Sumario

I

La investigaci髇 cient韋ica y t閏nica, el desarrollo y la innovaci髇, incluido el 醡bito universitario, constituyen factores indispensables para el crecimiento econ髆ico de un pa韘 y contribuyen de manera decisiva al progreso y bienestar sociales. De ah� que, desde finales de la d閏ada de los noventa, y observando el diferencial de competitividad, en la agenda de la Uni髇 Europea las pol韙icas de I+D+i han ocupado un lugar destacado, contempl醤dose como una de las claves para la creaci髇 de empleo y el crecimiento a largo plazo, la mejora de la competitividad y la productividad y para atender los retos internacionales.

A lo largo de los 鷏timos a駉s, el descenso en la inversi髇 p鷅lica en el Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 ha ocasionado un progresivo retraso con respecto a la Uni髇 Europea y la p閞dida de eficiencia en el funcionamiento de dichos 髍ganos, sumado a los progresivos incrementos normativos en el sistema de control de la gesti髇 de los organismos y entidades que forman parte de dicho sistema.

Las medidas contenidas en el presente real decreto-ley permitir醤 a los organismos y entidades que forman parte del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 cumplir m醩 eficazmente el prop髎ito primordial que asiste a los mismos, cual es el de fomentar la investigaci髇 cient韋ica y t閏nica en todos los 醡bitos del conocimiento, como factor esencial para desarrollar la competitividad y la sociedad basada en el conocimiento, mediante la creaci髇 de un entorno econ髆ico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovaci髇.

Existe un consenso claro a nivel pol韙ico y social de acuerdo con el cual la econom韆 espa駉la debe avanzar hacia un modelo productivo en el que la innovaci髇 est� llamada a incorporarse definitivamente como una actividad sistem醫ica de todas las empresas, con independencia de su sector y tama駉, y en el que los sectores de media y alta tecnolog韆 tendr醤 un mayor protagonismo. La apuesta por la investigaci髇 y la innovaci髇 es fundamental en el contexto de l韒ites ambientales, para facilitar la transici髇 ecol骻ica de la econom韆 y para garantizar un desarrollo sostenible, seguro, justo y duradero.

La situaci髇 de la investigaci髇 y el desarrollo en Espa馻 en el periodo 2010-2017 muestra sin embargo una tendencia preocupante.

As�, de acuerdo con los 鷏timos datos estad韘ticos disponibles, en 2017 en Espa馻 la ratio de inversi髇 I+D sobre PIB supuso un 1,20 % (INE), mientras que la media de la UE-28 fue del 2,07 % (Eurostat). En la 鷏tima d閏ada, esta brecha de inversi髇 p鷅lica y privada en I+D entre Espa馻 y la media de la UE lejos de reducirse se ha agrandado. En el periodo 2009-2017, mientras el conjunto de la UE ha invertido un 22 % m醩 en I+D, Espa馻 lo ha hecho un 5,8 % menos. Esta tendencia nos sit鷄 cada vez m醩 lejos del objetivo de la Uni髇 Europea de invertir en el a駉 2020 el 3 % del PIB en Investigaci髇 y Desarrollo para generar crecimiento y empleo.

Desde el inicio de la crisis econ髆ica hasta 2017, se ha reducido la inversi髇 p鷅lica en I+D un 26,2 % en Espa馻 hasta situarla en niveles de inversi髇 similares a los de 2007. Un salto atr醩 de diez a駉s.

En la actualidad, no queda ning鷑 atisbo de duda acerca de la estrecha vinculaci髇 entre la inversi髇 en I+D y el crecimiento econ髆ico de los Estados. Aquellas que m醩 han invertido –y de manera m醩 constante– a lo largo de los a駉s, son las que gozan de mayores niveles de riqueza y, sobre todo, de mayor fortaleza econ髆ica para resistir los embates de las crisis econ髆icas.

Resulta, por tanto, m醩 necesario que nunca, adoptar pasos decididos a favor del fomento del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, dot醤dolo de los instrumentos m醩 醙iles para la consecuci髇 de una triple serie de objetivos.

En primer lugar, permitir una inversi髇 p鷅lica y privada m醩 eficaz en los organismos y entidades que forman parte del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, adoptando las decisiones necesarias para facilitarlo a trav閟 de esta disposici髇 con fuerza de ley.

En segundo lugar, fomentar la incorporaci髇 del talento en estas organizaciones y entidades, potenciando que los mejores investigadores puedan incorporarse y consolidar sus carreras en el Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, en un contexto de estabilidad presupuestaria y financiera y que puedan centrar sus esfuerzos en la consecuci髇 de los objetivos de la investigaci髇, el desarrollo y la innovaci髇. Se persigue as� revertir la tendencia negativa de la 鷏tima d閏ada, donde muchos investigadores e investigadoras tuvieron que dejar sus carreras cient韋icas o hubieron incluso de emigrar a fin de poder desarrollar plenamente sus carreras y capacidades profesionales.

En este sentido, a trav閟 de diversos mecanismos de car醕ter complementario a lo previsto en el presente real decreto-ley, se proceder� a adoptar medidas tendentes al citado fomento de la incorporaci髇 del talento en estas entidades: se reforzar醤 las ofertas de empleo p鷅lico con objeto de dotar de medios personales y mejorar el empleo p鷅lico en el 醡bito de la investigaci髇, el desarrollo y la innovaci髇 y de la pol韙ica cient韋ica y tecnol骻ica.

De igual manera, a trav閟 de la priorizaci髇 en futuras ofertas del acceso al empleo p鷅lico en el 醡bito de la I+D+i, permitiendo as� dotar a las entidades, organismos y administraciones competentes en materia cient韋ica, tecnol骻ica y de innovaci髇, as� como a las universidades p鷅licas, del personal m韓imamente necesario para acometer adecuadamente el ejercicio de sus atribuciones y competencias para un mejor desarrollo de la investigaci髇, y adoptando las medidas que resulten pertinentes en el 醡bito de la tasa de reposici髇 de efectivos en dicho 醡bito.

Con lo anterior, mejorar醤 sustancialmente los procedimientos de gesti髇 interna del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, dando lugar a un mejor cumplimiento de sus funciones en el 醡bito de la I+D+i, pues quedar醤 as� cubiertos los servicios comunes necesarios para dar apoyo a los organismos y entidades en la realizaci髇 de sus cometidos espec韋icos.

Y por 鷏timo y en tercer lugar, mediante este real decreto-ley se pretende agilizar progresivamente la gesti髇 en el 醡bito del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, dot醤dolo de los mejores instrumentos procedimentales a fin de que las carreras de los investigadores puedan dedicarse 韓tegramente a la labor que les es propia, disminuyendo las excesivas cargas administrativas que, en ocasiones, pueden resultar contraproducentes, sin minorar en ning鷑 caso el control de su gesti髇 a trav閟 de los mecanismos p鷅licos establecidos.

A efectos, por tanto, de alcanzar dichos objetivos en el 醡bito del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, resulta m醩 necesario que nunca mejorar los procedimientos de gesti髇 de las unidades y centros dedicados al desarrollo cient韋ico y tecnol骻ico, la investigaci髇 y la innovaci髇.

La concurrencia de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad a que hace referencia el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la queda patente en el presente caso, habida cuenta de las negativas consecuencias que podr韆n derivarse, en los pr髕imos a駉s, como resultado de la inacci髇 de los poderes p鷅licos en el 醡bito de la ciencia, la tecnolog韆 y la innovaci髇, pues tal y como se ha contemplado previamente los n鷐eros arrojan una progresiva involuci髇 en la inversi髇 y eficiencia del sistema, lo que podr韆 llevar al mismo a una parada t閏nica en un breve espacio de tiempo, imposibilitando a posteriori alcanzar el nivel que merece el Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇.

En este sentido, y de conformidad con reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que contiene la Constituci髇 no es, en modo alguno, 玼na cl醬sula o expresi髇 vac韆 de significado dentro de la cual el l骻ico margen de apreciaci髇 pol韙ica del Gobierno se mueva libremente sin restricci髇 alguna, sino, por el contrario, la constataci髇 de un l韒ite jur韉ico a la actuaci髇 mediante decretos-leyes�, raz髇 por la cual, este Tribunal puede, 玡n supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definici髇 que los 髍ganos pol韙icos hagan de una situaci髇 determinada� (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).

El control del Tribunal Constitucional consiste en un control jurisdiccional ex post, y tiene por misi髇 velar porque el Gobierno no se haya apartado del margen de apreciaci髇 concedido por la norma, esto es, que aquel se mantenga dentro del concepto jur韉icamente asequible que es la situaci髇 de 玡xtraordinaria y urgente necesidad�. Se trata, en definitiva, de un 玞ontrol externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno� (STC 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3, y las que all� se citan).

La adecuada fiscalizaci髇 del recurso al decreto-ley requiere el an醠isis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).

Como se馻la la STC 332/2005, de 15 de diciembre (FJ 6), aunque ambos aspectos est醤 韓timamente ligados, su examen por separado facilita desde un punto de vista metodol骻ico el an醠isis de las consideraciones de las partes y, en 鷏tima instancia, el control que le corresponde efectuar al Tribunal Constitucional.

En cuanto a la definici髇 de la situaci髇 de urgencia, la doctrina ha precisado que no es necesario que tal definici髇 expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos.

En cuanto a la segunda dimensi髇 del presupuesto habilitante de la legislaci髇 de urgencia –conexi髇 de sentido entre la situaci髇 de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan– la doctrina del Tribunal Constitucional 玥a afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexi髇 de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido� (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).

El Tribunal Constitucional ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas�, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

En este caso, el car醕ter estructural de la reforma a efectos de permitir el adecuado funcionamiento del Sistema Espa駉l de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇 se despliega en las dos grandes modificaciones normativas abordadas a trav閟 del mismo: aquellas disposiciones, por un lado, que permitir醤 una inversi髇 m醩 eficaz en el citado Sistema, y aquellas otras que coadyuvan a la consecuci髇 de dicho objetivo econ髆ico-financiero, mediante la necesaria simplificaci髇 de tr醡ites de gesti髇 en los organismos y entidades que forman parte del Sistema, facilitando as� el ordinario funcionamiento de los mismos y evitando el colapso administrativo en que, en ocasiones, se ven sumidos, al subsumir la gesti髇 de pol韙icas sectoriales de gran complejidad en marcos generales normativos que no atienden a las especificidades propias del funcionamiento y organizaci髇 de la investigaci髇, el desarrollo, la innovaci髇 y la pol韙ica cient韋ica y tecnol骻ica.

Se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por s� sola, la utilizaci髇 de la figura del decreto-ley, pues el posible car醕ter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobaci髇 de un decreto-ley, lo que deber� ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).

II

De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, el presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulaci髇 y, en particular, a los principios de necesidad y eficiencia, existiendo fundadas razones de inter閟 general para su aprobaci髇, habida cuenta del retroceso de la inversi髇 p鷅lica y privada en investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 de los 鷏timos ejercicios y la necesidad de dotar al Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 de mecanismos 醙iles que les permitan la atracci髇 del talento humano y de las inversiones necesarias para evitar el retroceso de las pol韙icas cient韋icas y tecnol骻icas en nuestro pa韘, situ醤dolo de nuevo en la media de los Estados de nuestro entorno en materia de gesti髇 innovadora e inversiones.

Se trata, igualmente, de una disposici髇 con fuerza de ley en la que resulta evidente el principio de proporcionalidad, toda vez que las medidas en ella contempladas (tanto las relativas a la gesti髇 de recursos humanos como a las propias en materia de gesti髇 econ髆ico-financiera, presupuestaria, de contabilidad, control y tramitaci髇 administrativa en el 醡bito de los organismos p鷅licos de investigaci髇 de la Administraci髇 General del Estado) se ajustan plenamente al objetivo que pretende conseguirse mediante este instrumento, cual es el de garantizar la eficacia en la gesti髇 del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, fomentando el adecuado funcionamiento de los organismos y entidades que forman parte del mismo, atrayendo el mejor talento en materia de personal a estos organismos y entidades, evitando as� la fuga de cerebros, e impulsando el incremento de la inversi髇 tanto p鷅lica como privada en dicho sistema, a fin de volver a situar la pol韙ica cient韋ica, tecnol骻ica y de innovaci髇 en el centro del debate p鷅lico y de la acci髇 de gobierno.

Las medidas contenidas en el presente real decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, sin que a estos efectos quepa considerar que existan otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios: m醩 bien al contrario, tras la adopci髇 de esta norma con rango de ley se establecer醤 procedimientos de gesti髇 m醩 醙iles para todos los interesados en cada uno de los organismos y entidades se馻lados, permiti閚doles as� una mejor consecuci髇 de sus objetivos en el 醡bito de la ciencia, la tecnolog韆, la investigaci髇, el desarrollo y la innovaci髇.

III

El presente real decreto-ley se estructura en cinco art韈ulos, una disposici髇 adicional, una disposici髇 transitoria y cuatro disposiciones finales.

Se regula as� la contrataci髇 de personal laboral de los organismos p鷅licos de investigaci髇 de la Administraci髇 General del Estado con cargo a los cr閐itos de inversiones, permitiendo a estos contar con informes-tipo anuales de la Abogac韆 del Estado, a efectos de agilizar la gesti髇 de las contrataciones de car醕ter laboral efectuadas por dichos organismos: con lo anterior mejorar醤 sustancialmente los procedimientos de gesti髇 interna del Sistema Espa駉l de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇, dando lugar a un mejor cumplimiento de sus funciones en el 醡bito de la investigaci髇, el desarrollo y la innovaci髇, pues quedar醤 as� cubiertos los servicios necesarios para dar apoyo a los organismos y entidades en la realizaci髇 de sus cometidos espec韋icos.

Otra de las medidas extraordinarias adoptadas a trav閟 de la presente norma, con el fin de que la adecuada gesti髇 financiera no perjudique las funciones de investigaci髇 que les son propias, consiste en establecer un mandato para que en el plazo de un a駉 se adopten las medidas necesarias que permitan a los organismos p鷅licos de investigaci髇 de la Administraci髇 General del Estado que no tengan la condici髇 de agencia estatal contar con una gesti髇 financiera centralizada.

Junto a lo anterior, y tambi閚 en el 醡bito de la gesti髇 econ髆ico-financiera de los organismos p鷅licos de investigaci髇, se establecen medidas relativas a las reglas de control interno de la referida gesti髇, con objeto de coadyuvar a su fin de contribuir a la generaci髇, difusi髇 y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad como factor esencial para desarrollar la competitividad y la sociedad basada en el conocimiento, mediante la creaci髇 de un entorno econ髆ico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovaci髇; se establece as� que el control interno de dichos organismos ser� el control financiero permanente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el r間imen del control interno ejercido por la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

Mediante dicha medida se garantiza en todo momento el adecuado control interno de la gesti髇 econ髆ico-financiera propia de dichos organismos, atribuyendo a la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado el ejercicio de las funciones de control financiero permanente sobre la misma, lo que le permitir� verificar, de una forma continua realizada a trav閟 de la correspondiente intervenci髇 delegada, la situaci髇 y el funcionamiento de las entidades del sector p鷅lico estatal en el aspecto econ髆ico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gesti髇 se ajusta a los principios de buena gesti髇 financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero, tal y como precept鷄 el art韈ulo 157 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En este sentido, cabe se馻lar que la Disposici髇 final vig閟imo novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2018, ha procedido a introducir un nuevo apartado quinto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013, sobre r間imen de control econ髆ico-financiero aplicable por la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado a determinados organismos p鷅licos, que ya exime de la funci髇 interventora, sustituy閚dola por el control financiero permanente, a todas aquellas actuaciones de los organismos p鷅licos de investigaci髇 que den lugar a la realizaci髇 de gastos y pagos financiados total o parcialmente con fondos provenientes de instituciones comunitarias o internacionales. Esta medida, por tanto, viene a complementar lo establecido en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2018, sin merma, en ning鷑 caso, del control interno de su gesti髇 econ髆ico-financiera por parte de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

Tambi閚 se habilita a los organismos p鷅licos de investigaci髇 de la Administraci髇 General del Estado, a las universidades p鷅licas no transferidas, as� como a los consorcios, fundaciones y otras entidades de derecho p鷅lico que sean agentes de ejecuci髇 del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 y se encuentren adscritos al Estado, a concertar operaciones de cr閐ito como consecuencia de los anticipos reembolsables que se les conceden con cargo al cap韙ulo 8 del presupuesto de la Administraci髇 General del Estado, en los t閞minos que establezcan las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado. Esta autorizaci髇 ser� aplicable 鷑icamente a los anticipos que se concedan con el fin de facilitar la disponibilidad de fondos para el pago de la parte de los gastos que, una vez justificados, se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo.

Se estipula igualmente que la Agencia Estatal de Investigaci髇, para ejecutar la comprobaci髇 de subvenciones y ayudas concedidas en el marco del Plan Estatal de Investigaci髇 Cient韋ica y T閏nica y de Innovaci髇, o en el de los instrumentos que les sustituyan, en su caso, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, podr� recabar la colaboraci髇, retribuida o no, de empresas privadas de auditor韆 o auditores de cuentas o realizar encargos a medios propios, que deber醤 ajustarse a las normas e instrucciones que aquella determine, habida cuenta de la escasez de plantilla en el seno de dicha Agencia para asumir, dentro de los plazos legalmente establecidos y con sus medios propios, la carga de trabajo existente y futura, adoptando as� las recomendaciones formuladas a trav閟 de la Resoluci髇 de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisi髇 Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relaci髇 con el Informe de fiscalizaci髇 del Programa Presupuestario 463B 獸omento y Coordinaci髇 de la Investigaci髇 Cient韋ica y T閏nica�, ejercicio 2005.

Asimismo, se adoptan, mediante la presente norma, medidas de apoyo financiero a las actuaciones en parques cient韋icos y tecnol骻icos, consistentes en que aquellos que, contando con un plan de viabilidad, acrediten encontrarse en una situaci髇 financiera que les impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago, podr醤 solicitar el aplazamiento de cuotas de amortizaci髇 con vencimiento en 2019 derivadas de pr閟tamos o anticipos concedidos en virtud de las convocatorias gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Ciencia, Innovaci髇 y Universidades (o el Ministerio competente en materia de investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 en a駉s anteriores) desde el a駉 2000.

Los parques cient韋icos y tecnol骻icos, al ser el punto de encuentro y colaboraci髇 entre los distintos sujetos del sistema Ciencia-Tecnolog韆-Empresa, son fundamentales para el cambio de modelo econ髆ico que nuestro pa韘 est� realizando. Este modelo, apoyado claramente por todas las administraciones, se basa en el desarrollo del tejido empresarial asentado en el conocimiento y la tecnolog韆.

La situaci髇 econ髆ica de nuestro pa韘 ha repercutido negativamente en la situaci髇 de las promotoras de los parques cient韋icos y tecnol骻icos, que se han visto seriamente afectados en su capacidad de generaci髇 de ingresos. Como consecuencia de ello, se hace imposible para estas entidades el cumplimiento de las obligaciones de reembolso derivadas de los pr閟tamos que fueron concedidos en virtud de las sucesivas convocatorias de ayudas otorgadas por la Administraci髇 General del Estado.

Para paliar esta situaci髇 se introdujo, a trav閟 de disposiciones adicionales a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los a駉s 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017, un procedimiento que permit韆 la posibilidad de aplazamiento de las cuotas de amortizaci髇, y sin variaci髇 en el plazo m醲imo de vencimiento del pr閟tamo.

No obstante las diferentes moratorias, para algunos parques no se ha resuelto la situaci髇 de la deuda contra韉a con la Administraci髇 en el marco de los anticipos reembolsables, siendo la situaci髇 actual de gran dificultad para devolver esos pr閟tamos y con el agravante de la acumulaci髇 de los importes a devolver en el a駉 2019, lo que pone en serio riesgo la viabilidad de algunos de estos parques.

Dicha situaci髇 no ser韆 deseable para las entidades que est醤 ya teniendo resultados positivos y que son viables de cara al futuro, por lo que parece m醩 conveniente refinanciarles, de modo que retornen los cr閐itos en un plazo mayor y sigan cumpliendo con su objetivo de facilitar la colaboraci髇 p鷅lico-privada en I+D+i. Por lo tanto, se hace necesario disponer de una actuaci髇 que posibilite la refinanciaci髇 de estos pagos.

El real decreto-ley contiene igualmente medidas destinadas a permitir la mejor devoluci髇 de los denominados 玴r閟tamos renta-universidad�, que fueron concedidos a trav閟 de diversas entidades de cr閐ito en virtud de un acuerdo formalizado entre el Ministerio competente en materia universitaria y el Instituto de Cr閐ito Oficial entre los a駉s 2007 y 2010, con la finalidad de colaborar en la financiaci髇 de las ense馻nzas de m醩ter universitario y, posteriormente, tambi閚 de doctorado.

Dada la crisis econ髆ico-financiera habida a lo largo de los 鷏timos a駉s, muchos de los prestatarios se encuentran ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos adeudados en virtud de estos pr閟tamos, lo que requiere de la adopci髇 de medidas urgentes que palien un posible sobreendeudamiento de los estudiantes, de consecuencias extraordinariamente negativas para su solvencia presente y futura, ya que la imposibilidad de hacer frente a los pagos pendientes provoca que los mismos se vean impedidos a la hora de poder suscribir otros instrumentos financieros, realizar determinadas operaciones con entidades de cr閐ito y, en definitiva, avanzar en sus perspectivas econ髆icas y vitales.

Por ello, se establece un l韒ite de 22.000 euros de base imponible general y del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas para posibilitar la devoluci髇 del montante 韓tegro del pr閟tamo una vez el prestatario genere una renta que le permita hacer frente a la misma, ampli醤dose el per韔do de carencia de dichos pr閟tamos hasta tal momento, estableci閚dose un plazo de devoluci髇 del pr閟tamo de 15 a駉s.

Se procede igualmente mediante el presente real decreto-ley a modificar diversos preceptos de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇, referidos a la tramitaci髇 de convenios, a los procedimientos de selecci髇 y evaluaci髇 del personal docente e investigador y a los contratos para la realizaci髇 de proyectos y para la ejecuci髇 de planes y programas p鷅licos de investigaci髇 cient韋ica y t閏nica o de innovaci髇.

Tal y como establece la parte expositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, la suscripci髇 de convenios se ha consolidado en el tiempo como una de las t閏nicas funcionales m醩 importantes de cooperaci髇 entre las distintas administraciones p鷅licas, as� como con el sector privado, en aquellos casos en que dicha figura es permitida por nuestro ordenamiento jur韉ico.

En los organismos p鷅licos de investigaci髇 y en las universidades, la citada actividad de cooperaci髇 mediante la suscripci髇 de convenios u otras f髍mulas es, si cabe, de mayor importancia. En efecto, la naturaleza de las funciones de los organismos p鷅licos de investigaci髇 y las universidades se caracteriza por desarrollarse principalmente en el marco de relaciones colaborativas en espacios mixtos p鷅lico-privados tanto nacionales como internacionales, contando por ello con financiaci髇 externa de una pluralidad de agentes, que orientan y destinan la actividad hacia un fin o resultado concreto.

Todo ello requiere de un especial dinamismo y celeridad que facilite a estas entidades la competitividad frente a otros agentes nacionales e internacionales, sujetas a los estrictos calendarios y plazos de ejecuci髇 de los proyectos, contratos y dem醩 actuaciones singulares de investigaci髇 que se realizan que, en una proporci髇 cada d韆 m醩 importante, lo hacen de forma colaborativa con otros sujetos dotados de personalidad jur韉ica propia.

Esta especificidad de la actividad colaborativa de los organismos p鷅licos de investigaci髇 y las universidades preside y se deja sentir a lo largo de todo el texto legal que regula la Ciencia en Espa馻, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇. En concreto, esta ley reconoce en su art韈ulo 34 la singularidad de los convenios suscritos por los agentes p鷅licos del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 (entre los cuales se incluyen los organismos p鷅licos de investigaci髇 y las universidades), insert醤dolos como una de las t閏nicas principales para el impulso de la investigaci髇 cient韋ica y t閏nica, la innovaci髇, la transferencia del conocimiento y la difusi髇 y la cultura cient韋ica, tecnol骻ica e innovadora.

En el 醡bito de la ciencia –y dado que de acuerdo con la Constituci髇 se trata de una competencia concurrente entre todas las administraciones p鷅licas–, el convenio ha sido un instrumento muy recurrente y flexible, que facilita las relaciones entre instituciones de investigaci髇, el intercambio entre grupos y cient韋icos, el desarrollo de sinergias y actuaciones conjuntas de todo tipo mediante la realizaci髇 de proyectos, la puesta en com鷑 de infraestructuras y de bases de datos, la realizaci髇 de estancias en otras instituciones, etc. Con esto se quiere recalcar que el convenio no es usado en los organismos p鷅licos de investigaci髇 y universidades para articular colaboraciones de delicado contenido jur韉ico para coordinar y solventar el ejercicio de competencias exclusivas entre dos administraciones p鷅licas a trav閟 de sus 髍ganos administrativos, sino que supone el instrumento operativo de muchas actividades del d韆 a d韆 de los grupos de investigaci髇, que permite que las experiencias y el caudal cient韋ico fluya a trav閟 de iniciativas multidisciplinares.

En definitiva, la naturaleza intr韓secamente colaborativa de la actividad cient韋ica, y el car醕ter din醡ico y necesariamente expeditivo de sus actuaciones, reclama de un tratamiento espec韋ico del ordenamiento administrativo a la hora de regular y facilitar el uso de uno de sus principales instrumentos: el convenio.

Se procede por tanto mediante esta norma a modificar el precitado art韈ulo 34 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, a fin de mejorar la operatividad de estos instrumentos de colaboraci髇, permitiendo ajustar la duraci髇 de los mismos a la realidad de los proyectos de investigaci髇 cient韋ica, t閏nica y de innovaci髇 que motivan su suscripci髇.

Adem醩, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera profesional en el 醡bito de la investigaci髇, desarrollo e innovaci髇, se exhorta a que los procedimientos de selecci髇 y evaluaci髇 del personal docente e investigador al servicio de las universidades p鷅licas, y del personal investigador y de investigaci髇 al servicio de los organismos p鷅licos de investigaci髇 de la Administraci髇 General del Estado, tendr醤 en cuenta las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, guarda con fines de adopci髇, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, de forma que las personas que se encuentren o se hayan encontrado en dichas situaciones tengan garantizadas las mismas oportunidades que el resto del personal que participa en los procesos de selecci髇 y evaluaci髇, y su expediente, m閞itos y curr韈ulum v韙ae no resulten penalizados por el tiempo transcurrido en dichas situaciones.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, supuso un avance importante en materia de igualdad de g閚ero al incluir, entre otras medidas, el requisito de composici髇 paritaria de todas las comisiones y comit閟 evaluadores en la carrera cient韋ica y la evaluaci髇 ciega del curr韈ulum de profesionales y de proyectos. La medida que se establece ahora a trav閟 de este real decreto-ley supondr� una garant韆 complementaria que asegurar� la igualdad de trato y de oportunidades y facilitar� la integraci髇 de las mujeres en el Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 y su promoci髇 y evoluci髇 en las trayectorias profesionales cient韋ico-t閏nicas.

Por 鷏timo, se introducen modificaciones adicionales a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇, a fin de habilitar a las administraciones p鷅licas, organismos p鷅licos, universidades p鷅licas y otras entidades del sector p鷅lico consideradas agentes de ejecuci髇 del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 a realizar contratos, de acuerdo con los principios de igualdad, m閞ito, capacidad, publicidad y concurrencia, para la ejecuci髇 de planes y programas p鷅licos de investigaci髇 cient韋ica y t閏nica o de innovaci髇 y financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de car醕ter finalista.

Por lo que respecta a los t韙ulos competenciales en virtud de los cuales se procede a la aprobaci髇 del presente real decreto-ley, el mismo se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado conforme al art韈ulo 149.1.15.� y 18.� de la Constituci髇 sobre fomento y coordinaci髇 general de la investigaci髇 cient韋ica y t閏nica y las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas, respectivamente.

Se except鷄n de lo anterior la disposici髇 adicional 鷑ica, que se dicta al amparo de los art韈ulos 149.1.13.� y 14.� de la Constituci髇, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en las bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica y en materia de Hacienda general y deuda del Estado, y la disposici髇 transitoria 鷑ica que se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.30.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia para el establecimiento de las normas b醩icas para el desarrollo del art韈ulo 27 de la Constituci髇, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes p鷅licos en esta materia.

Por su parte, las disposiciones finales primera y segunda, que modifican, respectivamente, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se amparan en los mismos t韙ulos competenciales que las normas modificadas.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta del Ministro de Ciencia, Innovaci髇 y Universidades y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 8 de febrero de 2019,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES