Real Decreto 820/2021, de 28 de septiembre, por el que se aprueba la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)

• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
• Artículo 2 Régimen jurídico
• Artículo 3 Beneficiario
• Artículo 4 Actuaciones financiables
• Artículo 5 Compatibilidad y límites de las ayudas
• Artículo 6 Financiación
• Artículo 7 Obligaciones del beneficiario y régimen de justificación
• Artículo 8 Destino de las viviendas y enseres de primera necesidad
• Artículo 9 Requisitos que han de acreditar los perceptores de las ayudas
• Artículo 10 Procedimiento de concesión y pago
• Artículo 11 Incumplimientos y reintegro de las subvenciones
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Título competencial
  • Disposición final segunda Facultades de ejecución
  • Disposición final tercera Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. Este real decreto tiene por objeto la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición, por sí misma o a través de sus órganos o entidades dependientes, de 107 viviendas de titularidad pública o privada, en la isla de La Palma, para destinarlas al alojamiento, con carácter temporal o definitivo, de familias afectadas con la pérdida o daño de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica iniciada en dicha isla el 19 de septiembre de 2021.

En el caso de que las viviendas dejasen de cumplir este objeto inmediato, tendrán que permanecer bajo la titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos previstos en el artículo 8, que sólo podrá destinarlas a alquiler social o asequible u otras formas de tenencia, siempre que se justifique su fin social.

2. Asimismo tiene por objeto la concesión de una subvención para financiar ayudas económicas a las familias afectadas destinadas a la adquisición de enseres de primera necesidad por las personas a las que se refiere el apartado anterior.

A estos efectos, únicamente se consideran como enseres domésticos de primera necesidad los muebles y elementos del equipamiento doméstico básico para cubrir las necesidades esenciales de habitabilidad de la vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1.d) del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

3. Sólo serán financiables aquellas actuaciones que se deriven de los daños ocasionados por la erupción volcánica. A estos efectos, la Comunidad Autónoma de Canarias presentará un certificado con la relación de inmuebles afectados por la erupción.

Artículo 2 Régimen jurídico

1. El procedimiento de concesión se regirá por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en este real decreto.

2. Las subvenciones se concederán en régimen de concesión directa, en razón del interés público y social derivado de las singulares circunstancias que concurren, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 3 Beneficiario

1. Será beneficiaria directa de esta subvención la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La Comunidad Autónoma deberá destinar el importe íntegro de la subvención a la adquisición de las 107 viviendas y a la financiación de ayudas económicas a las familias afectadas para la adquisición de enseres de primera necesidad por las personas damnificadas en los términos previstos en este real decreto.

3. Estas ayudas se concederán para subvenir necesidades perentorias e inaplazables que requieren una actuación inmediata, sin perjuicio de otras actuaciones que se realizarán por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 4 Actuaciones financiables

1. Se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención de 5.500.000 euros para financiar la adquisición de 107 viviendas en la isla de La Palma. Las viviendas a adquirir podrán ser de titularidad pública o privada, y deberán estar en condiciones de ser ocupadas con carácter inmediato por las familias afectadas, o en un plazo compatible con la urgencia de la necesidad a cubrir, y cumplirán con la normativa de carácter estatal, autonómico o local que les fuera de aplicación, así como con cuantas determinaciones se establezcan, en su caso, en la resolución de transferencia de la subvención.

Cuando la vivienda precise obras menores de adecuación o actualización compatibles con el plazo de disponibilidad de las mismas, podrán financiarse dichas obras con cargo a esta ayuda. Cuando se acuerde que estas obras sean realizadas por el vendedor, el coste de las mismas podría incluirse en el precio de adquisición de las viviendas.

2. Asimismo, se concede una subvención de 5.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar la adquisición de enseres de primera necesidad por los damnificados.

Artículo 5 Compatibilidad y límites de las ayudas

1. El importe de la ayuda concedida en aplicación de este real decreto se aplicará al coste total de adquisición de las viviendas y de las ayudas económicas para la adquisición de enseres de primera necesidad, incluyendo todos los gastos e impuestos inherentes a la propia adquisición, y en su caso las obras menores necesarias para la adecuación de las viviendas.

2. La ayuda para la adquisición de cada vivienda podrá ser de hasta el 100 por 100 del coste total de su adquisición, en los términos señalados en el apartado 1.

3. Las ayudas previstas en este real decreto serán incompatibles con las reguladas en materia de vivienda y enseres en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.

4. El importe de las ayudas concedidas en aplicación de este real decreto a los damnificados no podrá superar en ningún caso la diferencia entre la cuantía del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones compatibles o complementarias que, por igual concepto, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.

Artículo 6 Financiación

1. Las ayudas previstas en este real decreto se financiarán en su totalidad por la Administración General del Estado, con cargo a los créditos que por un importe máximo de 5.500.000 euros y 5.000.000 de euros se habiliten en el presupuesto del Ministerio del Interior, respectivamente, para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad, en los términos previstos por este real decreto.

2. La cuantía restante para la adquisición de las 107 viviendas será aportada por el Gobierno de Canarias o sus organismos dependientes, con cargo a su presupuesto.

Artículo 7 Obligaciones del beneficiario y régimen de justificación

La Comunidad Autónoma de Canarias, en su condición de beneficiaria de la subvención, quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención. En particular, deberá adquirir por si o a través de sus órganos o entidades dependientes las 107 viviendas y financiar ayudas económicas a las familias para la adquisición de enseres de primera necesidad en el plazo máximo de un año desde la notificación de la resolución de concesión de la subvención.
• b) Justificar ante el órgano concedente la adquisición de las viviendas, aportando las correspondientes escrituras públicas o títulos suficientes admitidos en derecho para su inscripción en el Registro de la Propiedad, en el plazo máximo de un año a contar desde la finalización del plazo que para la adquisición de las viviendas se establece en el apartado a).

  Asimismo, deberá justificar la concesión de ayudas económicas a las familias, destinadas a la adquisición de enseres de primera necesidad por los damnificados.

  Se acompañará un informe emitido por el órgano que determine la Comunidad Autónoma de Canarias para acreditar la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, así como se presentará ante el Ministerio del Interior un certificado con la relación de las viviendas a adquirir en el que se declarará expresamente la idoneidad de las viviendas para el fin adquirido.

  El plazo máximo para la presentación de la documentación será de dos años desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la subvención.

• c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de octubre, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones objeto de la subvención.
• d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
• e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
• f) Hacer constar en todas las actuaciones de publicidad y comunicación relativas a las ayudas objeto de este real decreto, la participación de la Administración General del Estado en su financiación, mediante la inclusión de la imagen institucional en los soportes correspondientes, conforme a la normativa vigente.

Artículo 8 Destino de las viviendas y enseres de primera necesidad

1. Las viviendas que se adquieran con la ayuda regulada en este real decreto deberán destinarse al alojamiento de familias afectadas por la pérdida o daño que imposibilite el disfrute de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica, ya sea con carácter temporal o definitivo.

2. Las viviendas serán adjudicadas por el Gobierno de Canarias, en las condiciones que éste estipule, con carácter temporal o indefinido, a las familias que hayan perdido o hayan sufrido daños graves en su vivienda, cuando esta fuera su domicilio habitual y permanente, con independencia de que su ocupación fuera en régimen de propiedad, usufructo o arrendamiento.

3. En el caso de que, por cualquier circunstancia, las viviendas dejasen de cumplir este objeto inmediato, deberán permanecer bajo titularidad pública durante un plazo mínimo de 30 años, y la Comunidad Autónoma de Canarias sólo podrá destinarlas a fines sociales mediante su alquiler social o asequible u otras formas de tenencia admitidas en derecho.

4. La Comunidad Autónoma de Canarias sólo podrá devolver dichas viviendas al tráfico privado si, transcurrido un plazo mínimo de 30 años, justificase ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que las viviendas ya no son necesarias para fines sociales.

5. En el caso de que las viviendas fueran devueltas al tráfico privado en un plazo inferior a 30 años, la Comunidad Autónoma de Canarias deberá reintegrar a la Administración General del Estado la subvención concedida para su adquisición, con la aplicación del interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100.

6. Las ayudas económicas para la adquisición de enseres de primera necesidad se destinarán a las familias afectadas por la pérdida o daño que imposibilite el disfrute de su vivienda habitual.

Artículo 9 Requisitos que han de acreditar los perceptores de las ayudas

1. La Comunidad Autónoma de Canarias exigirá a los particulares que perciban las ayudas a las que se refiere este real decreto acreditar, por cualquier medio admisible en derecho:

• a) Ser residentes en la isla de La Palma y que la vivienda siniestrada constituía su residencia habitual con anterioridad a la producción del siniestro.
• b) Ostentar, según proceda, la condición de propietario o arrendatario.

2. En atención a la especial naturaleza de las ayudas previstas en este real decreto, se eximirá a los perceptores de las ayudas del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 10 Procedimiento de concesión y pago

1. Esta subvención se concede de forma directa.

2. El inicio del procedimiento de concesión corresponde a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

3. La persona titular del Ministerio del Interior dictará la resolución de concesión de la subvención, por el importe máximo de 10.500.000 euros.

La Comunidad Autónoma de Canarias dispondrá de un plazo máximo de veinte días, a contar desde la notificación de la resolución, para aceptar de forma expresa la subvención.

4. El libramiento de los fondos se realizará una vez que se haya recibido la aceptación de la subvención y el certificado mencionado en el apartado anterior.

5. El pago de la subvención no requerirá la constitución de garantía.

Artículo 11 Incumplimientos y reintegro de las subvenciones

1. Se exigirá al beneficiario el reintegro de la subvención, con el interés de demora correspondiente desde el momento del pago, en los casos y en los términos previstos en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aplicándose el procedimiento de regulado en el capítulo II del título II de dicha ley.

2. Asimismo, no obstante el reintegro de la ayuda, en caso de que la conducta sea constitutiva de infracción administrativa, se estará a lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Disposición final primera Título competencial

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Disposición final segunda Facultades de ejecución

Los titulares de los Ministerios, en el ámbito de sus competencias, adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera Entrada en vigor

Este real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».