribuci髇 de alimentos a la poblaci髇.

    La Secretar韆 General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria realiza un pormenorizado an醠isis de la situaci髇 concurrente para llegar a la antedicha conclusi髇.

    As, en cuanto al sector de la alimentaci髇, se馻la que 玡s un sector estrat間ico de la actividad productiva y econ髆ica en Espa馻, ya que proporciona un servicio esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, puesto que el fin 鷏timo del mismo es el suministro de alimentos inocuos a la poblaci髇. Dicho suministro constituye un servicio necesario para el mantenimiento de la salud y el bienestar de los ciudadanos. El sector alimentario est formado por el conjunto de instalaciones o infraestructuras que dan soporte a los subsectores productivos.

    La cadena alimentaria se caracteriza por su atomizaci髇 y desequilibrio, con una importante estacionalidad que ahonda la dependencia entre los operadores, lo que, en el subsector de la distribuci髇, uno de los esenciales para el funcionamiento de la cadena, se traduce en un delicado engranaje que, para el caso que nos ocupa, se centra en los mayoristas de destino, quienes 玡jercen su funci髇 cerca de las grandes zonas de consumo, comprando principalmente a mayoristas de origen y vendiendo a detallistas o transformadores o al canal HORECA. El mayorista de destino puede actuar de forma independiente o agrupado junto a otros mayoristas en una Unidad Alimentaria (Merca) o en un pol韌ono comercial o cualquier otra figura, siendo de especial relevancia los mercas para los productos frescos y perecederos, y en la distribuci髇 minorista, que puede ser canal gran consumo –retail– o canal HORECA –Hosteler韆, Restauraci髇 y Catering (HORECA)–.

    En este marco, el informe destaca que 玜tendiendo a la descripci髇 realizada en el apartado anterior, se pone en evidencia el papel esencial que juega en la distribuci髇 alimentaria los Mercas, siendo especialmente rese馻ble su funci髇 de poner a disposici髇 una amplia gama de productos frescos o perecederos a agentes tan relevantes, en acercar los productos alimentarios al consumidor, como son el comercio tradicional o especializado (especialmente) y a empresas de hosteler韆 y restauraci髇 independientes. Los vol鷐enes comercializados en la Red de Mercas, 24 unidades en total, representaron, en 2022, m醩 del 70 % del total de frutas y hortalizas que se consumieron en Espa馻 (hogares y extra-dom閟tico), un 50 % de los pescados y mariscos y en torno al 20 % de carne (vacuno, ovino y porcino), lo cual permite evidenciar la importancia de estas estructuras en la conformaci髇 de una cadena articulada y eficiente.

    Esta afirmaci髇 se completa con otros datos que concurren en id閚tica conclusi髇, como que reciban m醩 de 80.000 visitantes diarios o que en su seno act鷈n m醩 de 3.000 empresas, as como la prevalencia de productos de origen nacional, lo que refuerza su importancia en la adecuada articulaci髇 de la cadena y como mecanismo para compensar sus desequilibrios, dado que una red articulada de mercas, con perspectiva nacional, permite una mejor formaci髇 de precios de la cadena, al contar con una red de relaciones, soporte f韘ico, informaci髇 y apoyo estructurado y de igual acceso para todos, que permita compensar algunas de las ineficiencias propias de este sector econ髆ico, como el acceso equitativo a la informaci髇, la compensaci髇 de la inelasticidad de oferta y demanda, la competencia efectiva en el mercado o la provisi髇 de bienes p鷅licos.

    A este respecto, cabe significar, por su relevancia con respecto de otras consideraciones vertidas en el expediente, que la citada unidad destaca el 玴apel esencial de los Mercas, articulado a trav閟 de la Red de Mercasa, como canal de suministro de alimentos, que supera ampliamente el 醡bito territorial de los municipios que les dan nombre, no s髄o por la extensi髇 de las relaciones comerciales que en ellos acontecen, sino tambi閚 por la capacidad de acci髇 coordinada de los centros.

    La relevancia de la actividad de los mercas ha quedado demostrada tanto en momentos ordinarios, dada su participaci髇 esencial en el aseguramiento del suministro alimentario como en los excepcionales, como qued demostrada ante la reciente epidemia de COVID-19, en que se garantiz en todo momento el suministro puntual de productos frescos para todos, en todos los rincones del pa韘.

    Por ese motivo, es 玞rucial que el Estado tenga la capacidad suficiente para actuar ante un eventual riesgo de desabastecimiento.

    Estas reflexiones generales se trasladan igualmente al caso concreto de Mercapalma: 玜coge a 90 empresas y genera m醩 de 1900 empleos directos e indirectos. Se trata, por tanto, de un destacado centro de distribuci髇 alimentaria de productos perecederos y no perecederos. Adem醩, existe una tendencia creciente hacia la prestaci髇 de servicios log韘ticos y complementarios a la actividad comercial mayorista, que se sit鷄 en la octava ciudad m醩 poblada de Espa馻.

    As, 玪a integraci髇 de Mercapalma en la Red de Unidades Alimentarias de Mercasa le permite ser un nodo estrat間ico para la distribuci髇 eficiente de productos alimentarios en la regi髇. Asimismo, contribuye a mitigar los riesgos de abastecimiento derivados de la insularidad, garantizando un suministro continuo y eficiente de productos frescos. La continuidad de Mercasa en el accionariado de Mercapalma y la preservaci髇 del car醕ter estatal de la Red de Mercas, contribuye a garantizar el abastecimiento suficiente, eficiente y sostenible de alimentos frescos a la poblaci髇, as como para mantener la estabilidad y el desarrollo del sector alimentario.

  • II. La Secretar韆 de Estado de Comercio del Ministerio de Econom韆, Comercio y Empresa, tras repasar los antecedentes del supuesto de hecho que motiva la petici髇 de dicho informe, se expresa, por medio de informe de 22 de julio, del Director General de Pol韙ica Comercial, indicando que 玭o puede manifestar otro parecer de acuerdo a sus competencias en materia de comercio, m醩 espec韋icamente a comercio interior, coincidiendo con el criterio ya expresado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, as como, por lo indicado en el informe de la Abogac韆 General del Estado (Presidencia) dando su conformidad puesto que entiende procedente la aplicaci髇 del art韈ulo 373 de la Ley de Sociedades de Capital en las condiciones que haya determinado en su informe.

    Dicha unidad considera que la petici髇 de Mercasa es una 玴etici髇 razonable, por lo que otorga su conformidad a continuar el procedimiento 玡n la medida que la extinci髇 de Mercapalma podr韆 afectar la distribuci髇 comercial en la zona de influencia de este merca, tanto en lo referido al normal funcionamiento del comercio minorista como del canal HORECA, poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario de la poblaci髇.

    A este respecto, procede se馻lar la concurrencia de las conclusiones alcanzadas por parte de dicho 髍gano informante con la solicitud presentada por Mercasa, abundando en los motivos que justificaron su petici髇, al se馻lar las posibles repercusiones sobre la distribuci髇 comercial en la zona de influencia del merca, que podr韆 impedir un normal funcionamiento del comercio minorista y del canal HORECA, lo que abunda en la necesidad de acordar medidas en referencia a dicha circunstancia.

    Asimismo, dicho 髍gano sugiri que convendr韆 solicitar informe tambi閚 de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa, en materia de pol韙ica econ髆ica sectorial por tener m醩 conocimiento, informaci髇 y ser competente en la decisi髇 a adoptar sobre la disoluci髇 de una sociedad y su repercusi髇 en una Comunidad Aut髇oma desde un punto de vista econ髆ico al tratarse de una empresa de titularidad p鷅lica, as como contar con el criterio de la propia Comunidad Aut髇oma en consideraci髇 a sus competencias constitucionalmente determinadas en materia de comercio.

    Procede se馻lar a este respecto que, una vez ponderado el expediente, no se considera necesario, a los efectos de conformar una decisi髇 sobre el fondo, la emisi髇 de los informes y consultas adicionales a los que hace menci髇 el informe de la Secretar韆 de Estado de Comercio del Ministerio de Econom韆, Comercio y Empresa, por los siguientes motivos:

    En primer lugar, cabe significar que, dadas las competencias de dicha Secretar韆 de Estado de Comercio en materia precisamente de comercio, parece m醩 especializado el criterio que pueda ofrecer, dado el impacto que una situaci髇 como la descrita podr韆 tener precisamente en los canales de comercializaci髇 de dicho territorio y su eventual afecci髇 a la cadena de suministro, con consecuencias posibles sobre el 鷏timo eslab髇, el consumidor.

    Por ese motivo, sin perjuicio de la l骻ica importancia de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa, no se considera necesario recabar su parecer de modo directo, puesto que el punto de vista de ese Ministerio de Econom韆, Comercio y Empresa se considera recabado correctamente por la v韆 de la Secretar韆 de Estado competente por raz髇 de materia, teniendo en cuenta que el art韈ulo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, determina que si alguna disposici髇 atribuye la competencia a una Administraci髇, sin especificar el 髍gano que debe ejercerla, se entender que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los 髍ganos inferiores competentes por raz髇 de la materia y del territorio, esto es, la unidad especializada en la materia comercial, como subconjunto de la competencia econ髆ica.

    Por otra parte, en cuanto a la posici髇 de la comunidad aut髇oma, sin perjuicio del pleno respeto de su autonom韆 competencial y de las indudables funciones que ejerce en materia de comercio interior, cabe rese馻r que el informe solicitado no versa sobre la competencia comercial en general, que no se discute pertenece a las comunidades aut髇omas, sino que su ratio versaba sobre la necesidad de pronunciamiento de la entidad competente en el Estado sobre los posibles efectos que la eventual extinci髇 de uno de los mercas integrados en la red nacional pudiera tener sobre la pol韙ica comercial general, que trasciende el territorio auton髆ico, puesto que proyecta sus efectos sobre la vertebraci髇 general de la cadena agroalimentaria conjunta en todo el pa韘.

    En efecto, el fundamento de la red de mercas no se asienta sobre la mera regulaci髇 o fomento del comercio interior en las ciudades o regiones concretas en que se localizan, sino que ofrece un servicio sist閙ico a la consolidaci髇 y vertebraci髇 de la cadena como red de relaciones organizadas entre los distintos eslabones, con perspectiva nacional, puesto que la red de mercas tiene un efecto estructural sobre el mercado interior que supera cualquier compartimentaci髇. Precisamente las sinergias entre los diferentes mercas y sus propias subredes de influencia, que a su vez se incardinan en una red mayor, permite ofrecer una visi髇 armonizada y coherente del conjunto de las relaciones comerciales en el sector agroalimentario, ya que su funcionamiento facilita la gesti髇 coordinada de las necesidades desde una perspectiva global. De hecho, las 醨eas de influencia de muchos mercas trascienden el 醡bito territorial auton髆ico, por cuanto su presencia y actividad se proyecta a provincias lim韙rofes. Teniendo en cuenta la imposibilidad de compartimentar los 醡bitos de actuaci髇 real de estos nodos comerciales y constre駃rlos a fronteras meramente administrativas, la supraterritorialidad de su 醡bito individual y de la red de mercas como conjunto con mayor motivo aboca a que sea un 髍gano supraordenado, que necesariamente ha de ser el Estado, el que deba informar sobre estos extremos al recaer en su 醡bito material de actividad. Por lo dem醩, no cabe olvidar que Mercasa es una sociedad mercantil estatal, y por lo tanto que su titularidad recae en la Administraci髇 General del Estado, como criterio atributivo de funciones dominicales sobre la misma que explica al propio tiempo la necesidad de que sea un 髍gano tambi閚 del Estado el que deba expresar su parecer al respecto de las repercusiones que acarrar韆 una medida como la planteada.

    Procede significar, a este respecto, la nutrida jurisprudencia constitucional que avala la competencia del Estado para atender a las cuestiones de pol韙ica econ髆ica general, al amparo del art韈ulo 149.1, regla 13. de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica.

    As, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero, 玡l art韈ulo 149.1.13. CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las l韓eas directrices y los criterios globales de ordenaci髇 de sectores econ髆icos concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines propuestos en dicha ordenaci髇 (Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1996, de 9 de octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada).

    En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado art韈ulo 149.1.13., una competencia de direcci髇 en la que tienen cobijo normas b醩icas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenaci髇 del sector (Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de septiembre).

    Ello se debe a su car醕ter transversal ya que, aun existiendo una competencia sobre un subsector econ髆ico que una comunidad aut髇oma ha asumido como 玡xclusiva en su Estatuto, esta atribuci髇 competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinaci髇 de ese subsector, y que el ejercicio auton髆ico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse aut髇omamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificaci髇 econ髆ica (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).

    Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2015, FJ 4, por remisi髇 a la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que 玡l sector de la agricultura y la ganader韆 es de aquellos que por su importancia toleran la fijaci髇 de l韓eas directrices y criterios globales de ordenaci髇 as como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenaci髇 de cada sector, destacando que … en materia de agricultura y ganader韆, siendo la competencia espec韋ica de las comunidades aut髇omas… el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenaci髇 general de la econom韆换.

    Y la doctrina sobre la utilizaci髇 de la supraterritorialidad como criterio de atribuci髇 de competencias al Estado se recuerda en la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2014, de 13 de febrero, FJ 4, en los t閞minos siguientes: 玪a utilizaci髇 de la supraterritorialidad como criterio determinante para la atribuci髇 o el traslado de la titularidad de competencias al Estado en 醡bitos, en principio, reservados a las competencias auton髆icas tiene, seg鷑 nuestra doctrina, car醕ter excepcional, de manera que s髄o podr tener lugar 玞uando no quepa establecer ning鷑 punto de conexi髇 que permita el ejercicio de las competencias auton髆icas o cuando adem醩 del car醕ter supraauton髆ico del fen髆eno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad p鷅lica ejercida sobre 閘 y, aun en este caso, siempre que dicha actuaci髇 tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperaci髇 o de coordinaci髇 y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que s髄o pueda garantizar su atribuci髇 a un 鷑ico titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de da駉s irreparables, que nos sit鷄 en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8) (Sentencia del Tribunal Constitucional 35/2012, FJ 5, con cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2011, FJ 5).

    As, el art韈ulo 149.1.13. CE puede en determinados casos justificar la reserva de funciones ejecutivas al Estado y tambi閚 permitir el uso de la supraterritorialidad como t韙ulo atributivo de competencias al Estado, cuando resulte preciso que la actuaci髇 de que se trate quede reservada al Estado para garantizar as el cumplimento de la finalidad de ordenaci髇 econ髆ica que se persigue, la cual no podr韆 conseguirse sin dicha reserva, y resulte justificado, cuestiones precisamente que concurren en este supuesto y que determinan que la competencia para su evaluaci髇 se residencie en exclusiva en instancias estatales.

    N髏ese, a este respecto, la afirmaci髇 contenida en el informe de la Direcci髇 General de Alimentaci髇, en que se recuerda que 玡l desarrollo del modelo de Red de Mercas de Mercasa supera absolutamente el 醡bito de actuaci髇 local y, en muchas ocasiones, tambi閚 el regional. Tal es el caso de infraestructuras como Mercamadrid, con una zona de influencia de m醩 de 500 km y con una actividad redistribuidora al resto de Mercas de la Red; como Mercabarna, con vocaci髇 fundamentalmente exportadora, o Mercazaragoza, con una terminal ferro portuaria l韉er en Espa馻. Lo mismo cabe apreciar respecto de Mercapalma cuya competencia se extiende a trav閟 de la red de mercas a la totalidad del territorio nacional y de la cadena alimentaria considerada como un todo interdependiente como un todo conectado.

    En efecto, es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 quien efect鷄, en el marco de sus competencias sectoriales, el an醠isis de la importancia para la econom韆 nacional que justifica la adopci髇 de esta medida, como departamento ministerial especializado en la concreta vertiente econ髆ica relacionada con la cadena alimentaria. Las razones que motivan su aplicaci髇 se contienen ampliamente en el expediente y el presente real decreto, por lo que se estima suficientemente fundamentado desde la 髉tica econ髆ica especializada que representa en el Poder Ejecutivo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇. El complemento en la vertiente comercial, por ejemplo en su 鷏timo eslab髇 o de la configuraci髇 del entramado comercial general del pa韘, se ha visto expuesto en el informe de la Secretar韆 de Estado de Comercio, sin que de este modo se repute necesario completar la petici髇 de informes con ninguno otro adicional.

    A mayor abundamiento, ha de tenerse presente que el Ministerio de Econom韆, Comercio y Empresa, como departamento integrante del Gobierno de la Naci髇, ha participado en el tr醡ite final de aprobaci髇 de este real decreto, operado mediante su elevaci髇 a Consejo de Ministros y deliberaci髇 en dicho 髍gano.

  • III. El Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno no ha emitido informe, por lo que, de conformidad con lo se馻lado en el art韈ulo 80.2 de la LPACAP, se han proseguido las actuaciones.

Quinto. El 30 de julio se notific a los interesados propuesta de resoluci髇 con el fin de que pudieran alegar y otorgando un plazo de diez d韆s para dar cumplimiento al tr醡ite de audiencia previsto en el art韈ulo 82 LPACAP.

  • I. El d韆 7 de agosto se recibe escrito del Ayuntamiento de Palma solicitando la ampliaci髇 del plazo para responder al tr醡ite de audiencia, solicitud que se concede por el 髍gano instructor en fecha 11 de agosto, hasta el m醲imo fijado en la normativa, quince d韆s, de modo que su plazo para responder a dicho tr醡ite pasa a concluir el d韆 21 de agosto.

    En igual fecha se remite al Ayuntamiento de Palma y a Mercapalma el informe de la Abogac韆 del Estado aportado por la solicitante, para asegurar su conocimiento por si no obrara ya en su poder.

  • II. El d韆 13 de agosto se reciben alegaciones formuladas en el tr醡ite de audiencia por parte de Mercasa.

    En ellas se indica que, partiendo de la premisa de que en 2013 alter su configuraci髇 jur韉ica, dejando de ser sociedad de gesti髇 indirecta para prestar un servicio p鷅lico municipal, ante el cambio normativo operado en la LBRL, se considera posible que pueda continuar en Mercapalma para mantener las funciones actualmente atribuidas.

    Por tal motivo, considera adecuado que se proceda a suprimir los art韈ulos 3 y 36 de los estatutos, en lugar de su modificaci髇 como se solicitaba de parte, lo que determina la aplicaci髇 de 玪a presunci髇 contenida en el art韈ulo 25 LSC (玸alvo disposici髇 contraria de los estatutos, la sociedad tendr duraci髇 indefinida), de manera que se reserve a la Junta General, en su caso, a trav閟 del tr醡ite previsto en el art韈ulo 373.2 LSC, la posibilidad de dotar de un nuevo contenido a los citados art韈ulos y, de no alcanzarse el citado acuerdo, la presunci髇 adquiera un car醕ter definitivo.

    Asimismo, considera m醩 ajustado al principio de proporcionalidad de la medida solicitada el reconocimiento de un derecho de separaci髇 de los socios que pudieran ser contrarios a la reactivaci髇 acordada, pero solicita 玪a posibilidad de reconocer y regular expresamente en el Real Decreto el derecho de separaci髇, en su caso, en t閞minos an醠ogos a los recogidos en los art韈ulos 353 y siguientes LSC, tanto en lo que se refiere al procedimiento como a la posible compensaci髇 y los efectos derivados del ejercicio de este derecho, que deber aparecer en dos momentos separados: con el dictado de este real decreto y con la reuni髇 de la Junta General. Todo ello, advierte, requiere que se acuerde la inmediata eficacia de las medidas, incluida su inscripci髇 en el Registro Mercantil, para salvaguardar el inter閟 general subyacente al caso, as como la recuperaci髇 de la vigencia del car醕ter de 髍gano de administraci髇 social y de los apoderamientos entonces vigentes.

    Por 鷏timo, en virtud del art韈ulo 382 LSC, se solicita que se nombre un interventor para asegurar la plena eficacia de las medidas contenidas en el real decreto.

    Con respecto de las anteriores consideraciones, procede se馻lar que, en efecto, la modificaci髇 de la naturaleza jur韉ica de la entidad hace m醩 de una d閏ada, determin que su estatuto jur韉ico se viera profundamente alterado, parejo al cambio de la normativa que lo sustenta, de modo que la aplicaci髇 de las nuevas normas que ahora rigen su vida societaria determina el cambio sustancial en cuanto a su propia configuraci髇 organizativa y su proyecci髇 en el tr醘ico jur韉ico. Como se expone con mayor detalle en otros lugares de este real decreto, dejar de ser una sociedad mixta, con independencia del contenido concreto de los estatutos –y de los avatares seguidos para su infructuosa modificaci髇 durante estos a駉s–, determina la aplicaci髇 de un r間imen jur韉ico diferente que se proyecta por entero sobre su configuraci髇 legal.

    En cuanto a las consideraciones de detalle que se hacen en el escrito, que se estiman un corolario l骻ico de los postulados recogidos en la propuesta de resoluci髇, se incorporan a este real decreto para asegurar la plena eficacia de las medidas adoptadas y la salvaguarda expresa de los derechos societarios de los part韈ipes en la sociedad. As, se incluye una menci髇 expresa al car醕ter de aplicaci髇 supletoria de la vigencia indefinida que prev la normativa –al no ser ya sociedad mixta– y se incorporan las oportunas previsiones respecto del r間imen jur韉ico en que se desarrolle ese derecho de separaci髇, incluyendo la reviviscencia de apoderamientos y 髍ganos de administraci髇 de la sociedad –consecuencia de la reactivaci髇 societaria–, su car醕ter de acto directamente inscribible y la figura del interventor que recoge la normativa societaria para supuestos en que se estima de importancia la pronta y eficaz reactivaci髇 de la sociedad que se acuerda.

  • III. El d韆 20 de agosto se remite a Mercapalma y al Ayuntamiento de Palma las alegaciones presentadas por Mercasa por si quieren tenerlas en consideraci髇 para la emisi髇 de sus consideraciones en el tr醡ite de audiencia. Asimismo, se acompa馻n como complemento de la anterior comunicaci髇, la restante documentaci髇 presentada como anexos a la solicitud, que no se envi entonces por considerarse que ya obra en poder de los interesados al haberse producido en el marco de la propia Mercapalma o sus titulares dominicales (pues se trata de documentos tales como actas del consejo de administraci髇, diversas escrituras p鷅licas de la empresa, comunicaciones con el propio Ayuntamiento…), con el fin de asegurar su pleno y directo acceso a la misma.
  • IV. El d韆 21 de agosto se reciben las alegaciones emitidas en el tr醡ite de audiencia por el Ayuntamiento de Palma, acompa馻das de diversos documentos en apoyo de su postura.

    En el documento de alegaciones, el Ayuntamiento se馻la que 玪a propuesta de resoluci髇 aspira a hacer revivir la sociedad, participada hasta el 7 de junio de 2024 por el Ayuntamiento de Palma y la mercantil estatal Mercados Centrales de Abastecimiento, SA, eliminando la reversi髇 a favor del municipio y sin reconocer compensaci髇 econ髆ica alguna a esta entidad local y que, consultados sus servicios jur韉icos, procede solicitar la desestimaci髇 de la propuesta conforme a una serie de argumentos que se proceden a analizar a continuaci髇.

    • A. Sobre el encaje del precepto en el presente expediente.

      El Ayuntamiento sostiene que 玪a intervenci髇 del Gobierno est concebida para evitar la desaparici髇 de empresas, no de sociedades, al disociar entre la sociedad mercantil, en periodo de disoluci髇, y la empresa, que considera subsistir韆 por la cesi髇 del patrimonio al municipio sobre la base del plazo de vigencia de 50 a駉s previsto en los estatutos.

      A este respecto, procede se馻lar que la referencia a 玡mpresa en la doctrina que el escrito recoge (UR虯: 玽elando por la conservaci髇 de las empresas) no puede entenderse como un t閞mino opuesto al de 玸ociedad, puesto que la empresa, en rigor jur韉ico, es en este caso una sociedad al ser la forma jur韉ica de dicha empresa como persona jur韉ica de objeto mercantil, emple醤dose de hecho indistintamente ambos t閞minos en la normativa, como puede apreciarse en el art韈ulo 221 del C骴igo de Comercio (獿as compa耥as, de cualquier clase que sean, se disolver醤 totalmente por las causas que siguen: 1. El cumplimiento del t閞mino prefijado en el contrato de sociedad o la conclusi髇 de la empresa que constituya su objeto), el art韈ulo 150.2 LSC (獿a prohibici髇 establecida en el apartado anterior no se aplicar a los negocios dirigidos a facilitar al personal de la empresa la adquisici髇 de las acciones de la propia sociedad o de participaciones o acciones de cualquier otra sociedad perteneciente al mismo grupo) o el art韈ulo 261 LSC (獿as sociedades que pueden formular balance abreviado podr醤 omitir en la Memoria las indicaciones que reglamentariamente se determinen … Adicionalmente, la Memoria deber expresar … el nombre y domicilio social de la sociedad que establezca los estados financieros consolidados del grupo menor de empresas incluidas en el grupo al que pertenece la empresa).

      La disoluci髇 de Mercapalma, esto es, de una empresa con forma de sociedad mercantil, tiene como consecuencia su desaparici髇. Incluso en el caso de que el activo y el pasivo de esa persona jur韉ica revertiera 韓tegramente en el Ayuntamiento, lo que ocurrir韆 es que unos bienes y derechos cambiar韆n de titularidad, se incorporar韆n a una entidad diferenciada, se integrar韆n en los bienes que conforman el patrimonio p鷅lico de la entidad local, pero en ning鷑 caso subsistir韆 la empresa ni la sociedad, que quedar韆 suprimida del tr醘ico jur韉ico, con independencia del destino de los bienes, como ocurre con la muerte de una persona f韘ica y la asunci髇 por herencia de sus bienes, que acrecen el haz patrimonial de los herederos sin por ello suponer el mantenimiento de la personalidad del fallecido. Y todo ello sin perjuicio de las consideraciones sobre la eventual reversi髇 que se hacen en este real decreto, sobre la base de la finalizaci髇 de la condici髇 de empresa de econom韆 mixta de Mercapalma en 2013.

      Por otra parte, el Ayuntamiento alega un posible conflicto de inter閟 al haberse tramitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 el expediente administrativo, dado que el accionista minoritario de Mercapalma es Mercasa, entidad participada por el propio Departamento en un 49 % y por SEPI en un 51 %.

      A este respecto, hay que resaltar que la decisi髇 final sobre la aplicaci髇 del tantas veces citado art韈ulo 373 se adopta por un 髍gano diferente de los se馻lados de parte, cual es el Consejo de Ministros, como precept鷄 la LSC, asegurando por lo tanto la separaci髇 entre la fase de instrucci髇 y la decisi髇 final, que se acuerda por un ente supraordenado y diferenciado, en que concurre la voluntad del conjunto de Departamentos y con capacidad para adoptar la decisi髇 final que estime procedente.

      Asimismo, debe indicarse como cuesti髇 esencial que el titular dominical de esas acciones no es el Departamento, como se alega, sino el FEGA, organismo aut髇omo con personalidad jur韉ica propia y diferenciada de la Administraci髇 General del Estado, aunque adscrito al mismo, por lo que la entidad propietaria de las acciones es diferente del Departamento que ha tramitado el expediente. En todo caso, procede recordar que la participaci髇 de dicho organismo aut髇omo en Mercasa es minoritaria y que por lo tanto no tiene capacidad de decisi髇 final sobre una entidad que, por otra parte, posee una personalidad jur韉ica diferenciada de la Administraci髇 General del Estado y del propio FEGA, y que tiene la capacidad legal para instar el inicio del procedimiento. Incoado 閟te, corresponde a 髍ganos diferentes la instrucci髇, informe y resoluci髇, de modo que se asegure plenamente la diferenciaci髇 entre funciones y 髍ganos que eviten cualquier problema relacionado con el alegado conflicto de intereses.

      Por lo dem醩, como se ha razonado en el expediente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 interviene en el procedimiento en virtud de sus competencias materiales en cadena alimentaria, conforme al Real Decreto 717/2024, de 23 de julio, por el que se desarrolla la estructura org醤ica b醩ica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇. En dicho real decreto se dispone, adem醩, que le corresponde a la Secretar韆 General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria la tutela funcional de Mercasa, S.M.E., as como la coordinaci髇 de las relaciones institucionales y la actuaci髇 del Departamento en relaci髇 con 閟tas, tutela funcional que se limita al control de la eficacia de la mercantil, sin poder dictar instrucciones. Como indica el art韈ulo 116.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 玡l Ministerio de tutela ejercer el control de eficacia e instruir a la sociedad respecto a las l韓eas de actuaci髇 estrat間ica y establecer las prioridades en la ejecuci髇 de las mismas, y propondr su incorporaci髇 a los Presupuestos de Explotaci髇 y Capital y Programas de Actuaci髇 Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda 韓tegramente a la Administraci髇 General del Estado, o del organismo p鷅lico que sea titular de su capital.

      Por 鷏timo, teniendo en cuenta la redacci髇 del propio art韈ulo 373, considerar que la concurrencia de Departamentos del Poder Ejecutivo en la tramitaci髇 del expediente supusiera tal conflicto de intereses, equivaldr韆 a impedir de hecho que ese art韈ulo se aplicara a empresas participadas siquiera minoritariamente por el Estado, cuando el legislador no ha querido diferenciar tales casos, siendo su aplicaci髇 incondicionada para todo tipo de compa耥as con independencia de su estructura accionarial. En definitiva, en aplicaci髇 del principio ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, el art韈ulo 373 es plenamente aplicable a entidades participadas por capital p鷅lico, sin que la participaci髇 de departamentos competentes por raz髇 de materia en el expediente suponga tacha alguna para la imparcialidad de los intervinientes.

    • B. Sobre los antecedentes y fundamentaci髇.

      1. El Ayuntamiento formula en primer lugar una serie de precisiones conceptuales en torno a la evoluci髇 normativa que se expon韆 en la propuesta de resoluci髇, precisando que lo que la ley de 2013 suprimi fue la posibilidad de acordar el monopolio municipal sobre la actividad de mercados y lonjas, pero que nada tiene esta cuesti髇 que ver con Mercapalma.

      Se modifica en consecuencia el tenor literal de dicho apartado para clarificarlo, si bien ha de recordarse que es un elemento relevante para el relato de los hechos por cuanto el proceso de reconversi髇 de las sociedades de econom韆 mixta en sociedades p鷅licas de los mercas iniciados en dicha 閜oca est directamente relacionado con el nuevo marco normativo, en que se abole la posibilidad de que haya monopolio municipal de tales actividades, por cuanto es en el escenario normativo de la legislaci髇 local anterior a la LBRL (escenario que se mantiene despu閟, hasta 2013) en el que se acord municipalizar la sociedad y constituir la empresa de econom韆 mixta que luego desaparecer韆.

      2. Por otra parte, indica que la referencia al art韈ulo 25.2 debe entenderse en el marco de la normativa general de cada sector, de modo que una vez suprimida la competencia del art韈ulo 26 en mercados de abastos, los entes locales mantienen funciones en materia de 玞ontrol sanitario de la distribuci髇 y del suministro de alimentos y bebidas y dem醩 productos directa o indirectamente relacionados con el consumo humano, as como de sus medios de transporte; y el control sanitario en el 醨ea de la higiene alimentaria. En su virtud, se modifica el tenor literal de dicho apartado para clarificarlo, en tales t閞minos.

      No obstante, cabe descartar la alegada incongruencia entre la p醙inas 9 y 20 de la propuesta, por cuanto la primera cita es parte del documento iniciador, que se transcrib韆 –tambi閚 en este real decreto– como medio para dar cuenta de los elementos esenciales de la petici髇, mientras que la segunda es parte de la argumentaci髇 que verifica la motivaci髇 de las medidas a proponer, siendo como es que en efecto los municipios pueden seguir prestando el servicio de mercado municipal, como de hecho ocurre, sin que sea ya obligatorio.

      3. Asimismo, se indica en cuanto a la evoluci髇 normativa de las formas de provisi髇 de los servicios municipales, que la reforma de 2007 se refer韆 a sociedades de responsabilidad limitada, en las que pod韆n participar entidades locales o entes p鷅licos locales.

      Sin perjuicio de detallar m醩 dichas consideraciones en el presente real decreto para dar cumplida respuesta a dicha consideraci髇, no puede olvidarse que la normativa en vigor actual que regula este tipo de prestaciones recoge la posibilidad de que se presten por medio de sociedades de capital p鷅lico, no necesariamente municipal. Siendo como es que Mercasa es una sociedad an髇ima estatal, de capital enteramente p鷅lico, y que el Ayuntamiento de Palma es una entidad administrativa, Mercapalma cumple perfectamente los requisitos exigidos en la ley para prestar el servicio, sin que ello desvirt鷈 el hecho de que los estatutos, elaborados hace cinco d閏adas bajo un r間imen jur韉ico bien diferente, se hayan adecuado a la nueva normativa s髄o en ciertos aspectos, pero no en otros de igual importancia, como la vigencia de la misma. Esta alegaci髇 no puede prosperar, adem醩, por cuanto detiene el an醠isis en la reforma de 2007, sin mencionar que en 2013 hubo un nuevo cambio normativo que precisamente se refiere a que sean sociedades de capital p鷅lico, eliminando el requisito de ser local. Esto es, la alegaci髇 al propio tiempo pretende encapsular en el tiempo el r間imen jur韉ico del reglamento local de 1955 bajo el que se constituy Mercapalma y aducir que no se cumplen los requisitos actuales citando una norma de 2007 superada por una nueva reforma de 2013.

      4. Otro tanto ocurre m醩 adelante, cuando el Ayuntamiento vuelve a hacer referencia a normativa ya superada para sustentar sus argumentos, al indicar que 玹ras la reforma de 2003, el art韈ulo 85 ter de la LBRL pas a exigir que las sociedades mercantiles locales adoptaran una de las formas de sociedad mercantil de responsabilidad limitada, a pesar de que la modificaci髇 de 2013 redact de nuevo el art韈ulo para indicar que 玪a sociedad deber adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constituci髇 constar el capital que deber ser aportado por las Administraciones P鷅licas o por las entidades del sector p鷅lico dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad, lo que nuevamente se cumple en el presente supuesto.

      Este razonamiento, adem醩, va precedido de una cr韙ica a la confusi髇 entre los art韈ulos 85 y 86 LBRL en la propuesta, cuya redacci髇 se aclara en el presente real decreto en respuesta a sus consideraciones, siempre teniendo en cuenta que, como indica el informe de la Abogac韆 General del Estado A.G. ENTES P贐LICOS 102/24 la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 玸uprimi la reserva municipal que el art韈ulo 86.2 de la LRBRL establec韆 en materia de 玬ataderos, mercados y lonjas centrales, si bien el art韈ulo 25.2.i) de la LRBRL sigue configurando dicha materia como competencia propia de los municipios, que 閟tos pueden seguir prestando, aunque no se trate ya de un servicio p鷅lico obligatorio.

      5. Precisamente en el siguiente de los apartados se alega que la propuesta desconoce el sistema de transitoriedades, de modo que como las sucesivas modificaciones normativas descritas en la propuesta de resoluci髇 y en este real decreto no declararon la retroactividad expresa de sus disposiciones, sino antes al contrario la vigencia de los contratos dictados al amparo de sus predecesoras, la constituci髇 de la sociedad de econom韆 mixta mantiene completamente sus efectos y su r間imen jur韉ico hasta su extinci髇. 獷se contrato estableci una duraci髇 limitada y, de aceptarse que la configuraci髇 actual del accionariado encajar韆 en la nueva definici髇 de forma de gesti髇 mediante sociedad mercantil local, podr韆 considerarse la posibilidad de supresi髇 de esa duraci髇 limitada. Lo que resulta indiscutible es que esa supresi髇 no viene impuesta por la ley, sino que depende de la voluntad de los contratantes, razona el escrito.

      En torno a esta cuesti髇 interesa destacar, como se procede a exponer con mayor detalle en el real decreto, que la aplicaci髇 temporal de las normas no puede arg黫rse como criterio impeditivo de la interpretaci髇 sistem醫ica que de ellas ha de hacerse. As, como se indica en el informe de la Abogac韆 General del Estado A.G. ENTES P贐LICOS 102/24 玜un cuando los estatutos sociales pueden establecer excepciones a la vigencia indefinida que, con car醕ter general, legalmente se atribuye a las sociedades de capital, lo que no resulta ajustado a Derecho es que el art韈ulo 3 de los Estatutos sociales de Mercapalma siga vinculando su periodo de duraci髇 a una circunstancia –玡l transcurso de cincuenta a駉s desde la fecha de la escritura por la que se adaptaron los Estatutos Sociales a las normas del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales sobre Empresas Mixtas– expresamente vinculada a una situaci髇 –la configuraci髇 legal de la sociedad como empresa de econom韆 mixta– que dej de existir, por voluntad de los actuales accionistas, con el proceso que culmin con la salida de los socios privados del capital social de Mercapalma en 2013, previa expropiaci髇 de sus acciones. Dicho de otro modo, no resulta coherente ni ajustado a Derecho convertir Mercapalma, de facto, en una sociedad local de capital 韓tegramente p鷅lico y mantener en los Estatutos un plazo de duraci髇 social que normativamente se vincula a las sociedades de econom韆 mixta. En consecuencia, no puede alegarse de parte la posibilidad pero no obligatoriedad de modificar los estatutos en cuanto a su duraci髇 y destino del activo y pasivo, obviando al propio tiempo que Mercapalma no es ya una sociedad de econom韆 mixta, que cambi su naturaleza jur韉ica y buena parte de su regulaci髇 societaria en 2013, pero dej sin alterar una circunstancia que los estatutos adem醩 no prev閚 de modo incondicionado y pleno, sino vinculado precisamente a dicho car醕ter de sociedad de econom韆 mixta de la que se desprendi hace una d閏ada. Y, como apostilla dicho informe, 珁 menos admisible resulta aplicar, por v韆 estatutaria, a una sociedad mercantil local de capital 韓tegramente p鷅lico una previsi髇 normativa espec韋icamente concebida para las sociedades de econom韆 mixta, con exclusi髇 selectiva de aquellos aspectos de dicha regulaci髇 que perjudican al accionista mayoritario (el Ayuntamiento de Palma), en detrimento de los derechos e intereses del socio minoritario (Mercasa).

      6. Consecuencia de lo anterior, las alegaciones se馻lan que 玪a virtualidad de esa duraci髇 limitada es que la empresa pase a ser gestionada exclusivamente por el municipio de Palma. As lo pactaron las partes hace 50 a駉s, plazo que en otro lugar del documento permite concluir que no puede calificarse de decisi髇 precipitada.

      Esta cuesti髇 tambi閚 ha de ser desestimada, para lo que puede citarse el referido informe de la Abogac韆 General, en que se se馻la que 玡l art韈ulo 3 de los Estatutos aplica, indebidamente, la que se conoce como 玹閏nica del espigueo, pr醕tica consistente en formar un h韇rido a conveniencia, tomando la parte m醩 favorable de una normativa y rechazando sus aspectos desfavorables, pr醕tica que ha sido repudiada reiteradamente por la jurisprudencia (por todas, sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 4 de Junio de 2008 o de 24 de Enero de 2005).

      7. Adem醩, se馻la que la propuesta se extralimita con respecto de la petici髇, que simplemente pide su modificaci髇, en lugar de su supresi髇, y que no responde al alegado principio de m韓ima intervenci髇.

      Con respecto de esta cuesti髇, no cabe sino afirmar que lo que se solicita es que se modifiquen ambos art韈ulos para eliminar toda referencia a la vigencia definida, lo que no es sino su supresi髇 de hecho, y que esta decisi髇, como se ha razonado en la propuesta y en este real decreto, se fundamenta en el principio de m韓ima intervenci髇, al sujetarse en exclusiva a un cambio concreto, puntual y del menor alcance posible para dar cumplimiento al art韈ulo 373 LSC, eliminando dichos art韈ulos, lo que activa la presunci髇 de vigencia indefinida y sin afectar a la configuraci髇 societaria ni a su r間imen jur韉ico, pero permitiendo la salvaguarda del inter閟 p鷅lico a tutelar con la menor afecci髇 posible a la libertad individual pero sin desatender las potestades p鷅licas atribuidas al Consejo de Ministros en dicha norma.

      8. El Ayuntamiento indica que Mercapalma no distribuye alimentos al por mayor, funci髇 que corresponde a las empresas privadas que radican all, sino que se limita a 玪a gesti髇 patrimonial onerosa de las naves que conforman el pol韌ono, de modo que 玡n la propuesta se confunde sistem醫icamente Mercapalma como sociedad y Mercapalma como mercado mayorista. De afectar a tales empresas, afirma, 玸e hubiera conferido tr醡ite de audiencia, cuanto menos, a la asociaci髇 de empresarios alojados en Mercapalma. El hecho de que no se haya evacuado tan trascendental tr醡ite ni conste prueba alguna de que el traspaso de la empresa afecte a esos acuerdos comerciales evidencia que las afirmaciones vertidas en la propuesta, seg鷑 las cuales se est 玴oniendo en riesgo el abastecimiento alimentario a la poblaci髇, no se corresponden con la realidad.

      A estos efectos, debe ponerse de manifiesto que la gesti髇 de Mercapalma, como se desprende de su objeto social y de las memorias de actividad que se han reproducido en este real decreto y en la propuesta, indican claramente que no se limita a ser un mero tenedor de un recinto, en que se desarrollan, ajenos a ella, ciertos negocios jur韉icos. Reducir la funci髇 de un merca a ser propietario de hangares supone desplazar el centro de gravedad de su actividad societaria hacia una actuaci髇 accesoria, que ciertamente sirve de base para su restante actividad, pero que no constituye el n鷆leo de su negocio, opacando importantes servicios que se prestan como consecuencia no de la mera tenencia de esos habit醕ulos, sino como verdadero catalizador de las relaciones comerciales privadas que se desarrollan en su seno y en el marco de su actividad.

      Como indica el art韈ulo 2 de sus estatutos, la sociedad tiene por objeto social:

      1. La promoci髇, construcci髇 y explotaci髇 del mercado o mercados centrales mayoristas de Frutas y Hortalizas, Carnes, Pescados, Flores y Plantas ornamentales, as como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilizaci髇 de los usuarios.

      2. La promoci髇 e implantaci髇 en terrenos de la Sociedad de actividades, instalaciones y servicios de todo tipo para la mejora y modernizaci髇 de la distribuci髇.

      3. La realizaci髇 de actuaciones y gestiones que, en materia de ejecuci髇 de pol韙ica alimentaria, comercial y de mercado en general, y cuantos servicios relacionados con todos ellos, le encomienden las Administraciones y Entidades de las que es 玬edio propio, que la Sociedad estar obligada a realizar de acuerdo con las instrucciones fijadas por el encomendante, y cuya retribuci髇 se fijar por referencia a tarifas aprobadas previamente…

      4. Mejorar en todos los 髍denes el ciclo de comercializaci髇 de los productos alimenticios teniendo en cuenta las directrices marcadas por las Administraciones p鷅licas.

      De su tenor literal ya se desprende que sus funciones no son s髄o las de construir un mercado mayorista, sino que comprende su promoci髇 y explotaci髇, junto con la provisi髇 de todos los servicios complementarios necesarios para que los usuarios puedan emplear esas instalaciones en las mejores condiciones. Por lo tanto, no es s髄o una entidad que construye y explota una superficie techada, sino que la promueve y provee de servicios necesarios para su mejor funcionamiento ya que, aunque en efecto las relaciones comerciales privadas desarrolladas en su seno son su raz髇 de ser, no puede reducirse su funci髇 a ser un mero propietario que tolera tales negocios jur韉icos en superficies de su titularidad. Otro tanto puede decirse de las funciones ligadas a la promoci髇 de actividades, instalaciones y servicios que se orientan necesariamente a mejorar la distribuci髇, como reflejo de la importancia que los mercas tienen con respecto de la correcta articulaci髇 de la cadena alimentaria y que han quedado expuestas en este real decreto. Asimismo, se prev como funci髇 estatutaria la mejora del ciclo de comercializaci髇 seg鷑 las pol韙icas alimentarias, de modo que act鷄 como un mecanismo adicional para la consecuci髇 de estas necesidades de inter閟 general. Estas funciones se completan con la realizaci髇 de gestiones en materia alimentaria y comercial que le encomienden las Administraciones para las que opera como medio propio, que redunda en ese car醕ter de instrumento de pol韙ica alimentaria.

      En consecuencia, no cabe limitar como alega la parte su presencia en la cadena alimentaria a ser un lugar f韘ico, sino que comprende una serie de servicios integrados, de pol韙icas articuladas con las de las Administraciones competentes para la mejora de la comercializaci髇, provee elementos para mejorar el ciclo de comercializaci髇 y el acceso a los productos, mejora la articulaci髇 de relaciones competitivas y de conformaci髇 de precios mediante el encuentro entre la oferta y la demanda y asegura la adecuaci髇 del marco f韘ico, institucional y comercial a las necesidades de los operadores.

      Del mismo modo, no es cierto que el traslado del activo y el pasivo al Ayuntamiento no suponga cambio alguno, a pesar de que se quiera equiparar a Mercapalma con un 玴ol韌ono que aloja a las empresas distribuidoras, ya que los diversos servicios integrados que la pertenencia a la red de mercas provee a dicha entidad no son sustituibles sin menoscabar la integridad de la red y las sinergias que se producen entre todos los mercas y con la red como ente integrador de todos ellos. Como se ha expuesto en este real decreto, la configuraci髇 como red articulada asegura una visi髇 de conjunto, una trabaz髇 institucional, legal y comercial entre los distintos nodos comerciales que la integran y una serie de medidas de mejora de los servicios prestados y de su correcta articulaci髇 que se perder韆n indefectiblemente en caso de que se perdiera la vinculaci髇 con dicha red.

      Por lo tanto, su extinci髇 s tiene repercusi髇 sobre la seguridad alimentaria de las islas y pone en duda la correcta continuidad del entramado de relaciones comerciales que se desarrollan a su abrigo.

      En cuanto a la audiencia a los empresarios que despliegan sus actividades en el marco de los servicios que provee Mercapalma, no se estima preceptiva la solicitud de tal informe por cuanto no son interesados directos en el sentido de la LPACAP, puesto que, sin perjuicio de la afecci髇 que puedan tener por el devenir del expediente, no son directos interesados al no ser titulares de la sociedad. A este respecto, se trae a colaci髇 la petici髇 hecha en el tr醡ite de alegaciones para que Mercapalma remitiera el escrito de inicio a los representantes de los trabajadores, de lo que no se ha recibido informaci髇, por cuanto 閟tos son unos de los sujetos habilitados por el art韈ulo 373 para poder instar el procedimiento, en el que no se contemplan otros interesados que pudieran mantener relaciones comerciales con la entidad objeto del expediente. T閚gase en cuenta, en todo caso, que la actividad a proteger es la de Mercapalma, por las especiales implicaciones que tiene para el conjunto de la cadena y la ciudadan韆, que no se constri馿 s髄o a quienes operan mediante sede en sus instalaciones, sino tambi閚 a quienes van a aprovisionarse a su recinto o al conjunto de la estructura productiva primaria y de transformaci髇 que se relaciona por ese medio, a los que tampoco se ha considerado interesados en el sentido del procedimiento, sin perjuicio de su importancia y leg韙imos derechos. El objeto a proteger es la funci髇 de la entidad, que no se limita a ser un alojador de puestos comerciales.

      9. El Ayuntamiento de Palma afirma que la propuesta se contradice al hablar de sociedad local para luego invocar un inter閟 para la econom韆 nacional y que Mercapalma no es una persona jur韉ica de capital 100 % p鷅lico por estar participada por Mercasa, persona jur韉ico-privada, a su vez participada por otra de igual naturaleza, SEPI.

      Con respecto de estas afirmaciones, cabe destacar que no se aprecia incongruencia entre ambos postulados. Que Mercapalma es una sociedad mercantil municipal no est en entredicho por cuanto es precisamente su naturaleza jur韉ica desde que en 2013 dej de ser una sociedad municipal de econom韆 mixta y por lo tanto su configuraci髇 como tal se asume como premisa f醕tica, que puede comprobarse en el Inventario de Entes del Sector P鷅lico, en que figura, con el c骴igo INVENTE INV3912, como sociedad mercantil adscrita al Ayuntamiento de Palma y cuya clasificaci髇 a efectos de contabilidad nacional es 玈.11001 Sociedades no financieras P鷅licas: Administraci髇 Local. Nada impide, a este respecto, que una sociedad p鷅lica municipal pueda tener incidencia en la econom韆 nacional como ha quedado de manifiesto en el expediente y este real decreto, de modo que pueda, como es el caso, proyectar sus efectos no s髄o a la isla de Mallorca, sino a todo el archipi閘ago balear y presentar una afecci髇 al sistema completo de conformaci髇 de la cadena alimentaria espa駉la, que se caracteriza por su intensa interrelaci髇 entre eslabones y territorios de producci髇, procesado y venta, incluyendo el extranjero, as como por la dependencia intersectorial. Por los motivos expuestos en detalle en este real decreto, por lo tanto, se considera que afecta a la econom韆 nacional y por lo tanto es susceptible de ver aplicado el art韈ulo 373 LCS (el cual, por lo dem醩, no exige en ning鷑 lugar que su actividad haya de desarrollarse en todo el territorio nacional).

      Asimismo, debe tenerse en cuenta que el car醕ter jur韉ico-privado de Mercapalma y Mercasa se refiere meramente a la normativa que les es de aplicaci髇, y no a su titularidad. En efecto, dado que son sociedades mercantiles se rigen por el Ordenamiento privado. En el caso de Mercapalma, conforme al art韈ulo 85 ter LBRL 玪as sociedades mercantiles locales se regir醤 韓tegramente, cualquiera que sea su forma jur韉ica, por el ordenamiento jur韉ico privado, salvo las materias en que les sea de aplicaci髇 la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contrataci髇. En el caso de Mercasa, al ser estatal, conforme al art韈ulo 113 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 玸e regir醤 por lo previsto en esta ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jur韉ico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicaci髇 la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control econ髆ico-financiero y de contrataci髇. En ning鷑 caso podr醤 disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad p鷅lica, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Es, por consiguiente, una categor韆 que se vincula al estatuto jur韉ico a que se somete el ente, pero que no prejuzga ni impide que se trate de una sociedad p鷅lica, como por lo dem醩 su propia denominaci髇 prev.

      Que el capital tanto de Mercapalma como de Mercasa es enteramente p鷅lico tampoco es susceptible de impugnarse, teniendo en cuenta lo acreditado en el expediente y las anteriores referencias contenidas en INVENTE, por lo que su car醕ter de sociedad mercantil p鷅lica –sujeta a Derecho privado en su inmensa mayor韆– es incontrovertido. En el caso de Mercasa, adem醩, conforme al art韈ulo 111 de dicho cuerpo legal, lo es 玜l tener una participaci髇 de la Administraci髇 General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 84, integran el sector p鷅lico institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100, se trata de una sociedad mercantil estatal.

      En el caso de Mercasa, adem醩, debe precisarse que un porcentaje mayoritario est en manos de SEPI, que es, conforme se describe en INVENTE y al amparo de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creaci髇 de determinadas entidades de derecho p鷅lico 玼na Entidad de Derecho P鷅lico, con personalidad jur韉ica propia que, por disposici髇 expresa de la ley, ha de ajustar sus actividades al ordenamiento jur韉ico privado, sin perjuicio de determinadas normas jur韉ico-administrativas que les sea de aplicaci髇 y cuya titularidad dominical corresponde al completo al Ministerio de Hacienda. Es, por tanto, un ente de capital tambi閚 enteramente p鷅lico (y que, adem醩, se sujeta a Derecho privado y se califica expresamente de Derecho P鷅lico, en l韓ea con las anteriores consideraciones).

      Por consiguiente, no cabe estimar que el hecho de que Mercasa se sujete a Derecho Privado le impida ser una sociedad mercantil p鷅lica estatal dado que todo su capital es de titularidad p鷅lica, de modo que Mercapalma est constituida exclusivamente por capital p鷅lico.

      10. En cuanto a la referencia de que el Ayuntamiento no ha dado raz髇 sobre las medidas para garantizar el servicio, que es una afirmaci髇 del escrito de solicitud, no parece suficiente sostener como hace la parte que las medidas consisten en el traslado del activo y el pasivo para que el Ayuntamiento lo contin鷈 explotando, subrog醤dose en las relaciones jur韉icas previas de Mercapalma, por los motivos aducidos en este real decreto sobre la intensa vinculaci髇 con la red de mercas, a los que se remite este punto.

      A esos mismos argumentos cabe acudir en lo respectivo a la alegada ausencia de argumentaci髇 sobre la necesidad de que la intervenci髇 fuera de m韓imos y conllevase no la constituci髇 de una nueva entidad sino la pr髍roga de la vigencia de la actual, vinculada a la red de mercas. La necesidad de que una nueva sociedad se constituyera una vez extinguida Mercapalma, con los retrasos que se generar韆n, deriva del art韈ulo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en virtud del cual 玭o podr醤 crearse nuevos 髍ganos que supongan duplicaci髇 de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creaci髇 de un nuevo 髍gano s髄o tendr lugar previa comprobaci髇 de que no existe otro en la misma Administraci髇 P鷅lica que desarrolle igual funci髇 sobre el mismo territorio y poblaci髇.

      Todas las referencias contenidas en las alegaciones al hecho de que hace 50 a駉s se acord la reversi髇 omiten el dato fundamental, imprescindible para su recto entendimiento, de que se hizo en el marco de una sociedad de econom韆 mixta –figura a la que el propio art韈ulo 3 de los estatutos se remite– que exig韆 para su constituci髇 tal vigencia determinada, por un plazo no superior precisamente a dichos a駉s.

      En todo caso, en el tr醡ite de separaci髇 que en su caso se ejerza por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, podr invocarse la potencial valoraci髇 de la vigencia del derecho de reversi髇 establecido para las empresas mixtas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en atenci髇 al r間imen jur韉ico vigente en esos momentos, como as se incorpora a este real decreto, y plantear, a falta de un acuerdo entre las partes, las acciones que se estimen procedentes ante la jurisdicci髇 competente.

      11. Por lo que se refiere a la escasez del plazo para formular alegaciones en el tr醡ite de audiencia, cabe se馻lar que se debi a la necesidad de concluir el procedimiento en el plazo de tres meses que otorga el Ordenamiento, pero que a petici髇 de la interesada, se ampli hasta el m醲imo legal.

      El Ayuntamiento tambi閚 indica que la solicitud se acompa馻ba de 31 anexos que no se han remitido, entre los que figura informe de la Abogac韆 del Estado. A este respecto, se indica que los anexos responden a documentos que obran ya en poder de ese Ayuntamiento por haberse producido en el seno de Mercapalma o de sus titulares dominicales, como es el caso de los diversos documentos estatutarios, actas de reuniones de los 髍ganos de gobierno o informes de 髍ganos del propio Ayuntamiento, pero que no obstante se remitieron en fecha 20 de agosto para asegurar su sencillo acceso por parte de los interesados. En cuanto al informe de la Abogac韆, como consta supra, se envi en fecha 11 de agosto para que se dispusiera de 閘 en caso de que no se hubiera tenido conocimiento del mismo.

      12. El escrito considera que la propuesta realiza un relato alarmista que debe rechazarse por cuanto ni Mercapalma ni Mercasa tienen relaciones comerciales con los operadores, que se restringen a los mayoristas 玜lojados en las naves que arrienda Mercapalma, entre s o con otros instalados en otros mercados mayoristas, pertenezcan o no a la red de Mercas. La propuesta no puede sugerir que si la empresa pasa a ser gestionada en solitario por el municipio de Palma los distribuidores perder醤 sus acuerdos comerciales con los alojados en otras Mercas.

      Con respecto de estas cuestiones, no cabe olvidar que las relaciones jur韉ico-privadas que se despliegan entre los operadores no ocurren en abstracto, sino que se perfeccionan teniendo en cuenta el marco regulatorio, de prestaci髇 de servicios, de relaciones interadministrativas y de econom韆s de escala que ofrece la pertenencia a la red de mercas. En el expediente ha quedado acreditada la importancia de dicha red, como soporte material para el despliegue de esas intensas relaciones comerciales privadas. Se trata de una de las varias manifestaciones de la potestad de fomento que las Administraciones tienen encomendadas, con el fin de mejorar las condiciones productivas, incrementar los est醤dares de bienestar de los ciudadanos, asegurar una correcta asignaci髇 de bienes y servicios, modular los efectos del mercado, limitar los fallos de mercado y proveer de condiciones socioecon髆icas que estimulen la actividad y la modernizaci髇 del tejido econ髆ico nacional.

      Estos objetivos, que ya se han recogido en este real decreto como destino fundacional de Mercasa, son intangibles muy apreciados por los operadores econ髆icos y de especial importancia en el sector agroalimentario, cuya cadena de producci髇 presenta importantes tensiones fruto del desequilibrio entre los operadores, su car醕ter perecedero, las amenazas y debilidades vinculadas a la climatolog韆 o el comercio internacional, o la imperfecta asignaci髇 entre oferta y demanda. En este marco, no puede considerarse irrelevante el papel que desempe馻 una red articulada y cohesionada de mercados mayoristas, repartidos por todo el pa韘, que aseguran un tratamiento com鷑, sin perder de vista su importancia para las localidades en que radican, con voluntad de proyectarse sobre las 醨eas de influencia vinculadas a sus concretos mercados y determinantes para asegurar una formaci髇 lo m醩 justa y equilibrada posible de precios y la provisi髇 de bienes y servicios por sus usuarios, siempre dentro de una articulaci髇 general de apoyo estructural y con visi髇 de conjunto, que necesariamente ha de proveerse por un ente que pueda operar con facilidad en todo el pa韘.

      Estas ventajas, de por s relevantes, son de especial importancia en un supuesto como el que nos ocupa, en que, como se ha descrito en este real decreto, se trata de un territorio insular, con gran presencia de movimientos poblacionales oscilantes, con recursos naturales limitados y en competencia con esas otras formas de actividad econ髆ica y que puede autoabastecerse en cantidades muy limitadas, que rondan el 15 %. Tanto en circunstancias especiales como en circunstancias ordinarias, contar con el apoyo sostenido de una red articulada, que ponga en contacto a proveedores locales con los de otras regiones espa駉las, que permita abastecer de modo sostenido productos de calidad suficientes, que a su vez permitan mejorar las condiciones de prestaci髇 del sector servicios, que pueda beneficiarse de las importantes econom韆s de escala que la red ofrece, y que vehicule mecanismos eficientes de correcci髇 de desequilibrios y riesgos en la cadena, se antoja de capital importancia, no s髄o para los productores primarios locales, sino para la totalidad de los operadores de la cadena, de las islas o del resto de Espa馻.

      Adem醩, la actividad estatal a trav閟 de Mercasa en este tipo de actividades deriva no s髄o del art韈ulo 38 que citan las alegaciones, sino de otros muchos, como el 31.2, que manda a los Poderes p鷅licos realizar una asignaci髇 equitativa de los recursos p鷅licos y que su programaci髇 y ejecuci髇 respondan a los criterios de eficiencia y econom韆; la funci髇 social de la propiedad del art韈ulo 33.2; la distribuci髇 de la renta regional y personal m醩 equitativa del art韈ulo 40; o el mandato de modernizar y desarrollar todos los sectores econ髆icos y, en particular, de la agricultura, de la ganader韆, de la pesca y de la artesan韆, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los espa駉les.

      Por lo tanto, aunque Mercapalma no distribuya por s misma mercader韆s al por mayor, no es meramente una arrendadora de naves, sino que ofrece un conjunto de servicios, act鷄 como instrumento de fomento y sirve como apoyo a las pol韙icas p鷅licas en la materia, sin que quepa desconocer esos importantes servicios p鷅licos que explican la importancia de su permanencia, especialmente en el marco de la red de mercas.

      Por ese motivo, no cabe considerar que los anteriores razonamientos y los expuestos en el expediente y el resto de este real decreto equivalgan a 玞uestionar la capacidad de la octava ciudad de Espa馻 para 玜sumir la gesti髇 de esos arrendamientos y el mantenimiento de las zonas comunes del pol韌ono, ya que el inter閟 p鷅lico a tutelar en este caso no es el de actuar de arrendador de una nave, sino los servicios directos e indirectos, tangibles e intangibles, asociados a la pertenencia a un entramado de nodos de distribuci髇, a una entidad dedicada al an醠isis y la articulaci髇 de pol韙icas p鷅licas en materia agroalimentaria, que se perder韆n indefectiblemente en otro caso.

      La propia memoria de oportunidad que acompa馻 al documento de alegaciones reconoce que no se trata meramente de alquilar un local, sino que se trata de una 玜ctividad en constante evoluci髇, para facilitar nuevos servicios de valor a馻dido a la cadena alimentaria, para una pol韙ica activa de inversiones en infraestructuras modernas para la distribuci髇 comercial, promoviendo la digitalizaci髇, la log韘tica y competitividad de los operadores. Hace falta una eficaz adaptaci髇 a las nuevas tendencias de la demanda de producto fresco (compra no presencial, producto org醤ico, km 0, huella de carbono, HORECA, etc.).

      No parece, por tanto, razonable considerar que la prestaci髇 por el Ayuntamiento en solitario, con independencia de los argumentos jur韉icos ya indicados con respecto de una reversi髇 prevista en el marco de una sociedad de econom韆 mixta ya inexistente, pueda ser equivalente a la que ofrece su integraci髇 en la red de mercas.

      Tampoco cabe asumir la propuesta de que el Consejo de Ministros deba actuar en todos los mercas cuyos estatutos mantengan l韒ites temporales. T閚gase en cuenta que en todos esos casos Mercasa ha venido negociando su modificaci髇 vinculada a la finalizaci髇 del car醕ter de sociedad de econom韆 mixta, como ha ocurrido en el caso de Mercapalma, con la diferencia de que el margen temporal para concluir esos cambios es mucho mayor –y en algunos casos ya se ha procedido en tal sentido–. En el presente caso, adem醩, no puede sostenerse que la petici髇 de acordar el art韈ulo 373 LSC fuera el d韆 antes de la disoluci髇 tras cincuenta a駉s, puesto que los esfuerzos negociadores, como se especifica en este real decreto, han durado m醩 de una d閏ada, infructuosamente.

      13. El Ayuntamiento precisa que la solicitud no pide suprimir sino modificar el art韈ulo 3, y que la propuesta no desarrolla la cuesti髇 de la reversi髇 m醩 que en la parte dispositiva.

      Se ampl韆 la exposici髇 de tales consideraciones en el cuerpo de este real decreto para dar respuesta a esta alegaci髇, pero se indica en todo caso que no se estima que concurra conculcaci髇 del art韈ulo 9.3 de la Constituci髇 que, por lo dem醩, se cita meramente en el escrito sin mayor explicaci髇. Asimismo, se se馻la, nuevamente, que la petici髇 de Mercasa es que se modificara ese art韈ulo precisamente para eliminar el l韒ite temporal con lo que no se aprecia incongruencia entre lo solicitado y lo acordado en este real decreto. En cuanto a las consideraciones sobre la reversi髇, cabe remitirse a otros lugares de estas respuestas a las alegaciones. No obstante, se precisa tanto en la motivaci髇 como en la resoluci髇 las condiciones en las que se procede a dicha decisi髇, en la que, sin perjuicio de que se invoque ese derecho de reversi髇 en el momento procesal oportuno, ha de partirse de que la supresi髇 del car醕ter limitado temporalmente de la sociedad aboca necesariamente a su vigencia indefinida y por lo tanto a la no aplicabilidad de tal reversi髇 y, consecuentemente, a la no afecci髇 a los derechos de los accionistas, que mantienen en su totalidad el haz de derechos y deberes previo a este real decreto.

      14. En cuanto a las consideraciones sobre las actuaciones seguidas entre los socios durante el periodo de tramitaci髇 de este expediente, cabe significar que se trata de relaciones privadas situadas extramuros del procedimiento y que en nada le afectan, ya que se constri馿n a discrepar sobre c髆o actuar durante el periodo de liquidaci髇 abierto.

    • C. Sobre el informe de la Abogac韆 del Estado.

      El Ayuntamiento indica que el citado informe, remitido el 11 de agosto, no se solicit por el instructor del procedimiento, sino por Mercasa, y que en el informe de la Direcci髇 General de Pol韙ica Comercial se hace referencia al citado informe de la Abogac韆 del Estado aunque luego se indica que no se ha acompa馻do la solicitud de los anexos, incluido dicho informe, as como se馻la que la cita de un pasaje de dicho informe no es completa. Tambi閚 considera necesario contar con la consulta remitida por Mercasa.

      A este respecto, se modifica dicha cita para hacerla literal, se馻lando que en efecto el citado informe no fue objeto de solicitud durante la instrucci髇, sino que constitu韆 uno de los anexos de la solicitud. En cuanto a la referencia en el citado informe de la Direcci髇 General de Pol韙ica Comercial parece explicarse por el tiempo verbal empleado (玡n las condiciones que haya determinado en su informe), esto es, que sin haber recibido los anexos, da su conformidad sujeta a lo que se haya determinado por la Abogac韆 del Estado. En cuanto a la consulta formulada por Mercasa, no se ha remitido por parte de la entidad solicitante por lo que no se puede aportar al expediente.

      Tambi閚 se discrepa de la conclusi髇 plasmada en la propuesta de resoluci髇 sobre la concurrencia de los requisitos para su aplicaci髇, alegando que el informe se馻la que su empleo, excepcional, 玸e supedita a una motivaci髇 adecuada y suficiente, en los t閞minos indicados en el fundamento jur韉ico VI de este informe, de la concurrencia de razones de conveniencia para la econom韆 nacional o para el inter閟 social.

      Sin embargo, se considera que los requisitos exigidos por el informe se han acreditado de modo adecuado durante el expediente, al exponerse en detalle las consideraciones sobre la concurrencia de esas razones de econom韆 nacional e inter閟 social que se aprecian en el presente supuesto, no obstante lo cual, se ampl韆n en el presente real decreto para incrementar su detallada motivaci髇.

      Por 鷏timo, considera que el contenido de dicho informe no se ha reproducido o considerado en la motivaci髇 de la propuesta, hecho que, sin retroacci髇 de las actuaciones, supone la indefensi髇 al Ayuntamiento, junto con la omisi髇 de los 31 anexos.

      A este respecto, cabe se馻lar que el informe se remiti en fecha 11 de agosto para que obrara en poder de los interesados y pudieran, como de hecho ha ocurrido, alegar sobre su contenido lo que estimaran oportuno, en caso de que no tuvieran conocimiento del mismo, por lo que no cabe sostener que haya indefensi髇 por haber aportado un documento que obra en el expediente y al que se hace posteriormente alguna referencia en este real decreto. Ninguna de las menciones en este real decreto a su contenido altera el contenido de la propuesta, sino que sirve para incrementar la motivaci髇 sobre su contenido. Habiendo tenido pleno conocimiento las partes de dicho documento, no se aprecia, pues, indefensi髇 por el hecho de trascribir peque駉s extractos de un documento que ya obra en su poder. Del mismo modo, como se ha indicado ya, los restantes anexos son documentos que ya obran en poder de ese Ayuntamiento por tratarse de documentaci髇 de la propia entidad o de la sociedad en la que participa mayoritariamente, tales como documentos estatutarios o informes del propio ente local, que por lo tanto ya conoce y que, ello no obstante, para facilitar su acceso, se remitieron en fecha 20 de agosto.

  • V. Mercapalma no ha accedido al contenido de la notificaci髇 remitiendo propuesta de resoluci髇 y dando plazo para evacuar el tr醡ite de audiencia en el plazo otorgado por la ley de diez d韆s naturales desde su puesta a disposici髇, por lo que se entiende que ha rechazado tales tr醡ites y se contin鷄n las actuaciones del procedimiento en virtud del art韈ulo 43.2 LPACAP.

    Tampoco ha accedido a ninguna de las dos remisiones de documentaci髇 complementaria efectuadas, con el informe de la Abogac韆 del Estado y con los restantes anexos y respuestas de Mercasa a la propuesta de resoluci髇.

Sexto. El 26 de agosto se recibe informe de la Abogac韆 General del Estado ref. A.G. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACI覰 2/24 (R-1375/2024), conforme a lo previsto en el art韈ulo 82 LPACAP y en el art韈ulo 2.2 del Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur韉ica al Estado e Instituciones P鷅licas.

El informe reitera en primer lugar las conclusiones del informe de dicho centro directivo de referencia A.G. ENTES P贐LICOS 102/2024, conforme a las que 玪as actuaciones que se efectuaron en el a駉 2012 para suprimir la presencia de capital privado en Mercapalma respondieron a la deliberada finalidad de transformar la configuraci髇 social de dicha compa耥a que, en 2013, en funci髇 de su accionariado (ya completamente p鷅lico) dej de ser, materialmente, una sociedad de econom韆 mixta (que hasta entonces prestaba el servicio en r間imen de gesti髇 indirecta y con sujeci髇 a un plazo de vigencia de 50 a駉s) y se convirti, de facto, en una sociedad mercantil local de capital 韓tegramente p鷅lico, sujeta a la ley vigente en materia de sociedades de capital, sin que los Estatutos se adaptasen adecuadamente a este cambio social.

Asimismo, indica que, encontr醤dose la sociedad disuelta de pleno derecho, cabe interpretar por la ubicaci髇 sistem醫ica del art韈ulo 373 dentro de las disposiciones generales del cap韙ulo II de la LSC, referido a la liquidaci髇, que nos encontramos ante un supuesto de reactivaci髇 de la sociedad, por lo que no hay obst醕ulo para aplicar dicho art韈ulo.

Formula asimismo una observaci髇 de 韓dole formal, que versa sobre la referencia que el informe de la Secretar韆 de Estado de Comercio del Ministerio de Econom韆, Comercio y Empresa hace a la conveniencia de solicitar informe tambi閚 de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa. Considera el informe que la explicaci髇 dada en la propuesta de resoluci髇 a la posibilidad de que dicha Secretar韆 de Estado solicitara informe a la de Econom韆 y Apoyo a la Empresa no es adecuada por corresponder al 髍gano instructor la competencia para valorar qu informes precisa para apreciar la eventual concurrencia de razones de conveniencia para la econom韆 nacional que fundamenta la decisi髇, por lo que se ajusta el contenido de este real decreto en dicho sentido.

En cuanto a la correcta aplicaci髇 del art韈ulo 373, el informe se remite a lo ya se馻lado en el referido informe anterior, en que se indica la necesidad de justificar fundadamente que 玃or una parte, que las MERCAS en general, y Mercapalma en particular, son infraestructuras cr韙icas con un papel esencial en la cadena de distribuci髇 de productos frescos, cuya 醨ea de influencia en muchos casos (v.gr, Mercamadrid o Mercapalma) trasciende del estricto 醡bito municipal, y que la presencia transversal de Mercasa como sociedad estatal accionista de todas las Mercas municipales es garant韆 del suministro alimentario de toda la poblaci髇, con independencia del lugar de residencia y de las dificultades log韘ticas y geogr醘icas (como las derivadas de la insularidad) que puedan dificultarlo … tambi閚 exigir韆, de forma cumulativa, la cumplida constataci髇 de que el Ayuntamiento no propone soluciones adecuadas o que las propuestas pueden no garantizar las finalidades propias de las MERCAS, con especial atenci髇, en el caso de Mercapalma, a la garant韆 del pleno abastecimiento insular, efectos en la producci髇 regional y nacional y en el consumo, as como en la formaci髇 de precios.

En este sentido, se馻la la Abogac韆 General del Estado que el art韈ulo 373 emplea conceptos jur韉icos indeterminados y que, visto el expediente, en este caso se encuadran en el c韗culo de indeterminaci髇, que ha de clarificarse en el momento de su concreci髇 pr醕tica, conforme a los m醨genes de apreciaci髇, lo que 玡xige que la Administraci髇 haga uso de ese margen de apreciaci髇 que tiene reconocido, facultad cuyo ejercicio necesariamente requiere una adecuada y suficiente motivaci髇, dado el car醕ter excepcional de la medida. Por ese motivo, el informe se馻la que 玸i bien puede sostenerse que el Proyecto de Real Decreto justifica adecuadamente la especial relevancia del papel que desempe馻 Mercasa a nivel nacional y,de forma particular, el que desempe馻 Mercapalma en las islas, se echa en falta un mayor detalle en la justificaci髇, no ya de la relevancia de la actuaci髇 desempe馻da por Mercapalma, sino de que por qu se entiende que, producida la salida de Mercasa, se producir韆 una situaci髇 contrataria al inter閟 social o a la econom韆 nacional. Asimismo, se馻la que 玭o constan siquiera cuales son las propuestas o soluciones concretas que ha presentado el Ayuntamiento de Palma, m醩 all de la afirmaci髇 de dicho Ayuntamiento de que 玪a empresa no se disuelve, se disuelve la sociedad que hasta ahora la explotaba y que, a pesar de compartir el razonamiento hecho en la propuesta de resoluci髇 sobre la efectiva desaparici髇 de Mercapalma, 玠eber韆 acompa馻rse de una expresa referencia a las soluciones concretas propuestas por el Ayuntamiento de Palma, a los efectos de dar por cumplida la necesaria motivaci髇.

Consecuencia de esta observaci髇, se ampl韆 el razonamiento ofrecido a este respecto en el cuerpo del real decreto.

Por 鷏timo, en cuanto a las concretas medidas a adoptar, estima el informe que 玴ermitiendo el art韈ulo 373 de la LSC que la intervenci髇 gubernamental sea de naturaleza expropiatoria, de modo que los accionistas de la sociedad disuelta sean privados de esta condici髇, no menos puede amparar una actuaci髇 de mucha menos intensidad y relevancia, como la que se propone, siendo lo verdaderamente decisivo que esa intervenci髇 est motivada por los intereses de la econom韆 nacional.

III. Fundamentos jur韉ico-materiales

Primero. El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, recoge la normativa reguladora de las sociedades de capital, que son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad an髇ima y la sociedad comanditaria por acciones.

En su t韙ulo X se regula la disoluci髇 y liquidaci髇 de dichas sociedades.

La disoluci髇 de pleno derecho de las sociedades de capital (art韈ulos 360 y 361 LSC) incluye entre sus tipolog韆s la disoluci髇 玴or el transcurso del t閞mino de duraci髇 fijado en los estatutos, a no ser que con anterioridad hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la pr髍roga en el Registro Mercantil. Las causas de disoluci髇 de pleno derecho son comunes a todas las sociedades de capital, disolvi閚dose la sociedad 玦pso iure ante su concurrencia, sin necesidad de acuerdo de la junta general, ni de resoluci髇 judicial que acredite la existencia de una causa de disoluci髇.

Por consiguiente, la concurrencia misma de una causa de disoluci髇 de pleno derecho determina la disoluci髇 de la sociedad desde ese momento y, por tanto, el inicio del procedimiento liquidatorio.

Una vez operada la disoluci髇 por cualquiera de las modalidades se馻ladas, es necesario dar cumplimiento al resto de exigencias de la LSC, tales como la inscripci髇 de la disoluci髇 en el Registro Mercantil (art韈ulo 369), llevar a cabo la liquidaci髇 (art韈ulo 371 y siguientes) o elevar a escritura p鷅lica la extinci髇 de la sociedad (art韈ulo 395 y siguientes).

El art韈ulo 370 LSC determina que la junta general podr acordar el retorno de la sociedad disuelta a la vida activa siempre que haya desaparecido la causa de disoluci髇, el patrimonio contable no sea inferior al capital social y no haya comenzado el pago de la cuota de liquidaci髇 a los socios; sin embargo no podr acordarse la reactivaci髇 en los casos de disoluci髇 de pleno derecho.

El cap韙ulo II de dicho t韙ulo regula la liquidaci髇 de las sociedades, en cuyo seno se contiene el art韈ulo 373.1, que dispone que 玞uando el Gobierno, a instancia de accionistas que representen, al menos, la quinta parte del capital social, o del personal de la empresa, juzgase conveniente para la econom韆 nacional o para el inter閟 social la continuaci髇 de la sociedad an髇ima, podr acordarlo as por real decreto, en que se concretar la forma en que 閟ta habr de subsistir y las compensaciones que, al ser expropiados de su derecho, han de recibir los accionistas.

Haciendo, por tanto, una interpretaci髇 sistem醫ica de dicho art韈ulo en atenci髇 a la ubicaci髇 del mismo en la estructura de la ley, cabe colegir que el mismo se ha configurado por el legislador como una alternativa a la liquidaci髇, una vez que ya concurre alguna de las causas de disoluci髇 de la sociedad, sea o no ipso iure, que se contienen en el cap韙ulo anterior de dicho t韙ulo, sobre la que el legislador ha permitido que se act鷈, con el fin de revertirla a su estado anterior de cosas.

Segundo. Uno de los elementos nucleares de las medidas de intervenci髇 que se solicitan est醤 relacionados con la configuraci髇 jur韉ica de la sociedad an髇ima afectada.

Como se ha indicado en los antecedentes, la inicial constituci髇 de Mercapalma en 1968 qued modificada en 1974, al configurarse como sociedad de gesti髇 mixta. Ahora bien, es lo cierto que las modificaciones introducidas en la legislaci髇 de r間imen local y las modificaciones estatutarias efectuadas determinan que esta condici髇 de sociedad de gesti髇 mixta haya desaparecido desde hace m醩 de una d閏ada, actuando en la actualidad como una sociedad de titularidad 韓tegramente p鷅lica.

Por una parte, teniendo en cuenta la supresi髇 de la reserva municipal establecida en materia de 玬ataderos, mercados y lonjas centrales que conten韆 el art韈ulo 86.3 de la LBRL, menci髇 suprimida mediante la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Este cambio normativo elimin la necesidad de que este tipo de actividades tuviera que proveerse por los ayuntamientos sin que cupiera concurrencia privada, y todo ello sin perjuicio de que el art韈ulo 25.2.i) de dicha ley siga configurando dicha materia competencia propia de los municipios, que 閟tos pueden seguir prestando, aunque no se trate ya de un servicio p鷅lico obligatorio.

Por otra parte, considerando el cambio en la regulaci髇 de la prestaci髇 de los servicios municipales.

En efecto, Mercapalma se constituye en 1968 como empresa mixta, sujeta, entre otras, al RSCL de 1955, en que se dispone que se hab韆n de constituir 玴or un plazo que no exceda de los cincuenta a駉s. En ese mismo reglamento se prev que 玡n la constituci髇 o Estatutos de la Empresa habr de preverse la forma de amortizaci髇 del capital privado durante el plazo de gesti髇 del servicio por la misma, y expirado el plazo que se fije revertir醤 a la Entidad local, sin indemnizaci髇, el activo y pasivo y, en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material del servicio.

Sin embargo, el propio escrito de iniciaci髇 indica que, consecuencia del acuerdo plenario del Ayuntamiento de 6 de junio de 2012 por el que se iniciaban los tr醡ites de cambio de empresa mixta a empresa p鷅lica y del de 25 de octubre de 2012, en que se aprueba la memoria social, jur韉ica y econ髆ica para el cambio de sistema de gesti髇 de Mercapalma de empresa mixta a empresa p鷅lica y el inicio de expediente de expropiaci髇 de acciones particulares, 玸e celebr Junta General Universal de accionistas de la entidad con fecha 29 de julio de 2013 para la modificaci髇 de los estatutos sociales, elevado a p鷅lico el 6 de noviembre de 2013 en que se recogen ciertos cambios estatutarios para 玴lasmar en dichos Estatutos la realidad actual, de tratarse de una sociedad cuyo capital es de titularidad 韓tegramente p鷅lica.

Por consiguiente, desde hace m醩 de una d閏ada Mercapalma no es ya empresa mixta.

N髏ese, asimismo, que con posterioridad a su constituci髇 se aprobar韆 la LBRL de 1985, conforme se dispone un modelo de prestaci髇 municipal por medio de empresas bien diferente al de las empresas mixtas del viejo reglamento de 1955, que no se ha derogado formalmente, para los servicios municipales, como el referido del art韈ulo 25 para mercados y lonjas centrales.

Si en la redacci髇 inicial de la ley permit韆 en su art韈ulo 85.4.e) la constituci髇 de una 玸ociedad mercantil … cuyo capital social s髄o parcialmente pertenezca a la entidad local para su gesti髇 indirecta o 玸ociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca 韓tegramente a la entidad local para la gesti髇 directa, tras la reforma de 2003 se reubic como prestaci髇 exclusivamente directa mediante la constituci髇 de 玸ociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca 韓tegramente a la entidad local o a un ente p鷅lico de la misma –art韈ulo 85.2.A) d)–. Tras la de 2007 se redenomin como 玸ociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad p鷅lica, eliminando con ello el requisito de que la totalidad del capital social fuera p鷅lico y municipal, bastando la primera condici髇, para adoptar su actual redacci髇 en 2013, muy similar a la de 2003, en que se indica que podr韆 ser una 玸ociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad p鷅lica.

Esto es, desde 2003 se suprime la posibilidad de contar con gesti髇 indirecta basada en sociedades con capital parcialmente p鷅lico local y parcialmente privado, para pasar a distintas formulaciones de gesti髇 directa en exclusiva bajo forma societaria, pero de capital 韓tegramente p鷅lico, modelo al que en la actualidad se acoge Mercapalma. En la actual normativa, la exigencia es que sea una sociedad de capital enteramente p鷅lico, como precisamente acontece en la actualidad.

La desaparici髇 de esta categor韆 legal afecta de modo directo a Mercapalma pues, al modificarse su estatuto jur韉ico para adecuarse a la nueva realidad normativa, perdi el car醕ter mixto pero conserv, a pesar de los intentos formulados durante una d閏ada por los administradores de la sociedad, limitaciones estatutarias que eran propias de esa forma jur韉ica ya abandonada y que, ello no obstante, no se actualizaron, manteniendo la vigencia temporal definida.

Por lo tanto, el marco jur韉ico de gesti髇 directa, contenido en el RSCL, de aplicaci髇 a la nueva configuraci髇 de Mercapalma como empresa de gesti髇 directa municipal, ya no puede ser el contenido en el cap韙ulo cuarto dedicado a 獹esti髇 por empresa mixta (art韈ulos 102 a112) sino el previsto en la LBRL, que para los servicios municipales ser韆 el art韈ulo 85.1.A) d) LBRL (toda vez que la regulaci髇 del sistema de gesti髇 directa del RSCCLL, en concreto, el art韈ulo 89, ha quedado obsoleto en la medida en que no se acomoda a la posterior y superior en rango LBRL, puesto que sigue considerando como empresa de gesti髇 directa municipal aquella cuya titularidad es 韓tegramente local, en tanto que el art韈ulo 85 LBRL, exige 鷑icamente que el capital sea de titularidad p鷅lica, –requisito sine qua non para obtener la condici髇 de medio propio del que goza Mercapalma– pero no necesariamente local, ya que puede participar capital p鷅lico procedente de otras administraciones, como en el caso de Mercapalma y de la mayor韆 de los mercas) y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de desarrollo de actividades econ髆icas conforme al art韈ulo 86, en que ya no consta la reserva a favor de las entidades locales con respecto de los mercados y lonjas.

En este mismo sentido, el informe de la Abogac韆 General del Estado Entes P鷅licos 62/2009 –bajo la vigencia de la redacci髇 de la LBRL anterior a 2013– determin:

玃rimera. De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 85.2.A).d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local, en la redacci髇 dada al mismo por la disposici髇 final primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P鷅lico, se est en presencia de una modalidad de gesti髇 directa de un servicio p鷅lico de competencia local en aquellos supuestos en que dicho servicio se preste por una sociedad mercantil en cuyo capital participen exclusivamente la Corporaci髇 Local titular del servicio y otra Administraci髇 P鷅lica.

Segunda. Como consecuencia de lo indicado en la conclusi髇 anterior, ha de apreciarse la modalidad de gesti髇 directa del servicio p鷅lico de mercados y lonjas centrales en todos aquellos casos en que este servicio se preste por una sociedad mercantil en la que, tras la supresi髇 de la participaci髇 privada en el capital social, queden como 鷑icos socios o accionistas la Corporaci髇 Local respectiva y Mercasa.

Y el informe de la Abogac韆 General del Estado Entes P鷅licos 102/2024 se馻lar韆, como correlato de lo anterior, que 玡n funci髇 de su composici髇 accionarial, Mercapalma qued convertida en 2013 (a ra韟 de la completa desaparici髇 de accionistas privados) en una sociedad an髇ima de capital 韓tegramente p鷅lico, lo que, con arreglo a Derecho –e independientemente de lo que establezcan sus Estatutos, que necesariamente se subordinan a la ley–, determinar韆 su sujeci髇 –adem醩 de a la normativa local sobre empresas p鷅licas que resulte de aplicaci髇–, a la normativa mercantil vigente, constituida por el TRLSC y sus normas complementarias … Conforme al art韈ulo 25 del TRLSC, 玈alvo disposici髇 contraria de los estatutos, la sociedad tendr duraci髇 indefinida. Siendo esto as, y aun cuando los estatutos sociales pueden establecer excepciones a la vigencia indefinida que, con car醕ter general, legalmente se atribuye a las sociedades de capital, lo que no resulta ajustado a Derecho es que el art韈ulo 3 de los Estatutos sociales de Mercapalma siga vinculando su periodo de duraci髇 a una circunstancia –玡l transcurso de cincuenta a駉s desde la fecha de la escritura por la que se adaptaron los Estatutos Sociales a las normas del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales sobre Empresas Mixtas– expresamente vinculada a una situaci髇 –la configuraci髇 legal de la sociedad como empresa de econom韆 mixta– que dej de existir, por voluntad de los actuales accionistas, con el proceso que culmin con la salida de los socios privados del capital social de Mercapalma en 2013, previa expropiaci髇 de sus acciones. Dicho de otro modo, no resulta coherente ni ajustado a Derecho convertir Mercapalma, de facto, en una sociedad local de capital 韓tegramente p鷅lico y mantener en los Estatutos un plazo de duraci髇 social que normativamente se vincula a las sociedades de econom韆 mixta. Y menos admisible resulta aplicar, por v韆 estatutaria, a una sociedad mercantil local de capital 韓tegramente p鷅lico una previsi髇 normativa espec韋icamente concebida para las sociedades de econom韆 mixta.

En definitiva, desde hace algo m醩 de una d閏ada, Mercapalma no es ya una sociedad mixta, por lo que la limitaci髇 del plazo de vigencia contenida en los estatutos ha dejado de ser un elemento nuclear de su propia naturaleza, habiendo deca韉o esa necesidad constitutiva, y el servicio que ya no es competencia exclusiva municipal, una vez modificada la regulaci髇 del r間imen local.

Por lo tanto, la medida de intervenci髇 consistente en la decisi髇 de la continuaci髇 de la Sociedad An髇ima Mercapalma es plenamente compatible con su configuraci髇 actual como una sociedad de titularidad 韓tegramente p鷅lica, como expresamente se recoge en los estatutos actualmente vigentes.

Tercero. Como cuesti髇 preliminar, debe se馻larse que esta medida entronca directamente con el art韈ulo 128 de la Constituci髇, en el que se asienta el art韈ulo 373 LSC, teniendo como l韒ite el respeto al derecho a la libertad de empresa previsto en el art韈ulo 38 del texto constitucional.

A este respecto, cabe afirmar que una intervenci髇 como la prevista en nada perjudica a la libertad de empresa como derecho constitucional puesto que no es un derecho incondicionado sino, como los restantes, sujeto a los necesarios l韒ites y ponderaciones que la concurrencia de otros bienes jur韉icos dignos de protecci髇 conlleva.

As, la Sentencia del Tribunal Constitucional 135/2012, de 19 de junio, por remisi髇 a la STC 227/1993, de 9 de julio, ha se馻lado que la libertad de empresa 玸e ejerce dentro de un marco general configurado por las reglas, tanto estatales como auton髆icas, que ordenan la econom韆 de mercado. Esto es, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado (por todas, STC 18/2011, de 3 de marzo), sino que viene a establecer los l韒ites dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que incidan sobre el sistema econ髆ico.

En su dimensi髇 subjetiva, implica el derecho a iniciar y sostener una actividad empresarial (STC 83/1984, de 24 de junio), por lo que hay una garant韆 del inicio y el mantenimiento de la actividad empresarial 玡n libertad, que conlleva 玡l reconocimiento a los particulares de una libertad de decisi髇 no s髄o para crear empresas y, por tanto, para actuar en el mercado, sino tambi閚 para establecer los propios objetivos de la empresa y dirigir y planificar su actividad en atenci髇 a sus recursos y a las condiciones del propio mercado como 玪ibertad de actuaci髇, de elecci髇 por la empresa de su propio mercado (STC 96/2013, de 23 de abril, con cita de las SSTC 225/1993, de 8 de julio y 96/2002, de 25 de abril), pero siempre en el marco de las regulaciones generales que de la econom韆 se haga por los Poderes p鷅licos, lo que en este supuesto se plasma en la regulaci髇 existente, con rango legal, que permite la intervenci髇 cuando concurran los antedichos supuestos, ya que se trata de una determinaci髇 normativa expresamente dise馻da para permitir a los poderes p鷅licos la salvaguarda del inter閟 general en casos en que la iniciativa privada pueda llevar aparejada la finalizaci髇 de la vigencia de empresas que presenten especiales rasgos de inter閟 para la colectividad.

Estando este mecanismo, pues, previsto en una norma con rango de ley, se considera que es un veh韈ulo adecuado al marco de la econom韆 social de mercado y el Estado Social que propugna nuestra Constituci髇, con pleno respeto a la libertad de empresa.

Una medida como la solicitada, por lo dem醩, entronca con lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant韆 de la unidad de mercado, que se馻la que 玪a unidad de mercado constituye un principio econ髆ico esencial para el funcionamiento competitivo de la econom韆 espa駉la. El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el art韈ulo 139 de la Constituci髇 que expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulaci髇 y establecimiento de las personas y la libre circulaci髇 de bienes en todo el territorio espa駉l … Esta fragmentaci髇 del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las econom韆s de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversi髇 y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento econ髆ico y el empleo, con el importante coste econ髆ico que supone en t閞minos de prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos. En efecto, una red coherente y articulada de nodos interconectados permite una mejora econ髆ica y un funcionamiento 髉timo de la cadena alimentaria, frente a un sistema fragmentado.

Cuarto. Sentada la constitucionalidad de la medida, cabe ponderar la concurrencia en el caso concreto del requisito material exigido por dicho art韈ulo, esto es, que convenga a la econom韆 nacional o el inter閟 social la continuidad de la empresa.

Tanto en el procedimiento como en su resoluci髇 final se ha ponderado si concurren los requisitos previstos en el art韈ulo 373 LSC, esto es, si existen o no razones por las que juzgar conveniente para la econom韆 nacional o para el inter閟 social la continuaci髇 de la sociedad an髇ima, de modo que se active el mecanismo alternativo a la liquidaci髇, determinando al propio tiempo su concreto alcance, as como los aspectos formales correspondientes.

La discrecionalidad que dicho art韈ulo confiere al Gobierno para decidir sobre la continuidad de la empresa, y, en su caso, de las condiciones en que 閟ta ha de seguir, ha de ser ponderada y motivada adecuadamente teniendo en cuenta todos los intereses en juego, por cuanto se trata de una medida de intervenci髇 de mercado, de car醕ter excepcional.

En este punto, cabe remitirse a los antecedentes de hecho y documentaci髇 obrante en el expediente, de los cuales se desprende sin dificultad la importancia estrat間ica que la red de mercas tiene para la correcta articulaci髇 de la cadena alimentaria y su correlativo mantenimiento de un suministro estable y seguro de alimentos a la poblaci髇, as como la relevancia econ髆ica y social, tanto para el sector agroalimentario como para el conjunto de la sociedad, de Mercapalma.

En primer lugar, Mercasa tiene entre sus objetivos fundacionales ya desde 1966 玞ontribuir con su actuaci髇 al mejoramiento del ciclo de comercializaci髇 de los art韈ulos alimenticios, siendo su objeto social tambi閚 llevar a t閞mino 玴rogramas encaminados a lograr el mejoramiento del abastecimiento p鷅lico, en orden a precios y calidades y de su red de distribuci髇, as como la exclusi髇 de pr醕ticas restrictivas de la competencia en el comercio al por mayor de productos alimenticios.

Asimismo, coordina la red de mercas, compuesta por 24 unidades distribuidas por toda la geograf韆 nacional, que se compone de casi 8 millones de metros cuadrados y 3.200 empresas 玵ue canalizan anualmente 8,9 millones de toneladas de frutas, verduras, pescados, mariscos, carnes y otros productos. Esta actividad econ髆ica, genera un valor de 22.800 millones de euros anuales, que representan aproximadamente un 1,56 % del PIB nacional y generan 30.000 empleos directos.

Esta red de mercas provee de alimentos frescos, saludables y de calidad a m醩 de 30 millones de personas, lo que supone m醩 de dos tercios de la poblaci髇 nacional y genera importantes sinergias as como criterios de gesti髇 armonizados.

En segundo lugar, Mercapalma goza de una relevancia muy destacada en su sector, siendo el mayor centro log韘tico de distribuci髇 mayorista y de comercializaci髇 de producto fresco de las Islas Baleares. En las instalaciones se concentra la mayor oferta de empresas, actividades y productos relacionados con el sector de la alimentaci髇 de las islas.

Constituye una central de compras para el sector minorista (tienda tradicional y/o especializada, supermercados, grandes superficies, mercados municipales y sobre todo del sector HORECA), abierta a la sociedad y referente en el suministro de productos alimentarios locales frescos de primera calidad.

Mercapalma ocupa el octavo puesto en cuanto a volumen de producto fresco comercializado en una comunidad aut髇oma que ocupa el 鷏timo puesto en cuanto a superficie y el puesto duod閏imo, de diecisiete, en cuanto a poblaci髇 (entendida como consumidores). As, Mercapalma no se dedica a la mera distribuci髇 alimentaria, sino que ha quedado constatado que provee de infraestructuras alimentarias esenciales para asegurar el correcto suministro. Acoge a 90 empresas y genera m醩 de 1900 empleos directos e indirectos.

De acuerdo con los datos contenidos en la memoria anual, la cuota de mercado en comercializaci髇 de frutas y hortalizas es del 66 % en su 醨ea de influencia primaria (la isla de Mallorca) y del 46 % en su 醨ea secundaria (el archipi閘ago balear). En el caso de los pescados y productos del mar, la cuota de mercado para la Mallorca alcanza el 20 %, y para las islas baleares el 14 %. N髏ese en este caso que la unidad alimentaria no cuenta con mercado de pescados propiamente dicho, sino con operadores que operan de forma aislada. En el caso de la carne, existiendo varios mataderos en la isla, para una peque馻 caba馻 ganadera, la cuota de mercado es del 28 % en Mallorca y del 19 % en la comunidad aut髇oma.

Sin perjuicio de la p閞dida de reserva municipal establecida en la LBRL en materia de 玬ataderos, mercados y lonjas centrales que conten韆 el art韈ulo 86.3, suprimida mediante la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local, sigue configur醤dose dicha materia como competencia propia de los municipios, que 閟tos pueden seguir prestando, aunque no se trate ya de un servicio p鷅lico obligatorio.

En el presente caso, dicha actividad ha quedado firmemente consolidada a trav閟 de Mercapalma, como destacado centro de distribuci髇 alimentaria de productos perecederos y no perecederos en la octava ciudad m醩 poblada de Espa馻, cuya situaci髇 de insularidad hace m醩 relevante su existencia, y que se configura como el mayor centro log韘tico de distribuci髇 mayorista y de comercializaci髇 de producto fresco de las Islas Baleares. En las instalaciones se concentra la mayor oferta de empresas, actividades y productos relacionados con el sector de la alimentaci髇 de las islas. Estas circunstancias motivaron, como se indica en la propia informaci髇 web de Mercapalma, que fuera considerado desde febrero de 2018 como 玂perador Cr韙ico del sector de la alimentaci髇 gestor de una Infraestructura Cr韙ica y que presenta un servicio esencial como es el abastecimiento de alimentos frescos a la ciudadan韆.

En definitiva, la red de mercas en general, y Mercapalma en particular, son infraestructuras cr韙icas con un papel esencial en la cadena de distribuci髇 de productos frescos, cuya 醨ea de influencia en muchos casos (v.gr, Mercamadrid o Mercapalma) trasciende el estricto 醡bito municipal. Esta especial vinculaci髇 con el sistema red que ofrece la presencia de Mercasa como sociedad estatal accionista de todos los mercas supone un incentivo de incalculable valor para proveer servicios generales de pol韙ica agroalimentaria, de mejora de las condiciones en que se desarrolla la cadena alimentaria y de garant韆 del suministro alimentario de toda la poblaci髇, con independencia del lugar de residencia y de las dificultades log韘ticas y geogr醘icas (como las derivadas de la insularidad) que puedan dificultarlo.

La relevancia de la actividad de los mercas ha quedado demostrada tanto en momentos ordinarios, dada su participaci髇 esencial en el aseguramiento del suministro alimentario de calidad y amplitud, configurador de un mecanismo efectivo de confluencia de oferta y demanda y adecuada formaci髇 de precios, como en los excepcionales, como ha quedado demostrado en los diversos episodios meteorol骻icos en que se ha interrumpido el flujo de mercader韆s entre las islas y la pen韓sula, durante la epidemia de COVID-19 o en las tensiones inflacionarias derivadas de la invasi髇 rusa de Ucrania, en que se garantiz en todo momento el suministro puntual de productos frescos para toda la poblaci髇. La integraci髇 de Mercapalma en la red de mercas es, por consiguiente, un elemento nuclear del inter閟 social llamado a protegerse por el Poder p鷅lico, de modo que se garantice que todos los ciudadanos del archipi閘ago puedan acceder a una cantidad y calidad de productos suficiente y adecuada que garantice el ejercicio de sus derechos y el acceso a la alimentaci髇, que en condiciones diferentes podr韆 verse seriamente perjudicado.

Por lo tanto, se trata de una entidad de gran importancia para el sector y que provee de numerosos bienes p鷅licos al conjunto de los ciudadanos.

Estas consideraciones han quedado debidamente reflejadas en el expediente.

En efecto, la propia solicitud de Mercasa da cuenta de los numerosos motivos que concurren en el caso, que pueden resumir en la necesidad de que Mercasa siga siendo nexo impulsor y vertebrador de la Red de Mercas, con un posicionamiento estrat間ico en la cadena de distribuci髇 de productos frescos, ya que deviene una herramienta clave para el inter閟 general en pol韙ica alimentaria, de modo que se asegure el abastecimiento de productos frescos a toda la poblaci髇.

La Secretar韆 General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 se ha mostrado favorable a la intervenci髇 prevista en el art韈ulo 373, dado el papel esencial en la distribuci髇 alimentaria de los Mercas, especialmente al poner a disposici髇 una amplia gama de productos frescos o perecederos a los agentes, y acercar los productos alimentarios al consumidor, como son el comercio tradicional o especializado (especialmente) y las empresas de hosteler韆 y restauraci髇 independientes. Por ese motivo, es crucial que el Estado tenga la capacidad suficiente para actuar ante un eventual riesgo de desabastecimiento.

La Secretar韆 de Estado de Comercio del Ministerio de Econom韆, Comercio y Empresa tambi閚 ha mostrado su parecer favorable, considerando que se trata de una petici髇 razonable ya que la extinci髇 de Mercapalma podr韆 afectar la distribuci髇 comercial en la zona de influencia de este merca, tanto en lo referido al normal funcionamiento del comercio minorista como del canal HORECA, poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario de la poblaci髇.

Asimismo, contribuye a la provisi髇 de bienes p鷅licos, como la formaci髇 correcta de precios, el aseguramiento de una oferta variada, la mejora de la concurrencia… todo ello especialmente en el caso de Mercapalma, pues es la empresa l韉er en la gesti髇 del parque empresarial alimentario m醩 importante de las Islas Baleares, con un 醨ea de influencia que abarca todo el archipi閘ago.

No constan en el expediente manifestaci髇 o documento que contradiga estos postulados, sin perjuicio de las consideraciones formuladas por el Ayuntamiento de Palma en su tr醡ite de audiencia, que han sido objeto de tratamiento en el apartado correspondiente de este real decreto.

Por consiguiente, el inter閟 social y su afecci髇 sobre la econom韆 nacional ha de ponderarse, pues, respecto de la actividad que ejerce Mercapalma, ampliamente descrita en el expediente, como se refleja en su importante presencia en la red de mercas, a pesar de tratarse de una unidad relacionada con un volumen poblacional menor que otros mercas, lo que, a su vez, tiene una importancia capital en el canal HORECA, el sustento del turismo -a la postre, uno de los motores econ髆icos de la zona-, o en el importante volumen de empleos directos e indirectos vinculados a su funcionamiento.

Su desaparici髇 provocar韆 una grave distorsi髇 del comercio, que afectar韆 de manera decisiva a la competencia, ya que los operadores dejar韆n de contar con un sistema de concentraci髇 de oferta tan necesario para las islas, ya que conforma un nodo de puesta en contacto de oferta y demanda que se extiende a todo el archipi閘ago balear, en que concurren, adem醩, especiales caracter韘ticas en su cadena alimentaria, fruto de la insularidad y la prevalencia del turismo en su actividad econ髆ica.

As, como la propia entidad reconoce, la autosuficiencia de las islas respecto a los productos alimenticios es s髄o del 15 % del total consumido por residentes y visitantes.

El An醠isis de las Cadenas Alimentarias y Diagnosis del Sector de Producci髇 Local, Ecol骻ica, Agroindustrial y Artesanal de las Islas Baleares, publicado por la Consejer韆 de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 balear en 2021 concluy que 玡l desajuste entre importaciones y exportaciones se cifra en 2.219.549 toneladas al a駉, un flujo que est claramente condicionado a la evoluci髇 de la actividad tur韘tica.

As, 玪as islas tan s髄o tienen un porcentaje de capacidad de autoabastecimiento alimentario que se sit鷄 alrededor del 11,6 %. Sin incorporar el peso tur韘tico, esta cifra subir韆 al 16,13 %. S髄o en Mallorca hay autosuficiencia en dos productos agroalimentarios: frutos secos y patatas. En Menorca, tan s髄o hay autosuficiencia en la leche. En las Piti黶es tan s髄o hay autosuficiencia en bebidas espirituosas.

玀ientras que la curva de exportaciones se mantiene con una cierta estabilidad e independencia de la actividad econ髆ica de la isla … el flujo de importaciones est claramente condicionado por la evoluci髇 de la actividad tur韘tica, encontr醤dose una tendencia clara y sostenida al crecimiento, que ha supuesto un aumento del 5,1 % entre 2017 y 2019.

En cuanto al producto agroalimentario local, presenta 玼na mayor distribuci髇 por comercializaci髇 directa a domicilio; mayor peso del peque駉 comercio … y muy menor peso de las grandes superficies comerciales como lugar donde adquirir el producto agroalimentario local.

En el caso concreto de Mallorca, 玹iene la necesidad de depender de manera absoluta de las importaciones exteriores con tendencia al empeoramiento. 獿a estacionalidad del sector tur韘tico se combina con los periodos de mayor producci髇 agroalimentaria, hecho que favorece la evoluci髇 del 韓dice durante el periodo estival, siendo 鷑icamente autosuficiente en patatas y frutos secos. 玀醩 de la mitad de los productos se encuentran en autosuficiencia nula, con categor韆s como la leche, la fruta, los productos c醨nicos o los pesqueros. Las claves de la ca韉a est醤 en la combinaci髇 de los dos factores determinantes: incremento del consumo del residente locla y disminuci髇 de la producci髇 agroalimentaria de Mallorca. Por lo tanto, concluye que la capacidad de autoabastecimiento de Mallorca es del 15 %, ascendiendo al 21 % si se descontara el peso del turismo.

En el caso de Menorca, el desajuste es 玹ransversal y espectacular en la pr醕tica totalidad de los productos agroalimentarios, salvo en leche por el tipo de producci髇 local. Por lo tanto, concluye que la capacidad de autoabastecimiento de Menorca es del 16 %, ascendiendo al 22 % si se descontara el peso del turismo.

En el caso de Ibiza y Formentera, el desajuste es tambi閚 玹ransversal y espectacular en la pr醕tica totalidad de los productos agroalimentarios, salvo en patatas y frutos secos por el tipo de producci髇 local. Por lo tanto, concluye que la capacidad de autoabastecimiento de Ibiza y Formentera es del 4 %, ascendiendo al 6 % si se descontara el peso del turismo.

Se valora, en consecuencia, la necesidad de asegurar la existencia de un centro de distribuci髇 mayorista de la isla en particular y del archipi閘ago balear en general dada la marcad韘ima dependencia de las islas de las entradas de productos agroalimentarios suficientes y de modo constante, que puedan distribuirse de modo adecuado y ordenado y garanticen la atenci髇 a las necesidades de la poblaci髇 residente y de los visitantes.

Correlativamente, las producciones locales de las islas participan de la red de mercas como objeto de intercambio comercial, especialmente en las producciones locales especializadas o dotadas de figuras de calidad que permitan su m醩 adecuado posicionamiento en el resto del mercado nacional.

Dicha continuidad en la actividad de prestaci髇 de servicios de distribuci髇 mayorista podr韆 asegurarse, bien mediante la creaci髇 de una nueva entidad empresarial que asumiera las funciones de la sociedad disuelta, bien asegurando la continuidad de Mercapalma bajo un principio de m韓ima intervenci髇.

Sin embargo, la creaci髇 de una nueva entidad, cualquiera que sea su forma jur韉ica y su titularidad, conllevar韆 un largo proceso, pues 鷑icamente proceder韆 una vez extinguida la personalidad jur韉ica de la sociedad disuelta, finalizado el procedimiento de liquidaci髇.

Adem醩, el Ayuntamiento no ha dado explicaciones sobre el modo en que pretende llevar a t閞mino dichas funciones, aportando informaci髇 detallada sobre la alternativa viable que propone. En el tr醡ite de audiencia, el Ayuntamiento ha aportado una 玬emoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de continuar ejerciendo la iniciativa p鷅lica municipal para el desarrollo de la actividad econ髆ica de mercado mayorista en el pol韌ono alimentario ubicado en la calle Cardenal Rossell, 182 de Palma, que operar a trav閟 de una sociedad mercantil local a la que se aportar醤 los activos y pasivos de 玀ercapalma que revertir醤 en el Ayuntamiento, de acuerdo con las previsiones de sus estatutos, dada su disoluci髇 de pleno derecho en fecha 7 de junio de 2024, en la que se indica que estas funciones se desarrollar醤 por el Ayuntamiento pero no concreta c髆o operar en concreto. La memoria insiste en que la actividad de Mercapalma se limita a la gesti髇 patrimonial de una nave para arrendar zonas de la misma, pero no da cuenta de c髆o se podr醤 ofrecer el resto de servicios que en la actualidad facilita, desde los elementos de pol韙icas p鷅licas agroalimentarias y de correcta conformaci髇 de oferta y demanda en la cadena alimentaria hasta su vinculaci髇 con la red de mercas y la articulaci髇 de un modelo de sinergias, apoyo y visi髇 de conjunto a que se ha hecho referencia en este real decreto. A pesar de que la memoria se refiere en varios lugares a que ser韆 una mera 玞ontinuidad en el ejercicio de la iniciativa p鷅lica municipal para el desarrollo de la actividad econ髆ica de mercado mayorista agroalimentario, lo cierto es que no se determina c髆o se habr韆 de ejercer tal actividad.

Asimismo, desde un punto de vista org醤ico, en la audiencia el Ayuntamiento ha se馻lado que se constituir韆 una sociedad mercantil local, que se nutrir韆 de los activos y pasivos de Mercapalma, pero no consta en el expediente que tal constituci髇 se haya producido, por lo que no parece viable entender que una sociedad pendiente de conformarse pueda ocuparse de prestar un servicio que adem醩 no se limita al arrendamiento de una zona comercial. La citada memoria sostiene adem醩 que la futura sociedad se nutrir韆 de 玪a experiencia, la profesionalidad y el knowhow del personal de Mercapalma, lo que parece sugerir que esa nueva sociedad absorber韆 a todo el personal actualmente vinculado contractualmente con Mercapalma, cuesti髇 que en todo caso quedar韆 sujeta a la normativa laboral en la materia.

A este respecto, procede se馻lar que durante la tramitaci髇 del expediente se reuni el Pleno Ordinario de 25 de julio de 2024, sesi髇 16/2024, que –como consta en el extracto del acta que se publica al efecto, p醙ina 170 y siguientes–, inclu韆 entre sus puntos del orden del d韆 una modificaci髇 presupuestaria para dotar de fondos a la constituci髇 de una nueva sociedad mercantil municipal llamada a gestionar el mercado central de Palma que no prosper.

Como indica el acta, previos los tr醡ites presupuestarios oportunos, se propon韆 elevar al Pleno, a propuesta de la Concejal de Hacienda y previa aprobaci髇 por la Junta de Gobierno Local, una modificaci髇 de cr閐ito cuyo detalle es el siguiente: 1. Aprovar la modificaci de cr鑔it n鷐ero 2024CE06, tipus cr鑔it extraordinari en el pressupost propi de la Corporaci per a l’any 2024 i finan鏰da amb c鄏rec al RTDG, quedant establertes les aplicacions pressupost鄏ies de la seg黣nt forma:

  • A) Augment del pressupost de despeses:
    Org.Pro.Eco.DescripciCr鑔it AnteriorAugmentCr鑔it Definitiu
    074312185091NOU MERCAT CENTRAL PALMA.0,003.000,003.000,00

    Total modificaci pressupost despeses 3.000,00.

Esta propuesta se acompa馻ba de otras disposiciones complementarias, como su imputaci髇 al remanente de tesorer韆 para gastos generales, la exposici髇 p鷅lica de la aprobaci髇 de la medida y la autorizaci髇 para implantar las medidas procedimentales, administrativas y contables pertinentes para su ejecuci髇.

Sin embargo, la propuesta no se aprob 玴er 11 vots a favor (PP) i 17 vots en contra (PSIB-PSOE, VOX PALMA, M蒘 per Palma) i 1 abstenci (Grup Mixt), de modo que a fecha de aprobaci髇 de este real decreto no hay siquiera cr閐ito suficiente y adecuado en el presupuesto de la entidad local para poder iniciar los tr醡ites administrativos para llegar a constituir la pretendida sociedad mercantil que afirma podr desempe馻r las tareas de Mercapalma.

Por consiguiente, no queda asegurado el normal desenvolvimiento del comercio en el archipi閘ago de bienes alimentarios, en particular de productos perecederos para los que no existen canales alternativos adecuados de distribuci髇 mayorista en las condiciones y con las garant韆s con las que se ha venido prestando dicho servicio.

Por lo tanto, la posibilidad de acabar por sustituir Mercapalma por otra figura generar韆 unas disrupciones temporales en la prestaci髇 del servicio incompatibles con la recta provisi髇 del servicio p鷅lico que tiene encomendado, tanto para la cadena agroalimentaria, que ver韆 impedido el flujo normal necesario para su desenvolvimiento, como para los sectores econ髆icos afectados, ligados al turismo, y a los propios consumidores. Asimismo, incorporar韆 importantes disfunciones en el sistema de gesti髇 de las empresas que operan en su seno y en la propia estructura f韘ica que lo sustenta, la 鷑ica en el archipi閘ago capaz de proveer de tales funciones sist閙icas.

Pero incluso en el supuesto de que finalmente se pudiera constituir la meritada sociedad municipal, que ciertamente no ser韆 de inmediato, e incluso haciendo omisi髇, a efectos argumentativos, de los importantes desajustes que se producir韆n durante estos meses desde la desaparici髇 efectiva de Mercapalma y la constituci髇 de una futura sociedad mercantil –de la cual se desconoce qu composici髇 accionarial se pretende y su viabilidad jur韉ica y econ髆ica–, la salida de Mercasa de la prestaci髇 de este servicio esencial producir韆 indefectiblemente una situaci髇 contratar韆 al inter閟 social y a la econom韆 nacional porque con ella se perder韆n todos los elementos intangibles que provee su pertenencia a la red de mercas, as como los servicios, econ髆icos, jur韉icos, profesionales, relacionales, de imagen y de estrategia que Mercasa provee a la entidad. No cabe una sustituci髇 de dichas prestaciones por una sociedad meramente municipal, puesto que su objeto, alcance y visi髇 son diferentes. No se niega la posibilidad de que los municipios tengan un mercado municipal, como de hecho es frecuente, pero el papel que desempe馻 Mercapalma, como el resto de mercas, es esencial para la configuraci髇 de la cadena alimentaria en clave nacional, incluso aunque su 醨ea de influencia directa en t閞minos de compraventas concretas pueda ser m醩 limitado, ciertamente no s髄o municipal, porque act鷄 como nodo interrelacionado imprescindible para el ajuste y desarrollo efectivos de un subsector econ髆ico con particularidades muy acusadas y que construye con el resto de mercas y sobre todo con la red como conjunto org醤ico, un todo diferenciado y n韙idamente equilibrado en su interconexi髇 material y funcional. Esto es, en contra de lo alegado de parte, Mercapalma no es s髄o una sociedad que alquile fragmentos de nave sino que es un catalizador de mercado, un provisor de bienes p鷅licos y un elemento estrat間ico para todos los eslabones agroalimentarios del pa韘 y muy singularmente para los baleares.

En definitiva, el Ayuntamiento no cuenta con una estructura organizativa capaz de asumir estas funciones pues rechaza por problemas de gesti髇 que su desempe駉 se desarrolle en el marco de la propia entidad local, con sujeci髇 a Derecho Administrativo, y sugiere que se constituir una sociedad mercantil de la que se desconoce accionariado, patrimonio y funciones pero que se sabe que no puede constituir al carecer de cr閐ito adecuado y suficiente para ello, al menos por el momento, y que f韆 a la reversi髇 del activo y el pasivo de Mercapalma, con las limitaciones que sobre esa aseveraci髇 se han puesto de manifiesto en este real decreto, e incluso a la subrogaci髇 de todo su personal, haciendo caso omiso a las derivadas laborales de tal aserto. Pero incluso aun en el supuesto de que todas esas dificultades se pudieran soslayar a medio o largo plazo, con los consiguientes problemas con respecto de la provisi髇 del servicio durante ese periodo de tiempo, tampoco una soluci髇 como la propuesta conseguir韆 resolver el problema de fondo que subyace en el expediente, cual es la necesidad de que haya una trabaz髇 adecuada y suficiente, con perspectiva nacional, que atienda a la totalidad de la cadena alimentaria, que permita poner en pr醕ticas las pol韙icas p鷅licas en materia del sector primario, y que garantice la suficiencia alimentaria y la correcta articulaci髇 comercial de dicho subsector, que s髄o puede ofrecer la red de mercas. Su incumplimiento supondr韆 una severa merma en el inter閟 social y la econom韆 nacional llamados a protegerse por el Poder p鷅lico.

Por ello, de las alternativas posibles, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se considera que la 鷑ica jur韉icamente admisible para garantizar ese inter閟 social y proteger de efectos negativos a la econom韆 nacional, es la del mantenimiento de la actividad empresarial de Mercapalma en los mismos t閞minos en que ha venido desempe馻do su actividad empresarial hasta ahora, por cuanto no es posible la creaci髇 de una nueva entidad en un plazo que asegure que no se producen disrupciones de mercado irreparables ni que, incluso para cuando se pudieran solventar los importantes problemas jur韉icos y econ髆icos que plantea tal soluci髇, la sociedad p鷅lica resultante, excluido el Estado, prestar韆 un servicio siquiera equiparable no s髄o a los concretos operadores econ髆icos afectados sino al conjunto de la cadena alimentaria y de los ciudadanos.

De esta forma, se asegura adem醩 la participaci髇 de Mercapalma en la red de mercas a trav閟 de Mercasa, esencial para la vertebraci髇 de la cadena alimentaria en perspectiva nacional puesto que se trata de un sector muy interdependiente y de relevantes peculiaridades, como la inelasticidad de parte de su demanda, su estacionalidad, el car醕ter perecedero de los productos o la atomizaci髇 de los primeros eslabones, en la que las transacciones que superan el 醡bito de proximidad son muy elevadas y sobre la que concurre la necesidad de una especial supervisi髇 del Poder p鷅lico.

Dicha integraci髇 le permite permanecer como un nodo estrat間ico para la distribuci髇 eficiente de productos alimentarios en la regi髇 y mitigar los riesgos de abastecimiento derivados de la insularidad, garantizando un suministro continuo y eficiente de productos frescos, de modo se acredita la necesaria presencia de Mercasa en la red de mercas por su incidencia en el concepto de 玸eguridad alimentaria, definido por la Organizaci髇 de las Naciones Unidas para la Alimentaci髇 y la Agricultura (FAO) como elemento consustancial del derecho a la alimentaci髇 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La continuidad de Mercasa en el accionariado de Mercapalma y la preservaci髇 del car醕ter estatal de la Red de Mercas contribuyen a garantizar el abastecimiento suficiente, eficiente y sostenible de alimentos frescos a la poblaci髇, as como para mantener la estabilidad y el desarrollo del sector alimentario.

La sustituci髇 de Mercapalma por otra entidad prestadora de un servicio de abastos, con independencia de los problemas ya se馻lados sobre el periodo de transici髇 tras la desaparici髇 de la actual compa耥a, no permite, en definitiva, prestar un servicio equivalente y una satisfacci髇 del inter閟 general homologable a la actual de Mercapalma, lo que determina la necesidad de que se acuerde la continuidad de la empresa, l骻icamente sin menoscabo de los derechos societarios que la ley reconoce a los accionistas.

Un modelo de gesti髇 directa o indirecta tutelado por la Administraci髇 local, en exclusiva o no, pero sin participaci髇 estatal, no permitir韆 al archipi閘ago contar con la red directa de relaciones y conexiones derivadas de la red de mercas, aislando a la sucesora del resto de mercas del pa韘 y generando unas importantes perturbaciones en la cadena de suministros de consecuencias imprevisibles, no s髄o para el sector primario y sus eslabones sucesivos, sino para el conjunto de consumidores y usuarios de las islas y para su modelo productivo, que pondr韆 en serios problemas la continuidad arm髇ica del sector tur韘tico, al quedar aislado un eventual mercado de abastos municipal de las sinergias del conjunto de la red, que se plasman, por ejemplo, en actuaciones conjuntas y coordinadas, como el asesoramiento jur韉ico o la red de inversiones; en un sistema de planificaci髇 estrat間ica armonizada y que tenga en cuenta tanto las necesidades concretas de cada merca como las derivadas de la red en visi髇 de conjunto; en v韓culos bidireccionales entre las instalaciones de los diferentes mercas; o en una imagen institucional armonizada que se beneficie de modo conjunto de las actividades en materia de responsabilidad social corporativa, publicidad, imagen de marca…

Adem醩, estas necesidades entroncan con la Comunicaci髇 de la Comisi髇 al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comit Econ髆ico y Social Europeo y al Comit de las Regiones sobre el 玃lan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis (COM(2021) 689 final), en la que se insiste en la necesidad de que 玪as cadenas de suministro sigan siendo operativas y que los flujos comerciales sean fluidos, en particular en los sectores esenciales para el funcionamiento de la cadena alimentaria de modo que 玪a mejor soluci髇 es mejorar el conocimiento y mitigar en la medida de lo posible las vulnerabilidades y los riesgos, as como crear y mantener la capacidad procedimental para responder de manera r醦ida, coordinada y cooperativa, bas醤dose en una combinaci髇 de pol韙icas de la UE que apoyen la resiliencia del sistema.

En definitiva, siendo su 醡bito de afecci髇 la totalidad del archipi閘ago, proveyendo de servicios de inter閟 general como los descritos y asegurando una importante funci髇 en la estructura productiva de una zona en que el canal HORECA es determinante para el mantenimiento de la actividad econ髆ica, as como su vinculaci髇 a las redes mayoristas, sin que existan canales alternativos para su comercializaci髇, se puede concluir que Mercapalma posee un car醕ter estrat間ico para la econom韆 nacional y que permite la satisfacci髇 de importantes intereses generales que han de ser objeto de protecci髇.

Cabe concluir, pues, la importancia que, en t閞minos de econom韆 nacional e inter閟 social, presenta Mercapalma y la necesidad y justificaci髇 de su permanencia.

Quinto. Analizadas las anteriores consideraciones, resta determinar el alcance de la decisi髇 a adoptar; o, en los t閞minos del apartado 1 del art韈ulo 373 LSC, 玪a forma en que 閟ta (la sociedad) habr de subsistir.

  • I. En primer lugar, debe significarse que la entidad solicitante constri馿 su petitum a la supresi髇 de los art韈ulos 3 y 36 de los estatutos, de modo que desaparezcan las referencias a la vigencia definida de la sociedad, llamada a concluir el 7 de junio de 2024.

    A este respecto, cabe se馻lar la necesidad de que la actuaci髇 administrativa parta del principio de m韓ima intervenci髇. Tanto la normativa (por todos, el art韈ulo 4 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando dispone que 玪as Administraciones P鷅licas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deber醤 aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva), como la jurisprudencia inciden en el principio de proporcionalidad como gu韆 de la actuaci髇 administrativa, de modo que exista una justa adecuaci髇 de su contenido a los fines que fundamentan la potestad que se lleva a t閞mino y que se empleen los medios que menos incidan en la esfera de libertad particular.

    As, por destacar algunas resoluciones jurisprudenciales, cabe rese馻r su definici髇 como 玪a observancia o inobservancia del principio de la debida adecuaci髇 entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci髇 y la sanci髇 aplicada (SSTS de 25 de marzo de 1998 y de 20 de febrero de 1998); teniendo en cuenta que 玞onforme al principio de proporcionalidad debe existir una justa correspondencia entre los medios utilizados y la finalidad perseguida (STS de 4 de abril de 1991); y que 玡l principio de proporcionalidad en la actuaci髇 administrativa de intervenci髇 justifica que la medida adoptada sea la menos restrictiva posible (STS de 14 de julio de 1997).

    Teniendo en cuenta estas consideraciones, el alcance de la medida deber limitarse al que suponga una inmisi髇 de la menor entidad posible en la realidad jur韉ica preexistente y en la libertad de decisi髇 de los particulares afectados.

    Este m韓ima intervenci髇 se manifiesta, en el caso presente, precisamente en lo que la entidad solicita en primer lugar, la supresi髇 de las referencias a la vigencia definida por 50 a駉s de la sociedad mercantil, de modo que se proceda a la modificaci髇 de tales estatutos, todo ello sin perjuicio de la posterior aplicaci髇 del segundo p醨rafo del tantas veces referido art韈ulo 373, de modo que en los posteriores tres meses pueda la junta de accionistas adoptar las medidas concretas que procedan.

    As, de entre el cat醠ogo de medidas que podr韆n acordarse en este real decreto para permitir la subsistencia o reactivaci髇 de la sociedad, se considera motivada, proporcional y razonable una intervenci髇 limitada al m韓imo indispensable, consistente en acordar la supresi髇 de los art韈ulos de los estatutos sociales en que se preve韆 la duraci髇 limitada de la sociedad, en concreto, los citados art韈ulos 3 y 36 de los estatutos sociales consecuencia adem醩 de su inicial naturaleza como sociedad mixta, abandonada hace m醩 de diez a駉s. Esta supresi髇 es necesaria para el logro de los fines perseguidos por este real decreto y proporcional y consecuente con la decisi髇 administrativa de reactivaci髇 de la sociedad.

    La supresi髇 de la causa de disoluci髇 por cumplimiento del t閞mino previsto en el art韈ulo 3 y 36 de los estatutos no exige la menci髇 de un plazo o t閞mino de duraci髇 alternativo, ya que el silencio sobre la duraci髇 de la sociedad implicar que entre a regir la presunci髇 de duraci髇 indefinida recogida en el art韈ulo 25 LSC.

  • II. La supresi髇 del art韈ulo 3 de los estatutos tambi閚 afecta a la previsi髇 que el art韈ulo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales contempla para el momento en que se produce la extinci髇 de las empresas mixtas.

    Conforme a lo rese馻do previamente en este real decreto, las modificaciones legales y estatutarias que han afectado a la sociedad Mercapalma permiten afirmar que nos encontramos ante una sociedad de titularidad 韓tegramente p鷅lica, a la que no le ser韆 aplicable el r間imen jur韉ico de las empresas mixtas.

    Ahora bien, el presupuesto de la reversi髇 prevista en el art韈ulo 111 del RSCL se construye sobre la extinci髇 de la sociedad an髇ima. Esto es, sobre un presupuesto que ha venido a ser revertido por la medida de intervenci髇 que implica el presente real decreto mediante la reactivaci髇 o decisi髇 de continuaci髇 de la sociedad an髇ima y de su actividad.

    Por lo tanto, y en atenci髇 a los principios de proporcionalidad y de menor intervenci髇 que se han contemplado, procede ahora remitir la potencial valoraci髇 de la vigencia del derecho de reversi髇 establecido para las empresas mixtas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales al momento el que pueda producirse su presupuesto de hecho: la extinci髇 de la sociedad o el ejercicio del derecho de separaci髇 que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca pueda potencialmente llevar a cabo en los t閞minos que se indicar醤. Ser en ese momento cuando ser procedente analizar la vigencia o no de ese derecho de reversi髇 en atenci髇 al r間imen jur韉ico vigente en esos momentos. Y plantear, a falta de un acuerdo entre las partes, las eventuales acciones que se estimen procedentes ante la jurisdicci髇 competente.

    La remisi髇 que ahora se contempla se recoger en el apartado del derecho de separaci髇 que posteriormente se expondr.

  • III. Por otro lado, esta resoluci髇 debe tambi閚 garantizar la reserva que el apartado segundo del art韈ulo 373 garantiza a los accionistas para que, reunidos en junta general, puedan acordar el derecho a prorrogar la vida de la sociedad y a continuar la explotaci髇 de la empresa. Por ello, la eficacia del presente real decreto se desenvuelve en dos fases: la primera permite reactivar la sociedad de manera interina, a fin de ofrecer a los 髍ganos sociales de Mercapalma las condiciones y un plazo para la adopci髇 de los acuerdos que, permitiendo la continuaci髇 de la sociedad, mejor se acomoden a su voluntad social, y la segunda, que opera con car醕ter subsidiario para el caso de que dichos 髍ganos sociales no adoptaren tales acuerdos o los adoptados fueran contrarios a la continuidad de Mercapalma.
  • IV. A la hora de ponderar el principio de proporcionalidad hemos de considerar el siguiente estado de cosas: los accionistas actuales de Mercapalma tienen como derecho el de obtener la cuota de liquidaci髇 –art韈ulo 93.a) LSC– en caso de disoluci髇 y liquidaci髇 completa de la sociedad. Pues bien, este derecho individual queda preservado con la medida que aqu se adopta, pues, ya sea en la primera fase antedicha –como consecuencia derivada directamente del real decreto–, ya sea en la segunda –es decir, a resultas de la falta de adopci髇 por los 髍ganos sociales de Mercapalma de acuerdos que permitan la continuidad de la sociedad–, se reconoce a los accionistas el mismo derecho que hasta la intervenci髇 que aqu se adopta ten韆n, esto es, el de cesar en su condici髇 de accionistas de Mercapalma y obtener como contravalor por sus acciones el valor que las mismas representan en el haber social de Mercapalma. El ejercicio de dicho derecho se puede materializar mediante la llamada disoluci髇 parcial, esto es, mediante el ejercicio del derecho de separaci髇 del socio, obteniendo con ello su cuota de liquidaci髇 calculada a valor razonable sin afectar con ello al mantenimiento de la sociedad.

    Como se ha anticipado, ser en ese momento de disoluci髇 (total o parcial) al que corresponder la potencial valoraci髇 de la vigencia del derecho de reversi髇 establecido para las empresas mixtas en el reglamento de servicios de las corporaciones locales en atenci髇 al r間imen jur韉ico vigente en esos momentos. Y plantear, a falta de un acuerdo entre las partes, las acciones que se estimen procedentes ante la jurisdicci髇 competente.

  • V. As, las medidas de intervenci髇 que se consideran proporcionadas y adecuadas a los efectos de garantizar la subsistencia de la sociedad an髇ima Mercapalma son las siguientes:
    • 1. Se suprimen los preceptos estatutarios determinantes de la expiraci髇 del plazo de vigencia de la sociedad, y cesa autom醫icamente la situaci髇 de liquidaci髇 de Mercapalma, que queda reactivada. Esta medida se habr de inscribir en el Registro Mercantil conforme resulta del art韈ulo 94.1.9. del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, sin que para ello se requiera ning鷑 tr醡ite previo ni proceda aguardar el plazo del mes a que se refiere el art韈ulo 349 LSC.
    • 2. Desde la reactivaci髇 de la sociedad el accionista que lo desee, al amparo de lo previsto en el art韈ulo 346.1.c) LSC, podr ejercer el derecho de separaci髇 de Mercapalma. El ejercicio de este derecho se ejercer, en su caso, con arreglo a las reglas siguientes:
      • a) El plazo para su ejercicio ser de un mes. Este plazo, que se computar de fecha a fecha, correr desde el d韆 siguiente al de la eficacia del presente real decreto, sin que sea precisa la publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Registro Mercantil a la que alude el art韈ulo 348.1 LSC.
      • b) El derecho de separaci髇 se ejercer mediante comunicaci髇 fehaciente dirigida al interventor cuyo nombramiento se acuerda en este real decreto.
      • c) El ejercicio del derecho de separaci髇 tendr car醕ter irrevocable una vez cursada la manifestaci髇 de dicho ejercicio.
      • d) A partir de la recepci髇 de la comunicaci髇 fehaciente al accionista que lo ejerza le quedar suspendido el ejercicio de los derechos pol韙icos que le atribu韆n sus acciones, correspondi閚dole 鷑icamente el derecho a percibir el valor razonable de sus acciones.
      • e) Corresponder al interventor realizar los tr醡ites precisos para que le sea satisfecho al accionista saliente el derecho al valor razonable de sus acciones conforme a lo dispuesto en la LSC para el ejercicio del derecho de separaci髇. En ese tr醡ite, caso de ser el accionista que ejerce el derecho de separaci髇 el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, podr invocar la potencial valoraci髇 de la vigencia del derecho de reversi髇 establecido para las empresas mixtas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en atenci髇 al r間imen jur韉ico vigente en esos momentos. Y plantear, a falta de un acuerdo entre las partes, las acciones que se estimen procedentes ante la jurisdicci髇 competente.
      • f) Para el caso de que el cien por cien del capital social de Mercapalma ejerciere el derecho de separaci髇, se comunicar esta circunstancia por el interventor al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, que promover la adopci髇 de las medidas que para este caso fueran precisas en orden a salvaguardar la continuidad de la actividad de Mercapalma.
    • 3. A los efectos de garantizar la reserva prevista en el art韈ulo 373.2 LSC, se acuerdan las siguientes medidas:
      • a) La Junta General de Accionistas se habr de reunir en el plazo de tres meses desde la eficacia del presente real decreto.
      • b) No concurrir醤 a dicha Junta General de Accionistas aqu閘los que hubieran ejercido el derecho de separaci髇 conforme a lo previsto m醩 arriba ni ser醤 tenidos en cuenta para la celebraci髇 de Junta General Universal de Accionistas.
      • c) Corresponder al interventor que en este real decreto se nombra efectuar la convocatoria de la Junta General de Accionistas.
      • d) No obstante, los accionistas podr醤 optar por celebrar la Junta General de Accionistas de forma universal dentro del plazo de tres meses a contar de la publicaci髇 del real decreto, dando previa cuenta al Interventor para que pueda asistir a la misma.
      • e) El Interventor deber asistir, con voz pero sin voto, a la Junta General de Accionistas. Podr dicho interventor igualmente requerir la asistencia de Notario para el levantamiento de acta notarial de la sesi髇.
      • f) La Junta General de Accionistas podr adoptar los acuerdos que, siendo conformes a Derecho, estime convenientes, siempre que permitan prorrogar la vida de la sociedad y la continuaci髇 de la explotaci髇 de la empresa. En la misma sesi髇 deber ser redactada y aprobada el acta de la Junta General de Accionistas.
      • g) Ser醤 inscribibles en el Registro Mercantil los acuerdos que, reuniendo los requisitos generales para la inscripci髇, adopte la Junta General de Accionistas siempre que de los mismos resulte la continuidad de la sociedad. Como requisito para su inscripci髇 se deber acompa馻r a los mismos informe favorable emitido por el interventor que en este real decreto se nombra y que deber constar incorporado al instrumento por el que dichos acuerdos se eleven a p鷅lico. La elevaci髇 a instrumento p鷅lico de los acuerdos junto con el mencionado informe favorable y su presentaci髇 para inscripci髇 deber llevarse a cabo dentro del mes siguiente a la celebraci髇 de la Junta General de Accionistas que los aprob. Inscritos tales acuerdos, cesar醤 las medidas de intervenci髇 previstas en este real decreto sin que haya derecho a compensaci髇 alguna.
      • h) En caso de que la Junta General de Accionistas no llegara a reunirse en el plazo de los tres meses desde la eficacia del presente real decreto o, habi閚dose reunido, no adoptare acuerdos compatibles y conducentes a la continuidad de Mercapalma o los adoptados fueren incompatibles con tal continuidad, regir醤 las siguientes reglas:
        • 1. Se emitir por el interventor informe en el que se constaten tales circunstancias. Dicho informe, que ser emitido en el plazo de quince d韆s naturales a contar desde la celebraci髇 de la Junta General de Accionistas o, en caso de no celebrarse 閟ta, desde la expiraci髇 del plazo de tres meses desde la eficacia de este real decreto, ser elevado a instrumento p鷅lico y presentado ante el Registro Mercantil.
        • 2. Mediante nota marginal se har constar en el Registro Mercantil que la sociedad no ha adoptado acuerdos previstos en el apartado segundo del art韈ulo 373 LSC de los que resulte la continuidad de Mercapalma en los t閞minos de este real decreto.
        • 3. Mediante inscripci髇 se har constar la supresi髇 definitiva de los art韈ulos 3 y 36 de los estatutos sociales que limitan temporalmente la duraci髇 de la Mercapalma, pasando a desplegar sus efectos la presunci髇 de duraci髇 indefinida conforme al art韈ulo 25 LSC.
        • 4. En el caso previsto en este apartado h) los accionistas de Mercapalma que se hubieran opuesto a la adopci髇 de acuerdos conducentes a la continuidad de dicha sociedad en la Junta General de Accionistas o, en caso de no haberse celebrado 閟ta, manifiesten su oposici髇 a dicha continuidad, podr醤 obtener como compensaci髇 el valor razonable de sus acciones que se habr de ejercer mediante el derecho de separaci髇.
        • 5. Este derecho de separaci髇 se habr de ejercer en el plazo de un mes computado desde la inscripci髇 en el Registro Mercantil prevista en el apartado IV.1. Se habr de dirigir una comunicaci髇 fehaciente al interventor designado por este real decreto.
        • 6. El ejercicio del derecho de separaci髇 tendr car醕ter irrevocable una vez cursada la manifestaci髇 de dicho ejercicio.
        • 7. A partir de la recepci髇 de la comunicaci髇 fehaciente al accionista que lo ejerza le quedar suspendido el ejercicio de los derechos pol韙icos que le atribu韆n sus acciones, correspondi閚dole 鷑icamente el derecho a percibir el valor razonable de sus acciones.
        • 8. Corresponder al interventor realizar los tr醡ites precisos para que le sea satisfecho al accionista saliente el derecho al valor razonable de sus acciones conforme a lo dispuesto en la LSC para el ejercicio del derecho de separaci髇. En ese tr醡ite, caso de ser el accionista que ejerce el derecho de separaci髇 el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, podr invocar la potencial valoraci髇 de la vigencia del derecho de reversi髇 establecido para las empresas mixtas en el reglamento de servicios de las corporaciones locales en atenci髇 al r間imen jur韉ico vigente en esos momentos, y plantear, a falta de un acuerdo entre las partes, las acciones que se estimen procedentes ante la jurisdicci髇 competente.
        • 9. Para el caso de que el cien por cien del capital social de Mercapalma ejerciere el derecho de separaci髇, se comunicar esta circunstancia por el interventor al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, que promover la adopci髇 de las medidas que para este caso fueran precisas en orden a salvaguardar la continuidad de la actividad de Mercapalma.

    Las reglas anteriormente expuestas permiten conjugar el logro de las finalidades perseguidas por la intervenci髇 p鷅lica en el supuesto de hecho, sin por ello incurrir en expropiaci髇 de derechos patrimonializables de los interesados, pero asegurando que los fines de inter閟 general y conforme a la econom韆 nacional se salvaguarden al mantener la vigencia de Mercapalma en los t閞minos y funciones actuales.

    En efecto, la expropiaci髇 del derecho de los accionistas s髄o habr韆 de contemplarse en el caso de que se acordare la privaci髇 singular de las acciones de algunos o todos los accionistas, expropiaci髇 que no tendr韆 lugar en este supuesto, en que la medida de intervenci髇 por la que se opta no requiere esa privaci髇 singular de las acciones.

    No obstante, el real decreto tiene que fijar el modo de atender las compensaciones previstas en la LSC para el supuesto en que la ejecuci髇 de la medida de intervenci髇 pueda accionar el ejercicio del derecho de separaci髇 del accionista que, voluntariamente, no desee continuar en la sociedad y que la ley le atribuye.

    Por lo tanto, esta medida de intervenci髇 no contempla, atendiendo a su intensidad y proporcionalidad, la expropiaci髇 de los derechos de los accionistas a favor del Estado u otra entidad que pueda ser considerada beneficiaria. Ello no obstante, se incluye la forma en que pueda ejercitarse el derecho de separaci髇 de cualquiera de los socios como forma de garantizar la compensaci髇 a la medida administrativa de intervenci髇 que impone la continuaci髇 de la sociedad que se adopta por medio de este instrumento.

    Este derecho de separaci髇, no siendo ya Mercapalma sociedad de econom韆 mixta, permite satisfacer la necesidad de protecci髇 de la situaci髇 jur韉ica de sus accionistas, a los que se les permite el ejercicio de tal derecho legal con las compensaciones econ髆icas que fija la LSC, al dejar en id閚tica posici髇 jur韉ica a los titulares de las acciones con respecto de la que ten韆n antes de la aprobaci髇 de este real decreto, al mantener la vigencia de la entidad pero permitir la libre autonom韆 de la voluntad manifestada en la posibilidad de separarse de la misma, en los t閞minos fijados por la normativa.

    En todo caso, como se ha reiterado en este real decreto, ser en dicho tr醡ite, en el caso de ser el accionista que ejerce el derecho de separaci髇 el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, cuando se pueda invocar la potencial valoraci髇 de la vigencia del derecho de reversi髇 establecido para las empresas mixtas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en atenci髇 al r間imen jur韉ico vigente en esos momentos, as como plantear, a falta de un acuerdo entre las partes, las acciones que se estimen procedentes ante la jurisdicci髇 competente.

    De este modo, se garantiza que el estado de cosas se mantenga en los t閞minos actuales para todos los accionistas, adaptados a la continuaci髇 de la sociedad que se acuerda. Pudiendo acordar el real decreto tal medida, conforme al principio general de quien puede lo m醩, puede lo menos, cabe asimismo adoptar medidas m醩 limitadas, de efecto concreto, que se circunscriban exclusivamente al mantenimiento en el tiempo de la vigencia de la sociedad, de modo que se revierta el proceso liquidador y se retorne a la entidad a la plena vigencia.

    Al mismo tiempo, se salvaguardan tambi閚 los derechos no patrimoniales de los socios, pues se permite la separaci髇 de la sociedad, si as lo acordaren, de cualquiera de los dos socios, ya conforme a los medios previstos ordinariamente en la legislaci髇. En su virtud, en nada se limita el haz de facultades de los titulares, si bien se suprime la causa de disoluci髇 de la entidad prevista en unos estatutos que la conten韆n como consecuencia de su naturaleza jur韉ica inicial –de econom韆 mixta–, que hace a駉s dej de tener virtualidad, abriendo a partir del momento en que, en su caso, se acuerde el real decreto, la v韆 societaria ordinaria para el caso de que procedan cambios accionariales pero permitiendo que se mantenga la prestaci髇 de los servicios esenciales ligados a su existencia, que se ver韆n seriamente perjudicados en caso de que se disolviera ope legis por transcurso de dicho plazo.

    Por lo dem醩, la estimaci髇 de la solicitud implica que el real decreto acuerde de manera expresa la continuaci髇 de la sociedad an髇ima en dos fases diferenciadas: en una primera, por aplicaci髇 directa del real decreto, la sociedad queda reactivada de forma interina y autom醫ica, consecuencia directa de las medidas acordadas en este real decreto; en una segunda, los socios podr醤 decidir la continuaci髇 en el plazo de tres meses, de manera que los acuerdos sociales que puedan alcanzarse por la Junta General de Accionistas y que impliquen la pr髍roga de la vida de la sociedad y la continuaci髇 de la explotaci髇 de la empresa, ser韆n los que determinar韆n las condiciones del desarrollo futuro de la sociedad, dejando sin efecto desde el momento de su inscripci髇 en el Registro Mercantil las medidas inicialmente adoptadas por el presente real decreto. En caso de no constituirse la Junta General de Accionistas o de no alcanzarse un acuerdo expreso de pr髍roga o continuaci髇 de la explotaci髇 de la empresa, con o sin alteraci髇 de las condiciones contenidas en este real decreto, se mantendr韆n las medidas adoptadas por el propio real decreto, que operar韆 como regulaci髇 subsidiaria que garantiza la continuaci髇 de la sociedad y que pasar韆 a tener vigencia indefinida.

  • V. Como medida complementaria, es preciso se馻lar que la reactivaci髇 de la sociedad entra馻 asimismo que cese la situaci髇 de liquidaci髇, manteniendo su vigencia y funciones el Consejo de Administraci髇 y los apoderamientos conferidos de manera que la sociedad pueda continuar con su actividad.
  • VI. Finalmente, se designa un interventor, al que le corresponder con car醕ter general velar por la correcta ejecuci髇 del presente real decreto y, en especial, desarrollar las funciones que expresamente se le asignan en el mismo. Deber facilitar cuanta informaci髇 le reclame el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, ante el que deber finalmente rendir cuenta de sus trabajos al concluir los mismos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 27 de agosto de 2024,

DISPONGO:

Primero. Medida de intervenci髇 administrativa.

1. Se estima la solicitud formulada por Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (Mercasa), y se acuerda la continuidad empresarial de Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, SA (Mercapalma), de forma que, conforme al art韈ulo 373 LSC, se reactiva autom醫icamente la referida sociedad mercantil, disponiendo en consecuencia su continuidad y subsistencia y finalizando el proceso de liquidaci髇, por juzgase conveniente para la econom韆 nacional y para el inter閟 social.

2. Se dejan sin efecto los art韈ulos 3 y 36 de los estatutos societarios de Mercapalma.

3. Asimismo, se resuelve que no proceden compensaciones a los accionistas por no haberse limitado o suprimido ninguno de sus derechos societarios, sin perjuicio de lo dispuesto para el caso de que se ejercitare el derecho de separaci髇 por cualquiera de los socios en los t閞minos previstos en el fundamento quinto, apartado V, 2. y 3. de este real decreto.

4. Se dispone la vigencia del cargo de los miembros del consejo de administraci髇 y de los apoderamientos existentes en el momento de concurrir la causa de disoluci髇 de la sociedad. Los administradores se entender醤 rehabilitados en su nombramiento como consejeros sin necesidad de nueva aceptaci髇 ni ulterior tr醡ite.

5. Complementariamente, se acuerda expresamente que el presente real decreto sea t韙ulo inscribible en el Registro Mercantil.

Segundo. Medidas posteriores voluntarias.

1. En los t閞minos previstos en el art韈ulo 373.2 LSC, se acuerda reservar a los accionistas, reunidos en Junta General de Accionistas, el derecho a prorrogar la vida de la sociedad y a continuar la explotaci髇 de la empresa, siempre que el acuerdo se adopte dentro del plazo de tres meses, a contar desde la eficacia del real decreto, as como a acordar cuantas cuestiones procedan conforme a la normativa de aplicaci髇 para determinar las condiciones del desarrollo futuro de la sociedad, dejando, en tal caso, sin efecto desde el momento de su inscripci髇 en el Registro Mercantil las medidas inicialmente adoptadas por el apartado primero.2 del presente real decreto.

2. Corresponde al interventor designado conforme al apartado cuarto realizar los tr醡ites para la convocatoria de la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de que dicha Junta pueda celebrarse de forma universal.

3. Los acuerdos sociales adoptados se elevar醤 a escritura p鷅lica y se proceder a su inscripci髇 en un plazo de un mes desde su adopci髇.

4. En caso de no constituirse la Junta General o de no alcanzarse un acuerdo expreso de pr髍roga o continuaci髇 de la explotaci髇 de la sociedad, con o sin alteraci髇 de las condiciones contenidas en el apartado primero, se mantendr醤 dichas condiciones, que operar醤 a partir de entonces como regulaci髇 subsidiaria y de vigencia indefinida.

5. Este apartado se ejercer sin perjuicio del derecho de separaci髇 contenido en el siguiente.

Tercero. Derecho de separaci髇.

1. Se reconoce, desde el momento de la eficacia de este real decreto, el derecho de separaci髇, previsto en el art韈ulo 346.1.c) LSC, de cualquiera de los accionistas de Mercapalma que, voluntariamente, no deseen continuar en la sociedad.

A los efectos de lo previsto en los art韈ulos 346 y siguientes de dicho cuerpo legal, se declara que este real decreto es inmediatamente inscribible conforme determina el aparatado primero.5, sin m醩 tr醡ites (en concreto, sin esperar a que transcurra el plazo durante el cual se constate si alg鷑 accionista ha hecho valer el derecho de separaci髇 resultante del acuerdo que da lugar a tal derecho).

2. Los accionistas dispondr醤 de un plazo de un mes para comunicar por escrito el ejercicio del derecho de separaci髇, conforme al art韈ulo 348.2 LSC, contado desde la fecha de eficacia de este real decreto.

Asimismo, ese derecho podr ejercerse tambi閚 en el plazo de un mes desde la fecha de celebraci髇 de la Junta General de Accionistas prevista en el apartado segundo, para los accionistas que hubieran votado en contra; o, en caso de no haberse celebrado dicha Junta General, desde la finalizaci髇 del plazo de tres meses para hacerlo contenido en el apartado segundo.

3. El ejercicio del derecho de separaci髇 implicar para el accionista que lo ejerza la exclusi髇 de los derechos pol韙icos inherentes a sus acciones, quedando 鷑icamente pendiente por abonar la cuota de liquidaci髇 al accionista que se separa.

En consecuencia, se acuerda fijar en tal caso como compensaci髇 el importe resultante del ejercicio del derecho de separaci髇 previsto en la LSC, que se habr de materializar a trav閟 de los cauces previstos para el ejercicio del derecho de separaci髇, en los t閞minos contemplados en los art韈ulos 353 a 359 LSC, y que producir los efectos previstos por la normativa (reducci髇 de capital social y amortizaci髇 de acciones).

4. En este tr醡ite, en caso de ser el accionista que ejerce el derecho de separaci髇 el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, podr invocar la potencial valoraci髇 de la vigencia del derecho de reversi髇 establecido para las empresas mixtas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en atenci髇 al r間imen jur韉ico vigente en esos momentos; as como plantear, a falta de un acuerdo entre las partes, las acciones que se estimen procedentes ante la jurisdicci髇 competente.

Cuarto. Nombramiento de interventor.

Se habilita a la Direcci髇 General de Seguridad Jur韉ica y Fe P鷅lica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que mediante resoluci髇 designe a un experto independiente que ejerza las funciones de interventor con facultades limitadas a las previstas en este real decreto, comisionado en exclusiva para su ejecuci髇, en particular para proceder a su inscripci髇 inmediata en el Registro Mercantil y para proceder a la convocatoria de la Junta General arriba indicada en el plazo m醲imo de tres meses. Para el ejercicio de las facultades se馻ladas contar con la asistencia t閏nica instrumental y los medios prove韉os por Cofivacasa, SA, S.M.E.

Asimismo, le corresponder llevar a cabo los tr醡ites precisos para satisfacer al accionista saliente el derecho resultante de su separaci髇 y practicar los actos necesarios para la reducci髇 del capital social, conforme al apartado tercero, para lo cual contar con la asistencia t閏nica de cualesquiera entidades pertenecientes al sector p鷅lico estatal relacionadas con la gesti髇 o liquidaci髇 de sociedades mercantiles.

Quinto. Eficacia.

El presente real decreto surtir efectos desde el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado.

El presente real decreto pone fin a la v韆 administrativa de conformidad con el art韈ulo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. Conforme al art韈ulo 123 y siguientes de dicho cuerpo legal, podr recurrirse, potestativamente, en reposici髇, ante el Consejo de Ministros en el plazo de un mes, contado a partir del d韆 siguiente a aqu閘 en que tenga lugar su publicaci髇, o ser impugnado, directamente, ante la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, tambi閚 contado desde el d韆 siguiente al de su publicaci髇. Debe advertirse que no se podr interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimaci髇 presunta del recurso de reposici髇, si 閟te se hubiera interpuesto.