玜) Determinar el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservaci髇, adoptando, en su caso, las medidas de protecci髇, y restauraci髇 necesarias y, cuando proceda, de adaptaci髇, teniendo en cuenta los efectos del cambio clim醫ico.�

玈on bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 132.2 de la Constituci髇:

• 1. La ribera del mar y de las r韆s, que incluye:
  • a) La zona mar韙imo-terrestre o espacio comprendido entre la l韓ea de bajamar escorada o m醲ima viva equinoccial, y el l韒ite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios t閏nicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la l韓ea de pleamar m醲ima viva equinoccial. Esta zona se extiende tambi閚 por las m醨genes de los r韔s hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
    
    Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtraci髇 del agua del mar.
    
    No obstante, no pasar醤 a formar parte del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundaci髇 no fueran de dominio p鷅lico.
  • b) Las playas o zonas de dep髎ito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas 鷏timas se incluir醤 hasta el l韒ite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.
• 2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislaci髇 espec韋ica.
• 3. Los recursos naturales de la zona econ髆ica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislaci髇 espec韋ica.
• 4. A los efectos de esta Ley se entiende por:

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan f韘icamente separados del oc閍no, en mayor o menor extensi髇 por una franja de tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

Dunas: dep髎itos sedimentarios, constituidos por mont韈ulos de arena tengan o no vegetaci髇 que se alimenten de la arena transportada por la acci髇 del mar, del viento marino o por otras causas.

Escarpe: escal髇 vertical en la playa formado por la erosi髇 de la berma.

Estero: ca駉s en una marisma.

Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda peri骴icamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtraci髇 del agua del mar.

Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetaci髇.�

獿os terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas distintas a las previstas en el 鷏timo p醨rafo del art韈ulo 3.1, letra a), y en todo caso tendr醤 esta consideraci髇 los terrenos inundados que sean navegables.�

�1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasi髇 del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podr醤 construir obras de defensa, previa autorizaci髇 o concesi髇, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona mar韙imo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

2. En otro caso, los terrenos invadidos pasar醤 a formar parte del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, seg鷑 resulte del correspondiente deslinde.

3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicaci髇 del art韈ulo 13 bis, cuando proceda.�

�2. Practicado el deslinde, la Administraci髇 del Estado deber� inscribir los bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.�

�2. En el procedimiento ser醤 o韉os los propietarios colindantes, previa notificaci髇, y dem醩 personas que acrediten la condici髇 de interesados. Asimismo, se solicitar� informe a la Comunidad Aut髇oma y al Ayuntamiento correspondiente, que deber� ser emitido en el plazo de un mes.

Cuando el deslinde afecte al dominio p鷅lico portuario estatal, se remitir� el expediente de deslinde, antes de su aprobaci髇, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de dos meses emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios sobre el deslinde del dominio p鷅lico portuario, decidir� el Consejo de Ministros.

Asimismo se garantizar� la adecuada coordinaci髇 entre los planos topogr醘icos empleados en la tramitaci髇 del procedimiento y la cartograf韆 catastral.�

�2. La resoluci髇 de aprobaci髇 del deslinde ser� t韙ulo suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jur韉icas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resoluci髇 ser� t韙ulo suficiente, asimismo, para que la Administraci髇 proceda a la inmatriculaci髇 de los bienes de dominio p鷅lico. En todo caso los titulares inscritos afectados podr醤 ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotaci髇 preventiva la correspondiente reclamaci髇 judicial.�

�1. Los deslindes se revisar醤 cuando se altere la configuraci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre. La incoaci髇 del expediente de deslinde tendr� los efectos previstos en el art韈ulo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisi髇 del deslinde se incorporen al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre pasar醤 a ser titulares de un derecho de ocupaci髇 y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administraci髇 otorgar� de oficio la concesi髇, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesi髇 se otorgar� por setenta y cinco a駉s, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligaci髇 de abonar canon.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisi髇 del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de protecci髇 podr醤 realizar obras de reparaci髇, mejora, consolidaci髇 y modernizaci髇 siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras deber醤 suponer una mejora en la eficiencia energ閠ica. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendr醤 que obtener una calificaci髇 energ閠ica final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditar� mediante la certificaci髇 de eficiencia energ閠ica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento b醩ico para la certificaci髇 de la eficiencia energ閠ica de los edificios o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificaci髇 de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplear醤 los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentar醤 el uso de recursos h韉ricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Las circunstancias a las que se refiere este apartado deber醤 acreditarse ante la Administraci髇 auton髆ica, mediante una declaraci髇 responsable, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y Procedimiento Administrativo Com鷑, con car醕ter previo a la autorizaci髇 urban韘tica que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tr醤sito se requerir� que, con car醕ter previo, la Administraci髇 del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tr醤sito queda garantizada. Este informe deber� emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entender� que tiene car醕ter favorable.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 8 de octubre de 2013, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5020-2013, contra el art韈ulo primero, apartados ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, subapartado 3; y cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protecci髇 y uso sostenible del litoral y de modificaci髇 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (獴.O.E.� 18 octubre).

�1. La Administraci髇 del Estado podr� declarar en situaci髇 de regresi髇 grave aquellos tramos del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la l韓ea de orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios t閏nicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situaci髇 de regresi髇 grave no podr� otorgarse ning鷑 nuevo t韙ulo de ocupaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre.

3. Excepcionalmente y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundaci髇 en los pr髕imos cinco a駉s, la declaraci髇 podr� prever que se otorguen derechos de ocupaci髇 destinados a servicios p鷅licos acordes con lo establecido en el art韈ulo 32. Estas ocupaciones no podr醤 otorgarse por un plazo que exceda de cinco a駉s, prorrogables por periodos iguales dentro del m醲imo previsto en la presente Ley.

4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupaci髇, existentes en los terrenos declarados en situaci髇 de regresi髇 grave se mantendr醤, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los t閞minos del apartado anterior. En caso contrario, el derecho de ocupaci髇 se extinguir� de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 78.

5. En los terrenos declarados en situaci髇 de regresi髇 grave, la Administraci髇 del Estado podr� realizar actuaciones de protecci髇, conservaci髇 o restauraci髇. En este caso podr� imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 87 bis.

6. La declaraci髇 de situaci髇 de regresi髇 grave se har� por Orden Ministerial, previo informe de la Comunidad Aut髇oma correspondiente y se publicar� en el "Bolet韓 Oficial del Estado”, as� como en la sede electr髇ica del Ministerio.

7. Si las circunstancias que motivaron la declaraci髇 de situaci髇 de regresi髇 grave desaparecieran, por Orden Ministerial se podr� revocar tal declaraci髇, cesando todos sus efectos.�

獷n las m醨genes de los r韔s hasta donde sean sensibles las mareas la extensi髇 de esta zona podr� reducirse por la Administraci髇 del Estado, de acuerdo con la Comunidad Aut髇oma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un m韓imo de 20 metros, en atenci髇 a las caracter韘ticas geomorfol骻icas, a sus ambientes de vegetaci髇, y a su distancia respecto de la desembocadura, conforme a lo que reglamentariamente se disponga.�

• 玞) Las actividades que impliquen la destrucci髇 de yacimientos de 醨idos naturales o no consolidados, entendi閚dose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detr韙icos tipo arenas o gravas.�

�2. Con car醕ter ordinario, solo se permitir醤 en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicaci髇, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas mar韙imas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, as� como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecuci髇 de terraplenes, desmontes o tala de 醨boles deber醤 cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protecci髇 del dominio p鷅lico.�

�4. Reglamentariamente se establecer醤 las condiciones en las que se podr� autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este art韈ulo, siempre que sea parte integrante o acompa馿 a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protecci髇.�

�6. Reglamentariamente se desarrollar� el r間imen de ocupaci髇 y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotar� a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protecci髇 que restrinja las ocupaciones, autorizando 鷑icamente las que sean indispensables o est閚 previstas en la normativa aplicable. Se regular� la ocupaci髇 y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestaci髇 de los servicios que sea compatible con el uso com鷑.

En los tramos urbanos podr� autorizarse la celebraci髇 de aquellos eventos de inter閟 general con repercusi髇 tur韘tica que cumplan los requisitos que se establezcan, en particular, los relativos a superficie y tiempo de ocupaci髇 f韘ica, as� como la adopci髇 de todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afecci髇 ambiental y a garantizar el mantenimiento del tramo de playa en el estado anterior a la ocupaci髇. En todo caso, una vez finalizada la ocupaci髇, se proceder� de manera inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecuci髇 de las dem醩 actuaciones precisas para asegurar la 韓tegra conservaci髇 de la playa.

En la delimitaci髇 de los tramos urbanos y naturales de las playas participar醤 las administraciones competentes en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo, en la forma que reglamentariamente se determine.�

�1. Estar� prohibida la publicidad permanente a trav閟 de carteles o vallas o por medios ac鷖ticos o audiovisuales.

Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podr� autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompa馿 a instalaciones o actividades permitidas en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y siempre que sea compatible con su protecci髇.�

�2. Deber醤 prever la adaptaci髇 de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresi髇 de 閟ta.

Asimismo, los proyectos deber醤 contener una evaluaci髇 de los posibles efectos del cambio clim醫ico sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente.�

玁o se entender� incluida en los supuestos de prohibici髇 del p醨rafo anterior la reparaci髇 de colectores existentes, as� como su construcci髇 cuando se integren en paseos mar韙imos u otros viales urbanos.�

�1. La adscripci髇 de bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre a las Comunidades Aut髇omas para la construcci髇 de nuevos puertos y v韆s de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliaci髇 o modificaci髇 de los existentes, se formalizar� por la Administraci髇 del Estado. La porci髇 de dominio p鷅lico adscrita conservar� tal calificaci髇 jur韉ica, correspondiendo a la Comunidad Aut髇oma la utilizaci髇 y gesti髇 de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeci髇 a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las pr髍rogas, no podr� ser superior al plazo m醲imo de vigencia establecido en la legislaci髇 estatal para las concesiones sobre dominio p鷅lico portuario en los puertos de inter閟 general.

En los supuestos de adscripci髇, la Comunidad Aut髇oma ostentar�, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condici髇 de sustituto del contribuyente respecto a la porci髇 adscrita del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.�

�4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre adscritos, que no re鷑an las caracter韘ticas del art韈ulo 3, adem醩 de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podr醤 permitir usos comerciales y de restauraci髇, siempre que no se perjudique el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urban韘tico. En todo caso, se proh韇en las edificaciones destinadas a residencia o habitaci髇.

Reglamentariamente se fijar醤 los criterios de asignaci髇 de superficie m醲ima para los usos previstos en el p醨rafo anterior, teniendo en cuenta el n鷐ero de amarres del puerto y los dem醩 requisitos necesarios para no perjudicar el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, ni la actividad portuaria.�

獷l plazo de vencimiento ser� el que se determine en el t韙ulo correspondiente, y no podr� exceder de cuatro a駉s, salvo en los casos en que esta Ley establece otro diferente.�

�1. Las autorizaciones podr醤 ser revocadas unilateralmente por la Administraci髇 en cualquier momento, sin derecho a indemnizaci髇, cuando produzcan da駉s en el dominio p鷅lico, impidan su utilizaci髇 para actividades de mayor inter閟 p鷅lico, o menoscaben el uso p鷅lico, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este 鷏timo caso, solo se revocar� la autorizaci髇, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupaci髇 a la nueva normativa o la adaptaci髇 no fuera posible f韘ica o jur韉icamente.�

�2. El concesionario tendr� derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesi髇. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizar� en estos terrenos, el libre acceso y tr醤sito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad mar韙ima, represi髇 del contrabando, para el ejercicio de las funciones de polic韆 de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y para el cumplimiento de las dem醩 funciones que tengan atribuidas.

En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el tr醘ico mar韙imo sea necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se podr醤 depositar en los terrenos objeto de concesi髇, las embarcaciones y sus pertrechos.�

�2. En ning鷑 caso podr醤 ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico.

Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesi髇, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratar se producir� la extinci髇 de la concesi髇.

En caso de declaraci髇 de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidaci髇, no se producir� la extinci髇 de la concesi髇, si su titular prestare las garant韆s suficientes, a juicio de la Administraci髇, para continuar con la ocupaci髇 en los t閞minos previstos en el t韙ulo concesional.�

�2. El plazo ser� el que se determine en el t韙ulo correspondiente, que en ning鷑 caso podr� exceder de setenta y cinco a駉s. Reglamentariamente, se establecer醤 los plazos m醲imos de duraci髇 de las concesiones en funci髇 de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos m醲imos fijados para cada uso podr醤 ampliarse, en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo m醲imo de setenta y cinco a駉s, cuando el concesionario presente proyectos de regeneraci髇 de playas y de lucha contra la erosi髇 y los efectos del cambio clim醫ico, aprobados por la Administraci髇.

3. Cuando el objeto de una concesi髇 extinguida fuese una actividad amparada por otra concesi髇 de explotaci髇 de recursos mineros o energ閠icos otorgada por la Administraci髇 del Estado por un plazo superior, su titular tendr� derecho a que se le otorgue una nueva concesi髇 de ocupaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesi髇 de explotaci髇, sin que en ning鷑 caso pueda exceder de setenta y cinco a駉s.�

獿as concesiones ser醤 transmisibles por actos inter vivos y mortis causa.

La transmisi髇 inter vivos solo ser� v醠ida si con car醕ter previo la Administraci髇 reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesi髇.

En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a t韙ulo de herencia o de legado, podr醤 subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de cuatro a駉s comuniquen expresamente a la Administraci髇 el fallecimiento y la voluntad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicaci髇, la concesi髇 quedar� extinguida.�

�1. En todos los casos de extinci髇 de una concesi髇, la Administraci髇 del Estado decidir� sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio p鷅lico y de su zona de servidumbre de protecci髇 por el interesado y a sus expensas. Dicha decisi髇 se adoptar� de oficio o a instancia de aqu閘, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se determine en caso de extinci髇 normal por cumplimiento del plazo, y en los dem醩 supuestos de extinci髇 en el momento de la resoluci髇 del correspondiente expediente.

No obstante lo anterior, en los supuestos de extinci髇 de la concesi髇 previstos en la letra m) del art韈ulo 78, se proceder�, en todo caso, al levantamiento y retirada de las obras e instalaciones del dominio p鷅lico y de su zona de servidumbre de protecci髇.�

• 玬) Obligaci髇 del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la administraci髇 de adaptaci髇 a la subida del nivel del mar, los cambios en la direcci髇 del oleaje u otros efectos del cambio clim醫ico.�

• 玧) Incurrir en prohibici髇 de contratar, de acuerdo con el art韈ulo 65.2 de esta Ley.
• k) La falta de la comunicaci髇 expresa prevista en el art韈ulo 70.2 de esta Ley en los casos de transmisi髇 mortis causa de las concesiones.
• l) La falta del reconocimiento previo por la Administraci髇 previsto en el segundo p醨rafo del art韈ulo 70.2.
• m) Revocaci髇 de la concesi髇 cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

�3. El plazo para notificar la resoluci髇 del procedimiento por el que se declare la extinci髇 del derecho a la ocupaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre ser� de dieciocho meses.�

�1. Toda ocupaci髇 o aprovechamiento del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre en virtud de una concesi髇 o autorizaci髇, cualquiera que fuere la Administraci髇 otorgante, devengar� el correspondiente canon en favor de la Administraci髇 del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquella.

2. Est醤 obligados al pago del canon, en la cuant韆 y condiciones que se determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas.

3. Para la determinaci髇 de la cuant韆 del canon se tendr醤 en cuenta las siguientes prescripciones:

• 3.1 Ocupaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre:
  • a) Por ocupaci髇 de bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, la valoraci髇 del bien ocupado se determinar� por equiparaci髇 al mayor de los tres valores siguientes: el valor catastral, el comprobado por la Administraci髇 a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestaci髇 o valor de adquisici髇 declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio p鷅lico.
    
    En caso de no existir un aprovechamiento similar, se tomar� la media de los valores utilizados para la determinaci髇 de los c醤ones devengados por las concesiones otorgadas en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre en ese t閞mino municipal.
    
    El valor resultante ser� incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilizaci髇 del dominio p鷅lico durante un per韔do de diez a駉s. Si la duraci髇 de la concesi髇 tuviera un plazo inferior a diez a駉s, esa estimaci髇 ser� por todo el per韔do concesional.
    
    La estimaci髇 de dichos beneficios se realizar� teniendo en cuenta los estudios econ髆icos que facilite el solicitante de la concesi髇 o autorizaci髇, as� como las informaciones que pueda recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administraci髇 otorgante, directamente o por comparaci髇 con otras concesiones existentes. En ning鷑 caso esta estimaci髇 ser� inferior al 20 por 100 del importe de la inversi髇 a realizar por el solicitante.
  • b) Para las ocupaciones de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad y comunicaciones, de inter閟 general, la valoraci髇 del bien ocupado ser� de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, incrementada en los rendimientos que sea previsible obtener en la utilizaci髇 de dicho dominio. En ning鷑 caso esta estimaci髇 ser� inferior al 20 por 100 del importe de la inversi髇 a realizar por el solicitante.
  • c) En el caso de ocupaciones de obras e instalaciones ya existentes la base imponible se calcular� sumando lo dispuesto en los apartados a), b) o d) de este art韈ulo, seg鷑 proceda al valor material de dichas obras e instalaciones.
  • d) En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial la valoraci髇 del bien ocupado ser� de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, a la que se sumar� lo dispuesto en el apartado a), p醨rafos tercero y cuarto. En el caso de que estas ocupaciones se destinen a la investigaci髇 o explotaci髇 de recursos mineros y energ閠icos se abonar� un canon de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada.
• 3.2 Por aprovechamiento de bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, el valor del bien ser� el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado.

4. En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupaci髇 y aprovechamiento del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre se calcular� con arreglo a las siguientes reglas:

• a) Se considerar� como valor de los bienes ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro cuadrado.
• b) En cuanto a los rendimientos que se prev� obtener en la utilizaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, se considerar醤 los siguientes coeficientes:
  • Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores 0,4 €/m².
  • Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las r韆s 0,16 €/m².
  • Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desag黣s desde cultivos marinos localizados en tierra 5 €/m².
  
  
  Estas cantidades se revisar醤 por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo en cuenta la variaci髇 experimentada por el 蚽dice General Nacional del sistema de 蚽dices de Precios de Consumo.

5. El tipo de gravamen anual ser� del 8 por 100 sobre el valor de la base, salvo en el caso de aprovechamiento, que ser� del 100 por 100.

6. El canon de ocupaci髇 a favor de la Administraci髇 General del Estado que devengar醤 las concesiones que las Comunidades Aut髇omas otorguen en dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre adscrito para la construcci髇 de puertos deportivos o pesqueros, se calcular� seg鷑 lo previsto en esta Ley y en su normativa de desarrollo. La estimaci髇 del beneficio que se utilice para obtener la base imponible del canon, en ning鷑 caso podr� ser inferior al 3,33 por 100 del importe de la inversi髇 a realizar por el solicitante.

7. El canon podr� reducirse un 90 por 100 en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso p鷅lico gratuito.

En los t韙ulos otorgados a entidades n醬tico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de car醕ter no lucrativo, el importe del canon de ocupaci髇 podr� reducirse un 75 por 100. Para la obtenci髇 de dicha reducci髇 ser� preciso que la Federaci髇 deportiva correspondiente certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad n醬tico-deportiva.

En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesi髇 a actividades distintas de la n醬tico-deportiva y que tengan car醕ter lucrativo, esas ocupaciones se calcular醤, a efectos de la determinaci髇 del canon, seg鷑 las reglas generales recogidas en los apartados anteriores.

Con objeto de incentivar mejores pr醕ticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducir� un 40 por 100 en el supuesto de concesionarios adheridos, con car醕ter permanente y continuado, al sistema comunitario de gesti髇 y auditor韆 medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de gesti髇 pero dispusieran del sistema de gesti髇 medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los concesionarios tendr醤 una reducci髇 del 25 por 100.

8. Las Comunidades Aut髇omas, las entidades locales y las entidades de derecho p鷅lico dependientes de ellas, estar醤 exentas del pago del canon de ocupaci髇 en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean objeto de explotaci髇 lucrativa, directamente o por terceros. Igualmente quedar醤 exentos del pago de este canon los supuestos previstos en el apartado 2 del art韈ulo 54 de esta Ley.

9. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores, tendr� car醕ter anual y se producir� con el otorgamiento inicial de la concesi髇 o autorizaci髇. Ser� exigible en la cuant韆 que corresponda y en los plazos que se se馻len en las condiciones de dicha concesi髇 o autorizaci髇. En el caso previsto en el apartado 3.2 de este art韈ulo, el devengo se producir� cuando el aprovechamiento se lleve a cabo.

En el supuesto de autorizaciones y concesiones de duraci髇 superior a un a駉, cuyo canon se haya establecido o haya sido revisado aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras P鷅licas y Transportes, por la que se determina la cuant韆 del canon de ocupaci髇 y aprovechamiento del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, el mismo quedar� actualizado anualmente, de forma autom醫ica, incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicaci髇 a la misma de la variaci髇 experimentada por el 蚽dice General Nacional del sistema de 蚽dices de Precios de Consumo en los 鷏timos doce meses, seg鷑 los datos publicados anteriores al primer d韆 de cada nuevo a駉. El devengo del canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, ser� exigible en los plazos fijados en las condiciones establecidas en cada t韙ulo.

En el caso de las concesiones de duraci髇 superior a un a駉, cuyo canon no se haya establecido o revisado aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, previamente se proceder� a su revisi髇 conforme a la misma. Una vez realizada esta revisi髇 quedar� actualizado anualmente tal como establece el p醨rafo anterior.�

1. Podr醤 imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecuci髇 de las obras que se realicen en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre para su protecci髇, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtenci髇 por personas f韘icas o jur韉icas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecuci髇 de las obras tendr�, a estos efectos, la consideraci髇 de beneficio especial.

2. Ser醤 sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protecci髇, defensa y mejora del domino p鷅lico mar韙imo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupaci髇, as� como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.

3. La base imponible se fijar� en el real decreto por el que se acuerde la contribuci髇 especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

4. El importe total de la contribuci髇 especial se repartir� entre los sujetos pasivos, atendiendo a aquellos criterios objetivos que, seg鷑 la naturaleza de las obras y circunstancias concurrentes, se determinen entre los que figuran a continuaci髇:

• a) Superficie de las concesiones y fincas colindantes beneficiadas.
• b) Plazo restante para la extinci髇 del derecho de ocupaci髇.
• c) Los que determine el real decreto por el que se acuerde la contribuci髇 especial en atenci髇 a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El Gobierno, mediante real decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones P鷅licas, y de Agricultura, Alimentaci髇 y Medio Ambiente, acordar� el establecimiento de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.�

�1. Las infracciones se clasificar醤 en leves y graves.

2. Se considerar醤 infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes:

• a) La alteraci髇 de hitos de los deslindes.
• b) La ocupaci髇 o la utilizaci髇 sin el debido t韙ulo administrativo del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administraci髇 para la cesaci髇 de la conducta abusiva.
• c) La ejecuci髇 no autorizada de obras e instalaciones en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, as� como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.
• d) La extracci髇 no autorizada de 醨idos.
• e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los 醨idos establecidas en esta Ley.
• f) La interrupci髇 de los accesos p鷅licos al mar y de la servidumbre de tr醤sito.
• g) La realizaci髇 de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protecci髇 y tr醤sito y acceso al mar.
• h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.
• i) La utilizaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la presente Ley.
• j) La realizaci髇, sin t韙ulo administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administraci髇 para la cesaci髇 de la conducta abusiva o que, habi閚dose notificado la incoaci髇 de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
• k) Las acciones u omisiones que produzcan da駉s irreparables o de dif韈il reparaci髇 en el dominio p鷅lico o supongan grave obst醕ulo al ejercicio de las funciones de la Administraci髇.
• l) El falseamiento de la informaci髇 suministrada a la Administraci髇.
• m) La reincidencia, por comisi髇 en el t閞mino de dos a駉s, de m醩 de una infracci髇 de car醕ter leve cuando as� haya sido declarado por resoluci髇 firme.�

玊endr醤 el car醕ter de infracciones leves las acciones u omisiones, adem醩 de las que no est閚 comprendidas en el art韈ulo 90, las siguientes:

• a) La ocupaci髇 o la utilizaci髇 sin el debido t韙ulo administrativo del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre no constitutivas de infracci髇 grave.
• b) La ejecuci髇 de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre sin el debido t韙ulo administrativo.
• c) Las acciones u omisiones que causen da駉s o menoscabo a los bienes del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre o a su uso.
• d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.
• e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes t韙ulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad.
• f) La publicidad no autorizada en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre o en la zona de servidumbre de protecci髇.
• g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio p鷅lico y sus zonas de servidumbre sin el debido t韙ulo administrativo o en pugna con sus condiciones.
• h) La obstrucci髇 al ejercicio de las funciones de polic韆 que corresponden a la Administraci髇.
• i) La omisi髇 de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la presente Ley.�

�1. El plazo de prescripci髇 de las infracciones ser� de dos a駉s para las graves y de 6 meses para las leves, contados a partir de su total consumaci髇. Interrumpir� la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanud醤dose el plazo de prescripci髇 si el expediente sancionador estuviera paralizado durante m醩 de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.

2. El plazo de prescripci髇 de las sanciones ser� de dos a駉s para las graves y de un a駉 para las leves, contados a partir del d韆 siguiente a aqu閘 en que adquiera firmeza la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇. Interrumpir� la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecuci髇, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante m醩 de dos meses por causa no imputable al infractor.�

�1. Ser醤 responsables de la infracci髇 las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas siguientes:

• a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un t韙ulo administrativo, el titular de 閟te.
• b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el t閏nico director de la misma, as� como cualquier otro sujeto que intervenga por acci髇 u omisi髇 en la comisi髇 del hecho constitutivo de la infracci髇.
• c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de t韙ulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione da駉s graves al dominio p鷅lico o a terceros, ser醤 igualmente responsables:
  • Uno. Los funcionarios o empleados de cualquier Administraci髇 P鷅lica que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente t韙ulo, que ser醤 sancionados por falta grave en v韆 disciplinaria, previo el correspondiente expediente.
  • Dos. Las autoridades y los miembros de 髍ganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Entidades p鷅licas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del t韙ulo, desoyendo informes preceptivos y un醤imes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanci髇 ser� de multa de la cuant韆 que corresponda en cada caso por aplicaci髇 de los criterios de la presente Ley.

La procedencia de indemnizaci髇 por los da駉s y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinar� conforme a las normas que regulan con car醕ter general la responsabilidad de la Administraci髇. En ning鷑 caso habr� lugar a indemnizaci髇 si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

2. En el caso de existir m醩 de un sujeto responsable de la infracci髇, las consecuencias derivadas de 閟ta se exigir醤 con car醕ter solidario.�

�2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas como varias infracciones se impondr醤 tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso de que un mismo hecho u omisi髇 fuera constitutivo de dos o m醩 infracciones, se tomar� en consideraci髇 鷑icamente aquella que comporte mayor sanci髇. En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una infracci髇 calificable como medio o instrumento para asegurar la comisi髇 de otros hechos, tambi閚 constitutivos de infracci髇 de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondr� la sanci髇 m醩 grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la presente Ley podr醤 ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.�

�1. Sin perjuicio de la sanci髇 penal o administrativa que se imponga, el infractor estar� obligado a la restituci髇 de las cosas y reposici髇 a su estado anterior, con la indemnizaci髇 de da駉s irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resoluci髇 correspondiente.

Esta obligaci髇 prescribir� a los quince a駉s desde que la Administraci髇 acuerde su imposici髇, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 10.2 de esta Ley.�

�1. Para las infracciones graves, la sanci髇 ser�:

• a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del art韈ulo 90.2, multa de hasta 300.000 euros. Para el c醠culo de la cuant韆 de la multa se tendr醤 en cuenta los siguientes criterios:
  • Uno. En el caso de alteraci髇 de hitos, 1.000 euros por hito afectado.
  • Dos. En el caso de interrupci髇 de los accesos p鷅licos al mar y de la servidumbre de tr醤sito, entre 1.000 y 5.000 euros por cada d韆 en que el acceso o el tr醤sito se encuentre interrumpido en funci髇 de la naturaleza del tramo de playa en que se cometa la infracci髇, de acuerdo con los criterios que se desarrollen reglamentariamente.
    
    Las infracciones por tiempo inferior a un d韆 se calcular醤 proporcionalmente.
  • Tres. En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, se tendr醤 en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo producido, la cuant韆 de los da駉s ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor. La cuant韆 m韓ima ser� de 3.000 euros.
    
    En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento mar韙imo, 300 euros diarios.
    
    Las infracciones por tiempo inferior a un d韆 se calcular醤 proporcionalmente.
    
    En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorizaci髇.
  • Cuatro. En el supuesto de la utilizaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislaci髇 de costas, no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando 閟te no sea cuantificable, el valor de los da駉s y perjuicios causados al dominio p鷅lico y como m韓imo 150 euros.
    
    En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y d韆, siendo esta la sanci髇 m韓ima.
    
    En el caso de estacionamiento o circulaci髇 no autorizada de veh韈ulos, entre 50 y 150 euros, en funci髇 de los criterios que se establezcan reglamentariamente.
    
    Las infracciones por tiempo inferior a un d韆 se calcular醤 proporcionalmente.
  • Cinco. En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan da駉s irreparables o de dif韈il reparaci髇 en el dominio p鷅lico o supongan grave obst醕ulo del ejercicio de las funciones de la Administraci髇 no contemplados en otros apartados, la cuant韆 de la multa se graduar� en funci髇 de la gravedad de la acci髇 u omisi髇, con un m韓imo de 600 euros. Para su c醠culo se tendr醤 en cuenta los criterios establecidos en el art韈ulo 100.2 de esta Ley.
• b) En el supuesto del apartado b) del art韈ulo 90.2, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado y d韆.
  
  Las infracciones por tiempo inferior a un d韆 se calcular醤 proporcionalmente.
• c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del art韈ulo 90.2, multa del 50% del valor de las obras e instalaciones cuando est閚 en dominio p鷅lico o en la zona de servidumbre de tr醤sito o de acceso al mar, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre de protecci髇, con un m韓imo de 300 euros.
• d) En el supuesto del apartado d) del art韈ulo 90.2, multa equivalente a 20 euros por metro c鷅ico.
• e) En el supuesto del apartado e) del art韈ulo 90.2, el 10 por 100 del valor de la transmisi髇.
• f) En el supuesto del apartado m) del art韈ulo 90.2 la multa se obtendr� por la suma de las establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando 鷑icamente, en su caso, la reducci髇 de la cuant韆 hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situaci髇 creada por la comisi髇 de la infracci髇 en el plazo que se se馻le en el correspondiente requerimiento.
• g) En los supuestos de publicidad no autorizada, multa entre 100 y 250 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales y entre 50 y 100 euros por metro cuadrado, cuando sea a trav閟 de vallas o carteles, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan.
• h) En los supuestos del apartado l) del art韈ulo 90.2, 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

2. Para las infracciones leves la sanci髇 ser� de multa, en la cuant韆 que se determine reglamentariamente para cada tipo de infracci髇, aplicando los criterios del apartado anterior, de modo que aqu閘la no sea superior a la mitad de la que resultar韆 con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros.

En los casos siguientes la sanci髇 ser�:

• a) En los supuestos del apartado g) del art韈ulo 91, con un m韓imo de 50 euros, se calcular� con arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido t韙ulo administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho t韙ulo, la que se prevea en las cl醬sulas concesionales.
• b) En los supuestos del apartado h) del art韈ulo 91, la multa m韓ima, por obstrucci髇 al ejercicio de las funciones de polic韆 que corresponden a la Administraci髇, ser� de 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.
• c) En los supuestos de da駉s al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre no constitutivos de infracci髇 grave, la multa ser� equivalente al valor del da駉 causado.
  
  En caso de ocupaci髇 o utilizaci髇 sin t韙ulo, no constitutiva de infracci髇 grave, de 20 euros por metro cuadrado y d韆.
  
  Las infracciones por tiempo inferior a un d韆 se calcular醤 proporcionalmente.
• d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas, la multa ser� de 120 euros por metro cuadrado.
• e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del t韙ulo, la multa ser� de 200 euros por cada incumplimiento.
• f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracci髇 grave de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 90.2, multa de 150 euros por incumplimiento.�

�1. La imposici髇 de las multas corresponder� a la Administraci髇 competente por raz髇 de la materia. Cuando lo sea la Administraci髇 del Estado, estar醤 facultados, con arreglo a los l韒ites que se fijan a continuaci髇, los siguientes 髍ganos:

• a) Jefe del servicio perif閞ico, hasta 60.000 euros.
• b) Director general, hasta 300.000 euros.
• c) Ministro, hasta 1.200.000 euros.
• d) Consejo de Ministros, m醩 de 1.200.000 euros.

2. Estos l韒ites podr醤 ser actualizados mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

3. Las Comunidades Aut髇omas podr醤 imponer multas de hasta 1.200.000 euros en el 醡bito de su competencia de ejecuci髇 de la legislaci髇 estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.

4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal seg鷑 esta Ley, podr醤 imponer multas de hasta 12.000 euros.�

獶urante el tiempo de paralizaci髇, prohibici髇 o suspensi髇, la Administraci髇 no asumir� ning鷑 tipo de obligaci髇 laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de prevenci髇 de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto.�

�2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento previsto en el art韈ulo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del r間imen local, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentaci髇 y Medio Ambiente, podr� suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio p鷅lico mar韙imo terrestre o de la servidumbre de protecci髇 o que supongan una infracci髇 manifiesta de lo dispuesto en el art韈ulo 25 de la presente Ley.�

�2. Los titulares de los terrenos de la zona mar韙imo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administraci髇 al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta Ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el art韈ulo 34 de la Ley Hipotecaria , pasar醤 a ser titulares de un derecho de ocupaci髇 y aprovechamiento del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, por treinta a駉s, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deber醤 solicitar la correspondiente concesi髇.

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇 , la concesi髇 se otorgar� previo informe del 髍gano ambiental de la Comunidad Aut髇oma en la que radique la ocupaci髇. El informe determinar� los efectos que la ocupaci髇 tiene para el medio ambiente e incluir�, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesi髇 para garantizar una adecuada protecci髇 del medio ambiente. Este informe tendr� car醕ter determinante. Si la Administraci髇 General del Estado se aparta de su contenido deber� motivar las razones de inter閟 general por las que lo hace, en la resoluci髇 por la que se otorgue o deniegue la concesi髇.

Si el informe del 髍gano ambiental auton髆ico no fuera emitido en el plazo de tres meses se proceder� de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 83.4 de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y Procedimiento Administrativo Com鷑.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de sus derechos.

3. En los tramos de costa en que el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre no est� deslindado o lo est� parcialmente a la entrada en vigor de la presente Ley, se proceder� a la pr醕tica del correspondiente deslinde, cuya aprobaci髇 surtir� los efectos previstos en el art韈ulo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio p鷅lico, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales de los terrenos, amparados por el art韈ulo 34 de la Ley Hipotecaria , que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasar醤 a ser titulares de un derecho de ocupaci髇 y aprovechamiento del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre en los t閞minos previstos en el apartado segundo de esta disposici髇.�

�5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas mar韙imas se excluir醤 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables.

A estos terrenos les ser� de aplicaci髇 el r間imen dispuesto en la presente Ley para la zona de servidumbre de protecci髇.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 8 de octubre de 2013, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5020-2013, contra el art韈ulo primero, apartados ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, subapartado 3; y cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protecci髇 y uso sostenible del litoral y de modificaci髇 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (獴.O.E.� 18 octubre).

• 玜) Si ocupan terrenos de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, ser醤 demolidas al extinguirse la concesi髇.
  
  Mientras la concesi髇 est� vigente, sus titulares podr醤 realizar obras de reparaci髇, mejora, consolidaci髇 y modernizaci髇 siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes.
• b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tr醤sito, los titulares de las construcciones e instalaciones podr醤 realizar las obras de reparaci髇, mejora, consolidaci髇 y modernizaci髇 siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podr醤 ser autorizadas por el 髍gano urban韘tico competente, sin que con car醕ter previo, la Administraci髇 del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tr醤sito queda garantizada. Este informe deber� emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entender� que tiene car醕ter favorable.
• c) En el resto de la zona de servidumbre de protecci髇 y en los t閞minos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposici髇 transitoria tercera, podr醤 realizarse obras de reparaci髇, mejora, consolidaci髇 y modernizaci髇 siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolici髇 total o parcial, las nuevas construcciones deber醤 ajustarse 韓tegramente a las disposiciones de esta Ley.�

�3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposici髇 transitoria, cuando les sea aplicable, deber醤:

• a) Suponer una mejora en la eficiencia energ閠ica. A tal efecto, tendr醤 que obtener una calificaci髇 energ閠ica final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditar� mediante la certificaci髇 de eficiencia energ閠ica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento b醩ico para la certificaci髇 de la eficiencia energ閠ica de los edificios o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificaci髇 de edificios existentes.
• b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentar醤 el uso de recursos h韉ricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podr醤 ser autorizadas por el 髍gano urban韘tico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administraci髇 del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas una declaraci髇 responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondr醤 un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energ閠ica y ahorro de agua, cuando les sean de aplicaci髇. La declaraci髇 responsable se ajustar� a lo dispuesto en el art韈ulo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y Procedimiento Administrativo Com鷑.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 8 de octubre de 2013, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5020-2013, contra el art韈ulo primero, apartados ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, subapartado 3; y cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protecci髇 y uso sostenible del litoral y de modificaci髇 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (獴.O.E.� 18 octubre).

1. Son urbanizaciones mar韙imo-terrestres los n鷆leos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundaci髇 artificial de terrenos privados.

2. Las urbanizaciones mar韙imo-terrestres deber醤 contar con un instrumento de ordenaci髇 territorial o urban韘tica que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre se establecen en esta disposici髇 y en sus normas de desarrollo.

3. La realizaci髇 de las obras para construir los canales navegables de la urbanizaci髇 mar韙imo-terrestre que dan lugar a la invasi髇 por el mar o por las aguas de los r韔s hasta donde se hagan sensible el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, ni est閚 afectadas por la servidumbre de protecci髇, producir醤 los siguientes efectos:

• a) El terreno inundado se incorporar� al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre. No obstante, no se incluir醤 en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento n醬tico individual y privado. Tampoco se incorporar醤 al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a estacionamiento n醬tico colectivo y privado.
• b) La servidumbre de protecci髇 preexistente con anterioridad a las obras mantendr� su vigencia. No se generar� una nueva servidumbre de protecci髇 ni de tr醤sito, en torno a los espacios inundados.
• c) El instrumento de ordenaci髇 territorial o urban韘tica deber� garantizar a trav閟 de viales el tr醤sito y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente.

4. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendr醤 un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho est� vinculado a la propiedad de la vivienda y solo ser醤 transmisible junto a ella.

5. Las obras para la construcci髇 de los canales navegables y los estacionamientos n醬ticos a los que se refiere la letra a) del apartado 3, precisar醤 del correspondiente t韙ulo administrativo para su realizaci髇 y en ning鷑 caso afectar醤 a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.�

1. Los bienes declarados de inter閟 cultural situados en dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre quedar醤 sujetos al r間imen concesional previsto en la presente Ley, a cuyo efecto la Administraci髇 otorgar� la correspondiente concesi髇, en el plazo de un a駉 a contar desde la fecha de la declaraci髇 de inter閟 cultural.

2. A los bienes declarados de inter閟 cultural que se encuentren situados en el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, la zona de servidumbre de tr醤sito, de servidumbre de protecci髇 o de influencia se les aplicar醤 las medidas derivadas de dicho r間imen con preferencia a las contenidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposici髇 transitoria tercera apartado 3. 3.

La incorporaci髇 de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, as� como de las alteraciones de sus caracter韘ticas, que deban realizarse como consecuencia de lo dispuesto en esta Ley, se efectuar醤 en los t閞minos previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en particular en lo que se refiere a la utilizaci髇 de la referencia catastral y las obligaciones de comunicaci髇, colaboraci髇 y suministro de informaci髇 a trav閟 de medios telem醫icos. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas, se establecer醤 los requisitos t閏nicos para dar cumplimiento a las obligaciones citadas.�

• 玡) Cuando el titular de la concesi髇 o autorizaci髇 sea un club n醬tico u otro deportivo sin fines lucrativos: 30 por ciento de la cuota correspondiente a la tasa asociada a los espacios terrestres, los de agua y a las obras e instalaciones, destinados exclusivamente a la realizaci髇 de actividades n醬ticas, a cuyo efecto deber� incluirse en el t韙ulo de otorgamiento un plano en el que se determine la superficie, obras e instalaciones dedicadas a dicha finalidad. En el caso de que disponga de atraques otorgados en concesi髇 o autorizaci髇, al menos un 80 por ciento de los mismos deber醤 estar destinados a embarcaciones con eslora inferior a doce metros para poder aplicarse esta bonificaci髇.�

�2. Los sustitutos designados en este precepto est醤 solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligaci髇 tributaria, pudiendo la Autoridad Portuaria dirigirse indistintamente a cualquiera de ellos.�