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Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.

Ficha:
  • rgano MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
  • Publicado en BOE nm. 106 de
  • Vigencia desde 24 de Mayo de 1999.
Versiones/revisiones:

Sumario

El Tratado de la Unin Europea (Tratado de Maastricht) proclama la plena libertad de los movimientos de capital, elevando, a rango de Tratado, lo que ya reconoca la Directiva 88/361/CEE, de 24 de junio, para la aplicacin del artculo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econmica Europea. De esta forma se logra una equiparacin con las restantes libertades comunitarias bsicas. A mayor abundamiento, el artculo 73 B del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea no slo prohibe las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros, sino tambin entre estos y terceros pases.

Al mismo tiempo el propio Tratado, en su artculo 73.D, reconoce la facultad de los Estados miembros para establecer o mantener requisitos administrativos sobre las operaciones liberalizadas. Ello tiene dos fines fundamentales: posibilitar, por una parte, el conocimiento administrativo, estadstico o econmico de tales operaciones, y, por otra, admitir la adopcin de medidas justificadas por razones de orden pblico y seguridad pblica.

Ambos aspectos constituyen, en consecuencia, la finalidad de la norma que ahora se presenta. As, en primer lugar, el conocimiento de las inversiones exteriores se posibilita, con carcter general, a travs de un mecanismo de declaracin ex-post de operaciones.

Ahora bien, para determinados supuestos de inversiones relacionadas con territorios o pases que, conforme a lo previsto en la normativa vigente, sean considerados parasos fiscales, adems, y con carcter especial, se exige tambin una declaracin previa a la realizacin de la inversin.

En segundo lugar, la adopcin de medidas por razones de orden y seguridad pblicas se articula en torno a la posibilidad de suspensin del rgimen de liberalizacin, estableciendo el control previo de las inversiones.

Hasta el momento presente, la legislacin espaola vigente en materia de movimientos de capitales, y, en particular, de inversiones exteriores se contena, en lo que es control econmico de los movimientos de capitales, en dos normas bsicas. De una parte, en el Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, sobre inversiones extranjeras en Espaa. De otra, en el Real Decreto 672/1992, de 2 de julio, sobre inversiones espaolas en el exterior.

Ambas normas han formado parte del rgimen administrativo de control de cambios, y han coexistido con un conjunto de disposiciones especiales establecidas en normas sectoriales, muy en particular, en los denominados sectores especficos. Todo ello ha venido generando una superposicin de controles y una convivencia competencial entre el Ministerio de Economa y Hacienda y otros Departamentos sectoriales, carente de justificacin en la actualidad en un entorno de libertad de movimientos de capitales, desde el punto de vista de las facultades del Departamento econmico.

Adicionalmente, los dos Reales Decretos antes mencionados tuvieron por finalidad incorporar plenamente al ordenamiento interno las previsiones comunitarias contenidas en la Directiva 88/361, del Consejo de la Comunidad Europea, de 24 de junio. Esta disposicin se ha visto superada, como ya se cit -aunque no derogada expresamente- por el Tratado de Mastricht, cuyas previsiones sobre libertad de movimientos de capital pivotan en torno a un sistema, caracterizado por la ausencia de controles administrativos de carcter previo, salvo cuando se operen en virtud de las clusulas de salvaguardia.

Por tanto, para garantizar una completa adecuacin de nuestro ordenamiento interno a las nuevas previsiones comunitarias de los Tratados se adopta el presente Real Decreto. La habilitacin, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en Espaa, se incardina en el artculo 2 de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Rgimen Jurdico de Control de Cambios.

Ahora bien, la norma presente, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en la citada Ley 18/1992, as como las numerosas disposiciones sectoriales en materia de controles a las inversiones extranjeras, acaba con la situacin de superposicin normativa y de competencias administrativas entre el Ministerio de Economa y Hacienda y otros Departamentos sectoriales, e, incluso, con autoridades autonmicas.

En atencin a dicha filosofa de superar la superposicin legal y competencial, el presente Real Decreto establece, con carcter general, la libertad de movimientos de capitales, en la faceta de inversiones, tanto extranjeras en Espaa, como espaolas en el exterior. Esta decisin, desde el punto de vista formal, se traduce en la regulacin en una nica disposicin de todo el mbito material antes sealado.

La decisin normativa anterior trae consigo, entre otras, las consecuencias siguientes:

  • a) Se establece un trmite administrativo de declaracin ex-post de las inversiones con una finalidad administrativa, econmica y estadstica. No obstante, en determinados supuestos de inversiones procedentes o con destino a territorios o pases calificados por nuestras disposiciones vigentes como parasos fiscales, se exige, adems de la declaracin antes citada, una con carcter previo.

    Como ya se ha sealado, el artculo 73.D del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ampara el establecimiento de determinadas obligaciones de informacin administrativa. As, la finalidad primordial del presente Real Decreto es establecer procedimientos de declaracin a posteriori de inversiones exteriores a efectos de informacin administrativa, econmica y estadstica y ello al servicio del objetivo de promocin y seguimiento de la inversin, que la Administracin tiene asignado.

  • b) La competencia del Ministro de Economa y Hacienda en la materia se incardina en las circunstancias antes expuestas.
  • c) Lo anterior tambin se traduce en que si la inversin exterior se efecta en el mbito de una norma sectorial especial, y, ms en particular, en aquellos sectores con regulacin especial, la operacin deber superar el requisito administrativo que la disposicin sectorial en cuestin establezca ante los rganos competentes, ya sean estatales o autonmicos.
  • d) Ahora bien, una vez cumplidas las prescripciones especiales hay que observar, a los efectos antes enumerados, las previsiones del presente Real Decreto.

A continuacin, en el captulo I se precisa el rgimen de las inversiones extranjeras en Espaa, en sus aspectos subjetivo y objetivo, as como el sistema de declaracin general ex post, suprimindose los hasta ahora vigentes procedimientos de verificacin y autorizacin previas. Debe destacarse este ltimo aspecto en el que se establece un principio general de declaracin por el titular no residente, si bien se acompaa con un conjunto de reglas especiales, atendiendo al tipo de inversiones. En este sentido debe sealarse que se opta por la supresin de las categoras tradicionales en que se clasifican las inversiones. Lo nico importante es que determinadas operaciones se consideran inversiones exteriores a efectos de su declaracin al Registro de Inversiones. Ciertamente, otras operaciones no recogidas tambin son inversiones exteriores, pero su falta de inclusin determina su no consideracin a efectos de declaracin. Debe insistirse en que la finalidad de tal declaracin no es otra que la explotacin de dicho Registro mediante el anlisis y evaluacin de toda la informacin disponible a efectos administrativos, estadsticos o econmicos y de promocin de las inversiones exteriores.

De modo similar se encara en el captulo II el rgimen sobre inversiones espaolas en el exterior, donde se guarda un cierto paralelismo, excepto con el aspecto formal de la declaracin, ya que aqu corresponde declarar al inversor residente.

Finalmente, concluye la norma con un captulo III sobre Disposiciones comunes en materia de supervisin administrativa, redefinicin de las funciones de la Junta de Inversiones Exteriores y reglas sobre declaracin de cambio de domicilio o residencia.

Ahora bien, los preceptos ms destacables son los artculos 10 y 11. En el primero de ellos se establece la segunda opcin normativa ms importante, adems de la de declaracin de libertad general, y que tiene que ver con la posibilidad, amparada en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de suspender el rgimen de liberalizacin en los supuestos delimitados en las disposiciones antes citadas. En este caso excepcional es donde la disposicin establece un control previo de las inversiones, que se traduce en la necesidad de obtener autorizacin del Consejo de Ministros, que ser a propuesta del Ministro de Economa y Hacienda y del Departamento afectado. Por tanto se prev un control tanto econmico como sectorial de las inversiones.

Es en el artculo 11 del presente Real Decreto donde ya se hace uso de la posibilidad de suspender el rgimen general de inversiones extranjeras en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional. Las especiales caractersticas de este importante sector de actividades hacen necesario proceder de esta manera. Por tanto y como nica excepcin, las inversiones extranjeras en Espaa en empresas dedicadas a actividades relacionadas con la Defensa Nacional debern obtener la previa autorizacin del Consejo de Ministros.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economa y Hacienda, previa aprobacin del Ministro de Administraciones Pblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 23 de abril de 1999,

DISPONGO:

Artculo 1 Objeto

1. En el presente Real Decreto se establece el rgimen jurdico de las inversiones extranjeras en Espaa y de las espaolas en el exterior, quedando liberalizadas las citadas inversiones, as como su liquidacin, independientemente del acto de disposicin por el que se realicen, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el presente Real Decreto y sus normas de desarrollo.

2. Las disposiciones contenidas en el presente Real Decreto se entendern sin perjuicio de los regmenes especiales que afecten a las inversiones extranjeras en Espaa establecidos en legislaciones sectoriales especficas, y, en particular, en materia de transporte areo, radio, minerales y materias primas minerales de inters estratgico y derechos mineros, televisin, juego, telecomunicaciones, seguridad privada, fabricacin, comercio o distribucin de armas y explosivos de uso civil y actividades relacionadas con la Defensa Nacional.

En los supuestos anteriores, las inversiones se ajustarn a los requisitos exigidos por los rganos administrativos competentes fijados en dichas normas. Una vez cumplidos los requisitos dispuestos en la mencionada legislacin sectorial, deber estarse a lo previsto en el presente Real Decreto.

3. Con independencia de la clase de aportacin en que se materialicen las inversiones exteriores, los cobros y pagos derivados de las reguladas por el presente Real Decreto se efectuarn conforme a los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones econmicas con el exterior y sus disposiciones de desarrollo.

4. A los efectos del presente Real Decreto, las condiciones de residente o no residente se acreditarn como se precisa en los apartados 3 y 4, respectivamente, del artculo 2 del citado Real Decreto 1816/1991.

CAPITULO I

Rgimen de las inversiones extranjeras en Espaa

Artculo 2 Sujetos de la inversin extranjera

1. Pueden ser titulares de inversiones extranjeras en Espaa:

  • a) Las personas fsicas no residentes en Espaa, entendindose por tales los espaoles o extranjeros, domiciliados en el extranjero o que tengan all su residencia principal.
  • b) Las personas jurdicas domiciliadas en el extranjero, as como las entidades pblicas de soberana extranjera.

2. Las personas fsicas de nacionalidad espaola y las personas jurdicas domiciliadas en Espaa se presumirn residentes en Espaa salvo prueba en contrario.

Artculo 3 Objeto de las inversiones extranjeras

Las inversiones extranjeras en Espaa, a los efectos establecidos en el artculo siguiente, podrn llevarse a efecto a travs de cualquiera de las siguientes operaciones:

  • a) Participacin en sociedades espaolas.

    Se entienden comprendidas bajo esta modalidad tanto la constitucin de la sociedad, como la suscripcin y adquisicin total o parcial de sus acciones o asuncin de participaciones sociales. Asimismo, quedan tambin incluidos en el presente apartado la adquisicin de valores tales como derechos de suscripcin de acciones, obligaciones convertibles en acciones u otros valores anlogos que por su naturaleza den derecho a la participacin en el capital, as como cualquier negocio jurdico en virtud del cual se adquieran derechos polticos.

  • b) La constitucin y ampliacin de la dotacin de sucursales.
  • c) La suscripcin y adquisicin de valores negociables representativos de emprstitos emitidos por residentes.
  • d) La participacin en fondos de inversin, inscritos en los Registros de la Comisin Nacional del Mercado de Valores.
  • e) La adquisicin de bienes inmuebles sitos en Espaa, cuyo importe total supere los 500.000.000 de pesetas, o su contravalor en euros o cuando, con independencia de su importe, proceda de parasos fiscales, entendindose por tales, los pases y territorios relacionados en el artculo nico del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.
  • f) La constitucin, formalizacin o participacin en contratos de cuentas en participacin, fundaciones, agrupaciones de inters econmico, cooperativas y comunidades de bienes, cuando el valor total correspondiente a la participacin de los inversores extranjeros sea superior a 500.000.000 de pesetas, o su contravalor en euros o cuando, con independencia de su importe, proceda de parasos fiscales, entendindose por tales los pases y territorios relacionados en el artculo nico del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.

Artculo 4 Declaracin

1. Las inversiones extranjeras en Espaa, y su liquidacin , sern declaradas al Registro de Inversiones del Ministerio de Economa y Hacienda, con una finalidad administrativa, estadstica o econmica.

2. La obligacin de declaracin a que se refiere el apartado anterior se ajustar a las siguientes reglas:

  • a) Si la declaracin tiene por objeto una inversin que proceda de parasos fiscales, entendindose por tales los territorios o pases previstos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, el titular de la misma deber efectuarla con carcter previo a la realizacin de la inversin. Esta declaracin se entender sin perjuicio de la que hay que efectuar con posterioridad a la realizacin de la inversin, conforme a la letra siguiente.

    No obstante, se exceptuar de la declaracin previa los casos siguientes:

    • 1. Las inversiones en valores negociables ya sean emitidos u ofertados pblicamente ya sean negociados en un mercado secundario oficial o no, as como las participaciones en fondos de inversin inscritos en los Registros de la Comisin Nacional del Mercado de Valores.
    • 2. Cuando la participacin extranjera no supere el 50 por 100 del capital de la sociedad espaola destinataria de la inversin.
  • b) La declaracin posterior a la realizacin de la inversin se ajustar a las reglas siguientes:
    • 1.) Con carcter general, la inversin ser declarada por el titular no residente. Adicionalmente, cuando la operacin haya sido intervenida por fedatario pblico espaol, ya sea como consecuencia de su rgimen jurdico o por acuerdo convencional de las partes, aqul remitir al Registro de Inversiones informacin sobre dichas operaciones en el plazo y con el contenido que se establezca en las normas de desarrollo del presente Real Decreto.
    • 2.) Con carcter especial, regirn las reglas siguientes:
      • 1. Si se tratase de inversiones efectuadas en valores negociables, ya sean emitidos u ofertados pblicamente, ya sean negociados en un mercado secundario oficial o no, estarn obligadas a declarar las empresas de servicios de inversin, entidades de crdito u otras entidades financieras que, de acuerdo con la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tengan como actividades propias el depsito o la administracin de valores representados mediante anotaciones en cuenta objeto de la inversin, o cuya intervencin sea preceptiva para la suscripcin o transmisin de valores, de acuerdo con las normas que les sean de aplicacin.
      • 2. Cuando se trate de inversiones efectuadas en valores no negociados en mercados secundarios, pero las partes hayan depositado o registrado tales valores voluntariamente, el sujeto obligado a realizar tal declaracin ser la entidad depositaria o administradora de los mismos, salvo que hubiera intervenido una sociedad, agencia de valores o una entidad de crdito en la operacin, en cuyo caso le corresponder efectuar la declaracin a una de estas.

        Tratndose de acciones nominativas, el sujeto obligado a declarar ser la sociedad espaola objeto de inversin, una vez que tenga conocimiento de la transmisin a travs de la inscripcin correspondiente en el libro-registro, de conformidad con lo previsto en el artculo 56 del texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

      • 3. Las operaciones de inversin en fondos de inversin espaoles debern ser declaradas por la sociedad gestora del mismo.

3. La forma y plazo para efectuar las declaraciones se determinarn en las normas de desarrollo del presente Real Decreto.

Igualmente, los inversores extranjeros remitirn a la Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores, las comunicaciones a que se refiere el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre comunicaciones de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por stas de acciones propias. No obstante, podr establecerse la remisin de dichas declaraciones a travs de la Comisin Nacional del Mercado de Valores en la forma y plazos que se determine en las disposiciones de aplicacin del presente Real Decreto.

4. Las sociedades espaolas que tengan participacin extranjera y las sucursales en Espaa de personas no residentes podrn ser requeridas, con carcter general o particular, a presentar en la Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores una memoria anual relativa al desarrollo de la inversin en el plazo y con el contenido que se establezca en las normas de desarrollo del presente Real Decreto.

CAPITULO II

Rgimen de las inversiones espaolas en el exterior

Artculo 5 Sujetos de inversiones espaolas en el exterior

Pueden ser titulares de inversiones espaolas en el exterior:

  • a) Las personas fsicas residentes en Espaa, entendindose por tales los espaoles o extranjeros con domicilio o residencia principal en Espaa.
  • b) Las personas jurdicas domiciliadas en Espaa.

Artculo 6 Objeto de las inversiones en el exterior

1. Las inversiones espaolas en el exterior, a los efectos establecidos en el artculo siguiente, podrn llevarse a efecto a travs de cualquiera de las siguientes operaciones:

  • a) La participacin en sociedades extranjeras.

    Se entienden comprendidas bajo esta modalidad tanto la constitucin de sociedades como la suscripcin y adquisicin de acciones o asuncin de participaciones sociales. Asimismo, quedan tambin incluidos en el presente prrafo la adquisicin de valores tales como derechos de suscripcin de acciones, obligaciones convertibles en acciones u otros valores anlogos que por su naturaleza den derecho a la participacin en el capital, as como cualquier negocio jurdico en virtud del cual se adquieran derechos polticos.

  • b) La constitucin y ampliacin de dotacin de sucursales.
  • c) La suscripcin de valores negociables representativos de emprstitos, emitidos por no residentes.
  • d) La participacin en fondos de inversin extranjeros.
  • e) La adquisicin de bienes inmuebles sitos en el extranjero cuyo importe total supere los 250.000.000 de pesetas o su contravalor en euros, o cuando, con independencia de su importe tenga como destino los territorios o pases considerados como parasos fiscales, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.
  • f) La constitucin, formalizacin o participacin en contratos de cuentas en participacin, fundaciones, agrupaciones de inters econmico, cooperativas y comunidades de bienes cuando el valor correspondiente a la participacin de los inversores residentes, por s mismos o en unin de las previamente existentes, sea superior a 250.000.000 de pesetas o su contravalor en euros o cuando, con independencia de su importe, tengan como destino los territorios o pases considerados como parasos fiscales, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.

2. A efectos estadsticos se asimilar a estas operaciones de inversin espaola en el exterior la adquisicin por residentes de valores emitidos por residentes y adquiridos en mercados secundarios extranjeros.

Artculo 7 Declaracin

1. Las inversiones espaolas en el exterior y su liquidacin sern declaradas al Registro de Inversiones del Ministerio de Economa y Hacienda, con una finalidad administrativa, estadstica o econmica.

2. La obligacin de declaracin a que se refiere el apartado anterior se ajustar a las siguientes reglas:

  • a) Si la declaracin tiene por objeto una inversin que tenga como destino los territorios o pases considerados como parasos fiscales, entendindose por tales los territorios o pases previstos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, el titular de la inversin deber efectuarla con carcter previo a la realizacin de la misma. Esta declaracin se entender sin perjuicio de la que hay que efectuar con posterioridad a la realizacin de la inversin, conforme a la regla siguiente.

    No obstante, se exceptuarn de la declaracin previa los supuestos siguientes:

    • 1. ) Las inversiones en valores negociables ya sean emitidos u ofertados pblicamente ya sean negociados en un mercado secundario oficial o no, as como las participaciones en fondos de inversin.
    • 2. ) Las inversiones que no permitan al inversor influir de manera efectiva en la gestin o control de la sociedad extranjera destinataria de las mismas. Se presume que existe dicha influencia cuando la participacin directa o indirecta del inversor sea igual o superior al 10 por 100 del capital de la sociedad, o, cuando no alcanzndose dicho porcentaje permita al inversor formar parte directa o indirectamente de su rgano de administracin.
  • b) La declaracin posterior a la realizacin de la inversin se ajustar a las siguientes reglas:
    • 1.) Con carcter general, la declaracin al Registro de Inversiones de las operaciones de inversin espaola en el exterior deber efectuarse directamente por el titular de la inversin,
    • 2.) Con carcter especial, las inversiones efectuadas en valores negociables canalizadas a travs de empresas de servicios de inversin, entidades de crdito u otras entidades residentes que, en su caso, realicen algunas de las actividades propias de aquellas y que acten por cuenta y riesgo del inversor como titular interpuesto de dichos valores, sern declaradas al Registro de Inversiones por dicha entidad que remitir la informacin que se determine en las normas de aplicacin del presente Real Decreto.

3. La forma y plazo para efectuar las declaraciones se determinarn en las normas de aplicacin del presente Real Decreto.

4. Los residentes titulares de inversiones en el exterior podrn ser requeridos, con carcter general o particular, a presentar ante la Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores una memoria anual relativa al desarrollo de la inversin en el plazo y con el contenido que se establezca en las normas de desarrollo del presente Real Decreto.

CAPITULO III

Disposiciones comunes

Artculo 8 Seguimiento

1. La Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.

2. A los fines previstos en el apartado anterior, los titulares de inversin, las empresas espaolas participadas por no residentes, los fedatarios pblicos, las empresas de servicios de inversin, las entidades de crdito y otras entidades financieras que hayan intervenido operaciones de inversin podrn ser requeridas por la Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores para aportar la informacin que en cada caso resulte necesaria.

Artculo 9 Junta de Inversiones Exteriores

1. La Junta de Inversiones Exteriores es el rgano colegiado interministerial, adscrito a la Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores, con funciones de informe en materia de inversiones exteriores.

2. Compete a la Junta de Inversiones:

  • a) Informar de aquellos asuntos, que, sobre inversiones exteriores, le sean sometidos por el rgano que resulte competente en la materia.
  • b) Informar los expedientes a que se refiere el artculo 10 del presente Real Decreto.
  • c) Cualesquiera otras atribuciones que le sean encomendadas por la legislacin vigente.

3. La Junta de Inversiones Exteriores estar compuesta por los siguientes miembros:

  • a) Presidente: el Director general de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores.
  • b) Un representante de cada uno de los Departamentos ministeriales, con rango de Subdirector general.
  • c) El Subdirector general de Gestin de las Transacciones con el Exterior, que actuar como Secretario de la Junta.

Artculo 10 Suspensin del rgimen de liberalizacin

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economa y Hacienda y, en su caso, del titular del Departamento competente por razn de la materia, y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, podr acordar, de forma motivada, con carcter general o particular, la suspensin del rgimen de liberalizacin establecido en el presente Real Decreto y siempre que las inversiones por su naturaleza, forma o condiciones de realizacin, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas, aunque slo sea de modo ocasional, con el ejercicio de poder pblico, o a actividades que afecten o puedan afectar al orden pblico, seguridad y salud pblicas.

2. Una vez suspendido el rgimen de liberalizacin, el inversor afectado deber solicitar autorizacin administrativa previa respecto de las operaciones de inversin que, a partir del momento de la notificacin de la suspensin, se propusiera realizar.

La solicitud de autorizacin se dirigir al Director general de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores, correspondiendo su resolucin al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economa y Hacienda y, en su caso, del titular del Departamento competente por razn de la materia y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.

Transcurridos seis meses desde el da de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del rgano administrativo competente para resolver, sin que haya recado resolucin expresa se producirn los efectos previstos en el artculo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

3. Las inversiones autorizadas de acuerdo con el apartado anterior debern realizarse dentro del plazo que especficamente hubiere sealado la autorizacin o, en su defecto, en el de seis meses; transcurrido el plazo sin haberse realizado la inversin, se entender caducada la autorizacin, salvo que se obtenga prrroga.

Artculo 11 Suspensin del rgimen general de inversiones extranjeras en Espaa en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional

1. El rgimen de liberalizacin establecido en el presente Real Decreto queda suspendido respecto de las inversiones extranjeras en Espaa en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional, tales como las que se destinen a la produccin o comercio de armas, municiones, explosivos y material de guerra.

En el caso de sociedades cotizadas en Bolsa de Valores que desarrollen estas actividades, nicamente requerirn autorizacin las adquisiciones por no residentes superiores al 5 por 100 del capital social de la sociedad espaola, o las que, sin alcanzar este porcentaje, permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su rgano de administracin, todo ello de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre comunicaciones de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por stas de acciones propias.

2. Las solicitudes de autorizacin se regirn por lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artculo anterior, con las especialidades siguientes:

  • a) Las solicitudes se dirigirn al rgano administrativo correspondiente del Ministerio de Defensa.
  • b) La resolucin corresponder al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.

3. Cualquier alteracin de las condiciones de las inversiones autorizadas conforme al apartado anterior, quedar sujeta nuevamente a dicho procedimiento de autorizacin previa.

Cuando el rgano administrativo correspondiente del Ministerio de Defensa considere que las modificaciones son de escasa relevancia, proceder a autorizarlas directamente.

Artculo 12 Cambio de domicilio social y traslado de residencia

El cambio de domicilio social de personas jurdicas o el traslado de residencia de personas fsicas determinarn el cambio en la calificacin de una inversin como espaola en el exterior o extranjera en Espaa.

El procedimiento de declaracin de las inversiones derivadas del cambio de domicilio o residencia se establecer en las normas de desarrollo del presente Real Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera Normativa aplicable al funcionamiento de la Junta de Inversiones Exteriores

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el presente Real Decreto, el funcionamiento de la Junta de Inversiones Exteriores se ajustar a lo dispuesto en el captulo II, Ttulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Segunda Incumplimiento de obligaciones

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto ser constitutivo de infraccin a los efectos de lo dispuesto en la Ley 40/1979, de Rgimen Jurdico de Control de Cambios.

Tercera Rgimen de autorizacin previa a las adquisiciones de inmuebles de destino diplomtico de Estados no miembros de la Unin Europea

1. Requerirn autorizacin administrativa previa las inversiones, directas o indirectas, que realicen en Espaa los Estados no miembros de la Unin Europea para la adquisicin de bienes inmuebles destinados a sus Representaciones Diplomticas o Consulares, salvo que exista un Acuerdo para liberalizarlas en rgimen de reciprocidad.

2. Las solicitudes de autorizacin se regirn por lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artculo 10 del presente Real Decreto con las especialidades siguientes:

  • a) Las solicitudes se dirigirn al rgano administrativo correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
  • b) La resolucin corresponder al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.

3. Cualquier alteracin de las condiciones de las inversiones autorizadas conforme al apartado anterior quedar sujeta nuevamente al procedimiento de autorizacin previa.

Cuando el rgano administrativo correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores considere que las modificaciones son de escasa relevancia, proceder a autorizarlas directamente.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Rgimen transitorio de los procedimientos de tramitacin de expedientes de verificacin y de autorizacin de inversiones exteriores

1. A la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, a los procedimientos de tramitacin de los expedientes de verificacin y de autorizacin de inversiones exteriores iniciados con anterioridad a dicha fecha se les aplicarn automticamente las disposiciones establecidas en la presente norma, siendo necesaria, cuando proceda, la declaracin de las operaciones de inversin de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, cuando se trate de expedientes de autorizacin de inversiones extranjeras en Espaa, iniciados y no resueltos, en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional o, en los supuestos previstos en la disposicin adicional tercera del presente Real Decreto continuar vigente el procedimiento de autorizacin contenido en la instruccin 6. de la Resolucin de 6 de julio de 1992 sobre procedimiento de tramitacin y registro de las inversiones extranjeras en Espaa, con las especialidades previstas en este Real Decreto.

2. Hasta tanto no se aprueben las normas de desarrollo del presente Real Decreto continuarn vigentes, y siempre que no se opongan a lo regulado en la presente norma, los procedimientos aplicables a la tramitacin de las declaraciones y al registro de las operaciones de inversin contenidos en la Resolucin de 6 de julio de 1992 sobre procedimiento de tramitacin y registro de las inversiones extranjeras en Espaa y en la Resolucin de 7 de julio de 1992 sobre procedimientos de tramitacin y registro de las inversiones espaolas en el exterior. Esta previsin se aplicar, igualmente, a los supuestos de operaciones de inversin que hubieran sido formalizadas por fedatario pblico espaol.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo anterior, en los supuestos de operaciones de inversin efectuadas por no residentes en acciones nominativas u operaciones de inversin que deban ser declaradas directamente por el titular de la inversin, la declaracin se efectuar mediante los modelos impresos de declaracin vigentes, en el plazo de treinta das a partir de la formalizacin del negocio jurdico o contrato en que se materialice la inversin. A los modelos impresos de declaracin a que se refiere este apartado deber acompaarse documentacin justificativa de la no residencia del titular de la inversin, as como de las principales caractersticas de la inversin declarada, incluyendo su importe nominal y efectivo, as como copia de la documentacin de la identificacin fiscal de la sociedad espaola o sucursal en Espaa destinataria de la inversin, y, en su caso, de la autorizacin correspondiente, cuando proceda.

Igualmente, en los supuestos en que se exija declaracin previa a la inversin de operaciones de inversin cuyo origen o destino sea un paraso fiscal, entendiendo por tales los territorios o pases recogidos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, dicha declaracin, a los solos efectos de declaracin previstos en el presente Real Decreto, se efectuar por el titular de la inversin utilizando los modelos de impreso MC-5, MC-6, MC-14 y MC-15, o, en su caso, mediante escrito en los supuestos previstos en los artculos 3.f) y 6.1.f) del presente Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA Derogacin normativa

Quedan derogados el Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, de Inversiones Extranjeras en Espaa, as como el Real Decreto 672/1992, de 2 de julio, de Inversiones Espaolas en el Exterior, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Ir a Norma afectada Ir a Norma afectada

DISPOSICIONES FINALES

Primera Modificacin del Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto

Se modifican los siguientes preceptos del Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de Estructura Orgnica Bsica del Ministerio de Economa y Hacienda:

  • 1. El prrafo j) del apartado 1 del artculo 19 quedar como sigue:
    • j) La vigilancia y seguimiento de las inversiones exteriores en los trminos previstos en la normativa aplicable a dichas inversiones exteriores y de las transacciones econmicas, cobros, pagos y transferencias con el exterior, en los trminos del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre.
  • 2. El prrafo i), del apartado 2 del artculo 19 quedar como sigue:
  • i) Subdireccin General de Gestin de las Transacciones con el Exterior, que ejercer las funciones enumeradas en el prrafo j) del apartado 1 de este artculo. En particular, le corresponder la gestin y explotacin del Registro de Inversiones Exteriores.
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Segunda Modificacin del artculo 3 del Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto

El artculo 3 del Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el procedimiento sancionador de las infracciones administrativas en materia de control de cambios quedar como sigue:

La competencia para iniciar el procedimiento sancionador corresponder al Director general del Tesoro y Poltica Financiera, previo informe del Departamento ministerial competente por razn de la materia.

Tercera Facultades de desarrollo

Se autoriza al Ministro de Economa y Hacienda, al Ministro de Defensa y al Ministro de Asuntos Exteriores, en las materias de sus respectivas competencias, para dictar las normas de desarrollo del presente Real Decreto.