Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

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Sumario

R.D. Leg. 1/2010, 2 julio rectificado por correcci髇 de errores (獴.O.E.� 30 agosto). LE0000425618

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El presente real decreto legislativo cumple con la previsi髇 recogida en la disposici髇 final s閜tima de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que habilita al Gobierno para que, en el plazo de doce meses, proceda a refundir en un 鷑ico texto, bajo el t韙ulo de �Ley de Sociedades de Capital�, las normas legales que esa disposici髇 enumera. De este modo se supera la tradicional regulaci髇 separada de las formas o tipos sociales designadas con esa gen閞ica expresi髇, que ahora, al ascender a t韙ulo de la ley, alcanza rango definidor.

La divisi髇 en dos leyes especiales del r間imen jur韉ico de las sociedades an髇imas y de las sociedades de responsabilidad limitada no fue consecuencia tanto del proceso de descodificaci髇 cuanto del hecho de que la extensi髇 de la normativa no permit韆 la inclusi髇 de esos reg韒enes jur韉icos dentro del C骴igo de Comercio de 1885, que dedicaba pocos art韈ulos a las sociedades an髇imas y que, por raz髇 del momento en que se elabor�, desconoc韆 a las sociedades de responsabilidad limitada. Se promulgaron as� las leyes de 1951 y de 1953 -la primera de ellas de notable perfecci髇 t閏nica para la 閜oca en que fue promulgada- como textos legales independientes, caracter韘tica que se ha mantenido desde entonces como rasgo de la legislaci髇 societaria espa駉la. En lugar de la regulaci髇 en una 鷑ica ley, el legislador ha afrontado en momentos sucesivos y de forma separada la articulaci髇 de la disciplina de las sociedades de capital.

Esta dualidad o incluso pluralidad de 玞ontinentes� -cuando la Ley 19/1989, de 25 de julio, decide que la nueva regulaci髇 de las sociedades comanditarias por acciones se incluya en el C骴igo, y cuando la Ley 26/2003, de 17 de julio, introduce un t韙ulo nuevo, el t韙ulo X, en la Ley del Mercado de Valores, dedicado a las sociedad an髇imas cotizadas- no habr韆 suscitado especiales problemas si el 玞ontenido� estuviera suficientemente coordinado. Aunque el legislador ha tratado de conseguir esa coordinaci髇, bien a trav閟 de la t閏nica de la repetici髇 de normas -que, sin embargo, no siempre es absoluta-, bien con el recurso al instrumento de las remisiones, el resultado no ha sido plenamente satisfactorio. Adem醩, tras las grandes reformas realizadas a finales del pasado siglo -la ya citada Ley 19/1989, de 25 de julio y la Ley 2/1995, de 23 de marzo-, existen descoordinaciones, imperfecciones y lagunas respecto de las cuales doctrina y jurisprudencia han ofrecido soluciones legales divergentes sin que exista raz髇 suficiente.

De ah� que las Cortes Generales hayan considerado necesario encomendar al Gobierno la elaboraci髇 de un texto refundido de las normas legales sobre sociedades de capital, reuniendo en un texto 鷑ico el contenido de esas dos leyes especiales, con la importante adici髇 de aquella parte de la Ley del Mercado de Valores que regula los aspectos m醩 puramente societarios de las sociedades an髇imas con valores admitidos a negociaci髇 en un mercado secundario oficial y con la adici髇 de los art韈ulos que el C骴igo mercantil dedica a la comanditaria por acciones, forma social derivada, de muy escasa utilizaci髇 en la pr醕tica. Un 鷑ico cuerpo legal debe contener la totalidad de la regulaci髇 legal general de las sociedades de capital, sin m醩 excepci髇 que la derivada de la propia Ley de modificaciones estructurales -en la que se contiene la habilitaci髇-, cuyo contenido, por estar referido a toda clase de sociedades mercantiles, incluidas las 玸ociedades de personas�, no pod韆 incluirse, sin alguna incoherencia, en esa refundici髇. Se trata de una tarea de extraordinaria importancia por cuanto que la gran mayor韆 de las sociedades constituidas y operantes en nuestro pa韘 o son limitadas o son an髇imas; pero se trata tambi閚 de una tarea que entra馻 no pocas dificultades.

II

Las Cortes Generales han establecido el m閠odo y, al mismo tiempo, los l韒ites del encargo al poder ejecutivo: ese 鷑ico texto legal debe ser el resultado de la regularizaci髇, la aclaraci髇 y la armonizaci髇 de los plurales textos legales antes se馻lados. La refundici髇 no puede limitarse, pues, a una mera yuxtaposici髇 de art韈ulos, sino que exige desarrollar una compleja actuaci髇 en pos de ese triple objetivo, en el que, por raz髇 del inter閟 general, descansa la decisi髇 legal. Al redactar el texto refundido, el Gobierno no se ha limitado a reproducir las normas legales objeto de la refundici髇, sino que ha debido incidir en esa normativa en una delicada labor para cumplir fielmente la encomienda recibida.

Regularizar significa ajustar, reglar o poner en orden. Al servicio de esa regularizaci髇 se ha modificado, en ocasiones, la sistem醫ica, a la vez que se han intentado reducir las imperfecciones de las proposiciones normativas. Naturalmente, el texto refundido contiene la integridad de lo que refunde. Ni se han suprimido aquellas partes que la experiencia ha podido evidenciar obsoletas; ni se han modificado las soluciones arbitradas por la ley aunque la pr醕tica haya puesto en duda la eficiencia y destacado el coste de aplicaci髇; ni se han incorporado reglas que todav韆 no han alcanzado reconocimiento legislativo anticipando la previsible soluci髇. Pero un texto refundido que saliera a la luz sin esa imperativa regularizaci髇 traicionar韆 los t閞minos de la habilitaci髇 conferida.

Junto a la regularizaci髇, la habilitaci髇 exige aclarar, es decir, eliminar, en la medida de lo posible, las dudas de interpretaci髇 que suscitan los textos legales, determinando el exacto alcance de las normas. En ocasiones -las menos-, la propia sistem醫ica permite conseguir ese resultado; las m醩 de las veces se necesita precisar lo que la norma dice con eliminaci髇 de aquello que dificulta la comprensi髇, la modificaci髇 de f髍mulas poco logradas o la incorporaci髇 de los elementos indispensables para facilitar la inteligencia. De este modo, en lugar de proceder a reformar los textos legales, se concreta el sentido de las normas, perfeccionando el conjunto sin necesidad de sustituciones.

En fin, el mandato de armonizaci髇 impone la supresi髇 de divergencias de expresi髇 legal, unificando y actualizando la terminolog韆, e impone sobre todo superar las discordancias derivadas del anterior proceso legislativo. En este sentido, el texto refundido ha procedido a una muy importante generalizaci髇 o extensi髇 normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades de capital, evitando no s髄o remisiones, sino tambi閚 tener que acudir a razonamientos en b鷖queda de identidad de raz髇. Esta armonizaci髇 era particularmente necesaria en lo referente a la determinaci髇 de la competencia de la junta general y, sobre todo, en lo relativo a la disoluci髇 y liquidaci髇 de las sociedades de capital, pues contrastaba el muy envejecido cap韙ulo IX de la Ley de sociedades an髇imas con el mucho m醩 moderno cap韙ulo X de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, que se ha tomado como base para la refundici髇.

III

Ese triple criterio puede conducir a resultados positivos en un sistema legislativo como el espa駉l en el que las sociedades de responsabilidad limitada -con mucho, las que concitan la preferencia de los operadores econ髆icos- se han configurado tradicionalmente m醩 como unas an髇imas simplificadas y flexibles que como sociedades personalistas en las que los socios gocen del beneficio de responsabilidad por las deudas contra韉as en nombre de la sociedad. En Espa馻 las limitadas no son una an髇ima 玴or fuera� y una colectiva 玴or dentro�. A pesar del sincretismo del r間imen jur韉ico de las sociedades de responsabilidad limitada, en el que se combinan elementos procedentes de muy distintos modelos legislativos, prevalece en ese r間imen la adscripci髇 a la matriz com鷑 de las sociedades de capital, con estructura corporativa relativamente r韌ida. El 閤ito en la pr醕tica espa駉la de esa tradicional opci髇 de pol韙ica legislativa pone de manifiesto el acierto de los legisladores de 1953 y de 1995, siendo pocos los casos en los que, dentro del l韒ite infranqueable representado por las normas imperativas y por los principios configuradores, la autonom韆 privada ha decidido a馻dir alg鷑 tinte personalista.

Esta unidad sustancial entre las distintas formas de las sociedades de capital se aprecia con mayor claridad, si cabe, por la sistem醫ica del texto refundido, que ha renunciado a una posible divisi髇 entre 玴artes generales� y 玴artes especiales�, articulando los textos por raz髇 de materias, con las oportunas generalizaciones, sin perjuicio de consignar, dentro de cada cap韙ulo o secci髇, o incluso dentro de cada art韈ulo, las especialidades de cada forma social cuando real y efectivamente existieran. Con todo, el int閞prete podr� apreciar que la imposibilidad de franquear los l韒ites de la habilitaci髇 deja abiertos interrogantes acerca del sentido de algunas soluciones diferentes por raz髇 de la forma social elegida.

IV

En el plano te髍ico la distinci髇 entre las sociedades an髇imas y las sociedades de responsabilidad limitada descansa en una doble caracter韘tica: mientras que las primeras son sociedades naturalmente abiertas, las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades esencialmente cerradas; mientras que las primeras son sociedades con un r韌ido sistema de defensa del capital social, cifra de retenci髇 y, por ende, de garant韆 para los acreedores sociales, las segundas, en ocasiones, sustituyen esos mecanismos de defensa -a veces m醩 formales que efectivos- por reg韒enes de responsabilidad, con la consiguiente mayor flexibilidad de la normativa. No procede ahora hacer pron髎ticos sobre el futuro del capital como t閏nica de tutela de los terceros -tema que s髄o ser� posible afrontar adecuadamente en el marco supranacional de la Uni髇 Europea-, pero s� interesa se馻lar que esa contraposici髇 tipol骻ica entre sociedades abiertas y sociedades cerradas no es absoluta, por cuanto que, como la realidad ense馻, la gran mayor韆 de las sociedades an髇imas espa駉las -salvo, obviamente, las cotizadas- son sociedades cuyos estatutos contienen cl醬sulas limitativas de la libre transmisibilidad de las acciones. El modelo legal subyacente no se corresponde con el modelo real, y esta circunstancia ha sido tenida en cuenta por el legislador espa駉l y ha debido ser tomada en consideraci髇 a la hora de elaborar el texto refundido. Se produce as�, en ese plano de la realidad, una superposici髇 de formas sociales, en el sentido de que para unas mismas necesidades -las que son espec韋icas de las sociedades cerradas- se ofrece a la elecci髇 de los particulares dos formas sociales diferentes, concebidas con distinto grado de imperatividad, sin que el sentido de esa dualidad pueda apreciarse siempre con claridad. De este modo queda sin respuesta la pregunta de cu醠 debe ser en el futuro la relaci髇 entre las dos formas principales de las sociedades de capital y la de si el tr醤sito de una a otra debe respetar los requisitos establecidos para la transformaci髇 o si se debe facilitar a trav閟 de t閏nicas m醩 醙iles y sencillas. M醩 que una r韌ida contraposici髇 por raz髇 de la forma social elegida, la distinci髇 esencial radicar韆 en tener o no la condici髇 de sociedad cotizada. El importante papel de las sociedades cotizadas en los mercados de capitales hace necesaria una intervenci髇 p鷅lica en la actividad econ髆ica orientada por una parte a la protecci髇 al inversor y por otra a la estabilidad, eficiencia y buen funcionamiento de los mercados financieros.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la regulaci髇 de las sociedades cotizadas quedar� sistematizada, por una parte, en este texto refundido, para recoger los aspectos econ髆icos eminentemente societarios y, por otra, en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, donde aparece la regulaci髇 de la vertiente financiera de este tipo de sociedades, presidida fundamentalmente por el principio de transparencia para asegurar el buen funcionamiento de los mercados y la protecci髇 al inversor.

V

El texto refundido nace -y es importante destacarlo- con decidida voluntad de provisionalidad; nace con el deseo de ser superado pronto, convirti閚dose as� en un pelda駉 m醩 de la escala hacia el progreso del Derecho. De un lado, porque no es aventurado afirmar que, en el inmediato futuro, el legislador debe afrontar importantes reformas de la materia, con la revisi髇 de algunas de soluciones legales tradicionales, con la ampliaci髇 de la din醡ica de los deberes fiduciarios de los administradores, con la m醩 detallada regulaci髇 de las sociedades cotizadas y con la creaci髇 de un Derecho sustantivo de los grupos de sociedades, confinados hasta ahora en el r間imen de las cuentas consolidadas y en esas normas epis骴icas dispersas por el articulado. De otro lado, porque es aspiraci髇 general que la totalidad del Derecho general de las sociedades mercantiles, incluido el aplicable a las sociedades personalistas, se contenga en un cuerpo legal unitario, con superaci髇 de la persistente pluralidad legislativa, que el presente texto refundido reduce pero no elimina. En este sentido los trabajos de la Comisi髇 General de Codificaci髇 para la elaboraci髇 de un C骴igo de las Sociedades Mercantiles o incluso de un nuevo C骴igo Mercantil al servicio de las exigencias de la imprescindible unidad de mercado, habr醤 de ser valorados por el Gobierno a fin de decidir el tiempo y el modo de tan ambiciosa reforma.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de Econom韆 y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 2 de julio de 2010,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES