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Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono.

Ficha:
  • 觬gano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE n鷐. 317 de
  • Vigencia desde 31 de Diciembre de 2010
Versiones/revisiones:

Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

I.

El importante crecimiento econ髆ico en nuestra sociedad desde mediados del siglo pasado ha estado asociado a un muy notable aumento del consumo energ閠ico, consustancial a la mejora del nivel de vida de la ciudadan韆. Sin embargo, este mismo incremento, y especialmente el hecho de estar basado en un modelo energ閠ico fuertemente centrado en el uso de combustibles f髎iles provoca problemas ambientales y econ髆icos que pueden acabar frenando el desarrollo y afectar al bienestar de la humanidad. Entre estos impactos destacan especialmente los que se derivan de la emisi髇 de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, causantes del cambio clim醫ico.

Es por ello, que se debe, por un lado, limitar en lo posible la demanda, promoviendo la eficiencia energ閠ica y, por otro, perseguir una oferta energ閠ica que asegure un desarrollo econ髆ico sostenible. En este marco de actuaci髇, las energ韆s renovables juegan un papel esencial tanto para la seguridad del abastecimiento como para la protecci髇 del clima. No obstante, la reducci髇 de las emisiones de CO2 exige de actuaciones decididas en muchos frentes y el desarrollo e implantaci髇 de nuevas tecnolog韆s, especialmente en el 醡bito energ閠ico.

De acuerdo con informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Clim醫ico de Naciones Unidas, en el contexto de la reducci髇 global de las emisiones de CO2 en un 50% de aqu a 2050, es necesario reducir entre un 25 y un 40% las emisiones en el mundo desarrollado de aqu a 2020, y entre un 80 y un 95% de aqu a 2050. Asimismo, la ciencia nos se馻la que dicha reducci髇 es t閏nicamente factible, y que los beneficios que reportar compensar醤 ampliamente los costes.

Entre las opciones para alcanzar estos objetivos se encuentra la captura y el almacenamiento geol骻ico de carbono (CAC) como una tecnolog韆 de transici髇 que contribuir a mitigar el cambio clim醫ico. La captura y almacenamiento de carbono consiste en captar el di髕ido de carbono ( CO2) emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y finalmente inyectarlo y confinarlo en una formaci髇 geol骻ica subterr醤ea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.

El desarrollo de esta tecnolog韆 y la inversi髇 en la misma por parte de las industrias y empresas requiere definir un marco t閏nico, econ髆ico y jur韉ico que garantice su despliegue de manera segura para el medio ambiente. Este marco regulador se ha abordado en la Uni髇 Europea mediante la aprobaci髇 de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) n. 1013/2006. La citada Directiva se inscribe en el denominado paquete de energ韆 y cambio clim醫ico, con el que los pa韘es de la UE dar醤 cumplimiento al compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en marzo de 2007 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto al a駉 base, en el a駉 2020.

Cabe apuntar que, de acuerdo con los estudios efectuados con vistas a evaluar el impacto de la Directiva, aplicar esta tecnolog韆 podr韆 llegar a evitar en 2030, emisiones que representan aproximadamente el 15% de las reducciones exigidas en el 醡bito de la Uni髇 Europea.

Esta ley tiene por objeto incorporar al ordenamiento interno espa駉l las disposiciones contenidas en la Directiva citada, adapt醤dolas a la realidad industrial, geol骻ica y energ閠ica de nuestro pa韘, y estableciendo una base jur韉ica para el almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono, en condiciones seguras para el medioambiente, para contribuir a la lucha contra el cambio clim醫ico.

La ley se limita a regular la actividad de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono, y s髄o contiene previsiones puntuales en relaci髇 con la captura y el transporte. En relaci髇 con la captura, las instalaciones dedicadas a esta actividad se someten a la normativa sobre control integrado de la contaminaci髇, por lo que necesitar醤 obtener la correspondiente autorizaci髇 ambiental integrada, y quedan sujetas tambi閚 a la normativa sobre evaluaci髇 de impacto ambiental. Del mismo modo, por lo que se refiere al transporte, se contempla que las redes de transporte por tuber韆 deban someterse a declaraci髇 de impacto ambiental. A estos efectos, las disposiciones finales de la ley introducen modificaciones en la normativa de evaluaci髇 de impacto ambiental y de control integrado de la contaminaci髇. Por lo dem醩, las 鷑icas referencias a las redes de transporte en el articulado, en el cap韙ulo IV, tienen por 鷑ico objeto garantizar el acceso a las mismas (y, en 鷏tima instancia, a los lugares de almacenamiento) en condiciones transparentes y no discriminatorias. Si fuera necesario introducir una regulaci髇 espec韋ica para estas redes de transporte de CO2, habr de hacerse a trav閟 de otras normas. En este sentido, y exclusivamente para redes auxiliares vinculadas al funcionamiento de un concreto lugar de almacenamiento, se prev que puedan introducirse determinados condicionantes mediante normas reglamentarias.

Para tener una visi髇 completa del r間imen aplicable a la captura y almacenamiento geol骻ico de carbono, hay que tener en cuenta la inclusi髇 no s髄o de los lugares de almacenamiento, sino tambi閚 de las redes de transporte y de las instalaciones de captura, en el r間imen de comercio de derechos de emisi髇, de modo que en caso de fugas en cualquier punto del proceso existir obligaci髇 de entregar tantos derechos de emisi髇 como toneladas de CO2 se hayan emitido a la atm髎fera. La incorporaci髇 de estas instalaciones al r間imen de comercio de derechos de emisi髇 se lleva a cabo mediante una modificaci髇 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que lo regula, al margen de esta ley.

II.

El cap韙ulo I contiene las disposiciones generales del r間imen de almacenamiento geol骻ico de carbono. Se ha decidido abordar la transposici髇 a trav閟 de un proyecto de Ley ad hoc, en lugar de reformar otras normas de nuestro ordenamiento, como la Ley de Minas, debido a las singulares caracter韘ticas de la CAC. M醩 que en el aprovechamiento de un recurso geol骻ico, el inter閟 se centra aqu en contribuir a la mitigaci髇 del cambio clim醫ico mediante una t閏nica novedosa que exige un r間imen jur韉ico propio, orientado fundamentalmente a garantizar la seguridad para el medio ambiente y las personas.

El objetivo del almacenamiento es su confinamiento permanente, en condiciones seguras, con el fin de reducir emisiones de CO2 a la atm髎fera. La ley se aplicar en las estructuras subterr醤eas en Espa馻, incluyendo su mar territorial, su zona econ髆ica exclusiva y su plataforma continental, prohibi閚dose de manera expresa el almacenamiento en la columna de agua. En particular, la disposici髇 adicional tercera contempla algunas especificidades para el almacenamiento en el subsuelo marino.

El art韈ulo 5 establece las competencias que corresponden a cada Administraci髇, atribuy閚dose al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entre otras, otorgar los permisos de investigaci髇 cuya superficie afectada abarque el territorio de m醩 de una comunidad aut髇oma o al subsuelo marino y otorgar y revocar las concesiones de almacenamiento. A su vez los 髍ganos competentes de las comunidades aut髇omas ser醤 responsables entre otras cuestiones, de otorgar los permisos de investigaci髇 en su territorio, de establecer un sistema de inspecciones en los lugares de almacenamiento, de realizar el seguimiento y establecer las medidas correctoras oportunas y de aprobar el plan de seguimiento. Finalmente, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, entre otras, la aprobaci髇 del plan definitivo de gesti髇 posterior al cierre y proponer al Consejo de Ministros la transferencia de responsabilidad sobre los lugares de almacenamiento cerrados.

Se trata asimismo la posible concurrencia de derechos sobre una misma 醨ea, design醤dose al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o al 髍gano competente de la comunidad aut髇oma, en su caso, y seg鷑 la distribuci髇 competencial prevista, como responsables para resolver las incidencias que pudieran suscitarse.

El cap韙ulo II regula los permisos de investigaci髇 y la concesi髇 de almacenamiento. La obtenci髇 de un permiso de investigaci髇 ser obligatoria en aquellos supuestos en que se pretenda realizar una exploraci髇 con el fin de determinar la capacidad de almacenamiento o la idoneidad de un lugar determinado. Los permisos de investigaci髇 son otorgados por el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma o por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en determinados casos, estando obligados a resolver sobre las solicitudes en el plazo m醲imo de un a駉. Estos permisos conferir醤 el derecho exclusivo de investigar en un 醨ea delimitada. Se prev la posibilidad de arbitrar un procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar los permisos de investigaci髇 a los solicitantes que presenten los mejores proyectos.

La concesi髇 de almacenamiento confiere a su titular el derecho exclusivo a almacenar CO2 en el lugar de almacenamiento, siendo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el encargado de otorgar estas concesiones. S髄o se podr almacenar CO2 en aquellas formaciones geol骻icas consideradas id髇eas, lo que se determinar a trav閟 de una caracterizaci髇 y una evaluaci髇 del complejo de almacenamiento potencial y de las formaciones geol骻icas circundantes, de conformidad con los criterios especificados en el anexo I de la ley. Se regula, como parte de la solicitud de concesi髇 de almacenamiento, una garant韆 financiera que debe responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesi髇, as como de las obligaciones derivadas de la inclusi髇 de los lugares de almacenamiento en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero.

Se recoge asimismo el contenido de las concesiones, que debe incluir un plan de seguimiento de los lugares de almacenamiento, y el procedimiento de revisi髇 y revocaci髇 de las mismas.

El cap韙ulo III aborda el funcionamiento de los lugares de almacenamiento y su cierre, as como las obligaciones derivadas de 閟te. Se establecen una serie de obligaciones de informaci髇 y un sistema de inspecciones con el fin de garantizar la seguridad de los emplazamientos. Asimismo, se recogen las medidas que deben adoptarse en caso de irregularidades significativas o fugas. Los 髍ganos competentes de conformidad con lo que prev la ley deber醤 realizar estas inspecciones y exigir, o adoptar en su caso, las medidas correctoras necesarias.

Debe recordarse, asimismo, que al margen de otras consecuencias que puedan derivarse de posibles fugas, los titulares tendr醤 que entregar derechos de emisi髇 para responder de las emisiones que tales fugas supongan con arreglo a Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero.

El art韈ulo 23 establece las obligaciones relativas al cierre y al periodo posterior al cierre, delimitando aquellas 醨eas sobre las que el titular del emplazamiento sigue siendo responsable hasta la transferencia de responsabilidad al Estado, cuesti髇 que se aborda en profundidad en el art韈ulo siguiente. A este respecto cabe destacar que s髄o cuando se demuestre que el CO2 almacenado se encuentra completa y permanentemente confinado, y una vez hayan transcurrido 20 a駉s desde el cierre del lugar de almacenamiento, se transferir la responsabilidad sobre el mismo del titular a la Administraci髇 General del Estado.

Se prev, por 鷏timo, la creaci髇 de un fondo de seguimiento de lugares de almacenamiento de di髕ido de carbono, que tiene como objetivo principal cubrir los costes de seguimiento tras la transferencia de responsabilidad y que se dotar con cargo a las aportaciones de los titulares de los lugares de almacenamiento.

El cap韙ulo IV regula el acceso de terceros a la red de transporte y a los lugares de almacenamiento, que debe ser transparente y no discriminatorio, estableciendo los criterios b醩icos para garantizar este acceso. Asimismo contempla la resoluci髇 de posibles conflictos, tanto nacionales como transfronterizos.

El cap韙ulo V recoge la creaci髇 de un registro de concesiones de almacenamiento y de otro de lugares de almacenamientos cerrados y de los complejos de almacenamiento circundantes. Asimismo, establece la puesta a disposici髇 del p鷅lico de la informaci髇 relacionada con el almacenamiento geol骻ico de CO2 de conformidad con la normativa aplicable.

El cap韙ulo VI establece el r間imen sancionador. La ley distingue entre infracciones muy graves, graves y leves, e identifica distintas conductas t韕icas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, as como las correspondientes sanciones, que pueden alcanzar los 5 millones de euros.

La disposici髇 adicional primera establece la obligaci髇 de tener en cuenta las concesiones de almacenamiento de CO2 en los correspondientes instrumentos de ordenaci髇 del territorio, de ordenaci髇 urban韘tica o de planificaci髇 de infraestructuras viarias, seg鷑 corresponda. La disposici髇 adicional segunda establece las obligaciones para las instalaciones de combusti髇 con una potencial igual o superior a 300 megavatios a las que se conceda primera autorizaci髇 administrativa de construcci髇 despu閟 del 25 de junio de 2009, con el objetivo de una futura adaptaci髇 de las mismas para capturar CO2. La disposici髇 adicional tercera establece las condiciones para el almacenamiento de di髕ido de carbono en estructuras geol骻icas que se extiendan, en todo o en parte, por el subsuelo marino.

Por 鷏timo, la disposici髇 transitoria primera establece el r間imen de las autorizaciones de reconocimiento de estructuras subterr醤eas para su utilizaci髇 como almacenamiento de CO2, tramitadas con arreglo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. La disposici髇 transitoria segunda establece el r間imen aplicable a las zonas de reserva a favor del Estado.

Los t韙ulos competenciales que amparan esta norma —y que se recogen en la disposici髇 final und閏ima— son los previstos en los art韈ulos 149.1.23., 25. y 13. de la Constituci髇 Espa駉la. La articulaci髇 de dichos t韙ulos, como ocurre en otras materias cuyo eje central es la lucha contra el cambio clim醫ico (tal es el caso del mercado de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero) resulta especialmente compleja, por la estrecha vinculaci髇 existente entre medio ambiente, r間imen energ閠ico y actividad econ髆ica.

En primer lugar, tanto la finalidad claramente ambiental de la norma —contribuir a la lucha contra el cambio clim醫ico mediante la captura y almacenamiento de di髕ido de carbono y la consiguiente reducci髇 de emisiones a la atm髎fera—, como el hecho de que el almacenamiento de di髕ido de carbono deba realizarse en condiciones seguras para el medio ambiente, con el fin de evitar las fugas de di髕ido de carbono- permiten invocar el art韈ulo 149.1.23., que reserva al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente.

As, con una finalidad directamente orientada a la protecci髇 del medio ambiente —en este caso, la atm髎fera— se regula, con car醕ter b醩ico, un sistema de control y respuesta ambiental de las instalaciones de almacenamiento, que comprende diversas obligaciones por parte del titular; as las obligaciones de seguimiento que se plasman en un plan de seguimiento (detectar irregularidades significativas, detectar fugas de CO2, adoptar medidas correctoras, en su caso), las obligaciones de informaci髇 sobre los resultados de seguimiento, caracter韘ticas de los flujos de CO2, etc., y las obligaciones relativas al cierre (adem醩 del seguimiento y la informaci髇, sellar el lugar y retirar las instalaciones) y al periodo posterior al cierre hasta que el Estado asume la responsabilidad de la instalaci髇.

Debe destacarse que en la aplicaci髇 del r間imen, la mayor parte de las responsabilidades ejecutivas relacionadas con la supervisi髇 de las obligaciones de los titulares de las instalaciones se atribuyen a las comunidades aut髇omas: aprobar el plan de seguimiento de la instalaci髇, aprobar el plan de gesti髇 posterior al cierre de la instalaci髇. Llevar a cabo las inspecciones ambientales, supervisar la informaci髇 que deben remitir los titulares o ejercer la potestad sancionadora en estas materias.

Por otro lado, el mecanismo elegido en este caso para alcanzar el objetivo de la reducci髇 de emisiones es el almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono en estructuras subterr醤eas, materia que encuentra su acomodo en el art韈ulo 149.1.25., seg鷑 el cual, corresponde al Estado el establecimiento de las bases del r間imen energ閠ico y minero. As, se dictan al amparo de este t韙ulo las cuestiones relativas al 醡bito territorial de la norma, la consideraci髇 de los bienes de dominio p鷅lico, los conceptos t閏nicos relativos al proceso de almacenamiento y los preceptos destinados a compatibilizar las autorizaciones previstas en esta ley con otras necesarias para la construcci髇 de las instalaciones y desarrollo de la actividad.

Por 鷏timo, es necesario hacer menci髇 del t韙ulo competencial previsto en el art韈ulo 149.1.13. de la Constituci髇. Como ya se ha se馻lado, el almacenamiento de di髕ido de carbono se configura como una pieza m醩 en el conjunto de medidas que se est醤 llevando a cabo con el fin de favorecer un cambio de modelo energ閠ico que garantice un desarrollo econ髆ico sostenible. En este sentido, debe destacarse la estrecha conexi髇 entre el almacenamiento y las pol韙icas energ閠ica y en materia de cambio clim醫ico. En particular, como se ha apuntado, el almacenamiento geol骻ico de CO2 guarda una estrecha relaci髇 con el r間imen de comercio de derechos de emisi髇, ya que por un lado, el volumen de di髕ido de carbono almacenado deber ser necesariamente coherente con los derechos de emisi髇 que se asignen a las instalaciones para cada periodo de comercio, y, por otro, evita a los titulares hacer frente a las obligaciones de entrega de derechos bajo este r間imen, con la relevancia econ髆ica que esto comporta. Por tanto, el almacenamiento de di髕ido de carbono est llamado a formar parte integrante de estas pol韙icas, con la consiguiente repercusi髇 en la econom韆 en su conjunto y en la toma de decisiones empresariales en los distintos sectores que la integran.

Esta circunstancia justifica, como se ha apuntado, la invocaci髇 del t韙ulo contemplado en el art韈ulo 149.1.13. de la Constituci髇. En virtud del mismo, el Estado est habilitado para ejercer determinadas competencias tales como el otorgamiento de las concesiones de almacenamiento y la determinaci髇 de las condiciones de acceso a la red de transporte y a los emplazamientos de almacenamiento.

Es quiz en relaci髇 con el otorgamiento de la concesi髇 de almacenamiento, que, como se ha indicado, corresponde al Estado, donde aparentemente podr韆 existir mayor complejidad para deslindar los t韙ulos competenciales, si bien, el an醠isis tanto del modelo ya utilizado en relaci髇 con el reparto competencial en el mercado de derechos de emisi髇 como del proporcionado por el r間imen de hidrocarburos, conduce a la atribuci髇 de la competencia de otorgamiento de la concesi髇 de almacenamiento en el Estado, al amparo del t韙ulo 149.1.13. de la Constituci髇.

En este 醡bito, cabe apuntar que la jurisprudencia constitucional ha admitido que el citado t韙ulo competencial puede amparar tanto normas estatales que fijen las l韓eas directrices y los criterios globales de ordenaci髇 de sectores econ髆icos concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines propuestos en la ordenaci髇. Asimismo, ampara actuaciones ejecutivas en relaci髇 con pr醕ticas o actividades que puedan alterar la libre competencia y tengan trascendencia sobre el mercado supraauton髆ico.

Al amparo de la competencia del Estado para dictar las bases y la coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la econom韆, en la STC 197/1996, el Tribunal Constitucional admite la centralizaci髇 de competencias ejecutivas cuando vengan justificadas por ser medidas indispensables para la preservaci髇 de lo b醩ico o para garantizar la consecuci髇 de fines inherentes a la regulaci髇 b醩ica (SSTC 49/1988, fundamento jur韉ico 32; y 135/1992, fundamento jur韉ico 3.), reconociendo, en consecuencia la competencia estatal para otorgar las autorizaciones de distribuci髇 al por mayor de carburantes y combustibles petrol韋eros.

La justificaci髇 aqu esgrimida, en cuanto a su car醕ter estrat間ico para la econom韆 nacional en su conjunto, es f醕ilmente trasladable a la concesi髇 de almacenamiento de di髕ido de carbono. Como se ha dicho, el almacenamiento de di髕ido de carbono se configura como una pieza clave en el conjunto de medidas que se est醤 llevando a cabo con el fin de favorecer un cambio de modelo energ閠ico que garantice un desarrollo econ髆ico sostenible. Precisando m醩, puede apuntarse lo siguiente:

  • a) En primer lugar, cabe destacar que, previsiblemente, a medio plazo, y una vez comience a desplegarse el empleo de la CAC, el establecimiento de grandes instalaciones de combusti髇 —grandes centrales t閞micas— de competencia estatal vendr 韓timamente asociado a la obtenci髇 de concesiones de almacenamiento. En este sentido, la posibilidad de contar con dispositivos de captura y la posibilidad de acceder a lugares de almacenamiento resultar, con toda probabilidad, esencial para la viabilidad de centrales de generaci髇 de energ韆 el閏trica de cierta entidad que empleen combustibles f髎iles. Por ello, del mismo modo que la ley reserva a la Administraci髇 General del Estado la autorizaci髇 de estas instalaciones [letra a) del apartado 2 del art韈ulo 3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El閏trico], debe quedar en manos de esta misma Administraci髇 el otorgamiento de las concesiones de almacenamiento.
  • b) Pero adem醩, en segundo lugar, la captura y el almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono desempe馻 un papel central en el cambio de modelo energ閠ico y en el dise駉 de las pol韙icas energ閠ica, industrial y de lucha contra el cambio clim醫ico. As, los estudios de escenarios realizados estiman que antes de 2050 un porcentaje notable de las emisiones mundiales de CO2 procedentes de combustibles f髎iles podr韆 ser t閏nicamente apto para la captaci髇, en particular entre el 30 y el 60 por ciento de las emisiones de CO2 originadas por la generaci髇 de electricidad, y entre el 30 y el 40 por ciento de las procedentes de la industria. Adem醩, se constata que la inclusi髇 de la CAC en una cartera de opciones de mitigaci髇 reduce los costes de estabilizaci髇 de las concentraciones de CO2 en un 30 por ciento o m醩. Por 鷏timo, uno de los aspectos de la competitividad en t閞minos de costes de los sistemas de CAC es que tales tecnolog韆s son compatibles con la mayor parte de las infraestructuras energ閠icas existentes. Desde este punto de partida, se considera que la CAC ser韆 una opci髇 apropiada para los pa韘es que tienen un n鷐ero considerable de fuentes de CO2 adecuadas para la captaci髇, que tienen acceso a lugares de almacenamiento y experiencia en actividades con petr髄eo o gas, y que necesitan cumplir sus objetivos de desarrollo en un entorno en que el carbono est restringido. Considerando los objetivos asumidos por Espa馻 en materia de cambio clim醫ico, las caracter韘ticas de su modelo energ閠ico y sus condiciones geol骻icas, puede afirmarse que nuestro pa韘 se encuentra en este supuesto. De acuerdo con an醠isis realizados por la Comisi髇 Europea, la consecuci髇 de una reducci髇 de emisiones de gases de efecto invernadero del 30% en 2030 tendr韆 unos costes un 40% m醩 elevados sin emplear la CAC que con ella. Por tanto, no utilizar esta tecnolog韆 no s髄o pondr韆 en riesgo el logro de los objetivos medioambientales de la UE, sino que tambi閚 puede conllevar efectos negativos sobre la competitividad y el empleo.
  • c) Por 鷏timo, el despliegue de esta tecnolog韆 puede tener gran relevancia en la toma de decisiones empresariales, particularmente en el sector energ閠ico. As, es relevante recordar que los focos emisores susceptibles de emplear esta tecnolog韆 se encuentran sujetos, en la UE, al r間imen europeo de comercio de derechos de emisi髇. En virtud de este r間imen, los titulares de las instalaciones deben entregar anualmente a la administraci髇 tantos derechos de emisi髇 como toneladas de CO2 hayan emitido durante el a駉 anterior. En la medida en que la obtenci髇 de derechos de emisi髇 tiene un coste, existe un incentivo econ髆ico para reducir las emisiones. En este sentido, debe recordarse que el incentivo econ髆ico que comporta el r間imen se acentuar a partir de 2013, cuando, por un lado, el volumen total de derechos en el mercado (cap) se reduzca, como consecuencia de los compromisos asumidos, y, por otro, la subasta pase a ser la metodolog韆 de asignaci髇 prevalente (鷑ica en el caso del sector de generaci髇 de energ韆 el閏trica). En esas circunstancias, en las que cada tonelada emitida a la atm髎fera tendr un coste para los titulares de las instalaciones de en torno a 30 euros (seg鷑 estimaciones de la Comisi髇 europea), la implantaci髇 de tecnolog韆s de captura, y la posibilidad de almacenar el CO2 generado, cobran una relevancia econ髆ica de primer orden. De hecho, el informe del IPCC sobre captura y almacenamiento de di髕ido de carbono de 2005 se馻la que los sistemas de CAC deber韆n empezar a desplegarse a nivel significativo cuando los precios del CO2 empiecen a alcanzar entre 25 y 30 d髄ares USA por tonelada, valores inferiores a los que se estima que se alcanzar醤 en el contexto europeo en los pr髕imos a駉s. De esta manera, en un escenario de importantes limitaciones en cuanto a la posibilidad de emitir gases de efecto invernadero, y, con ello, de costes crecientes ligados a estas emisiones, el acceso a la CAC se configura como un elemento que resulta central a la hora de adoptar decisiones de inversi髇 por parte de los operadores energ閠icos, permitiendo un ahorro de costes para las empresas en la medida en que no tendr醤 que adquirir derechos de emisi髇 mediante subasta o en el mercado, al tiempo que se configura como una pieza de gran relevancia para el dise駉 de la pol韙ica energ閠ica nacional.

    Finalmente, no puede olvidarse que en el sistema de captura y almacenamiento de di髕ido de carbono se halla presente otro elemento relevante, que tiene que ver con el componente territorial de una futura red de transporte de CO2 que deber acabar conectando instalaciones energ閠icas (y, posiblemente, industriales) con lugares de almacenamiento. A estos efectos, debe tenerse en cuenta, que las estructuras geol骻icas aptas para el almacenamiento no est醤 distribuidas uniformemente por todo el territorio, por lo que, en la medida en que esta tecnolog韆 se vaya desplegando, los lugares de almacenamiento deber醤 estar conectados con los puntos de captura a trav閟 de redes de transporte. Ello acabar configurando una red de infraestructuras de 醡bito supraauton髆ico interconectadas en todo el 醡bito nacional. Esta circunstancia, unida a las expuestas en los p醨rafos anteriores acerca de la relevancia de la CAC en el futuro modelo energ閠ico, justifica que el cumplimiento de las condiciones de acceso a las redes y a los lugares de almacenamiento, deba ser responsabilidad de la Administraci髇 General del Estado.

CAP蚑ULO I

Disposiciones generales

Art韈ulo 1 Objeto

1. Esta ley establece el marco jur韉ico para el almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono ( CO2), en condiciones seguras para el medio ambiente, con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio clim醫ico.

2. El objetivo del almacenamiento geol骻ico de CO2 es su confinamiento permanente, en condiciones seguras para el medio ambiente, de manera que se eviten y, cuando no sea posible, se reduzcan al m醲imo, los efectos negativos o riesgos que pudiera tener dicho almacenamiento, sobre el medio ambiente y la salud humana.

3. Reglamentariamente se regular醤 las condiciones necesarias para el desarrollo de las redes auxiliares de transporte a las que se refiere el art韈ulo 26 de esta ley y el de otras instalaciones de car醕ter auxiliar directamente vinculadas a lugares de almacenamiento y necesarias para llevar a cabo la actividad del almacenamiento geol骻ico de CO2.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇 y prohibiciones

1. Esta ley se aplicar al almacenamiento geol骻ico de CO2 en estructuras subterr醤eas en Espa馻, incluyendo su mar territorial, su zona econ髆ica exclusiva y su plataforma continental. En los supuestos de almacenamiento geol骻ico de CO2 en el subsuelo marino deber respetarse, asimismo, lo previsto en la legislaci髇 estatal y comunitaria y en los acuerdos internacionales suscritos por Espa馻 para la protecci髇 del medio ambiente marino.

2. Esta ley no se aplicar al almacenamiento geol骻ico de CO2 realizado con fines de investigaci髇, desarrollo o experimentaci髇 de nuevos productos y procesos siempre que la capacidad prevista de almacenamiento sea inferior a 100 kilotoneladas. A trav閟 de un reglamento espec韋ico se determinar醤 las previsiones de esta ley aplicables a estos lugares de almacenamiento. En tanto no se apruebe dicho reglamento o, una vez aprobado, en lo no previsto en el mismo, al almacenamiento de CO2 para investigaci髇 y desarrollo, le resultar de aplicaci髇 la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

3. No se autorizar el almacenamiento de CO2 en un lugar de almacenamiento que se extienda m醩 all de la zona contemplada en el apartado 1.

4. No se autorizar el almacenamiento de CO2 en la columna de agua ni sobre el lecho marino.

Art韈ulo 3 Dominio p鷅lico

A los efectos del art韈ulo 132.2 de la Constituci髇, tendr醤 la consideraci髇 de bienes de dominio p鷅lico estatal las formaciones geol骻icas que formen parte de los lugares de almacenamiento existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que est閚 bajo la soberan韆 del Reino de Espa馻 conforme a la legislaci髇 vigente y a los convenios y tratados internacionales de los que sea parte.

Como bienes de dominio p鷅lico estatal, dichas formaciones geol骻icas son inalienables, imprescriptibles e inembargables y se regular醤, en lo no previsto en esta ley, por lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 4 Definiciones

A los efectos de esta ley, se entender por:

1. 獳lmacenamiento geol骻ico de CO2: La inyecci髇 y confinamiento de CO2 en formaciones geol骻icas subterr醤eas.

2. 獵olumna de agua: La masa de agua vertical continua, desde la superficie hasta los sedimentos del fondo.

3. 獿ugar de almacenamiento: La estructura definida en t閞minos de volumen dentro de una formaci髇 geol骻ica utilizada para el almacenamiento geol骻ico de CO2 y las instalaciones de superficie e inyecci髇 asociadas.

4. 獸ormaci髇 geol骻ica: La subdivisi髇 litoestratigr醘ica en la que pueden observarse y cartografiarse capas de roca distintas.

5. 獸uga: Cualquier escape de CO2 del complejo de almacenamiento.

6. 獵omplejo de almacenamiento: El lugar de almacenamiento y formaciones geol骻icas circundantes que pueden influir en la integridad y en la seguridad general del almacenamiento (formaciones de confinamiento secundarias).

7. 獷structura subterr醤ea: Cavidad o roca permeable (roca con poros conectados hidr醬licamente) en que la transmisi髇 de la presi髇 se puede medir con medios t閏nicos y est delimitada por barreras de flujo (formaciones salinas, cambios de facies litol骻icas) o por el acu馻miento o el afloramiento de la formaci髇.

8. 獻nvestigaci髇: La evaluaci髇 de los complejos de almacenamiento potenciales a efectos de almacenamiento geol骻ico de CO2 a trav閟 de actividades de prospecci髇 geol骻ica, incluidas t閏nicas geof韘icas y perforaciones, con el fin de obtener informaci髇 sobre los estratos del complejo de almacenamiento potencial y, en su caso, la realizaci髇 de ensayos de inyecci髇 para caracterizar el lugar de almacenamiento.

9. 玃ermiso de investigaci髇: La resoluci髇 administrativa escrita y motivada por la que se autoriza la investigaci髇 y se especifican las condiciones en las que debe realizarse, expedida por la autoridad competente de conformidad con las disposiciones esta ley.

10. 玊itular: Cualquier persona f韘ica o jur韉ica, de car醕ter p鷅lico o privado, que explote o controle el lugar de almacenamiento o, cuando as lo disponga esta ley, que ostente, por delegaci髇, un poder econ髆ico determinante sobre el funcionamiento t閏nico del lugar de almacenamiento.

11. 獵oncesi髇 de almacenamiento: La resoluci髇 administrativa escrita y motivada por la que se autoriza el almacenamiento geol骻ico de CO2 en un lugar de almacenamiento por parte del titular y se especifican las condiciones en las que debe realizarse, expedida por la autoridad competente de conformidad con las disposiciones de esta ley.

12. 獵ambio sustancial: Cualquier modificaci髇 de la actividad de almacenamiento geol骻ico de CO2 no contemplada en la concesi髇 de almacenamiento y susceptible de tener efectos significativos en el medio ambiente o la salud humana.

13. 獸lujo de CO2: El flujo de sustancias resultante de los procesos de captura de di髕ido de carbono.

14. 玆esiduo: Cualquier sustancia definida como residuo en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos as como en la normativa comunitaria vigente en la materia.

15. 玃luma de CO2: El volumen de dispersi髇 de CO2 en la formaci髇 geol骻ica.

16. 玀igraci髇: El desplazamiento del CO2 dentro del complejo de almacenamiento.

17. 獻rregularidad significativa: Cualquier irregularidad registrada en las operaciones de inyecci髇 o almacenamiento o en el estado del propio complejo de almacenamiento, que implique un riesgo de fuga o un riesgo para el medio ambiente o la salud humana.

18. 玆iesgo significativo: Probabilidad de que se produzca un da駉 y de que la magnitud del mismo sea tal que no se puede despreciar sin cuestionar la finalidad de esta ley en relaci髇 con el lugar de almacenamiento de que se trate.

19. 玀edidas correctoras: Las medidas adoptadas para corregir irregularidades significativas o para evitar o detener fugas de CO2 del complejo de almacenamiento.

20. 獵ierre del lugar de almacenamiento: El cese definitivo de la inyecci髇 de CO2 en un lugar de almacenamiento.

21. 玃eriodo posterior al cierre: El per韔do que sigue al cierre de un lugar de almacenamiento, incluido el per韔do posterior a la transferencia de responsabilidad a la autoridad competente.

22. 玆ed de transporte: La red de tuber韆s, incluidas las estaciones de bombeo y monitorizaci髇 correspondientes, para el transporte de CO2 al lugar de almacenamiento.

Art韈ulo 5 Competencias

1. Corresponder al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con lo previsto en esta ley, el ejercicio de las siguientes funciones:

  • a) Otorgar los permisos de investigaci髇 previstos en esta ley cuando afecten al 醡bito territorial de m醩 de una comunidad aut髇oma o al subsuelo marino y resolver, de acuerdo con el art韈ulo 6, los conflictos por concurrencia de derechos que afecten a los mismos.
  • b) Otorgar las concesiones de almacenamiento previstas en esta ley y resolver, de acuerdo con el art韈ulo 6, los conflictos por concurrencia de derechos que afecten a las mismas.
  • c) Revocar las concesiones de almacenamiento en los supuestos previstos en esta ley.
  • d) Comprobar la solvencia financiera del titular de una concesi髇 de almacenamiento y la preparaci髇 t閏nica del personal que desarrollar sus funciones en los lugares de almacenamiento.
  • e) Garantizar que no se dan usos incompatibles en los lugares de almacenamiento, en el 醡bito de sus competencias, y coordinarse con otras administraciones para garantizar el mismo objetivo.
  • f) Resolver los conflictos relativos al acceso a las redes de transporte y lugares de almacenamiento.
  • g) Crear y mantener un registro que re鷑a la informaci髇 relativa a permisos de investigaci髇 concesiones de almacenamiento y lugares de almacenamiento cerrados, recabando la informaci髇 pertinente de otras Administraciones p鷅licas.
  • h) Aprobar, como 髍gano sustantivo, los proyectos de instalaciones de estos almacenamientos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
  • i) La inspecci髇 de los lugares de almacenamiento situados en el subsuelo marino. En caso de observar irregularidades significativas o fugas, se asegurar que el titular de la concesi髇 adopte las medidas correctoras necesarias, y en caso de que lo estime necesario, las adoptar por s misma.
  • j) Aquellas otras funciones que le atribuya esta ley.

    La Administraci髇 General del Estado podr encomendar el ejercicio de actividades relacionadas con las funciones recogidas en los apartados b), c), d), g), h) e i) a aquellas Comunidades Aut髇omas que as lo soliciten, en el marco de lo establecido en el art韈ulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

2. Corresponder al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el ejercicio de las siguientes funciones:

  • a) Informar, en los t閞minos previstos en esta ley, la concesi髇 de los permisos de investigaci髇 y las concesiones de almacenamiento cuyo otorgamiento corresponda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, as como formular la declaraci髇 de impacto ambiental o, en su caso, la declaraci髇 sobre la evaluaci髇 ambiental de los proyectos a los que se refiere la disposici髇 final segunda de esta ley respecto a los que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tenga la condici髇 de 髍gano sustantivo, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluaci髇 de Impacto Ambiental de Proyectos.
  • b) Ejercer las funciones de seguimiento y supervisi髇 de los lugares de almacenamiento contempladas en el art韈ulo 23.5, as como en los supuestos en los que se haya producido la transferencia de responsabilidad a la Administraci髇 General del Estado, en los t閞minos previstos en esta ley.
  • c) Proponer al Consejo de Ministros la transferencia de responsabilidad sobre los lugares de almacenamiento cerrados, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 24.
  • d) Crear y mantener un registro de lugares de almacenamiento cerrados.
  • e) Aquellas otras funciones que le atribuya esta ley.

    La Administraci髇 General del Estado podr encomendar el ejercicio de actividades relacionadas con las funciones recogidas en los apartados b), c) y d) a aquellas Comunidades Aut髇omas que as lo soliciten, en el marco de lo establecido en el art韈ulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

3. Corresponder a los 髍ganos competentes de las comunidades aut髇omas el ejercicio de las siguientes funciones:

  • a) Otorgar los permisos de investigaci髇 previstos en esta ley cuando no excedan del al 醡bito territorial de una comunidad aut髇oma y resolver, de acuerdo con el art韈ulo 6, los conflictos por concurrencia de derechos que afecten a los mismos.
  • b) Informar las solicitudes de concesi髇 de almacenamiento.
  • c) Aprobar el plan de seguimiento y el plan provisional de gesti髇 posterior al cierre.
  • d) Establecer un sistema de inspecciones en los lugares de almacenamiento.
  • e) Asegurarse de que en caso de irregularidades significativas o fugas, el titular de la concesi髇 adopte las medidas correctoras necesarias, y en caso de que lo estime necesario, adoptarlas por s misma.
  • f) Responsabilizarse del seguimiento y de las medidas correctoras una vez cerrado un lugar de almacenamiento y hasta la transferencia de responsabilidad.
  • g) Aquellas otras funciones que les atribuya esta ley.

    Los 髍ganos auton髆icos competentes desarrollar醤 adem醩 las actividades que se les encomienden de conformidad con lo previsto en los apartados 1 y 2 de este art韈ulo.

4. En los supuestos de almacenamiento geol骻ico de CO2 en el subsuelo marino, las funciones establecidas en el apartado anterior corresponder醤 a la Administraci髇 General del Estado, de conformidad con lo previsto en la disposici髇 adicional tercera de esta ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

5. A los efectos de lo previsto en las letras c) a f) del apartado 3, en el caso de lugares de almacenamiento situados en el territorio de m醩 de una comunidad aut髇oma, estas desarrollar醤 los cauces de cooperaci髇 oportunos para la adecuada aplicaci髇 de esta ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril). V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 6 Concurrencia de derechos

1. Podr醤 otorgarse permisos de investigaci髇 y concesiones de almacenamiento aun en los casos en que sobre la totalidad o parte de la misma 醨ea existan derechos mineros o de hidrocarburos otorgados de acuerdo con la normativa que resulte aplicable, salvo que se trate de estructuras subterr醤eas reguladas en la Secci髇 Segunda del Cap韙ulo II de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y siempre que el almacenamiento de CO2 sea compatible con las labores mineras o de hidrocarburos que hayan sido autorizadas previamente en dicha 醨ea.

2. El otorgamiento de permisos de investigaci髇 y concesiones de almacenamiento con arreglo a esta ley no impedir la atribuci髇 sobre las mismas 醨eas de autorizaciones, permisos o concesiones relativos a otros yacimientos minerales y dem醩 recursos geol骻icos, siempre y cuando las labores que lleven impl韈itos no pongan en riesgo la estructura para el almacenamiento de CO2.

3. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma o el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su caso, y seg鷑 la distribuci髇 competencial prevista en el art韈ulo 5, resolver醤, las incidencias que puedan presentarse por coincidir en un 醨ea solicitudes de permisos de investigaci髇 o de concesiones de almacenamiento de CO2 y de otras sustancias minerales y dem醩 recursos geol骻icos. En el caso de que las labores sean incompatibles, definitiva o temporalmente, se determinar motivadamente la sustancia o recurso cuya explotaci髇 resulta de mayor inter閟. En 鷏tima instancia, en ausencia de un inter閟 prevalente, se dar prioridad al derecho de mayor antig黣dad. El titular a quien se le conceda la prioridad habr de indemnizar, en su caso, a aqu閘 que tuviere reconocidos otros derechos con anterioridad por los perjuicios que se le ocasionen. Si la incompatibilidad fuere temporal, las labores suspendidas podr醤 reanudarse una vez desaparecida aqu閘la.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

4. En aquellos supuestos en que los trabajos de investigaci髇 llevados a cabo al amparo de dos o m醩 permisos de investigaci髇 diferentes acaben concurriendo sobre una misma estructura geol骻ica, el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma o el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el caso de permisos de investigaci髇 de su competencia, resolver醤 las incidencias que puedan presentarse.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma

Art韈ulo 7 Otras autorizaciones

Las autorizaciones, permisos y concesiones objeto de esta ley lo ser醤 sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, construcciones e instalaciones necesarios que para su desarrollo pudieran requerir.

CAP蚑ULO II

Permisos de investigaci髇 y concesiones de almacenamiento

Art韈ulo 8 Permiso de investigaci髇

1. En aquellos casos en que sea necesario realizar trabajos de investigaci髇 con el fin de determinar la capacidad de almacenamiento o la idoneidad de un lugar de almacenamiento determinado, dichos trabajos exigir醤 la obtenci髇 de un permiso de investigaci髇 concedido con arreglo a esta ley.

En aquellos supuestos en que proceda, podr醤 incluirse en los permisos de investigaci髇 el seguimiento de las pruebas de inyecci髇. En estos supuestos, el 髍gano competente podr acordar, si lo estimase oportuno, la necesidad de constituir una garant韆 con arreglo a lo previsto en el art韈ulo 12.

2. Podr醤 ser titulares de permisos de investigaci髇 todas aquellas personas f韘icas o jur韉icas que acrediten suficientemente la solvencia t閏nica y econ髆ica necesaria para abordar el proyecto de investigaci髇.

3. Los permisos de investigaci髇 conferir醤 al titular el derecho exclusivo a llevar a cabo la investigaci髇 en un volumen de profundidad indefinida cuya base superficial estar delimitada por paralelos y meridianos referidos a los sistemas de referencia geod閟icos en vigor, quedando definida por la agrupaci髇 de cuadril醫eros de un minuto de lado, en coincidencia con minutos enteros de latitud y longitud, adosados al menos por uno de sus lados siempre que no supere un m醲imo de 100.000 hect醨eas.

El titular de un permiso que demuestre fehacientemente que la estructura excede de la superficie reconocida en el permiso, podr solicitar al 髍gano competente la extensi髇 de la superficie afectada por el permiso siempre que se cumplan los requisitos previstos en esta ley.

4. La validez de un permiso no podr exceder del per韔do necesario para llevar a cabo la investigaci髇 para la cual se concede. En todo caso, la validez del permiso no exceder los 4 a駉s. No obstante, el 髍gano competente podr prorrogarla por un periodo m醲imo de 2 a駉s cuando el per韔do inicialmente estipulado sea insuficiente para concluir la investigaci髇 de que se trate, y siempre que dicha investigaci髇 se haya llevado a cabo de conformidad con el permiso.

Excepcionalmente, si al t閞mino de dicha pr髍roga las caracter韘ticas de la investigaci髇 pudieran estimarse favorables para la caracterizaci髇 positiva de un lugar de almacenamiento y por causas ajenas al titular del permiso no hubiera podido finalizar la investigaci髇, el 髍gano competente podr conceder, a petici髇 razonada del interesado, una nueva pr髍roga de 2 a駉s.

5. El titular de un permiso de investigaci髇 ser el 鷑ico facultado para investigar el potencial complejo de almacenamiento de CO2. Durante el periodo de validez del permiso no se autorizar醤 en los potenciales lugares de almacenamiento usos incompatibles con la actividad amparada por el mismo. A estos efectos, el 髍gano competente llevar a cabo los tr醡ites oportunos con otros Departamentos y Administraciones p鷅licas, con el objeto de garantizar que no se permiten tales usos incompatibles.

6. El titular del permiso estar obligado a:

  • a) Realizar las investigaciones para las cuales se le ha concedido el permiso en los plazos establecidos en el permiso de investigaci髇.
  • b) Proporcionar a la Administraci髇 que haya otorgado el permiso de investigaci髇 la informaci髇 que le solicite respecto de las caracter韘ticas de la estructura subterr醤ea, los trabajos, e inversiones que se realicen, los informes geol骻icos y geof韘icos realizados al amparo del permiso, as como los dem醩 datos que reglamentariamente se determinen.

El resultado de los trabajos de investigaci髇 ser remitido tambi閚 al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Esta informaci髇 ser tratada como confidencial, y mantendr este car醕ter durante la vigencia del permiso y hasta transcurridos siete a駉s desde la fecha de terminaci髇 de los trabajos de campo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente p醨rafo (獴.O.E. 31 octubre).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

7. El permiso de investigaci髇 llevar consigo la declaraci髇 de utilidad p鷅lica o inter閟 social de los terrenos suprayacentes que resulten necesarios para los trabajos, a los efectos previstos en la Ley de Expropiaci髇 Forzosa para la ocupaci髇 temporal de los terrenos afectados.

Art韈ulo 9 Tramitaci髇 de los permisos de investigaci髇

1. El procedimiento de tramitaci髇 de los permisos de investigaci髇 se regular reglamentariamente. El 髍gano competente deber resolver sobre las solicitudes de permisos de investigaci髇 en un plazo m醲imo de un a駉.

2. Los permisos se conceder醤 o denegar醤 sobre la base de criterios objetivos, p鷅licos y no discriminatorios, entre los cuales figurar la mayor cuant韆 de inversiones, la rapidez de ejecuci髇 del programa y las caracter韘ticas t閏nicas e idoneidad del proyecto. En el caso de concurrencia de dos o m醩 solicitudes sobre la misma 醨ea, se garantizar que los procedimientos de otorgamiento de los permisos de investigaci髇 permitan la participaci髇 de todas las entidades que posean las capacidades necesarias.

3. El solicitante del permiso de investigaci髇 deber incluir al menos, junto con las solicitudes de permisos de investigaci髇, la documentaci髇 acreditativa de la siguiente informaci髇:

  • a) El nombre y la direcci髇 del titular;
  • b) Acreditaci髇 de la competencia t閏nica y econ髆ica del titular;
  • c) La superficie del permiso delimitada por sus coordenadas geogr醘icas, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 8.3 de esta ley.
  • d) Un plan de investigaci髇 del lugar de almacenamiento que incluya un plan de labores con todas las actuaciones programadas y los medios necesarios para su ejecuci髇, de conformidad con los criterios del anexo I.

    Todos los documentos de car醕ter t閏nico deber醤 ir firmados por t閏nicos competentes en la materia correspondiente.

4. En los dos meses siguientes a la entrada de la solicitud, el 髍gano competente comprobar si el solicitante acredita los requisitos establecidos para ser titular de los permisos de investigaci髇.

En el caso de que el solicitante no re鷑a dichos requisitos, se denegar la solicitud. Si los cumple, se ordenar la publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado o en el diario oficial de la correspondiente comunidad aut髇oma de un anuncio en el que se publique el nombre del solicitante y la delimitaci髇 de la superficie objeto de la solicitud, a fin de que en el plazo de dos meses puedan presentarse propuestas de mejora por parte del solicitante, ofertas en competencia por parte de terceros o de que puedan formular oposici髇 quienes se consideren perjudicados en su derecho. Dichas propuestas de mejora u ofertas en competencia se presentar醤 en un pliego sellado que s髄o ser abierto una vez terminado el indicado plazo.

Transcurrido el plazo de dos meses no se admitir醤 nuevas solicitudes sobre la misma superficie en tanto recaiga resoluci髇.

5. Reglamentariamente se establecer la documentaci髇 exigible para la presentaci髇 de ofertas en competencia, la forma y plazos de presentaci髇 y el procedimiento de adjudicaci髇.

Asimismo, reglamentariamente, se regular醤 los criterios de valoraci髇 en el caso de ofertas en competencia, teniendo en cuenta, entre otros, la mayor cuant韆 de las inversiones y la rapidez de ejecuci髇 del programa de inversi髇.

6. La resoluci髇 sobre el otorgamiento del permiso de investigaci髇 se adoptar por Orden Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y previo informe de las comunidades aut髇omas afectadas, o en la forma que cada comunidad aut髇oma establezca para los correspondientes a su 醡bito territorial, debiendo resolver expresamente las eventuales oposiciones que se hubieran formulado.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

7. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, o los 髍ganos auton髆icos competentes, en el 醡bito de sus respectivas competencias, podr醤, cuando lo consideren necesario por razones de inter閟 general, abrir concurso sobre determinadas 醨eas no concedidas, mediante anuncio publicado en el 獴olet韓 Oficial del Estado o en el diario oficial de la correspondiente comunidad aut髇oma, adjudic醤dolas al concursante que, reuniendo los requisitos exigidos, ofrezca las mejores condiciones.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 10 Concesi髇 de almacenamiento

1. El almacenamiento de CO2 requerir la obtenci髇 de una concesi髇 otorgada con arreglo a este cap韙ulo. Las concesiones de almacenamiento conferir醤 a su titular el derecho en exclusiva a almacenar CO2 en el lugar de almacenamiento.

Ning鷑 lugar de almacenamiento podr ser utilizado para el almacenamiento de CO2 sin que sobre el mismo se haya otorgado la correspondiente concesi髇 con arreglo a esta ley.

2. La idoneidad de una formaci髇 geol骻ica para ser utilizada como lugar de almacenamiento se determinar a trav閟 de una caracterizaci髇 y una evaluaci髇 del complejo de almacenamiento potencial y de las formaciones geol骻icas circundantes, de conformidad con los criterios especificados en el anexo I de esta ley. Una formaci髇 geol骻ica s髄o podr elegirse como lugar de almacenamiento si, en las condiciones de utilizaci髇 propuestas, no existe riesgo importante de fuga ni riesgo significativo alguno para el medio ambiente o la salud humana.

3. Podr醤 ser titulares de concesiones de almacenamiento todas aquellas personas f韘icas o jur韉icas que acrediten suficientemente la solvencia t閏nica y econ髆ica necesaria para abordar el proyecto de almacenamiento objeto de la solicitud.

4. 趎icamente podr haber un titular por lugar de almacenamiento. No podr醤 autorizarse en dicho lugar usos incompatibles con el almacenamiento de CO2. Durante el procedimiento de otorgamiento de la concesi髇 se velar por que no se autoricen usos incompatibles del complejo. A estos efectos, recibida una solicitud de concesi髇, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informar a otros Departamentos y Administraciones p鷅licas, con el objeto de garantizar que no se permiten tales usos incompatibles.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

5. Las concesiones de almacenamiento conferir醤 al titular el derecho a explotar en exclusiva un lugar de almacenamiento adecuadamente caracterizado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2. La concesi髇 precisar la base superficial del lugar de almacenamiento, que estar delimitada por paralelos y meridianos referidos a los sistemas de referencia geod閟icos en vigor, quedando definida por la agrupaci髇 de cuadril醫eros de un minuto de lado, en coincidencia con minutos enteros de latitud y longitud, adosados al menos por uno de sus lados.

6. La concesi髇 de almacenamiento tendr una duraci髇 m醲ima de 30 a駉s prorrogable por dos periodos sucesivos de diez a駉s.

No obstante, si en el transcurso del pen鷏timo a駉 de la segunda pr髍roga pudiera acreditarse que al final del per韔do total de vigencia no va a completarse la capacidad total de almacenamiento, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previa solicitud del titular realizada antes del inicio del 鷏timo a駉 de la segunda pr髍roga, podr conceder, de forma motivada, una pr髍roga excepcional por un per韔do de tiempo no superior a 10 a駉s que permita optimizar el lugar de almacenamiento antes de proceder a su cierre.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

7. La aprobaci髇 de una concesi髇 de almacenamiento implicar la declaraci髇 de utilidad p鷅lica de los terrenos suprayacentes que resulten necesarios para el establecimiento de las instalaciones de inyecci髇, as como de sus instalaciones auxiliares, a los efectos de expropiaci髇 forzosa y ejercicio de la servidumbre de paso.

Para el reconocimiento de la utilidad p鷅lica de las instalaciones a las que se refiere el p醨rafo anterior, ser necesario que el interesado lo solicite, incluyendo una relaci髇 concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiaci髇 u ocupaci髇. La petici髇 se someter a informaci髇 p鷅lica y se recabar informe de los 髍ganos afectados. Concluida la tramitaci髇, el reconocimiento de la utilidad p鷅lica ser acordado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio si el otorgamiento de la concesi髇 corresponde a la Administraci髇 General del Estado, o por el organismo competente de la Comunidad Aut髇oma en los dem醩 casos.

La declaraci髇 de utilidad p鷅lica llevar impl韈ita en todo caso la necesidad de ocupaci髇 de los bienes o de adquisici髇 de los derechos afectados, e implicar la urgente ocupaci髇 a los efectos del art韈ulo 52 de la Ley de Expropiaci髇 Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 11 Tramitaci髇 de concesiones de almacenamiento

1. Compete al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino el otorgamiento de las concesiones de almacenamiento.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

2. El procedimiento de otorgamiento de las concesiones de almacenamiento se determinar reglamentariamente. El Ministerio de Industria Turismo y Comercio deber resolver sobre las solicitudes de concesiones de almacenamiento en el plazo m醲imo de un a駉. El plazo para resolver se entender interrumpido durante el tiempo de tramitaci髇 de la correspondiente evaluaci髇 de impacto ambiental.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

3. Se garantizar que estos procedimientos est閚 abiertos a todas las entidades que cuenten con la capacidad necesaria y que las concesiones se concedan sobre la base de criterios objetivos, p鷅licos y transparentes. No obstante, se dar prioridad al otorgamiento de una concesi髇 de almacenamiento para un lugar de almacenamiento determinado al titular del permiso de investigaci髇 sobre dicho lugar. El otorgamiento de la concesi髇 de almacenamiento al titular del permiso de investigaci髇 estar condicionada a que las labores de investigaci髇 hayan concluido, a que se hayan cumplido todas las condiciones fijadas en el permiso de investigaci髇 y a que la solicitud de concesi髇 de almacenamiento se curse durante el periodo de validez del permiso de investigaci髇.

Si el titular del permiso de investigaci髇 renuncia a este derecho o no lo ejerce de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, se arbitrar un procedimiento de concurso p鷅lico con el objeto de adjudicar la concesi髇 al solicitante que, reuniendo los requisitos exigidos, ofrezca un proyecto que presente las mejores condiciones. Reglamentariamente se establecer la documentaci髇 exigible para participar en estos concursos, la forma y plazos para la presentaci髇 de ofertas, el procedimiento para su adjudicaci髇 y los criterios para su valoraci髇.

4. Los titulares de otros derechos mineros y geol骻icos de explotaci髇 cuyo objeto no sea el almacenamiento de CO2 y que puedan demostrar fehacientemente la idoneidad de una estructura para el almacenamiento de CO2 de conformidad con el Anexo I de esta Ley en los l韒ites de estos derechos, podr醤 presentar directamente solicitud de concesi髇 de almacenamiento sin necesidad de cumplir los tr醡ites relativos a los permisos de investigaci髇, siempre y cuando la presenten antes del t閞mino de la vigencia de sus derechos.

5. Las solicitudes de concesiones de almacenamiento incluir醤 la siguiente informaci髇:

  • a) El nombre y la direcci髇 del titular.
  • b) Acreditaci髇 de la competencia t閏nica y econ髆ica del titular.
  • c) La caracterizaci髇 del lugar y del complejo de almacenamiento y la evaluaci髇 de las condiciones de seguridad de conformidad con lo previsto en esta ley.
  • d) Un proyecto de explotaci髇 del lugar de almacenamiento que incluya el programa de inversiones y las actividades comerciales previstas, la cantidad total de CO2, que podr ser inyectada y almacenada, as como las fuentes de origen del mismo y en particular si proceden de actividades propias o de terceros, los m閠odos de transporte previstos, la composici髇 de los flujos de CO2, los 韓dices y presiones de inyecci髇 y la situaci髇 de las instalaciones de inyecci髇.
  • e) Un estudio del balance de gases de efecto invernadero en el proceso total (captura, transporte y almacenamiento).
  • f) La descripci髇 de las medidas destinadas a prevenir irregularidades o desviaciones significativas respecto del plan de explotaci髇 previsto.
  • g) Propuesta de plan de seguimiento.
  • h) Propuesta de medidas correctoras.
  • i) Propuesta de plan provisional de gesti髇 posterior al cierre.
  • j) Documento inicial del proyecto o, en su caso, documento ambiental al que se refieren los art韈ulos 6 y 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluaci髇 de Impacto Ambiental de proyectos para aquellos proyectos que deban someterse a evaluaci髇 de impacto ambiental.

    Todos los documentos de car醕ter t閏nico deber醤 ir firmados por t閏nicos competentes en la materia correspondiente.

6. Recibida una solicitud, se remitir al 髍gano competente de la comunidad aut髇oma para que 閟ta emita informe en un plazo de tres meses, transcurrido el cual, si no se hubiera emitido, se podr醤 proseguir las actuaciones, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑. Se solicitar tambi閚 del 髍gano competente de la comunidad aut髇oma la aprobaci髇 del plan de seguimiento y del plan provisional de gesti髇 posterior al cierre, previstos en los art韈ulos 19 y 23, que se incorporar醤 al contenido de la concesi髇.

Asimismo, recibida una solicitud, se solicitar informe de la Comisi髇 Europea a efectos de los art韈ulos 8.2, 10 y otros concordantes de la Directiva 2009/31/CE, en el plazo de un mes desde que se hubiese recibido y del Instituto Geol骻ico y Minero de Espa馻. Este 鷏timo se presumir favorable si no existe un pronunciamiento expreso en un plazo de tres meses.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

7. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma deber aprobar la correspondiente autorizaci髇 de emisi髇 de gases de efecto invernadero de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, sin la cual no podr comenzar a operarse el lugar de almacenamiento.

V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 12 Garant韆 financiera

1. El solicitante deber presentar, junto con su solicitud de concesi髇 de almacenamiento, la prueba de la constituci髇 de una garant韆 financiera que responda del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesi髇 y de esta ley, incluidos los procedimientos de cierre y de las disposiciones posteriores al cierre, as como de las obligaciones derivadas de la inclusi髇 de los lugares de almacenamiento en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero. La garant韆 ser devuelta siempre que la solicitud de concesi髇 no sea aprobada.

Esta garant韆 financiera deber ser v醠ida y efectiva antes de que comience la inyecci髇.

2. Las garant韆s ser醤 constituidas en la forma y de conformidad con los procedimientos y modalidades que se establezcan reglamentariamente.

3. En la determinaci髇 de la cuant韆 de la garant韆 los 髍ganos competentes tendr醤 en cuenta los costes de desmantelamiento de las instalaciones de inyecci髇 y de sellado del lugar de almacenamiento. Asimismo, se tendr en cuenta la capacidad de almacenamiento del lugar y el coste del derecho de emisi髇 de gases de efecto invernadero.

4. La garant韆 financiera podr actualizarse peri骴icamente teniendo en cuenta los cambios del riesgo de fuga evaluados y de los costes estimados a los que se refiere el apartado anterior.

5. En el caso de que se ejecute total o parcialmente la garant韆, el titular vendr obligado a reponer aqu閘la dentro de un plazo m醲imo de dos meses. En caso de incumplimiento de esta obligaci髇, la concesi髇 ser revocada.

6. La garant韆 financiera seguir teniendo validez y surtiendo efecto:

  • a) Tras el cierre de un lugar de almacenamiento de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 23, apartado 1, letras a) y b), hasta que la responsabilidad sobre el mismo se transfiera a la autoridad competente.
  • b) Tras la revocaci髇 de una concesi髇 de almacenamiento:
    • i. Hasta la expedici髇 de una nueva concesi髇.
    • ii. Cuando el lugar de almacenamiento se haya cerrado de conformidad con el art韈ulo 23, apartado 1, letra c), hasta la transferencia de responsabilidad de conformidad con esta ley, siempre que se hayan cumplido las obligaciones financieras mencionadas en el art韈ulo 25.

7. Esta garant韆 ser independiente de la garant韆 prevista en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, si bien deber tener en cuenta la cobertura otorgada por 閟ta u otras garant韆s de forma que no se produzca solapamiento o descubierto.

En el caso de que el operador integre en una sola todas las citadas garant韆s financieras, la cantidad destinada a hacer frente al coste de las medidas correctoras y al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesi髇 de almacenamiento de di髕ido de carbono deber quedar claramente delimitada y f醕ilmente disponible del resto de la garant韆.

Art韈ulo 13 Condiciones para otorgar las concesiones de almacenamiento

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 鷑icamente otorgar una concesi髇 de almacenamiento una vez haya comprobado, sobre la base de la solicitud presentada, lo siguiente:

  • a) Que se cumplen todos los requisitos pertinentes de esta ley y de otras disposiciones aplicables.
  • b) Que el titular es financieramente solvente, competente y fiable t閏nicamente para explotar y controlar el lugar de almacenamiento, y que se facilita al titular y a todo su personal la formaci髇 y la preparaci髇 profesional y t閏nica adecuada.
  • c) En caso de que haya m醩 de un lugar de almacenamiento en la misma estructura subterr醤ea, que las interacciones de presi髇 potenciales son de tal 韓dole que ambos lugares pueden cumplir simult醤eamente los requisitos de esta ley.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril). El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente art韈ulo (獴.O.E. 31 octubre). V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 14 Contenido de las concesiones de almacenamiento

La resoluci髇 de otorgamiento de la concesi髇 contendr, al menos, la informaci髇 y los elementos que se relacionan a continuaci髇:

  • a) El nombre y direcci髇 del titular.
  • b) La localizaci髇 y delimitaci髇 precisas del lugar y del complejo de almacenamiento y los elementos relativos a la estructura subterr醤ea.
  • c) La aprobaci髇 del plan de explotaci髇 del lugar de almacenamiento presentado.
  • d) Los requisitos exigidos para la explotaci髇 del lugar de almacenamiento, la cantidad total de CO2 cuyo almacenamiento geol骻ico se autoriza, los l韒ites de presi髇 del dep髎ito y los 韓dices y presiones m醲imos de inyecci髇.
  • e) Los requisitos relativos a la composici髇 del flujo de CO2 y, en su caso, otros requisitos relativos a la inyecci髇 y al almacenamiento, en particular para impedir irregularidades significativas.
  • f) El plan de seguimiento aprobado por la comunidad aut髇oma de conformidad con el art韈ulo 19, la obligaci髇 de aplicar el plan y los requisitos de actualizaci髇 del plan, as como los requisitos de informaci髇 previstos en el art韈ulo 20.
  • g) La obligaci髇 de informar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y al 髍gano competente de la comunidad aut髇oma, en caso de detectarse irregularidades significativas o fugas, la obligaci髇 de informar de un plan de medidas correctoras y la obligaci髇 de aplicar dicho plan en caso de irregularidades significativas o fugas.
  • h) Las condiciones de cierre y el plan provisional de gesti髇 posterior al cierre aprobado por la comunidad aut髇oma de conformidad con el art韈ulo 23.
  • i) Las disposiciones relativas a las modificaciones, la revisi髇, la actualizaci髇 y la revocaci髇 de la concesi髇 de almacenamiento.
  • j) La obligaci髇 de establecer y mantener la garant韆 financiera u otra medida equivalente.
  • k) La declaraci髇 de impacto ambiental o, en su caso, la declaraci髇 sobre la evaluaci髇 ambiental.

Art韈ulo 15 Revisi髇 y revocaci髇 de las concesiones de almacenamiento

1. El titular informar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y al 髍gano competente de la comunidad aut髇oma de cualquier cambio que pretenda llevar a cabo en el proyecto de la explotaci髇 de un lugar de almacenamiento, as como de los cambios de titular. Dichas modificaciones deber醤 ser aprobadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, en su caso, proceder a la revisi髇 del otorgamiento de la concesi髇 de almacenamiento o de sus condiciones.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

2. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma se cerciorar e informar en su caso al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de que no se lleve a cabo ninguna modificaci髇 sustancial en la explotaci髇 de los lugares de almacenamiento sin que se haya expedido una nueva concesi髇 de almacenamiento o una concesi髇 revisada de conformidad con esta ley. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma podr solicitar la revisi髇 de las concesiones de almacenamiento de acuerdo con lo previsto en este art韈ulo.

Los cambios sustanciales en la explotaci髇 de los lugares de almacenamiento estar醤 sujetos a evaluaci髇 de impacto ambiental en los t閞minos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio examinar y, en su caso, resolver, previa audiencia del titular y previo informe del 髍gano auton髆ico competente en su caso, la modificaci髇 de las condiciones o, en 鷏tima instancia, la revocaci髇 de la concesi髇 de almacenamiento, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, en los siguientes casos:

  • a) Si tiene conocimiento o se ha denunciado la existencia de irregularidades significativas o fugas.
  • b) Si los informes presentados o las inspecciones medioambientales efectuadas muestran el incumplimiento de las condiciones de la concesi髇 o riesgos de irregularidades significativas o de fugas.
  • c) Si tiene conocimiento de cualquier otro incumplimiento de las condiciones de la concesi髇 por parte del titular.
  • d) Si resultare necesario a la luz de los 鷏timos descubrimientos cient韋icos y avances tecnol骻icos. El titular tendr derecho a ser indemnizado por los perjuicios que, en su caso, pudiera causarle la modificaci髇 o la revocaci髇 de la concesi髇.

    Los 髍ganos competentes de las comunidades aut髇omas podr醤 solicitar la revocaci髇 de las concesiones en los supuestos previstos en este apartado.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

4. En todo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) a d) del apartado anterior, se revisar醤 las concesiones cinco a駉s despu閟 de su otorgamiento, y a partir de entonces cada diez a駉s, previo informe de la comunidad aut髇oma competente para la inspecci髇 de la instalaci髇, que deber emitir al menos tres meses antes de que cumplan los referidos plazos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

5. Tras la revocaci髇 de una concesi髇 de conformidad con el apartado 3, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr expedir una nueva concesi髇 o cerrar el lugar de almacenamiento. La resoluci髇 por la que se revoque la concesi髇 indicar si procede el cierre del lugar de almacenamiento o el otorgamiento de una nueva concesi髇.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

6. Hasta que se expida una nueva concesi髇, el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma asumir temporalmente todas las obligaciones jur韉icas relativas a los criterios de admisi髇 de inyecciones de CO2, en el caso de que estas contin鷈n, as como las relativas al seguimiento y aplicaci髇 de las medidas correctoras con arreglo a los requisitos establecidos en esta ley, a la entrega de los derechos de emisi髇 en caso de fuga con arreglo a Ley 1/2005 y a la aplicaci髇 de las medidas de prevenci髇 y reparaci髇 con arreglo al art韈ulo 17, apartado 1, y los art韈ulos 19 y 20, apartado 1, de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

La administraci髇 auton髆ica, recuperar del titular precedente los costes afrontados, haciendo uso, incluso, de la garant韆 financiera prevista en esta ley.

7. En caso de cierre del lugar de almacenamiento con arreglo al art韈ulo 23, apartado 1, letra c), se aplicar lo previsto en el apartado 5 del citado art韈ulo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 16 Transmisibilidad de permisos de investigaci髇 y concesiones de almacenamiento

La transmisi髇 total o parcial de permisos de investigaci髇 y concesiones de almacenamiento estar sometida a la autorizaci髇 de la Administraci髇 competente en cada caso para su otorgamiento, previa acreditaci髇 del cumplimiento por el adquirente de los requisitos exigidos para ser titular de los mismos.

Art韈ulo 17 Extinci髇 de los permisos de investigaci髇 y concesiones de almacenamiento

1. Los permisos y concesiones regulados en la presente ley se extinguir醤:

  • a) Por revocaci髇 declarada por el 髍gano competente previa audiencia del titular. La revocaci髇 se producir, en el caso de los permisos de investigaci髇, por incumplimiento de las condiciones previstas en los mismos; en el caso de concesiones de almacenamiento se estar a lo previsto en el art韈ulo 15.
  • b) Por caducidad, al vencimiento de sus plazos.
  • c) Por renuncia total o parcialmente del titular.
  • d) Por muerte o extinci髇 del titular, incluida la disoluci髇 o liquidaci髇 de la persona jur韉ica titular.
  • e) Por cualesquiera otras causas establecidas por las leyes.

2. Al extinguirse un permiso o concesi髇 se devolver a su titular la garant韆 o la parte de 閟ta que corresponda en el caso de extinci髇 parcial, salvo que proceda su ejecuci髇 de acuerdo con lo previsto en esta ley.

3. Cuando una concesi髇 de explotaci髇 se extinga por vencimiento de su plazo y sea objeto de concurso para su ulterior adjudicaci髇, tendr preferencia para adquirirla, en igualdad de condiciones, el concesionario cesante.

4. Lo dispuesto en este art韈ulo, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 15 y en el art韈ulo 18 y siguientes acerca de las obligaciones derivadas del cierre.

CAP蚑ULO III

Funcionamiento, cierre y obligaciones tras el cierre

Art韈ulo 18 Composici髇 de la corriente de di髕ido de carbono

1. A efectos de su almacenamiento con arreglo a esta ley, el flujo objeto de almacenamiento deber estar mayoritariamente compuesto de di髕ido de carbono. No podr a馻dirse al flujo de CO2 ning鷑 residuo o sustancia con el objeto de su eliminaci髇.

2. No obstante, el flujo de CO2 podr contener restos de sustancias asociadas a partir de la fuente o durante las operaciones de captura o de inyecci髇 y sustancias residuales que se hayan a馻dido para facilitar el seguimiento y la verificaci髇 de la migraci髇 de CO2. Las concentraciones de todas las sustancias incidentales y a馻didas deber醤 estar por debajo de un nivel que pueda:

  • a) Causar efectos negativos en la integridad del lugar de almacenamiento o en la infraestructura de transporte,
  • b) constituir un riesgo importante para el medio ambiente o la salud humana, o
  • c) infringir disposiciones de la normativa aplicable.

3. El titular del lugar de almacenamiento deber:

  • a) Aceptar e inyectar flujos de CO2 鷑icamente si se ha llevado a cabo un an醠isis de la composici髇 de los flujos por una entidad acreditada para este fin de la forma que reglamentariamente se establezca, incluidas las sustancias corrosivas, y una evaluaci髇 de riesgos, y si 閟ta ha mostrado que los niveles de contaminaci髇 son acordes a las condiciones a que se refiere el apartado 1.
  • b) Mantener un registro de las cantidades y caracter韘ticas de los flujos de CO2entregados e inyectados, incluida la composici髇 de dichos flujos.

4. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma se asegurar de que el titular cumple con estas obligaciones. A estos efectos, podr recabar del titular, en cualquier momento, la informaci髇 oportuna, incluidos los documentos que prueben el cumplimiento de estas obligaciones.

5. A los efectos de lo dispuesto en este art韈ulo, se tendr醤 en cuenta las orientaciones que hubiera adoptado la Comisi髇 Europea en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 12.2 de la Directiva 2009/31/CE.

Art韈ulo 19 Seguimiento

1. El titular deber llevar a cabo el seguimiento de las instalaciones de inyecci髇 y del complejo de almacenamiento, incluyendo, cuando sea posible, la pluma de CO2, y, cuando sea necesario, del entorno circundante, con el fin de:

  • a) Comparar el comportamiento real del CO2 y del agua de formaci髇, en el lugar de almacenamiento con la modelizaci髇 de dicho comportamiento.
  • b) Detectar las irregularidades significativas.
  • c) Detectar la migraci髇 de CO2.
  • d) Detectar las fugas de CO2.
  • e) Detectar efectos negativos importantes en el entorno inmediato, en particular en el agua potable, en la poblaci髇, o en los usuarios de la biosfera circundante.
  • f) Evaluar la eficacia de las medidas correctoras adoptadas.
  • g) Actualizar la evaluaci髇 de la seguridad y la integridad del complejo de almacenamiento, a corto y largo plazo, incluida la evaluaci髇 de si el CO2 almacenado permanecer completa y permanentemente confinado.

2. El seguimiento se basar en un plan elaborado por el titular de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo II de esta ley, y que incluir tambi閚 los datos pormenorizados para el seguimiento de emisiones de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero. El Plan ser presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con la solicitud de concesi髇. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lo remitir al 髍gano auton髆ico competente para su aprobaci髇 por 閟te. Una vez aprobado por el 髍gano auton髆ico competente, este remitir de nuevo el Plan al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que sea incorporado a la concesi髇 de almacenamiento.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

3. El plan se actualizar de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo II y, en cualquier caso, cada cinco a駉s, con el fin de tener en cuenta los cambios del riesgo de fuga evaluado, los cambios en los riesgos evaluados para el medio ambiente y la salud humana, los nuevos conocimientos cient韋icos y las mejoras introducidas en las mejores tecnolog韆s disponibles. Los planes actualizados volver醤 a presentarse al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su aprobaci髇 por el 髍gano auton髆ico competente de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado anterior.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma
V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma

Art韈ulo 20 Obligaciones de informaci髇

Con la frecuencia que se determine en la concesi髇, y en cualquier caso al menos una vez al a駉, el titular deber presentar al 髍gano competente de la comunidad aut髇oma la siguiente informaci髇:

  • a) Todos los resultados del seguimiento realizado durante el per韔do considerado, incluida la informaci髇 sobre la tecnolog韆 de seguimiento utilizada.
  • b) Las cantidades y caracter韘ticas de los flujos de CO2 entregados e inyectados, incluida la composici髇 de dichos flujos, durante el per韔do considerado.
  • c) La prueba del mantenimiento de la garant韆 financiera.
  • d) Cualquier otra informaci髇 que el 髍gano auton髆ico competente considere 鷗il para evaluar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la concesi髇 y para mejorar el conocimiento del comportamiento del CO2 en el lugar de almacenamiento.

Art韈ulo 21 Inspecciones

1. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma establecer un sistema de inspecciones rutinarias o puntuales de los complejos de almacenamiento con el fin de comprobar y reforzar su cumplimiento, as como de vigilar los efectos del complejo de almacenamiento de CO2 para el medio ambiente y la salud humana.

2. Las inspecciones incluir醤 actividades tales como visitas de las instalaciones de superficie, incluidas las instalaciones de inyecci髇, la evaluaci髇 de las operaciones de inyecci髇 y de seguimiento efectuadas por el titular y la comprobaci髇 de todos los registros en poder del mismo.

3. Las inspecciones peri骴icas se llevar醤 a cabo al menos una vez al a駉 durante la vigencia de la concesi髇 y hasta los tres a駉s posteriores al cierre. Posteriormente, estas inspecciones se llevar醤 a cabo cada cinco a駉s hasta que tenga lugar la transferencia de la responsabilidad a la autoridad competente. En las inspecciones se examinar醤 las instalaciones de inyecci髇 y de seguimiento, as como todos los posibles efectos del complejo de almacenamiento para el medio ambiente y la salud humana.

4. Se realizar醤 inspecciones puntuales en los casos siguientes:

  • a) Cuando se tenga conocimiento o se haya denunciado la existencia de irregularidades significativas o de fugas.
  • b) Cuando los informes revelen un cumplimiento insuficiente de las condiciones de la concesi髇.
  • c) Para investigar denuncias relativas al medio ambiente o la salud humana.
  • d) En otros casos, si el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma lo considera oportuno.

5. Despu閟 de cada inspecci髇, el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma elaborar un informe sobre los resultados de la misma. En el informe se evaluar el cumplimiento de los requisitos de esta ley y se indicar, en su caso, la conveniencia de adoptar medidas adicionales. El informe se comunicar al titular, y se har p鷅lico dentro de los dos meses siguientes a la inspecci髇. Las comunidades aut髇omas remitir醤 copia de estos informes a los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de Industria, Turismo y Comercio, e informar醤 anualmente sobre las inspecciones realizadas en el marco de la Comisi髇 de Coordinaci髇 de Pol韙icas de Cambio Clim醫ico.

Art韈ulo 22 Medidas en caso de irregularidades significativas o fugas

1. El titular est obligado a notificar inmediatamente al 髍gano competente de la comunidad aut髇oma las irregularidades significativas o fugas que se produzcan, y a adoptar las medidas correctoras necesarias, incluidas aquellas relacionadas con la protecci髇 de la salud humana.

En caso de fugas y de irregularidades significativas con riesgo de fugas, el titular lo notificar tambi閚 a la autoridad competente con arreglo a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, si fuera distinta de la contemplada en el p醨rafo anterior.

2. Las medidas contempladas en el apartado 1 se adoptar醤, ajust醤dose, como m韓imo, a las exigencias contenidas en el plan de medidas correctoras presentado de acuerdo con la letra g) del art韈ulo 14.

3. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma exigir al titular que adopte las medidas correctoras necesarias as como las medidas apropiadas relacionadas con la protecci髇 de la salud humana. Estas medidas podr醤 ser adicionales a las previstas en el plan de medidas correctoras o diferentes de 閟tas. Adem醩, el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma podr adoptar por s mismo, en todo momento, medidas correctoras si lo estima necesario.

4. En caso de que el titular no adopte las medidas correctoras necesarias, el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma las adoptar por s mismo.

5. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma recuperar del titular los costes afrontados en relaci髇 con las medidas mencionadas en los apartados 3 y 4, pudiendo hacer uso, a estos efectos, de la garant韆 financiera establecida en el art韈ulo 12.

6. Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, en caso de fugas el titular tendr la obligaci髇 de llevar a cabo las correspondientes entregas de derechos de emisi髇 de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero.

Art韈ulo 23 Obligaciones relativas al cierre y al periodo posterior al cierre

1. El lugar de almacenamiento se cerrar en los siguientes casos:

  • a) Por haberse cumplido el plazo previsto en la concesi髇, haber finalizado las actividades de inyecci髇 o haberse cumplido cualquier otra de las condiciones estipuladas en la concesi髇 que comporte la finalizaci髇 de la misma, siempre que, en todos estos casos, tales circunstancias resulten acreditadas por el titular ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
  • b) A solicitud del titular, previa aceptaci髇 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio siempre que no comporte incidencia negativa sobre el dominio p鷅lico, el medio ambiente o la salud p鷅lica o cause perjuicios a terceros, o
  • c) Cuando as lo decida el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tras la revocaci髇 de una concesi髇 de almacenamiento.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).

2. Tras el cierre de un lugar de almacenamiento de conformidad con el apartado 1, letras a) o b), y hasta que la responsabilidad sobre el mismo se transfiera a la Administraci髇 General del Estado, el titular seguir siendo responsable de:

  • a) El seguimiento y de las obligaciones de informaci髇.
  • b) Adoptar todas las medidas correctoras, de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley.
  • c) Cumplir con las obligaciones relacionadas con la entrega de los derechos de emisi髇 en caso de fugas, con arreglo a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero.
  • d) De cumplir con las medidas preventivas, de evitaci髇 y de reparaci髇 previstas en los art韈ulos 17, 19 y 20 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
  • e) Sellar el lugar de almacenamiento y de retirar las instalaciones de inyecci髇.

    Estas obligaciones se cumplir醤 con arreglo a un plan de gesti髇 posterior al cierre elaborado por el titular, de conformidad con las mejores pr醕ticas y con los requisitos establecidos en el anexo II. El plan de gesti髇 posterior al cierre de car醕ter provisional ser presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con la solicitud de concesi髇. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lo remitir al 髍gano auton髆ico competente para su aprobaci髇 por 閟te. Una vez aprobado por el 髍gano auton髆ico competente, este remitir de nuevo el Plan al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que lo incorpore a la concesi髇 de almacenamiento de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 14.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).

3. Previamente al cierre de un lugar de almacenamiento de conformidad con el apartado 1, letras a) o b), el plan provisional de gesti髇 posterior al cierre se actualizar debidamente, teniendo en cuenta los an醠isis de riesgo, las mejores pr醕ticas y las mejoras tecnol骻icas existentes en ese momento. Una vez actualizado, se presentar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que lo remitir al 髍gano auton髆ico competente para su aprobaci髇 por este como plan definitivo de gesti髇 posterior al cierre.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).

4. Tras el cierre de un lugar de almacenamiento y hasta la transferencia de responsabilidad a la Administraci髇 General del Estado, los 髍ganos competentes de las comunidades aut髇omas velar醤 por el cumplimiento por el titular de las obligaciones previstas en el apartado 2.

5. Tras el cierre de un lugar de almacenamiento de conformidad con el apartado 1, letra c), el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ser responsable:

  • a) Del seguimiento y de las medidas correctoras de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley.
  • b) De cumplir con las obligaciones relacionadas con la entrega de los derechos de emisi髇 en caso de fugas, con arreglo a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero.
  • c) Del sellado del lugar de almacenamiento y retirada de las instalaciones de inyecci髇.
  • d) De cumplir con las medidas preventivas, de evitaci髇 y de reparaci髇 previstas en los art韈ulos 17, 19 y 20 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

    Las exigencias posteriores al cierre, en virtud de esta ley, se cumplir醤 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con arreglo al plan provisional de gesti髇 posterior al cierre, actualizado en caso necesario. El ejercicio de estas funciones podr ser encomendado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a la entidad a la que se refiere el apartado 3 del art韈ulo 25 o a cualquier entidad que cuente con medios t閏nicos y competencia para desarrollar estas funciones.

6. El 髍gano competente de la comunidad aut髇oma o el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, seg鷑 corresponda, recuperar醤 del titular los costes afrontados en relaci髇 con las medidas mencionadas en el apartado 5, pudiendo hacer uso, a estos efectos, de la garant韆 financiera establecida en el art韈ulo 12.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente art韈ulo (獴.O.E. 31 octubre). V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 24 Transferencia de responsabilidad

1. Tras el cierre de un lugar de almacenamiento de conformidad con el art韈ulo 23, apartado 1, letras a) o b), se transferir醤 a la Administraci髇 General del Estado, a iniciativa de 閟ta o a petici髇 del titular, todas las obligaciones legales relacionadas con el seguimiento y con las medidas correctoras exigibles con arreglo a esta ley, con la entrega de los derechos de emisi髇 con arreglo a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, y de las acciones preventivas y reparadoras, con arreglo al art韈ulo 17, apartado 1, y a los art韈ulos 19 y 20, apartado 1, de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, siempre que:

  • a) Todas las pruebas disponibles indiquen que todo el CO2 almacenado permanecer completa y permanentemente confinado.
  • b) Hayan transcurrido al menos 20 a駉s, salvo que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino determine un plazo inferior tras haber comprobado que antes de que transcurra ese plazo existe certeza acerca de lo contemplado en p醨rafo anterior.
  • c) Se haya cumplido con las obligaciones financieras mencionadas en el art韈ulo 25.
  • d) El lugar de almacenamiento haya sido sellado y se hayan retirado las instalaciones de inyecci髇.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

2. El titular preparar un informe que documente el cumplimiento de la condici髇 referida en el apartado 1, letra a), y lo presentar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. El informe deber acreditar, al menos lo siguiente:

  • a) La conformidad del comportamiento real del CO2 inyectado con la modelizaci髇 de dicho comportamiento.
  • b) La ausencia de toda fuga aparente.
  • c) Que el lugar de almacenamiento est evolucionando hacia una situaci髇 de estabilidad a largo plazo.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

3. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino considere que se cumplen las condiciones mencionadas en el apartado 1, letras a) y b), preparar una propuesta de resoluci髇 por la que se apruebe la transferencia de responsabilidad. La propuesta de resoluci髇 especificar el m閠odo para determinar el cumplimiento de la condici髇 mencionada en el apartado 1, letra d), as como los requisitos actualizados referidos al sellado del lugar de almacenamiento y a la retirada de las instalaciones de inyecci髇. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino remitir el informe contemplado en el apartado 2 y la propuesta de resoluci髇 a la Comisi髇 Europea para que esta informe al respecto.

Cuando el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino considere que no se satisfacen las condiciones mencionadas en el apartado 1, letras a) y b), informar al titular de los motivos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

4. Una vez realizados los tr醡ites previstos en los apartados anteriores y comprobado que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino elevar la propuesta de resoluci髇 de transferencia de responsabilidad al Consejo de Ministros para su aprobaci髇. Dicha resoluci髇 deber ser notificada al titular y comunicada a la Comisi髇 Europea.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

5. Una vez transferida la responsabilidad, terminar醤 las inspecciones peri骴icas previstas y el seguimiento podr reducirse a unos niveles que se estimen suficientes para poder detectar las fugas o las irregularidades significativas. El seguimiento se intensificar en caso de detectarse fugas o irregularidades significativas, a fin de evaluar el alcance del problema y la efectividad de las medidas correctoras.

6. En los casos en los que la Administraci髇 incurra en costes de gesti髇 del lugar de almacenamiento tras la transferencia de responsabilidad, podr recuperar del titular los costes ocasionados si 閟te hubiese incurrido en incumplimientos, en particular en los casos de presentaci髇 de datos deficientes, ocultaci髇 de informaci髇 pertinente, negligencia, enga駉 intencionado o ausencia de la diligencia debida. En otros casos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 25, no podr醤 recuperarse costes del titular despu閟 de la transferencia de responsabilidad.

7. Tras el cierre de un lugar de almacenamiento de conformidad con el art韈ulo 23, apartado 1, letra c), la transferencia de responsabilidad se considerar efectiva una vez que todas las pruebas disponibles indiquen que la totalidad del CO2 almacenado permanecer completa y permanentemente confinado, y una vez que el lugar de almacenamiento haya sido sellado y se hayan retirado las instalaciones de inyecci髇.

V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 25 Seguimiento de lugares de almacenamiento de di髕ido de carbono tras la transferencia de responsabilidad

1. El Gobierno adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo el seguimiento de los lugares de almacenamiento tras la transferencia de responsabilidad, incluyendo las relativas a la cobertura de los costes de seguimiento de los referidos lugares de almacenamiento, as como aquellas otras que resulten necesarias para garantizar que el CO2 almacenado permanece completa y permanentemente confinado.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior el Gobierno regular un instrumento financiero para hacer frente a los costes de seguimiento. En todo caso, y de conformidad con lo que se determine, el titular del lugar de almacenamiento deber realizar una aportaci髇 econ髆ica, antes de que la transferencia de responsabilidad haya tenido lugar de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 24, al citado instrumento financiero. La cuant韆 de la aportaci髇 y las condiciones en que esta deber llevarse a cabo ser醤 determinadas reglamentariamente, teniendo en cuenta los par醡etros mencionados en el anexo I y los elementos relacionados con la cronolog韆 del almacenamiento de CO2 que sean pertinentes para establecer las obligaciones ulteriores a la transferencia, y cubrir, al menos, los costes anticipados de seguimiento por un per韔do de 30 a駉s.

3. Asimismo, a los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este art韈ulo, el Gobierno adoptar, antes de que se produzca la transferencia de responsabilidad en relaci髇 con alg鷑 lugar de almacenamiento, las medidas necesarias para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de seguimiento de los lugares de almacenamiento cerrados y cuya responsabilidad se vaya a transferir a la Administraci髇. A este respecto, podr encomendarse el an醠isis de estos elementos a una entidad p鷅lica que cuente con medios t閏nicos y competencia para ello.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente art韈ulo (獴.O.E. 31 octubre). V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

CAP蚑ULO IV

Acceso de terceros

Art韈ulo 26 Acceso a la red de transporte y a los lugares de almacenamiento

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de los usuarios potenciales a las redes de transporte y a los lugares de almacenamiento con fines de almacenamiento geol骻ico del CO2 producido y capturado, de conformidad con los apartados 2, 3 y 4. Reglamentariamente podr醤 precisarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto en este art韈ulo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

2. El acceso contemplado en el apartado 1 se facilitar de forma transparente y no discriminatoria. Para ello, se tendr en cuenta:

  • a) La capacidad de almacenamiento y de transporte que est disponible o pueda estarlo en condiciones razonables.
  • b) La parte proporcional de las obligaciones de reducci髇 de CO2 asumidas por Espa馻 en virtud de los instrumentos jur韉icos internacionales y de la normativa comunitaria que est previsto cumplir mediante la captura y almacenamiento geol骻ico de CO2.
  • c) La necesidad de denegar el acceso a lugares de almacenamiento en caso de incompatibilidades de las especificaciones t閏nicas que no puedan subsanarse de forma razonable.
  • d) La necesidad de respetar las necesidades razonables y debidamente justificadas del propietario o titular del lugar de almacenamiento o de la red de transporte y los intereses de todos los dem醩 usuarios del lugar de almacenamiento o de la red o de las instalaciones de transformaci髇 o gesti髇 que puedan resultar afectados.

3. Los titulares de los lugares de almacenamiento podr醤 exigir un precio por su utilizaci髇, respetando, en todo caso, los principios de transparencia y no discriminaci髇. El r間imen retributivo de las redes de transporte ser determinado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos, de la forma que reglamentariamente se establezca.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

4. Los titulares de las redes de transporte y de los lugares de almacenamiento podr醤 denegar el acceso alegando falta de capacidad. La denegaci髇 deber motivarse y justificarse debidamente. En caso de denegaci髇 del acceso, el titular lo comunicar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, exponiendo los motivos de la denegaci髇.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

5. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr exigir la adopci髇 de las medidas necesarias para garantizar que los titulares que denieguen el acceso alegando falta de capacidad o ausencia de conexi髇 efect鷈n las mejoras necesarias, siempre que hacerlo sea econ髆icamente viable y que un cliente potencial est dispuesto a correr con los gastos y responsabilidades que ello suponga, y siempre que esto no tenga efectos ambientales negativos en la seguridad del transporte y el almacenamiento geol骻ico de CO2.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma
V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma

Art韈ulo 27 Soluci髇 de conflictos

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio resolver los conflictos relativos al acceso a las redes de transporte y a los lugares de almacenamiento, observando los criterios expuestos en el art韈ulo 26, apartado 2 y teniendo en cuenta el n鷐ero de partes que puedan intervenir en la negociaci髇 de dicho acceso.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

2. En caso de conflictos transnacionales, se aplicar醤 los mecanismos de soluci髇 previstos en esta ley cuando la red de transporte o el lugar de almacenamiento al que se haya negado el acceso se encuentre en Espa馻. Cuando se plantee un conflicto transnacional, en el que otro Estado miembro de la Uni髇 Europea participe en la gesti髇 de la red de transporte o en el del lugar de almacenamiento de que se trate, el Gobierno se concertar con el de dicho Estado para garantizar la aplicaci髇 coherente del r間imen de almacenamiento geol骻ico de CO2.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril). V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

CAP蚑ULO V

Registro y publicidad

Art韈ulo 28 Registro de lugares de almacenamiento

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio crear y mantendr un registro de los permisos de investigaci髇 y las concesiones de almacenamiento aprobados, incluyendo informaci髇 sobre los lugares de almacenamiento cerrados. Para ello, recabar la informaci髇 necesaria de las Administraciones auton髆icas competentes y del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino crear y mantendr un registro permanente de todos los lugares de almacenamiento cerrados y de los complejos de almacenamiento circundantes, que incluya los mapas y secciones de su extensi髇 espacial y la informaci髇 disponible que permita valorar si el CO2 almacenado quedar completa y permanentemente confinado.

3. Las Administraciones P鷅licas mantendr醤 las relaciones de cooperaci髇 necesarias para garantizar la exactitud y coherencia de la informaci髇 que conste en sus respectivos registros. En particular, las Administraciones auton髆icas y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino pondr醤 a disposici髇 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la informaci髇 relativa a los permisos de investigaci髇 concedidos y a los lugares de almacenamiento cerrados, respectivamente.

4. Las Administraciones p鷅licas tendr醤 en cuenta los registros a que se refiere este art韈ulo en sus procedimientos de planificaci髇, as como cuando autoricen actividades susceptibles de afectar o verse afectadas por el almacenamiento geol骻ico de CO2 en los lugares de almacenamiento registrados. A este respecto, habr de observarse lo previsto en la disposici髇 adicional primera de esta ley.

V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Art韈ulo 29 Publicidad

Las Administraciones p鷅licas pondr醤 a disposici髇 del p鷅lico la informaci髇 relacionada con el almacenamiento geol骻ico de CO2 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci髇, de participaci髇 p鷅lica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

CAP蚑ULO VI

R間imen sancionador

Art韈ulo 30 Infracciones

1. Son infracciones administrativas las acciones y omisiones que se tipifican en los art韈ulos siguientes.

2. Las infracciones administrativas establecidas en esta ley se entender醤 sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, medioambientales o de otro orden en que puedan incurrir los titulares de las empresas que desarrollan las actividades a que se refieren.

Art韈ulo 31 Infracciones muy graves

1. Son infracciones muy graves:

  • a) Llevar a cabo inyecciones de CO2 sin contar con el t韙ulo administrativo habilitante con arreglo a esta ley.
  • b) El incumplimiento de las obligaciones impuestas a los titulares en el marco de esta ley que pongan en grave peligro la salud humana o el medio ambiente.
  • c) Falsear informaci髇 relacionada con la transferencia de responsabilidad regulada en el art韈ulo 24.

2. Igualmente, se considerar醤 infracciones muy graves las infracciones graves contempladas en el art韈ulo siguiente cuando en los tres a駉s anteriores a su comisi髇 hubiera sido impuesta al infractor una sanci髇 por el mismo tipo de infracci髇.

Art韈ulo 32 Infracciones graves

Son infracciones graves:

  • a) Llevar a cabo trabajos de investigaci髇 para almacenamiento de CO2 sin contar con un permiso de investigaci髇 con arreglo a esta ley.
  • b) No haber constituido garant韆 financiera v醠ida y efectiva en el momento de comenzar la inyecci髇.
  • c) La inyecci髇 en un lugar de almacenamiento de flujos sin cumplir con las exigencias de esta ley, incluida la inyecci髇 de sustancias o residuos distintos a los contemplados en esta ley.
  • d) No realizar el seguimiento de las instalaciones de inyecci髇 y del complejo de almacenamiento de acuerdo con lo previsto en esta ley.
  • e) No llevar a cabo el seguimiento de los lugares de almacenamiento tras su cierre de acuerdo con lo previsto en esta ley.
  • f) No notificar con car醕ter inmediato las irregularidades significativas o fugas que se produzcan.
  • g) No adoptar las medidas correctoras pertinentes en caso de que se produzcan irregularidades significativas o fugas.
  • h) No cumplir con las obligaciones de informaci髇 contempladas en esta ley en los plazos previstos o falsear la informaci髇 suministrada a la Administraci髇.
  • i) Incumplir las obligaciones relativas al sellado y retirada de las instalaciones de inyecci髇 tras el cierre del lugar de almacenamiento.

Art韈ulo 33 Infracciones leves

Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia comprendidos en esta ley y en sus normas de desarrollo que no constituyan infracci髇 grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en los dos art韈ulos anteriores.

Art韈ulo 34 Graduaci髇 de las sanciones

Para la determinaci髇 de las correspondientes sanciones se tendr醤 en cuenta las siguientes circunstancias:

  • a) El peligro resultante de la infracci髇 para la vida y la salud de las personas y para el medio ambiente.
  • b) La importancia del da駉 o deterioro causado.
  • c) La intencionalidad o reiteraci髇 en la comisi髇 de la infracci髇.
  • d) La reiteraci髇 por comisi髇 de m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza.

Art韈ulo 35 Sanciones

1. Las infracciones tipificadas en los art韈ulos anteriores ser醤 sancionadas:

  • a) Las infracciones muy graves con multa de entre 2.000.001 euros y 5.000.000 de euros.
  • b) Las infracciones graves con multa de entre 200.001 euros y 2.000.000 de euros.
  • c) Las infracciones leves, con multa de hasta 200.000 euros.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento sancionador podr determinar, adicionalmente, en los supuestos de infracciones graves y muy graves, la revocaci髇 de la concesi髇 de almacenamiento, el cierre del lugar de almacenamiento o la suspensi髇 de la inyecci髇 de CO2.

3. Estas sanciones se entender醤 sin perjuicio de la obligaci髇 de cumplir con las medidas preventivas, de evitaci髇 y de reparaci髇 previstas en los art韈ulos 17, 19 y 20 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, as como con las obligaciones relacionadas con la entrega de los derechos de emisi髇 en caso de fugas con arreglo a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen del comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero.

Art韈ulo 36 Medidas cautelares

El 髍gano instructor del expediente sancionador estar facultado para adoptar medidas cautelares en el marco del procedimiento sancionador en aquellos supuestos en que la naturaleza de la infracci髇 as lo aconseje, pudiendo ordenar la suspensi髇 de la inyecci髇 de forma temporal.

Art韈ulo 37 Procedimiento sancionador

1. El procedimiento para la imposici髇 de sanciones se ajustar a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

2. El plazo m醲imo para resolver y notificar los expedientes sancionadores tramitados conforme al procedimiento previsto ser de un a駉.

Art韈ulo 38 Competencia para imponer sanciones

1. La competencia para tramitar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en esta ley corresponder a los 髍ganos auton髆icos competentes, salvo en los supuestos de permisos o concesiones sobre lugares cuya gesti髇 corresponda a la Administraci髇 del Estado, de conformidad con lo previsto el art韈ulo 5 y en el supuesto previsto en la letra c) del apartado 1 del art韈ulo 31.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).

2. En el caso de que la Administraci髇 General del Estado sea competente para la resoluci髇 de los expedientes sancionadores, la incoaci髇 y tramitaci髇 de los mismos corresponder al Departamento que tenga encomendadas las funciones relativas a la gesti髇 del lugar de almacenamiento en el momento de producirse la infracci髇. La resoluci髇 de tales expedientes corresponder a los respectivos Ministros, en caso de infracciones leves y graves, y al Consejo de Ministros, en caso de infracciones muy graves.

V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Concesiones de almacenamiento y planeamiento

1. Las concesiones de almacenamiento de CO2 deber醤 tenerse en cuenta en los correspondientes instrumentos de ordenaci髇 del territorio, de ordenaci髇 urban韘tica o de planificaci髇 de infraestructuras viarias seg鷑 corresponda, precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicaci髇 de las nuevas instalaciones y la protecci髇 de las existentes.

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta las concesiones de almacenamiento de CO2 en instrumentos de ordenaci髇 o de planificaci髇 descritos en el apartado anterior, o cuando razones justificadas de urgencia o excepcional inter閟 aconsejen el establecimiento de instalaciones para el almacenamiento, y siempre que en virtud de lo establecido en otras leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenaci髇 del territorio o urban韘tico, seg鷑 la clase del suelo afectado, se estar a lo dispuesto en la legislaci髇 sobre r間imen del suelo y ordenaci髇 del territorio que resulte aplicable, y en particular, a lo establecido en la disposici髇 adicional d閏ima del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenaci髇 o de planificaci髇 descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de investigaci髇 y aprovechamiento de estructuras subterr醤eas para el almacenamiento de CO2 no podr醤 tener car醕ter gen閞ico y deber醤 estar motivadas.

4. En el caso de almacenamiento de CO2 en el subsuelo marino se estar a lo dispuesto en la disposici髇 adicional tercera.

V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Disposici髇 adicional segunda Obligaciones para instalaciones de combusti髇 de m醩 de 300 megavatios

1. Para la obtenci髇 de la resoluci髇 de autorizaci髇 administrativa correspondiente, los titulares de instalaciones de combusti髇 con una potencia el閏trica nominal igual o superior a 300 megavatios deber醤 evaluar si cumplen las siguientes condiciones:

  • a) Que disponen de lugares de almacenamiento adecuados.
  • b) Que las instalaciones de transporte son t閏nica y econ髆icamente viables.
  • c) Que es t閏nica y econ髆icamente viable una adaptaci髇 posterior para la captura de CO2.

2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determinar si se re鷑en las condiciones citadas en el apartado anterior bas醤dose en la evaluaci髇 del titular y en la informaci髇 de que disponga, en particular la relativa a la protecci髇 del medio ambiente y la salud humana. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, el titular deber reservar suficiente espacio en el lugar de la instalaci髇 para el equipo necesario para la captura y compresi髇 de CO2.

3. Reglamentariamente se desarrollar醤 las previsiones de esta disposici髇, introduciendo las modificaciones oportunas, a estos efectos, en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitaci髇 de emisiones a la atm髎fera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combusti髇, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atm髎fera de las refiner韆s de petr髄eo, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribuci髇, comercializaci髇, suministro y procedimientos de autorizaci髇 de instalaciones de energ韆 el閏trica.

4. Las instalaciones a las que se refiere esta disposici髇 que hayan obtenido resoluci髇 de autorizaci髇 administrativa entre el 25 de junio de 2009 y la fecha de entrada en vigor de esta ley, deber醤 llevar a cabo la evaluaci髇 prevista en el apartado 1 en un plazo de seis meses. Si en estos supuestos se cumplieran las condiciones establecidas en el apartado 1, se adoptar醤 las medidas necesarias para cumplir con lo previsto en el apartado 2 de conformidad con lo que determine a este respecto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Disposici髇 adicional tercera Almacenamiento geol骻ico de CO2 en el subsuelo marino

1. Para los supuestos de almacenamiento de di髕ido de carbono en estructuras geol骻icas que se extiendan, en todo o en parte, por el subsuelo marino, se estar a lo previsto en esta disposici髇.

2. No se autorizar el almacenamiento de CO2 en estructuras geol骻icas en el subsuelo marino cuando dicha actividad no est permitida por los Convenios Internacionales de protecci髇 del medio marino que resulten de aplicaci髇 en funci髇 de la localizaci髇 geogr醘ica de la instalaci髇 de inyecci髇.

3. La ocupaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre que resulte necesaria para llevar a cabo las actuaciones amparadas por los permisos y concesiones contemplados en esta ley requerir醤 de los t韙ulos administrativos habilitantes para ello de conformidad con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

4. Los permisos y concesiones previstos en esta ley, cuando se refieran a almacenamiento de CO2 en el subsuelo marino, deber醤 respetar la planificaci髇 y limitaciones establecidas para dichas zonas en las normas de protecci髇 medioambiental del medio marino, y en particular en las Estrategias Marinas que se elaboren de conformidad con lo previsto en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protecci髇 del Medio Marino.

5. Las competencias atribuidas a las comunidades aut髇omas en esta ley ser醤 ejercidas, en el caso de almacenamiento de CO2 en el subsuelo marino, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este recabar, cuando fuere oportuno, el apoyo t閏nico del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

En estos supuestos, la garant韆 contemplada en el art韈ulo 12 consistir en alguna de las previstas en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Dep髎itos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra el presente apartado (獴.O.E. 31 octubre).
V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Disposici髇 adicional cuarta Proyectos considerados en el Plan de Recuperaci髇 Econ髆ica de la UE

Al objeto de poder tramitar en tiempo y en plazo los proyectos de captura, transporte y almacenamiento de CO2 previstos en la Directiva 2009/29/CE, que enmienda la Directiva 2003/87/CE sobre el comercio europeo de emisiones, mencionados en su art韈ulo 10.a).8) y considerados en el Plan de Recuperaci髇 Econ髆ica de la Uni髇 Europea, las Administraciones y, en particular, la Administraci髇 General del Estado, a trav閟 de sus 髍ganos sustantivos y competentes, velar醤 para garantizar la viabilidad en plazo de la tramitaci髇 de los proyectos que se desarrollen en el Reino de Espa馻.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 transitoria primera T韙ulos concedidos al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

1. Las autorizaciones para reconocimiento de estructuras subterr醤eas para su utilizaci髇 como almacenamiento de CO2 tramitadas con arreglo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley deber醤 adaptarse a lo dispuesto en 閟ta para los permisos de investigaci髇, a cuyos efectos, sus titulares dispondr醤 de un plazo de dieciocho meses para presentar ante el 髍gano competente la documentaci髇 a la que se refiere el art韈ulo 7 de esta ley.

Los titulares de estas autorizaciones podr醤 solicitar concesiones de almacenamiento con arreglo a esta ley, gozando de prioridad para el otorgamiento de la misma en los t閞minos contemplados en el art韈ulo 11 de esta ley.

2. Los titulares de autorizaciones obtenidas para el almacenamiento de CO2 con arreglo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, dispondr醤 de un plazo de 2 a駉s para la adaptaci髇 de las condiciones de la autorizaci髇 a las disposiciones de esta ley. A estos efectos, deber醤 presentar ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la documentaci髇 relacionada en el art韈ulo 11 de esta ley junto con la autorizaci髇 obtenida con arreglo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. En caso de que cumplan con los requisitos para obtener una concesi髇 con arreglo a esta ley, se les otorgar.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril).

Disposici髇 transitoria segunda Zonas de reserva a favor del Estado

1. La inscripci髇 de las Zonas de Reservas a favor del Estado al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, relativas a estructuras subterr醤eas susceptibles de almacenar di髕ido de carbono, que a la entrada en vigor de esta ley no est閚 declaradas como reservas provisionales o definitivas quedar cancelada.

2. Las Zonas de Reservas a favor del Estado relativas a estructuras subterr醤eas susceptibles de almacenar di髕ido de carbono que a la entrada en vigor de esta ley hayan sido declaradas Reservas Provisionales pasar醤 a estar amparadas por permisos de investigaci髇 con arreglo a esta ley.

En caso de que la Reserva Provisional hubiese sido declarada a favor de una entidad p鷅lica, se otorgar a 閟ta el referido permiso de investigaci髇. En caso de que la Reserva Provisional hubiese sido declarada a favor de un consorcio, el permiso de investigaci髇 se otorgar a la empresa privada consorciada, previa disoluci髇 del consorcio.

En ambos casos el titular dispondr de un plazo de dieciocho meses para presentar al organismo competente la documentaci髇 exigida en el art韈ulo 9.

3. Las Zonas de Reservas a favor del Estado relativas a estructuras subterr醤eas susceptibles de almacenar di髕ido de carbono que a la entrada en vigor de esta ley hubiesen sido declaradas Reservas Definitivas pasar醤 a estar amparadas por concesiones de almacenamiento con arreglo a esta ley.

En caso de estar declaradas a favor de una entidad p鷅lica, ser 閟ta la titular de dicha concesi髇. En caso de estar declaradas a favor de un consorcio ser la empresa privada consorciada la nueva titular de la concesi髇 de almacenamiento, previa disoluci髇 del consorcio.

En ambos casos el titular dispondr de un plazo de dieciocho meses para presentar al organismo competente la documentaci髇 solicitada en el art韈ulo 11.

4. La no presentaci髇 en plazo de la documentaci髇 requerida para el reconocimiento de permisos o concesiones con arreglo a esta disposici髇, conllevar la extinci髇 de los mismos.

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

Se a馻de un nuevo apartado cuatro en el art韈ulo 1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, con la siguiente redacci髇:

4. La investigaci髇 o explotaci髇 de estructuras subterr醤eas para su utilizaci髇 como almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono se regir por su legislaci髇 espec韋ica.

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Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del texto refundido de la Ley de Evaluaci髇 Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

El texto refundido de la Ley de Evaluaci髇 Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, queda modificado como sigue:

Uno. Se sustituye el punto f) del Grupo 3 del anexo I, por la siguiente redacci髇:

  • 玣) Tuber韆s con un di醡etro de m醩 de 800 mil韒etros y una longitud superior a 40 kil髆etros:

    Para el transporte de gas, petr髄eo o productos qu韒icos y para el transporte de flujos de di髕ido de carbono con fines de almacenamiento geol骻ico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.
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Dos. Se sustituye el punto 7 de la letra b) del Grupo 9 del anexo I, por la siguiente redacci髇:

7. Tuber韆s para el transporte de productos qu韒icos y para el transporte de gas y petr髄eo, con un di醡etro de m醩 de 800 mil韒etros y una longitud superior a 10 kil髆etros y tuber韆s para el transporte de flujos de di髕ido de carbono con fines de almacenamiento geol骻ico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.

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Tres. Se a馻den dos nuevas letras al Grupo 9 del anexo I, con la siguiente redacci髇:

  • 玣) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono.
  • g) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geol骻ico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 megatoneladas.
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Cuatro. Se a馻de una nueva letra g) al Grupo 3 del anexo II, con la siguiente redacci髇:

  • 玤) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geol骻ico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el anexo I.
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Cinco. El apartado d) del Grupo 4 del anexo II queda redactado como sigue:

  • 玠) Instalaciones de oleoductos y gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 kil髆etros y tuber韆s para el transporte de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geol骻ico (proyectos no incluidos en el anexo I).
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Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Se a馻de un nuevo apartado 15 en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con la siguiente redacci髇:

15. La explotaci髇 de los lugares de almacenamiento de carbono de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono.

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Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

El art韈ulo 2.1.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, queda redactado como sigue:

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Disposici髇 final quinta Modificaci髇 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇

Se a馻de un nuevo apartado 12 al anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇, con la siguiente redacci髇:

12. Instalaciones de captura de CO2 con fines de almacenamiento de di髕ido de carbono.

12.1 Instalaciones de captura de CO2 procedentes de instalaciones reguladas por esta ley con fines de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono.

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Disposici髇 final sexta Modificaci髇 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El閏trico

El segundo p醨rafo del apartado 5 del art韈ulo 30 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El閏trico, queda redactado en los siguientes t閞minos:

5. El Gobierno podr establecer un r間imen econ髆ico espec韋ico para aquellas instalaciones de producci髇 de energ韆 el閏trica de origen t閞mico del r間imen ordinario cuando, adem醩 de utilizar el combustible para el que fueron autorizados, utilicen tambi閚 biomasa o gases residuales industriales con valorizaci髇 energ閠ica como combustible secundario. Para ello, se tendr醤 en cuenta los consumos energ閠icos que se produzcan y los sobrecostes que dicha utilizaci髇 produzca. El acto resolutorio por el que se determine el citado r間imen econ髆ico contendr tambi閚 las condiciones de utilizaci髇 de la biomasa o gases residuales industriales con valorizaci髇 energ閠ica.

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Disposici髇 final s閜tima Modificaci髇 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que queda redactado de la siguiente manera:

4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el r間imen de autoliquidaci髇 del impuesto con car醕ter obligatorio en las siguientes comunidades aut髇omas:

  • Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.
  • Comunidad Aut髇oma de Arag髇.
  • Comunidad Aut髇oma del Principado de Asturias.
  • Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears.
  • Comunidad Aut髇oma de Canarias.
  • Comunidad de Castilla y Le髇.
  • Comunidad Aut髇oma de Catalu馻.
  • Comunidad Aut髇oma de Galicia.
  • Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia.
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Disposici髇 final octava Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo

Se modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en los siguientes t閞minos:

Uno. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 17, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

獳rt韈ulo 17 Notificaci髇 y eficacia de los actos dictados en los procedimientos de incorporaci髇 mediante declaraci髇, comunicaci髇 y solicitud

1. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este cap韙ulo podr醤 notificarse a los interesados mediante notificaci髇 electr髇ica, por comparecencia presencial o por notificaci髇 personal y directa por medios no electr髇icos.

En el caso de que deban notificarse a un mismo titular actos dictados en procedimientos de una misma naturaleza, dichos actos podr醤 agruparse en una o varias notificaciones cuando razones de eficiencia lo aconsejen y resulte t閏nicamente posible.

2. Las notificaciones se practicar醤 obligatoriamente mediante comparecencia electr髇ica o mediante la direcci髇 electr髇ica habilitada, en los t閞minos en que se regule mediante orden del Ministerio de Econom韆 y Hacienda, en los siguientes supuestos:

  • a) Personas jur韉icas.
  • b) Entidades sin personalidad jur韉ica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol骻icos precisos.
  • c) Colectivos de personas f韘icas que por raz髇 de su capacidad econ髆ica o t閏nica, dedicaci髇 profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol骻icos precisos.
  • d) Administraci髇 General del Estado, Administraciones de las Comunidades Aut髇omas, entidades que integran la Administraci髇 Local, organismos p鷅licos, universidades p鷅licas, entidades de derecho p鷅lico que con independencia funcional o con una especial autonom韆 reconocida por la ley tengan atribuidas funciones de regulaci髇 o control de car醕ter externo sobre un determinado sector o actividad, entidades de derecho p鷅lico vinculadas a una o varias administraciones p鷅licas o dependientes de la misma y consorcios administrativos.

    En los supuestos de obligatoriedad previstos en las letras anteriores, no proceder practicar la notificaci髇 electr髇ica o por comparecencia presencial reguladas en el apartado siguiente, ni la notificaci髇 personal y directa por medios no electr髇icos.

3. Los interesados no obligados a la notificaci髇 electr髇ica podr醤 ser notificados mediante la direcci髇 electr髇ica habilitada, con los requerimientos y efectos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio. En los mismos t閞minos de voluntariedad, la notificaci髇 podr practicarse mediante comparecencia electr髇ica o presencial.

El consentimiento para el uso de medios electr髇icos se podr recabar y expresar electr髇icamente. La constancia en el sistema inform醫ico de la fecha y hora en que se haya producido la puesta a disposici髇 de la notificaci髇 y el acceso a la misma acreditar la pr醕tica de esta y se incorporar al expediente.

Mediante comunicaci髇 sin acuse de recibo y con car醕ter previo a la notificaci髇, se informar al interesado sobre el procedimiento que motiva la notificaci髇, la forma de efectuar la comparecencia, ya sea electr髇ica o presencial, el lugar y plazo para realizarla, que no podr ser inferior a un mes contado desde el d韆 siguiente a aquel en que se hubiera dictado el acto objeto de notificaci髇, y la clave concertada a efectos de comparecencia electr髇ica.

Para la comparecencia en la sede electr髇ica del Catastro el interesado se identificar mediante la clave concertada proporcionada por la Direcci髇 General del Catastro o firma electr髇ica, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo. El interesado podr comparecer empleando medios electr髇icos propios o a trav閟 de los proporcionados gratuitamente en las Gerencias y Subgerencias del Catastro, en los puntos de informaci髇 catastral ubicados en las Administraciones P鷅licas y en el Ayuntamiento del t閞mino municipal en que se ubiquen los inmuebles.

Para la comparecencia presencial, el interesado podr personarse en la correspondiente Gerencia o Subgerencia del Catastro, as como en el Ayuntamiento del t閞mino municipal en que se ubiquen los inmuebles.

4. Cuando no se hubiera practicado la notificaci髇 en los t閞minos previstos en el apartado anterior, 閟ta se practicar de manera personal y directa por medios no electr髇icos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

5. En el supuesto de que como consecuencia de la utilizaci髇 de distintos medios electr髇icos o no electr髇icos, se practicaran varias notificaciones, se entender醤 producidos todos los efectos jur韉icos derivados de la notificaci髇, incluido el inicio del plazo para la interposici髇 de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada.

6. Los actos a que se refiere este art韈ulo tendr醤 efectividad el d韆 siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporaci髇 o modificaci髇 catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.

7. Para la realizaci髇 de las actuaciones reguladas en este art韈ulo, se podr recabar la colaboraci髇 de las corporaciones locales o de otras administraciones y entidades p鷅licas.

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Dos. Se modifica el art韈ulo 18.2, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

2. La Direcci髇 General del Catastro podr rectificar de oficio la informaci髇 contenida en la base de datos catastral en cuanto sea necesario para efectuar correcciones de superficie dentro del margen de tolerancia t閏nica que se defina reglamentariamente, as como para reflejar cambios en los identificadores postales o en la cartograf韆, o cuando se lleven a cabo otras operaciones de car醕ter general, legalmente previstas, que tengan por finalidad mantener la adecuada concordancia entre el Catastro y la realidad inmobiliaria.

Cuando la operaci髇 de car醕ter general consista en la rectificaci髇 de la descripci髇 de los inmuebles que deba realizarse con motivo de ajustes a la cartograf韆 b醩ica oficial o a las ortofotograf韆s inscritas en el Registro Central de Cartograf韆, se anunciar en el bolet韓 oficial de la provincia el inicio del procedimiento de rectificaci髇 por ajustes cartogr醘icos en los municipios afectados y calendario de actuaciones. Tras dicho anuncio se abrir un periodo de exposici髇 p鷅lica en el Ayuntamiento en que se ubiquen los inmuebles durante un m韓imo de quince d韆s y la subsiguiente apertura del plazo de alegaciones durante el mes siguiente. Cuando como consecuencia de estas actuaciones se produzcan rectificaciones que superen la tolerancia t閏nica, la resoluci髇 por la que se aprueben las nuevas caracter韘ticas catastrales, que tendr efectividad el d韆 siguiente a aquel en que se hubiera dictado, se notificar a los interesados de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 29 de este texto refundido, no siendo necesario el anuncio previsto en el apartado 1 de dicho art韈ulo.

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Tres. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 29, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

獳rt韈ulo 29 Procedimientos de valoraci髇 colectiva de car醕ter general y parcial

1. Los procedimientos de valoraci髇 colectiva de car醕ter general y parcial se iniciar醤 con la aprobaci髇 de la correspondiente ponencia de valores.

Los valores catastrales individualizados resultantes de estos procedimientos podr醤 notificarse a los titulares catastrales mediante notificaci髇 electr髇ica, por comparecencia presencial o por notificaci髇 personal y directa por medios no electr髇icos. En el caso de bienes inmuebles que correspondan a un mismo titular catastral, dichos valores individualizados podr醤 agruparse en una o varias notificaciones, cuando razones de eficiencia lo aconsejen y resulte t閏nicamente posible.

El tr醡ite de notificaci髇 se iniciar mediante la publicaci髇 de un anuncio en el “Bolet韓 Oficial del Estado”, en el de la comunidad aut髇oma o en el de la provincia, seg鷑 el 醡bito territorial de competencia del 髍gano que haya dictado el acto.

2. Las notificaciones se practicar醤 obligatoriamente mediante comparecencia electr髇ica en la sede electr髇ica del Catastro o mediante la direcci髇 electr髇ica habilitada, en los t閞minos en que se regule mediante orden del Ministerio de Econom韆 y Hacienda, en los siguientes supuestos:

  • a) Personas jur韉icas.
  • b) Entidades sin personalidad jur韉ica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol骻icos precisos.
  • c) Colectivos de personas f韘icas que por raz髇 de su capacidad econ髆ica o t閏nica, dedicaci髇 profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol骻icos precisos.
  • d) Administraci髇 General del Estado, Administraciones de las Comunidades Aut髇omas, entidades que integran la Administraci髇 Local, organismos p鷅licos, universidades p鷅licas, entidades de derecho p鷅lico que con independencia funcional o con una especial autonom韆 reconocida por la ley tengan atribuidas funciones de regulaci髇 o control de car醕ter externo sobre un determinado sector o actividad, entidades de derecho p鷅lico vinculadas a una o varias Administraciones P鷅licas o dependientes de la misma y consorcios administrativos.

    En los supuestos de obligatoriedad previstos en las letras anteriores, no proceder practicar las notificaciones por comparecencia electr髇ica o presencial reguladas en el apartado siguiente, ni la personal y directa por medios no electr髇icos.

    Cuando se hubiera establecido la comparecencia electr髇ica obligatoria, el acto objeto de notificaci髇 estar disponible en la sede electr髇ica del Catastro durante el mes de noviembre del a駉 de aprobaci髇 de la correspondiente ponencia de valores. Transcurridos diez d韆s naturales desde la finalizaci髇 del plazo de comparecencia electr髇ica sin que se acceda al contenido del acto se entender que la notificaci髇 ha sido rechazada en los t閞minos previstos en el art韈ulo 28.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los Servicios P鷅licos.

3. Cuando se trate de titulares catastrales no obligados a notificaci髇 electr髇ica, una vez publicado el anuncio a que se refiere el apartado 1 de este art韈ulo, se informar al interesado mediante comunicaci髇 sin acuse de recibo sobre el procedimiento que motiva la notificaci髇, la forma de efectuar la comparecencia, ya sea electr髇ica o presencial, el lugar y plazo para realizarla y la clave concertada para comparecer electr髇icamente.

A efectos de comparecencia en la sede electr髇ica del Catastro, el interesado se identificar mediante la clave concertada proporcionada por la Direcci髇 General del Catastro o firma electr髇ica, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo. El interesado podr comparecer empleando medios electr髇icos propios o a trav閟 de los proporcionados gratuitamente en las Gerencias y Subgerencias del Catastro, en los puntos de informaci髇 catastral ubicados en las Administraciones P鷅licas y en el Ayuntamiento del t閞mino municipal en que se ubiquen los inmuebles.

En el supuesto de que el titular catastral no hubiera comparecido electr髇icamente, podr hacerlo de forma presencial en la correspondiente Gerencia o Subgerencia del Catastro, as como en el Ayuntamiento del t閞mino municipal en que se ubiquen los inmuebles.

4. Cuando no se hubiera producido la comparecencia electr髇ica o presencial de los titulares catastrales no obligados a notificaci髇 electr髇ica, se proceder a notificarles de manera personal y directa en los siguientes t閞minos:

  • a) Se practicar la notificaci髇, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepci髇, as como de la fecha, la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado, incorpor醤dose al expediente la acreditaci髇 de la notificaci髇 efectuada.
  • b) Cuando no sea posible realizar la notificaci髇 al interesado o a su representante por causas no imputables a la administraci髇, y una vez intentado por dos veces, o por una sola si constara como desconocido, se har as constar en el expediente con expresi髇 de las circunstancias de los intentos de notificaci髇. En estos casos se publicar anuncio en el “Bolet韓 Oficial del Estado”, en el de la comunidad aut髇oma o en el de la provincia, seg鷑 el 醡bito territorial de competencia del 髍gano que dict el acto, en el que se indicar lugar y plazo de exposici髇 p鷅lica de la relaci髇 de titulares con notificaciones pendientes.

    Esta relaci髇, en la que constar el procedimiento que motiva la notificaci髇, el 髍gano responsable de su tramitaci髇 y el lugar y plazo en que el destinatario de aqu閘la deber comparecer para ser notificado, se expondr en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente al t閞mino municipal en que se ubiquen los inmuebles, sin perjuicio de su publicaci髇 en la sede electr髇ica de la Direcci髇 General del Catastro para su consulta individual. La comparecencia deber producirse en el plazo de diez d韆s contados desde el siguiente a la publicaci髇 del anuncio en el Bolet韓 Oficial.
  • c) Cuando transcurrido el plazo de diez d韆s a que se refiere el p醨rafo anterior no se hubiera comparecido, la notificaci髇 se entender producida a todos los efectos legales desde el d韆 siguiente al del vencimiento del plazo se馻lado para comparecer.
  • d) Lo dispuesto en materia de notificaciones por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ser de aplicaci髇 supletoria a la notificaci髇 de valores catastrales por medios no electr髇icos prevista en este apartado.

5. Los acuerdos adoptados tendr醤 efectividad el 1 de enero del a駉 siguiente a aquel en que se produzca su notificaci髇. No obstante, para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobaci髇 de la ponencia de valores vean modificada la naturaleza de su suelo y las ponencias de valores contengan los elementos y criterios a que se refiere el art韈ulo 25.2, los acuerdos surtir醤 efectos el d韆 1 de enero del a駉 siguiente a aquel en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen dicha modificaci髇, con independencia del momento en que se produzca la notificaci髇 del acto.

6. Los actos objeto de notificaci髇 podr醤 ser recurridos en v韆 econ髆ico-administrativa sin que la interposici髇 de la reclamaci髇 suspenda su ejecutoriedad.

La Direcci髇 General del Catastro comunicar a los Ayuntamientos, como destinatarios del Impuesto de Bienes Inmuebles y sujetos activos del mismo, la presentaci髇 de las reclamaciones econ髆ico-administrativas que interpongan los titulares catastrales de bienes inmuebles de caracter韘ticas especiales contra la notificaci髇 de valores. Asimismo, los Ayuntamientos podr醤 solicitar a la Direcci髇 General del Catastro que les comunique la presentaci髇 de otras reclamaciones econ髆ico-administrativas relativas a un 醡bito concreto que la entidad local deber definir de forma expresa en cada caso.

7. Con referencia exclusiva para los casos de notificaci髇 de valores a los que se refiere el presente art韈ulo, el plazo para la interposici髇 del recurso de reposici髇 o reclamaci髇 econ髆ico-administrativa ser de un mes, contado a partir del d韆 siguiente:

  • a) Al de efectuarse la notificaci髇 en los t閞minos previstos en los apartados 2, 3 4.a) de este art韈ulo.
  • b) Al de comparecer efectivamente en el supuesto previsto en el apartado 4.b) de este art韈ulo.
  • c) Al de la finalizaci髇 del plazo de diez d韆s a que se refiere el apartado 4.c) de este art韈ulo.

    En el supuesto de que como consecuencia de la utilizaci髇 de distintos medios electr髇icos o no electr髇icos, se practicaran varias notificaciones, se entender醤 producidos todos los efectos jur韉icos derivados de la notificaci髇, incluido el inicio del plazo para la interposici髇 de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada.

8. Para la realizaci髇 de las actuaciones reguladas en este art韈ulo se podr recabar la colaboraci髇 de las corporaciones locales o de otras administraciones y entidades p鷅licas.

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Cuatro. Se modifica el art韈ulo 30.3, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

3. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este art韈ulo se notificar醤 a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 17 y tendr醤 efectividad el d韆 1 de enero del a駉 siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificaci髇 del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificaci髇 de su resoluci髇. En todo caso, el plazo m醲imo en que debe notificarse la resoluci髇 expresa ser de seis meses a contar desde la fecha de publicaci髇 del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo m醲imo de notificaci髇 determinar la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento sin que ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados.

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Disposici髇 final novena Modificaci髇 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

Con efectos para las reducciones de capital y distribuci髇 de la prima de emisi髇 efectuadas a partir de 23 de septiembre de 2010 se modifican los apartados 1 y 2 del art韈ulo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que quedan redactados de la siguiente forma:

1. Los contribuyentes que sean socios o part韈ipes de las instituciones de inversi髇 colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi髇 Colectiva, imputar醤, de conformidad con las normas de esta Ley, las siguientes rentas:

  • a) Las ganancias o p閞didas patrimoniales obtenidas como consecuencia de la transmisi髇 de las acciones o participaciones o del reembolso de estas 鷏timas. Cuando existan valores homog閚eos, se considerar que los transmitidos o reembolsados por el contribuyente son aquellos que adquiri en primer lugar.

    Cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisi髇 de participaciones o acciones en instituciones de inversi髇 colectiva se destine, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, a la adquisici髇 o suscripci髇 de otras acciones o participaciones en instituciones de inversi髇 colectiva, no proceder computar la ganancia o p閞dida patrimonial, y las nuevas acciones o participaciones suscritas conservar醤 el valor y la fecha de adquisici髇 de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas, en los siguientes casos:

    • 1. En los reembolsos de participaciones en instituciones de inversi髇 colectiva que tengan la consideraci髇 de fondos de inversi髇.
    • 2.
      • En las transmisiones de acciones de instituciones de inversi髇 colectiva con forma societaria, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
      • Que el n鷐ero de socios de la instituci髇 de inversi髇 colectiva cuyas acciones se transmitan sea superior a 500.
      • Que el contribuyente no haya participado, en alg鷑 momento dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la transmisi髇, en m醩 del 5 por ciento del capital de la instituci髇 de inversi髇 colectiva.
      El r間imen de diferimiento previsto en el segundo p醨rafo de este p醨rafo a) no resultar de aplicaci髇 cuando, por cualquier medio, se ponga a disposici髇 del contribuyente el importe derivado del reembolso o transmisi髇 de las acciones o participaciones de instituciones de inversi髇 colectiva. Tampoco resultar de aplicaci髇 el citado r間imen de diferimiento cuando la transmisi髇 o reembolso o, en su caso, la suscripci髇 o adquisici髇 tenga por objeto participaciones representativas del patrimonio de instituciones de inversi髇 colectiva a que se refiere este art韈ulo que tengan la consideraci髇 de fondos de inversi髇 cotizados o acciones de las sociedades del mismo tipo conforme a lo previsto en el art韈ulo 49 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversi髇 colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
  • b) Los resultados distribuidos por las instituciones de inversi髇 colectiva.
  • c) En los supuestos de reducci髇 de capital de sociedades de inversi髇 de capital variable que tenga por finalidad la devoluci髇 de aportaciones, el importe de 閟ta o el valor normal de mercado de los bienes o derechos percibidos, que se calificar como rendimiento del capital mobiliario de acuerdo con lo previsto en la letra a) del art韈ulo 25.1 de esta Ley, con el l韒ite de la mayor de las siguientes cuant韆s:

    El aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisici髇 o suscripci髇 hasta el momento de la reducci髇 de capital social.

    Cuando la reducci髇 de capital proceda de beneficios no distribuidos, el importe de dichos beneficios. A estos efectos, se considerar que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte del capital social que provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulaci髇.

    El exceso sobre el citado l韒ite minorar el valor de adquisici髇 de las acciones afectadas, de acuerdo con las reglas del primer p醨rafo del art韈ulo 33.3 a) de esta Ley, hasta su anulaci髇. A su vez, el exceso que pudiera resultar se integrar como rendimiento del capital mobiliario procedente de la participaci髇 en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, en la forma prevista para la distribuci髇 de la prima de emisi髇.

    En ning鷑 caso resultar de aplicaci髇 la exenci髇 prevista en la letra y) del art韈ulo 7 de esta Ley a los rendimientos del capital mobiliario regulados en esta letra.
  • d) En los supuestos de distribuci髇 de la prima de emisi髇 de acciones de sociedades de inversi髇 de capital variable, la totalidad del importe obtenido, sin que resulte de aplicaci髇 la minoraci髇 del valor de adquisici髇 de las acciones previsto en el art韈ulo 25.1.e) de esta Ley.

2.

  • a) El r間imen previsto en el apartado 1 de este art韈ulo ser de aplicaci髇 a los socios o part韈ipes de instituciones de inversi髇 colectiva, reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversi髇 colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el art韈ulo 95 de esta Ley, constituidas y domiciliadas en alg鷑 Estado miembro de la Uni髇 Europea e inscritas en el registro especial de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercializaci髇 por entidades residentes en Espa馻.

    Para la aplicaci髇 de lo dispuesto en el segundo p醨rafo del apartado 1.a) se exigir醤 los siguientes requisitos:

    • 1. La adquisici髇, suscripci髇, transmisi髇 y reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversi髇 colectiva se realizar a trav閟 de entidades comercializadoras inscritas en la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.
    • 2. En el caso de que la instituci髇 de inversi髇 colectiva se estructure en compartimentos o subfondos, el n鷐ero de socios y el porcentaje m醲imo de participaci髇 previstos en el apartado 1.a).2. anterior se entender referido a cada compartimento o subfondo comercializado.
  • b) Lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado 1 se aplicar a organismos de inversi髇 colectiva equivalentes a las sociedades de inversi髇 de capital variable que est閚 registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitaci髇 que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversores, en la adquisici髇, cesi髇 o rescate de sus acciones; en todo caso resultar de aplicaci髇 a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversi髇 colectiva en valores mobiliarios.
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Disposici髇 final d閏ima Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo

Con efectos para las reducciones de capital y distribuci髇 de la prima de emisi髇 efectuadas a partir de 23 de septiembre de 2010, con independencia del per韔do impositivo en el que se realicen, se modifica el apartado 4 del art韈ulo 15 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:

4. En la reducci髇 de capital con devoluci髇 de aportaciones se integrar en la base imponible de los socios el exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participaci髇.

La misma regla se aplicar en el caso de distribuci髇 de la prima de emisi髇 de acciones o participaciones.

No obstante, trat醤dose de operaciones realizadas por sociedades de inversi髇 de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversi髇 Colectiva no sometidas al tipo general de gravamen, el importe total percibido en la reducci髇 de capital con el l韒ite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisici髇 o suscripci髇 hasta el momento de la reducci髇 de capital social, se integrar en la base imponible del socio sin derecho a ninguna deducci髇 en la cuota 韓tegra.

Cualquiera que sea la cuant韆 que se perciba en concepto de distribuci髇 de la prima de emisi髇 realizada por dichas sociedades de inversi髇 de capital variable, se integrar en la base imponible del socio sin derecho a deducci髇 alguna en la cuota 韓tegra.

Se aplicar lo anteriormente se馻lado a organismos de inversi髇 colectiva equivalentes a las sociedades de inversi髇 de capital variable que est閚 registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitaci髇 que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversores, en la adquisici髇, cesi髇 o rescate de sus acciones; en todo caso resultar de aplicaci髇 a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversi髇 colectiva en valores mobiliarios.

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Disposici髇 final und閏ima T韙ulo competencial

Esta ley tiene car醕ter b醩ico al amparo del art韈ulo 149.1. 23. de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia para dictar la legislaci髇 b醩ica en materia de protecci髇 del medio ambiente con las siguientes excepciones:

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1870-2011, contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8, apartado 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 19, apartados 2 y 3; 23, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final und閏ima de la presente Ley (獴.O.E. 20 abril). El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre de 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 5261-2011, contra los arts. 5, apartados 1, 2 y 4; 6, apartados 3 y 4; 8, apartados 6, segundo p醨rafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 6; 13; 15, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 7; 19, apartados 2 y 3; 23; 24, apartados 1, 2, 3 y 4; 25; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27, apartado 1; 38, apartado 1; disposici髇 adicional tercera, apartado 5, as como a la atribuci髇 de car醕ter b醩ico a los citados preceptos en la presente disposici髇 (獴.O.E. 31 octubre). V閍se Res. 24 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 7 junio). Ir a Norma V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Disposici髇 final duod閏ima Incorporaci髇 del derecho comunitario

Esta ley incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) n. 1013/2006.

Disposici髇 final decimotercera Desarrollo reglamentario

1. Se habilita al Gobierno para que en el 醡bito de sus competencias apruebe cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci髇, ejecuci髇 y desarrollo de lo establecido en esta ley.

2. Los anexos de esta ley podr醤 modificarse mediante real decreto, a propuesta conjunta de los Ministros de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, introduzca la normativa comunitaria.

Disposici髇 final decimocuarta Supletoriedad

En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario de esta ley, a los procedimientos de autorizaci髇 y concesi髇 de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono tramitados por la Administraci髇 General del Estado se les aplicar el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Miner韆, en lo que no contradiga lo dispuesto en ella.

V閍se Res. 25 marzo 2011, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia, en relaci髇 con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol骻ico de di髕ido de carbono (獴.O.E. 28 abril). Ir a Norma

Disposici髇 final decimoquinta Entrada en vigor

La presente ley entrar en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

ANEXO I

Criterios de caracterizaci髇 y de evaluaci髇 del complejo de almacenamiento potencial y de la zona circundante indicados en el art韈ulo 10, apartado 2

La caracterizaci髇 y la evaluaci髇 de los lugares de almacenamiento contemplados en esta ley se llevar醤 a cabo en tres etapas, de conformidad con las mejores pr醕ticas en el momento de la evaluaci髇 y de los criterios que figuran a continuaci髇. Podr醤 autorizarse excepciones a uno o m醩 de estos criterios siempre que el titular haya demostrado que ello no afecta a la eficacia de la caracterizaci髇 y de la evaluaci髇 para las determinaciones previstas en el art韈ulo 10, apartado 2.

Etapa 1: Recogida de datos.–

Conviene reunir datos suficientes para establecer un modelo tridimensional volum閠rico y est醫ico, correspondiente al lugar de almacenamiento y al complejo de almacenamiento, incluida la roca sello, as como a las zonas circundantes que incluyan las conectadas hidr醬licamente. Estos datos se referir醤 al menos a las siguientes caracter韘ticas:

  • a) Geolog韆 y geof韘ica;
  • b) hidrogeolog韆 (en particular existencia de acu韋eros destinados al consumo);
  • c) ingenier韆 de los dep髎itos o estructura geol骻ica del lugar del almacenamiento (por ejemplo, c醠culos volum閠ricos del volumen de poro para la inyecci髇 de CO2y la capacidad final de almacenamiento);
  • d) geoqu韒ica (tasas de disoluci髇, tasas de mineralizaci髇);
  • e) geomec醤ica (permeabilidad, presi髇 de fractura);
  • f) sismicidad;
  • g) presencia y estado de v韆s de paso naturales o artificiales, incluidos pozos y perforaciones.

Deber醤 documentarse las siguientes caracter韘ticas de las proximidades del complejo:

  • a) Zonas que circundan el complejo de almacenamiento susceptibles de estar afectadas por el almacenamiento de CO2 en el lugar de almacenamiento;
  • b) distribuci髇 de la poblaci髇 en la regi髇 en la que se sit鷄 el lugar de almacenamiento;
  • c) proximidad de recursos naturales valiosos (en particular, zonas incluidas en la red Natura 2000 de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservaci髇 de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci髇 de los h醔itats naturales y de la fauna y flora silvestres, acu韋eros de agua potable e hidrocarburos);
  • d) actividades en torno al complejo de almacenamiento e interacciones posibles con estas actividades (por ejemplo, exploraci髇, producci髇 y almacenamiento de hidrocarburos, explotaci髇 geot閞mica de los acu韋eros y utilizaci髇 de reservas fre醫icas);
  • e) proximidad de la fuente o fuentes potenciales de CO2 (en particular, estimaci髇 de la masa potencial total de CO2 econ髆icamente disponible para el almacenamiento) y redes de transporte adecuadas.

Etapa 2: Creaci髇 del modelo geol骻ico est醫ico tridimensional.–

A partir de los datos obtenidos en la etapa 1, se elaborar un modelo geol骻ico est醫ico tridimensional, o un conjunto de tales modelos, correspondiente al complejo de almacenamiento propuesto, incluida la roca sello, y las zonas y fluidos conectados hidr醬licamente, utilizando simuladores inform醫icos de la estructura geol骻ica del lugar del almacenamiento. El modelo o modelos geol骻icos est醫icos de la tierra caracterizar醤 el complejo en t閞minos de:

  • a) Estructura geol骻ica de la trampa f韘ica;
  • b) propiedades geomec醤icas, geoqu韒icas y de migraci髇 de fluidos de la estructura geol骻ica del lugar del almacenamiento, cobertura (roca sello, formaciones estancas, horizontes porosos y permeables) y formaciones circundantes;
  • c) caracterizaci髇 del sistema de fracturas y presencia de toda v韆 de migraci髇 de fluidos de origen humano;
  • d) superficie (extensi髇) y altura (espesor) del complejo de almacenamiento;
  • e) volumen de espacio del poro (incluida la distribuci髇 de la porosidad);
  • f) distribuci髇 b醩ica del fluido en la situaci髇 de referencia;
  • g) cualquier otra caracter韘tica relevante.

La incertidumbre asociada a cada uno de los par醡etros utilizados para elaborar el modelo se evaluar a trav閟 de una serie de hip髏esis para cada par醡etro y calculando los intervalos de confianza adecuados. Asimismo, se evaluar醤 las incertidumbres asociadas al modelo propiamente dicho.

Etapa 3: Caracterizaci髇 del comportamiento din醡ico del almacenamiento, caracterizaci髇 de la sensibilidad, evaluaci髇 del riesgo.–

Las caracterizaciones y la evaluaci髇 de la seguridad se basar醤 en una modelizaci髇 din醡ica, que incluir simulaciones de inyecci髇 de CO2 a diversos intervalos de tiempo en el lugar de almacenamiento, utilizando el modelo geol骻ico est醫ico tridimensional en el simulador del complejo de almacenamiento construido en la etapa 2.

Etapa 3.1: Caracterizaci髇 del comportamiento din醡ico del almacenamiento.–

Deber醤 tenerse en cuenta al menos los siguientes factores:

  • a) Tasas de inyecci髇 posibles y propiedades del flujo de CO2;
  • b) eficacia de la modelizaci髇 de procesos acoplados (es decir, la forma en que interact鷄n los distintos efectos en el simulador);
  • c) procesos reactivos (es decir, c髆o se incorporan al modelo las reacciones in situ del CO2 inyectado con los minerales);
  • d) simulador de dep髎ito utilizado (podr韆 ser necesario recurrir a varias simulaciones para validar ciertas conclusiones);
  • e) simulaciones a corto y a largo plazo (para determinar el destino y el comportamiento futuro del CO2 a lo largo de d閏adas y milenios, as como el 韓dice de disoluci髇 del CO2 en el agua).

La modelizaci髇 din醡ica facilitar la siguiente informaci髇:

  • a) Presi髇 y temperatura de la formaci髇 de almacenamiento en funci髇 de la tasa de inyecci髇 y de la cantidad de inyecciones acumulada con el tiempo;
  • b) extensi髇 y espesor de la zona de difusi髇 de CO2 en funci髇 del tiempo;
  • c) naturaleza del flujo de CO2 en la estructura geol骻ica del lugar del almacenamiento, incluido el comportamiento de las diferentes fases;
  • d) mecanismos e 韓dices de confinamiento del CO2 (incluidos los puntos de rebosamiento y las formaciones estancas laterales y verticales);
  • e) sistemas de confinamiento secundarios con que cuenta el complejo de almacenamiento;
  • f) capacidad de almacenamiento y gradientes de presi髇 de la estructura geol骻ica del lugar del almacenamiento;
  • g) riesgo de fractura de la formaci髇 o formaciones de almacenamiento y de la roca sello;
  • h) riesgo de penetraci髇 de CO2 en la roca sello;
  • i) riesgo de fuga de la estructura geol骻ica del lugar del almacenamiento (por ejemplo, por pozos abandonados o sellados de manera inadecuada);
  • j) tasa de migraci髇 (en los dep髎itos abiertos);
  • k) tasas de sellado/relleno de las fracturas;
  • l) cambios de la qu韒ica de los fluidos y reacciones subsiguientes en la formaci髇 o formaciones (por ejemplo, modificaci髇 del pH, formaci髇 de minerales), e inclusi髇 de la modelizaci髇 reactiva para evaluar los efectos;
  • m) desplazamiento de los fluidos en la formaci髇;
  • n) incremento de la sismicidad y elevaci髇 al nivel de superficie.

Etapa 3.2: Caracterizaci髇 de la sensibilidad.–

Se realizar醤 m鷏tiples simulaciones para determinar la sensibilidad de la evaluaci髇 de las hip髏esis utilizadas en relaci髇 con algunos par醡etros. Las simulaciones se basar醤 en la modificaci髇 de los par醡etros del modelo o modelos geol骻icos est醫icos de la tierra y en la modificaci髇 de las funciones de la tasa de flujo y las hip髏esis del ejercicio de modelizaci髇 din醡ica. La evaluaci髇 de riesgos tendr en cuenta toda sensibilidad significativa.

Etapa 3.3: Evaluaci髇 de riesgos.–

La evaluaci髇 de riesgos incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

3.3.1 Caracterizaci髇 de riesgos.–

La caracterizaci髇 de riesgos se llevar a cabo determinando el riesgo de fuga del complejo de almacenamiento, establecido a trav閟 de la modelizaci髇 din醡ica y de la caracterizaci髇 de la seguridad arriba descritas. Para ello deber醤 tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

  • a) Las v韆s de fuga potenciales;
  • b) la caracterizaci髇 y cuantificaci髇 de las fugas en el caso de v韆s de fugas identificadas (tasas de flujo);
  • c) los par醡etros cr韙icos de las posibles fugas (por ejemplo, presi髇 m醲ima de la estructura geol骻ica del lugar del almacenamiento, tasa m醲ima de inyecci髇, temperatura, sensibilidad del modelo o modelos geol骻icos est醫icos en el caso de las diversas hip髏esis);
  • d) los efectos secundarios del almacenamiento de CO2, en particular el desplazamiento de los fluidos contenidos en las formaciones y las nuevas substancias originadas por el almacenamiento de CO2;
  • e) cualquier otro factor que pueda representar un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente (por ejemplo, estructuras f韘icas asociadas al proyecto).

    La caracterizaci髇 de riesgos considerar toda la variedad de condiciones de explotaci髇 posibles, para comprobar la seguridad del complejo de almacenamiento.

3.3.2 Evaluaci髇 de la exposici髇.–

Se basar en las caracter韘ticas del medio ambiente y en la distribuci髇 y actividades de la poblaci髇 que se asienta sobre el complejo de almacenamiento, as como en el comportamiento y el destino posibles de la fuga de CO2 de las v韆s de fuga potenciales identificadas en la etapa 3.3.1.

3.3.3 Evaluaci髇 de los efectos.–

Se basar en la sensibilidad de especies, comunidades o h醔itats particulares en relaci髇 con los potenciales episodios de fugas identificados en la etapa 3.3.1. En su caso, tendr en cuenta los efectos de una exposici髇 a concentraciones elevadas de CO2 en la biosfera (en particular, suelos, sedimentos marinos y aguas b閚ticas (asfixia; hipercapnia) y de la reducci髇 del pH en estos entornos como consecuencia de la fuga de CO2). Asimismo, incluir una evaluaci髇 de los efectos de otras substancias que puedan estar presentes en las fugas de CO2 (impurezas presentes en el flujo de inyecci髇 o nuevas substancias originadas por el almacenamiento de CO2). Estos efectos se analizar醤 a distintas escalas espaciales y temporales y con relaci髇 a fugas de amplitud variable.

3.3.4 Caracterizaci髇 de riesgos.–

Incluir una evaluaci髇 de la seguridad e integridad del lugar de almacenamiento a corto y largo plazo y, en particular, una evaluaci髇 del riesgo de fuga en las condiciones de utilizaci髇 previstas, y sus posibles repercusiones para el medio ambiente y la salud humana en el peor de los casos. La caracterizaci髇 de riesgos se apoyar en la evaluaci髇 de los riesgos, de la exposici髇 y de los efectos. Incluir tambi閚 una evaluaci髇 de las fuentes de incertidumbre observadas durante las etapas de caracterizaci髇 y evaluaci髇 del lugar de almacenamiento y, cuando sea posible, una descripci髇 de las posibilidades de disminuir la incertidumbre.

ANEXO II

Criterios para el establecimiento y actualizaci髇 del plan de seguimiento contemplado en el art韈ulo 19.2, as como para el seguimiento posterior al cierre

1. Establecimiento y actualizaci髇 del plan de seguimiento

El plan de seguimiento contemplado en el art韈ulo 19, apartado 2, se establecer conforme al an醠isis de evaluaci髇 del riesgo realizado en la etapa 3 del anexo I, y se actualizar con objeto de cumplir las condiciones establecidas en el art韈ulo 19, apartado 1, de conformidad con los siguientes criterios:

1.1 Elaboraci髇 del plan:

El plan de seguimiento detallar la forma en que se llevar a cabo dicho seguimiento en las principales etapas del proyecto y, en particular, el seguimiento de las distintas fases (comienzo, explotaci髇 y posterior al cierre). Se especificar醤 los siguientes aspectos en relaci髇 con cada una de las fases:

  • a) Par醡etros controlados;
  • b) tecnolog韆 de seguimiento utilizada y razones de su elecci髇;
  • c) localizaci髇 de los controles y justificaci髇 del muestreo espacial;
  • d) frecuencia de aplicaci髇 y justificaci髇 del muestreo temporal.

Los par醡etros objeto del control se elegir醤 de manera que respondan a los objetivos del seguimiento. No obstante, en cualquier caso el plan incluir el seguimiento continuo o espor醖ico de los elementos siguientes:

  • a) Emisiones fugitivas de CO2 en la instalaci髇 de inyecci髇;
  • b) flujo volum閠rico de CO2 en las cabezas de pozo de inyecci髇;
  • c) presi髇 y temperatura del CO2 en las cabezas de pozo de inyecci髇 (con objeto de determinar el flujo m醩ico);
  • d) an醠isis qu韒ico de las materias inyectadas;
  • e) temperatura y presi髇 del dep髎ito (para determinar el comportamiento y el estado de las fases de CO2).

La elecci髇 de las t閏nicas de seguimiento se basar en las mejores pr醕ticas disponibles en el momento de la concepci髇. Deber醤 tenerse en cuenta y, en su caso, aplicarse, las siguientes soluciones:

  • a) Tecnolog韆s que permitan detectar la presencia, la localizaci髇 y las v韆s de migraci髇 de CO2 en las formaciones subterr醤eas y en la superficie;
  • b) tecnolog韆s que faciliten informaci髇 acerca del comportamiento volumen-presi髇 y de la distribuci髇 vertical y en superficie de la saturaci髇 de pluma de CO2, para perfeccionar la simulaci髇 num閞ica en tres dimensiones a los modelos geol骻icos tridimensionales de la formaci髇 del almacenamiento establecidos de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 9 de esta ley y en el anexo I;
  • c) tecnolog韆s que puedan aplicarse en una amplia extensi髇 espacial, con el fin de obtener informaci髇 sobre posibles v韆s de fuga a鷑 no detectadas en todo el complejo de almacenamiento y en la zona circundante, en el caso de irregularidades significativas o de migraci髇 de CO2 fuera del complejo de almacenamiento.

1.2 Actualizaci髇 del plan:

Se reunir醤 e interpretar醤 todos los datos obtenidos del seguimiento. Los resultados observados se comparar醤 con el comportamiento previsto en la simulaci髇 din醡ica volumen-presi髇 y saturaci髇 en tres dimensiones emprendida en el contexto de la caracterizaci髇 de la seguridad de conformidad con el art韈ulo 10, apartado 2, y con el anexo I, etapa 3.

En caso de existir una desviaci髇 significativa entre el comportamiento observado y el previsto, deber volverse a calibrar el modelo tridimensional para que refleje el comportamiento observado. El nuevo calibrado se basar en los datos obtenidos del plan de seguimiento, as como en los datos adicionales obtenidos en su caso para mejorar la fiabilidad de las hip髏esis del recalibrado.

Deber醤 repetirse las etapas 2 y 3 del anexo I utilizando el modelo o modelos tridimensionales recalibrados, con el fin de obtener nuevas hip髏esis de riesgos y tasas de flujo y revisar y actualizar la evaluaci髇 de riesgos.

En caso de que las comparaciones y el recalibrado de los modelos revelen la existencia de nuevas fuentes de CO2, v韆s de paso y tasas de flujo u observen desviaciones significativas con respecto a las evaluaciones anteriores, el plan de seguimiento se actualizar en consonancia.

2. Seguimiento posterior al cierre

El seguimiento posterior al cierre se basar en la informaci髇 recogida y modelizada durante la aplicaci髇 del plan de seguimiento contemplado en el art韈ulo 19 de esta ley y en el punto 1.2 del presente anexo. Servir en particular para facilitar la informaci髇 necesaria para la decisi髇 contemplada en el art韈ulo 24.