Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiaci髇 del coste del bono social y otras medidas de protecci髇 al consumidor vulnerable de energ韆 el閏trica

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Sumario

V閍se Res. 31 enero 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiaci髇 del coste del bono social y otras medidas de protecci髇 al consumidor vulnerable de energ韆 el閏trica (獴.O.E.� 7 febrero).LE0000590787_20170207

I

La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE destaca la importancia de que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables en el contexto del mercado interior de la electricidad. As�, se馻la expresamente que podr醤 incluir medidas espec韋icas relacionadas con el pago de las facturas de electricidad o medidas m醩 generales adoptadas dentro del sistema de seguridad social.

En Espa馻, la medida m醩 relevante de protecci髇 a este colectivo de consumidores es el denominado bono social. El bono social es el descuento que los comercializadores de referencia deben aplicar a los consumidores vulnerables que puedan quedar acogidos al mismo porque cumplan con las caracter韘ticas sociales y poder adquisitivo que por real decreto del Consejo de Ministros se determinen, previ閚dose, a estos efectos, en el apartado 2 del art韈ulo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico, la definici髇 de un umbral referenciado a un indicador de renta per c醦ita familiar.

La financiaci髇 del coste que el bono social comporta para los comercializadores que est醤 obligados a su aplicaci髇 se ha configurado en Espa馻 desde sus inicios como una obligaci髇 de servicio p鷅lico, seg鷑 lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009.

En la configuraci髇 recogida en la original dicci髇 del art韈ulo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se impon韆 la obligaci髇 de servicio p鷅lico de financiaci髇 del coste del bono social a las entidades que desarrollasen simult醤eamente las actividades de producci髇, distribuci髇 y comercializaci髇 de energ韆 el閏trica. En el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodolog韆 para la fijaci髇 de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y que establece las bases para el c醠culo de los porcentajes, se recog韆 el desarrollo normativo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado diversas sentencias que, estimando los recursos interpuestos contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, declaran inaplicable el r間imen de financiaci髇 del bono social establecido en el art韈ulo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y ello por entender que resulta incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y que deroga la Directiva 2003/54/CE. A sus resultas, declaran igualmente inaplicables y nulos los art韈ulos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan el citado art韈ulo 45.4 de la Ley 24/2013, reconociendo a las recurrentes el derecho a ser reintegradas de las aportaciones en tal concepto realizadas.

La inaplicaci髇 as� declarada hace que deba regularse una nueva forma de financiaci髇 del bono social. Ello ha de hacerse con car醕ter urgente, en tanto que el propio bono social, configurado como un descuento sobre el precio voluntario para el peque駉 consumidor, no se ha visto afectado por la sentencia y, en consecuencia, sigue aplic醤dose en la facturaci髇 a los consumidores vulnerables que tienen derecho a ello. A tal fin, en el presente real decreto-ley se contempla una modificaci髇 del art韈ulo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, con objeto de establecer un nuevo mecanismo de financiaci髇 del bono social, definiendo los sujetos que deben realizar las aportaciones necesarias y el criterio para realizar el c醠culo de los porcentajes de su respectiva contribuci髇.

El mecanismo de financiaci髇 del bono social que as� se aprueba tiene su fundamento, por una parte, en el art韈ulo 31.3 de la Constituci髇 Espa駉la, que faculta la imposici髇 de prestaciones patrimoniales de naturaleza p鷅lica mediante ley, y, por otra, en el art韈ulo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, antes referida, relativo a obligaciones de servicio p鷅lico y protecci髇 del cliente, en el que se dispone que, en el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en particular de su art韈ulo 86, los Estados miembros podr醤 imponer a las empresas el閏tricas, en aras del inter閟 econ髆ico general, obligaciones de servicio p鷅lico que podr醤 referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, as� como a la protecci髇 del medio ambiente, incluidas la eficiencia energ閠ica, la energ韆 procedente de fuentes renovables y la protecci髇 del clima. Asimismo, a馻de que estas obligaciones de servicio p鷅lico deber醤 definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas el閏tricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales.

En esta regulaci髇 se han tomado como punto de partida los mecanismos previamente existentes y los pronunciamientos contenidos en las resoluciones judiciales que los han revisado, con el objetivo de determinar un sistema de financiaci髇 que se ajuste a las exigencias resultantes del art韈ulo 3.2 de la referida directiva.

De esta forma, se impone, como obligaci髇 de servicio p鷅lico, la asunci髇 del coste del bono social a las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercializaci髇 de energ韆 el閏trica, o a las propias sociedades que as� lo hagan, si no forman parte de ning鷑 grupo societario. Es evidente que el mecanismo del bono social, al dirigirse directamente a determinados consumidores y traducirse, como se ha dicho, en el abono por 閟tos de un precio inferior por la electricidad consumida a trav閟 de un descuento que se aplica por el comercializador en la respectiva factura, se encuentra estrechamente vinculado a la actividad de comercializaci髇. Resulta por ello plenamente l骻ico que sean precisamente el conjunto de los sujetos que realizan esta actividad, con la que est� directamente vinculada la medida, los obligados a soportar el coste que conlleva.

Esta obligaci髇 se impone, en el caso de las comercializadoras que formen parte de grupos de sociedades, a las respectivas matrices y ello por razones de car醕ter t閏nico orientadas a una mejor gesti髇. En este sentido, debe tenerse presente que muchas de las tales matrices (que no as� las comercializadoras integrantes del grupo) son ya sujetos del sistema de liquidaciones del sector el閏trico, que actualmente gestiona la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como 髍gano encargado de las mismas, lo que simplificar� la gesti髇 de sus aportaciones. Por otro lado, y dado que, con notable frecuencia, un mismo grupo de sociedades puede integrar a varias empresas comercializadoras de energ韆 el閏trica, normalmente con distintos segmentos o tipolog韆s de consumidores o asentadas en distintas 醨eas regionales, con la imposici髇 de la obligaci髇 a la matriz del grupo se faculta una gesti髇 conjunta y de manera agregada de la contribuci髇 para la financiaci髇 del bono social, lo que redunda en una gesti髇 m醩 eficiente de la misma.

En todo caso, sin perjuicio de que, como se ha dicho, la medida objeto de financiaci髇 guarde directa relaci髇 con la actividad de comercializaci髇, lo que, por s�, justifica que tal obligaci髇 se haga recaer concretamente sobre la totalidad de las sociedades que desarrollan dicha actividad, existen razones adicionales que avalan que no se haga extensiva a los sujetos que ejercen otras actividades en el sector el閏trico, tales como la generaci髇, el transporte y la distribuci髇.

En efecto, las actividades de redes, a saber, transporte y distribuci髇, son por sus caracter韘ticas monopolios naturales, y su actividad se centra en el desarrollo y mantenimiento de las redes el閏tricas, as� como su gesti髇. Como tales, tienen un r間imen de retribuci髇 regulada que cubre una retribuci髇 financiera sobre las inversiones realizadas y una retribuci髇 por costes de operaci髇 y mantenimiento. Esta retribuci髇 se encuentra incluida entre las partidas de costes del sector el閏trico que se determinan en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y ha de ser sufragada con cargo a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribuci髇 satisfechos por los consumidores y los productores, as� como por los agentes por las exportaciones de energ韆 a pa韘es no comunitarios. Por tanto, la imposici髇 de la obligaci髇 de financiaci髇 del bono social a estos sujetos, dejando al margen su falta de relaci髇 directa con el objeto de la medida analizada, obligar韆 a su necesario reconocimiento como un coste m醩 de su actividad y, por ende, a su incorporaci髇 a la retribuci髇 regulada que les es asignada y a su consecuente traslaci髇 a los consumidores (incluso a los propios consumidores vulnerables beneficiados por el bono social) a trav閟 de los referidos peajes de acceso, lo que vendr韆 a neutralizar la finalidad perseguida con la medida.

Algo parecido ocurrir韆 para las instalaciones de producci髇 de energ韆 el閏trica con r間imen retributivo espec韋ico, a saber, la generaci髇 a partir de fuentes de energ韆 renovables, cogeneraci髇 y residuos con r間imen primado, cuya retribuci髇 constituye tambi閚 uno de los costes del sector el閏trico que deben ser cubiertos con cargo a los ingresos del mismo. En efecto, en el caso de que se impusiera a estos sujetos la obligaci髇 de contribuir al reparto del coste del bono social (y dejando nuevamente al margen su falta de relaci髇 directa con la propia medida y con sus destinatarios), la cuant韆 que en tal concepto les correspondiera sufragar habr韆 de ser reconocida de forma directa como coste en su retribuci髇 a la operaci髇, con el consecuente traslado a los consumidores de tal coste a trav閟 de los peajes de acceso. Y si ha de excluirse la financiaci髇 por este colectivo, debe igualmente excluirse que puedan contribuir a ella aquellas otras instalaciones de generaci髇 que no dispongan de r間imen retributivo espec韋ico, en tanto ello introducir韆 una evidente diferencia de trato dentro de la misma actividad de generaci髇.

Por ello, y teniendo en cuenta, por a馻didura, que el objetivo principal de la regulaci髇 actual es la recuperaci髇 con la m醲ima eficacia de todos los costes del bono social, la alternativa contemplada en este real decreto-ley, a saber, la financiaci髇 por parte de los sujetos vinculados a la actividad de comercializaci髇 de energ韆 el閏trica, se muestra como la m醩 adecuada y concordante con la naturaleza y finalidad perseguida por el bono social. En todo caso, dicha obligaci髇 no tiene car醕ter permanente, previ閚dose que se proceder� a su revisi髇 al menos cada cuatro a駉s, para adecuarla a la situaci髇 del sector el閏trico.

Adem醩 de ello, y en consonancia con las exigencias resultantes de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, seg鷑 la cual las obligaciones de servicio p鷅lico deben definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, se mantienen las previsiones ya contempladas en el art韈ulo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, a este respecto. As�, y a fin de que el reparto sea equitativo, se establece que la rec韕roca participaci髇 de cada una de las empresas o matrices de grupos de empresas en la asunci髇 del coste sea proporcional al porcentaje que corresponda sobre una cuant韆 calculada considerando el n鷐ero de clientes a los que suministran.

Con ello, el reparto del coste del bono social se realiza sobre la cuota de mercado de los sujetos que realizan la actividad de comercializaci髇 obtenida a partir del n鷐ero de clientes a los que suministran. En este sentido, no cabe obviar que el n鷐ero de clientes o suministros se toma como referencia tambi閚 en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, para excepcionar de determinadas obligaciones a aquellas empresas, en este caso de distribuci髇, con menos de 100.000 clientes, y constituye tambi閚 el par醡etro determinante de la atribuci髇 de la condici髇 de comercializador de referencia, de acuerdo con el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodolog韆 de c醠culo de los precios voluntarios para el peque駉 consumidor de energ韆 el閏trica y su r間imen jur韉ico de contrataci髇.

De igual modo, en orden a asegurar la permanente adecuaci髇 del reparto a las concretas circunstancias del sector y posibilitar su p鷅lico conocimiento y eventual control, se establece que la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, calcular� anualmente, sin perjuicio de su ulterior aprobaci髇 por el Ministro de Energ韆, Turismo y Agenda Digital, los porcentajes de reparto aplicables y dar� publicidad a la informaci髇 para ello empleada.

II

Adem醩 de lo anterior, el presente real decreto-ley profundiza en las medidas de protecci髇 a los consumidores de energ韆 el閏trica que son vulnerables a que se alude en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009.

En primer lugar se modifica el art韈ulo 45 de la mencionada ley, en sus apartados 1 p醨rafo segundo y 3, con el objetivo, de clarificar respectivamente, por un lado, que la definici髇 de consumidores vulnerables podr� incluir distintos colectivos de vulnerables atendiendo a sus caracter韘ticas sociales y poder adquisitivo, y a los umbrales de renta que se establezcan, tal y como prev� el apartado 2 del propio art韈ulo 45. Por otro, y consecuencia de lo anterior, que el valor base sobre el que se aplique el bono social podr� ser distinto seg鷑 las categor韆s de consumidores vulnerables que se establezcan, y seguir� denomin醤dose tarifa de 鷏timo recurso, pudiendo haber m醩 de una.

En segundo lugar, se crea como novedad una nueva categor韆 en la lista de suministros de energ韆 el閏trica que tienen car醕ter de esenciales seg鷑 el art韈ulo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. As�, se contempla que los suministros a consumidores que tengan la condici髇 de vulnerables severos acogidos a tarifas de 鷏timo recurso y que est閚 siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones P鷅licas competentes en relaci髇 con dichos suministros por hallarse, en atenci髇 a su renta, en riesgo de exclusi髇 social tendr醤 car醕ter de esenciales. Estos suministros se circunscribir醤 a personas f韘icas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados deber� ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones P鷅licas.

En tercer lugar, se complementa esta definici髇 con otras modificaciones en el art韈ulo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, relativas a la excepci髇 para este colectivo de consumidores vulnerables severos de la aplicaci髇 de las previsiones relativas a la suspensi髇 del suministro, as� como de la aplicaci髇 de recargos o afectaci髇 por las empresas distribuidoras de los pagos que perciban de aquellos de sus clientes que tengan suministros vinculados a servicios declarados como esenciales en situaci髇 de morosidad.

Asimismo, la asunci髇 parcial del coste que pueda derivarse del suministro de energ韆 el閏trica a este nuevo colectivo de suministros esenciales se configura como una nueva obligaci髇 de servicio p鷅lico, seg鷑 lo dispuesto en la meritada Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. Esta obligaci髇 ser� asumida, en atenci髇 a las razones antes expuestas, por los mismos sujetos a los que corresponde el reparto del coste del bono social en los t閞minos que resultan de la nueva redacci髇 del art韈ulo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, introducida por la presente disposici髇.

Las aportaciones que deban realizarse por este concepto, estar醤 diferenciadas de las que correspondan al bono social y tendr醤 un l韒ite m醲imo a fijar por orden del Ministro de Energ韆, Turismo y Agenda Digital, previo Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos. Dichas aportaciones tendr醤 car醕ter parcial o de cofinanciaci髇, complementando las que realicen las Administraciones P鷅licas competentes encargadas de atender a los suministros que se identifiquen en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 social.

Reglamentariamente se establecer醤 los mecanismos y actuaciones necesarios para la asignaci髇 de dichas aportaciones.

En cuarto lugar, y en el mismo art韈ulo 52 antes mencionado, se ampl韆 hasta cuatro meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para los consumidores vulnerables que se determinen reglamentariamente.

Los t閞minos y condiciones para la aplicaci髇 de las nuevas previsiones de esta Ley se establecer醤 reglamentariamente. Actualmente, estos procedimientos se encuentran regulados principalmente en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribuci髇, comercializaci髇, suministro y procedimientos de autorizaci髇 de instalaciones de energ韆 el閏trica.

De esta forma, y de acuerdo con el art韈ulo 45.2 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y el art韈ulo 2 de este real decreto-ley se proceder� a la definici髇 de diversas categor韆s de consumidores vulnerables, incluyendo los severos cuyo suministro se considera esencial en los t閞minos de la letra j) del art韈ulo 52.4. La definici髇 de estas categor韆s responder� a criterios de renta, atenuados en atenci髇 a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podr醤 referirse al n鷐ero de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados, entre otras cuestiones. Adicionalmente, en el 醡bito de la protecci髇 y refuerzo de la transparencia en la contrataci髇 de los consumidores vulnerables, se introducir醤 mejoras en los procedimientos de suspensi髇 del suministro de energ韆 el閏trica, estableciendo en particular comunicaciones adicionales antes de proceder a la misma, as� como indicadores similares a los que existen en el 醡bito financiero para facilitar la comparaci髇 de las distintas ofertas comerciales a los clientes minoristas.

Se incluye un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, proceda a la aprobaci髇 de un real decreto que desarrolle lo dispuesto en el art韈ulo 1. Ha de tenerse en cuenta que este real decreto-ley introduce innovaciones normativas, como la determinaci髇 de los sujetos obligados a financiar el coste del bono social o la consideraci髇 como esenciales de los suministros a consumidores vulnerables severos, que, para garantizar la efectiva protecci髇 de los consumidores m醩 vulnerables, hacen indispensable una regulaci髇 posterior mediante real decreto.

De igual manera, se prev� que el Gobierno colaborar� con las Administraciones P鷅licas competentes en la puesta en marcha de un registro administrativo de puntos de suministro que correspondan a los consumidores referidos en el art韈ulo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico.

Finalmente, y en tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de las previsiones relativas a la fijaci髇 de los porcentajes de reparto, se fijan de forma transitoria los porcentajes de reparto del coste del bono social entre los sujetos que se definen en este real decreto-ley. Para ello, se ha tenido en cuenta la informaci髇 disponible, sobre los sujetos y su n鷐ero de clientes, de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia.

Por todo lo expresado anteriormente, en la adopci髇 del conjunto de medidas que a continuaci髇 se aprueban concurren las exigencias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas por el art韈ulo 86 de la Constituci髇. Extraordinaria y urgente necesidad derivada de las razones ya mencionadas de protecci髇 a los consumidores m醩 vulnerables, as� como de la falta de un mecanismo de financiaci髇 del bono social que compense el coste asumido por las comercializadoras de referencia.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.13.� y 25.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica y las bases del r間imen minero y energ閠ico, respectivamente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Energ韆, Turismo y Agenda Digital, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 23 de diciembre de 2016,

DISPONGO:

Disposici髇 transitoria 鷑icaMecanismo para la financiaci髇 transitoria del coste del bono social previsto en el art韈ulo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico

1. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta que tenga lugar el desarrollo reglamentario previsto en el art韈ulo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico, en la redacci髇 dada por el presente real decreto-ley, resultar醤 de aplicaci髇 a efectos de la financiaci髇 del bono social, los porcentajes de reparto previstos en el anexo.

Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositar醤 en una cuenta espec韋ica en r間imen de dep髎ito creada al efecto por el organismo encargado de las liquidaciones, que ser� responsable de su gesti髇. En el caso de sociedades que formen parte de un grupo de sociedades, corresponder� a la respectiva matriz o sociedad dominante, determinada con arreglo a lo previsto en el art韈ulo 42.1 del C骴igo de Comercio, realizar la aportaci髇 que resulte de la agregaci髇 de los porcentajes de reparto individuales de cada una de las sociedades comercializadoras que integran dicho grupo.

A estos efectos antes del d韆 15 de cada mes, los comercializadores de referencia deber醤 presentar a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia la informaci髇 de la facturaci髇 correspondiente al mes anterior de los consumidores a quienes han aplicado el bono social, con desglose de per韔dos y facturaci髇, para determinar la cuant韆 total del bono social aplicado y las liquidaciones asociadas. Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositar醤 en una cuenta espec韋ica en r間imen de dep髎ito creada al efecto por el organismo encargado de las liquidaciones, que ser� responsable de su gesti髇.

El primer per韔do de desglose comprender� desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2016.

2. En dicho desarrollo reglamentario se establecer� el mecanismo para regularizar, en sentido positivo o negativo, las cantidades que sean aportadas para la financiaci髇 del bono social con arreglo a lo previsto en esta disposici髇 transitoria, as� como para reconocer, en su caso, los derechos de cobro u obligaciones de pago que correspondan.

Las Sentencias TS (Sala Tercera, Secci髇 3.�) de 31 de enero, 21 de febrero y 2 de marzo de 2022, Rec. 673/2017, 669/2017 y 697/2017, declara inaplicables el r間imen de financiaci髇 del bono social establecido en el art韈ulo 1, apartado 3, del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre -que da nueva redacci髇 apartado al art韈ulo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico-, y la disposici髇 transitoria 鷑ica del mismo Real Decreto-ley 7/2016, por resultar contrarios a la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. JU0007189593TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Secci髇 3�, S 112/2022, 31 Ene. 2022 (Rec. 673/2017) JU0007235228TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Secci髇 3�, S 213/2022, 21 Feb. 2022 (Rec. 699/2017) JU0007250762TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Secci髇 3�, S 267/2022, 2 Mar. 2022 (Rec. 697/2017)

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final segunda Desarrollo reglamentario

En el plazo m醲imo de tres meses desde la convalidaci髇 de este real decreto-ley el Gobierno, a propuesta del Ministro de Energ韆, Turismo y Agenda Digital, aprobar� un real decreto que desarrolle lo dispuesto en el art韈ulo 1 de este real decreto-ley.

V閍se el R.D. 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protecci髇 para los consumidores dom閟ticos de energ韆 el閏trica (獴.O.E.� 7 octubre).LE0000606133_20210916