Sumario

Ley 3/1987, 2 abril, derogada por la Disposici�n Derogatoria 1.� de la Ley 27/1999, 16 de julio, Cooperativas (�B.O.E.� 17 julio), el 15 de marzo de 2002, una vez cumplida la previsi�n contemplada en su Disposici�n Final 1.�, con la aprobaci�n del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas por R.D. 136/2002, de 1 de febrero (�B.O.E.� 15 febrero).

Pre�mbulo

La Ley General de Cooperativas de 19 de diciembre de 1974 y, en especial, su Reglamento de 1978, constituyeron un perfeccionamiento importante en la regulaci�n de las Sociedades Cooperativas, aun cuando �ste tuvo que moverse dentro del marco establecido por la Ley que desarrollaba y �sta, a su vez, part�a de presupuestos pol�ticos y socioecon�micos diferentes a los actualmente vigentes.

El cambio experimentado tanto en el sistema pol�tico espa�ol como en la estructura del Estado, con la atribuci�n de distintas competencias en materia cooperativa a las Comunidades Aut�nomas, y el mandato de la Constituci�n Espa�ola que, en el apartado 2 de su art�culo 129 ordena a los poderes p�blicos el fomento, mediante una legislaci�n adecuada, de las Sociedades Cooperativas, son nuevos hechos que reclaman una reforma del r�gimen jur�dico de las Sociedades Cooperativas y de las posibilidades de asociaci�n de las mismas.

Aboga tambi�n en favor de la reforma del r�gimen de las Sociedades Cooperativas, la necesidad de perfeccionar los medios jur�dicos a disposici�n de los socios para que el principio de su participaci�n en el gobierno y control de la Sociedad no sea una declaraci�n formal sino una realidad en la pr�ctica, sin mengua de la eficacia en la gesti�n.

Asimismo, la exigencia de potenciar cuanto favorezca el desarrollo de la actividad empresarial de las Cooperativas, hace preciso: perfeccionar o crear los sistemas que estimulen en las Sociedades Cooperativas el incremento de los recursos financieros propios; fortalecer las garant�as de los terceros en sus relaciones econ�micas con las Cooperativas; ampliar los mecanismos de control sobre la gesti�n y, aceptando con pragmatismo las realidades del mercado, abrir las posibilidades para determinadas clases de Cooperativas, de realizar operaciones con terceros no socios.

La naturaleza y caracter�sticas de las Sociedades Cooperativas, exige evitar una r�gida regulaci�n de las mismas, con el fin de posibilitar y respetar la facultad de autorregulaci�n de los socios de fijar, a trav�s de los estatutos, las reglas por las que ha de regirse la sociedad, lo que obliga a introducir en la Ley una amplia casu�stica que flexibilice las normas establecidas con criterios de generalidad.

Se ha tenido presente, tambi�n, el car�cter de Derecho supletorio de la presente Ley respecto al Derecho de las Comunidades Aut�nomas con competencias legislativas en materia de Cooperativas.

La norma se estructura en tres t�tulos con 163 art�culos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, seis finales y una derogatoria.

I

El t�tulo primero, dedicado a la regulaci�n de la Sociedad Cooperativa, se abre con un cap�tulo de disposiciones generales, que se inicia con una definici�n descriptiva de la Sociedad Cooperativa, configurada con fidelidad a los principios cooperativos proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional.

La innovaci�n m�s importante contenida en este cap�tulo es la que se refiere a la posibilidad de que las Cooperativas puedan realizar operaciones con terceros no socios aun cuando no concurran circunstancias excepcionales.

Como es sabido, uno de los problemas fundamentales en la realidad actual de las empresas, con independencia de la naturaleza de la persona que sea su titular, es el de alcanzar un volumen suficiente de actividad econ�mica, como presupuesto para mantener una situaci�n competitiva en el mercado.

Esta problem�tica se agudiza en las empresas cooperativas, cuando se pretende mantener a ultranza el denominado principio mutualista, seg�n el cual la Cooperativa �nicamente puede realizar actividades y prestaciones de servicios en favor de sus socios; principio de exclusividad que, por otra parte, en ning�n momento ha sido proclamado por la Alianza Cooperativa Internacional y que, en el Derecho comparado, haya sido aplicado con gran flexibilidad.

No obstante, la innovaci�n que se introduce de ampliar las posibilidades de las Cooperativas de realizar operaciones con terceros, queda enmarcada por normas orientadas a mantener la tradici�n legislativa espa�ola de una exigente congruencia con los principios cooperativos. As�, para evitar que dichas actividades puedan significar un lucro para los socios, se establece que los resultados positivos o negativos que se obtengan por las actividades o servicios cooperativizados realizados con terceros, se imputar�n al Fondo de Reserva obligatorio, al tiempo que se impone la necesidad de reflejar en la contabilidad, de forma clara e inequ�voca, las operaciones cooperativizadas realizadas con terceros.

II

La regulaci�n del procedimiento de constituci�n de la Sociedad Cooperativa responde, esencialmente, a tres objetivos: estimular la participaci�n de los socios en el proceso de nacimiento de la sociedad, fortalecer las garant�as de los socios, de los terceros e incluso de la Administraci�n P�blica y, por �ltimo, establecer un procedimiento flexible de constituci�n que se adapte a las distintas necesidades que se originan seg�n sea muy numeroso el colectivo que integra la nueva sociedad o por el contrario la formen un corto n�mero de socios.

En orden a estimular la participaci�n de los socios en el proceso de fundaci�n de la sociedad es esencial la innovaci�n introducida con la figura de la asamblea constituyente, en la que los socios promotores han de deliberar y aprobar los estatutos de la Cooperativa, designar las personas que han de ocupar los distintos cargos de los primeros �rganos de la sociedad y definirse sobre los distintos aspectos que afectan a todo el proceso del nacimiento de la Cooperativa.

A fin de fortalecer las garant�as de los socios promotores e incluso de los futuros socios y de los terceros contratantes con la sociedad y de la Administraci�n, se mantiene la exigencia de la escritura p�blica y se introducen importantes innovaciones en su contenido m�nimo.

Es de destacar, asimismo, la innovaci�n de reducir a cinco el n�mero de socios necesarios para la constituci�n y funcionamiento de una Cooperativa de primer grado, ampliando, con realismo, la posibilidad de acceso de peque�os colectivos al sistema cooperativo, y de reducir a dos el n�mero m�nimo de Cooperativas para constituir las de segundo o ulterior grado, ampliando las posibilidades de integraci�n econ�mica.

III

Se perfecciona la eficacia del Registro de Cooperativas, definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad y legitimaci�n, y se adapta su organizaci�n a la nueva estructura del Estado de las Autonom�as.

IV

En cuanto a la regulaci�n de los socios, si bien se han seguido las l�neas del r�gimen jur�dico anterior, se han introducido modificaciones aconsejadas por la pr�ctica.

Para la adquisici�n de la condici�n de socio se establece la obligaci�n de �ste de desembolsar al menos la aportaci�n m�nima que establezcan los estatutos.

En relaci�n con la baja voluntaria de los socios, el plazo de preaviso, que pueden fijar los estatutos, se reduce de un a�o a tres meses.

El compromiso del socio de no darse de baja voluntariamente sin justa causa, solo podr� alcanzar a un plazo de cinco a�os, frente a los diez a�os que establec�a la legislaci�n anterior, estableci�ndose, asimismo, medidas orientadas a garantizar el cumplimiento del referido compromiso.

Pero las innovaciones m�s importantes las constituyen la introducci�n de la baja obligatoria y la profundizaci�n en la regulaci�n del socio de trabajo.

La baja obligatoria se produce en aquellos supuestos en los que el socio no puede continuar en tal condici�n, aunque por su adecuada conducta no proceda la sanci�n de expulsi�n.

En relaci�n con los socios de trabajo, se complementa la anterior regulaci�n estableciendo normas imperativas especiales en cuanto imputaci�n de p�rdidas, en defensa de las peculiaridades que en dichos socios concurren, y se fijan limitaciones en cuanto al n�mero de socios de trabajo que pueden integrar, simult�neamente, el Consejo Rector.

V

En la regulaci�n de la figura del asociado se introducen profundas innovaciones que tienen por objeto, dentro de la orientaci�n general de la presente Ley de potenciar cuanto favorezca el desarrollo de la actividad empresarial de la Cooperativa, el estimular el incremento de los recursos financieros propios.

Manteniendo la autonom�a de las Cooperativas para incorporar o no la figura del asociado en sus estatutos, se ampl�a el campo de las personas que pueden ser asociados, facultando para serlo a cualquier persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada, con independencia de que antes hubiese sido o no socio de la Cooperativa.

Se ampl�an tambi�n las posibilidades de los asociados para hacer aportaciones al capital social, al desaparecer las limitaciones que establec�a la legislaci�n anterior, que quedan reducidas a que la suma de las aportaciones de los asociados no podr� ser superior al 33 por 100 de las aportaciones de la totalidad de los socios al capital social.

Se mantiene el criterio de que los asociados en ning�n caso tendr�n derecho a retorno, percibiendo por sus aportaciones al capital social �nicamente el inter�s pactado, as� como las limitaciones al derecho de voto de los asociados en las Asambleas Generales, cuya suma total no podr� superar el 20 por 100 del total de los votos de los socios de la Cooperativa, y, sin renunciar al criterio de prohibici�n de que los asociados ocupen cargos en los �rganos sociales, se abre cauce a una mayor participaci�n de �stos en la vida de la Sociedad, al posibilitar que los Estatutos puedan prever la asistencia a las reuniones del Consejo Rector, con voz y sin voto, de un representante elegido de entre los asociados, por �stos.

VI

En la regulaci�n de la Asamblea General se introducen modificaciones dirigidas a facilitar y potenciar la participaci�n de los socios en el gobierno y control de la sociedad; evitar maniobras dirigidas a soslayar la manifestaci�n de la voluntad del �rgano soberano de la Cooperativa; profundizar en el car�cter democr�tico de la sociedad, evitando que una minor�a pueda paralizar el desarrollo de la misma o convertirla en una instituci�n cerrada y facilitar la adopci�n de acuerdos por la Asamblea General, en especial los relacionados con posibles incrementos de los recursos financieros propios.

En la misma orientaci�n est� la innovaci�n del car�cter de preceptivo que pasa a tener en nuestra legislaci�n el acuerdo de la Asamblea General para establecer la pol�tica general de la Cooperativa.

Desde un punto de vista doctrinal y de adecuaci�n de nuestra legislaci�n a los principios cooperativos, la modificaci�n m�s importante se produce en la regulaci�n del derecho al voto en las Cooperativas de primer grado, donde se recupera de forma inequ�voca la aplicaci�n del conocido principio �un socio, un voto�.

En reconocimiento de que la problem�tica que se plantea en determinadas clases de Cooperativas no afecta �nicamente al socio, sino que trasciende al conjunto del grupo familiar, se abre la posibilidad de que en determinadas clases de Cooperativas el socio pueda ser representado en las Asambleas Generales por su c�nyuge, ascendiente o descendiente.

En cuanto al funcionamiento de la Asamblea y a fin de potenciar la libertad de actuaci�n de la misma, se introduce la innovaci�n de que el acuerdo sobre cualquier punto del orden del d�a deba adoptarse mediante votaci�n secreta, si lo solicita un 10 por 100 de los votos, presentes y representados.

En cuanto a la regulaci�n de las mayor�as necesarias para la adopci�n de acuerdos, se mantiene el principio general de que �stos se adoptar�n por m�s de la mitad de los votos v�lidamente expresados, reduci�ndose los supuestos en los que ser� necesaria la mayor�a de los dos tercios de los votos presentes y representados y suprimi�ndose la posibilidad de que estatutariamente puedan establecerse mayor�as reforzadas.

Finalmente, en relaci�n con la Asamblea General integrada por los Delegados designados en Juntas Preparatorias, son numerosas las innovaciones introducidas.

Los miembros de la Mesa de la Junta deber�n ser elegidos de entre los socios presentes en la misma, desapareciendo la posibilidad, que exist�a en la anterior regulaci�n, de que el Presidente y Secretario de la Junta pudiesen ser designados por el Consejo Rector.

Se pone fin a la contradicci�n que significaba el que los socios pudieran reservarse el derecho a asistir personalmente a la Asamblea General de Delegados.

Se establece que para ser proclamado Delegado deber� obtenerse el n�mero m�nimo de delegaciones de voto que fijen los estatutos; la elecci�n como Delegado sera v�lida �nicamente para la Asamblea General de que se trate, si bien se abre la posibilidad para las Cooperativas de m�s de 5.000 socios, de que, si lo preven sus estatutos, la elecci�n como Delegado pueda ser v�lida para todas las Asambleas que se celebren en un per�odo de hasta tres a�os.

Se prohibe que los socios que desempe�en cargos sociales puedan ser elegidos Delegados, y desaparece la posibilidad de que el mandato que reciben los Delegados pueda tener el car�cter de imperativo.

VII

En la regulaci�n del Consejo Rector, las innovaciones m�s importantes responden a la exigencia de potenciar cuanto pueda favorecer, directa o indirectamente, la eficacia en la gesti�n mediante modificaciones que unas veces afectan a la vida interna de la sociedad y otras tienden a fortalecer las garant�as de los terceros en sus relaciones econ�micas con la Cooperativa. Otros criterios que han presidido las innovaciones introducidas son el incrementar la facultad autorreguladora de la Cooperativa y el de perfeccionar los mecanismos de control.

Uno de los problemas m�s importantes que en su configuraci�n ten�a planteada la Sociedad Cooperativa y que afectaba de manera importante a sus relaciones econ�micas con terceros, era el relativo al car�cter de ilimitable o no de la facultad de representaci�n de sus �rganos gestores. Problem�tica que, por otra parte, tambi�n ha venido afectando a otros tipos de sociedades.

Nuestro Derecho, en especial desde la publicaci�n de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de acuerdo con la doctrina dominante, se ha orientado hacia la aceptaci�n del criterio de la ilimitabilidad frente a terceros de la representaci�n de la sociedad.

La aceptaci�n del mencionado criterio en la nueva regulaci�n de la Sociedad Cooperativa, adem�s de situar la configuraci�n de la misma dentro de la corriente predominante en la doctrina y en la legislaci�n, potencia las posibilidades de desarrollo de la actividad empresarial de la Cooperativa, al fortalecer las garant�as de los terceros en sus relaciones econ�micas con la misma.

En la orientaci�n de fortalecer la facultad autorreguladora de la Cooperativa, la Ley deja al criterio de �sta el establecer la amplitud de las facultades que le son conferidas al Director respecto al tr�fico empresarial ordinario.

Dentro del criterio de facilitar el control de la sociedad, armoniz�ndola con la conveniencia de la estabilidad de los �rganos gestores, se encuentran las innovaciones introducidas sobre la revocaci�n de sus cargos a los miembros del Consejo Rector, para cuyo acuerdo, si el asunto no consta en el orden del d�a, se exige una mayor�a cualificada de los dos tercios del total de votos de la Cooperativa.

A la misma orientaci�n responden tambi�n las modificaciones introducidas en la regulaci�n de la acci�n de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector.

Innovaci�n importante en orden a facilitar e incrementar los medios de control a disposici�n de los socios, es la posibilidad, que se introduce por primera vez en nuestro Derecho, de que los socios puedan impugnar judicialmente los acuerdos del Consejo Rector, alcanzando dicha posibilidad, tambi�n, a los acuerdos del Director.

VIII

En relaci�n con la regulaci�n de los Interventores, se reduce a tres a�os el per�odo m�ximo de su mandato, se concreta, en un mes, el plazo que tienen los Interventores para emitir su informe y se define con claridad la facultad de emitir informe por separado, en caso de disconformidad.

Pero la innovaci�n m�s importante es la exigencia de someter las cuentas anuales a auditor�a externa en los supuestos en que lo establezcan la Ley o los estatutos o lo acuerde la Asamblea General, estableci�ndose normas orientadas a garantizar la seriedad de dichas auditor�as externas.

IX

Se introduce la figura del Comit� de Recursos, cuya utilizaci�n, que en todo caso se deja al criterio de la Cooperativa, podr� agilizar la resoluci�n de los recursos contra los acuerdos del Consejo Rector, que antes s�lo pod�an ser resueltos por la Asamblea General, y, adem�s, podr� descongestionar el orden del d�a de las Asambleas Generales, consecuencia que tendr� mayor importancia en las Cooperativas de amplia base social.

X

El objeto principal de las innovaciones introducidas en el cap�tulo sobre r�gimen econ�mico, lo constituye el fortalecimiento de las Cooperativas en su vertiente empresarial, a cuyo fin se establecen modificaciones orientadas, unas, a impulsar el incremento de los recursos financieros propios y, otras, en defensa de la solvencia y credibilidad econ�mica de la Cooperativa.

En la orientaci�n de impulsar el incremento de los recursos financieros propios est�n las innovaciones introducidas en la regulaci�n de las aportaciones al capital social que, respecto a las obligatorias, abre la posibilidad de que, si lo prev�n los estatutos, puedan ser acordadas por m�s de la mitad de los votos v�lidamente expresados y, respecto a las voluntarias, introduce la novedad de que el socio pueda utilizarlas para cubrir las nuevas aportaciones obligatorias que acuerde la Asamblea General y para satisfacer las p�rdidas que le fueren imputables.

Asimismo, se flexibilizan las normas sobre transmisi�n de las aportaciones, admitiendo la posibilidad, en determinados supuestos, de su transmisi�n por actos intervivos, al c�nyuge, ascendientes y descendientes que, aun no siendo socios, adquieran tal condici�n en el plazo de seis meses, los cuales, por otra parte, no estar�n obligados a desembolsar cuotas de ingreso en la Cooperativa. Logr�ndose, con esta innovaci�n, adem�s, la adecuaci�n de la legislaci�n a la realidad sociol�gica, que exige el reconocimiento de la importancia adquirida por el hecho cooperativo en las relaciones interfamiliares, en especial en algunas clases de Cooperativas, como en las agrarias.

El mismo criterio preside la regulaci�n de las formas de hacer efectivo el retorno que, adem�s de mantener la posibilidad de su incorporaci�n al capital social, facilita que, si se han incorporado a un fondo regulado por la Asamblea General, el socio pueda, en cualquier momento, destinarlo a satisfacer las p�rdidas que le sean imputadas y a cubrir nuevas aportaciones obligatorias.

Pero, desde una vertiente estructural, la innovaci�n m�s importante introducida al objeto de incrementar los recursos financieros propios, la constituye el elevar el porcentaje que sobre los excedentes netos ha de destinarse al Fondo de Reserva obligatorio. Innovaci�n que se complementa con la que posibilita que, por acuerdo de la Asamblea General pueda dotarse, con cargo a los excedentes disponibles, un Fondo de Reserva voluntario, que tendr� el car�cter de irrepartible.

En defensa de la solvencia y credibilidad econ�mica de la Cooperativa se sit�a la matizaci�n introducida en la regulaci�n del capital social m�nimo, al establecer que deber� estar desembolsado y al precisar que, para fijar la cifra del capital desembolsado, se restar�n las deducciones realizadas sobre las aportaciones en satisfacci�n de las p�rdidas imputadas a los socios.

En las innovaciones que se introducen en la regulaci�n de la imputaci�n de p�rdidas, se conjugan claramente el prop�sito de defender la solvencia de la Cooperativa y el de lograr una normativa coherente con los principios que han de conformar la estructura y funcionamiento de la instituci�n.

La anterior legislaci�n, en relaci�n con la imputaci�n de las p�rdidas, no establec�a ninguna limitaci�n sobre la cuant�a de las p�rdidas imputables al Fondo de Reserva obligatorio, lo que posibilitaba que, cuando hab�a excedentes, el socio ganaba, y cuando exist�an p�rdidas era la Cooperativa la que las soportaba.

En la nueva regulaci�n que se establece, las p�rdidas que tengan su origen en la actividad cooperativizada, realizada con los socios, solamente podr�n ser imputadas hasta en un 50 por 100, como m�ximo, al Fondo de Reserva obligatorio, y el resto, salvo que existiese el anteriormente citado Fondo de Reserva voluntario, se imputar� a los socios en proporci�n a la actividad cooperativizada efectivamente realizada por cada uno. En este punto es de resaltar, adem�s, la novedad que significa el que si la actividad efectivamente realizada por el socio fuese inferior a la que, como m�nimo, est� obligado a realizar por disposici�n estatutaria, la imputaci�n de p�rdidas se realizar� en proporci�n a la actividad que, como m�nimo, est� obligado a realizar.

En defensa del principio de puerta abierta se establecen l�mites a la cuant�a de las cuotas de ingreso a desembolsar por los nuevos socios. El prop�sito de evitar situaciones de preponderancia dentro de la Cooperativa, determina la innovaci�n de reducir el importe total de las aportaciones que al capital social puede realizar cada socio.

Uno de los problemas inherentes a la estructura del r�gimen econ�mico de las Sociedades Cooperativas es el que el socio, al ser baja, por cualquier causa, o al liquidarse la Cooperativa, recibe como reembolso de sus aportaciones el nominal de las mismas, con independencia del tiempo transcurrido entre el desembolso y el reembolso, produci�ndose, como consecuencia de la inflaci�n, una diferencia, en t�rminos reales, entre lo desembolsado y lo que se le reembolsa al socio. Lo que, si por una parte puede crear situaciones contrarias a la equidad, es evidente que dificulta la capitalizaci�n de las Cooperativas.

El Reglamento de Sociedades Cooperativas de 1978 resuelve la referida problem�tica distribuyendo el saldo resultante de la regulaci�n del balance, sin limitaci�n alguna, proporcionalmente a la cuant�a de las aportaciones al capital social. Es decir, con criterios que pueden ser adecuados para una estructura de sociedades de naturaleza capitalista, pero que aplicados a Sociedades Cooperativas no s�lo se contradice con los principios informadores de su estructura y funcionamiento, sino que, incluso, puede hacer peligrar la subsistencia de la Sociedad, recu�rdese, al efecto, el principio de puerta abierta que rige las mismas, y la obligaci�n de reembolsar al socio sus aportaciones al capital social en caso de baja.

En la nueva regulaci�n sobre actualizaci�n de las aportaciones, al establecerse la limitaci�n de que la actualizaci�n no podr� ser superior al Indice General de Precios Industriales, se adec�a la soluci�n a la problem�tica que se pretende resolver, y al establecerse que de los resultados de la actualizaci�n del balance se destinaran un 50 por 100 al Fondo de Reserva obligatorio y el otro 50 por 100 a la actualizaci�n de las aportaciones, se busca armonizar los leg�timos intereses individuales de los socios y los del conjunto de la Sociedad Cooperativa.

XI

En relaci�n con la documentaci�n social y contabilidad de la Cooperativa se introducen innovaciones orientadas a fortalecer las garant�as tanto de los integrantes de la sociedad como de los terceros, al tiempo que se flexibilizan las normas sobre encuadernaci�n, foliado y diligencia de los libros, a fin de posibilitar la utilizaci�n de las nuevas t�cnicas de mecanizaci�n administrativa y contable.

XII

En cuanto a la modificaci�n de los estatutos es de destacar la innovaci�n que posibilita en los supuestos de cambio de clase de la Cooperativa, la separaci�n del socio, calific�ndola de justificada.

Se establece una nueva y detallada regulaci�n de la fusi�n en la que se armoniza la defensa de los intereses de los socios y de los terceros con la agilidad del procedimiento. Se abren tambi�n nuevas posibilidades para la adaptaci�n de la Sociedad Cooperativa a sus necesidades societarias y empresariales al introducir la nueva figura de la escisi�n-fusi�n.

XIII

En relaci�n con la disoluci�n de la Cooperativa se introducen, como causas de disoluci�n, la paralizaci�n o inactividad durante dos a�os de los �rganos sociales o de la actividad cooperativizada; se regula cuanto afecta a la eficacia de las causas de disoluci�n, poniendo fin al vac�o normativo que sobre esta materia exist�a, y se abre la posibilidad de que la Sociedad en liquidaci�n pueda ser reactivada, cuando concurran determinados supuestos.

En cuanto a la liquidaci�n se regula con mayor precisi�n la transmisi�n de funciones del Consejo Rector a los Liquidadores y se crea la posibilidad del nombramiento de Interventores de la liquidaci�n a la solicitud del 20 por 100 de los votos sociales de la Cooperativa, o del Sindicato de Obligacionistas y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo es de destacar la innovaci�n que significa la creaci�n de un sistema de difusi�n y publicidad del balance final que puede sustituir la aprobaci�n del mismo por la Asamblea General cuando sea imposible su celebraci�n, que facilitar� la extinci�n jur�dica de entidades que, no funcionando de hecho, carec�an de cauce jur�dico v�lido para formalizar su desaparici�n.

XIV

En cuanto a las clases de Cooperativas se ha mantenido en l�neas generales el criterio de clasificaci�n de la legislaci�n precedente. La orientaci�n de las innovaciones introducidas ha sido la de adecuar la regulaci�n de cada una de ellas, con el m�ximo pragmatismo, a sus necesidades reales en orden al desarrollo de sus actividades.

Respecto a las Cooperativas de Trabajo Asociado se han introducido importantes innovaciones, regulando, por primera vez en nuestro Derecho, un conjunto de cuestiones relacionadas con la problem�tica que plantea en toda empresa la prestaci�n del trabajo, y a la que no es ajena la Sociedad Cooperativa y que, sin embargo, respecto a �sta, no ven�a siendo contemplada por la legislaci�n.

Se establecen normas sobre el trabajo de los socios menores de dieciocho a�os. La regulaci�n del per�odo de prueba de los socios trabajadores se adapta a las peculiaridades del socio prestador de trabajo, estableci�ndose, adem�s, cautelas que eviten abusos en la utilizaci�n de la figura de socio trabajador en situaci�n de prueba.

Asimismo, se establecen normas sobre jornadas de trabajo, descanso m�nimo semanal, permisos, fiestas y vacaciones anuales, aunque reservando un amplio margen a la autonom�a de la Cooperativa.

Mayor trascendencia tienen, sin embargo, las innovaciones que significan abrir la posibilidad y regular con detalle los distintos supuestos en los que el socio tiene derecho a suspender temporalmente la obligaci�n de prestar su trabajo, as� como la de facultar a la Cooperativa, cuando concurran causas econ�micas, tecnol�gicas o de fuerza mayor, para acordar la suspensi�n del derecho del socio a prestar su trabajo e incluso la baja obligatoria del mismo, estableciendo al efecto una matizada regulaci�n.

Se introduce una regulaci�n orientada a resolver con realismo la problem�tica que plantea a esta clase de Cooperativas los supuestos de sucesi�n de empresas, contratas y concesiones.

En las Cooperativas de Viviendas son numerosas las innovaciones introducidas. Entre las m�s destacables es de se�alar el que se abre la posibilidad de que, adem�s de las personas f�sicas, puedan ser tambi�n socios determinadas personas jur�dicas. Desaparece la limitaci�n de que solamente puedan ser de �mbito provincial, pero se establece la necesidad de que cuando la Cooperativa desarrolle simult�neamente m�s de una promoci�n o fase, la Asamblea General deber� ser de Delegados, y existir tantas Juntas preparatorias como fases o promociones se desarrollen.

Se establece la necesidad de someter a auditor�a externa las cuentas anuales del ejercicio, previamente a su aprobaci�n por la Asamblea General, cuando la Cooperativa promueve un determinado n�mero de viviendas o locales, o cuando simult�neamente desarrolla promociones diferentes.

Se prohibe que una misma persona f�sica pueda ser simult�neamente miembro del Consejo Rector en m�s de una Cooperativa de Viviendas.

La mayor novedad de la Ley, en relaci�n con las clases de Cooperativas, es la regulaci�n, por primera vez en nuestro Derecho, de las Cooperativas de Explotaci�n Comunitaria de la Tierra.

El vac�o normativo en que se han venido desarrollando esta clase de Cooperativas, la exigencia de evitar la desnaturalizaci�n de la figura de la Sociedad Cooperativa junto con las peculiaridades que concurren en las Cooperativas de Explotaci�n Comunitaria de la Tierra, ha hecho necesario establecer una extensa y matizada regulaci�n.

Se inicia con la delimitaci�n de su concepto, entra en una minuciosa determinaci�n de las personas que pueden ser socios, ya sea en su condici�n de cedentes del uso de bienes susceptibles de aprovechamiento agr�cola, o en su condici�n de socios trabajadores, estableciendo las peculiaridades del r�gimen que les es aplicable. Se regula la cesi�n del uso de bienes y se establecen normas especiales sobre el r�gimen econ�mico de la Cooperativa.

En las Cooperativas de Servicios, dada la diversidad de los sectores econ�micos en que incide, se establecen normas en orden a posibilitar que la denominaci�n de las mismas pueda reflejar las peculiaridades de la actividad que desarrollan los socios que las integran.

Las Cooperativas de Seguros, cuya posibilidad en nuestro ordenamiento jur�dico se inicia con la publicaci�n de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci�n del Seguro Privado, se regulan teniendo presente las exigencias que vienen determinadas por las peculiaridades de la actividad aseguradora.

En las clases de Cooperativas se introducen las Cooperativas Sanitarias, recogiendo una aspiraci�n repetidamente manifestada.

Se abre la posibilidad de realizar operaciones cooperativizadas con terceros no socios en las Cooperativas Agrarias del Mar y de las que pasan a denominarse Cooperativas de Consumidores y Usuarios.

La regulaci�n de las Cooperativas Educacionales, entra�a no solamente una modificaci�n en su denominaci�n respecto a las antiguas Cooperativas Escolares, sino un nuevo planteamiento de las mismas, a fin de adecuarlas con pragmatismo a la realidad sociol�gica del sector a que van dirigidas.

Por �ltimo, es de destacar que la enumeraci�n de las clases de Cooperativa contenida en el cap�tulo XII de esta Ley queda abierta a la posibilidad de crear nuevas clases de Cooperativas, en todos los supuestos en que lo demande la realidad socioecon�mica, dada la facultad que al efecto concede al Gobierno la Disposici�n Final segunda.

XV

El t�tulo II aborda las relaciones entre la Administraci�n P�blica y las Cooperativas, proclamando que el Estado reconoce como tarea de inter�s publico la promoci�n y est�mulo de las Sociedades Cooperativas. Se encomienda al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la actuaci�n en el orden cooperativo, sin perjuicio de las facultades espec�ficas de los dem�s departamentos ministeriales, y se preve la posibilidad de intervenci�n temporal de las Cooperativas por parte de la Administraci�n P�blica en supuestos en que concurran circunstancias excepcionales.

XVI

El t�tulo III se dedica al asociacionismo cooperativo.

Su regulaci�n, adem�s de responder a los principios de autonom�a y libertad de asociaci�n consagrados por la Constituci�n Espa�ola e imperantes en el Derecho comparado de nuestro entorno pol�tico y cultural, tiene presente, tambi�n, la nueva estructura del Estado, que ha determinado la asunci�n de competencias legislativas en materia de Cooperativas por diversas Comunidades Aut�nomas, por lo que, sin perjuicio de enmarcar el asociacionismo en un contexto de pluralismo, se dota su regulaci�n de la suficiente flexibilidad a fin de facilitar el desarrollo de un s�lido asociacionismo cooperativo de �mbito estatal.

Por �ltimo, se configura el Consejo Superior del Cooperativismo como �rgano consultivo y asesor de la Administraci�n Central del Estado para las actividades de �sta, relacionadas con el cooperativismo, atribuy�ndole, asimismo, funciones de conciliaci�n y arbitraje cooperativo.

XVII

En las disposiciones adicionales se concretan cuestiones relacionadas con las competencias atribuidas por la presente Ley, se clarifica el c�mputo de los plazos, se abre la posibilidad para transformaci�n en Sociedades Cooperativas de las Sociedades Agrarias de Transformaci�n y de las que han venido denomin�ndose Sociedades Laborales y, por �ltimo, se establecen normas sobre la Seguridad Social de los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado y de los socios de trabajo.

En las normas reguladoras del Derecho transitorio destacan las referentes a las Cooperativas de Cr�dito, as� como las relativas a la obligaci�n de la adaptaci�n de sus Estatutos por las Cooperativas a las normas de la presente Ley.

De las disposiciones finales tiene especial importancia la primera, que fija el �mbito de aplicaci�n de la presente Ley, de acuerdo con las competencias que en materia de Cooperativas tienen atribuidas algunas Comunidades Aut�nomas.