Sumario

T�ngase en cuenta que el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, modificado por el presente Acuerdo, ha sido derogado por la disposici�n derogatoria del Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial (�B.O.E.� 9 mayo).

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni�n de 19 de julio de 2007, adopt� el acuerdo de �promover en el �mbito de los procesos selectivos para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, la adopci�n de medidas similares a las que el art�culo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, prev� para la provisi�n de puestos en la Administraci�n General del Estado�.

El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, regula el acceso al empleo p�blico y la provisi�n de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y, en su art�culo 9, que lleva por t�tulo �Adjudicaci�n de puestos de trabajo� dispone que: �Una vez superado el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios o categor�as de personal laboral de la Administraci�n General del Estado y hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad, podr�n solicitar al �rgano convocante la alteraci�n del orden de prelaci�n para la elecci�n de plazas dentro del �mbito territorial que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras an�logas, que deber�n ser debidamente acreditados. El �rgano convocante decidir� dicha alteraci�n cuando se encuentre debidamente justificado, y deber� limitarse a realizar la m�nima modificaci�n en el orden de prelaci�n necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada�.

Las previsiones del Real Decreto son de aplicaci�n -seg�n se�ala su art�culo 1.2-a los procedimientos de acceso al empleo p�blico y provisi�n de puestos de trabajo del personal al que se refiere el art�culo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, en donde no se incluye a los miembros de la Carrera Judicial, por lo que la citada previsi�n no resulta de directa aplicaci�n a los mismos, siendo necesaria pues una previsi�n espec�fica para la extensi�n de sus efectos a los miembros de la Carrera Judicial, raz�n por la cual se plantea la modificaci�n del Reglamento de la Carrera Judicial.

La modificaci�n que se aborda viene a hacer efectiva y real la previsi�n contenida en los art�culos 9.2, 10, 14 y, m�s espec�ficamente, en el art�culo 49 de la Constituci�n Espa�ola que dispone que: �Los poderes p�blicos realizar�n una pol�tica de previsi�n, tratamiento, rehabilitaci�n e integraci�n de los disminuidos f�sicos, sensoriales y ps�quicos, a los que prestar�n la atenci�n especializada que requieran y los amparar�n especialmente para el disfrute de los derechos que este t�tulo otorga especialmente a todos los ciudadanos�.

El mencionado precepto se inserta en el cap�tulo tercero del T�tulo I de la Constituci�n, dentro de los llamados �Principios rectores de la pol�tica social y econ�mica� y, en cuanto tal, supone la imposici�n de un deber general a todos los poderes p�blicos de orientar su actuaci�n en el sentido que resulte m�s adecuado para hacer posible la integraci�n social de las personas con discapacidad y la igualdad en el disfrute de los derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. La imposici�n de un deber de esta naturaleza puede dar lugar a la necesidad de adopci�n de medidas espec�ficas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por este grupo de personas y que justifiquen una diferencia de trato, siempre que dicha diferencia de tratamiento se conciba como �nico medio para garantizar a este colectivo una efectiva igualdad de oportunidades.

Este principio de la diferencia de trato como medio para evitar la discriminaci�n ha sido asimismo acogido en el �mbito del derecho comunitario. En concreto, la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 vino a establecer un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupaci�n, y en su art�culo 4.1 incluye un mandato a los Estados miembros para �... disponer que una diferencia de trato basada en una caracter�stica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el art�culo 1 (de religi�n o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientaci�n sexual) no tendr� car�cter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha caracter�stica constituya requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea leg�timo y el requisito proporcionado�.

Los anteriores preceptos constitucionales han sido objeto de desarrollo legal a trav�s, fundamentalmente, de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminaci�n y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad que es el instrumento legal que establece el vigente marco de la integraci�n social de las personas con discapacidad, define la igualdad de oportunidades como la ausencia de discriminaci�n, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, y contempla la adopci�n por los poderes p�blicos de medidas de acci�n positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de las personas con discapacidad para participar plenamente en la vida pol�tica, econ�mica, cultural y social.

En lo que se refiere al acceso a la funci�n p�blica, el desarrollo de las previsiones constitucionales ha tenido su reflejo en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci�n Social de los Minusv�lidos y, en la Ley 23/1988, de 28 de julio, que modific� la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, incluyendo en �sta una disposici�n adicional decimonovena, que prev� un cupo de plazas, no inferior al tres por ciento, en las ofertas de empleo p�blico, para personas con discapacidad. La compatibilidad de esta previsi�n con el art�culo 23.2 de la Constituci�n fue reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 269/1994, de 3 de octubre, que considera que la reserva porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinadas a un colectivo con graves problemas de acceso al trabajo, no solo no es en s� misma contraria a la igualdad, sino que la hace posible y efectiva.

Posteriormente, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo p�blico de discapacitados, dio nueva redacci�n a la citada disposici�n adicional decimonovena de la Ley 30/1984, introduciendo en la oferta de empleo p�blico de cada a�o la reserva de un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, de modo que dicho colectivo llegue a alcanzar el dos por ciento de los efectivos totales de la Administraci�n del Estado. El Real Decreto 2271/2004, de 3 diciembre vino a completar las previsiones contenidas en la citada Ley 53/2003, contemplando en su art�culo 9 la previsi�n cuyo �mbito de aplicaci�n a la Carrera Judicial ahora se plantea.

Las anteriores previsiones han tenido igualmente su reflejo espec�fico en la Ley Org�nica del Poder Judicial que, tras la reforma operada por la Ley Org�nica 19/2003, de 23 de diciembre, dispone en su art�culo 301.8, en materia de ingreso y ascenso en la Carrera Judicial, que: �Tambi�n se reservar� en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempe�o de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras Judicial y Fiscal se inspirar� en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminaci�n y compensaci�n de desventajas, procedi�ndose, en su caso, a la adaptaci�n de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas�.

De conformidad con lo expuesto, cabe afirmar que la aplicaci�n de una medida como la prevista en el art. 9 del Real Decreto 2271/04, en el �mbito de los procesos selectivos de ingreso en la Carrera Judicial, cuenta con una fundamentaci�n constitucional y legal suficiente. Dicha medida se inserta, de forma espec�fica, en lo que la propia Ley Org�nica del Poder Judicial define como la �compensaci�n de desventajas�, principio que habilita para la adopci�n de aquellas medidas, de car�cter proporcionado y razonable, que justifiquen un tratamiento diferenciado a las personas con discapacidad, como �nico medio para la garant�a efectiva de la igualdad y no discriminaci�n de este colectivo.

La presente modificaci�n reglamentaria, adem�s de incorporar al Reglamento de Carrera Judicial las medidas previstas en el art�culo 9 del Real Decreto 2271/2004, recoge los principios de car�cter general que, sobre el acceso de los discapacitados al empleo p�blico, se contemplan tanto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre como en el citado Real Decreto, con la finalidad de establecer una regulaci�n m�s completa y sistem�tica que, en desarrollo de lo previsto en la Ley Org�nica del Poder Judicial, incorpore los principios generales aplicables a dicho acceso.

La inclusi�n en el texto de esta materia se lleva a cabo mediante la adici�n en el T�tulo I (�De la selecci�n para el ingreso en la Carrera Judicial�) de un nuevo Cap�tulo II que, con la denominaci�n de �Ingreso en la Carrera Judicial de las personas con discapacidad�, comprender�a los nuevos art�culos 4 a 11. Debe tenerse en cuenta que, en el momento actual, los citados preceptos carecen de contenido por haber sido derogados por Acuerdo Reglamentario 2/2001, de 7 de marzo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 13 de Marzo).

En la elaboraci�n del presente Acuerdo han sido tenidos en cuenta los informes emitidos durante el tr�mite de audiencia a las asociaciones, �rganos y entes mencionados den el art�culo 110.3 de la Ley Org�nica del Poder Judicial. Asimismo, ha sido consultado el tejido asociativo de la discapacidad, articulado en torno al Comit� Espa�ol de Representantes de Personas con Discapacidad, que canaliza las demandas de la ciudadan�a con discapacidad.