Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento del r間imen sancionador en materia de pesca mar韙ima en aguas exteriores

Art韈ulo 1 Objeto

La potestad sancionadora en materia de pesca mar韙ima regulada en el t韙ulo V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar韙ima del Estado, se ejercer� mediante el procedimiento previsto en este reglamento, de acuerdo con los principios establecidos en el t韙ulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

Ser� de aplicaci髇 el presente reglamento a las conductas o hechos que, con fundamento en el derecho nacional, comunitario o internacional, sean constitutivas de infracciones de pesca en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 12 y se cometan:

• a) Dentro del territorio espa駉l o en aguas exteriores bajo jurisdicci髇 o soberan韆 espa駉las.
• b) Fuera del territorio o aguas mar韙imas bajo soberan韆 o jurisdicci髇 espa駉las por personas f韘icas o jur韉icas, a bordo de buques de pabell髇 nacional o sirvi閚dose de los mismos.
• c) Fuera del territorio o aguas mar韙imas bajo soberan韆 o jurisdicci髇 espa駉las por personas f韘icas o jur韉icas de nacionalidad espa駉la, a bordo de buques ap醫ridas o sin nacionalidad; o de buques de pabell髇 extranjero o sirvi閚dose de los mismos, en este 鷏timo supuesto siempre que el Estado de bandera no haya ejercido su competencia sancionadora seg鷑 la normativa en vigor.
• d) Adem醩 de lo dispuesto en los apartados anteriores, ser� tambi閚 de aplicaci髇 a los hechos o conductas detectados en territorio o aguas mar韙imas bajo soberan韆 o jurisdicci髇 espa駉las y considerados como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada seg鷑 los t閞minos y condiciones establecidos en la normativa comunitaria o internacional, a鷑 cuando hayan sido cometidas fuera de dicho 醡bito, independientemente de la nacionalidad de sus autores y del pabell髇 de buque.

Art韈ulo 3 觬ganos competentes

1. La competencia para el acuerdo de inicio e instrucci髇 de expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves en materia de pesca mar韙ima corresponder� a los Delegados del Gobierno en las comunidades aut髇omas, de acuerdo con el siguiente criterio:

• a) Si la comisi髇 de la infracci髇 est� vinculada a un buque de pabell髇 espa駉l, ser� competente el Delegado del Gobierno de la comunidad aut髇oma donde el buque tenga su puerto base en el momento de iniciarse el expediente.
• b) En caso de infracciones de pesca recreativa o si la comisi髇 de la infracci髇 no est� vinculada a ning鷑 buque ser� competente el Delegado del Gobierno donde haya tenido lugar la detecci髇 de los hechos.
• c) Si la infracci髇 est� vinculada a un buque de pabell髇 no nacional, ser� competente el Delegado del Gobierno del puerto de arribada de dicho buque. En caso de que el buque en cuesti髇 no arribe a puerto espa駉l, ser� competente el Delegado de Gobierno de la comunidad aut髇oma donde la persona f韘ica o jur韉ica tenga su domicilio o residencia habitual.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando circunstancias de 韓dole t閏nica, econ髆ica, social, jur韉ica o territorial lo hagan conveniente, el Secretario General de Pesca podr� acordar el inicio y designar instructor de expedientes sancionadores.

En todo caso, dicha excepci髇 deber� hacerse mediante acuerdo motivado, del que se dar� traslado al Delegado del Gobierno correspondiente y que deber� ser notificado a los interesados en el procedimiento. Contra este acuerdo no cabr� recurso, aunque podr� impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resoluci髇 del procedimiento.

3. La competencia para la imposici髇 de las sanciones correspondientes a las infracciones en materia de pesca mar韙ima corresponder�:

• a) A los Delegados del Gobierno en el supuesto de infracciones leves.
• b) Al Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura en el supuesto de infracciones graves.
• c) Al Secretario General de Pesca en el supuesto de infracciones muy graves si la cuant韆 de la sanci髇 pecuniaria no excede de 300.000 euros.
• d) Al Ministro de Agricultura, Alimentaci髇 y Medio Ambiente, cuando la infracci髇 sea calificada como muy grave si la cuant韆 de la sanci髇 pecuniaria excede de 300.000 euros.

Art韈ulo 4 Transparencia del procedimiento

1. El procedimiento sancionador en materia de pesca mar韙ima se desarrollar� de acuerdo con el principio de transparencia del procedimiento. A estos efectos, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitaci髇 y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo.

2. Asimismo, y con anterioridad al tr醡ite de audiencia, los interesados podr醤 formular alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

3. El acceso a los documentos que obren en los expedientes sancionadores ya concluidos se regir� por lo dispuesto en el art韈ulo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Con objeto de garantizar la transparencia en el procedimiento, la defensa del presunto responsable y la de los intereses de otros posibles afectados, as� como la eficacia de la propia Administraci髇, cada procedimiento sancionador que se tramite se formalizar� de forma sistem醫ica, incorporando sucesiva y ordenadamente los documentos, testimonios, actuaciones, actos administrativos, notificaciones y dem醩 diligencias que vayan apareciendo o se vayan practicando. El procedimiento as� formalizado se custodiar� bajo la responsabilidad del 髍gano competente en cada fase del mismo. Una vez resuelto el procedimiento y acordado el archivo definitivo de las actuaciones, el 髍gano competente para la iniciaci髇 del procedimiento ser� responsable de la custodia del expediente administrativo.

Art韈ulo 5 R間imen, aplicaci髇 y eficacia de las sanciones en materia de pesca mar韙ima

1. S髄o se podr醤 sancionar infracciones en materia de pesca mar韙ima respecto de hechos y conductas constitutivas de infracci髇 tipificadas en el cap韙ulo II del t韙ulo V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.

Las disposiciones sancionadoras en materia de pesca mar韙ima no se aplicar醤 con efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al presunto infractor.

2. El cumplimiento o ejecuci髇 de las medidas de car醕ter provisional o de las disposiciones cautelares que, en su caso, se adopten se compensar醤, cuando sea posible, con la sanci髇 impuesta.

3. Ser� sancionable, como infracci髇 continuada, la realizaci髇 de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan un mismo precepto administrativo, o distintos, cuando 閟tos tengan id閚tica naturaleza o protejan un mismo bien jur韉ico, constituyan un mismo tipo de infracci髇 y siempre y cuando concurra alguno de los siguientes requisitos:

• a) Que exista proximidad temporal. Se entender� que existe proximidad temporal cuando las acciones u omisiones hayan tenido lugar en una misma marea o en periodos inferiores a un mes.
• b) Que exista una unidad de prop髎ito, entendida como la ejecuci髇 de un plan previamente concebido o el aprovechamiento de id閚ticas circunstancias.
• c) Que obedezca a una pr醕tica homog閚ea por la utilizaci髇 de medidas, instrumentos o t閏nicas de actuaci髇 similares.

Art韈ulo 6 Responsabilidad

1. La responsabilidad por las acciones y omisiones tipificadas en el cap韙ulo II del t韙ulo V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, es de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que hubiere lugar.

2. Las sanciones que se impongan a distintas personas, f韘icas o jur韉icas, como consecuencia de una misma infracci髇 tendr醤 entre s� car醕ter independiente, salvo en los supuestos de responsabilidad solidaria regulados en el art韈ulo 91.2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.

3. La responsabilidad atribuida a los patrones o capitanes de los buques no excluir� la posibilidad de iniciar procedimientos contra las personas f韘icas o jur韉icas propietarias o armadoras de los buques a bordo de los cuales se cometan las infracciones que se les atribuyen.

4. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador ser醤 compatibles con la exigencia al infractor de la reposici髇 de la situaci髇 alterada a su estado originario, as� como, en su caso, con la indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios causados, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo que en cada caso se fije en la resoluci髇 correspondiente.

Art韈ulo 7 Responsabilidad solidaria

1. Todos los sujetos implicados en la comisi髇 de una infracci髇 a que se refiere el art韈ulo 91.2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, responder醤 solidariamente cuando la infracci髇 sea imputable a varios de ellos y no sea posible determinar el grado de participaci髇 de cada uno.

2. Ser醤 responsables solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley que conlleven el deber de prevenir la infracci髇 administrativa cometida por otros, las personas f韘icas y jur韉icas sobre las que tal deber recaiga.

Art韈ulo 8 Concurrencia de procedimientos y sanciones

1. El 髍gano competente acordar� la suspensi髇 del procedimiento sancionador o, ya finalizado 閟te, de su ejecuci髇, desde el momento en que se tenga conocimiento cierto de estar en curso otro procedimiento sancionador por los mismos hechos, sujetos y fundamentos por 髍ganos comunitarios europeos u otras organizaciones internacionales de las que Espa馻 sea parte. La suspensi髇 se alzar� desde el momento en que se tenga conocimiento de haberse dictado por aqu閘los resoluci髇 firme.

2. Si se hubiera impuesto sanci髇 por los 髍ganos referidos en el apartado anterior, basada en id閚ticos hechos y fundamentos jur韉icos, el 髍gano competente para resolver deber� tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, debiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la comisi髇 de la infracci髇.

3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, la suspensi髇 alcanzar� tambi閚 al plazo de prescripci髇 de la infracci髇 o sanci髇 administrativa.

Art韈ulo 9 Comunicaci髇 de los indicios de infracci髇

Cuando, en cualquier fase del procedimiento sancionador, los 髍ganos competentes consideren que existen indicios racionales de la existencia de otra infracci髇 administrativa para cuyo conocimiento no tengan competencia, lo comunicar醤 al 髍gano que sea competente, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Art韈ulo 10 Prescripci髇 y archivo de las actuaciones

1. Cuando de las actuaciones previas se concluya que ha prescrito la infracci髇, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento acordar� de oficio la no procedencia de iniciar el mismo.

2. Una vez iniciado el procedimiento, si se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracci髇, el 髍gano competente para resolver, a propuesta del instructor, acordar� la conclusi髇 del procedimiento, con archivo de las actuaciones. Dicha resoluci髇 se notificar� a los interesados.

3. Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inici� el procedimiento sin haberse practicado la notificaci髇 de 閟te al imputado, el 髍gano competente para iniciar proceder� al archivo de las actuaciones. Si la infracci髇 no hubiera prescrito, el 髍gano competente podr� acordar de nuevo el inicio de las mismas. En este 鷏timo supuesto, ambos acuerdos, de archivo y nuevo inicio del expediente, deber醤 notificarse al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.

4. Asimismo, cuando haya transcurrido el plazo para la prescripci髇 de las sanciones de car醕ter no pecuniario, el 髍gano competente para resolver lo notificar� al imputado. En el caso de prescripci髇 de las sanciones de car醕ter pecuniario, se actuar� conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y las normas en materia de recaudaci髇.

Art韈ulo 11 Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal

1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los 髍ganos competentes estimen que los hechos tambi閚 pudieran ser constitutivos de il韈ito penal, lo comunicar醤 al Ministerio Fiscal, solicit醤dole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicaci髇.

2. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, as� como cuando los 髍ganos competentes tengan conocimiento de la existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitar醤 del 髍gano judicial comunicaci髇 sobre las actuaciones practicadas.

Recibida la comunicaci髇, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracci髇 administrativa y la infracci髇 penal que pudiera corresponder, el 髍gano competente para la iniciaci髇 o, en su caso, resoluci髇 del procedimiento, en funci髇 de la fase en que se encuentre el mismo, acordar� su suspensi髇 hasta que recaiga resoluci髇 firme o que ponga fin al procedimiento, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devoluci髇 del expediente por el Ministerio Fiscal.

3. De no haberse apreciado la existencia de infracci髇 penal, el 髍gano competente levantar� la suspensi髇 y acordar� la continuaci髇 de la tramitaci髇 del expediente administrativo desde el momento en que tenga conocimiento de la resoluci髇 firme de la autoridad judicial, o que ponga fin al procedimiento.

4. En todo caso, los hechos declarados probados por resoluci髇 judicial penal firme vinculan a los 髍ganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien.

Art韈ulo 12 Infracciones administrativas

Constituye infracci髇 administrativa de pesca mar韙ima, toda acci髇 u omisi髇 tipificada como tal en el cap韙ulo II del t韙ulo V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.

Art韈ulo 13 Graduaci髇 de las sanciones pecuniarias

1. Dentro de cada uno de los tramos establecidos por el art韈ulo 106 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, las sanciones pecuniarias que procedan respecto de infracciones calificadas como leves, graves o muy graves, se impondr醤 motivadamente en los grados m韓imo, medio o m醲imo, conforme a lo se馻lado en el mismo y en atenci髇 a los siguientes criterios:

• a) Beneficio econ髆ico que obtenga o espere obtener el presunto infractor a consecuencia de la infracci髇 cometida.
• b) Tama駉 y potencia de la embarcaci髇.
• c) Naturaleza de los perjuicios causados, en especial a los fondos marinos, ecosistemas y organismos vivos, recursos econ髆icos, bienes de dominio p鷅lico o terceros, o afecci髇 a zonas con protecci髇 medioambiental o pesquera.
• d) Posibilidad de restituci髇 del da駉 causado como consecuencia de la comisi髇 de la infracci髇.

2. Se consideran circunstancias agravantes, las siguientes:

• a) Grado de intencionalidad del infractor.
• b) Reincidencia, en el caso de que haya sido sancionado por una infracci髇 en materia de pesca mar韙ima del mismo tipo y calificaci髇. Podr� aplicarse siempre que la resoluci髇 sancionadora del antecedente haya adquirido firmeza en v韆 administrativa en el plazo de un a駉 anterior a la fecha de los hechos.
• c) Reiteraci髇 de infracciones, en el caso de que haya sido sancionado por una infracci髇 en materia de pesca mar韙ima. Podr� aplicarse siempre que la resoluci髇 sancionadora del antecedente haya adquirido firmeza en v韆 administrativa en el plazo de tres a駉s anteriores a la fecha de los hechos.
• d) Persistencia en la conducta il韈ita. Se aplicar�, en todo caso, en los supuestos de infracci髇 continuada seg鷑 los requisitos establecidos en el art韈ulo 5.3 del presente reglamento.
• e) La generaci髇 de da駉s al medio marino en las zonas de protecci髇 pesquera con la comisi髇 de la infracci髇, tal y como se definen en el cap韙ulo III del t韙ulo I de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
• f) La puesta en peligro de la salud p鷅lica o vidas humanas con la comisi髇 de la infracci髇.
• g) La situaci髇 de sobreexplotaci髇 de los recursos pesqueros afectados. Podr� aplicarse cuando dicha situaci髇 est� recogida en la normativa nacional, comunitaria o internacional correspondiente
• h) La realizaci髇 de actividades pesqueras ilegales en zonas de veda o en un 醨ea de fondos prohibidos o antirreglamentarios.
• i) La comisi髇 de dos o m醩 hechos tipificados en el mismo precepto legal, cuando no constituyan distintas infracciones.

3. Los criterios de graduaci髇 o agravantes recogidos en los apartados anteriores no podr醤 utilizarse para agravar o atenuar la infracci髇 cuando est閚 contenidos en la descripci髇 de la conducta infractora o formen parte del propio il韈ito administrativo.

4. De conformidad con los criterios expuestos en los anteriores apartados y de acuerdo con los l韒ites fijados en el art韈ulo 106 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, las sanciones pecuniarias por infracciones leves, graves o muy graves se impondr醤 en los grados m韓imo, medio o m醲imo dentro de los siguientes tramos:

• a) Sanci髇 pecuniaria por infracci髇 leve:
  • 1.� Grado m韓imo: de 60 a 200 euros.
  • 2.� Grado medio: de 201 a 400 euros.
  • 3.� Grado m醲imo: de 401 a 600 euros.
• b) Sanci髇 pecuniaria por infracci髇 grave:
  • 1.� Grado m韓imo: de 601 a 15.000 euros.
  • 2.� Grado medio: de 15.001 a 40.000 euros.
  • 3.� Grado m醲imo: de 40.001 a 60.000 euros.
• c) Sanci髇 pecuniaria por infracci髇 muy grave:
  • 1.� Grado m韓imo: de 60.001 a 120.000 euros.
  • 2.� Grado medio: de 120.001 a 240.000 euros.
  • 3.� Grado m醲imo: de 240.001 a 600.000 euros.

Art韈ulo 14 Plazo de tramitaci髇

1. El plazo m醲imo para tramitar, resolver y notificar la resoluci髇 sancionadora ser� de seis meses para las infracciones leves y de nueve meses para las infracciones graves y muy graves. Dicho plazo se computar� desde la adopci髇 del acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento.

2. Transcurrido este plazo el 髍gano competente para resolver declarar� la caducidad de las actuaciones, sin perjuicio de solicitar asimismo al 髍gano competente el inicio de un nuevo procedimiento, en tanto no haya prescrito la infracci髇.

Art韈ulo 15 Ampliaci髇 y suspensi髇 del plazo

1. Podr� acordarse la ampliaci髇 del plazo de tramitaci髇 del procedimiento sancionador cuando, por causa justificada y debidamente motivada, se estime necesaria para garantizar el acierto y legalidad de la resoluci髇, cuando falten elementos de juicio suficientes, o cuando los interesados tengan su domicilio fuera del territorio espa駉l.

2. Asimismo, el plazo m醲imo del art韈ulo anterior podr� ser objeto de suspensi髇, de acuerdo con los art韈ulos 27 y 35 de este reglamento, o por causas imputables a los interesados, y por las dem醩 previstas en las leyes.

3. La ampliaci髇 o suspensi髇 ser� acordada por el 髍gano competente para resolver el procedimiento, bien de oficio o bien a propuesta razonada del 髍gano instructor y notificada al interesado, salvo en lo dispuesto en el apartado 5.

4. Lo dispuesto en este art韈ulo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los art韈ulos 42 y 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Siempre que los presuntos responsables residan en el extranjero, o cuando residiendo en Espa馻, fuera necesario cumplimentar alg鷑 tr醡ite en el extranjero, se har� efectiva, desde el acuerdo de iniciaci髇, la posibilidad de ampliaci髇 de plazos a que se refiere el art韈ulo 49.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Art韈ulo 16 Actuaciones previas

1. Con anterioridad al acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento, el 髍gano competente para la iniciaci髇 o resoluci髇 del mismo podr� acordar la realizaci髇 de las actuaciones previas necesarias, que se realizar醤 al amparo y bajo las condiciones fijadas en el art. 95 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, con objeto de determinar si concurren las circunstancias que justifiquen tal iniciaci髇.

2. En especial, estas actuaciones se orientar醤 a determinar, con la mayor precisi髇 posible, los hechos susceptibles de motivar la incoaci髇 del procedimiento, la identificaci髇 de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

3. Si, identificados los presuntos responsables tuviesen los mismos domicilio en un pa韘 extranjero se les requerir� para que se馻len uno radicado en Espa馻 a efectos de notificaci髇.

4. Las actuaciones previas ser醤 realizadas por el funcionario u 髍gano administrativo que determine el 髍gano competente para la iniciaci髇 o resoluci髇 del procedimiento y, en su caso, por los 髍ganos que tienen atribuidas las funciones de control e inspecci髇 de la actividad de pesca mar韙ima en el 醡bito de competencias de la Administraci髇 General del Estado en los t閞minos previstos en el Real Decreto 176/2003, de 14 de febrero, que regula el ejercicio de las funciones de control e inspecci髇 de las actividades de pesca mar韙ima, y el art韈ulo 95 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.

Art韈ulo 17 Medidas provisionales

1. Antes de la iniciaci髇 del procedimiento sancionador el Delegado del Gobierno en la comunidad aut髇oma competente, o cualquiera de las autoridades a que se refiere el art韈ulo 97.1 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, podr� adoptar las medidas provisionales que estime necesarias para:

• a) Asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pudiera recaer.
• b) Garantizar el buen fin del procedimiento.
• c) Evitar el mantenimiento de los efectos de la infracci髇.
• d) Garantizar los intereses generales.

2. Tendr醤 la consideraci髇 de medidas provisionales, entre otras:

• a) La retenci髇 de la embarcaci髇 o el decomiso de los artes, aparejos y 鷗iles de pesca.
• b) El apresamiento del buque.
• c) El regreso a puerto del buque.
• d) La suspensi髇 temporal de las actividades.
• e) La suspensi髇 de las autorizaciones de pesca.
• f) El decomiso de las capturas pesqueras o de los productos de la pesca o de los productos o bienes obtenidos, incluido a estos efectos el importe econ髆ico de la venta de los bienes o productos decomisados.
• g) La prestaci髇 de garant韆. En el supuesto de exigencia de garant韆, 閟ta no podr� exceder del importe de la sanci髇 pecuniaria que como m醲imo pudiera corresponder por la infracci髇 o infracciones presuntamente cometidas.

Las medidas de los apartados a), b), e) y f) proceder醤 tan s髄o para los supuestos de infracciones graves o muy graves.

3. Las medidas provisionales deber醤 ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento, dentro del plazo de quince d韆s desde su adopci髇. Las medidas adoptadas quedar醤 sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciaci髇 no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas, salvo en el supuesto previsto en la secci髇 8.� del presente reglamento, cuando sea necesaria una previa notificaci髇 al Estado de bandera antes de proceder al inicio del procedimiento sancionador, en cuyo caso podr醤 confirmarse las citadas medidas quedando suspendida la incoaci髇 del procedimiento hasta la cumplimentaci髇 de dicho tr醡ite.

4. Cuando por razones de urgencia o de necesidad, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 97.3 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, las medidas provisionales se adoptaren verbalmente 閟tas deber醤 reflejarse en acuerdo escrito y motivado por la autoridad competente para su adopci髇 a la mayor brevedad posible y en todo caso, en un plazo no superior a cinco d韆s, dando traslado del mismo al interesado.

5. Cuando las medidas provisionales son adoptadas por el inspector de pesca en el acta, deber醤 asimismo ser objeto de confirmaci髇, modificaci髇 o levantamiento en el acuerdo de inicio del procedimiento, en el citado plazo de quince d韆s, so pena de que devengan ineficaces.

6. Iniciado el procedimiento sancionador, la adopci髇 de medidas provisionales corresponder� al 髍gano competente para su resoluci髇, sin perjuicio de que por razones de urgencia inaplazable, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento o el 髍gano instructor puedan adoptar las que resulten necesarias.

7. La adopci髇 de estas medidas se realizar� mediante acuerdo motivado, poniendo de relieve en cada caso concreto su necesidad en funci髇 de los objetivos que se pretendan garantizar, as� como su intensidad y proporcionalidad en relaci髇, entre otras, con las siguientes circunstancias:

• a) Naturaleza del posible perjuicio causado.
• b) Necesidad de garantizar la efectividad de la resoluci髇 sancionadora.
• c) Necesidad de evitar la continuidad de los efectos de los hechos denunciados.
• d) Cualquier otra circunstancia de espec韋ica gravedad que justifique la adopci髇 de dichas medidas.

8. Las medidas provisionales podr醤 ser alzadas o modificadas durante la tramitaci髇 del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopci髇.

9. Las medidas provisionales adoptadas se extinguir醤 al dictarse la resoluci髇 administrativa que ponga fin al procedimiento sancionador. No obstante, en la resoluci髇 se adoptar醤, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar la eficacia de la misma en tanto no sea ejecutiva.

10. El importe de los gastos derivados de la adopci髇 de las medidas anteriormente descritas correr醤 a cargo del presunto infractor.

Art韈ulo 18 Del destino de los bienes y productos retenidos, incautados y decomisados

1. El destino de las capturas pesqueras y/o productos de la pesca decomisados ser� el siguiente:

• a) En el supuesto de capturas pesqueras decomisadas que tuviesen posibilidades de sobrevivir, el inspector de pesca instar� su devoluci髇 al medio marino en los t閞minos previstos en el Real Decreto 176/2003, de 14 de febrero.
• b) En caso contrario, en el supuesto de capturas pesqueras decomisadas aptas para el consumo, el inspector, en el supuesto de que no se haya iniciado el procedimiento sancionador o bien, el 髍gano competente para la iniciaci髇 o en su caso resoluci髇 del procedimiento, en funci髇 de la fase procedimental en la que se encuentre el expediente, podr� disponer a darles alguno de los siguientes destinos:
  • 1.� Distribuirse entre entidades ben閒icas y otras instituciones p鷅licas y privadas sin 醤imo de lucro. Esta opci髇 tendr� car醕ter preferente.
  • 2.� Venderse en lonja o lugar autorizado, quedando el importe de dicha venta en dep髎ito a disposici髇 del 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
  • 3.� Con car醕ter subsidiario, y cuando no sea posible la venta en lonja, se acordar� el inicio del procedimiento de subasta p鷅lica, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo siguiente.
  • 4.� Como 鷏tima opci髇, y 鷑icamente en los casos en que ninguna de las opciones anteriores sea posible, se categorizar醤 como subproductos animales no destinados al consumo humano, y se tratar醤 conforme a la normativa que les sea de aplicaci髇, salvo que en todo caso proceda su destrucci髇.
• c) En el supuesto de capturas pesqueras decomisadas no aptas para el consumo, se proceder� a su clasificaci髇 y tratamiento como subproductos animales no destinados al consumo humano, conforme a la normativa que les sea de aplicaci髇, salvo que en todo caso proceda su destrucci髇.

2. Los artes, aparejos o 鷗iles de pesca antirreglamentarios decomisados ser醤 destruidos. Los reglamentarios decomisados ser醤 devueltos al interesado previa constituci髇 de fianza u otra garant韆 financiera, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 98 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.

3. Si en la resoluci髇 del procedimiento sancionador no se apreciase la comisi髇 de la infracci髇, se acordar� la devoluci髇 de los productos o bienes incautados. Si el interesado no se hiciese cargo de los mismos en el plazo de un a駉 desde que haya sido requerido para ello, 閟tos quedar醤 a disposici髇 del Ministerio de Agricultura, Alimentaci髇 y Medio Ambiente, procediendo, en su caso, a ordenar su venta en subasta p鷅lica, su entrega a entidades ben閒icas y otras instituciones p鷅licas o privadas sin 醤imo de lucro o a su destrucci髇.

4. Si en la resoluci髇 del procedimiento sancionador se apreciase la comisi髇 de infracci髇, los productos o bienes incautados o decomisados que no sean susceptibles de un uso l韈ito ser醤 destruidos. Si su uso fuese l韈ito y siempre que en la resoluci髇 sancionadora no se establezca dicha incautaci髇 o decomiso como sanci髇 o como disposici髇 cautelar para garantizar la ejecuci髇 de la sanci髇, se acordar� la devoluci髇 de los mismos. Si el interesado no se hiciese cargo de estos en el plazo de un a駉 desde que haya sido requerido para ello, quedar醤 a disposici髇 del Ministerio Agricultura, Alimentaci髇 y Medio Ambiente que deber� decidir su destino, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

5. En cuanto a los buques retenidos, ser醤 liberados sin dilaci髇, previa constituci髇 de garant韆 financiera legalmente prevista cuya cuant韆 ser� fijada por el 髍gano competente, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 98.1 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.

De no prestarse garant韆 en el plazo de un mes desde su fijaci髇, sin perjuicio de las pr髍rogas que, en su caso, se hubiesen concedido, el buque quedar� a disposici髇 del Ministerio de Agricultura, Alimentaci髇 y Medio Ambiente, que proceder� a decidir sobre su ubicaci髇 y destino, en tanto no se dicte la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento.

Los gastos derivados de la adopci髇 de estas medidas, en relaci髇 con los buques retenidos respecto de los cuales no se constituya garant韆 financiera legalmente prevista, ser醤 por cuenta del presunto infractor.

6. Se dejar� constancia en el expediente de todas las actuaciones anteriores.

Art韈ulo 19 Desarrollo de la subasta p鷅lica de los bienes y productos aprehendidos, incautados y decomisados

1. Como norma general, la subasta se celebrar� en lonja, o, en su caso, en el correspondiente punto autorizado para la primera venta, cuando se trate de productos frescos, o bien en el establecimiento autorizado por la comunidad aut髇oma.

2. La ejecuci髇 material de la subasta se encargar� al adjudicatario de la lonja o establecimiento autorizado, previa valoraci髇 de los bienes o productos a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoraci髇.

3. La subasta se realizar� con sujeci髇 a las siguientes especialidades:

• a) No ser� necesaria la constituci髇 de dep髎ito previo para concurrir a la licitaci髇.
• b) El desarrollo de la licitaci髇 se realizar� conforme a las pr醕ticas habituales de este tipo de actos.
• c) En el acto de licitaci髇 estar� presente un funcionario designado por la Delegaci髇 del Gobierno.
• d) Concluida la subasta, el funcionario designado por la Delegaci髇 del Gobierno extender� diligencia en la que se hagan constar los elementos esenciales de la misma.

4. En aquellos supuestos en que no sea posible o no convenga promover la concurrencia, por razones debidamente justificadas en el expediente, proceder� la adjudicaci髇 directa de los bienes o productos incautados en las mejores condiciones econ髆icas. A estos efectos, el 髍gano competente para la iniciaci髇 del procedimiento proceder� conforme a las siguientes reglas:

• a) El procedimiento de adjudicaci髇 directa se anunciar� en el tabl髇 de anuncios de la Delegaci髇 del Gobierno en la comunidad aut髇oma competente, as� como a trav閟 de su sede electr髇ica y, en su caso, de la Subdelegaci髇 de Gobierno.
• b) Cuando el valor de los bienes supere la cuant韆 de 30.000 euros, el procedimiento de adjudicaci髇 se anunciar� en el Bolet韓 Oficial de la provincia en la que hayan sido aprehendidos, incautados o decomisados los bienes o productos. El 髍gano competente para la adjudicaci髇 podr� tambi閚 acordar la publicaci髇 en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de aquellos lugares donde est閚 situados los bienes, en medios de comunicaci髇 de gran difusi髇, en publicaciones especializadas o en cualquier otro medio adecuado al efecto.
• c) El 髍gano competente para la adjudicaci髇 ha de proceder a determinar el valor, con car醕ter previo, de los bienes o productos con referencia a precios de mercado, tratando de obtener, al menos, tres ofertas.
• d) La adjudicaci髇 se realizar� mediante acta expedida por el inspector de pesca mar韙ima o funcionario designado por el 髍gano que acuerde dicha adjudicaci髇, a favor de quien presente la oferta econ髆ica m醩 ventajosa. Los bienes ser醤 entregados al adjudicatario una vez se haya hecho efectivo el importe.

5. El importe de la venta realizada, mediante subasta o adjudicaci髇 directa, quedar� en dep髎ito en la Caja General de Dep髎itos a disposici髇 del 髍gano competente para resolver el procedimiento, debiendo observarse las condiciones establecidas por el Reglamento de la Caja General de Dep髎itos y dem醩 normativa de desarrollo, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero. Todo ello, a expensas de lo que se determine en la resoluci髇 del expediente sancionador, o de la ejecutoriedad efectiva de la resoluci髇, si 閟ta ya hubiera sido dictada.

Art韈ulo 19 bis Garant韆s financieras

Las fianzas o garant韆s financieras previstas normativamente y adoptadas en el marco del procedimiento sancionador en materia de pesca mar韙ima del Estado se constituir醤 a favor de la Secretaria General de Pesca, correspondiendo a 閟ta la adopci髇 de todos los acuerdos en relaci髇 con las mismas, en especial los acuerdos de incautaci髇, cancelaci髇 o devoluci髇.

LE0000732276_20220629Art韈ulo 19 bis introducido por la disposici髇 final segunda del R.D. 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales (獴.O.E.� 28 junio).Vigencia: 29 junio 2022

Art韈ulo 20 Forma de iniciaci髇

1. El procedimiento sancionador se iniciar� siempre de oficio por acuerdo del 髍gano competente en los t閞minos previstos en el art韈ulo 3 del presente reglamento.

Dicha iniciaci髇 se efectuar�:

• a) Por propia iniciativa.
• b) Como consecuencia de orden superior.
• c) A instancia del Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura u otros 髍ganos o autoridades en materia de pesca mar韙ima.
• d) Como consecuencia de denuncia sobre alg鷑 hecho o conducta que pudiera ser constitutiva de infracci髇.
• e) Como consecuencia del acta levantada por los inspectores de pesca mar韙ima u otros funcionarios o agentes de la autoridad.

2. La formulaci髇 de una petici髇 no vincula al 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador, si bien deber� comunicar de forma razonada al 髍gano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciaci髇 del procedimiento.

3. En los supuestos de denuncia, 閟ta deber� expresar la identidad de la persona o personas que la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracci髇 y la fecha de su comisi髇 y, cuando sea posible, la identificaci髇 de los presuntos responsables.

Cuando se haya presentado una denuncia se deber� comunicar al denunciante la iniciaci髇 o no del procedimiento.

4. En el supuesto de actas levantadas por los inspectores de pesca mar韙ima, o, en su caso, por otros agentes de la autoridad, que no den lugar a la iniciaci髇 de un procedimiento, el 髍gano competente para su iniciaci髇 habr� de comunicar, mediante acuerdo motivado, al Director General de Ordenaci髇 Pesquera, los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciaci髇 del procedimiento. De este acuerdo no es necesaria la notificaci髇 a los particulares.

Art韈ulo 21 Contenido del acuerdo de iniciaci髇

1. El acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento sancionador se formalizar�, como m韓imo, con las siguientes especificaciones:

• a) Identificaci髇 de la persona o personas presuntamente responsables.
• b) Exposici髇 sucinta de los hechos que motivan la incoaci髇 del procedimiento, su posible calificaci髇 y las sanciones que pudiesen corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucci髇.
• c) Nombramiento del instructor y, en su caso, del secretario, con expresa indicaci髇 del r間imen de recusaci髇 de los mismos.
• d) 觬gano competente para la resoluci髇 del procedimiento y norma que le atribuya la competencia.
• e) Medidas provisionales que se adopten en su caso, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante la tramitaci髇. En el caso de las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciaci髇 del procedimiento, se realizar� un pronunciamiento expreso acerca del destino de las mismas, su mantenimiento, modificaci髇 o levantamiento.
• f) Plazo m醲imo para dictar y notificar la resoluci髇.
• g) Indicaci髇 del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

2. El acuerdo de iniciaci髇 se comunicar� al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificar� al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal a la persona o personas presuntamente responsables.

Conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 96 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, los capitanes y patrones, o las personas interesadas que dirijan las actividades pesqueras, se entender醤 notificados una vez practicada la notificaci髇 al titular de la licencia de pesca con el que prestaren su servicio.

3. En los supuestos de notificaci髇 edictal, 閟ta habr� de practicarse por medio de un anuncio publicado en el 獴olet韓 Oficial del Estado� conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

V閍se, respecto a la entrada en vigor del presente apartado el 1 de junio de 2015, lo establecido en la disposici髇 transitoria segunda de este Reglamento (獴.O.E.� 14 marzo).LE0000548501_20220629

Art韈ulo 22 Colaboraci髇 y responsabilidad en la tramitaci髇

1. En los t閞minos previstos por el art韈ulo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los 髍ganos y dependencias administrativas pertenecientes a cualquiera de las Administraciones p鷅licas facilitar醤 al 髍gano instructor los antecedentes e informes necesarios, as� como los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actuaciones.

2. Las personas designadas como 髍gano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal funci髇 ser醤 responsables directos de la tramitaci髇 del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.

Art韈ulo 23 Actuaciones y alegaciones

1. Una vez notificado el acuerdo de iniciaci髇, los interesados, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 4, dispondr醤 de un plazo de quince d韆s para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenden valerse.

2. Cursada la notificaci髇, el instructor del procedimiento realizar� de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la acreditaci髇 de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanci髇.

3. Si como consecuencia de la instrucci髇 del procedimiento resultase modificada la determinaci髇 inicial de los hechos, de su posible calificaci髇, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanci髇, se proceder� a su notificaci髇 al presunto responsable en la propuesta de resoluci髇.

Art韈ulo 24 Prueba

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el art韈ulo 23, el 髍gano instructor podr� acordar la apertura de un per韔do de prueba, por un plazo no superior a treinta d韆s ni inferior a diez. La pr醕tica de las pruebas, entendi閚dose por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento del procedimiento, se realizar� de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El instructor ordenar� la pr醕tica de cuantas pruebas estime necesarias, a fin de acreditar la efectiva realizaci髇 de la conducta infractora y la determinaci髇 de la identidad de los presuntos infractores.

3. El instructor tan s髄o podr� rechazar las pruebas propuestas por los inculpados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante acuerdo motivado, debidamente notificado a aquellos, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El acuerdo motivado de la denegaci髇 de la pr醕tica de la prueba podr� incorporarse a la propuesta de resoluci髇.

4. Cuando la prueba consista en la emisi髇 de un informe de un 髍gano administrativo o entidad p鷅lica, y sea admitida a tr醡ite, se entender� que tiene los efectos suspensivos previstos en el art韈ulo 42.5.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:

• a) Cuando el informe sea a solicitud del interesado.
• b) Cuando el informe sea solicitado por el 髍gano instructor por ser preceptivo el mismo, a efectos de validez de la prueba, por requerirlo as� el derecho internacional o comunitario.

5. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condici髇 de autoridad y ejerzan funciones de inspecci髇, que se formalicen en documento p鷅lico observando los requisitos legales pertinentes, gozar醤 de presunci髇 de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan se馻lar o aportar los propios interesados.

6. Cuando la valoraci髇 de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento b醩ico de la decisi髇 que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la evaluaci髇 de los hechos, deber� incluirse en la propuesta de resoluci髇.

Art韈ulo 25 Propuesta de resoluci髇

1. Concluida, en su caso, la prueba, el 髍gano instructor del procedimiento formular� propuesta de resoluci髇. En la misma se fijar醤 de forma motivada los hechos, especific醤dose los que se consideren probados y su exacta calificaci髇 jur韉ica, se determinar� la infracci髇 que, en su caso, constituyan y la persona o personas que resulten responsables, as� como la sanci髇 que propone que se imponga, o bien propondr� la declaraci髇 de no existencia de infracci髇 o responsabilidad.

2. En el supuesto de que se hubiesen adoptado medidas provisionales, se har醤 constar en la propuesta de resoluci髇.

3. De conformidad con la normativa en vigor, la propuesta de resoluci髇 deber� informar expresamente de la posibilidad de que las infracciones puedan llevar aparejadas la asignaci髇 de puntos correspondiente con la imposici髇 de la sanci髇.

Art韈ulo 26 Audiencia

1. La propuesta de resoluci髇 se notificar� a los interesados, acompa馻da de una relaci髇 de los documentos obrantes en el expediente a fin de que puedan solicitar las copias de los que estimen convenientes.

2. El plazo de audiencia ser� de 15 d韆s, durante los cuales los interesados podr醤 formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.

3. Concluido el plazo de audiencia, el instructor cursar� inmediatamente al 髍gano competente para resolver el procedimiento, la propuesta de resoluci髇, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

Art韈ulo 27 Actuaciones complementarias

1. El 髍gano competente para resolver podr� decidir, mediante acuerdo motivado, la realizaci髇 de las actuaciones complementarias indispensables para la correcta determinaci髇 de los hechos o para la adecuada resoluci髇 del procedimiento. El acuerdo de realizaci髇 de actuaciones complementarias se notificar� a los interesados, quedando suspendido el plazo para resolver el procedimiento hasta la terminaci髇 de las actuaciones complementarias, que deber醤 practicarse en un plazo no superior a quince d韆s y cuyo resultado se notificar� a los interesados.

2. Tendr醤 la consideraci髇 de actuaciones complementarias aquellos informes o ampliaciones de los existentes que resulten determinantes para dictar la resoluci髇, entendi閚dose por tales los que mediante acuerdo motivado del 髍gano competente para resolver se acrediten como imprescindibles para la correcta determinaci髇 de los hechos o para la adecuada resoluci髇 del procedimiento.

Art韈ulo 28 Resoluci髇

1. El 髍gano competente conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 112 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, dictar� resoluci髇 que ser� motivada y decidir� todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resoluci髇 se adoptar� respetando el plazo fijado en el art韈ulo 14, una vez recibidos la propuesta de resoluci髇 y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el expediente, sin perjuicio de las posibles ampliaciones o suspensiones de plazo previstas en este reglamento y dem醩 disposiciones que resulten de aplicaci髇.

2. La resoluci髇 se notificar� a los interesados. Si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o petici髇 razonada, la resoluci髇 se comunicar� al 髍gano administrativo autor de aqu閘la.

3. En la resoluci髇 no se podr醤 aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucci髇 del procedimiento o, en su caso, de los que resulten de las actuaciones complementarias con independencia de su diferente valoraci髇 jur韉ica.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el 髍gano competente para resolver no est� vinculado por la sanci髇 contenida en la propuesta de resoluci髇 del instructor, no obstante, cuando estime que la infracci髇 reviste mayor gravedad de conformidad con la calificaci髇 de los art韈ulos 100 y 101 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, se notificar� al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concedi閚dosele para ello un plazo de quince d韆s.

5. La resoluci髇 del procedimiento sancionador incluir� la valoraci髇 de las pruebas practicadas y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos b醩icos de la decisi髇, fijar� los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracci髇 o infracciones cometidas y la sanci髇 o sanciones que se imponen, o bien la declaraci髇 de no existencia de la infracci髇 o responsabilidad.

Cuando se den las circunstancias legalmente previstas, y de conformidad con las disposiciones de los art韈ulos 108 y 109 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, la resoluci髇 deber� expresar los requisitos y efectos de la posible reducci髇 del 30 por ciento de la sanci髇 pecuniaria.

6. La resoluci髇 no pone fin a la v韆 administrativa, por lo que podr� ser recurrible en alzada ante el 髍gano superior jer醨quico del que la dict�, lo que deber� indicarse expresamente en la resoluci髇, as� como el plazo legalmente establecido para ello, en los t閞minos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en los art韈ulos 108 y 109 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, sobre los efectos de la reducci髇 de la sanci髇 pecuniaria.

7. En la resoluci髇 podr醤 adoptarse las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. Dichas medidas podr醤 consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado con anterioridad, de conformidad con el art韈ulo 17.

8. La resoluci髇 ser� ejecutiva cuando sea firme en v韆 administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 110 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, en relaci髇 con la suspensi髇 condicional.

Art韈ulo 29 Reconocimiento de responsabilidad

1. En el supuesto de que el interesado manifieste su acuerdo con la propuesta de sanci髇, en cualquier momento anterior a la resoluci髇 del procedimiento, el 髍gano instructor solicitar� la conformidad del 髍gano competente para resolver acerca de la finalizaci髇 del procedimiento en un plazo no superior a cinco d韆s desde la recepci髇 del acuerdo del interesado.

El 髍gano competente habr� de comunicar al instructor dicha conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha de recepci髇 por el mismo del acuerdo del interesado. En este supuesto, el instructor emitir� diligencia, que se notificar� a los interesados, declarando la finalizaci髇 del procedimiento y acordando su ejecuci髇 y el archivo definitivo de las actuaciones. Cuando se den las circunstancias legalmente previstas, y de conformidad con las disposiciones de los art韈ulos 108 y 109 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, la diligencia deber� expresar los requisitos y efectos de la posible reducci髇 del 50 por ciento de la sanci髇 pecuniaria.

El vencimiento del plazo se馻lado sin que se haya pronunciado expresamente el 髍gano competente para resolver determinar� la conformidad con la propuesta de resoluci髇.

2. En el supuesto de que el 髍gano competente para resolver el procedimiento rectifique la propuesta de sanci髇 se notificar� al instructor dentro del plazo de dos meses antes citado, debiendo 閟te trasladarlo al interesado. En dicho escrito de rectificaci髇 se deber� indicar al interesado su derecho a formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 15 d韆s contados desde el siguiente a la notificaci髇. La conformidad del interesado a la rectificaci髇 realizada determinar� la finalizaci髇 del procedimiento, previa diligencia del instructor declarando la finalizaci髇 del mismo y acordando su ejecuci髇 y el archivo definitivo de las actuaciones, con acuerdo del 髍gano competente para resolver.

3. Si hubiese transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hayan producido o si el interesado manifiesta su disconformidad, el 髍gano competente para resolver el procedimiento, notificar� expresamente la resoluci髇.

Art韈ulo 30 Tramitaci髇 abreviada

1. Cuando al tiempo de iniciarse el procedimiento sancionador el 髍gano competente dispusiese de todos los elementos que permitan formular la propuesta de resoluci髇, 閟ta se incorporar� al acuerdo de iniciaci髇.

2. Dicho acuerdo se comunicar� al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto y se notificar� a los interesados, entendiendo por tal a la persona o personas presuntamente responsables de la infracci髇.

3. En la notificaci髇 se advertir� expresamente a los interesados que disponen de un plazo de audiencia de quince d韆s, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 26.2 de este reglamento.

En el caso de que los interesados propongan expresamente en sus alegaciones la pr醕tica de prueba, el instructor podr� ordenar o rechazar la pr醕tica de prueba seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 24, mediante acuerdo motivado debidamente notificado a aqu閘los, y proceder� a formular nueva propuesta de resoluci髇, reiter醤dose o no, en la inicialmente notificada seg鷑 el apartado primero, debiendo verificarse en todo caso el cumplimiento de lo estipulado en los art韈ulo 25 y 26.

4. La tramitaci髇 abreviada prevista en este precepto podr� aplicarse a las infracciones leves o a las graves en las que la sanci髇 pecuniaria se grad鷈 en su grado m韓imo.

Art韈ulo 31 Procedimiento simplificado

Cuando el 髍gano competente para la iniciaci髇 del procedimiento estime que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracci髇 como leve, se tramitar� el procedimiento simplificado.

Art韈ulo 32 Tramitaci髇

1. La iniciaci髇 se producir� por acuerdo del 髍gano competente, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 3, especific醤dose en el acuerdo de iniciaci髇 el car醕ter simplificado del procedimiento.

2. En el plazo de un mes a partir de la comunicaci髇 y notificaci髇 del acuerdo de iniciaci髇, el 髍gano instructor y los interesados efectuar醤, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportaci髇 de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposici髇 y pr醕tica de la prueba.

3. Transcurrido dicho plazo, el 髍gano competente para la instrucci髇 formular� propuesta de resoluci髇 de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 25 o, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracci髇 grave o muy grave, acordar� que contin鷈 tramit醤dose el procedimiento general, notific醤dolo a los interesados para que, en el plazo de cinco d韆s, propongan prueba si lo consideran conveniente.

4. El procedimiento se remitir� al 髍gano competente para resolver, el cual dictar� en el plazo de cinco d韆s resoluci髇 en la forma y con los efectos previstos en el art韈ulo 28.

5. El procedimiento deber� resolverse y notificarse en el plazo m醲imo de seis meses desde que se inici�.

Art韈ulo 33 Procedimiento de suspensi髇 condicional

1. El infractor podr� solicitar en el plazo de un mes, contado a partir de la notificaci髇 que pone fin a la v韆 administrativa, la suspensi髇 condicional de la ejecuci髇 de la sanci髇 impuesta, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 110 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. No podr� solicitarse la suspensi髇 condicional en tanto no haya reca韉o resoluci髇 del recurso administrativo que, en su caso, se haya interpuesto o haya transcurrido el plazo para su interposici髇 sin que 閟ta se haya producido.

2. Dicha solicitud, a los efectos de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el art韈ulo 110.2 de la citada Ley 3/2001, de 26 de marzo, habr� de acompa馻rse de una declaraci髇 responsable del infractor en la que se haga constar que no ha sido sancionado en materia de pesca mar韙ima en los 鷏timos cinco a駉s.

3. A los efectos de la resoluci髇 de la suspensi髇 condicional, se solicitar� informe preceptivo del Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, que deber� emitirse en el plazo de un mes.

4. El plazo m醲imo para dictar y notificar la resoluci髇 del Ministro de Agricultura, Alimentaci髇 y Medio Ambiente sobre la concesi髇 o denegaci髇 de la suspensi髇 condicional ser� de seis meses, desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 髍gano competente para su resoluci髇. Conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 110.4 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, los interesados podr醤 entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.

Art韈ulo 34 Objeto

1. En virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 2, apartados c) y d), las personas f韘icas o jur韉icas que incumplan las obligaciones derivadas de las medidas de conservaci髇 y gesti髇 establecidas en el derecho internacional en alta mar a bordo de buques de pa韘es terceros, podr醤 ser sancionadas cuando el Estado de bandera no haya ejercido su competencia sancionadora, al amparo de lo establecido en el t韙ulo V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, y en el Real Decreto 1134/2002, de 31 de octubre, sobre aplicaci髇 de sanciones en materia de pesca mar韙ima a espa駉les enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia, as� como en la presente disposici髇, cualquiera que sea su grado de responsabilidad por la participaci髇 en los hechos constitutivos de infracci髇.

2. A los efectos de la aplicaci髇 de este procedimiento, se entiende que el Estado de bandera no ejerce su competencia sancionadora, cuando en el plazo de tres meses desde que le fue notificada, por conducto oficial, la conducta presuntamente infractora, fehacientemente probada, bien no respondiera por conducto oficial, con menci髇 de las actuaciones practicadas, o no hubiera llevado a cabo dichas actuaciones necesarias para sancionar.

Art韈ulo 35 Procedimiento

1. La notificaci髇 al Estado de bandera por conducto oficial de la conducta, presuntamente infractora, consistente en el incumplimiento de obligaciones derivadas de medidas de conservaci髇 y gesti髇 establecidas en el derecho internacional, se realizar� por la representaci髇 diplom醫ica de Espa馻, salvo que conste en el procedimiento que ya hubiera sido efectuada anteriormente por 髍ganos u organismos comunitarios o internacionales, en cuyo caso, se considerar� 閟ta como v醠ida a los efectos previstos en este reglamento.

2. El plazo de tres meses empezar� a contar a partir del momento en que conste la entrada de la notificaci髇 en el 髍gano correspondiente del Estado de pabell髇.

3. Si en el plazo de tres meses el Estado de pabell髇 no hubiera contestado a la notificaci髇 ni iniciado procedimiento alguno, el 髍gano competente podr� iniciar procedimiento sancionador contra las personas f韘icas o jur韉icas responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, y en este reglamento.

Art韈ulo 36 Ejercicio de la competencia sancionadora por el Estado de bandera

Reca韉a resoluci髇 firme en el Estado de pabell髇, el 髍gano competente para resolver podr� determinar la apertura del expediente sancionador, teniendo en cuenta, en todo caso, la sanci髇 reca韉a a efectos de graduar, o en su caso, compensar, la que se imponga, sin perjuicio de la declaraci髇 de la infracci髇. A estos efectos ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en los art韈ulos 8 y 17.3 del presente reglamento.