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Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

Ficha:
  • 觬ganoJEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE n鷐. 83 de 05 de Abril de 2014
  • Vigencia desde 05 de Junio de 2014. Revisi髇 vigente desde 16 de Junio de 2021
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
16/6/2021
LE0000698696_20220829Ir a NormaLO 7/2021 de 26 May. (protecci髇 de datos personales tratados para fines de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecuci髇 de sanciones penales)
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Art韈ulo 69 redactado por la disposici髇 final s閜tima de la L.O. 7/2021, de 26 de mayo, de protecci髇 de datos personales tratados para fines de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecuci髇 de sanciones penales (獴.O.E. 27 mayo).LE0000526996_20210616Ir a Norma

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PRE罬BULO

I

La seguridad no es solo un valor jur韉ico, normativo o pol韙ico; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.

Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoraci髇 de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional m醩 all de la que provee la seguridad p鷅lica o satisfacen sus necesidades de informaci髇 profesional con la investigaci髇 de asuntos de su leg韙imo inter閟. En esta 髉tica, la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipaci髇 y prevenci髇 frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideraci髇 de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad p鷅lica, es hoy un hecho innegable.

No solo en Espa馻 sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo, la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las pol韙icas globales y nacionales de seguridad.

En los 鷏timos a駉s se han producido notables avances en la consideraci髇 ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconoci閚dose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas p鷅lico-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez m醩, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protecci髇 de la sociedad y a la defensa de los derechos y leg韙imos intereses de los ciudadanos.

La seguridad, entendida como pilar b醩ico de la convivencia ejercida en r間imen de monopolio por el poder p鷅lico del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realizaci髇 de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio p鷅lico de la seguridad.

La proyecci髇 de la Administraci髇 del Estado sobre la prestaci髇 de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del n鷆leo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad p鷅lica atribuida al Estado por el art韈ulo 149.1.29. de la Constituci髇, y en la misi髇 que, seg鷑 el art韈ulo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

A partir de ah, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la informaci髇 trascendente para la seguridad p鷅lica que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad y el leg韙imo derecho a usarla no pueden ser ocasi髇 de agresi髇 o desconocimiento de derechos o invasi髇 de las esferas jur韉icas y patrimoniales de otras personas. Y 閟ta es una de las razones que justifican la intensa intervenci髇 en la organizaci髇 y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misi髇 constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de regulaci髇 de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigaci髇 privada el papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los 鷏timos a駉s. Siendo diferentes de los dem醩 servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, dentro del conjunto de actividades de seguridad privada, refleja la configuraci髇 de aqu閘los como un elemento m醩 que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos, entendida en un sentido amplio.

II

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que ahora se deroga, vino a ordenar un sector hasta entonces regulado por una normativa dispersa, de rango inferior y de orientaci髇 preconstitucional en algunos casos, que contemplaba una realidad todav韆 incipiente, y a la que dicho marco legal permiti desarrollarse de forma arm髇ica hasta alcanzar la importancia y transcendencia que ahora tiene, habiendo sabido concitar la generalizada aceptaci髇 de la sociedad espa駉la.

Ciertamente, la Ley 23/1992, de 30 de julio, as como su normativa de desarrollo, ha supuesto un gran avance para la evoluci髇 de la seguridad privada en Espa馻, e incluso ha constituido un modelo para procesos normativos an醠ogos en otros Estados de la Uni髇 Europea. Sin embargo, resulta imprescindible alumbrar una nueva normativa legal que d soluci髇 a los problemas detectados y permita seguir evolucionando a un sector de la industria de servicios espa駉la que tanto ha contribuido a la seguridad.

En efecto, la regulaci髇 del a駉 1992 resulta hoy claramente insuficiente, lo que se percibe en sus profundas lagunas y carencias, paliadas parcialmente en el posterior reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, e incluso por normas de rango inferior o simples resoluciones. Han sido en muchas ocasiones este tipo de normas las que han permitido que la Ley 23/1992, de 30 de julio, haya podido mantener su vigencia hasta el momento actual.

Adem醩, la pertenencia de nuestro pa韘 a la Uni髇 Europea ha obligado a que la norma fundamental que regula en Espa馻 la seguridad privada, la Ley 23/1992, de 30 de junio, haya debido ser modificada por los Reales Decretos-leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre, as como por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas Leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada vez a un entorno m醩 abierto y globalizado, fen髆eno que la citada ley, l骻icamente, consider de manera muy colateral.

Otros dos factores determinantes de la necesidad de sustituir la vigente ley cabecera de este sector del ordenamiento jur韉ico son los important韘imos cambios tecnol骻icos, que condicionan la prestaci髇 de servicios de seguridad, y la tendencia a la integraci髇 de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuesti髇 a tener en cuenta tanto en el 醡bito de las actividades como en el de las funciones y servicios que presta el personal de seguridad privada, aspectos 閟tos que la Ley 23/1992, de 30 de julio, no pod韆 contemplar.

Pasados veinte a駉s desde su promulgaci髇, ante un sector maduro y completamente profesionalizado, con presencia en todos los lugares y niveles de la vida del pa韘 y de sus ciudadanos, y ante una realidad completamente diferente a la del a駉 1992, es necesario aprobar una nueva norma que permita solucionar los problemas de funcionamiento detectados a lo largo de estas dos d閏adas pasadas.

Este fen髆eno de insuficiencia de regulaci髇 se da a鷑 m醩, si cabe, con las actividades de investigaci髇 privada y los detectives privados, cuya inserci髇 tangencial en la Ley 23/1992, de 30 de julio, vino a abundar en el problema expuesto. En efecto son muy escasas las prevenciones sobre dichas actividades y personal no s髄o en sede legal, sino tambi閚 reglamentaria, por lo cual esta ley afronta de manera decidida y completa, en lo que le corresponde, la definici髇 de su contenido, perfiles, limitaciones y caracter韘ticas de quienes, convenientemente formados y habilitados, la desarrollan. De esta manera la regulaci髇 de las actividades y el personal de investigaci髇 privada pasa a constituir uno de los elementos fundamentales de la nueva ley, abandonando la presencia colateral que tiene en la vigente normativa.

III

Al contrario de la anterior regulaci髇, la nueva ley representa un tratamiento total y sistem醫ico de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en Espa馻, al tiempo que lo prepara para el futuro.

En consecuencia, es preciso transitar desde la concepci髇 de control y sanci髇, que inspira el pre醡bulo y el articulado de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y que tuvo su raz髇 de ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del inter閟 p鷅lico.

Es por eso que la nueva regulaci髇 contempla, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestaci髇 de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organizaci髇 y planificaci髇, formaci髇 y motivaci髇 del personal de seguridad; la eliminaci髇 de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotaci髇 al personal de seguridad privada del respaldo jur韉ico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboraci髇 entre la seguridad privada y la seguridad p鷅lica.

La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinaci髇 a desarrollar m醩 eficazmente el principio de complementariedad a trav閟 de otros que lo desarrollan, como los de cooperaci髇 o de corresponsabilidad, mediante una t閏nica legislativa m醩 flexible que permite una adaptaci髇 permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.

En la relaci髇 especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aut閚ticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en f髍mulas jur韉icas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempe馻do por la seguridad privada, de forma que, adem醩 de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema p鷅lico de seguridad, les haga part韈ipes de la informaci髇 que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes.

Se aborda, as, una reforma en profundidad de la regulaci髇 legal hasta ahora vigente que pivota sobre dos ejes. En primer lugar, sobre la base irrenunciable de la preeminencia de la seguridad p鷅lica sobre la seguridad privada, se realiza una adecuaci髇 de la normativa que permita su adaptaci髇 y d respuesta a la necesidad real de seguridad en cada momento, de manera que se aprovechen todas sus potencialidades. En segundo lugar, los poderes de intervenci髇 y control p鷅lico sobre la seguridad privada se focalizan en los aspectos verdaderamente esenciales para la seguridad p鷅lica, desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relaci髇 con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gesti髇 y se potencia su colaboraci髇 con la seguridad p鷅lica.

En resumen, puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva ley, adem醩 de mejorar y resolver problemas t閏nicos, de gesti髇 y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo espa駉l de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad p鷅lica), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protecci髇 y seguridad del conjunto de la ciudadan韆, de forma compatible con el leg韙imo inter閟 que persiguen las entidades privadas de seguridad.

Este mismo enfoque inspira los preceptos que se dedican a la investigaci髇 privada. En este punto, el legislador, como en las restantes actividades contempladas en la ley, tiene que hacer compatible ese enfoque positivo con una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del art韈ulo 18 de la Constituci髇.

IV

Uno de los aspectos donde m醩 se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la aprobaci髇 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participaci髇 de las comunidades aut髇omas en la materia. Lo que entonces era algo residual se ha transformado en un fen髆eno de mayor calado, pues a las comunidades aut髇omas con competencia estatutariamente asumida para la protecci髇 de personas y bienes y el mantenimiento del orden p鷅lico, se van uniendo otras comunidades aut髇omas cuyos nuevos estatutos de autonom韆 reconocen su competencia sobre la seguridad privada, aunque en ambos casos con sujeci髇 a lo que el Estado regule de acuerdo con el art韈ulo 149.1.29. de la Constituci髇.

As, la nueva ley quiere reconocer este cambio de situaci髇 y contemplar el fen髆eno de una manera global, no tangencial, como hasta el momento, reflejando los diferentes niveles competenciales en funci髇 de las previsiones estatutarias.

Para que la actuaci髇 de las distintas administraciones p鷅licas sea coherente con el mantenimiento de la armon韆 del sistema, es fundamental incidir en los principios de coordinaci髇 y cooperaci髇 interadministrativa.

Al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prev閚 mecanismos de coordinaci髇 institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y auton髆icas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sit鷄n en la 髍bita ejecutiva las competencias de las comunidades aut髇omas.

V

Se pasa de un tratamiento normativo parcial a una ley generalista, reguladora de la totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada, dotada de sistematicidad normativa a lo largo de sus siete t韙ulos, con un desglose de materias que abarcan desde lo m醩 general hasta lo m醩 espec韋ico.

As, en el t韙ulo preliminar se ha aprovechado para dar definici髇 legal a conceptos o t閞minos que hasta ahora permanec韆n jur韉icamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia, lo que sin duda alguna ha de tener una directa repercusi髇 favorable en la mejora de la seguridad jur韉ica.

En esta l韓ea, por primera vez se fija el 醡bito material y la finalidad a la que sirve la propia seguridad privada, que no puede ser otra que contribuir, con su acci髇 profesional, a completar la seguridad p鷅lica de la que forma parte.

Otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su t韙ulo preliminar son las referidas a la actualizaci髇 del 醡bito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigaci髇 privada, que se incluye con normalidad en el cat醠ogo de actividades de seguridad.

Adem醩, se reconoce a los operadores de seguridad la condici髇 de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnol骻ico y profunda transformaci髇 que ha experimentado la actividad de verificaci髇 de alarmas.

La seguridad de la informaci髇 y las comunicaciones aparece por primera vez configurada no como actividad espec韋ica de seguridad privada, sino como actividad compatible que podr ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades p鷅licas y privadas, llevar impl韈ito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.

Igualmente, en la l韓ea de reducir restricciones a la libre competencia, se liberaliza la actividad de planificaci髇, consultor韆 y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada, ya que su afecci髇 a esta 鷏tima, y mediatamente a la seguridad p鷅lica, no es directa.

Tambi閚 se ha aprovechado para realizar una necesaria matizaci髇 del principio general de exclusi髇 de la seguridad privada de los espacios p鷅licos, cuya formulaci髇 actual, excesivamente r韌ida, ha dificultado o impedido la necesaria autorizaci髇 de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta.

En el t韙ulo I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacci髇 de la ley, como es la coordinaci髇 y la colaboraci髇 entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el 鷑ico objetivo de mejorar la seguridad p鷅lica, mediante el intercambio de informaci髇 siempre con todas las garant韆s legales, y la apuesta decidida por unos 髍ganos de encuentro que han de ser mucho m醩 proactivos que hasta el momento.

En el t韙ulo II se da rango legal a algunos preceptos dedicados a la regulaci髇 de empresas de seguridad y despachos de detectives, o a los registros de ambos, que se unifican en el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.

Adem醩, se regula un sistema flexible que permitir, cuando sea necesario por raz髇 de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por raz髇 de la actividad desempe馻da.

En l韓ea con el favorecimiento de la actividad econ髆ica, la ley sustituye el sistema m醩 gravoso de la autorizaci髇 administrativa por el de la declaraci髇 responsable para los centros de formaci髇 de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalaci髇 y mantenimiento.

En el t韙ulo III se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no ten韆n correcta ubicaci髇, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad, ya que la Ley 23/1992, de 30 de julio, tan s髄o se ocupaba de las funciones de los vigilantes de seguridad y de los detectives privados.

La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, m醩 adecuadamente, como guardas rurales.

Por otra parte, se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad espa駉la o de un Estado de la Uni髇 Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se ampl韆 a los nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con Espa馻 un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

Otra de las novedades que se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el sector, es la protecci髇 jur韉ica an醠oga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperaci髇 y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Adem醩 de eliminar el inadecuado y distorsionador per韔do de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporaci髇 al sector del personal de seguridad privada, en la formaci髇 del personal, junto al actual sistema de acceso a la profesi髇 a trav閟 exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educaci髇, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formaci髇 profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En el t韙ulo IV se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma arm髇ica las medidas de seguridad, as como la especificaci髇 de la forma de prestaci髇 de los principales servicios de seguridad (vigilancia y protecci髇, protecci髇 personal, dep髎itos y transportes de seguridad, e investigaci髇 privada), dotando de concreci髇 a otros importantes servicios para los que la Ley 23/1992, de 30 de julio, y su reglamento de desarrollo no contienen m醩 que referencias aisladas (verificaci髇 y respuesta ante alarmas, instalaci髇 y mantenimiento de sistemas), o no contienen regulaci髇 alguna, como sucede con la videovigilancia en el 醡bito de la seguridad privada, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley Org醤ica 4/1997, de 4 de agosto, de utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos.

En este t韙ulo resulta especialmente relevante la regulaci髇 de los servicios de videovigilancia y de investigaci髇 privada, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. En el segundo caso, desde el 醤imo de compaginar los diversos intereses en juego, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigaci髇 o el deber de reserva profesional.

En el t韙ulo V se recogen, tambi閚 por vez primera en sede legal, las actuaciones de control e inspecci髇 sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, as como la obligaci髇 de colaboraci髇 por parte de los afectados. Especialmente relevante es la incorporaci髇 de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspecci髇 lo consideren absolutamente necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificaci髇 por la autoridad competente. Igualmente, se limita, por raz髇 de la intimidad de los datos, el acceso al contenido de los informes de investigaci髇 privada en las inspecciones policiales a la mera constataci髇 de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores.

En el t韙ulo VI se da soluci髇 a algunas de las principales carencias de la anterior legislaci髇 referidas al r間imen sancionador. As, se contemplan con la debida separaci髇 las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de seguridad privada, incluyendo, junto a estos 鷏timos, a los centros de formaci髇 en la materia.

Se hace especial hincapi en la regulaci髇 de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente de seguridad privada o por los propios usuarios.

A este respecto, es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la graduaci髇 de las infracciones y a los criterios para determinar la imposici髇 de las correspondientes sanciones, con el objetivo b醩ico de garantizar la mayor individualizaci髇 de aqu閘las.

Por 鷏timo, en la parte final, el texto contempla aquellas disposiciones necesarias para garantizar una transici髇 correcta desde la Ley 23/1992, de 30 de julio, a la nueva legislaci髇, sobre todo hasta que 閟ta sea objeto del correspondiente desarrollo reglamentario.

T蚑ULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

CAP蚑ULO I
Disposiciones comunes

Art韈ulo 1 Objeto

1. Esta ley tiene por objeto regular la realizaci髇 y la prestaci髇 por personas privadas, f韘icas o jur韉icas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por 閟tos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, para la protecci髇 de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efect鷈n sobre aqu閘las o 閟tos. Todas estas actividades tienen la consideraci髇 de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad p鷅lica.

2. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad p鷅lica, establece el marco para la m醩 eficiente coordinaci髇 de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

Art韈ulo 2 Definiciones

A los efectos de esta ley se entiende por:

  • 1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.
  • 2. Actividades de seguridad privada: los 醡bitos de actuaci髇 material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acci髇 empresarial y profesional.
  • 3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada.
  • 4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas al personal de seguridad privada.
  • 5. Medidas de seguridad privada: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevenci髇 o protecci髇 pretendidos.
  • 6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.
  • 7. Empresa de seguridad privada: las personas f韘icas o jur韉icas, privadas, autorizadas o sometidas al r間imen de declaraci髇 responsable, para prestar servicios de seguridad privada.
  • 8. Personal de seguridad privada: las personas f韘icas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitaci髇, desarrollan funciones de seguridad privada.
  • 9. Personal acreditado: profesores de centros de formaci髇, ingenieros y t閏nicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.
  • 10. Usuario de seguridad privada: las personas f韘icas o jur韉icas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.
  • 11. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o m醩 detectives privados que prestan servicios de investigaci髇 privada.
  • 12. Centros de formaci髇 de aspirantes o de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al r間imen de declaraci髇 responsable para impartir en sus locales formaci髇 al personal de seguridad privada.
  • 13. Elemento, producto o servicio homologado: aquel que re鷑e las especificaciones t閏nicas o criterios que recoge una norma t閏nica al efecto.
  • 14. Elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado: aquel que lo ha sido por una entidad independiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier Estado miembro de la Uni髇 Europea.

Art韈ulo 3 羗bito de aplicaci髇

1. Las disposiciones de esta ley son de aplicaci髇 a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en 閟te 醡bito.

2. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada caso, se aplicar醤 a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, a los usuarios de los servicios de seguridad privada, a los ingenieros y t閏nicos de las empresas de seguridad, a los operadores de seguridad, a los profesores de centros de formaci髇, a las empresas prestadoras de servicios de seguridad inform醫ica, a las centrales receptoras de alarmas de uso propio y a los centros de formaci髇 de personal de seguridad privada.

3. El r間imen sancionador y las medidas provisionales, as como el ejercicio de las facultades de inspecci髇, ser醤 tambi閚 aplicables a aquellas empresas y personal que presten servicios o ejerzan funciones de seguridad privada sin estar autorizadas o haber presentado declaraci髇 responsable, o sin estar habilitados o acreditados para el ejercicio legal de los mismos.

Art韈ulo 4 Fines

La seguridad privada tiene como fines:

  • a) Satisfacer las necesidades leg韙imas de seguridad o de informaci髇 de los usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigaci髇 se le encomiende frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza.
  • b) Contribuir a garantizar la seguridad p鷅lica, a prevenir infracciones y a aportar informaci髇 a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones.
  • c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad p鷅lica.

Art韈ulo 5 Actividades de seguridad privada

1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:

  • a) La vigilancia y protecci髇 de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto p鷅licos como privados, as como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
  • b) El acompa馻miento, defensa y protecci髇 de personas f韘icas determinadas, incluidas las que ostenten la condici髇 legal de autoridad.
  • c) El dep髎ito, custodia, recuento y clasificaci髇 de monedas y billetes, t韙ulos-valores, joyas, metales preciosos, antig黣dades, obras de arte u otros objetos que, por su valor econ髆ico, hist髍ico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protecci髇 especial.
  • d) El dep髎ito y custodia de explosivos, armas, cartucher韆 met醠ica, sustancias, materias, mercanc韆s y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protecci髇 especial.
  • e) El transporte y distribuci髇 de los objetos a que se refieren los dos p醨rafos anteriores.
  • f) La instalaci髇 y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.
  • g) La explotaci髇 de centrales para la conexi髇, recepci髇, verificaci髇 y, en su caso, respuesta y transmisi髇 de las se馻les de alarma, as como la monitorizaci髇 de cualesquiera se馻les de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicaci髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.
  • h) La investigaci髇 privada en relaci髇 a personas, hechos o delitos s髄o perseguibles a instancia de parte.

2. Los servicios sobre las actividades relacionadas en los p醨rafos a) a g) del apartado anterior 鷑icamente podr醤 prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los despachos de detectives podr醤 prestar, con car醕ter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se refiere el p醨rafo h) del apartado anterior.

3. Las entidades p鷅licas o privadas podr醤 constituir, previa autorizaci髇 del Ministerio del Interior o del 髍gano auton髆ico competente, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexi髇, recepci髇, verificaci髇 y, en su caso, respuesta y transmisi髇 de las se馻les de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a trav閟 de las mismas, ning鷑 tipo de servicio de seguridad a terceros.

Art韈ulo 6 Actividades compatibles

1. Quedan fuera del 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, sin perjuicio de la normativa espec韋ica que pudiera resultar de aplicaci髇, especialmente en lo que se refiere a la homologaci髇 de productos, las siguientes actividades:

  • a) La fabricaci髇, comercializaci髇, venta, entrega, instalaci髇 o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajer韆 de seguridad.
  • b) La fabricaci髇, comercializaci髇, venta o entrega de equipos t閏nicos de seguridad electr髇ica, as como la instalaci髇 o mantenimiento de dichos equipos siempre que no est閚 conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia.
  • c) La conexi髇 a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevenci髇 o protecci髇 contra incendios o de alarmas de tipo t閏nico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento.
  • d) La planificaci髇, consultor韆 y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistir en la elaboraci髇 de estudios e informes de seguridad, an醠isis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protecci髇 frente a todo tipo de riesgos, as como en auditor韆s sobre la prestaci髇 de los servicios de seguridad.

Estas actividades podr醤 desarrollarse por las empresas de seguridad privada.

2. Quedan tambi閚 fuera del 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, a no ser que impliquen la asunci髇 o realizaci髇 de servicios o funciones de seguridad privada, y se regir醤 por las normas sectoriales que les sean de aplicaci髇 en cada caso, los siguientes servicios y funciones:

  • a) Las de informaci髇 o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o veh韈ulos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, as como la ejecuci髇 de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales p鷅licos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, 醨eas de servicio, mantenimiento y descanso, por porteros, conserjes y dem醩 personal auxiliar an醠ogo.
  • b) Las tareas de recepci髇, comprobaci髇 de visitantes y orientaci髇 de los mismos, as como las de comprobaci髇 de entradas, documentos o carn閟, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio.
  • c) El control de tr醤sito en zonas reservadas o de circulaci髇 restringida en el interior de instalaciones en cumplimiento de la normativa interna de los mismos.
  • d) Las de comprobaci髇 y control del estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general, en cualquier clase de inmuebles, para garantizar su conservaci髇 y funcionamiento.

Estos servicios y funciones podr醤 prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con car醕ter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que en ning鷑 caso constituyan el objeto principal del servicio que se preste.

3. El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ning鷑 caso podr ejercer funci髇 alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal.

4. Los prestadores de servicios de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos t閏nicos de seguridad, no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, quedan fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la legislaci髇 de seguridad privada.

5. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la instalaci髇 o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexi髇 a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, s髄o est醤 sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a las actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen autorizadas.

6. A las empresas, sean o no de seguridad privada, que se dediquen a las actividades de seguridad inform醫ica, entendida como el conjunto de medidas encaminadas a proteger los sistemas de informaci髇 a fin de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma o del servicio que aqu閘los prestan, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades p鷅licas y privadas, se les podr醤 imponer reglamentariamente requisitos espec韋icos para garantizar la calidad de los servicios que presten.

Art韈ulo 7 Actividades excluidas

1. No est醤 sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotecci髇, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por s y para s mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protecci髇 de su entorno personal o patrimonial, y cuya pr醕tica o aplicaci髇 no conlleve contraprestaci髇 alguna ni suponga alg鷑 tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros.

Cuando los interesados tengan el car醕ter de empresas o entidades de cualquier tipo, en ning鷑 caso utilizar醤 a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las empresas y el personal de seguridad privada.

2. Queda fuera del 醡bito de aplicaci髇 de esta ley la obtenci髇 por uno mismo de informaci髇 o datos, as como la contrataci髇 de servicios de recepci髇, recopilaci髇, an醠isis, comunicaci髇 o suministro de informaci髇 libre obrante en fuentes o registros de acceso p鷅lico.

Art韈ulo 8 Principios rectores

1. Los servicios y funciones de seguridad privada se prestar醤 con respeto a la Constituci髇, a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo referente a los principios de actuaci髇 establecidos en el art韈ulo 30, y al resto del ordenamiento jur韉ico.

2. Los prestadores de servicios de seguridad privada colaborar醤, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeci髇 a lo que 閟tas puedan disponer en relaci髇 con la ejecuci髇 material de sus actividades.

3. De conformidad con lo dispuesto en la legislaci髇 de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendr醤 especial obligaci髇 de auxiliar y colaborar, en todo momento, con aqu閘las en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboraci髇 y de seguir sus instrucciones, en relaci髇 con los servicios que presten que afecten a la seguridad p鷅lica o al 醡bito de sus competencias.

4. Las empresas, los despachos y el personal de seguridad privada:

  • a) No podr醤 intervenir ni interferir, mientras est閚 ejerciendo los servicios y funciones que les son propios, en la celebraci髇 de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos pol韙icos o laborales.
  • b) No podr醤 ejercer ning鷑 tipo de control sobre opiniones pol韙icas, sindicales o religiosas, o sobre la expresi髇 de tales opiniones, ni proceder al tratamiento, automatizado o no, de datos relacionados con la ideolog韆, afiliaci髇 sindical, religi髇 o creencias.
  • c) Tendr醤 prohibido comunicar a terceros, salvo a las autoridades judiciales y policiales para el ejercicio de sus respectivas funciones, cualquier informaci髇 que conozcan en el desarrollo de sus servicios y funciones sobre sus clientes o personas relacionadas con 閟tos, as como sobre los bienes y efectos de cuya seguridad o investigaci髇 estuvieran encargados.

5. El Ministro del Interior o, en su caso, el titular del 髍gano auton髆ico competente prohibir la utilizaci髇 en los servicios de seguridad privada de determinados medios materiales o t閏nicos cuando pudieran causar da駉s o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

6. Cuando el personal de seguridad privada desempe馿 sus funciones en entidades p鷅licas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad p鷅lica competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habr醤 de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que respecto de dichas entidades disponga la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 9 Contrataci髇 y comunicaci髇 de servicios

1. No podr prestarse ning鷑 tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado.

2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos de prestaci髇 de los distintos servicios de seguridad privada deber醤, en todo caso, formalizarse por escrito y comunicarse su celebraci髇 al Ministerio del Interior o, en su caso, al 髍gano auton髆ico competente con antelaci髇 a la iniciaci髇 de los mismos.

3. La comunicaci髇 de contratos de servicios de investigaci髇 privada contendr exclusivamente los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, excluidos los de car醕ter personal.

Art韈ulo 10 Prohibiciones

1. Con car醕ter general y adem醩 de otras prohibiciones contenidas en esta ley, se establecen las siguientes:

  • a) La prestaci髇 o publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, f韘icas o jur韉icas, carentes de la correspondiente autorizaci髇 o sin haber presentado declaraci髇 responsable.
  • b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas f韘icas carentes de la correspondiente habilitaci髇 o acreditaci髇 profesional.
  • c) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada incumpliendo los requisitos o condiciones legales de prestaci髇 de los mismos.
  • d) El empleo o utilizaci髇, en servicios de seguridad privada, de medios o medidas de seguridad no homologadas cuando sea preceptivo, o de medidas o medios personales, materiales o t閏nicos de forma tal que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, o cuando incumplan las condiciones o requisitos establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

2. Los despachos de detectives y los detectives privados no podr醤 celebrar contratos que tengan por objeto la investigaci髇 de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar delitos de esta naturaleza, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposici髇 toda la informaci髇 y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento, relacionado con dichos delitos.

3. Las empresas de seguridad no podr醤 realizar los servicios de investigaci髇 privada propios de los despachos de detectives privados, y 閟tos no podr醤 prestar servicios propios de las empresas de seguridad privada.

Art韈ulo 11 Registro Nacional de Seguridad Privada y registros auton髆icos

1. Ser醤 objeto de inscripci髇 de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones, el personal de seguridad privada, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, as como delegaciones y sucursales, los centros de formaci髇 del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, cuando no sean objeto de inscripci髇 en los registros de las comunidades aut髇omas.

Igualmente, se inscribir醤 en el Registro Nacional de Seguridad Privada las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gesti髇 de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en un 醡bito territorial distinto al de una comunidad aut髇oma con competencia en materia de seguridad privada.

2. En los registros de las comunidades aut髇omas, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones, se inscribir醤 de oficio las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, as como delegaciones y sucursales, los centros de formaci髇 del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, que tengan su domicilio en la comunidad aut髇oma y cuyo 醡bito de actuaci髇 est limitado a su territorio.

Igualmente, se inscribir醤 en dichos registros las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gesti髇 de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en el 醡bito territorial propio de una comunidad aut髇oma con competencia en materia de seguridad privada.

3. En el referido Registro Nacional, adem醩 de la informaci髇 correspondiente a las empresas de seguridad privada que en el mismo se inscriban, se incorporar la relativa a las empresas de seguridad privada inscritas en los registros de las comunidades aut髇omas con competencia en la materia.

A tales efectos, los 髍ganos competentes de las mencionadas comunidades aut髇omas deber醤 comunicar al Registro Nacional de Seguridad Privada los datos de las inscripciones y anotaciones que efect鷈n sobre las empresas de seguridad privada que inscriban, as como sus modificaciones y cancelaciones.

4. En los mencionados registros, nacional y auton髆icos, se anotar醤 tambi閚 los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad inform醫ica, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

5. Las autoridades responsables del Registro Nacional y de los registros auton髆icos establecer醤 los mecanismos de colaboraci髇 y reciprocidad necesarios para permitir su interconexi髇 e interoperabilidad, la determinaci髇 coordinada de los sistemas de numeraci髇 de las empresas de seguridad privada y el acceso a la informaci髇 registral contenida en los mismos, para el ejercicio de sus respectivas competencias.

6. Dichos registros ser醤 p鷅licos exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a la denominaci髇 o raz髇 social, domicilio, n鷐ero de identificaci髇 fiscal y actividades en relaci髇 con las cuales est閚 autorizadas o hayan presentado la declaraci髇 responsable las empresas de seguridad privada, despachos de detectives, centros de formaci髇 del personal de seguridad privada y centrales de alarmas de uso propio.

7. Reglamentariamente se regular la organizaci髇 y funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada.

CAP蚑ULO II
Competencias de la Administraci髇 General del Estado y de las comunidades aut髇omas

Art韈ulo 12 Competencias de la Administraci髇 General del Estado

1. Corresponde a la Administraci髇 General del Estado, a trav閟 del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio de las siguientes facultades:

  • a) La autorizaci髇 o recepci髇 de la declaraci髇 responsable, inspecci髇 y sanci髇 de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades aut髇omas.
  • b) La recepci髇 de la declaraci髇 responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, as como su inspecci髇 y sanci髇, cuando el ejercicio de estas facultades no sea competencia de las comunidades aut髇omas.
  • c) La habilitaci髇 e inhabilitaci髇 del personal de seguridad privada, y la determinaci髇 del armamento, documentaci髇, uniformidad, distintivos y medios de defensa de dicho personal, as como la acreditaci髇, en todo caso, de los ingenieros y t閏nicos de las empresas de seguridad y de los operadores de seguridad.
  • d) La aprobaci髇, modificaci髇 y cancelaci髇 de los programas y cursos espec韋icos de formaci髇 del personal de seguridad privada que no sean de la competencia de los Ministerios de Educaci髇, Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad Social.
  • e) La recepci髇 de la declaraci髇 responsable, inspecci髇 y sanci髇 de los centros de formaci髇 del personal de seguridad privada cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades aut髇omas, as como la acreditaci髇, en todo caso, de su profesorado.
  • f) La autorizaci髇, inspecci髇 y sanci髇 de los servicios de protecci髇 personal, cuando no sea competencia de las comunidades aut髇omas, y de aquellas actividades y servicios transfronterizos de seguridad que puedan prestarse por las empresas y el personal de seguridad privada.
  • g) La autorizaci髇 de los servicios de seguridad privada y de centrales de alarma de uso propio que se presten en un 醡bito territorial superior al de una comunidad aut髇oma con competencia en materia de seguridad privada, as como la inspecci髇 y sanci髇 de estos servicios en aquella parte de los mismos que se realice fuera del territorio de dichas comunidades aut髇omas.
  • h) La determinaci髇 reglamentaria de las caracter韘ticas t閏nicas y de homologaci髇 que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medidas y servicios de seguridad privada.
  • i) La determinaci髇 reglamentaria de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad privada, as como la fijaci髇 del tipo y alcance de las medidas obligatorias que ha de cumplir cada tipo de establecimiento.
  • j) La autorizaci髇, inspecci髇 y sanci髇 de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios que est閚 obligados a adoptar medidas de seguridad, cuando el ejercicio de esas facultades no sea competencia de las comunidades aut髇omas.
  • k) La coordinaci髇 de los servicios de seguridad e investigaci髇 privadas con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. En el 醡bito de las competencias de la Administraci髇 General del Estado y de conformidad con lo dispuesto en la legislaci髇 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

  • a) Corresponde a la Direcci髇 General de la Polic韆 el control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigaci髇, de su personal, medios y actuaciones.
  • b) Corresponde a la Direcci髇 General de la Guardia Civil el ejercicio de sus competencias en materia de armas sobre las empresas y el personal de seguridad privada, as como el control de los guardas rurales y sus especialidades. Sin afectar a las competencias que corresponden a la Direcci髇 General de la Polic韆 podr participar en el control de las actuaciones operativas del personal de seguridad privada, que preste servicios en su 醡bito de competencias.

Art韈ulo 13 Competencias de las comunidades aut髇omas

1. Las comunidades aut髇omas que, con arreglo a sus estatutos de autonom韆, tengan competencia para la protecci髇 de personas y bienes y para el mantenimiento del orden p鷅lico, ejecutar醤 la legislaci髇 del Estado sobre las siguientes materias:

  • a) La autorizaci髇 de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones, as como la recepci髇 de la declaraci髇 responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en la comunidad aut髇oma y su 醡bito de actuaci髇 est limitado a su territorio.
  • b) La autorizaci髇 de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad aut髇oma cuando requieran de la misma o de control previo.
  • c) La inspecci髇 y sanci髇 de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad aut髇oma, as como de quienes los presten o utilicen y la inspecci髇 y sanci髇 de los despachos de detectives privados y de sus sucursales que realicen su actividad en la comunidad aut髇oma.
  • d) La recepci髇 de la declaraci髇 responsable, inspecci髇 y sanci髇 de los centros de formaci髇 del personal de seguridad privada que tengan su sede en la comunidad aut髇oma.
  • e) La coordinaci髇 de los servicios de seguridad e investigaci髇 privadas prestados en la comunidad aut髇oma con los de la polic韆 auton髆ica y las polic韆s locales.
  • f) La autorizaci髇, inspecci髇 y sanci髇 de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios sitos en la comunidad aut髇oma que est閚 obligados a adoptar medidas de seguridad.

2. Las comunidades aut髇omas que, en virtud de sus estatutos de autonom韆, hayan asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando as lo establezca la legislaci髇 del Estado, la ejercer醤 si disponen de cuerpo de polic韆 propia o establecen f髍mulas de colaboraci髇 con el Cuerpo Nacional de Polic韆 previstas en la legislaci髇 de fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre las siguientes materias:

  • a) La autorizaci髇, inspecci髇 y sanci髇 de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio en la comunidad aut髇oma y cuyo 醡bito de actuaci髇 est limitado a su territorio.
  • b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el p醨rafo anterior.

T蚑ULO I
Coordinaci髇

Art韈ulo 14 Colaboraci髇 profesional

1. La especial obligaci髇 de colaboraci髇 de las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrollar con sujeci髇 al principio de legalidad y se basar exclusivamente en la necesidad de asegurar el buen fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad p鷅lica, garantiz醤dose la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario.

2. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada deber醤 comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevenci髇, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, as como todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones, poniendo a su disposici髇 a los presuntos delincuentes, as como los instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos.

3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podr醤 facilitar al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluaci髇 de riesgos y consiguiente implementaci髇 de medidas de protecci髇. Si estas informaciones contuvieran datos de car醕ter personal s髄o podr醤 facilitarse en caso de peligro real para la seguridad p鷅lica o para evitar la comisi髇 de infracciones penales.

Art韈ulo 15 Acceso a la informaci髇 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

1. Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana, as como el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobaci髇 de las informaciones en tiempo real cuando ello sea necesario para la prevenci髇 de un peligro real para la seguridad p鷅lica o para la represi髇 de infracciones penales.

2. El tratamiento de datos de car醕ter personal, as como los ficheros, automatizados o no, creados para el cumplimiento de esta ley se someter醤 a lo dispuesto en la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

3. La comunicaci髇 de buena fe de informaci髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por las entidades y el personal de seguridad privada no constituir vulneraci髇 de las restricciones sobre divulgaci髇 de informaci髇 impuestas por v韆 contractual o por cualquier disposici髇 legal, reglamentaria o administrativa, cuando ello sea necesario para la prevenci髇 de un peligro real para la seguridad p鷅lica o para la represi髇 de infracciones penales.

Art韈ulo 16 Coordinaci髇 y participaci髇

1. El Ministerio del Interior o, en su caso, el 髍gano auton髆ico competente adoptar las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinaci髇 de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. En el 醡bito de las competencias de la Administraci髇 General del Estado se constituir醤 comisiones mixtas de seguridad privada, nacionales, auton髆icas o provinciales, con el car醕ter de 髍ganos consultivos y de colaboraci髇 entre las administraciones p鷅licas y los representantes del sector. Su composici髇 y funciones se determinar醤 reglamentariamente.

3. En las comunidades aut髇omas que tengan asumidas las competencias en materia de seguridad privada de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 13, tambi閚 podr醤 existir 髍ganos consultivos en materia de seguridad privada, con la composici髇 y funcionamiento que en cada caso se determine.

T蚑ULO II
Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados

CAP蚑ULO I
Empresas de seguridad privada

Art韈ulo 17 Desarrollo de actividades

1. Las empresas de seguridad privada 鷑icamente podr醤 prestar servicios sobre las actividades previstas en el art韈ulo 5.1, excepto la contemplada en el p醨rafo h) del mismo.

2. Adem醩 de estas actividades, las empresas de seguridad privada podr醤 realizar las actividades compatibles a las que se refiere el art韈ulo 6 y dedicarse a la formaci髇, actualizaci髇 y especializaci髇 del personal de seguridad privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deber醤 crear centros de formaci髇, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 29.4 y a lo que reglamentariamente se determine.

3. Las empresas de seguridad privada podr醤 revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo cumplir, en ambos casos, la totalidad de condiciones y requisitos previstos en este cap韙ulo para las empresas de seguridad privada.

Art韈ulo 18 Autorizaci髇 administrativa

1. Para la prestaci髇 de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deber醤 obtener autorizaci髇 administrativa y ser醤 inscritas de oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. La autorizaci髇 administrativa se suplir por una declaraci髇 responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el art韈ulo 5.1.f).

3. La validez de la autorizaci髇 o de la declaraci髇 responsable ser indefinida.

Art韈ulo 19 Requisitos generales

1. Para la autorizaci髇 o, en su caso, presentaci髇 de declaraci髇 responsable, la posterior inscripci髇 en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro auton髆ico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deber醤 reunir los siguientes requisitos generales:

  • a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro p鷅lico correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el art韈ulo 5.1, excepto la del p醨rafo h). No obstante, en dicho objeto podr醤 incluir las actividades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, as como las compatibles contempladas en el art韈ulo 6.
  • b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Uni髇 Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo.
  • c) Contar con los medios humanos, de formaci髇, financieros, materiales y t閏nicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen reglamentariamente, en funci髇 de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la autorizaci髇 o se presente la declaraci髇 responsable, y de las caracter韘ticas de los servicios que se prestan en relaci髇 con tales actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habr醤 de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilizaci髇 y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y t閏nicos de las empresas de seguridad privada y los operadores de seguridad, deber醤 disponer de la correspondiente acreditaci髇 expedida por el Ministerio del Interior, que se limitar a comprobar la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales, en los t閞minos que reglamentariamente se establezca.
  • d) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.
  • e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garant韆s financieras en la cuant韆 y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
  • f) Constituir el aval o seguro de cauci髇 que se determine reglamentariamente a disposici髇 de las autoridades espa駉las, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.
  • g) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda P鷅lica, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, por intromisi髇 ileg韙ima en el 醡bito de protecci髇 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneraci髇 del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, salvo que hubiesen cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las personas jur韉icas, este requisito ser aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representaci髇, no podr醤 estar incursos en la situaci髇 mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jur韉icas.
  • h) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisi髇 ileg韙ima en el 醡bito de protecci髇 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneraci髇 del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco a駉s anteriores a la solicitud. En el caso de las personas jur韉icas, este requisito ser aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representaci髇, no podr醤 estar incursos en la situaci髇 mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jur韉icas.

2. Adem醩 del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto alguna de las actividades contempladas en el art韈ulo 5.1.b), c), d), e) y g), se les podr exigir reglamentariamente el cumplimiento de requisitos y garant韆s adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades.

3. Igualmente, en relaci髇 con las actividades contempladas en el art韈ulo 5.1.a), f) y g), podr醤 ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras cr韙icas o en servicios esenciales, as como en los servicios descritos en el art韈ulo 40.1 y en art韈ulo 41.2 y 3.

4. Para la contrataci髇 de servicios de seguridad privada en los sectores estrat間icos definidos en la legislaci髇 de protecci髇 de infraestructuras cr韙icas, las empresas de seguridad privada deber醤 contar, con car醕ter previo a su prestaci髇, con una certificaci髇 emitida por una entidad de certificaci髇 acreditada que garantice, como m韓imo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicaci髇.

5. A los efectos previstos en el apartado 1.e) y f), de este art韈ulo se tendr醤 en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de la Uni髇 Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo de origen en lo referente a la suscripci髇 del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garant韆s financieras, as como a la constituci髇 de avales o seguros de cauci髇.

6. Las empresas de seguridad privada no espa駉las, autorizadas para la prestaci髇 de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Uni髇 Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo, habr醤 de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior o, cuando tengan su domicilio en una comunidad aut髇oma con competencias en materia de seguridad privada y su 醡bito de actuaci髇 limitado a dicho territorio, en el registro auton髆ico correspondiente, a cuyo efecto deber醤 acreditar su condici髇 de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalaci髇 o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestaci髇 de servicios de conexi髇 con centrales receptoras de alarma se las podr eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este art韈ulo, excepto los contemplados en los p醨rafos e) y f) del apartado 1, cuando as se determine reglamentariamente.

8. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en este art韈ulo dar lugar a la extinci髇 de la autorizaci髇 o al cierre de la empresa, en el caso de presentaci髇 de declaraci髇 responsable, y, en ambos casos, a la cancelaci髇 de oficio de la inscripci髇 de la empresa de seguridad en el registro correspondiente.

Art韈ulo 20 Inscripci髇 registral

1. Toda empresa de seguridad privada autorizada o que, en su caso, haya presentado la correspondiente declaraci髇 responsable ser inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro auton髆ico.

2. No podr inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro auton髆ico ninguna empresa cuya denominaci髇 coincida, o pueda inducir a error o confusi髇, con la de otra ya inscrita o con la de 髍ganos o dependencias de las administraciones p鷅licas, o cuando coincida o pueda inducir a confusi髇 con una marca anterior registrada para actividades id閚ticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Art韈ulo 21 Obligaciones generales

1. Las empresas de seguridad privada deber醤 cumplir las siguientes obligaciones generales:

  • a) Desarrollar las actividades de seguridad privada en los t閞minos de esta ley y en las condiciones establecidas en la autorizaci髇 que les haya sido concedida o en la declaraci髇 responsable que hayan presentado.
  • b) Contar con la infraestructura y log韘tica acorde con las exigencias establecidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario.
  • c) Comunicar al Registro Nacional o auton髆ico correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jur韉ica, denominaci髇, n鷐ero de identificaci髇 fiscal, domicilio, delegaciones, 醡bito territorial de actuaci髇, representantes legales, estatutos, titularidad de las acciones y participaciones sociales, y toda variaci髇 que sobrevenga en la composici髇 de los 髍ganos de administraci髇, gesti髇, representaci髇 y direcci髇 de las empresas.

    Las empresas de seguridad deben comunicar al Registro Nacional o auton髆ico del lugar donde presten servicios las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan y las incidencias concretas relacionadas con los servicios que prestan.

  • d) Garantizar la formaci髇 y actualizaci髇 profesional del personal de seguridad privada del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formaci髇 en materia de seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas de fuego se har con la participaci髇 de instructores de tiro habilitados.
  • e) Presentar cada a駉 al Ministerio del Interior o al 髍gano auton髆ico competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la informaci髇 y datos que reglamentariamente se determinen. En ning鷑 caso dicha memoria contendr datos de car醕ter personal. El Ministerio del Interior y los 髍ganos auton髆icos competentes dar醤 cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos auton髆icos correspondientes respectivamente, anualmente.

2. Asimismo, las empresas de seguridad privada vendr醤 obligadas a prestar especial auxilio y colaboraci髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo facilitar a 閟tas la informaci髇 que se les requiera en relaci髇 con las competencias atribuidas a las mismas.

Art韈ulo 22 Representantes legales

1. A los efectos de esta ley, se entender por representante legal de las empresas de seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de direcci髇, administraci髇, gesti髇 y representaci髇, o cualquiera de ellas, en nombre de aqu閘las.

2. Los representantes de las empresas de seguridad privada, que se inscribir醤 en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro auton髆ico, deber醤:

  • a) Ser personas f韘icas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Uni髇 Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo.
  • b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  • c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro a駉s anteriores por infracci髇 grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
  • d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades o servicios de seguridad, vigilancia o investigaci髇 privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos a駉s anteriores.
  • e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez a駉s anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda P鷅lica, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, por intromisi髇 ileg韙ima en el 醡bito de protecci髇 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneraci髇 del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales.

3. Los representantes legales de las empresas de seguridad privada ser醤 responsables del cumplimiento de las obligaciones generales impuestas a las mismas por el art韈ulo anterior.

Art韈ulo 23 Consideraci髇 de sector espec韋ico

1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideraci髇 de sector econ髆ico con regulaci髇 espec韋ica en materia de derecho de establecimiento.

2. Cuando el Consejo de Ministros, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre inversiones extranjeras, suspenda el r間imen de liberalizaci髇 de los movimientos de capital, la autorizaci髇 previa de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad privada exigir, en todo caso, informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las empresas de seguridad privada en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estar醤 obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en las mismas, en relaci髇 con lo establecido en el art韈ulo 21.1.c).

4. Las limitaciones establecidas en los dos apartados precedentes no son de aplicaci髇 a las personas f韘icas nacionales de los Estados miembros de la Uni髇 Europea ni a las empresas constituidas de conformidad con la legislaci髇 de un Estado miembro y cuya sede social, administraci髇 central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Uni髇 Europea.

CAP蚑ULO II
Despachos de detectives privados

Art韈ulo 24 Apertura de despachos de detectives privados

1. De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podr醤 abrir despachos de detectives privados y, en su caso, sucursales, las personas f韘icas habilitadas como tales y las personas jur韉icas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, que 鷑icamente podr醤 desarrollar la actividad mencionada en el art韈ulo 5.1.h).

2. Los despachos de detectives privados se inscribir醤 de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad aut髇oma competente, previa presentaci髇 de declaraci髇 responsable en la forma que reglamentariamente se determine, para lo cual deber醤 reunir los siguientes requisitos generales:

  • a) Tener por objeto de su actividad profesional la realizaci髇 de los servicios de investigaci髇 privada a que se refiere el art韈ulo 48.1 y conforme a lo establecido en el art韈ulo 10 de esta ley en materia de prohibiciones.
  • b) En el caso de personas jur韉icas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil o en el registro p鷅lico correspondiente, y cumplir con los requisitos establecidos en el art韈ulo 19.1.g) y h).
  • c) Fijar un domicilio como sede f韘ica del despacho en el que se desarrollar la actividad, se llevar el libro-registro y se encontrar el archivo de los expedientes de contrataci髇 y de los informes de investigaci髇.
  • d) Facilitar una relaci髇 nominal de detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o dependientes del mismo.
  • e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garant韆s financieras en la cuant韆 y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
  • f) Constituir el aval o seguro de cauci髇 que se determine reglamentariamente a disposici髇 de las autoridades espa駉las para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de los despachos.
  • g) Mantener en todo momento el titular y los dem醩 detectives integrantes del despacho la habilitaci髇 profesional.
  • h) Contar con las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

3. La validez de la declaraci髇 responsable necesaria para la apertura de los despachos de detectives y de sus sucursales ser indefinida.

4. Los despachos de detectives podr醤 revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo, en ambos casos, cumplir la totalidad de requisitos y obligaciones previstos en este cap韙ulo para los despachos de detectives.

5. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la apertura de los despachos de detectives producir el cierre de los mismos y la cancelaci髇 de oficio de su inscripci髇 en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad aut髇oma competente.

Art韈ulo 25 Obligaciones generales

1. Los despachos de detectives privados y sus sucursales deber醤 cumplir las siguientes obligaciones generales:

  • a) Formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigaci髇 que les sea encargado, comunicando su celebraci髇 al Ministerio del Interior o, en su caso, al 髍gano auton髆ico competente en la forma que reglamentariamente se determine. Dicha obligaci髇 subsistir igualmente en los casos de subcontrataci髇 entre despachos.
  • b) Llevar un libro-registro, con el formato que reglamentariamente se determine, en el que se anotar cada servicio de investigaci髇 contratado o subcontratado.
  • c) Informar a sus clientes sobre las incidencias relativas a los asuntos que les hubieren encargado, con entrega, en su caso, del informe de investigaci髇 elaborado.
  • d) Facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en relaci髇 con su trabajo o con las investigaciones que 閟tos est閚 llevando a cabo.
  • e) Acudir, cuando sean requeridos para ello por los 髍ganos competentes de la Administraci髇 de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a su llamamiento, tan pronto como resulte posible, y facilitar las informaciones de que tuvieren conocimiento en relaci髇 con las investigaciones que tales organismos se encontraran llevando a cabo.
  • f) Atender las citaciones que realicen los juzgados y tribunales y las dependencias policiales, a los cuales sus informaciones hayan sido comunicadas o sus informes de investigaci髇 hayan sido aportados, para la prestaci髇 de testimonio y ratificaci髇, en su caso, del contenido de los referidos informes de investigaci髇.
  • g) Asegurar el archivo y conservaci髇 de la documentaci髇 relativa a su ejercicio profesional, especialmente de los contratos, informes, libros y material de imagen y sonido obtenido.
  • h) Comunicar al Ministerio del Interior o, en su caso, al 髍gano auton髆ico competente todo cambio que afecte a su forma jur韉ica, denominaci髇, composici髇, domicilio y sucursales en la forma que reglamentariamente se determine.
  • i) Presentar al Ministerio del Interior o, en su caso, al 髍gano auton髆ico competente, una memoria anual de actividades del a駉 precedente, con la informaci髇 que se determine reglamentariamente, que no podr contener datos de car醕ter personal sobre contratantes o investigados. El Ministerio del Interior y los 髍ganos auton髆icos competentes dar醤 cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos auton髆icos correspondientes respectivamente, anualmente.
  • j) Depositar, en caso de cierre del despacho por cualquier causa, la documentaci髇 profesional sobre contratos, informes de investigaci髇 y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Polic韆 o, en su caso, del cuerpo de polic韆 auton髆ico competente.

2. Los titulares de despachos de detectives responder醤 civilmente de las acciones u omisiones en que, durante la ejecuci髇 de sus servicios, incurran los detectives privados dependientes o asociados.

T蚑ULO III
Personal de seguridad privada

CAP蚑ULO I
Disposiciones comunes

Art韈ulo 26 Profesiones de seguridad privada

1. 趎icamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estar integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas mar韙imos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.

2. Para habilitarse como vigilante de explosivos ser necesario haber obtenido previamente la habilitaci髇 como vigilante de seguridad.

Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca mar韙imo ser necesario haberlo hecho previamente como guarda rural.

3. Para la prestaci髇 de servicios en infraestructuras cr韙icas y en aqu閘los que tengan el car醕ter de esenciales para la comunidad, as como en aqu閘los otros que excepcionalmente lo requieran en funci髇 de sus caracter韘ticas espec韋icas, se podr incrementar reglamentariamente la exigencia formativa al personal de seguridad privada encargado de su realizaci髇.

4. Reglamentariamente se regular la obtenci髇 por el personal de seguridad privada de habilitaciones adicionales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario contemplar la exclusi髇 de los requisitos de formaci髇 ya acreditados y valorar para la adquisici髇 de dicha habilitaci髇 adicional la experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de seguridad privada.

5. La uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes de seguridad y de los guardas rurales y sus respectivas especialidades se determinar醤 reglamentariamente.

Art韈ulo 27 Habilitaci髇 profesional

1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el art韈ulo anterior habr de obtener previamente la correspondiente habilitaci髇 del Ministerio del Interior, en los t閞minos que reglamentariamente se determinen.

2. A quienes soliciten la habilitaci髇, previa comprobaci髇 de que re鷑en los requisitos necesarios, se les expedir la tarjeta de identidad profesional, que incluir todas las habilitaciones de las que el titular disponga.

La tarjeta de identidad profesional constituir el documento p鷅lico de acreditaci髇 del personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones profesionales.

3. La habilitaci髇 de todo el personal de seguridad privada corresponder a la Direcci髇 General de la Polic韆, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponder a la Direcci髇 General de la Guardia Civil.

4. El personal de seguridad privada ejercer exclusivamente las funciones para los que se encuentre habilitado.

5. Reglamentariamente se determinar el r間imen de incompatibilidades para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

Art韈ulo 28 Requisitos generales

1. Para la obtenci髇 de las habilitaciones profesionales indicadas en el art韈ulo anterior, los aspirantes habr醤 de reunir, los siguientes requisitos generales:

  • a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Uni髇 Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con Espa馻 un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
  • b) Ser mayor de edad.
  • c) Poseer la capacidadf韘ica y la aptitud psicol骻ica necesarias para el ejercicio de las funciones.
  • d) Estar en posesi髇 de la formaci髇 previa requerida en el art韈ulo 29.
  • e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  • f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro a駉s anteriores por infracci髇 grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
  • g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas espa駉las o del pa韘 de su nacionalidad o procedencia en los dos a駉s anteriores.
  • h) No haber sido condenado por intromisi髇 ileg韙ima en el 醡bito de protecci髇 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneraci髇 del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco a駉s anteriores a la solicitud.
  • i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobaci髇 que reglamentariamente establezca el Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

2. Adem醩 de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, el personal de seguridad privada habr de reunir, para su habilitaci髇, los requisitos espec韋icos que reglamentariamente se determinen en atenci髇 a las funciones que haya de desempe馻r.

3. La p閞dida de alguno de los requisitos establecidos en este art韈ulo producir la extinci髇 de la habilitaci髇 y la cancelaci髇 de oficio de la inscripci髇 en el Registro Nacional.

4. Podr醤 habilitarse, pero no podr醤 ejercer funciones propias del personal de seguridad privada, los funcionarios p鷅licos en activo y dem醩 personal al servicio de cualquiera de las administraciones p鷅licas, excepto cuando desempe馿n la funci髇 de director de seguridad en el propio centro a que pertenezcan.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podr醤 ejercer funciones propias del personal de seguridad privada cuando pasen a una situaci髇 administrativa distinta a la de servicio activo, siempre que en los dos a駉s anteriores no hayan desempe馻do funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigaci髇 privadas, ni de su personal o medios.

5. Los nacionales de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo, cuya habilitaci髇 o cualificaci髇 profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempe駉 de funciones de seguridad privada en el mismo, podr醤 prestar servicios en Espa馻, siempre que, previa comprobaci髇 por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

  • a) Poseer alguna titulaci髇, habilitaci髇 o certificaci髇 expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.
  • b) Acreditar los conocimientos, formaci髇 y aptitudes equivalentes a los exigidos en Espa馻 para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.
  • c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempe駉 de las funciones de seguridad privada.
  • d) Los previstos en los p醨rafos b), e), f), g) y h) del apartado 1.

6. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio en Espa馻 de funciones de seguridad privada por parte de los nacionales de Estados miembros de la Uni髇 Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ髆ico Europeo, podr suplirse por aplicaci髇 de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.

Art韈ulo 29 Formaci髇

1. La formaci髇 requerida para el personal de seguridad privada consistir:

  • a) Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas mar韙imos, en la obtenci髇 de la certificaci髇 acreditativa correspondiente, expedida por un centro de formaci髇 de personal de seguridad privada que haya presentado la declaraci髇 responsable ante el Ministerio del Interior o el 髍gano auton髆ico competente, o de los correspondientes certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarder韔 rural y mar韙imo, que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o del t韙ulo de formaci髇 profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educaci髇, Cultura y Deporte. En estos dos 鷏timos casos no se exigir la prueba de comprobaci髇 de conocimientos y capacidad a que se refiere el art韈ulo 28.1.i).
  • b) Para los jefes y directores de seguridad, en la obtenci髇 bien de un t韙ulo universitario oficial de grado en el 醡bito de la seguridad que acredite la adquisici髇 de las competencias que se determinen, o bien del t韙ulo del curso de direcci髇 de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior.
  • c) Para los detectives privados, en la obtenci髇 bien de un t韙ulo universitario de grado en el 醡bito de la investigaci髇 privada que acredite la adquisici髇 de las competencias que se determinen, o bien del t韙ulo del curso de investigaci髇 privada, reconocido por el Ministerio del Interior.

2. Cuando se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas se tendr en cuenta, en la forma que reglamentariamente se establezca, el grado y experiencia profesionales que acrediten su cualificaci髇 para el desempe駉 de las diferentes funciones de seguridad privada, siendo exigible en todo caso la prueba de comprobaci髇 de conocimientos y capacidad a que se refiere el art韈ulo 28.1.i).

3. En relaci髇 con lo dispuesto en el apartado 1, la formaci髇 previa del personal comprendido en su p醨rafo a) que no posea la titulaci髇 correspondiente de formaci髇 profesional, o los certificados de profesionalidad, as como su actualizaci髇 y especializaci髇 se llevar a cabo en los centros de formaci髇 de seguridad privada que hayan presentado la declaraci髇 responsable ante el Ministerio del Interior o el 髍gano auton髆ico competente. y por profesores acreditados por el citado Ministerio.

4. Los centros de formaci髇 del personal de seguridad privada requerir醤, para su apertura y funcionamiento, de la presentaci髇 de la correspondiente declaraci髇 responsable ante el Ministerio del Interior u 髍gano auton髆ico competente, debiendo reunir, entre otros que reglamentariamente se establezcan, los siguientes requisitos:

  • a) Acreditaci髇, por cualquier t韙ulo, del derecho de uso del inmueble.
  • b) Licencia municipal correspondiente.
  • c) Relaci髇 de profesores acreditados.
  • d) Instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines.

5. No podr醤 ser titulares ni desempe馻r funciones de direcci髇 ni de administraci髇 de centros de formaci髇 del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios, en materia de seguridad privada en los dos a駉s anteriores.

6. Las empresas de seguridad privada podr醤 crear centros de formaci髇 y actualizaci髇 para personal de seguridad privada perteneciente o no a sus plantillas, en los t閞minos previstos en el apartado 4.

7. El Ministerio del Interior elaborar los programas de formaci髇 previa y especializada correspondiente al personal de seguridad privada, en cuyo contenido se incluir醤 materias espec韋icas de respeto a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminaci髇.

Art韈ulo 30 Principios de actuaci髇

Adem醩 de lo establecido en el art韈ulo 8, el personal de seguridad privada se atendr en sus actuaciones a los siguientes principios b醩icos:

  • a) Legalidad.
  • b) Integridad.
  • c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones.
  • d) Correcci髇 en el trato con los ciudadanos.
  • e) Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigaci髇 proporcionadas y adecuadas a los riesgos.
  • f) Proporcionalidad en el uso de las t閏nicas y medios de defensa y de investigaci髇.
  • g) Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.
  • h) Colaboraci髇 con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad privada estar obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles la informaci髇 que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relaci髇 con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando.

Art韈ulo 31 Protecci髇 jur韉ica de agente de la autoridad

Se considerar醤 agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperaci髇 y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CAP蚑ULO II
Funciones de seguridad privada

Art韈ulo 32 Vigilantes de seguridad y su especialidad

1. Los vigilantes de seguridad desempe馻r醤 las siguientes funciones:

  • a) Ejercer la vigilancia y protecci髇 de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como p鷅licos, as como la protecci髇 de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misi髇.
  • b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paqueter韆, mercanc韆s o veh韈ulos, incluido el interior de 閟tos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ning鷑 caso, puedan retener la documentaci髇 personal, pero s impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificaci髇 o a permitir el control de los objetos personales, de paqueter韆, mercanc韆 o del veh韈ulo facultar para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protecci髇.
  • c) Evitar la comisi髇 de actos delictivos o infracciones administrativas en relaci髇 con el objeto de su protecci髇, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumaci髇, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisi髇 de alg鷑 tipo de infracci髇 o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.
  • d) En relaci髇 con el objeto de su protecci髇 o de su actuaci髇, detener y poner inmediatamente a disposici髇 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, as como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podr醤 proceder al interrogatorio de aqu閘los, si bien no se considerar como tal la anotaci髇 de sus datos personales para su comunicaci髇 a las autoridades.

    Lo dispuesto en el p醨rafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detenci髇.

  • e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificaci髇, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antig黣dades, valores y otros objetos valiosos, as como el manipulado de efectivo y dem醩 procesos inherentes a la ejecuci髇 de estos servicios.
  • f) Llevar a cabo, en relaci髇 con el funcionamiento de centrales receptoras de alarmas, la prestaci髇 de servicios de verificaci髇 personal y respuesta de las se馻les de alarmas que se produzcan.

Adem醩, tambi閚 podr醤 realizar las funciones de recepci髇, verificaci髇 no personal y transmisi髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el art韈ulo 47.1 reconoce a los operadores de seguridad.

2. Los vigilantes de seguridad se dedicar醤 exclusivamente a las funciones de seguridad propias, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aqu閘las.

3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deber醤 estar integrados en empresas de seguridad, la funci髇 de protecci髇 del almacenamiento, transporte y dem醩 procesos inherentes a la ejecuci髇 de estos servicios, en relaci髇 con explosivos u otros objetos o sustancias peligrosas que reglamentariamente se determinen.

Ser aplicable a los vigilantes de explosivos lo establecido para los vigilantes de seguridad respecto a uniformidad, armamento y prestaci髇 del servicio.

Art韈ulo 33 Escoltas privados

1. Son funciones de los escoltas privados el acompa馻miento, defensa y protecci髇 de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

2. En el desempe駉 de sus funciones, los escoltas no podr醤 realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulaci髇, salvo que resultare imprescindible como consecuencia de una agresi髇 o de un intento manifiesto de agresi髇 a la persona o personas protegidas o a los propios escoltas, debiendo, en tal caso, poner inmediatamente al detenido o detenidos a disposici髇 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio.

3. Para el cumplimiento de las indicadas funciones ser aplicable a los escoltas privados lo determinado en el art韈ulo 32 y dem醩 preceptos concordantes, relativos a vigilantes de seguridad, salvo lo referente a la uniformidad.

Art韈ulo 34 Guardas rurales y sus especialidades

1. Los guardas rurales ejercer醤 funciones de vigilancia y protecci髇 de personas y bienes en fincas r鷖ticas, as como en las instalaciones agr韈olas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas.

Se atendr醤 al r間imen general establecido para los vigilantes de seguridad, con la especificidad de que no podr醤 desempe馻r las funciones contempladas en el art韈ulo 32.1.e).

2. A los guardas de caza corresponde desempe馻r las funciones previstas en el apartado anterior para los guardas rurales y, adem醩, las de vigilancia y protecci髇 en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del r間imen cineg閠ico y espacios de pesca fluvial.

3. Corresponde a los guardapescas mar韙imos desempe馻r las funciones previstas en el apartado 1 para los guardas rurales y, adem醩, las de vigilancia y protecci髇 de los establecimientos de acuicultura y zonas mar韙imas con fines pesqueros.

4. Los guardas de caza y los guardapescas mar韙imos podr醤 proceder a la retirada u ocupaci髇 de las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas armas, cuando aqu閘los hubieran sido utilizados para cometer una infracci髇, procediendo a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Art韈ulo 35 Jefes de seguridad

1. En el 醡bito de la empresa de seguridad en cuya plantilla est醤 integrados, corresponde a los jefes de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

  • a) El an醠isis de situaciones de riesgo y la planificaci髇 y programaci髇 de las actuaciones precisas para la implantaci髇 y realizaci髇 de los servicios de seguridad privada.
  • b) La organizaci髇, direcci髇 e inspecci髇 del personal y servicios de seguridad privada.
  • c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, y el control de su funcionamiento y mantenimiento, pudiendo validarlos provisionalmente hasta tanto se produzca la inspecci髇 y autorizaci髇, en su caso, por parte de la Administraci髇.
  • d) El control de la formaci髇 permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, y la propuesta de la adopci髇 de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.
  • e) La coordinaci髇 de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protecci髇 civil en situaciones de emergencia, cat醩trofe o calamidad p鷅lica.
  • f) La garant韆 de la colaboraci髇 de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • g) La supervisi髇 de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.
  • h) La responsabilidad sobre la custodia y el traslado de armas de titularidad de la empresa a la que pertenezca, de acuerdo con la normativa de armas y con lo que reglamentariamente se determine.

2. La existencia del jefe de seguridad en las empresas de seguridad privada ser obligatoria siempre que 閟tas se dediquen a todas o algunas de las actividades previstas en los p醨rafos a), b), c), d) y e) del art韈ulo 5.1.

En funci髇 de la complejidad organizativa o t閏nica, u otras circunstancias que se determinen reglamentariamente, podr exigirse la existencia de un jefe de seguridad espec韋ico para algunas de dichas actividades de seguridad.

3. El ejercicio de funciones podr delegarse por los jefes de seguridad en los t閞minos que reglamentariamente se dispongan.

Art韈ulo 36 Directores de seguridad

1. En relaci髇 con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

  • a) La organizaci髇, direcci髇, inspecci髇 y administraci髇 de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
  • b) La identificaci髇, an醠isis y evaluaci髇 de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.
  • c) La planificaci髇, organizaci髇 y control de las actuaciones precisas para la implantaci髇 de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestaci髇 de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboraci髇 y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
  • d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
  • e) La validaci髇 provisional, hasta la comprobaci髇, en su caso, por parte de la Administraci髇, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuaci髇 a la normativa de seguridad privada.
  • f) La comprobaci髇 de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologaci髇 de los organismos competentes.
  • g) La comunicaci髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, as como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
  • h) La interlocuci髇 y enlace con la Administraci髇, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la funci髇 de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relaci髇 con el cumplimiento normativo sobre gesti髇 de todo tipo de riesgos.
  • i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a 醨eas o informaciones, para garantizar la protecci髇 efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.

2. Los usuarios de seguridad privada situar醤 al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando as lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensi髇 de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisi髇 gubernativa, en atenci髇 a las medidas de seguridad y al grado de concentraci髇 de riesgo, o cuando lo prevea una disposici髇 especial.

Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las empresas de seguridad privada.

3. En las empresas de seguridad el director de seguridad podr compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad.

4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el art韈ulo 35.1.a), b), c), y e) ser醤 asumidas por dicho director de seguridad.

5. El ejercicio de funciones podr delegarse por los directores de seguridad en los t閞minos que reglamentariamente se disponga.

Art韈ulo 37 Detectives privados

1. Los detectives privados se encargar醤 de la ejecuci髇 personal de los servicios de investigaci髇 privada a los que se refiere el art韈ulo 48, mediante la realizaci髇 de averiguaciones en relaci髇 con personas, hechos y conductas privadas.

2. En el ejercicio de sus funciones, los detectives privados vendr醤 obligados a:

  • a) Confeccionar los informes de investigaci髇 relativos a los asuntos que tuvieren encargados.
  • b) Asegurar la necesaria colaboraci髇 con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sus actuaciones profesionales se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.
  • c) Ratificar el contenido de sus informes de investigaci髇 ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueren requeridos para ello.

3. El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no ser compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administraci髇 P鷅lica.

4. Los detectives privados no podr醤 investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposici髇 toda la informaci髇 y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.

T蚑ULO IV
Servicios y medidas de seguridad

CAP蚑ULO I
Disposiciones comunes

Art韈ulo 38 Prestaci髇 de los servicios de seguridad privada

1. Los servicios de seguridad privada se prestar醤 de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en sus art韈ulos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las estipulaciones del contrato, as como, en su caso, con la autorizaci髇 concedida o declaraci髇 responsable presentada.

2. Los servicios de seguridad privada se prestar醤 鷑icamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada.

3. Reglamentariamente se establecer醤 las condiciones y requisitos para la subcontrataci髇 de servicios de seguridad privada.

4. Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados y jefes de seguridad desempe馻r醤 sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados.

5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 36, desempe馻r醤 sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas.

6. Los guardas rurales podr醤 desarrollar sus funciones sin necesidad de constituir o estar integrados en empresas de seguridad, prestando sus servicios directamente a los titulares de bienes y derechos que les puedan contratar, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, cuando se trate de servicios de vigilancia y protecci髇 de explotaciones agr韈olas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del r間imen cineg閠ico, y zonas mar韙imas protegidas con fines pesqueros.

7. Los detectives privados ejercer醤 sus funciones profesionales a trav閟 de los despachos de detectives para los que presten sus servicios.

Art韈ulo 39 Forma de prestaci髇

1. Los medios utilizados por las empresas de seguridad en la prestaci髇 de los servicios de seguridad privada deber醤 estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo caso, los veh韈ulos, uniformes y distintivos no podr醤 inducir a confusi髇 con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los de las Fuerzas Armadas, y se ajustar醤 a las caracter韘ticas que reglamentariamente se determinen.

2. El personal de seguridad privada uniformado, constituido por los vigilantes de seguridad y de explosivos y por los guardas rurales y sus especialidades, prestar sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios, que no incluir醤 armas de fuego.

Reglamentariamente se podr醤 establecer excepciones a la obligaci髇 de desarrollar sus funciones con uniforme y distintivo.

3. Previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, s髄o se desarrollar醤 con armas de fuego los servicios de seguridad privada contemplados en el art韈ulo 40 y los que reglamentariamente se determinen.

Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad s髄o se podr醤 portar estando de servicio, con las salvedades que se establezcan reglamentariamente.

4. Salvo en los casos expresamente previstos en esta ley y lo que se determine reglamentariamente atendiendo a las especiales caracter韘ticas de determinados servicios de seguridad privada, los vigilantes de seguridad ejercer醤 sus funciones en el interior de los inmuebles o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados.

5. El personal de seguridad privada, durante la prestaci髇 de los servicios de seguridad privada, portar la tarjeta de identidad profesional y, en su caso, la documentaci髇 correspondiente al arma de fuego.

CAP蚑ULO II
Servicios de las empresas de seguridad privada

Art韈ulo 40 Servicios con armas de fuego

1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestar醤 con armas de fuego en los t閞minos que reglamentariamente se determinen:

  • a) Los de vigilancia y protecci髇 del almacenamiento, recuento, clasificaci髇 y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.
  • b) Los de vigilancia y protecci髇 de f醔ricas y dep髎itos o transporte de armas, cartucher韆 met醠ica y explosivos.
  • c) Los de vigilancia y protecci髇 en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera espa駉la en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes.
  • d) Cuando por sus caracter韘ticas y circunstancias lo requieran, los de vigilancia y protecci髇 perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o instalaciones de organismos p鷅licos, incluidas las infraestructuras cr韙icas.

2. Reglamentariamente se determinar醤 aquellos supuestos en los que, valoradas circunstancias tales como localizaci髇, valor de los objetos a proteger, concentraci髇 del riesgo, peligrosidad, nocturnidad, zonas r鷖ticas o cineg閠icas, u otras de an醠oga significaci髇, podr autorizarse la prestaci髇 de los servicios de seguridad privada portando armas de fuego.

Asimismo, podr autorizarse la prestaci髇 de los servicios de verificaci髇 personal de alarmas portando armas de fuego, cuando sea necesario para garantizar la seguridad del personal que los presta, atendiendo a la naturaleza de dicho servicio, al objeto de la protecci髇 o a otras circunstancias que incidan en aqu閘la.

3. El personal de seguridad privada s髄o podr portar el arma de fuego cuando est de servicio, y podr acceder con ella al lugar donde se desarrolle 閟te, salvo que legalmente se establezca lo contrario. Reglamentariamente podr醤 establecerse excepciones para supuestos determinados.

4. Las armas de fuego adecuadas para realizar cada tipo de servicio ser醤 las que reglamentariamente se establezcan.

Art韈ulo 41 Servicios de vigilancia y protecci髇

1. Los servicios de vigilancia y protecci髇 referidos a las actividades contempladas en el art韈ulo 5.1.a) se prestar醤 por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, que desempe馻r醤 sus funciones, con car醕ter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger. No obstante, podr醤 prestarse fuera de estos espacios sin necesidad de autorizaci髇 previa, incluso en v韆s o espacios p鷅licos o de uso com鷑, en los siguientes supuestos:

  • a) La vigilancia y protecci髇 sobre acciones de manipulaci髇 o utilizaci髇 de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las v韆s o espacios p鷅licos o de uso com鷑.
  • b) La retirada y reposici髇 de fondos en cajeros autom醫icos, as como la prestaci髇 de servicios de vigilancia y protecci髇 de los mismos durante las citadas operaciones, o en las de reparaci髇 de aver韆s.
  • c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protecci髇 para la realizaci髇 de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.
  • d) La vigilancia y protecci髇 de los medios de transporte y de sus infraestructuras.
  • e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protecci髇.
  • f) La persecuci髇 de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relaci髇 con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protecci髇.
  • g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.
  • h) Los servicios de vigilancia y protecci髇 a los que se refieren los apartados siguientes.

2. Requerir醤 autorizaci髇 previa por parte del 髍gano competente los siguientes servicios de vigilancia y protecci髇, que se prestar醤 en coordinaci髇, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de acuerdo con sus instrucciones:

  • a) La vigilancia en pol韌onos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus v韆s o espacios de uso com鷑.
  • b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados.
  • c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en v韆s o espacios p鷅licos o de uso com鷑, en coordinaci髇, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • d) La vigilancia y protecci髇 en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados.

Reglamentariamente se establecer醤 las condiciones y requisitos para la prestaci髇 de estos servicios.

3. Cuando as se decida por el 髍gano competente, y cumpliendo estrictamente las 髍denes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podr醤 prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protecci髇:

  • a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.
  • b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.
  • c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos p鷅licos.
  • d) La participaci髇 en la prestaci髇 de servicios encomendados a la seguridad p鷅lica, complementando la acci髇 policial. La prestaci髇 de estos servicios tambi閚 podr realizarse por guardas rurales.

Art韈ulo 42 Servicios de videovigilancia

1. Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a trav閟 de sistemas de c醡aras o videoc醡aras, fijas o m髒iles, capaces de captar y grabar im醙enes y sonidos, incluido cualquier medio t閏nico o sistema que permita los mismos tratamientos que 閟tas.

Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar da駉s a las personas o bienes objeto de protecci髇 o impedir accesos no autorizados, ser醤 prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.

No tendr醤 la consideraci髇 de servicio de videovigilancia la utilizaci髇 de c醡aras o videoc醡aras cuyo objeto principal sea la comprobaci髇 del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o 醨eas de las autopistas de peaje. Estas funciones podr醤 realizarse por personal distinto del de seguridad privada.

2. No se podr醤 utilizar c醡aras o videoc醡aras con fines de seguridad privada para tomar im醙enes y sonidos de v韆s y espacios p鷅licos o de acceso p鷅lico salvo en los supuestos y en los t閞minos y condiciones previstos en su normativa espec韋ica, previa autorizaci髇 administrativa por el 髍gano competente en cada caso. Su utilizaci髇 en el interior de los domicilios requerir el consentimiento del titular.

3. Las c醡aras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepci髇, verificaci髇 y, en su caso, respuesta y transmisi髇 de alarmas, no requerir醤 autorizaci髇 administrativa para su instalaci髇, empleo o utilizaci髇.

4. Las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia no podr醤 destinarse a un uso distinto del de su finalidad. Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, se aportar醤, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respetando los criterios de conservaci髇 y custodia de las mismas para su v醠ida aportaci髇 como evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales.

5. La monitorizaci髇, grabaci髇, tratamiento y registro de im醙enes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estar sometida a lo previsto en la normativa en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervenci髇 m韓ima.

6. En lo no previsto en la presente ley y en sus normas de desarrollo, se aplicar lo dispuesto en la normativa sobre videovigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Art韈ulo 43 Servicios de protecci髇 personal

1. Los servicios de protecci髇 personal, a cargo de escoltas privados, consistir醤 en el acompa馻miento, custodia, resguardo, defensa y protecci髇 de la libertad, vida e integridad f韘ica de personas o grupos de personas determinadas.

2. La prestaci髇 de servicios de protecci髇 personal se realizar con independencia del lugar donde se encuentre la persona protegida, incluido su tr醤sito o circulaci髇 por las v韆s p鷅licas, sin que se puedan realizar identificaciones, restricciones de la circulaci髇, o detenciones, salvo en caso de flagrante delito relacionado con el objeto de su protecci髇.

3. La prestaci髇 de estos servicios s髄o podr realizarse previa autorizaci髇 del Ministerio del Interior o del 髍gano auton髆ico competente, conforme se disponga reglamentariamente.

Art韈ulo 44 Servicios de dep髎ito de seguridad

1. Los servicios de dep髎ito de seguridad, referidos a la actividad contemplada en el art韈ulo 5.1.c), estar醤 a cargo de vigilantes de seguridad y se prestar醤 obligatoriamente cuando los objetos en cuesti髇 alcancen las cuant韆s que reglamentariamente se establezcan, as como cuando las autoridades competentes lo determinen en atenci髇 a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos.

2. Los servicios de dep髎ito de seguridad referidos a la actividad contemplada en el art韈ulo 5.1.d), estar醤 a cargo de vigilantes de explosivos y se prestar醤 obligatoriamente cuando precisen de vigilancia, cuidado y protecci髇 especial, de acuerdo con la normativa espec韋ica de cada materia o as lo dispongan las autoridades competentes en atenci髇 a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos o sustancias.

Art韈ulo 45 Servicios de transporte de seguridad

Los servicios de transporte y distribuci髇 de los objetos y sustancias a que se refiere el art韈ulo anterior, se llevar醤 a cabo mediante veh韈ulos acondicionados especialmente para cada tipo de transporte u otros elementos de seguridad espec韋icos homologados para el transporte, y consistir醤 en su traslado material y su protecci髇 durante el mismo, por vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, respectivamente, con arreglo a lo prevenido en esta ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

Art韈ulo 46 Servicios de instalaci髇 y mantenimiento

1. Los servicios de instalaci髇 y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, consistir醤 en la ejecuci髇, por t閏nicos acreditados, de todas aquellas operaciones de instalaci髇 y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de su finalidad, previa elaboraci髇, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalaci髇, cuyas caracter韘ticas se determinar醤 reglamentariamente.

2. Estos sistemas deber醤 someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine reglamentariamente.

Art韈ulo 47 Servicios de gesti髇 de alarmas

1. Los servicios de gesti髇 de alarmas, a cargo de operadores de seguridad, consistir醤 en la recepci髇, verificaci髇 no personal y, en su caso, transmisi髇 de las se馻les de alarma, relativas a la seguridad y protecci髇 de personas y bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

2. Los servicios de respuesta ante alarmas se prestar醤 por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, y podr醤 comprender los siguientes servicios:

  • a) El dep髎ito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde est閚 instalados los sistemas de seguridad conectados a la central de alarmas y, en su caso, su traslado hasta el lugar del que procediere la se馻l de alarma verificada o bien la apertura a distancia controlada desde la central de alarmas.
  • b) El desplazamiento de los vigilantes de seguridad o guardas rurales a fin de proceder a la verificaci髇 personal de la alarma recibida.
  • c) Facilitar el acceso a los servicios policiales o de emergencia cuando las circunstancias lo requieran, bien mediante aperturas remotas controladas desde la central de alarmas o con los medios y dispositivos de acceso de que se disponga.

3. Cuando los servicios se refirieran al an醠isis y monitorizaci髇 de eventos de seguridad de la informaci髇 y las comunicaciones, estar醤 sujetos a las especificaciones que reglamentariamente se determinen. Las se馻les de alarma referidas a estos eventos deber醤 ser puestas, cuando corresponda, en conocimiento del 髍gano competente, por el propio usuario o por la empresa con la que haya contratado la seguridad.

CAP蚑ULO III
Servicios de los despachos de detectives privados

Art韈ulo 48 Servicios de investigaci髇 privada

1. Los servicios de investigaci髇 privada, a cargo de detectives privados, consistir醤 en la realizaci髇 de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtenci髇 y aportaci髇, por cuenta de terceros legitimados, de informaci髇 y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

  • a) Los relativos al 醡bito econ髆ico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
  • b) La obtenci髇 de informaci髇 tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espect醕ulos, cert醡enes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales p鷅licos de gran concurrencia o 醡bitos an醠ogos.
  • c) La realizaci髇 de averiguaciones y la obtenci髇 de informaci髇 y pruebas relativas a delitos s髄o perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

2. La aceptaci髇 del encargo de estos servicios por los despachos de detectives privados requerir, en todo caso, la acreditaci髇, por el solicitante de los mismos, del inter閟 leg韙imo alegado, de lo que se dejar constancia en el expediente de contrataci髇 e investigaci髇 que se abra.

3. En ning鷑 caso se podr investigar la vida 韓tima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podr醤 utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o t閏nicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protecci髇 de datos.

4. En la prestaci髇 de los servicios de investigaci髇, los detectives privados no podr醤 utilizar o hacer uso de medios, veh韈ulos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

5. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados encargados de las investigaciones velar醤 por los derechos de sus clientes con respeto a los de los sujetos investigados.

6. Los servicios de investigaci髇 privada se ejecutar醤 con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Art韈ulo 49 Informes de investigaci髇

1. Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados encargados del asunto deber醤 elaborar un 鷑ico informe en el que reflejar醤 el n鷐ero de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contrataci髇, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan.

2. En el informe de investigaci髇 鷑icamente se har constar informaci髇 directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigaci髇 contratada, sin incluir en 閘 referencias, informaciones o datos que hayan podido averiguarse relativos al cliente o al sujeto investigado, en particular los de car醕ter personal especialmente protegidos, que no resulten necesarios o que no guarden directa relaci髇 con dicho objeto y finalidad ni con el inter閟 leg韙imo alegado para la contrataci髇.

3. Dicho informe estar a disposici髇 del cliente, a quien se entregar, en su caso, al finalizar el servicio, as como a disposici髇 de las autoridades policiales competentes para la inspecci髇, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 54.5.

4. Los informes de investigaci髇 deber醤 conservarse archivados, al menos, durante tres a駉s, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 16.3 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal. Las im醙enes y los sonidos grabados durante las investigaciones se destruir醤 tres a駉s despu閟 de su finalizaci髇, salvo que est閚 relacionadas con un procedimiento judicial, una investigaci髇 policial o un procedimiento sancionador. En todo caso, el tratamiento de dichas im醙enes y sonidos deber observar lo establecido en la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal, especialmente sobre el bloqueo de datos previsto en la misma.

5. Las investigaciones privadas tendr醤 car醕ter reservado y los datos obtenidos a trav閟 de las mismas solo se podr醤 poner a disposici髇 del cliente o, en su caso, de los 髍ganos judiciales y policiales, en este 鷏timo supuesto 鷑icamente para una investigaci髇 policial o para un procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 25.

Art韈ulo 50 Deber de reserva profesional

1. Los detectives privados est醤 obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podr醤 facilitar datos o informaciones sobre 閟tas m醩 que a las personas que se las encomendaron y a los 髍ganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

2. S髄o mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigaci髇 criminal o de un procedimiento sancionador se podr acceder al contenido de las investigaciones realizadas por los detectives privados.

CAP蚑ULO IV
Medidas de seguridad privada

Art韈ulo 51 Adopci髇 de medidas

1. Las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, podr醤 dotarse de medidas de seguridad privada dirigidas a la protecci髇 de personas y bienes y al aseguramiento del normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.

2. Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisi髇 de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinar醤 los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, as como el tipo y caracter韘ticas de las que deban implantar en cada caso.

3. El Ministerio del Interior o, en su caso, el 髍gano auton髆ico competente podr ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan.

El 髍gano competente formular la propuesta teniendo en cuenta, adem醩 de su finalidad preventiva de hechos delictivos y de evitaci髇 de riesgos, la naturaleza de la actividad, la localizaci髇 de los establecimientos o instalaciones, la concentraci髇 de personas u otras circunstancias que la justifiquen y, previa audiencia del titular u organizador, resolver motivadamente.

Cuando se considerase necesaria la implantaci髇 de dichas medidas en 髍ganos u organismos p鷅licos, el 髍gano competente formular la correspondiente propuesta y, previo acuerdo con el 髍gano administrativo o entidad de los que dependan las instalaciones o locales necesitados de protecci髇, dictar la resoluci髇 procedente.

4. Las sedes y delegaciones de las empresas de seguridad privada vinculadas a la operativa de seguridad y los despachos de detectives privados y sus sucursales estar醤 obligados a adoptar las medidas de seguridad que se establezcan reglamentariamente.

5. La celebraci髇 de eventos y la apertura o funcionamiento de establecimientos e instalaciones y de empresas de seguridad y sus delegaciones y despachos de detectives y sus sucursales, mencionados en los apartados 2 y 3, estar condicionada a la efectiva implantaci髇 de las medidas de seguridad que resulten obligatorias en cada caso.

6. Los 髍ganos competentes podr醤 eximir de la implantaci髇 de medidas de seguridad obligatorias cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes.

7. Los titulares de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada y sus delegaciones, as como de los despachos de detectives privados y sus sucursales y los organizadores de eventos, ser醤 responsables de la adopci髇 de las medidas de seguridad que resulten obligatorias en cada caso.

Las empresas de seguridad encargadas de la prestaci髇 de las medidas de seguridad que les sean contratadas, ser醤 responsables de su correcta instalaci髇, mantenimiento y funcionamiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir sus empleados o los titulares de los establecimientos, instalaciones u organizadores obligados, si cualquier anomal韆 en su funcionamiento les fuera imputable.

8. Quedar醤 sometidos a lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo los usuarios que, sin estar obligados, adopten medidas de seguridad, as como quienes adopten medidas de seguridad adicionales a las obligatorias, respecto de 閟tas.

Art韈ulo 52 Tipos de medidas

1. A los exclusivos efectos de esta ley, se podr醤 adoptar los siguientes tipos de medidas de seguridad, destinadas a la protecci髇 de personas y bienes:

  • a) De seguridad f韘ica, cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a determinados lugares o bienes mediante la interposici髇 de cualquier tipo de barreras f韘icas.
  • b) De seguridad electr髇ica, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia o intento de asalto o intrusi髇 que pudiera producirse, mediante la activaci髇 de cualquier tipo de dispositivos electr髇icos.
  • c) De seguridad inform醫ica, cuyo objeto es la protecci髇 y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de informaci髇 y comunicaci髇, y de la informaci髇 en ellos contenida.
  • d) De seguridad organizativa, dirigidas a evitar o poner t閞mino a cualquier tipo de amenaza, peligro o ataque deliberado, mediante la disposici髇, programaci髇 o planificaci髇 de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas; tales como la creaci髇, existencia y funcionamiento de departamentos de seguridad o la elaboraci髇 y aplicaci髇 de todo tipo de planes de seguridad, as como cualesquiera otras de similar naturaleza que puedan adoptarse.
  • e) De seguridad personal, para la prestaci髇 de servicios de seguridad regulados en esta ley, distintos de los que constituyen el objeto espec韋ico de las anteriores.

2. Las caracter韘ticas, elementos y finalidades de las medidas de seguridad de cualquier tipo, quien quiera que los utilice, se regular醤 reglamentariamente de acuerdo con lo previsto, en cuanto a sus grados y caracter韘ticas, en las normas que contienen especificaciones t閏nicas para una actividad o producto. Asimismo dichas medidas de seguridad, medios materiales y sistemas de alarma deber醤 contar con la evaluaci髇 de los organismos de certificaci髇 acreditados en el momento de su instalaci髇 y tendr醤 vigencia indefinida, salvo deterioro o instalaci髇 de un nuevo sistema, que deber ser conforme a la homologaci髇 que le resulte aplicable.

T蚑ULO V
Control administrativo

Art韈ulo 53 Actuaciones de control

1. Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en el ejercicio de las funciones de control de las empresas, despachos de detectives, de sus servicios o actuaciones y de su personal y medios en materia de seguridad privada, el cumplimiento de las 髍denes e instrucciones que se impartan por los 髍ganos a los que se refieren los art韈ulos 12 y 13.

2. En el ejercicio de estas funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes podr醤 requerir la informaci髇 pertinente y adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias, en los t閞minos del art韈ulo 55.

3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control se detectase la posible comisi髇 de una infracci髇 administrativa, se instar a la autoridad competente para la incoaci髇 del correspondiente procedimiento sancionador. Si se tratara de la posible comisi髇 de un hecho delictivo, se pondr inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial.

4. Toda persona que tuviera conocimiento de irregularidades cometidas en el 醡bito de la seguridad privada podr denunciarlas ante las autoridades o funcionarios competentes, a efectos del posible ejercicio de las actuaciones de control y sanci髇 correspondientes.

5. El acceso por los 髍ganos que tengan atribuida la competencia de control se limitar a los datos necesarios para la realizaci髇 de la misma.

Art韈ulo 54 Actuaciones de inspecci髇

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecer醤 planes anuales de inspecci髇 ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal, los servicios, los establecimientos, los centros de formaci髇, las medidas de seguridad y cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley.

2. Al margen de los citados planes de inspecci髇, cuando recibieren denuncias sobre irregularidades cometidas en el 醡bito de la seguridad privada proceder醤 a la comprobaci髇 de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoaci髇 del correspondiente procedimiento sancionador.

3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada, as como los establecimientos obligados a contratar servicios de seguridad privada, los centros de formaci髇, las centrales de alarma de uso propio y los usuarios que contraten dichos servicios, habr醤 de facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el acceso a sus instalaciones y medios a efectos de inspecci髇, as como a la informaci髇 contenida en los contratos de seguridad, en los informes de investigaci髇 y en los libros-registro, en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Las actuaciones de inspecci髇 se atendr醤 a los principios de injerencia m韓ima y proporcionalidad, y tendr醤 por finalidad la comprobaci髇 del cumplimiento de la legislaci髇 aplicable.

5. Cuando las actuaciones de inspecci髇 recaigan sobre los servicios de investigaci髇 privada se tendr especial cuidado en su ejecuci髇, extrem醤dose las cautelas en relaci髇 con las im醙enes, sonidos o datos personales obtenidos que obren en el expediente de investigaci髇. Las actuaciones se limitar醤 a la comprobaci髇 de su existencia, sin entrar en su contenido, salvo que se encuentre relacionado con una investigaci髇 judicial o policial o con un expediente sancionador.

6. Las inspecciones a las que se refieren los apartados anteriores se realizar醤 por el Cuerpo Nacional de Polic韆; por la Guardia Civil, en el caso de los guardas rurales y sus especialidades y centros y cursos de formaci髇 relativos a este personal; o, por el cuerpo de polic韆 auton髆ica competente.

7. Siempre que el personal indicado en el apartado anterior realice una inspecci髇, extender el acta correspondiente y, en el caso de existencia de infracci髇, se dar cuenta a la autoridad competente.

8. El acceso por los 髍ganos que tengan atribuida la competencia de inspecci髇 se limitar a los datos necesarios para la realizaci髇 de la misma.

Art韈ulo 55 Medidas provisionales anteriores al procedimiento

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes podr醤 acordar excepcionalmente las siguientes medidas provisionales anteriores a la eventual incoaci髇 de un procedimiento sancionador, dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad competente:

  • a) La ocupaci髇 o precinto de veh韈ulos, armas, material o equipos prohibidos, no homologados o que resulten peligrosos o perjudiciales, as como de los instrumentos y efectos de la infracci髇, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes.
  • b) La suspensi髇, junto con la intervenci髇 u ocupaci髇 de los medios o instrumentos que se estuvieren empleando, de aquellos servicios de seguridad que se estuvieren prestando sin las preceptivas garant韆s y formalidades legales o sin contar con la necesaria autorizaci髇 o declaraci髇 responsable, o cuando puedan causar da駉s o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.
  • c) El cese de los servicios de seguridad cuando se constate que est醤 siendo prestados por empresas, centrales de alarma de uso propio o despachos de detectives, no autorizados o que no hubieran presentado la declaraci髇 responsable, o por personal no habilitado o acreditado para el ejercicio legal de los mismos.
  • d) El cese de la actividad docente en materia de seguridad privada, cuando se constate que los centros que la imparten, no hayan presentado la declaraci髇 responsable o el profesorado no tuviera la acreditaci髇 correspondiente.
  • e) La desconexi髇 de los sistemas de alarma cuyo mal funcionamiento causare perjuicios a la seguridad p鷅lica o molestias a terceros. Cuando se trate de establecimientos obligados a contar con esta medida de seguridad, la desconexi髇 se suplir mediante el establecimiento de un servicio permanente de vigilancia y protecci髇 privada.
  • f) La retirada de la tarjeta de identificaci髇 profesional al personal de seguridad o de la acreditaci髇 al personal acreditado, cuando resulten detenidos por su implicaci髇 en la comisi髇 de hechos delictivos.
  • g) La suspensi髇, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.

2. Estas medidas habr醤 de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo m醲imo de quince d韆s. En todo caso quedar醤 sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento sancionador o el acuerdo de incoaci髇 no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. El 髍gano competente para ratificar, revocar o modificar las medidas provisionales ser el competente para incoar el procedimiento sancionador.

3. La duraci髇 de las medidas contempladas en el apartado 1, que deber ser notificada a los interesados, no podr exceder de seis meses.

4. Asimismo, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes se har醤 cargo de las armas que se porten o utilicen ilegalmente, siguiendo lo dispuesto al respecto en la normativa de armas.

T蚑ULO VI
R間imen sancionador

CAP蚑ULO I
Infracciones

Art韈ulo 56 Clasificaci髇 y prescripci髇

1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley podr醤 ser leves, graves y muy graves.

2. Las infracciones leves prescribir醤 a los seis meses, las graves al a駉 y las muy graves a los dos a駉s.

3. El plazo de prescripci髇 se contar desde la fecha en que la infracci髇 hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del c髆puto ser la de la finalizaci髇 de la actividad o la del 鷏timo acto en que la infracci髇 se consume.

4. La prescripci髇 se interrumpir por la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.

Art韈ulo 57 Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales, de los despachos de detectives privados y de las centrales de alarma de uso propio

Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso propio, podr醤 incurrir en las siguientes infracciones:

  • 1. Infracciones muy graves:
    • a) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorizaci髇 o, en su caso, sin haber presentado la declaraci髇 responsable prevista en el art韈ulo 18.1 y 2 para la prestaci髇 de los servicios de que se trate.
    • b) La contrataci髇 o utilizaci髇, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitaci髇 o acreditaci髇 correspondiente.
    • c) La realizaci髇 de actividades prohibidas en el art韈ulo 8.4, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos pol韙icos o laborales, control de opiniones o su expresi髇, o la informaci髇 a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad o investigaci髇 hubieran sido encargados, o cualquier otra forma de quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito y salvo que sean constitutivas de infracci髇 a la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal.
    • d) La instalaci髇 o utilizaci髇 de medios materiales o t閏nicos no homologados cuando la homologaci髇 sea preceptiva y sean susceptibles de causar grave da駉 a las personas o a los intereses generales.
    • e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la informaci髇 contenida en los contratos de seguridad privada, en los libros-registro o el acceso a los informes de investigaci髇 privada.
    • f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisici髇 y uso de armas, as como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aqu閘las, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta ley, o la contrataci髇 de instructores de tiro que carezcan de la oportuna habilitaci髇.
    • g) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada con armas de fuego fuera de lo dispuesto en esta ley.
    • h) La negativa a prestar auxilio o colaboraci髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigaci髇 y persecuci髇 de actos delictivos; en el descubrimiento y detenci髇 de los delincuentes; o en la realizaci髇 de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
    • i) El incumplimiento de la obligaci髇 que impone a los representantes legales el art韈ulo 22.3.
    • j) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones y sucursales.
    • k) El incumplimiento de las condiciones de prestaci髇 de servicios establecidos por la autoridad competente en relaci髇 con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el art韈ulo 8.6.
    • l) El incumplimiento de los requisitos que impone a las empresas de seguridad el art韈ulo 19. 1, 2 y 3, y el art韈ulo 35.2.
    • m) El incumplimiento de los requisitos que impone a los despachos de detectives el art韈ulo 24. 1 y 2.
    • n) La falta de transmisi髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las alarmas reales que se registren en las centrales receptoras de alarmas privadas, incluidas las de uso propio, as como el retraso en la transmisi髇 de las mismas, cuando estas conductas no est閚 justificadas.
    • ) La prestaci髇 de servicios compatibles contemplados en el art韈ulo 6.2, empleando personal no habilitado que utilice armas o medios de defensa reservados al personal de seguridad privada.
    • o) La realizaci髇 de investigaciones privadas a favor de solicitantes en los que no concurra un inter閟 leg韙imo en el asunto.
    • p) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes contratos.
    • q) El empleo o utilizaci髇, en servicios de seguridad privada, de medidas o de medios personales, materiales o t閏nicos de forma que se atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, siempre que no constituyan delito.
    • r) La falta de comunicaci髇 por parte de empresas de seguridad inform醫ica de las incidencias relativas al sistema de cuya protecci髇 sean responsables cuando sea preceptivo.
    • s) La comisi髇 de una tercera infracci髇 grave o de una grave y otra muy grave en el per韔do de dos a駉s, habiendo sido sancionado por las anteriores.
    • t) La prestaci髇 de actividades ajenas a las de seguridad privada, excepto las compatibles previstas en el art韈ulo 6 de la presente ley.
  • 2. Infracciones graves:
    • a) La instalaci髇 o utilizaci髇 de medios materiales o t閏nicos no homologados, cuando la homologaci髇 sea preceptiva.
    • b) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada con veh韈ulos, uniformes, distintivos, armas o medios de defensa que no re鷑an las caracter韘ticas reglamentarias.
    • c) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos espec韋icos de autorizaci髇 o presentaci髇 de declaraci髇 responsable para la realizaci髇 de dicho tipo de servicios. Esta infracci髇 tambi閚 ser aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del 醡bito territorial para el que est閚 autorizados o se haya presentado la declaraci髇 responsable, o careciendo de la autorizaci髇 previa o de dicha declaraci髇 cuando 閟tas sean preceptivas, o cuando se realicen en condiciones distintas a las expresamente previstas en la autorizaci髇 del servicio.
    • d) La retenci髇 de la documentaci髇 profesional del personal de seguridad privada, o de la acreditaci髇 del personal acreditado.
    • e) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada sin comunicar correctamente los correspondientes contratos al Ministerio del Interior o al 髍gano auton髆ico competente, o en los casos en que la comunicaci髇 se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.
    • f) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato.
    • g) La falta de sustituci髇 ante el abandono o la omisi髇 injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
    • h) La utilizaci髇, en el desempe駉 de funciones de seguridad privada, de personal de seguridad privada, con una antig黣dad m韓ima de un a駉 en la empresa, que no haya realizado los correspondientes cursos de actualizaci髇 o especializaci髇, no los haya superado, o no los haya realizado con la periodicidad que reglamentariamente se determine.
    • i) La falta de presentaci髇 al Ministerio del Interior o al 髍gano auton髆ico competente del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval o seguro de cauci髇 en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 19.1.e) y f) y 24.2.e) y f), as como la no presentaci髇 del informe de actividades y el resumen de la cuenta anual a los que se refiere el art韈ulo 21.1.e), o la no presentaci髇 de la memoria a la que se refiere el art韈ulo 25.1.i)
    • j) La comunicaci髇 de una o m醩 falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificaci髇 previa.
    • k) La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorizaci髇 necesaria o sin haber presentado la declaraci髇 responsable ante el 髍gano competente, cuando sea preceptivo.
    • l) La falta de comunicaci髇 al Ministerio del Interior o, en su caso, al 髍gano auton髆ico competente, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, as como de los cambios que se produzcan en sus representantes legales y toda variaci髇 en la composici髇 personal de los 髍ganos de administraci髇, gesti髇, representaci髇 y direcci髇.
    • m) La prestaci髇 de servicio por parte del personal de seguridad privada sin la debida uniformidad o sin los medios que reglamentariamente sean exigibles.
    • n) La no realizaci髇 de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
    • ) La carencia o falta de cumplimentaci髇 de cualquiera de los libros-registro obligatorios.
    • o) La falta de comunicaci髇 al Ministerio del Interior o, en su caso, al 髍gano auton髆ico competente de todo cambio relativo a su personalidad o forma jur韉ica, denominaci髇, n鷐ero de identificaci髇 fiscal o domicilio.
    • p) La falta de mantenimiento, en todo momento, de los requisitos establecidos para los representantes legales en el art韈ulo 22.2.
    • q) El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada y despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones o sucursales, de las medidas de seguridad obligatorias, as como el incumplimiento de las revisiones obligatorias de las mismas.
    • r) La prestaci髇 de servicios compatibles contemplados en el art韈ulo 6.2 empleando personal no habilitado que utilice distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los del personal de seguridad privada.
    • s) El incumplimiento de los requisitos impuestos a las empresas de seguridad inform醫ica.
    • t) La prestaci髇 de servicios incumpliendo lo dispuesto en el art韈ulo 19.4.
    • u) La actuaci髇 de vigilantes de seguridad en el exterior de las instalaciones, inmuebles o propiedades de cuya vigilancia o protecci髇 estuvieran encargadas las empresas de seguridad privada con motivo de la prestaci髇 de servicios de tal naturaleza, fuera de los supuestos legalmente previstos.
    • v) No depositar la documentaci髇 profesional sobre contratos, informes de investigaci髇 y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Polic韆 o, en su caso, del cuerpo de polic韆 auton髆ico competente, en caso de cierre del despacho de detectives privados.
    • w) La comisi髇 de una tercera infracci髇 leve o de una grave y otra leve, en el per韔do de dos a駉s, habiendo reca韉o sanci髇 por las anteriores.
    • x) La publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, f韘icas o jur韉icas, carentes de la correspondiente autorizaci髇 o sin haber presentado declaraci髇 responsable.
    • y) La prestaci髇 de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos.
  • 3. Infracciones leves:
    • a) El incumplimiento de la periodicidad de las revisiones obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
    • b) La utilizaci髇 en los servicios de seguridad privada de veh韈ulos, uniformes o distintivos con apariencia o semejanza a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
    • c) La falta de diligencia en la cumplimentaci髇 de los libros-registro obligatorios.
    • d) En general, el incumplimiento de los tr醡ites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracci髇 grave o muy grave.

Art韈ulo 58 Infracciones del personal que desempe馿 funciones de seguridad privada

El personal que desempe馿 funciones de seguridad privada, as como los ingenieros, t閏nicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podr醤 incurrir en las siguientes infracciones:

  • 1. Infracciones muy graves:
    • a) El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitaci髇 o acreditaci髇 necesaria.
    • b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilizaci髇.
    • c) La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilizaci髇 de medios materiales o t閏nicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.
    • d) La negativa a prestar auxilio o colaboraci髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigaci髇 y persecuci髇 de actos delictivos; en el descubrimiento y detenci髇 de los delincuentes; o en la realizaci髇 de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
    • e) La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.
    • f) La realizaci髇 de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.
    • g) La realizaci髇 de actividades prohibidas en el art韈ulo 8.4 sobre reuniones o manifestaciones, conflictos pol韙icos y laborales, control de opiniones o su expresi髇, o la informaci髇 a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad est閚 encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracci髇 a la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal.
    • h) El ejercicio abusivo de sus funciones en relaci髇 con los ciudadanos.
    • i) La realizaci髇, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuaci髇 profesional, de pr醕ticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entra馿n violencia f韘ica o moral, cuando no constituyan delito.
    • j) El abandono o la omisi髇 injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
    • k) La elaboraci髇 de proyectos o ejecuci髇 de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditaci髇 correspondiente expedida por el Ministerio del Interior.
    • l) La no realizaci髇 del informe de investigaci髇 que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboraci髇 de informes paralelos.
    • m) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el art韈ulo 28.3 y 4.
    • n) La comisi髇 de una tercera infracci髇 grave o de una grave y otra muy grave en el per韔do de dos a駉s, habiendo sido sancionado por las anteriores.
  • 2. Infracciones graves:
    • a) La realizaci髇 de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitaci髇 obtenida.
    • b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 38.5, o al margen de los despachos de detectives.
    • c) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
    • d) El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad p鷅lica competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el art韈ulo 8.6.
    • e) La no identificaci髇 profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos.
    • f) La retenci髇 de la documentaci髇 personal en contra de lo previsto en el art韈ulo 32.1.b).
    • g) La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado.
    • h) La identificaci髇 profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompa馻ndo 閟tos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
    • i) La negativa a realizar los cursos de formaci髇 permanente a los que vienen obligados.
    • j) La elaboraci髇 de proyectos o ejecuci髇 de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas t閏nicas reglamentariamente establecidas.
    • k) La omisi髇, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigaci髇 que deben elaborar los detectives privados.
    • l) El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre s, por parte de personal habilitado para ellas.
    • m) La comisi髇 de una tercera infracci髇 leve o de una grave y otra leve, en el per韔do de dos a駉s, habiendo reca韉o sanci髇 por las anteriores.
    • n) La validaci髇 provisional de sistemas o medidas de seguridad que no se adecuen a la normativa de seguridad privada.
  • 3. Infracciones leves:
    • a) La actuaci髇 sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los distintivos o la documentaci髇 profesional, as como la correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestaci髇 del servicio encomendado.
    • b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
    • c) La no cumplimentaci髇, total o parcial, por parte de los t閏nicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.
    • d) En general, el incumplimiento de los tr醡ites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracci髇 grave o muy grave.

Art韈ulo 59 Infracciones de los usuarios y centros de formaci髇

Los usuarios de servicios de seguridad privada y los centros de formaci髇 de personal de seguridad privada podr醤 incurrir en las siguientes infracciones:

  • 1. Muy graves:
    • a) La contrataci髇 o utilizaci髇 a sabiendas de los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorizaci髇 espec韋ica o declaraci髇 responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada.
    • b) La utilizaci髇 de aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados cuando fueran susceptibles de causar grave da駉 a las personas o a los intereses generales.
    • c) El incumplimiento, por parte de los centros de formaci髇, de los requisitos y condiciones exigidos en la declaraci髇 responsable, o impartir cursos sin haberla presentado.
    • d) La negativa a prestar auxilio o colaboraci髇 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en la realizaci髇 de las funciones inspectoras de las medidas de seguridad, de los centros de formaci髇 y de los establecimientos obligados.
    • e) La no adecuaci髇 de los cursos que se impartan en los centros de formaci髇 a lo previsto reglamentariamente en cuanto a su duraci髇, modalidades y contenido.
    • f) La falta de adopci髇 o instalaci髇 de las medidas de seguridad que resulten obligatorias.
    • g) La falta de comunicaci髇 de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de control de la seguridad de la informaci髇 y las comunicaciones, cuando sea preceptivo.
    • h) La contrataci髇 o utilizaci髇 a sabiendas de personas carentes de la habilitaci髇 o acreditaci髇 necesarias para la prestaci髇 de servicios de seguridad o la utilizaci髇 de personal docente no acreditado en actividades de formaci髇.
    • i) La comisi髇 de una tercera infracci髇 grave o de una grave y otra muy grave en el per韔do de dos a駉s, habiendo sido sancionado por las anteriores.
    • j) La entrada en funcionamiento, sin previa autorizaci髇, de centrales receptoras de alarmas de uso propio por parte de entidades p鷅licas o privadas.
    • k) Obligar a personal habilitado contratado a realizar otras funciones distintas a aquellas para las que fue contratado.
  • 2. Graves:
    • a) El incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de seguridad obligatorias que tengan instalados.
    • b) La utilizaci髇 de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados.
    • c) La no comunicaci髇 al 髍gano competente de las modificaciones que afecten a cualquiera de los requisitos que dieron lugar a la autorizaci髇 de los centros de formaci髇.
    • d) La impartici髇 de los cursos de formaci髇 fuera de las instalaciones autorizadas de los centros de formaci髇.
    • e) El anormal funcionamiento de las medidas de seguridad obligatorias adoptadas o instaladas cuando ocasionen perjuicios a la seguridad p鷅lica o a terceros.
    • f) La utilizaci髇 de personal docente no acreditado en actividades de formaci髇.
    • g) La comisi髇 de una tercera infracci髇 leve o de una grave y otra leve, en el per韔do de dos a駉s, habiendo reca韉o sanci髇 por las anteriores.
    • h) El incumplimiento, por parte de los usuarios de seguridad privada, de la obligaci髇 de situar al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad, en contra de lo previsto en el art韈ulo 36.2.
  • 3. Leves:
    • a) La utilizaci髇 de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o cuando su funcionamiento cause da駉s o molestias desproporcionados a terceros.
    • b) El anormal funcionamiento de las medidas o sistemas de seguridad que se tengan instalados.
    • c) Las irregularidades en la cumplimentaci髇 de los registros prevenidos.
    • d) En general, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley que no constituya infracci髇 grave o muy grave.

Art韈ulo 60 Colaboraci髇 reglamentaria

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podr醤 introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o l韒ites de las que en ella se contemplan, contribuyan a la m醩 correcta identificaci髇 de las conductas o a la m醩 precisa determinaci髇 de las sanciones correspondientes.

CAP蚑ULO II
Sanciones

Art韈ulo 61 Sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso propio

Las autoridades competentes podr醤 imponer, por la comisi髇 de las infracciones tipificadas en el art韈ulo 57, las siguientes sanciones:

  • 1. Por la comisi髇 de infracciones muy graves:
    • a) Multa de 30.001 a 600.000 euros.
    • b) Extinci髇 de la autorizaci髇, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaraci髇 responsable, que comportar la prohibici髇 de volver a obtenerla o presentarla, respectivamente, por un plazo de entre uno y dos a駉s, y cancelaci髇 de la inscripci髇 en el registro correspondiente.
    • c) Prohibici髇 para ocupar cargos de representaci髇 legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos a駉s.
  • 2. Por la comisi髇 de infracciones graves:
    • a) Multa de 3.001 a 30.000 euros.
    • b) Suspensi髇 temporal de la autorizaci髇 o de la declaraci髇 responsable por un plazo de entre seis meses y un a駉.
    • c) Prohibici髇 para ocupar cargos de representaci髇 legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre seis meses y un a駉.
  • 3. Por la comisi髇 de infracciones leves:
    • a) Apercibimiento.
    • b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Art韈ulo 62 Sanciones al personal

Las autoridades competentes podr醤 imponer, por la comisi髇 de las infracciones tipificadas en el art韈ulo 58, las siguientes sanciones:

  • 1. Por la comisi髇 de infracciones muy graves:
    • a) Multa de 6.001 a 30.000 euros.
    • b) Extinci髇 de la habilitaci髇, que comportar la prohibici髇 de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos a駉s, y cancelaci髇 de la inscripci髇 en el Registro Nacional.
  • 2. Por la comisi髇 de infracciones graves:
    • a) Multa de 1.001 a 6.000 euros.
    • b) Suspensi髇 temporal de la habilitaci髇 por un plazo de entre seis meses y un a駉.
  • 3. Por la comisi髇 de infracciones leves:
    • a) Apercibimiento.
    • b) Multa de 300 a 1.000 euros.

Art韈ulo 63 Sanciones a usuarios y centros de formaci髇

Las autoridades competentes podr醤 imponer, por la comisi髇 de las infracciones tipificadas en el art韈ulo 59, las siguientes sanciones:

  • 1. Por la comisi髇 de infracciones muy graves:
    • a) Multa de 20.001 a 100.000 euros.
    • b) Cierre del centro de formaci髇, que comportar la prohibici髇 de volver a presentar la declaraci髇 responsable para su apertura por un plazo de entre uno y dos a駉s, y cancelaci髇 de la inscripci髇 en el registro correspondiente.
    • c) La clausura, desde seis meses y un d韆 a dos a駉s, de los establecimientos que no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.
  • 2. Por la comisi髇 de infracciones graves:
    • a) Multa de 3.001 a 20.000 euros.
    • b) Suspensi髇 temporal de la declaraci髇 responsable del centro de formaci髇 por un plazo de entre seis meses y un a駉.
  • 3. Por la comisi髇 de infracciones leves:
    • a) Apercibimiento.
    • b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Art韈ulo 64 Graduaci髇 de las sanciones

Para la graduaci髇 de las sanciones, los 髍ganos competentes tendr醤 en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el inter閟 p鷅lico, la situaci髇 de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad de la empresa de seguridad, despacho de detectives, centro de formaci髇 o establecimiento contra el que se dicte la resoluci髇 sancionadora, y la capacidad econ髆ica del infractor.

Art韈ulo 65 Aplicaci髇 de las sanciones

1. Las sanciones previstas en esta ley podr醤 aplicarse de forma alternativa o acumulativa.

2. La aplicaci髇 de sanciones pecuniarias tender a evitar que la comisi髇 de las infracciones tipificadas no resulte m醩 beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Art韈ulo 66 Competencia sancionadora

1. En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, la potestad sancionadora corresponder:

  • a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de extinci髇 de las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables.
  • b) Al Secretario de Estado de Seguridad, para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves.
  • c) Al Director General de la Polic韆, para imponer las sanciones por infracciones graves.

    Cuando, en el curso de las inspecciones por parte de la Guardia Civil de los cursos para guardas rurales, impartidos por centros de formaci髇 no exclusivos de 閟tos, se detecten posibles infracciones, la sanci髇 corresponder al Director General de la Polic韆.

  • d) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones graves en relaci髇 con los guardas rurales y centros y cursos de formaci髇 exclusivos para este personal.
  • e) A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno, para imponer las sanciones por infracciones leves.

2. En el 醡bito de las comunidades aut髇omas con competencia en materia de seguridad privada, la potestad sancionadora corresponder a los titulares de los 髍ganos que se determinen en cada caso.

3. Contra las resoluciones sancionadoras se podr醤 interponer los recursos previstos en la legislaci髇 de procedimiento administrativo y en la de la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

Art韈ulo 67 Decomiso del material

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada, ser decomisado y se proceder a su destrucci髇 si no fuera de l韈ito comercio, o a su enajenaci髇 en otro caso, quedando en dep髎ito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

Art韈ulo 68 Prescripci髇 de las sanciones

1. Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribir醤, respectivamente, al a駉, a los dos a駉s y a los cuatro a駉s.

2. El plazo de prescripci髇 comenzar a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que sea firme la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇, si 閟ta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpir desde que se comience o se reanude la ejecuci髇 o cumplimiento.

CAP蚑ULO III
Procedimiento

Art韈ulo 69 R間imen Jur韉ico

1. El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad privada se regir por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que se regulan en este t韙ulo.

2. El procedimiento caducar transcurridos seis meses desde su incoaci髇 sin que se haya notificado la resoluci髇, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el c髆puto las posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensi髇 que debiera acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalizaci髇 de 閟te.

3. Iniciado el procedimiento sancionador, el 髍gano que haya ordenado su incoaci髇 podr adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucci髇, as como para evitar la continuaci髇 de la infracci髇 o asegurar el pago de la sanci髇, en el caso de que 閟ta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los dem醩 supuestos.

4. Dichas medidas, que deber醤 ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracci髇 y proporcionadas a la gravedad de la misma, podr醤 consistir en:

  • a) La ocupaci髇 o precinto de veh韈ulos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, as como de los instrumentos y efectos de la infracci髇.
  • b) La retirada preventiva de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o licencias, o la suspensi髇, en su caso, de la eficacia de las declaraciones responsables.
  • c) La suspensi髇 de la habilitaci髇 del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitaci髇 del procedimiento para el otorgamiento de aqu閘la, mientras dure la instrucci髇 de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada.

Tambi閚 podr醤 ser suspendidas las indicadas habilitaci髇 y tramitaci髇, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

5. Las medidas cautelares previstas en los p醨rafos b) y c) del apartado anterior no podr醤 tener una duraci髇 superior a un a駉.

LE0000698696_20220829Ir a Norma modificadora Art韈ulo 69 redactado por la disposici髇 final s閜tima de la L.O. 7/2021, de 26 de mayo, de protecci髇 de datos personales tratados para fines de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecuci髇 de sanciones penales (獴.O.E. 27 mayo).Vigencia: 16 junio 2021

Art韈ulo 70 Ejecutoriedad

1. Las sanciones impuestas ser醤 inmediatamente ejecutivas desde que la resoluci髇 adquiera firmeza en v韆 administrativa.

2. Cuando la sanci髇 sea de naturaleza pecuniaria y no se haya previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo se馻lar, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta d韆s h醔iles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

3. En los casos de suspensi髇 temporal y extinci髇 de la eficacia de autorizaciones, habilitaciones o declaraciones responsables y prohibici髇 del ejercicio de la representaci髇 legal de las empresas, la autoridad sancionadora se馻lar un plazo de ejecuci髇 suficiente, que no podr ser inferior a quince d韆s h醔iles ni superior a dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Art韈ulo 71 Publicidad de las sanciones

Las sanciones, as como los nombres, apellidos, denominaci髇 o raz髇 social de las personas f韘icas o jur韉icas responsables de la comisi髇 de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en v韆 administrativa, podr醤 ser hechas p鷅licas, en virtud de acuerdo de la autoridad competente para su imposici髇, siempre que concurra riesgo para la seguridad de los usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza an醠oga o acreditada intencionalidad.

Art韈ulo 72 Multas coercitivas

1. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, las autoridades competentes relacionadas en el art韈ulo 66 podr醤 imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en la legislaci髇 de procedimiento administrativo.

2. La cuant韆 de estas multas no exceder de 6.000 euros, pero podr aumentarse sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteraci髇 del incumplimiento.

3. Las multas coercitivas ser醤 independientes de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse y compatibles con ellas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Comercializaci髇 de productos

En la comercializaci髇 de productos provenientes de los Estados miembros de la Uni髇 Europea, del Espacio Econ髆ico Europeo o de cualquier tercer pa韘 con el que la Uni髇 Europea tenga un acuerdo de asociaci髇 y que est閚 sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentaci髇 espa駉la de seguridad privada, se atender a los est醤dares previstos por las entidades de certificaci髇 acreditadas que ofrezcan, a trav閟 de su administraci髇 p鷅lica competente, garant韆s t閏nicas profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislaci髇 espa駉la, y a que las disposiciones del Estado, con base en las que se eval鷄 la conformidad, comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las disposiciones legales aplicables.

Disposici髇 adicional segunda Contrataci髇 de servicios de seguridad privada por las administraciones p鷅licas

1. En consideraci髇 a la relevancia para la seguridad p鷅lica de los servicios de seguridad privada, de conformidad con el art韈ulo 118 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los 髍ganos de contrataci髇 de las administraciones p鷅licas podr醤 establecer condiciones especiales de ejecuci髇 de los contratos de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas.

2. Los pliegos de cl醬sulas administrativas particulares o los contratos podr醤 establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecuci髇, o atribuirles el car醕ter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resoluci髇 de los contratos, de acuerdo con los art韈ulos 212.1 y 223.f).

Disposici髇 adicional tercera Cooperaci髇 administrativa

En consideraci髇 a la relevancia para la seguridad p鷅lica de los servicios de seguridad privada, los 髍ganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecer醤 mecanismos de informaci髇, control e inspecci髇 conjunta en relaci髇 con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 transitoria primera Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de esta ley

1. Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en vigor de esta ley mantendr醤 su validez sin necesidad de convalidaci髇 o canje alguno.

2. Las habilitaciones correspondientes a los guardas particulares del campo se entender醤 hechas a la nueva categor韆 de guardas rurales.

Disposici髇 transitoria segunda Personal de centrales receptoras de alarmas

Quienes a la entrada en vigor de esta ley estuvieran desempe馻ndo su actividad en centrales receptoras de alarmas, podr醤 continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener ninguna acreditaci髇 espec韋ica.

Disposici髇 transitoria tercera Ingenieros y t閏nicos de las empresas de seguridad

Los ingenieros y t閏nicos encuadrados, en el momento de entrada en vigor de esta ley, en empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalaci髇 y mantenimiento de sistemas de seguridad contemplada en el art韈ulo 5.1.f) podr醤 continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener la acreditaci髇 espec韋ica a la que se refiere el art韈ulo 19.1.c).

Disposici髇 transitoria cuarta Plazos de adecuaci髇

1. Las empresas de seguridad privada y sus delegaciones, los despachos de detectives privados y sus sucursales, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso a la entrada en vigor de esta ley de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, deber醤 adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de los siguientes plazos de adecuaci髇, computados a partir de su entrada en vigor:

  • a) Dos a駉s respecto a los requisitos nuevos de las empresas de seguridad privada y sus delegaciones y de los despachos de detectives privados y sus sucursales.
  • b) Diez a駉s para las medidas de seguridad electr髇icas de las empresas de seguridad, de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados.
  • c) Un a駉 para la obtenci髇 de la certificaci髇 prevista en el art韈ulo 19.4.

2. Las medidas de seguridad f韘ica instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley tendr醤 una validez indefinida, hasta el final de su vida 鷗il; no obstante, deber醤 ser actualizadas en caso de resultar afectadas por reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte.

3. Los sistemas de seguridad y los elementos de seguridad f韘ica, electr髇ica e inform醫ica que se instalen a partir de la entrada en vigor de esta ley deber醤 cumplir todas las exigencias y requisitos establecidos en la misma y en su normativa de desarrollo.

Disposici髇 transitoria quinta Actividad de planificaci髇 y asesoramiento

1. Las empresas de seguridad autorizadas e inscritas 鷑icamente para la actividad de planificaci髇 y asesoramiento contemplada en el art韈ulo 5.1.g) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispondr醤 de un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta ley, para solicitar autorizaci髇 para cualquiera de las actividades enumeradas en el art韈ulo 5.1 de la misma, excepto la contemplada en el p醨rafo h).

2. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior que, transcurrido dicho plazo, no hubieran solicitado la mencionada autorizaci髇, ser醤 dadas de baja de oficio, cancel醤dose su inscripci髇 en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro auton髆ico correspondiente.

3. En el caso de las empresas de seguridad que, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran autorizadas e inscritas para la actividad de planificaci髇 y asesoramiento y, adem醩, para cualquier otra contemplada en el art韈ulo 5.1, se cancelar de oficio su inscripci髇 y autorizaci髇 en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro auton髆ico correspondiente 鷑icamente respecto a dicha actividad de planificaci髇 y asesoramiento.

4. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior dispondr醤 de un plazo de un a駉, desde la entrada en vigor de esta ley, para adecuar los respectivos importes del seguro de responsabilidad civil u otra garant韆 financiera, as como del aval o seguro de cauci髇, en funci髇 de las actividades para las que contin鷈n autorizadas e inscritas en los registros correspondientes.

5. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relaci髇 con la solicitud de autorizaci髇 e inscripci髇 para desarrollar 鷑icamente la referida actividad de planificaci髇 y asesoramiento se dar醤 por terminados, procedi閚dose al archivo de las actuaciones.

6. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relaci髇 con la solicitud de autorizaci髇 para desarrollar actividades de seguridad privada entre las que se incluya la referida actividad de planificaci髇 y asesoramiento, continuar醤 su tramitaci髇 en relaci髇 exclusivamente con el resto de actividades solicitadas.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

1. Queda derogada la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

LE0000007968_20091227Ir a Norma afectada

2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del propio Reglamento mantendr醤 su vigencia en lo que no contravenga a esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera T韙ulo competencial

Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.29. de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad p鷅lica.

Disposici髇 final segunda Procedimiento administrativo

En todo lo no regulado expresamente en esta ley se aplicar la legislaci髇 sobre procedimiento administrativo.

Disposici髇 final tercera Desarrollo normativo

1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecuci髇 de lo dispuesto en esta ley, y concretamente para determinar:

  • a) Los requisitos y caracter韘ticas que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulaci髇.
  • b) Las condiciones que deben cumplirse en la realizaci髇 de actividades de seguridad privada y en la prestaci髇 de servicios de esta naturaleza.
  • c) Las caracter韘ticas que han de reunir las medidas de seguridad privada y los medios t閏nicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad privada.
  • d) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificaci髇 del personal de seguridad privada y del personal acreditado.
  • e) El r間imen de habilitaci髇 y acreditaci髇 de dicho personal.
  • f) Los 髍ganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempe駉 de las distintas funciones.

2. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuant韆 de las multas, de acuerdo con las variaciones del indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples.

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

Esta ley entrar en vigor a los dos meses de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.