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Norma afectada por
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1/1/2014
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, por la disposición final octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre) Ir a Norma
30/12/2013
Ir a Norma L 19/2013, de 9 Dic. (transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno)
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno («B.O.E.» 10 diciembre). Ir a Norma
6/6/2013
Ir a Norma L 3/2013 de 4 Jun. (creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
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Apartado 1 de la disposición adicional décima modificado conforme establece la disposición final primera de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia («B.O.E.» 5 junio). Ir a Norma
1/11/2011
Ir a Norma RDL 17/2011 de 31 Oct. (medidas complementarias para paliar daños producidos por los movimientos sísmicos en Lorca el 11 May. 2011, modificación del RDL 6/2011 de 13 May., y adopción de medidas fiscales y laborales respecto de la isla del Hierro)
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final segunda del R.D.-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el R.D.-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro («B.O.E.» 1 noviembre). Ir a Norma
6/10/2011
Ir a Norma L 34/2011 de 4 Oct. (reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final primera de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía («B.O.E.» 5 octubre). Ir a Norma
31/8/2011
Ir a Norma RDL 11/2011 de 26 Ago. (crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena)
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final tercera del R.D.-Ley 11/2011, 26 agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena («B.O.E.» 30 agosto). Ir a Norma
29/5/2011
Ir a Norma Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego («B.O.E.» 28 mayo). Ir a Norma
1/5/2010
Ir a Norma L 7/2010 de 31 Mar. (General de la Comunicación Audiovisual)
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final primera de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual («B.O.E.» 1 abril). Ir a Norma
1/1/2008
Ir a Norma L 23/2007 de 8 Oct. (creación de la Comisión Nacional del Sector Postal)
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final segunda de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal («B.O.E.» 9 octubre), en la redacción dada a la misma por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008. Ir a Norma
2/12/2007
Ir a Norma LO 15/2007 de 30 Nov. (modifica la LO 10/1995 de 23 Nov., del Código Penal en materia de seguridad vial)
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Párrafo 3.º de la disposición adicional cuarta derogado por la disposición derogatoria única de la L.O. 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial («B.O.E.» 1 diciembre). Ir a Norma
10/10/2007
Ir a Norma L 23/2007 de 8 Oct. (creación de la Comisión Nacional del Sector Postal)
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Número 1 de la disposición adicional décima redactado por la disposición final segunda de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal («B.O.E.» 9 octubre). Ir a Norma
1/9/2007
Ir a Norma L 15/2007 de 3 Jul. (Defensa de la Competencia)
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La referencia a la Comisión Nacional de la Competencia contenida en el número 1 de la disposición adicional décima ha sido introducida por la disposición adicional undécima de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia («B.O.E.» 4 julio). Ir a Norma
20/7/2006
Ir a Norma L 28/2006 de 18 Jul. (Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos)
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Número 1 del artículo 43 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos («B.O.E.» 19 julio). Ir a Norma Número 4 del artículo 43 introducido por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos («B.O.E.» 19 julio). Ir a Norma
7/6/2006
Ir a Norma L 17/2006 de 5 Jun. (radio y televisión de titularidad estatal)
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Número 3 de la disposición adicional duodécima introducido por la disposición adicional primera de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal («B.O.E.» 6 junio). Ir a Norma
4/2/2004
Ir a Norma L 33/2003 de 3 Nov. (patrimonio de las Administraciones Públicas)
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Artículo 48 redactado por el número 1 de la disposición final primera de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 4 noviembre). Ir a Norma Artículo 56 redactado por el número 2 de la disposición final primera de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 4 noviembre). Ir a Norma Disposición adicional duodécima redactada por el número 3 de la disposición final primera de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 4 noviembre). Ir a Norma
1/1/2003
Ir a Norma L 53/2002 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Número 1 del artículo 29 redactado por el artículo 77 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Número 3 del artículo 29 redactado por el artículo 77 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma
1/1/2001
Ir a Norma L 14/2000 de 29 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Número 3 del artículo 43 redactado por el artículo 61 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre). Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
Ir a Norma L 50/1998 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Número 12 del artículo 13 introducido por Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 11. Letra i) del número 2 del artículo 12 redactada por Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Número 11 del artículo 13 redactado por Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Rúbrica del artículo 13 redactada por Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Número 1 de la disposición adicional décima redactado por Ley 50/1998, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ir a Norma L 20/1998 de 1 Jul. (reforma del régimen jurídico y fiscal de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la administración general del Estado)
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Disposición adicional octava redactada por Ley 20/1998, 1 julio, de Reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las Instituciones de Inversión Colectiva de Naturaleza Inmobiliaria y sobre Cesión de Determinados Derechos de Crédito de la Administración General del Estado («B.O.E.» 2 julio).
Ir a Norma L 50/1997 de 27 Nov. (Gobierno)

Exposición de Motivos

I.

La Constitución de 1978 ha supuesto una profunda alteración del sistema de fuentes del Derecho público de manera que la actividad y la estructura de la Administración General del Estado se encuentran vinculadas por el marco constitucional.

El precepto fundamental que dedica nuestra vigente Constitución a la Administración General del Estado es el artículo 103 en el que se recogen los principios básicos que deben presidir la actividad de la Administración estatal, a saber: servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

Junto a estos principios, que es conveniente y necesario desarrollar legalmente, no se puede olvidar que la dispersión normativa que hoy caracteriza el régimen jurídico de la Administración General del Estado constituye también una circunstancia que el legislador debe ponderar en orden a regular, en una sola Ley, el régimen, la organización y los criterios de funcionamiento del aparato administrativo estatal. De ahí que ahora, la presente Ley se refiera también a los organismos autónomos y entes públicos de contenido económico, en un esfuerzo de simplificación de la normativa reguladora de la Administración General del Estado.

II.

El modelo de Estado social y democrático de Derecho a que se refiere la Constitución española tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la Administración pública en general y, por tanto, sobre la Administración General del Estado en particular. En primer lugar, porque el artículo 103 de nuestra Carta Magna consagra, no sólo el principio de legalidad de la actuación administrativa, sino también su carácter instrumental al servicio de los intereses generales. Por su parte, los intereses generales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, deben definirse a través de una acción combinada con las instituciones sociales y teniendo muy en cuenta los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos de acuerdo con el principio constitucional de participación. Además, el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental señala claramente que la Administración pública debe remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra. Y, por otra parte, el artículo 10.1 de la Constitución dispone solemnemente que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y la paz social. Por eso, la Administración General del Estado, a través de sus diferentes modalidades de actuación debe tener presente que el servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica su existencia y que debe presidir su entera actividad.

III.

El servicio a los ciudadanos exige, además, que la estructura y la planta de la Administración General del Estado se ajusten a la realidad social y, por ello, debe reordenarse en función de los mismos, puesto que tienen el legítimo derecho a saber cuáles son las competencias de cada Administración y a recibir servicios públicos de calidad.

El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la Constitución, por la objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos no son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.

IV.

Junto al principio de legalidad de la actividad administrativa, es conveniente subrayar que también vincula a la Administración General del Estado el principio de eficacia. En efecto, el funcionamiento de la maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gestión por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestación de los servicios públicos.

V.

La dimensión de las estructuras administrativas estatales debe reordenarse atendiendo a la racionalidad y a la necesidad de evitar duplicidades en la gestión. Por ello, teniendo en cuenta el principio de economía en el gasto público (artículo 31.2 de la Constitución), resulta a todas luces perentorio simplificar y reducir sustancialmente la planta de la Administración General del Estado.

VI.

Por otra parte, la necesidad de acometer procesos de supresión y simplificación administrativa, evidente desde una perspectiva organizativa general, viene impuesta por la realidad del Estado autonómico. Tras más de diecisiete años de andadura constitucional nos encontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de la Administración periférica del Estado al modelo autonómico. Por ello, resulta conveniente introducir en esta Ley el objetivo de la Administración única o común de forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la administración autonómica, que también podrá asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la Constitución. Esta adaptación de la actual Administración periférica a las exigencias del Estado autonómico debe permitir eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la calidad de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. De manera especial, y para hacer más efectiva esta simplificación de la Administración periférica del Estado, no se considera adecuada la actual existencia de la figura de los Gobernadores Civiles y, en consecuencia, esta Ley la suprime y crea la de los Subdelegados del Gobierno, que dependen orgánicamente de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas que, a la vez, son los responsables de su nombramiento entre funcionarios de carrera. De acuerdo con este perfil, los nuevos Subdelegados del Gobierno no tienen en la Ley la condición de alto cargo.

Asimismo, debe considerarse, también, que la reducción de la dimensión de la Administración periférica del Estado, además, es uno de los objetivos de la Ley del proceso autonómico, de 14 de octubre de 1983, cuyo artículo 22 dispone la reestructuración de la Administración General del Estado para adecuarse a la realidad competencial del Estado autonómico.

VII.

Los Ministros, miembros del Gobierno y titulares del máximo órgano de la Administración General del Estado, constituyen la pieza básica de la Ley. Su condición de responsables públicos hace que la Ley les otorgue la capacidad de decisión sobre la definición, ejecución, control y evaluación de las políticas sectoriales de su competencia, al tiempo que se distinguen de estas funciones, que son de naturaleza indelegable, las que se refieren al manejo de los medios, que pueden desconcentrarse o delegarse en otros órganos superiores o directivos.

Las Secretarías de Estado, que también son órganos superiores de la Administración, se caracterizan por ser sus titulares cargos públicos que tienen encomendada esencialmente la función de transmisión y seguimiento de las políticas gubernamentales al seno de la Administración.

Dependientes de los órganos superiores se encuentran los Subsecretarios, los Secretarios generales, cuya existencia se prevé como excepcional, los Secretarios generales técnicos, los Directores generales y los Subdirectores generales.

VIII.

Como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, la Ley consagra el principio de profesionalización de la Administración General del Estado, en cuya virtud los Subsecretarios y Secretarios generales técnicos, en todo caso, y los Directores generales, con carácter general, son altos cargos con responsabilidad directiva y habrán de nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulación superior. Además, a los Subdirectores generales, órganos en los que comienza el nivel directivo de la Administración General del Estado, también la Ley les dispensa un tratamiento especial para subrayar su importancia en la estructura administrativa.

IX.

Con el objeto de ordenar la unidad de acción de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma, se integrará en la Delegación del Gobierno toda la estructura periférica del Estado que sea necesaria en función de los diferentes ritmos de transferencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas.

X.

Asimismo, con el objeto de garantizar la unidad de acción del Estado en el exterior, se incluye, por primera vez en una ley general, el tratamiento de la Administración General del Estado en el exterior y de los embajadores y representantes permanentes.

XI.

Por otra parte, resulta inaplazable racionalizar y actualizar la normativa dedicada a la tradicionalmente denominada «Administración Institucional del Estado». Se opta, en primer lugar por una denominación genérica, «Organismos Públicos», que agrupa todas las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado.

Partiendo del concepto general, se distinguen después dos modelos básicos: Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. Los primeros realizan actividades fundamentalmente administrativas y se someten plenamente al Derecho público; en tanto que los segundos realizan actividades de prestación de servicios o producción de bienes susceptibles de contraprestación económica y, aun cuando son regidos en general por el Derecho privado les resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento.

XII.

Por último, la presente Ley trata de precisar, sólo para el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, algunas cuestiones que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no había podido resolver por las limitaciones propias de ésta.

El carácter de norma básica de la Ley citada en cuanto al régimen jurídico de las Administraciones públicas, y su objetivo de regular un procedimiento común, conforme a los mandatos del artículo 149.1.1 8.ª de la Constitución, obligaban a que muchos aspectos de su regulación debieran ser precisados normativamente para cada Administración pública atendiendo a sus peculiaridades organizativas y funcionales. Por ello, debe ser en la Ley destinada a regular la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos donde aquellas precisiones encuentren su ubicación idónea.