Sumario

Téngase en cuenta que el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, modificado por el presente Acuerdo, ha sido derogado por la disposición derogatoria del Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial («B.O.E.» 9 mayo).

I

Una de las competencias fundamentales atribuidas al Consejo General del Poder Judicial es la potestad reglamentaria de desarrollo de la LOPJ en relación con «las condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto judicial», sin innovar ni alterar aquél en su conjunto, pero regulando «en los casos en que sean necesarios para la ejecución o aplicación de esta ley, en aquellos en que así se prevea en ésta u otra ley y, especialmente» (art. 110.2 LOPJ), entre otras materias, en lo que se refiere al régimen de licencias y permisos de Jueces y Magistrados [art. 110.2.g) LOPJ].

II

En los últimos años se han aprobado en nuestro país una serie de leyes que han tenido como principal objeto el estatuto del funcionario público. Este proceso, que ya se inició con las modificaciones de la legislación de función pública de 1984, ha culminado con la aprobación de una nueva regulación en la materia, concretamente, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que ha redefinido el estatuto del servidor público, y que ha dispuesto un nuevo régimen de licencias y permisos en coherencia con las disposiciones que al respecto recoge la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, singularmente en lo que se refiere a los permisos y licencias relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género.

En este contexto, precisamente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificó, mediante su disposición adicional tercera, apartado catorce, entre otros preceptos, el art. 373 LOPJ, para añadir un nuevo apartado 7 del siguiente tenor:

«7. Los Jueces y Magistrados tendrán derecho a permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará a las particularidades de la carrera judicial la normativa de la Administración General del Estado vigente en la materia.»

La ausencia de un desarrollo reglamentario y de la necesaria adaptación de los últimos derechos reconocidos en la legislación general de función pública al ámbito de la carrera judicial, se ha suplido, hasta el momento, por la actuación de la Comisión Permanente del Consejo, que ha venido concediendo licencias y permisos previstos en la legislación general de función pública y no recogidos en el Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, en aras a promover la homologación de jueces y magistrados con el resto de funcionarios públicos en esta cuestión, tal como recoge expresamente la exposición de motivos de la LOPJ.

Por demás, la materia no sólo no está reservada a Ley Orgánica, sino que, como se ha dicho, ha sido atribuida doblemente por el legislador al propio Consejo General del Poder Judicial, de un lado, con carácter general, al incluirla entre las materias susceptibles de integrar la potestad reglamentaria [art. 110.2.g) LOPJ], y de otro, de forma más explícita, al disponer, en el art. 377 LOPJ, que «[r]eglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, y cuanto no se halle establecido en la presente Ley».

III

Con estos antecedentes, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 2 de abril de 2008, acordó encomendar a la Comisión de Estudios e Informes el inicio de los trámites pertinentes para la modificación del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias, a los efectos de su equiparación legal con los de los funcionarios públicos, sobre la base del acuerdo presentado al Pleno por la Comisión de Igualdad.

La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 12 de marzo de 2008, acordó «por unanimidad elevar al Pleno, para, en su caso, remisión a la Comisión de Estudios, la propuesta de modificación del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y licencias, a los efectos de su equiparación legal con los de los funcionarios públicos».

A la vista y consideración de todo lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de modificación cuyos elementos más significativos son los siguientes:

• Modificación de permisos y licencias ya previstos en el Reglamento de la Carrera Judicial, ampliándolos a fin de adaptar aquellos a los equivalentes contenidos en la normativa general de funcionarios públicos; así, las reformas del art. 241 del Reglamento de Carrera Judicial que, en relación con el art. 49.a) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, incluirá un incremento de dos semanas de licencia por parto en el supuesto de nacimiento de hijo discapacitado y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple, o del art. 243 del Reglamento de Carrera Judicial que, en relación con el art. 49.b) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, extenderá hasta dos meses de duración la licencia en caso de desplazamiento previo de los adoptantes con motivo de la adopción internacional.
• Incorporación al Reglamento de Carrera Judicial de permisos, licencias y reducciones de jornada no previstos expresamente hasta el momento. Con este objetivo y a fin de dar cumplimiento al art. 373.7 LOPJ, se recogen y adaptan los permisos que la Ley 7/2007, reconoce a los funcionarios públicos en los arts. 48 y 49, singularmente los relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género, siempre que resulten compatibles con las «particularidades» (art. 373.7 LOPJ), de la función jurisdiccional. De esta forma se procede a la regulación de los permisos y licencias por lactancia; por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa precisen permanecer hospitalizados a continuación del parto; para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; por guarda legal, por ostentar el cuidado directo de persona mayor que requiera especial dedicación, o de persona discapacitada que no desempeñe actividad retribuida; por cuidado directo de familiares primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, en iguales condiciones de necesidad de dedicación especial y sin recursos propios, por fallecimiento, accidente o enfermedad grave dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral, por traslado del domicilio sin cambio de residencia, y por razón de violencia de género.

Por lo que se refiere a los nuevos permisos y licencias, se ha de destacar la complejidad que acompaña su adaptación al ámbito de la carrera judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Con carácter general, y de principio, la legislación aplicable a funcionarios traduce estos permisos en reducciones de jornada, que pueden a su vez conllevar la eventual reducción correspondiente de las retribuciones. La dificultad radica en trasladar estas posibilidades de reducción de jornada al ámbito de la potestad jurisdiccional, al ejercicio del deber y de la función de Administrar Justicia; dicho de otro modo, no a la realización o prestación de cualquier tipo de servicio o actividad pública, sino a la función pública y al mismo tiempo potestad pública, que traduce el ejercicio y la actuación de un poder del Estado como titular del mismo, a la sazón, el Poder Judicial, poder que es, por imperativo constitucional, un poder independiente, residenciado en todos y cada uno de sus miembros (art. 117 CE).

Sin embargo, no parece justificable, necesario, ni proporcionado que el respeto a los derechos de los ciudadanos, y el ejercicio de la potestad jurisdiccional sitúen a jueces y magistrados en condiciones sustancialmente inferiores a los derechos y deberes reconocidos al resto de los funcionarios públicos.

En esta línea de principio, y pese a las dificultades señaladas, la reforma pretende compatibilizar el reconocimiento de estos permisos, licencias y reducciones de jornada con el cabal ejercicio de la función y, por tanto, con la prestación del servicio público de la justicia, sin que su disfrute pueda significar en modo alguno merma de los derechos de los ciudadanos que acuden a la jurisdicción; lo contrario significaría el desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 CE.

Por tanto, la flexibilidad horaria no puede afectar a los horarios mínimos de audiencia pública, ni a la celebración de vistas y juicios en punto a su determinación en fechas posteriores a las que debieran corresponder según el tipo y naturaleza del procedimiento. Lo que no puede suponer una demora o mayor duración de la tramitación de los procesos, ni derivar en la desatención de los asuntos judiciales pendientes.

Lo anterior exige tanto la introducción de fórmulas de planificación, como la adopción de las medidas de sustitución y planes de refuerzo necesarios para el cumplimiento de la función y la efectividad del régimen de permisos y licencias previsto; esfuerzo en el que han de implicarse tanto los órganos de gobierno con capacidad para la toma de decisiones, como los propios miembros de la carrera judicial al ejercer su legítimo derecho.

En este esfuerzo de compatibilización de ambos intereses (generales en punto a la prestación del servicio y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, e individuales, de jueces y magistrados), en aras a encontrar fórmulas que permitan su conjugación, facilitando la determinación del horario de audiencia pública, siempre que se cumpla con el mínimo establecido, o articulando nuevas formas y técnicas de flexibilización y ordenación del trabajo, ocupan un lugar destacado los órganos competentes para determinar las condiciones y modos en que se ejerzan los permisos, licencias y reducciones de jornada que pudieran concederse, pero también cumple a este Consejo General del Poder judicial la competencia para adoptar criterios generales con relación a la eventual introducción de técnicas de flexibilización y ordenación del trabajo, así como la posibilidad de aprobar planes de sustitución que permitan hacer realidad el disfrute de los permisos, licencias y reducciones de jornada, estableciendo el modo en que éstos habrán de ponderarse a efectos retributivos y de evaluación de rendimiento.

Por lo que se refiere a la nueva regulación del régimen de permisos, licencias y reducciones de jornada, se introducen modificaciones de otra naturaleza dirigidas, de una parte, a compatibilizar su disfrute con la participación en los cursos de formación que se convoquen por el Consejo, siempre que la asistencia y participación en dichos cursos sea compatible con la naturaleza, objetivo y duración de permisos, licencias y reducciones de jornada, y de otra, a extender la competencia de los actuales órganos con competencia para otorgar los permisos y licencias (esto es, la Presidencia de los órganos mencionados en el art. 238 del Reglamento de Carrera Judicial, a saber, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) a la concesión, o denegación, de los nuevos permisos, licencias y reducciones de jornada introducidos por la reforma que se propone.

Sistemáticamente, dada la extensión del Reglamento de Carrera judicial, y con la intención de evitar que la introducción de nuevos artículos obligase a una re enumeración importante del conjunto de los preceptos reglamentarios, se ha optado porque las disposiciones de nueva incorporación sigan la actual numeración del precepto, con la identificación como bis, o ter, si procede.

Finalmente, en coherencia con el nuevo régimen de permisos, licencias y reducciones de jornada que se propone, se modifica el título del capítulo IV, que pasará a denominarse «Licencias, permisos y reducciones de jornada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género», en clara vocación de norma de desarrollo de lo previsto en el art. 373.7 LOPJ.

IV

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 110.2 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo informe de la Comisión de Igualdad y con cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, ha adoptado, en su reunión del día 23 de diciembre de 2008, el siguiente acuerdo: