Art�culo 1 Objeto y �mbito de aplicaci�n

1. La potestad sancionadora se ejercer� mediante el procedimiento establecido en este Reglamento, en defecto total o parcial de procedimientos espec�ficos previstos en las correspondientes normas, en los supuestos siguientes:

• a) Por la Administraci�n General del Estado, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia exclusiva.
• b) Por la Administraci�n de las Comunidades Aut�nomas, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia normativa plena.
• c) Por las entidades que integran la Administraci�n Local, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia normativa plena.

2. Asimismo, se aplicar� este Reglamento a los procedimientos sancionadores establecidos por ordenanzas locales que tipifiquen infracciones y sanciones, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia normativa plena, en lo no previsto por tales ordenanzas.

3. Quedan excluidos del presente Reglamento los procedimientos de ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y los procedimientos para la imposici�n de sanciones por infracciones en el orden social. No obstante, este Reglamento tiene car�cter supletorio de las regulaciones de tales procedimientos.

Las disposiciones de este Reglamento no son de aplicaci�n ni tienen car�cter supletorio respecto del ejercicio por las Administraciones P�blicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes est�n vinculados a ellas por una relaci�n contractual.

Art�culo 2 Imposici�n de sanciones

1. La aplicaci�n de las graduaciones reglamentarias de los cuadros de infracciones y sanciones legalmente establecidas deber� atribuir a la infracci�n cometida una sanci�n concreta y adecuada, aun cuando las Leyes prevean como infracciones los incumplimientos totales o parciales de las obligaciones establecidas en ella.

2. Asimismo, las Entidades que integran la Administraci�n Local, cuando tipifiquen como infracciones hechos y conductas mediante ordenazas, y tipifiquen como infracci�n de ordenanzas el incumplimiento total o parcial de las obligaciones o prohibiciones establecidas en las mismas, al aplicarlas deber�n respetar en todo caso las tipificaciones previstas en la Ley.

Art�culo 3 Transparencia del procedimiento

1. El procedimiento se desarrollar� de acuerdo con el principio de acceso permanente. A estos efectos, en cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitaci�n y acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo.

2. Asimismo, y con anterioridad al tr�mite de audiencia, los interesados podr�n formular alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

3. El acceso a los documentos que obren en los expedientes sancionadores ya concluidos se regir� por lo dispuesto en el art�culo 37 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.

4. Con objeto de garantizar la transparencia en el procedimiento, la defensa del imputado y la de los intereses de otros posibles afectados, as� como la eficacia de la propia Administraci�n, cada procedimiento sancionador que se tramite se formalizar� sistem�ticamente, incorporando sucesiva y ordenadamente los documentos, testimonios, actuaciones, actos administrativos, notificaciones y dem�s diligencias que vayan apareciendo o se vayan realizando. El procedimiento as� formalizado se custodiar� bajo la responsabilidad del �rgano competente en cada fase del procedimiento hasta el momento de la remisi�n de la propuesta de resoluci�n al �rgano correspondiente para resolver, quien se har� cargo del mismo y de su continuaci�n hasta el archivo definitivo de las actuaciones.

Art�culo 4 R�gimen, aplicaci�n y eficacia de las sanciones administrativas

1. S�lo se podr�n sancionar infracciones consumadas y respecto de conductas y hechos constitutivos de infracciones administrativas delimitadas por Ley anterior a su comisi�n y, en su caso, graduadas por las disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Las disposiciones sancionadoras no se aplicar�n con efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al presunto infractor.

2. El cumplimiento o ejecuci�n de las medidas de car�cter provisional o de las disposiciones cautelares que, en su caso, se adopten se compensar�n, cuando sea posible, con la sanci�n impuesta.

3. En defecto de regulaci�n espec�fica establecida en la norma correspondiente, cuando lo justifique la debida adecuaci�n entre la sanci�n que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracci�n y las circunstancias concurrentes, el �rgano competente para resolver podr� imponer la sanci�n en su grado m�nimo.

4. En defecto de regulaci�n espec�fica establecida en la norma correspondiente, cuando de la comisi�n de una infracci�n derive necesariamente la comisi�n de otra u otras, se deber� imponer �nicamente la sanci�n correspondiente a la infracci�n m�s grave cometida.

5. Las sanciones s�lo ser�n ejecutivas en la forma y circunstancias prescritas por las Leyes y este Reglamento.

En los casos y forma previstos por las Leyes, la Administraci�n podr� resolver motivadamente la remisi�n condicional que deje en suspenso la ejecuci�n de la sanci�n.

6. No se podr�n iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisi�n el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya reca�do una primera resoluci�n sancionadora de los mismos, con car�cter ejecutivo.

Asimismo, ser� sancionable, como infracci�n continuada, la realizaci�n de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecuci�n de un plan preconcebido o aprovechando id�ntica ocasi�n.

Art�culo 5 Concurrencia de sanciones

1. El �rgano competente resolver� la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucci�n de los procedimientos sancionadores en que quede acreditado que ha reca�do sanci�n penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que concurra, adem�s, identidad de sujeto y fundamento.

2. El �rgano competente podr� aplazar la resoluci�n del procedimiento si se acreditase que se est� siguiendo un procedimiento por los mismos hechos ante los Organos Comunitarios Europeos. La suspensi�n se alzar� cuando se hubiese dictado por aqu�llos resoluci�n firme.

Si se hubiera impuesto sanci�n por los Organos Comunitarios, el �rgano competente para resolver deber� tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la comisi�n de la infracci�n.

Art�culo 6 Prescripci�n y archivo de las actuaciones

1. Cuando de las actuaciones previas se concluya que ha prescrito la infracci�n, el �rgano competente acordar� la no procedencia de iniciar el procedimiento sancionador. Igualmente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en cualquier momento, que hubiera prescrito la infracci�n, el �rgano competente resolver� la conclusi�n del procedimiento, con archivo de las actuaciones. En ambos casos, se notificar� a los interesados el acuerdo o la resoluci�n adoptados.

Asimismo, cuando haya transcurrido el plazo para la prescripci�n de la sanci�n, el �rgano competente lo notificar� a los interesados.

2. Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inici� el procedimiento sin haberse practicado la notificaci�n de �ste al imputado, se proceder� al archivo de las actuaciones, notific�ndoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.

Art�culo 7 Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal

1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los �rganos competentes estimen que los hechos tambi�n pudieran ser constitutivos de il�cito penal, lo comunicar�n al Ministerio Fiscal, solicit�ndole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicaci�n.

En estos supuestos, as� como cuando los �rganos competentes tengan conocimiento de que se est� desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitar�n del �rgano judicial comunicaci�n sobre las actuaciones adoptadas.

2. Recibida la comunicaci�n, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracci�n administrativa y la infracci�n penal que pudiera corresponder, el �rgano competente para la resoluci�n del procedimiento acordar� su suspensi�n hasta que recaiga resoluci�n judicial.

3. En todo caso, los hechos declarados probados por resoluci�n judicial penal firme vinculan a los �rganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

Art�culo 8 Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podr� resolver el procedimiento, con la imposici�n de la sanci�n que proceda.

2. Cuando la sanci�n tenga car�cter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la resoluci�n, podr� implicar igualmente la terminaci�n del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

En los t�rminos o per�odos expresamente establecidos por las correspondientes disposiciones legales, se podr�n aplicar reducciones sobre el importe de la sanci�n propuesta, que deber�n estar determinadas en la notificaci�n de la iniciaci�n del procedimiento.

Art�culo 9 Comunicaci�n de indicios de infracci�n

Cuando, en cualquier fase del procedimiento sancionador, los �rganos competentes consideren que existen elementos de juicio indicativos de la existencia de otra infracci�n administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicar�n al �rgano que consideren competente.

Art�culo 10 �rganos competentes

1. A efectos de este Reglamento, son �rganos administrativos competentes para la iniciaci�n, instrucci�n y resoluci�n de los procedimientos sancionadores las unidades administrativas a las que, de conformidad con los art�culos 11 y 21 de la LRJ-PAC, cada Administraci�n atribuya estas competencias, sin que puedan atribuirse al mismo �rgano para las fases de instrucci�n y resoluci�n del procedimiento.

2. Los �rganos competentes para la iniciaci�n, instrucci�n y resoluci�n son los expresamente previstos en las normas sancionadoras y, en su defecto, los que resulten de las normas que sobre atribuci�n y ejercicio de competencias est�n establecidas en el Cap�tulo I del T�tulo II de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. Cuando de la aplicaci�n de las reglas anteriores no quede especificado el �rgano competente para iniciar el procedimiento, se entender� que tal competencia corresponde al �rgano que la tenga para resolver.

En el �mbito de la Administraci�n Local son �rganos competentes para la resoluci�n los Alcaldes u otros �rganos, cuando as� est� previsto en las correspondientes normas de atribuci�n de competencias.

3. En defecto de previsiones de desconcentraci�n en las normas de atribuci�n de competencias sancionadoras, y en el �mbito de la Administraci�n General del Estado, mediante una disposici�n administrativa de car�cter general se podr� desconcentrar la titularidad y el ejercicio de las competencias sancionadoras en �rganos jer�rquicamente dependientes de aqu�llos que las tengan atribuidas. La desconcentraci�n deber� ser publicada en el �Bolet�n Oficial del Estado�. Los �rganos en que se haya desconcentrado competencias no podr�n desconcentrar �stas a su vez.

Los Alcaldes y los Plenos de las Entidades Locales, mediante la correspondiente norma de car�cter general, podr�n desconcentrar en las Comisiones de Gobierno, los Concejales y los Alcaldes las competencias sancionadoras que tengan atribuidas. Esta desconcentraci�n estar� sometida a los mismos l�mites y requisitos establecidos en el p�rrafo anterior. La norma de desconcentraci�n se publicar� en el �Bolet�n Oficial� de la provincia y en el tabl�n de edictos del Ayuntamiento o medio de publicaci�n equivalente.

Art�culo 11 Forma de iniciaci�n

1. Los procedimientos sancionadores se iniciar�n siempre de oficio, por acuerdo del �rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petici�n razonada de otros �rganos o denuncia.

A efectos del presente Reglamento, se entiende por:

• a) Propia iniciativa: La actuaci�n derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de constituir infracci�n por el �rgano que tiene atribuida la competencia de iniciaci�n, bien ocasionalmente o por tener la condici�n de autoridad p�blica o atribuidas funciones de inspecci�n, averiguaci�n o investigaci�n.
• b) Orden superior: La orden emitida por un �rgano administrativo superior jer�rquico de la unidad administrativa constituye el �rgano competente para la iniciaci�n, y que expresar�, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas y hechos que pudieran constituir infracci�n administrativa y su tipificaci�n; as� como el lugar, la fecha, fechas o per�odos de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
• c) Petici�n razonada: La propuesta de iniciaci�n del procedimiento formulada por cualquier �rgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento y que ha tenido conocimiento de las conductas o hechos que pudieran constituir infracci�n, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspecci�n, averiguaci�n o investigaci�n.

  Las peticiones deber�n especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracci�n administrativa y su tipificaci�n; as� como el lugar, la fecha, fechas o per�odo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

• d) Denuncia: El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligaci�n legal, pone en conocimiento de un �rgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracci�n administrativa.

  Las denuncias deber�n expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracci�n y la fecha de su comisi�n y, cuando sea posible, la identificaci�n de los presuntos responsables.

2. La formulaci�n de una petici�n no vincula al �rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, si bien deber� comunicar al �rgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciaci�n del procedimiento.

Cuando se haya presentado una denuncia, se deber� comunicar al denunciante la iniciaci�n o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompa�ada de una solicitud de iniciaci�n.

Art�culo 12 Actuaciones previas

1. Con anterioridad a la iniciaci�n del procedimiento, se podr�n realizar actuaciones previas con objeto de determinar con car�cter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciaci�n. En especial, estas actuaciones se orientar�n a determinar, con la mayor precisi�n posible, los hechos susceptibles de motivar la incoaci�n del procedimiento, la identificaci�n de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. Las actuaciones previas ser�n realizadas por los �rganos que tengan atribuidas funciones de investigaci�n, averiguaci�n e inspecci�n en la materia y, en defecto de �stos, por la persona u �rgano administrativo que se determine por el �rgano competente para la iniciaci�n o resoluci�n del procedimiento.

Art�culo 13 Iniciaci�n

1. La iniciaci�n de los procedimientos sancionadores se formalizar�n con el contenido m�nimo siguiente:

• a) Identificaci�n de la persona o personas presuntamente responsables.
• b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoaci�n del procedimiento, su posible calificaci�n y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucci�n.
• c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicaci�n del r�gimen de recusaci�n de los mismos.
• d) Organo competente para la resoluci�n del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el art�culo 8.
• e) Medidas de car�cter provisional que se hayan acordado por el �rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el art�culo 15.
• f) Indicaci�n del derecho a formular alegaciones a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

2. El acuerdo de iniciaci�n se comunicar� al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificar� al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificaci�n se advertir� a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciaci�n del procedimiento en el plazo previsto en el art�culo 16.1, la iniciaci�n podr� ser considerada propuesta de resoluci�n cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los art�culos 18 y 19 del Reglamento.

Art�culo 14 Colaboraci�n y responsabilidad de la tramitaci�n

1. En los t�rminos previstos por el art�culo 4 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, los �rganos y dependencias administrativas pertenecientes a cualquiera de las Administraciones P�blicas facilitar�n al �rgano instructor los antecedentes e informes necesarios, as� como los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actuaciones.

2. Las personas designadas como �rgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal funci�n ser�n responsables directos de la tramitaci�n del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.

Art�culo 15 Medidas de car�cter provisional

1. De conformidad con lo previsto en los art�culos 72 y 136 de la Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, el �rgano competente para resolver podr� adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de car�cter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci�n que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracci�n y las exigencias de los intereses generales.

Cuando as� venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el �rgano competente para iniciar el procedimiento o el �rgano instructor podr�n adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.

2. Las medidas de car�cter provisional podr�n consistir en la suspensi�n temporal de actividades y la prestaci�n de fianzas, as� como en la retirada de productos o suspensi�n temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y en las dem�s previstas en las correspondientes normas espec�ficas.

3. Las medidas provisionales deber�n estar expresamente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.

Art�culo 16 Actuaciones y alegaciones

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 3, los interesados dispondr�n de un plazo de quince d�as para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaci�n estimen convenientes y, en su caso, proponer pueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificaci�n de la iniciaci�n del procedimiento se indicar� a los interesados dicho plazo.

2. Cursada la notificaci�n a que se refiere el punto anterior, el instructor del procedimiento realizar� de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanci�n.

3. Si como consecuencia de la instrucci�n del procedimiento resultase modificada la determinaci�n inicial de los hechos, de su posible calificaci�n, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanci�n, se notificar� todo ello al inculpado en la propuesta de resoluci�n.

Art�culo 17 Prueba

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo se�alado en el art�culo 16, el �rgano instructor podr� acordar la apertura de un per�odo de prueba, de conformidad con lo previsto en los art�culos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, por un plazo no superior a treinta d�as ni inferior a diez d�as.

2. En el acuerdo, que se notificar� a los interesados, se podr� rechazar de forma motivada la pr�ctica de aquellas pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aqu�llos, cuando sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 137.4 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.

3. La pr�ctica de las pruebas que el �rgano instructor estime pertinentes, entendi�ndose por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitaci�n de procedimiento, se realizar� de conformidad con lo establecido en el art�culo 81 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.

4. Cuando la prueba consista en la emisi�n de un informe de un �rgano administrativo o entidad p�blica, y sea admitida a tr�mite, se entender� que tiene car�cter preceptivo, y se podr� entender que tiene car�cter determinante para la resoluci�n del procedimiento, con los efectos previstos en el art�culo 83.3 de la LRJ-PAC.

5. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condici�n de autoridad, y que se formalicen en documento p�blico observando los requisitos legales pertinentes, tendr�n valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan se�alar o aportar los propios administrados.

6. Cuando la valoraci�n de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento b�sico de la decisi�n que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la evaluaci�n de los hechos, deber� incluirse en la propuesta de resoluci�n.

Art�culo 18 Propuesta de resoluci�n

Concluida, en su caso, la prueba, el �rgano instructor del procedimiento formular� propuesta de resoluci�n en la que se fijar� de forma motivada los hechos, especific�ndose los que se consideren probados y su exacta calificaci�n jur�dica, se determinar� la infracci�n que, en su caso, aqu�llos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especific�ndose la sanci�n que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el �rgano competente para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo; o bien se propondr� la declaraci�n de no existencia de infracci�n o responsabilidad.

Art�culo 19 Audiencia

1. La propuesta de resoluci�n se notificar� a los interesados, indic�ndoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificaci�n se acompa�ar� una relaci�n de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, concedi�ndoseles un plazo de quince d�as para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.

2. Salvo en el supuesto contemplado por el art�culo 13.2 de este Reglamento, se podr� prescindir del tr�mite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado de conformidad con lo previsto en el art�culo 3 y en el punto 1 del art�culo 16 del presente Reglamento.

3. La propuesta de resoluci�n se cursar� inmediatamente al �rgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

Art�culo 20 Resoluci�n

1. Antes de dictar resoluci�n, el �rgano competente para resolver podr� decidir, mediante acuerdo motivado, la realizaci�n de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

El acuerdo de realizaci�n de actuaciones complementarias se notificar� a los interesados, concedi�ndoseles un plazo de siete d�as para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deber�n practicarse en un plazo no superior a quince d�as. El plazo para resolver el procedimiento quedar� suspendido hasta la terminaci�n de las actuaciones complementarias. No tendr�n la consideraci�n de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resoluci�n final del procedimiento.

2. El �rgano competente dictar� resoluci�n que ser� motivada y decidir� todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resoluci�n se formalizar� por cualquier medio que acredite la voluntad del �rgano competente para adoptarla.

La resoluci�n se adoptar� en el plazo de diez d�as, desde la recepci�n de la propuesta de resoluci�n y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento, salvo lo dispuesto en los puntos 1 y 3 de este art�culo.

3. En la resoluci�n no se podr�n aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucci�n del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicaci�n de lo previsto en el n�mero 1 de este art�culo, con independencia de su diferente valoraci�n jur�dica. No obstante, cuando el �rgano competente para resolver considere que la infracci�n reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resoluci�n, se notificar� al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concedi�ndosele un plazo de quince d�as.

4. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, adem�s de contener los elementos previstos en el art�culo 89.3 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, incluir�n la valoraci�n de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos b�sicos de la decisi�n fijar�n los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracci�n o infracciones cometidas y la sanci�n o sanciones que se imponen, o bien la declaraci�n de no existencia de infracci�n o responsabilidad.

5. Las resoluciones se notificar�n a los interesados. Si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o petici�n razonada, la resoluci�n se comunicar� al �rgano administrativo autor de aqu�lla.

6. Si no hubiese reca�do resoluci�n transcurridos seis meses desde la iniciaci�n, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su c�mputo por causas imputables a los interesados o por la suspensi�n del procedimiento a que se refieren los art�culos 5 y 7, se iniciar� el c�mputo del plazo de caducidad establecido en el art�culo 43.4 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.La remisi�n al art�culo 43.4 debe entenderse realizada al art�culo 44 LRJAP-PAC, tras la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Transcurrido el plazo de caducidad, el �rgano competente emitir�, a solicitud del interesado, certificaci�n en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones.

Art�culo 21 Efectos de la resoluci�n

1. Las resoluciones que pongan fin a la v�a administrativa ser�n inmediatamente ejecutivas y contra las mismas no podr� interponerse recurso administrativo ordinario.

2. Las resoluciones que no pongan fin a la v�a administrativa no ser�n ejecutivas en tanto no haya reca�do resoluci�n del recurso ordinario que, en su caso, se haya interpuesto o haya transcurrido el plazo para su interposici�n sin que esta se haya producido.

3. Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resoluci�n adoptada, las resoluciones del recurso ordinario y de los procedimientos de revisi�n de oficio que, en su caso, se interponga o substancien no podr�n suponer la imposici�n de sanciones m�s graves para el sancionado.

4. En el supuesto se�alado en el apartado anterior, las resoluciones podr�n adoptar las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutivas.

Las mencionadas disposiciones podr�n consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubiesen adoptado de conformidad con el art�culo 15 del presente Reglamento.

En todo caso, las disposiciones cautelares estar�n sujetas a las limitaciones que el art�culo 72 de la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n establece para las medidas de car�cter provisional.

Art�culo 22 Resarcimiento e indemnizaci�n

1. Si las conductas sancionadas hubieran causado da�os o perjuicios a la Administraci�n P�blica, la resoluci�n del procedimiento podr� declarar:

• a) La exigencia al infractor de la reposici�n a su estado originario de la situaci�n alterada por la infracci�n.
• b) La indemnizaci�n por los da�os y perjuicios causados, cuando su cuant�a haya quedado determinada durante el procedimiento.

2. Cuando no concurran las circunstancias previstas en la letra b) del apartado anterior, la indemnizaci�n por los da�os y perjuicios causados se determinar� mediante un procedimiento complementario, cuya resoluci�n ser� inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento ser� susceptible de terminaci�n convencional, pero ni �sta ni la aceptaci�n por el infractor de la resoluci�n que puediera recaer implicar� el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resoluci�n del procedimiento pondr� fin a la v�a administrativa.

Art�culo 23 Procedimiento simplificado

Para el ejercicio de la potestad sancionadora en el supuesto de que el �rgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracci�n como leve, se tramitar� el procedimiento simplificado que se regula en este cap�tulo.

Art�culo 24 Tramitaci�n

1. La iniciaci�n se producir�, de conformidad con lo dispuesto en el cap�tulo II, por acuerdo del �rgano competente en el que se especificar� el car�cter simplificado del procedimiento y que se comunicar� al �rgano instructor del procedimiento y, simult�neamente, ser� notificado a los interesados.

2. En el plazo de diez d�as a partir de la comunicaci�n y notificaci�n del acuerdo de iniciaci�n, el �rgano instructor y los interesados efectuar�n, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportaci�n de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposici�n y pr�ctica de la prueba.

3. Transcurrido dicho plazo, el �rgano competente para la instrucci�n formular� propuesta de resoluci�n de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 18 o, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracci�n grave o muy grave, acordar� que contin�e tramit�ndose el procedimiento general seg�n lo dispuesto en el art�culo 17, notific�ndolo a los interesados para que, en el plazo de cinco d�as, propongan prueba si lo estiman conveniente.

4. El procedimiento se remitir� al �rgano competente para resolver, que en el plazo de tres d�as dictar� resoluci�n en la forma y con los efectos previstos en el cap�tulo IV. El procedimiento deber� resolverse en el plazo m�ximo de un mes desde que se inici�.

Disposici�n adicional �nica Disposiciones especiales en el procedimiento sancionador de las infracciones del r�gimen de limitaci�n de pagos en efectivo

En los procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de la comisi�n de la infracci�n tipificada en el art�culo 7.Dos de la Ley 7/2012, de 29 de octubre , de modificaci�n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci�n de la normativa financiera para la intensificaci�n de las actuaciones en la prevenci�n y lucha contra el fraude, resultar� aplicable el procedimiento regulado en este reglamento, salvo lo dispuesto en el p�rrafo siguiente.

En los supuestos de inicio del procedimiento sancionador en virtud de denuncia no ser� necesaria la comunicaci�n y la notificaci�n al denunciante a que se refieren los art�culos 11.2 y 13.2, respectivamente, de este reglamento.

Disposici�n adicional �nica introducida por la disposici�n final primera del R.D. 1042/2013, 27 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el R.D. 1398/1993, 4 agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el R.D. 1777/2004, 30 julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, aprobado por el R.D. 439/2007, 30 marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor A�adido, aprobado por el R.D. 1624/1992, 29 diciembre (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2014