Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Actualidad Administrativa

  Periódicos y Revistas
  554,32 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

V閍se la Res. de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (獴.O.E.� 20 julio).LE0000734190_20220720

V閍se la Res. de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (獴.O.E.� 20 julio).LE0000734190_20220720

I

La Constituci髇 Espa駉la, en su art韈ulo 103, exige a la Administraci髇 p鷅lica que el desempe駉 de su actividad se realice con garant韆 de objetividad e imparcialidad y con sometimiento al principio de eficacia. Del mismo modo, obliga a que el acceso a las funciones p鷅licas se efect鷈 en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de m閞ito y capacidad, seg鷑 se establece en los art韈ulos 23.2 y 103.3.

La modernizaci髇 y mejora de la Administraci髇 p鷅lica ha constituido un objetivo permanente a lo largo de distintas etapas, necesario para dar cumplimiento al mandato constitucional de contar con una Administraci髇 eficaz en su actuaci髇 al servicio de los intereses generales.

Por otro lado, las administraciones p鷅licas han tenido que hacer frente a desaf韔s derivados de importantes transformaciones econ髆icas y sociodemogr醘icas en su labor de garantizar la prestaci髇 de unos servicios p鷅licos de calidad, cambios que afectan con especial intensidad a las organizaciones p鷅licas, las cuales afrontan el reto de responder a nuevas demandas y necesidades de la ciudadan韆. Todos estos objetivos de modernizaci髇 y mejora de la calidad de los servicios p鷅licos no se pueden alcanzar sin una adecuada gesti髇 del principal activo con el que cuenta la Administraci髇, su capital humano.

La mejor gesti髇 del personal al servicio de las distintas administraciones p鷅licas exige, sin duda, disponer de pol韙icas coherentes y racionales de dotaci髇 de efectivos de car醕ter permanente que cubran las necesidades reales de los servicios y limiten la temporalidad a la atenci髇 de necesidades de car醕ter estrictamente coyuntural.

En primer lugar, es preciso tener en cuenta los factores de tipo presupuestario. As�, en las 鷏timas d閏adas, las leyes anuales de presupuestos han venido imponiendo criterios restrictivos para la dotaci髇 de plazas de nuevo ingreso del personal al servicio de todas las administraciones p鷅licas en el marco de las directrices presupuestarias de contenci髇 del gasto p鷅lico.

A pesar de la progresiva flexibilizaci髇, estas previsiones han limitado las posibilidades de reposici髇 de las bajas ocasionadas en las plantillas de personal fijo, funcionario o laboral y, al mismo tiempo, han frenado la dotaci髇 presupuestaria para acometer nuevas actividades.

A esta situaci髇 se ha a馻dido una disonancia entre la dimensi髇 de las necesidades y la capacidad real de financiaci髇 de las administraciones territoriales, especialmente en importantes servicios como la educaci髇, la sanidad o los servicios sociales, que se extienden a toda la poblaci髇 y que son particularmente sensibles a los cambios sociales y demogr醘icos que est醤 teniendo lugar de manera intensa y acelerada en los 鷏timos a駉s.

En segundo lugar, existe un grupo de factores relacionados con la planificaci髇 estrat間ica en la ordenaci髇 del empleo p鷅lico, as� como la falta de regularidad de las convocatorias y procedimientos de selecci髇 de personal para la cobertura de vacantes con car醕ter definitivo.

En efecto, se ha constatado que no siempre existe una pr醕tica asentada de convocatoria peri骴ica y sistem醫ica, preferentemente con car醕ter anual, de las plazas vacantes, para su provisi髇 definitiva. A su vez, la falta de regularidad de las convocatorias obedece a que los procedimientos de acceso al empleo p鷅lico no se desarrollan, en muchos casos, con la agilidad y la celeridad necesarias para permitir la dotaci髇 de personal en tiempo razonable y garantizar la prestaci髇 del servicio por la Administraci髇.

As� las cosas, los procesos de selecci髇 son excesivamente lentos y dilatados en el tiempo, ocasionando en muchos casos la necesidad de provisi髇 temporal de los puestos por el tiempo necesario hasta la cobertura efectiva. En estas condiciones, el recurso al nombramiento de personal interino y a la contrataci髇 de personal temporal se ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabado suponiendo un incremento excesivo de la temporalidad.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que, si bien una tasa de temporalidad es necesaria e inherente a cualquier organizaci髇, no lo es cuando deviene en estructural y supone en algunos sectores de la Administraci髇 tasas cercanas al cincuenta por ciento de su personal.

El escenario descrito ha de completarse con la importante incidencia que la Directiva 1999/70/ CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duraci髇 determinada (en adelante, el Acuerdo Marco) tiene en el ordenamiento jur韉ico espa駉l y, por tanto, en la evoluci髇 de la jurisprudencia.

El Acuerdo Marco destaca en su pre醡bulo la preeminencia de la contrataci髇 indefinida como 玣orma m醩 com鷑 de relaci髇 laboral� y persigue dos grandes objetivos: por una parte, mejorar la calidad del trabajo de duraci髇 determinada, garantizando el respeto al principio de no discriminaci髇 y, por otra, establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilizaci髇 de sucesivos contratos o relaciones laborales de duraci髇 determinada.

As�, la cl醬sula 4 del Acuerdo Marco establece la equiparaci髇 entre personal temporal y fijo con base en el principio de no discriminaci髇, salvo existencia de causas objetivas que justifiquen una diferencia en el r間imen jur韉ico de ambas clases de personal.

Por su parte, la cl醬sula 5 del Acuerdo Marco prev� la adopci髇 de medidas destinadas a evitar la utilizaci髇 abusiva de nombramientos temporales. Si bien esta cl醬sula no tiene efecto directo, el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (en adelante, TJUE) ha insistido en que la determinaci髇 del abuso corresponde a los jueces nacionales y que la aplicaci髇 de las soluciones efectivas y disuasorias dependen del derecho nacional, instando a las autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar un eventual uso abusivo de la temporalidad.

En cualquier caso, el TJUE comparte la postura, defendida por Espa馻, de que no cabe en nuestra Administraci髇 la transformaci髇 autom醫ica de una relaci髇 de servicio temporal en una relaci髇 de servicio permanente. Esta opci髇 est� excluida categ髍icamente en el derecho espa駉l, ya que el acceso a la condici髇 de personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo solo es posible a ra韟 de la superaci髇 de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, m閞ito y capacidad.

En s韓tesis, la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las autoridades espa駉las tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad y que las diferencias en el r間imen jur韉ico del personal temporal y del fijo deben basarse 鷑icamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin.

Estos par醡etros determinan la actuaci髇 de la Comisi髇 Europea, que, en su papel de vigilante de la correcta aplicaci髇 del derecho derivado, tambi閚 ha reclamado medidas contundentes para corregir esta situaci髇.

II

La experiencia acumulada nos presenta, por tanto, una realidad que se aleja de la deseable y que nos separa, en este campo, del modelo de funci髇 p鷅lica dise馻do por el constituyente y por el legislador. Todo ello afecta al funcionamiento de la propia Administraci髇 y de los organismos p鷅licos en el correcto desempe駉 de la prestaci髇 de los servicios p鷅licos y perjudica directamente al propio personal interino o temporal que lleva mucho tiempo desempe馻ndo sus funciones y que desea, como es l骻ico, la estabilidad profesional.

La necesidad de dar respuestas a este problema ha determinado que el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia (en adelante, PRTR), ya evaluado favorablemente por la Comisi髇 Europea en la Propuesta de Decisi髇 de Ejecuci髇 del Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la aprobaci髇 de la evaluaci髇 del citado plan, contemple, en su componente 11, relativo a la modernizaci髇 de las administraciones p鷅licas, la reforma referida a la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico. El Plan tiene por objeto impulsar las reformas estructurales de calado para adaptar y hacer m醩 eficiente el funcionamiento de las administraciones p鷅licas, su r間imen jur韉ico y la ineludible planificaci髇 de la gesti髇 de los recursos humanos para garantizar la prestaci髇 de unos servicios p鷅licos de calidad.

La primera de las actuaciones previstas por dicha reforma es precisamente la adopci髇 de medidas para mejorar la eficiencia de los recursos humanos, reduciendo los altos niveles de temporalidad y flexibilizando la gesti髇 de los recursos humanos en las administraciones p鷅licas. El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las administraciones p鷅licas espa駉las, actuando la reforma en tres dimensiones: adopci髇 de medidas inmediatas para remediar la elevada temporalidad existente, articulaci髇 de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro y, por 鷏timo, potenciaci髇 de la adopci髇 de herramientas y una cultura de la planificaci髇 para una mejor gesti髇 de los recursos humanos.

Adem醩, en el componente 18, renovaci髇 y ampliaci髇 de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, la reforma 4 se refiere al refuerzo de las capacidades profesionales y reducci髇 de la temporalidad y se prev� expresamente que se reformar� la ley que regula el personal sanitario en Espa馻 (Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud), que corresponde al hito 276 del anexo de la Decisi髇 de Ejecuci髇 del Consejo relativa a la aprobaci髇 de la evaluaci髇 del plan de recuperaci髇 y resiliencia de Espa馻.

En la presente reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se aborda exclusivamente la reducci髇 del empleo temporal, dejando para una posterior revisi髇 del texto, tal y como se refleja en la disposici髇 adicional primera del real decreto-ley, la inclusi髇 de las modificaciones necesarias para alcanzar el resto de objetivos del citado hito, como son: Garantizar la cobertura de plazas en determinadas zonas geogr醘icas no suficientemente atendidas a trav閟 de medidas incentivadoras y mejorar el entorno y las condiciones laborales a trav閟 de medidas que contribuyan al desarrollo profesional y retengan el talento en el sistema espa駉l, con la introducci髇 de mejoras no solo en las condiciones econ髆icas, sino tambi閚 mediante la apertura de posibilidades en la docencia y la investigaci髇.

Este proyecto tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre los seis objetivos medioambientales, manteniendo el principio de 玭o causar da駉 significativo� (DNSH, por sus siglas en ingl閟) propio de las medidas del PRTR.

III

La organizaci髇 pol韙ica y territorial y el esquema de distribuci髇 de competencias en materia de sanidad y asistencia sanitaria que establecen la Constituci髇 Espa駉la y los estatutos de autonom韆 conducen a la creaci髇, en el a駉 1986, mediante la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, del Sistema Nacional de Salud, concebido como el conjunto de los servicios de salud necesarios para un funcionamiento arm髇ico y coordinado.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, establece que en los servicios de salud se integrar醤 los diferentes servicios sanitarios p鷅licos del respectivo 醡bito territorial. Tal integraci髇 se realiza con las peculiaridades organizativas y funcionales de los correspondientes centros, entre ellas el r間imen jur韉ico de su personal, lo que motiva que en los servicios de salud y en sus centros sanitarios se encuentre prestando servicios, personal con vinculaci髇 funcionarial, laboral y estatutaria.

Los profesionales sanitarios y dem醩 colectivos de personal que prestan sus servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social han tenido hist髍icamente en Espa馻 una regulaci髇 espec韋ica. Esa regulaci髇 propia se ha identificado con la expresi髇 玴ersonal estatutario�, que deriva directamente de la denominaci髇 de los tres estatutos de personal: el estatuto de personal m閐ico, el estatuto de personal sanitario no facultativo y el estatuto de personal no sanitario de tales centros e instituciones.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, en su art韈ulo 84, estableci� que un estatuto marco regular韆 la normativa b醩ica aplicable al personal estatutario en todos los servicios de salud, normas b醩icas espec韋icas y diferenciadas de las generales del personal funcionario p鷅lico.

La conveniencia de una normativa propia para esta personal deriva de la necesidad de que su r間imen jur韉ico se adapte a las espec韋icas caracter韘ticas del ejercicio de las profesiones sanitarias y del servicio sanitario-asistencial, as� como a las peculiaridades organizativas del Sistema Nacional de Salud.

Este 鷏timo aspecto, la adecuaci髇 del Estatuto Marco a los peculiares principios organizativos del Sistema Nacional de Salud, merece ser resaltado por cuanto constituye una de las piezas angulares de la nueva regulaci髇 del personal.

El Sistema Nacional de Salud es un modelo organizativo especial, que solo existe en el 醡bito de los servicios sanitarios p鷅licos, que crea y configura la Ley 14/1986, de 25 de abril, como medio de adaptaci髇 de tales servicios a la organizaci髇 pol韙ica y territorial espa駉la.

En este sentido y de acuerdo con las previsiones del art韈ulo 149.1.16.�, relativo a la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y la coordinaci髇 general de la sanidad, as� como del art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇 Espa駉la, referido a las bases del r間imen estatutario de sus funcionarios, se adopta, entre otras medidas, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que constituye la base del r間imen estatutario de este personal de los servicios de salud.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico, establece en su disposici髇 final segunda el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor del mismo para que se proceda a la adaptaci髇 de la normativa del personal estatutario y equivalente de los servicios de salud a lo dispuesto en los art韈ulos 10, 11 y en la disposici髇 adicional decimos閜tima del texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, modificado, tras la adecuaci髇 de su contenido a los dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico.

En consecuencia, mediante la presente disposici髇, se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, al objeto de dar cumplimiento a la previsi髇 contenida en la disposici髇 final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, en lo que afecta a la temporalidad del empleo p鷅lico en el marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.

En concreto, se modifican los art韈ulos 9 y 33, y la disposici髇 adicional decimotercera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

As�, se da una nueva redacci髇 al art韈ulo 9, que se refleja ahora en tres nuevos art韈ulos. El primero, el 9, hace referencia al personal estatutario temporal interino y establece el tiempo m醲imo de nombramiento y las causas de finalizaci髇 de la relaci髇 de interinidad, adem醩 de las mencionadas en el art韈ulo 21 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre. La regulaci髇 que se introduce con el objetivo de reducir la temporalidad sistematiza las distintas opciones de nombramiento de personal estatutario en unos supuestos concretos y con una duraci髇 tambi閚 determinada.

Es fundamental garantizar que, alcanzado el plazo m醲imo de duraci髇 del nombramiento, los servicios de salud no podr醤 efectuar otro para el mismo puesto, funci髇, actividad y causa que gener� el nombramiento inicial.

Adem醩, el c髆puto total de todos los nombramientos de personal estatutario temporal que, de forma continuada o interrumpida, recaigan en una misma persona no podr� superar el plazo de tres a駉s, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 9.

Por su parte, el art韈ulo 9 bis recoge las modalidades de sustituci髇, as� como las causas de finalizaci髇 de la relaci髇 de sustituci髇, adem醩 de las mencionadas en el art韈ulo 21 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

Se recoge asimismo, en este art韈ulo 9 bis, la singularidad del personal estatutario en cuanto a la necesidad de garantizar la prestaci髇 asistencial de los centros e instituciones sanitarias y la cobertura de sus servicios y unidades que funcionan en muchos casos durante las veinticuatro horas todos los d韆s del a駉, por lo que la atenci髇 continuada ha de ser cubierta ininterrumpidamente, as� como las reducciones de jornada, un elemento singular frente a otros empleos p鷅licos, que mantiene una singularidad en esta modificaci髇 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, para, precisamente, favorecer una adecuada cobertura de los servicios sanitarios.

Por 鷏timo, se a馻de el art韈ulo 9 ter, que establece el r間imen aplicable al personal estatutario temporal que ser� el r間imen general del personal estatutario fijo en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condici髇 temporal y al car醕ter de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condici髇 de personal estatutario fijo.

El nuevo art韈ulo 9 quater establece las medidas dirigidas al control de la temporalidad y determina que las comunidades aut髇omas ser醤 responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente ley y, en especial, velar醤 por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contrataci髇 y nombramientos del personal estatutario temporal.

Se modifica, asimismo, el art韈ulo 33 de la citada ley, que hace referencia a los procedimientos de selecci髇 de personal temporal, para incluir en el apartado 1 el requisito de que el nombramiento derivado de estos procedimientos de selecci髇 en ning鷑 caso dar� lugar al reconocimiento de la condici髇 de personal estatutario fijo, teniendo en cuenta que el proceso de selecci髇 se llevar� a cabo por 髍ganos dotados de garant韆s de imparcialidad.

Igualmente, se introduce un nuevo apartado 2 en el art韈ulo 33 con el fin de determinar que las plazas vacantes desempe馻das por personal estatutario interino deber醤 ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisi髇 o movilidad previstos en la normativa de cada Administraci髇 p鷅lica, se馻lando que la cobertura de la plaza conlleva el cese del personal estatutario interino que ven韆 desempe襻ndola. De este modo, el contenido del originario apartado 2 pasa a un nuevo apartado 3.

Se modifica, asimismo, la disposici髇 adicional decimotercera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, en la que se refleja la especificidad de la Red Sanitaria y Hospitalaria de la Defensa, puesto que, en ella, adem醩 del personal facultativo civil, presta sus servicios el personal perteneciente al Cuerpo Militar de Sanidad, sujeto a su normativa propia que contempla la realizaci髇 de una ense馻nza de perfeccionamiento de entre cuatro y cinco a駉s de duraci髇 para la obtenci髇 de las especialidades complementarias de dicho cuerpo.

En consecuencia, el adecuado funcionamiento de la Red Hospitalaria Militar requiere, como exigencia espec韋ica, que el nombramiento del personal estatutario sustituto que se nombra para sustituir transitoriamente al personal del Cuerpo Militar de Sanidad que curse dichas ense馻nzas, alcance la totalidad de dicho per韔do de formaci髇 para poder atender las actuales necesidades de los servicios hospitalarios.

La disposici髇 adicional primera del real decreto-ley recoge el compromiso de iniciar un proceso de negociaci髇 sindical para la actualizaci髇 del Estatuto Marco, de forma que el Ministerio de Sanidad, con conocimiento de la Comisi髇 de Recursos Humanos en su labor de planificaci髇, inicie un proceso negociador para la actualizaci髇 del Estatuto Marco.

La disposici髇 transitoria segunda del real decreto-ley, permite, en aras de la necesaria agilizaci髇 de los procesos de estabilizaci髇 derivados de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que el 髍gano de selecci髇 designado por la administraci髇 convocante podr� ser 鷑ico, por subgrupos de clasificaci髇, para las distintas categor韆s estatutarias objeto de convocatoria, sin perjuicio de que pueda estar asesorado, si as� se precisase, por especialistas en las correspondientes categor韆s.

IV

El art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes 玡n caso de extraordinaria y urgente necesidad�, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Asimismo, la apreciaci髇 de la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se incluyen en este real decreto-ley forma parte del juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇. En este caso, se trata de medidas dirigidas a incrementar la eficiencia en el funcionamiento de las instituciones sanitarias p鷅licas, y centradas en dar una respuesta adecuada que permita establecer la necesaria seguridad jur韉ica y la protecci髇 de los colectivos que pudieran resultar vulnerables ante la concurrencia de la situaci髇 descrita y que se definen por su condici髇 extraordinaria y urgente.

Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3), existiendo la necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, sin que constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario del referido instrumento constitucional.

La adecuada utilizaci髇 del recurso al real decreto-ley requiere el an醠isis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).

En cuanto a la definici髇 de la situaci髇 de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definici髇 expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la 玡xtraordinaria y urgente necesidad� siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoraci髇 conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposici髇 legal excepcional y que son, b醩icamente, los que quedan reflejados en el pre醡bulo y en el propio expediente de elaboraci髇 de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

La definici髇 de la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobaci髇 de la norma ha de ser expl韈ita, razonada y concreta, sin que pueda realizarse mediante f髍mulas rituales o gen閞icas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades (SSTC 95/2015, de 14 de mayo, FJ 4; 215/2015, FJ 4).

La tasa de temporalidad registrada en el empleo p鷅lico de las instituciones sanitarias p鷅licas alcanza tasas cercanas al cincuenta por ciento de su personal, habiendo sufrido una evoluci髇 muy desfavorable en el 鷏timo decenio, pasando de una temporalidad del 21,69 % en el a駉 2011 al 47,31 en 2020. Esta situaci髇 no solo se aleja de forma manifiesta del modelo de funci髇 p鷅lica configurado por nuestra Constituci髇 Espa駉la, sino que compromete la adecuada prestaci髇 de los servicios p鷅licos, en la medida en que la temporalidad impide articular pol韙icas de recursos humanos dirigidas a garantizar la calidad de estos.

Esta situaci髇 no ha pasado inadvertida a las instituciones de la Uni髇 Europea. En las recomendaciones espec韋icas dirigidas a nuestro pa韘, han subrayado insistentemente la necesidad de poner fin a la elevada temporalidad en el empleo p鷅lico.

Ello ha motivado que, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 17.3 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia, y que dispone que 玪os planes de recuperaci髇 y resiliencia ser醤 coherentes con los retos y prioridades espec韋icos de cada pa韘, determinados en el marco del Semestre Europeo�, en el componente 11 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia referido a la modernizaci髇 de las administraciones p鷅licas, Espa馻 se haya comprometido a adoptar una reforma normativa que articule medidas eficaces, proporcionadas y disuasorias para poner fin a la excesiva temporalidad en el empleo p鷅lico. Esta reforma ha merecido un juicio favorable de la Comisi髇 Europea, reflejado en el informe que acompa馻 la Propuesta de Decisi髇 de Ejecuci髇 del Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la aprobaci髇 de la evaluaci髇 del citado plan, en el que se se馻la espec韋icamente que 玡l plan de Espa馻 contiene medidas que deber韆n contribuir significativamente a la reducci髇 de la elevada proporci髇 de contratos temporales que tambi閚 se observa en el sector p鷅lico�.

El Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, dispone que la liberaci髇 de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperaci髇 y resiliencia. A la vista del plazo comprometido en el plan para la aprobaci髇 de la reforma, referido al primer semestre de 2021, no resulta posible acudir a la tramitaci髇 de un proyecto de ley por la v韆 de urgencia y la 鷑ica opci髇 posible para asegurar el cumplimiento del compromiso es acudir a la figura del real decreto-ley.

En este marco, se ha producido la promulgaci髇 y entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico y de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico que ha sustituido t醕itamente la regulaci髇 contenida en el citado real decreto-ley.

Estas normas act鷄n en tres aspectos: la adopci髇 de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso en la temporalidad en el futuro, la adopci髇 de medidas inmediatas con respecto a la elevada temporalidad existente (los procesos de estabilizaci髇) y la potenciaci髇 de la planificaci髇 y la adecuada gesti髇 de los recursos humanos en las administraciones p鷅licas, tradicionalmente inexistentes.

Las medidas para prevenir y sancionar el abuso en la temporalidad en el futuro se dirigen a reforzar el car醕ter temporal de la figura del personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a la condici髇 de personal interino, objetivar las causas de cese de este personal e implantar un r間imen de responsabilidades que constituya un mecanismo proporcionado, eficaz y disuasorio de futuros incumplimientos que, adem醩, permita clarificar cualquier vac韔 o duda interpretativa que la actual regulaci髇 haya podido generar.

La disposici髇 final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio dispone: 獷n el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de este real decreto-ley se proceder� a la adaptaci髇 de la normativa del personal docente y del personal estatutario y equivalente de los servicios de salud a lo dispuesto en el art韈ulo 10, 11 y en la disposici髇 adicional decimos閜tima del texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, de acuerdo con las peculiaridades propias de su r間imen jur韉ico. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca la citada adaptaci髇 de la legislaci髇 espec韋ica ser醤 de plena aplicaci髇 a este personal las previsiones contenidas en los citados preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.� El contenido de dicha disposici髇 final segunda se ha mantenido expresamente en vigor por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo.

El proyecto tiene por objeto una modificaci髇 parcial de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, orientada al cumplimiento del mandato contenido en el citado real decreto-ley, dado que resulta necesario atender a la previsi髇 contenida en la citada disposici髇 final segunda para proceder a la adaptaci髇 de la normativa del personal estatutario de los servicios de salud, de acuerdo con las peculiaridades propias de su r間imen jur韉ico.

El personal estatutario se inserta en el 醡bito de la funci髇 p鷅lica civil si bien manteniendo una especialidad en su relaci髇, en su r間imen jur韉ico, que la exposici髇 de motivos del Estatuto Marco hace derivar de la necesidad de que 閟te se adapte a las espec韋icas caracter韘ticas del ejercicio de las profesiones sanitarias y del servicio sanitario-asistencial, as� como a las peculiaridades organizativas del Sistema Nacional de Salud.

Ello tiene su origen en la Constituci髇 Espa駉la, que, al proclamar en su art韈ulo 43.1 el derecho a la protecci髇 de la salud, viene a reconocer la especial importancia que, tanto a nivel individual como familiar y social, tienen las prestaciones de car醕ter sanitario. El apartado 2 del mismo precepto constitucional encarga a los poderes p鷅licos la organizaci髇 y tutela de la salud p鷅lica, a trav閟 de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, lo que determina que un elevado n鷐ero de los centros y establecimientos en los que tales prestaciones y servicios se desarrollan deban permanecer en funcionamiento de manera constante y continuada. Tales centros y establecimientos han debido adoptar, por tanto, un modelo de organizaci髇 funcional espec韋ico, directamente orientado a poder atender, en cualquier momento, las demandas de prestaci髇 sanitaria que puedan producirse.

De esta forma, el Sistema Sanitario queda obligado a garantizar que los centros y establecimientos puedan ofrecer, de forma permanente y continuada, sus servicios a los ciudadanos.

Estas peculiaridades propias de su r間imen jur韉ico y organizativo hacen que no sea oportuna la aplicaci髇 subsidiaria de la modificaci髇 operada en el texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, prevista solo para el caso del incumplimiento por parte del Ministerio competente en materia de sanidad de lo previsto en la disposici髇 final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio.

Por 鷏timo, hay que recordar que el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia hab韆 recogido (en su componente 11, respecto a la modernizaci髇 de las administraciones p鷅licas) el compromiso de reducir la temporalidad en el empleo p鷅lico, lo que exige este paso legislativo.

El Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, dispone que la liberaci髇 de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperaci髇 y resiliencia. A la vista del plazo comprometido en el plan para la aprobaci髇 de la reforma, referido al primer semestre de 2022, no resulta posible acudir a la tramitaci髇 de un proyecto de ley por la v韆 de urgencia y la 鷑ica opci髇 posible para asegurar el cumplimiento del compromiso es acudir a la figura del real decreto-ley.

En cuanto a la segunda dimensi髇 del presupuesto habilitante de la legislaci髇 de urgencia, concebida como conexi髇 de sentido entre la situaci髇 de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por s� sola, la utilizaci髇 de la figura del decreto-ley; pues, de manera particularmente pertinente en el supuesto que se analiza, el posible car醕ter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, como ocurre en el caso que nos ocupa tras los 鷏timos pronunciamientos judiciales, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

Las medidas contenidas en el real decreto-ley pretenden garantizar que las instituciones sanitarias p鷅licas inicien una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evoluci髇 futura de la temporalidad en el empleo p鷅lico, a fin de situar la tasa de cobertura temporal por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales y, en esa medida, puede predicarse de cada una de ellas la conexi髇 de sentido requerida por la jurisprudencia constitucional.

La reforma de la legislaci髇 b醩ica pretende activar un conjunto de medidas regulatorias directamente ordenadas a atajar la excesiva temporalidad. Las medidas de car醕ter preventivo act鷄n mediante una delimitaci髇 de la causa y t閞mino en la figura del personal estatutario temporal y se dirigen a evitar un uso indebido de esta figura, a descartar cualquier expectativa de permanencia tras su selecci髇 por procedimientos presididos por la publicidad, igualdad, m閞ito, capacidad y celeridad y a objetivar las causas de terminaci髇 de la relaci髇 interina, ofreciendo mayor claridad sobre la duraci髇 m醲ima de la permanencia de este personal. Del mismo modo, se aplica al personal estatutario temporal el r間imen general del personal estatutario fijo en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condici髇 temporal y al car醕ter extraordinario y urgente de su nombramiento.

Asimismo, se recogen las medidas que contemplan, en l韓ea con la jurisprudencia del TJUE, sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Se establece en primer t閞mino la obligaci髇 que corresponde a las Administraciones sanitarias de evitar cualquier tipo de irregularidad en la contrataci髇 laboral temporal y nombramientos de personal estatutario temporal interino, para lo cual promover醤 la adopci髇 de criterios de actuaci髇 y una actuaci髇 coordinada de los 髍ganos con responsabilidades en materia de gesti髇 de personal. Seguidamente se dispone que las actuaciones irregulares en la presente materia dar醤 lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las administraciones p鷅licas. En tercer lugar, se contempla la nulidad de pleno derecho de todo acto, pacto, acuerdo o disposici髇 reglamentaria, as� como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administraci髇 de los plazos m醲imos de permanencia como personal temporal. En cuarto lugar, en el caso de las interinidades por vacante se establece que, transcurridos tres a駉s desde el nombramiento, se producir� el fin de la relaci髇 de interinidad y la vacante solo podr� ser ocupada por personal estatutario fijo de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto. Por 鷏timo, se prev� un r間imen de compensaciones aplicable al personal estatutario temporal en los supuestos de incumplimiento de los plazos m醲imos de permanencia.

En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a trav閟 de la tramitaci髇 de una ley por el procedimiento de urgencia, y sin que este real decreto-ley constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).

Asimismo, debe se馻larse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de las Constituci髇 Espa駉la, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al Derecho electoral general.

En primer lugar, y en cuanto a la afectaci髇 al r間imen de las comunidades aut髇omas, se trata de un l韒ite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista, de manera que, como sintetiza la STC 23/1993, de 21 de enero (FJ.2): �(…) ha de tenerse en cuenta que el art韈ulo 86.1 CE utiliza un t閞mino "r間imen de las Comunidades Aut髇omas" m醩 extenso y comprensivo que el mero de "Estatutos de Autonom韆", por lo que dicha expresi髇 ha de ser interpretada, como ha se馻lado la STC 29/1986 "en el sentido de que el Decreto-ley no puede afectar al r間imen constitucional de las Comunidades Aut髇omas, incluida la posici髇 institucional que les otorga la Constituci髇". De ese "r間imen constitucional" forman parte los Estatutos, que no pueden ser alterados por un Decreto-ley, pero tambi閚 se incluyen otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de constitucionalidad, as� como las Leyes atributivas de competencia del art韈ulo 150.1 CE, las Leyes de armonizaci髇 del art韈ulo 150.3, y las Leyes Org醤icas a que se refiere el art韈ulo 150.2 CE. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquellas leyes que, conforme al art韈ulo 28.1 LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco constitucional, para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Aut髇omas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de 閟tas. M醩 all� de ese "r間imen constitucional" el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obst醕ulo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el 醡bito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Aut髇oma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulaci髇 no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Aut髇omas. Ciertamente, el ejercicio de las competencias de un ente puede afectar en alguna medida a las del otro. Pero cuando la Constituci髇 veda al Decreto-ley "afectar" al r間imen de las Comunidades Aut髇omas, se refiere a una delimitaci髇 directa y positiva de las competencias mediante tal instrumento normativo, y no a cualquier regulaci髇 que indirectamente "incida" en las competencias auton髆icas. De otro modo, se vaciar韆n pr醕ticamente de contenido los 醡bitos de regulaci髇 sobre los que el Decreto-ley puede proyectarse, puesto que es muy dif韈il encontrar un objeto normativo en el que no incida de uno u otro modo alguna competencia auton髆ica�.

Desde esta perspectiva, se entiende que no hay afectaci髇 al r間imen de las comunidades aut髇omas en la medida en que el real decreto-ley proyectado no afecta a la posici髇 institucional de las comunidades aut髇omas ni delimita de forma directa y positiva las competencias que aqu閘las tienen atribuidas y se dicta en el 醡bito propio de las competencias que atribuyen al Estado los art韈ulos 149.1.16.� y 18.� de la Constituci髇 Espa駉la, relativos, respectivamente, a las bases y coordinaci髇 general de la sanidad y a las bases del r間imen estatutario de sus funcionarios.

En segundo lugar, en cuanto a la prohibici髇 de afectaci髇 a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇 Espa駉la, una muy consolidada doctrina del Tribunal Constitucional la interpreta en los siguientes t閞minos, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6): �1.�) El art韈ulo 86.1 CE impide que con el decreto-ley queden afectados los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I CE, pero este Tribunal ha rechazado una interpretaci髇 extensiva de dicho l韒ite que supondr韆 el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haci閚dolo 玦nservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el t韙ulo I de la Constituci髇�. 2.�) La cl醬sula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se proh韇e constitucionalmente es que se regule un r間imen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores). 3.�) El Tribunal no debe fijarse 鷑icamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino m醩 bien ha de examinar si ha existido "afectaci髇" por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el t韙ulo I CE, lo que exigir� tener en cuenta la configuraci髇 constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicaci髇 sistem醫ica en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulaci髇 de que se trate (…)�.

En el presente caso, varios aspectos de la regulaci髇 que se propone inciden en una materia, el acceso al empleo p鷅lico, conectada con el derecho fundamental establecido en el art韈ulo 23.2 de la Constituci髇, que reconoce el derecho de los ciudadanos 玜 acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p鷅licos, con los requisitos que se馻len las leyes�. Ahora bien, en aplicaci髇 de la doctrina constitucional antes expuesta, se considera que el objeto de la norma en su actual definici髇 tiene a estos efectos un alcance limitado, en el sentido de que ni establece el r間imen general de acceso a la funci髇 p鷅lica, ni supone una delimitaci髇 espec韋ica del n鷆leo del derecho fundamental al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p鷅licos y por ello no se adentra en un 醡bito material vedado al instrumento del real decreto-ley, sin perjuicio de que, en su configuraci髇 concreta, sus preceptos deban atenerse a las exigencias de igualdad en el acceso al empleo p鷅lico que impone aquel derecho fundamental.

A tenor de lo indicado, este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia, tal como exige el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, puesto que esta norma es el instrumento id髇eo para cumplir eficazmente con el prop髎ito que persigue, esto es, la reducci髇 de la temporalidad en el 醡bito sanitario. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados sin imponer ninguna carga adicional a la ciudadan韆 ni restringir derecho alguno. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico. En cuanto al principio de transparencia, ha habido participaci髇 p鷅lica durante la tramitaci髇 anterior de la norma y, adem醩, 閟ta se ajusta con claridad a los fines que persigue. Respecto del principio de eficiencia, no implica cambios que conlleven la creaci髇 de nuevas cargas administrativas.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Ministra de Sanidad, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 5 de julio de 2022,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES