Sumario

JUAN CARLOS REY

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

1

Desde que en 1967 se aprob� la primera Directiva de car醕ter ambiental, la protecci髇 y conservaci髇 del medio ambiente ha sido una de las principales inquietudes de la Comunidad Europea, hasta tal punto que ha terminado incorpor醤dose a los Tratados como una verdadera pol韙ica comunitaria, cuyo principal objetivo es el de prevenci髇, de acuerdo con las previsiones de los sucesivos programas comunitarios de acci髇 en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

Una de las actuaciones m醩 ambiciosas que se han puesto en marcha en el seno de la Uni髇 Europea para la aplicaci髇 del principio de prevenci髇 en el funcionamiento de las instalaciones industriales m醩 contaminantes ha sido la aprobaci髇 de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevenci髇 y al control integrado de la contaminaci髇, mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atm髎fera, el agua y el suelo, incluidos los residuos para alcanzar un nivel elevado de protecci髇 del medio ambiente considerado en su conjunto.

Para hacer efectiva la prevenci髇 y el control integrado de la contaminaci髇, la Directiva 96/61/CE supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su 醡bito de aplicaci髇 a la obtenci髇 de un permiso escrito, que deber� concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades competentes. En este permiso se fijar醤 las condiciones ambientales que se exigir醤 para la explotaci髇 de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especificar醤 los valores l韒ite de emisi髇 de sustancias contaminantes, que se basar醤 en las mejores t閏nicas disponibles y tomando en consideraci髇 las caracter韘ticas t閏nicas de la instalaci髇, su implantaci髇 geogr醘ica y las condiciones locales del medio ambiente. A estos efectos, y para facilitar la aplicaci髇 de las anteriores medidas, la Directiva establece tambi閚 un sistema de intercambio de informaci髇 entre la Comisi髇 Europea y los Estados miembros sobre las principales emisiones contaminantes y las fuentes responsables de las mismas y sobre las mejores t閏nicas disponibles.

2

La incorporaci髇 al ordenamiento interno espa駉l de la mencionada Directiva 96/61/CE se lleva a cabo, con car醕ter b醩ico, mediante esta Ley, que tiene, por tanto, una inequ韛oca vocaci髇 preventiva y de protecci髇 del medio ambiente en su conjunto, con la finalidad de evitar, o, al menos, reducir, la contaminaci髇 de la atm髎fera, el agua y el suelo.

A estos efectos, el control integrado de la contaminaci髇 descansa fundamentalmente en la autorizaci髇 ambiental integrada, una nueva figura de intervenci髇 administrativa que sustituye y aglutina al conjunto disperso de autorizaciones de car醕ter ambiental exigibles hasta el momento, con el alcance y contenido que se determina en el T韙ulo III.

3

En el T韙ulo I se establecen las medidas de car醕ter general, como el objeto o el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley, que se extiende a las instalaciones de titularidad p鷅lica o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales que se enumeran en el anejo 1, por razones de seguridad jur韉ica, si bien, de acuerdo con la Directiva 96/61/CE, las instalaciones existentes dispondr醤 de un per韔do de adaptaci髇 hasta el 30 de octubre de 2007.

No obstante, quedan fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la Ley las instalaciones o partes de las instalaciones utilizadas para la investigaci髇, desarrollo y experimentaci髇 de nuevos productos y procesos.

De igual modo, y siguiendo la t閏nica legislativa habitual de las disposiciones comunitarias, se incluyen en el art韈ulo 3 una serie de definiciones de determinados conceptos que posteriormente aparecen a lo largo del texto, lo que redunda en un mayor grado de precisi髇 y de seguridad jur韉ica a la hora de la aplicaci髇 concreta de la norma.

Entre estas medidas de car醕ter general figuran tambi閚 las obligaciones de los titulares de las instalaciones incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de esta Ley y los principios informadores del funcionamiento de las instalaciones, que deber醤 ser tenidos en cuenta por las Comunidades Aut髇omas al otorgar la autorizaci髇 ambiental integrada.

Por otro lado, se considera imprescindible la cooperaci髇 interadministrativa para hacer efectiva la exigencia de la Directiva 96/61/CE de coordinar los procedimientos de concesi髇 de este tipo de permisos cuando intervengan varias Administraciones p鷅licas.

4

En el T韙ulo II se regulan los valores l韒ite de emisi髇 y las mejores t閏nicas disponibles, uno de los aspectos esenciales de la Directiva que se incorpora mediante esta Ley.

En este sentido, y de acuerdo con lo exigido en la citada Directiva, se establece que en la autorizaci髇 ambiental integrada se deber醤 fijar los valores l韒ite de emisi髇 de las sustancias contaminantes, en particular de las enumeradas en el anejo 3, teniendo en cuenta las mejores t閏nicas disponibles (pero sin prescribir una tecnolog韆 concreta), las caracter韘ticas t閏nicas de la instalaci髇 y su localizaci髇 geogr醘ica.

Igualmente, se contempla expresamente la posibilidad de que en la determinaci髇 de los valores l韒ite de emisi髇 puedan tambi閚 tenerse en consideraci髇 los planes nacionales de car醕ter sectorial que se hayan aprobado para cumplir compromisos internacionales adoptados por Espa馻, as� como Tratados suscritos por el Estado espa駉l o por la Uni髇 Europea, como puede ser el caso de los que se deriven de la aplicaci髇 de la Directiva de Techos Nacionales de Emisi髇 (conocida como 獶irectiva NEC�) y de la nueva Directiva de grandes instalaciones de combusti髇, as� como de los compromisos que asuma el Estado espa駉l en materia de cambio clim醫ico.

Igualmente, y tambi閚 de conformidad con la Directiva 96/61/CE, se faculta para establecer reglamentariamente valores l韒ite de emisi髇, as� como par醡etros o medidas t閏nicas equivalentes que los sustituyan, para determinadas sustancias o para categor韆s espec韋icas de instalaciones, si bien mientras tanto se aplicar醤 los establecidos en la legislaci髇 sectorial actualmente vigente, que se enumera en el anejo 2.

Por 鷏timo, se regulan en este T韙ulo los mecanismos de intercambio de informaci髇 entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Aut髇omas sobre las principales emisiones contaminantes y sus focos y sobre las mejores t閏nicas disponibles, con la finalidad de conseguir una mejor aplicaci髇 de esta Ley y de elaborar un inventario estatal de emisiones que tendr� que enviarse a la Comisi髇 Europea de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria.

5

El T韙ulo III es uno de los pilares esenciales sobre los que descansa la estructura de esta Ley, en la medida en que regula el r間imen jur韉ico de la autorizaci髇 ambiental integrada, la nueva figura auton髆ica de intervenci髇 ambiental que se crea para la protecci髇 del medio ambiente en su conjunto y que sustituye a las autorizaciones ambientales existentes hasta el momento, circunstancia que le atribuye un valor a馻dido, en beneficio de los particulares, por su condici髇 de mecanismo de simplificaci髇 administrativa.

En este sentido, se articula un procedimiento administrativo complejo que integra todas las autorizaciones ambientales existentes relativas a producci髇 y gesti髇 de residuos, incluidas las de incineraci髇, vertidos a las aguas continentales y desde tierra al mar, as� como otras exigencias de car醕ter ambiental contenidas en la legislaci髇 sectorial, incluidas las referidas a los compuestos org醤icos vol醫iles, de acuerdo con la Directiva 1999/13/CE, del Consejo, de 11 de marzo.

Desde el punto de vista estrictamente procedimental, en todos aquellos aspectos no regulados en esta Ley, el otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada se ajustar� a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑. De acuerdo con ello, se establece un procedimiento que comprender� los siguientes tr醡ites: an醠isis previo de la documentaci髇 presentada y, en su caso, requerimiento al solicitante para que, en el plazo de diez d韆s, subsane la falta o acompa馿 los documentos preceptivos exigidos seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 12 de esta Ley; informaci髇 p鷅lica; solicitud de informes y declaraci髇 de impacto ambiental, en su caso; propuesta de resoluci髇; audiencia a los interesados; traslado a los 髍ganos competentes para emitir informes vinculantes en tr醡ites anteriores; resoluci髇 y, finalmente, notificaci髇 y publicidad.

Seg鷑 el anterior esquema procedimental, la solicitud de la autorizaci髇 ambiental integrada se presenta ante el 髍gano designado por la Comunidad Aut髇oma en la que se ubique la instalaci髇, e incluye un tr醡ite de informaci髇 p鷅lica que, por evidentes razones de eficacia y simplificaci髇 administrativa, ser� com鷑 para todos los procedimientos cuyas actuaciones se integran en la misma, y que se hace extensivo incluso a otros Estados miembros en el caso de actividades con efectos ambientales negativos de alcance transfronterizo.

El plazo m醲imo para resolver las solicitudes de estas autorizaciones ser� de diez meses, pasado el cual sin haberse notificado resoluci髇 expresa se entender醤 desestimadas, debido a que en el art韈ulo 8 de la Directiva 96/61/CE se exige de forma expresa que este tipo de instalaciones cuenten con un permiso escrito en el que se incluya el condicionado ambiental de su funcionamiento, lo que impide la aplicaci髇 del silencio positivo. Adem醩 de ello, no debe desconocerse que la t閏nica administrativa del silencio y de los actos presuntos no es sino una ficci髇 jur韉ica que se establece en favor de los interesados para que, ante la inactividad de la Administraci髇, tengan abiertas las v韆s de impugnaci髇 que resulten procedentes, pues resulta evidente que las Administraciones p鷅licas, en este caso las Comunidades Aut髇omas, est醤 obligadas a dictar resoluci髇 expresa para poner fin al procedimiento, de conformidad con el art韈ulo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

En cuanto a su duraci髇, las autorizaciones ambientales integradas se conceder醤 por un plazo m醲imo de ocho a駉s y se renovar醤 por per韔dos sucesivos, previa solicitud del interesado, con la peculiaridad de que, en estos casos, si el 髍gano competente no contesta a la solicitud de renovaci髇 de la autorizaci髇 dentro del plazo, 閟ta se entender� estimada por silencio positivo.

Por otro lado, y de acuerdo con la Directiva 96/61/CE, se establecen determinadas obligaciones en el caso de que se produzcan modificaciones en la instalaci髇 con posterioridad a su autorizaci髇, de tal forma que si tal modificaci髇 tiene la consideraci髇 de sustancial no se podr� llevar a cabo hasta contar con una nueva autorizaci髇 ambiental integrada, mientras que en el resto de los casos bastar� con una comunicaci髇 al 髍gano auton髆ico competente.

No obstante, el elevado nivel de protecci髇 del medio ambiente en su conjunto que se pretende alcanzar con esta Ley exige que, adem醩, la autorizaci髇 ambiental integrada pueda ser modificada de oficio en aquellos supuestos en que, aun sin modificarse las condiciones t閏nicas de la instalaci髇, la contaminaci髇 que produzca haga conveniente revisar los valores l韒ite de emisi髇 como consecuencia de cambios en las mejores t閏nicas disponibles o cuando razones de seguridad hagan necesario emplear otras t閏nicas. Igualmente, podr� modificarse de oficio la autorizaci髇 ambiental integrada cuando el organismo de cuenca correspondiente estime que concurren causas para ello, de acuerdo con lo establecido en la legislaci髇 de aguas. En tal caso, y cuando se trate de cuencas intercomunitarias, el requerimiento del organismo de cuenca estatal para efectuar la modificaci髇 tendr� car醕ter vinculante para el 髍gano auton髆ico.

Evidentemente, las anteriores causas de modificaci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada son independientes de la posibilidad de revocaci髇 total o parcial de la misma tras la incoaci髇 del correspondiente expediente sancionador, y no dar醤 derecho a indemnizaci髇 alguna.

6

En cuanto a los efectos de la autorizaci髇 ambiental integrada, est� claro que mediante la misma 鷑icamente se fijan las condiciones exigibles, desde el punto de vista ambiental, para la explotaci髇 de las instalaciones afectadas, por lo que se otorga con car醕ter previo al de otras autorizaciones o licencias sustantivas exigibles, como las reguladas en el art韈ulo 4.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y la licencia municipal de actividades clasificadas regulada en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, o en la normativa auton髆ica que resulte de aplicaci髇, que permanecen vigentes, aunque tambi閚 se establecen diversos mecanismos de coordinaci髇 con la autorizaci髇 ambiental integrada, atendiendo a lo exigido en la Directiva 96/61/CE, por el hecho de que intervengan varias Administraciones.

As�, es evidente que la gran mayor韆 de los tr醡ites del procedimiento de la licencia municipal de actividades clasificadas, o de la figura de intervenci髇 establecida en esta materia por las Comunidades Aut髇omas, encajan de una forma casi literal en el procedimiento de otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada, por lo que resulta l骻ico integrar todos estos tr醡ites en un solo procedimiento, siempre que quede garantizada la participaci髇 local en lo referente a materias de su exclusiva competencia y al pronunciamiento final de la autoridad municipal sobre la concesi髇 de la mencionada licencia, por respeto a la garant韆 constitucional del derecho a la autonom韆 local.

En este sentido, se establece que todos los tr醡ites de esta licencia municipal, incluido el de la presentaci髇 de la correspondiente solicitud y con excepci髇 de la resoluci髇 final de la autoridad municipal, se integran en el procedimiento de otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada, cuyo condicionado ambiental ser�, en todo caso, vinculante para la autoridad municipal en todos los aspectos ambientales recogidos en aqu閘la.

No obstante, se garantiza la participaci髇 municipal en un doble momento, de tal forma que, por un lado, entre la documentaci髇 de la solicitud de la autorizaci髇 ambiental integrada figura necesariamente un informe del Ayuntamiento que acredite la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urban韘tico, y, por otro, dentro del procedimiento se incluye un informe preceptivo del mismo Ayuntamiento sobre los aspectos de la instalaci髇 que sean de su competencia, teniendo en cuenta, adem醩, que, como ha quedado dicho, se mantiene en todo caso el pronunciamiento final de la autoridad municipal sobre la propia concesi髇 de la licencia.

Las anteriores medidas de coordinaci髇 de la autoridad ambiental integrada con la licencia municipal de actividades clasificadas se dictan, no obstante, sin perjuicio de las normas dictadas por las Comunidades Aut髇omas en esta materia, que ser醤 aplicables en todo caso.

7

Los mecanismos de coordinaci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada con otros procedimientos de intervenci髇 administrativa en los que intervienen distintas autoridades ambientales se extienden, tambi閚, a los supuestos en los que la puesta en marcha de las instalaciones afectadas impliquen la realizaci髇 de vertidos a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias, en los que la competencia corresponde a la Administraci髇 General del Estado de conformidad con el art韈ulo 149.1.22.� de la Constituci髇.

En estos casos, la resoluci髇 administrativa en la que se plasmaba la autorizaci髇 de vertidos, que hasta el momento ven韆n otorgando las Confederaciones Hidrogr醘icas, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se traslada a la autorizaci髇 ambiental integrada que otorgan las Comunidades Aut髇omas, de acuerdo con esta Ley, pero sin que en ning鷑 momento ello signifique una merma de las competencias que ostenta el Estado en esta materia, dado que el organismo de cuenca estatal debe emitir un informe sobre la admisibilidad del vertido o, en su caso, sobre sus caracter韘ticas, condiciones y medidas correctoras, que tendr� car醕ter vinculante para el 髍gano auton髆ico competente para otorgar la autorizaci髇 ambiental integrada.

Por otro lado, la Ley contempla mecanismos de colaboraci髇 interadministrativa para los casos en que el anterior informe vinculante no sea emitido dentro del plazo, de tal forma que, por un lado, se le concede un nuevo plazo a requerimiento urgente del 髍gano auton髆ico, y, por otro, se admite que aunque el mencionado informe sea emitido fuera de plazo deba ser tenido en cuenta siempre que se reciba antes del otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada. Evidentemente, si transcurridos todos los plazos anteriores, el organismo de cuenca no ha emitido su informe, no pueden paralizarse las actuaciones por una causa que, en todo caso, no ser韆 imputable al solicitante, por lo que la Ley establece que, si as� ocurriera, las caracter韘ticas del vertido y las medidas correctoras ser韆n fijadas por el 髍gano auton髆ico en la autorizaci髇 ambiental integrada de conformidad con la legislaci髇 sectorial aplicable. Todo ello sin perjuicio de que, en este 鷏timo caso, el organismo de cuenca podr韆, adem醩, instar la modificaci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada conforme al mecanismo previsto en el art韈ulo 26.1.d) de esta Ley.

Como es obvio, las anteriores medidas suponen una modificaci髇 puntual de la Ley de Aguas, tal como se establece en la disposici髇 final segunda, en la que se indica expresamente que la autorizaci髇 de vertido a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias se sustituir� por la emisi髇 del informe preceptivo y vinculante del organismo de cuenca estatal regulado en esta Ley.

No obstante, la anterior regulaci髇 no afecta al r間imen econ髆ico financiero ni al resto de competencias estatales en materia de protecci髇 del dominio p鷅lico hidr醬lico, como las relativas a la vigilancia e inspecci髇 o al ejercicio de la potestad sancionadora, de acuerdo con la disposici髇 final primera. En este sentido, cuando las caracter韘ticas del vertido hayan sido fijadas por el 髍gano auton髆ico, por no haberse emitido el informe vinculante del organismo de cuenca, 閟te liquidar� el canon de control de vertidos de acuerdo con las condiciones establecidas en la autorizaci髇 ambiental integrada que, a estos efectos, deber� ser puesta a disposici髇 de aqu閘 por el 髍gano auton髆ico competente para otorgarla.

8

Finalmente, otro mecanismo de integraci髇 y simplificaci髇 administrativa, siguiendo las pautas marcadas en la Directiva 96/61/CE, es la posibilidad de que las Comunidades Aut髇omas incluyan en el procedimiento de otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada las actuaciones en materia de evaluaci髇 ambiental que resulten de su competencia y las exigidas por la normativa sobre riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y aquellas otras previstas en su normativa ambiental.

Igualmente, cuando corresponda a la Administraci髇 General del Estado la competencia para formular la declaraci髇 de impacto ambiental se remitir� una copia de la misma al 髍gano auton髆ico, que deber� incorporar su contenido a la autorizaci髇 ambiental integrada. En estos casos, adem醩, se reconoce expresamente la posibilidad de utilizar f髍mulas de colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas mediante figuras como, entre otras, la encomienda de gesti髇 regulada en el art韈ulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

9

Ante un procedimiento tan complejo para otorgar la autorizaci髇 ambiental integrada, que coordina e integra diferentes actos administrativos de Administraciones diversas, ha sido preciso establecer un r間imen singular de impugnaci髇 para los supuestos en los que se hayan emitido informes vinculantes.

De esta forma, cuando un informe preceptivo y vinculante impidiese el otorgamiento de la autorizaci髇, dicho informe podr� ser recurrido, en v韆 judicial o administrativa, seg鷑 corresponda, independientemente de la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento y, por tanto, contra la misma Administraci髇 que lo hubiera emitido, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, respecto de la impugnaci髇 de los actos de tr醡ite que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto en un procedimiento.

En cambio, cuando el informe vinculante sea favorable pero sujete la autorizaci髇 a condiciones con las que no estuviera de acuerdo el solicitante, 閟tas estar醤 necesariamente incorporadas en la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento mediante el otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada, por lo que si el recurso que procediera tuviera car醕ter administrativo se interpondr� directamente contra dicha resoluci髇 del 髍gano auton髆ico, que deber� dar traslado del recurso al 髍gano que hubiera informado, puesto que es, en definitiva, el que ha fijado las condiciones con las que no est� de acuerdo el recurrente y, por tanto, quien debe pronunciarse sobre este aspecto del recurso. En el caso de que dicho 髍gano informante emitiera alegaciones en el plazo de quince d韆s, tales alegaciones ser醤 vinculantes para el 髍gano administrativo que debe resolver el recurso.

Por 鷏timo, cuando en el recurso contencioso-administrativo que se pudiera interponer contra la resoluci髇 del 髍gano auton髆ico que pusiera fin a la v韆 administrativa se dedujeran pretensiones que afecten a los informes preceptivos y vinculantes, se establece que la Administraci髇 que los hubiera emitido tendr� la consideraci髇 de codemandada, conforme al art韈ulo 21.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa, a fin de posibilitar la defensa de la legalidad de los citados informes por la propia Administraci髇 autora de los mismos, as� como su disposici髇 del objeto del proceso a trav閟 de figuras como el allanamiento o la transacci髇 judicial.

Como se aprecia, el anterior r間imen jur韉ico de impugnaci髇 cobra una especial relevancia cuando en el funcionamiento de las instalaciones afectadas se producen vertidos a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias, en la medida en que permite salvaguardar la competencia estatal en esta materia.

10

Por lo que respecta al r間imen sancionador, se ha tipificado un r間imen espec韋ico de infracciones y sanciones, sin perjuicio de lo establecido en la legislaci髇 sectorial, que seguir� siendo aplicable. No obstante, en aquellos supuestos donde de unos mismos hechos y fundamentos jur韉icos pudiera derivarse una concurrencia entre las sanciones previstas en esta Ley y las de la legislaci髇 sectorial aplicable, se impondr� la de mayor gravedad.

La Ley prev� igualmente la obligaci髇 de reposici髇 de la situaci髇 alterada a su estado anterior, as� como el pago de la correspondiente indemnizaci髇 por los da駉s y perjuicios que, en su caso, se hayan irrogado, con la determinaci髇 expresa de que cuando tales da駉s se hayan causado a las Administraciones p鷅licas, la indemnizaci髇 que corresponda se determinar� y recaudar� en v韆 administrativa. Adem醩 de ello, se establece que la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento sancionador podr� determinar tanto la obligaci髇 de reponer como la de tener que indemnizar los da駉s y perjuicios, y cuando no se hubiese determinado tal circunstancia se podr� llevar a cabo mediante un procedimiento administrativo complementario.

Asimismo, se contempla la posibilidad de imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligaci髇 de reponer la situaci髇 alterada a su estado anterior.

11

Por otro lado, en esta Ley se incorporan tambi閚 todos aquellos aspectos de la Directiva 1999/13/CE, del Consejo, de 11 de marzo, relativa a las emisiones de compuestos org醤icos vol醫iles debidas al uso de disolventes org醤icos en determinadas actividades e instalaciones, que est醤 supeditados al principio de reserva de Ley, con la finalidad de que, en v韆 reglamentaria, se pueda hacer una correcta incorporaci髇 de los aspectos t閏nicos de la mencionada Directiva.

En este sentido, en la disposici髇 final quinta se faculta al Gobierno para determinar que determinadas actividades no incluidas en las categor韆s del anejo 1 puedan quedar sometidas a notificaci髇 y registro por parte de la Comunidad Aut髇oma donde se ubiquen. En tal caso, se fijar韆n tambi閚 los requisitos a los que deber� ajustarse el funcionamiento de dichas actividades y si se produjeran incumplimientos por parte de los titulares se aplicar� el r間imen sancionador establecido en esta Ley, con excepci髇, como es obvio, de los preceptos relativos a la exigencia de la autorizaci髇 ambiental integrada, debido a que 閟tas actividades 鷑icamente estar韆n sometidas a notificaci髇 y registro auton髆ico.

Adem醩 de lo anterior, en el anejo 2 se incluye la normativa reguladora de los compuestos org醤icos vol醫iles entre la que se tomar� como referencia para aplicar niveles l韒ite de emisi髇 m韓imos, en ausencia de regulaci髇 espec韋ica y de acuerdo con el art韈ulo 7.2, ya que tal menci髇 no figuraba en el anejo 2 de la Directiva 96/61/CE por haberse aprobado con anterioridad a la mencionada Directiva 1999/13/CE.

12

En la parte final de la Ley se incluyen, en primer t閞mino, dos disposiciones adicionales referidas respectivamente a la colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas en materia de evaluaci髇 de impacto ambiental y al r間imen sancionador relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Esta 鷏tima previsi髇, recogida en la disposici髇 adicional segunda, viene impuesta por el Reglamento (CE) 2037/2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, cuyo art韈ulo 21 dispone que 玪os Estados miembros determinar醤 las sanciones necesarias aplicables a las infracciones del presente Reglamento�.

Las conductas objeto de sanci髇 a que se refiere el citado Reglamento encuentran cobertura legal en los tipos de infracci髇 establecidos en la Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de represi髇 del contrabando, que en su art韈ulo 1 define 玤閚eros prohibidos� como todos aquellos cuya importaci髇, exportaci髇, circulaci髇, tenencia, comercio o producci髇 est� prohibida expresamente por disposici髇 con rango de ley o por reglamento de la Uni髇 Europea. La tipificaci髇 recogida en su art韈ulo 2 se refiere, asimismo, a quienes 玶ealicen operaciones de importaci髇, exportaci髇, producci髇, comercio, tenencia, circulaci髇 o rehabilitaci髇 de g閚eros estancados o prohibidos, sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes�.

13

El car醕ter integrador de la nueva autorizaci髇 ambiental que se crea con esta Ley hace necesario derogar las diferentes normas sectoriales en las que se regulan autorizaciones ambientales de competencia auton髆ica, enumeradas en la disposici髇 derogatoria, si bien 鷑icamente en aquellos aspectos que se regulan en esta Ley, incluy閚dolos en la autorizaci髇 ambiental integrada, esto es, en lo referente a los procedimientos de solicitud, concesi髇, revisi髇 y cumplimiento de las respectivas autorizaciones, por lo que permanecen vigentes los dem醩 preceptos de la mencionada legislaci髇 sectorial que regulan el resto de medidas del r間imen de intervenci髇 ambiental en cada una de las materias.

En concreto, las autorizaciones ambientales que resultan derogadas a la entrada en vigor de esta Ley son las de producci髇 y gesti髇 de residuos, incluidas las de incineraci髇, vertidos a las aguas continentales de cuencas intracomunitarias y vertidos al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, desde tierra al mar, y contaminaci髇 atmosf閞ica. Adem醩 de ello, y por exigencias de la Directiva 96/61/CE, se deroga el r間imen de excepciones en materia de vertido de sustancias peligrosas.

Del mismo modo, se produce una modificaci髇 puntual de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, debido a que esta 鷏tima excluye, con car醕ter b醩ico, a las actividades de gesti髇 de residuos urbanos realizadas por los Entes locales del r間imen de autorizaci髇 administrativa exigido, con car醕ter general, a las actividades de valorizaci髇 y eliminaci髇 de residuos. Por el contrario, en el anejo 1 de la Directiva 96/61/CE se incluyen todos los vertederos que reciban m醩 de diez toneladas diarias o que tengan una capacidad de m醩 de veinticinco mil toneladas, con exclusi髇 de los vertederos de residuos inertes, sin prever ninguna excepci髇 para los vertederos de residuos urbanos, por lo que debe entenderse que tambi閚 en estos casos ser� exigible el permiso escrito establecido en el art韈ulo 8 de la mencionada directiva y, consecuentemente, la autorizaci髇 ambiental integrada regulada en esta Ley.

Igualmente, se modifica la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protecci髇 del ambiente atmosf閞ico, para adecuar el importe de las sanciones previstas en la misma a las cuant韆s establecidas en la legislaci髇 ambiental recientemente aprobada.

Por 鷏timo, esta Ley tiene la consideraci髇 de legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 149.1.23.� de la Constituci髇.